I. La política gubernamental contra la violencia
El Gobierno de México se comprometió internacio- nalmente a llevar a cabo acciones tendientes a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, en concordancia con la Plataforma de Acción derivada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en Pekín en 1995.
En virtud de lo anterior, durante los últimos cinco años, México ha desplegado un conjunto de acciones decisivas para garantizar en el país la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. Las acciones emprendidas y los logros obtenidos son de alcance nacional puesto que derivan, por una parte, de la participación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y en algunas áreas a nivel municipal) y son consecuencia, por otra parte, de la participación de grupos organizados de la sociedad que trabajan con el interés prioritario de la defensa de los derechos de las mujeres.
Aunque se deben reconocer avances considerables, el mejoramiento de la situación de las mujeres todavía requiere de mayores esfuerzos, particular- mente en la protección de aquellas cuya situación coincide con grupos mayormente vulnerables como son los menores de edad, los indígenas, las personas con alguna discapacidad y de la tercera edad. Dos son las áreas en las que más se ha trabajado con el fin de revertir los efectos que fueron subrayados en la Conferencia de Pekín: el problema complejo de la discriminación social y cultural de la que es objeto la mujer en el conjunto de sus
relaciones y la cuestión de la violencia que se ejerce en su contra, particularmente en el seno familiar. En México, el Estado y la sociedad buscan diversas formas de coordinar sus esfuerzos para combatir de manera frontal y responsable la discriminación y la violencia, atendiendo a dos argumentos funda- mentales. Por un lado, la aceptación expresa de que tenemos la responsabilidad conjunta de defender la dignidad de todas y todos los habitantes del país y por otro lado, el argumento de que la discrimina- ción y la violencia son incompatibles con un Estado moderno, que se debe de caracterizar por el mantenimiento y fomento en todos los niveles y en todos los estratos de relaciones democráticas, las cuales se traducen en vínculos de igualdad y respeto en los ámbitos público y privado.
El 18 de diciembre de 1979, México firmó la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ratificada el 23
de marzo de 1981). Desde entonces se obligó, internacional y nacionalmente, a establecer una política encaminada a suprimir prácticas discrimina- torias en el país en contra de las mujeres, para lo cual se obligó a modificar y crear nuevos patrones socioculturales de conducta; se comprometió igualmente a proscribir todas aquellas prácticas, costumbres y prejuicios que estuviesen basados en la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres. Asimismo, se comprometió a garantizar que la educación familiar incluyese una adecuada comprensión y tratamiento de la maternidad como
instituto nacional de las mujeres
función social y se obligó a preservar el recono- cimiento de la responsabilidad de hombres y mujeres en la educación y desarrollo de los hijos.
El 12 de noviembre de 1998, la Delegación Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) entregó los instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belém Do Pará,
a la Secretaría Permanente de dicha organización, y la Convención entró en vigor el 12 de diciembre de ese mismo año. El Decreto de Promulgación de la Convención fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.
La ratificación de esta Convención constituye un eslabón más en la serie de acciones que muestran la voluntad política del gobierno de México por consolidar formas de convivencia libres de violencia entre los mexicanos y las mexicanos, tanto en la sociedad, como al interior de las familias. Es también resultado de la constancia de los grupos de mujeres y de hombres que han denunciado el abuso de que son víctimas las mujeres de todas las edades, los niños y niñas, los ancianos y las ancianas y, en general, aquellos que por distintas razones no pueden defenderse del abuso de poder.
Por otra parte, en 1998, el Gobierno de México conformó una Comisión Nacional Interinstitucional para instrumentar el Plan de acción contra la explota-
ción sexual comercial de menores, encabezada por
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la que participan instituciones de los sectores público, legislativo, académico y de la sociedad civil. El propósito de esta Comisión es aliar esfuerzos, recursos, capacidades y experiencias de los sectores participantes con la finalidad de desarrollar las siguientes vertientes de trabajo:
dimensionamiento de la problemática; protección; recuperación y reintegración; sensibilización y concientización; capacitación; prevención y participación infantil y juvenil.
En la vertiente de dimensionamiento del fenómeno, los trabajos se centra en la caracterización y cuantifi- cación del problema así como en el intercambio de información. En la vertiente de protección se busca homogeneizar la tipificación de la explotación sexual comercial de menores como delito grave, incrementar las penalidades a nivel federal y estatal; fomentar la cooperación internacional en materia administrativa y judicial e incorporar el delito en la ley contra el crimen organizado. En la tercera vertiente, recupe- ración y reintegración, se pretende crear una infraestructura especializada para la rehabilitación de niñas y niños víctimas e incrementar el número de centros de atención y denuncia. En cuanto a sensibilización y concientización, la intención es realizar campañas de difusión focalizadas en la sociedad en general, turistas, agentes de seguridad pública y funcionarios públicos y privados que intervienen directamente en la atención de esta problemática, así como campañas de información y comunicación con contenido de género. En la vertiente de capacitación se pretende impartir cursos en la materia a funcionarios públicos y privados, padres de familia, niñas, niños y adolescentes. En cuanto a prevención, el objetivo es desarrollar modelos de intervención; vigilar y supervisar los puntos de encuentro; aplicar la ley a explotadores y pedófilos; y elaborar materiales didácticos para niñas y niños. Finalmente, en la vertiente de parti- cipación infantil y juvenil se busca impartir cursos de capacitación para padres de familia, maestros, niñas, niños y adolescentes; para cuerpos de seguridad pública, jueces y funcionarios de los
acciones para erradicar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres
ministerios públicos; y para servidores públicos de instituciones de asistencia pública y privada. En 1999 fue presentado el Programa Nacional
contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000
(Pronavi), después de un proceso de configuración en el que se tomaron en cuenta las experiencias y los conocimientos que sobre la violencia en México han acumulado los organismos de mujeres, las universidades e instituciones de investigación y las instancias gubernamentales que se han venido ocupando durante décadas de estudiar el fenómeno y atender sus consecuencias.
Las instituciones responsables del Pronavi están representadas por las instancias gubernamentales que atienden a víctimas de la violencia familiar: la Secretaria de Gobernación, la Comisión Nacional de la Mujer, la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de la Senectud. La Conmujer actúa como Secretariado Técnico del Pronavi y es la responsable de dar seguimiento a las acciones y metas de este programa.
II . Acciones para erradicar la violencia contra las mujeres
1. Acciones legislativas para eliminar la violencia contra las mujeres
La desigualdad de género es un fenómeno que persiste en todas las latitudes y nuestro país no es la excepción. De ahí la necesidad de emprender una serie de medidas tendientes a fomentar la equidad de género, ya que ésta es la expresión más
clara que identifica una sociedad democrática, solidaria y respetuosa de los derechos fundamentales. La equidad debe ser una expresión pública, pero también tiene que abarcar el ámbito privado y familiar. Durante muchos siglos, la violencia en la familia permanecía en el secreto, amparada por una suerte de privilegio de lo privado. Pero las consecuencias de la violencia en la familia se expresan, tarde o temprano, en el ámbito de lo público.
La lucha contra la violencia en la familia es, hoy por hoy, una lucha que debe asumirse desde el poder público. Para ello deben instrumentarse leyes que protejan a las víctimas, potenciales o actuales. Sobre este particular, México ha logrado avances considerables, ya que diversas organizaciones e instituciones han elaborado propuestas de reformas legislativas encaminadas a la promoción de la equidad entre los géneros, la eliminación de contenidos discriminatorios en contra de la mujer, así como en materia de violencia contra la mujer y en asuntos de los niños y niñas y de la familia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) auspició, en 1996, la elaboración de un estudio sobre las adecuaciones que requieren las principales leyes federales y locales del país para tutelar, de manera efectiva, los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. De este estudio surgieron propuestas concretas de modificaciones tendientes a que en nuestras leyes se proteja el derecho de la persona a una vida libre de violencia. La Conmujer fue la instancia que fomentó la concertación para que los gobiernos de las entidades federativas se comprometieran a estudiar y analizar estas propuestas, de manera conjunta con la sociedad civil, y elaborar las iniciativas de reformas correspondientes.1
instituto nacional de las mujeres