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La vuelta del Estado como generador de hábitat e infraestructura.

In document EL PUENTE ARTE Y CULTURA, 20141 (página 67-72)

e La situación de Ringuelet.

11. La vuelta del Estado como generador de hábitat e infraestructura.

La magnitud del Gran Buenos Aires, con sus problemas de empleo e ingresos, fragmentación e inequidad social, especulación inmobiliaria y mercantilización de los servicios públicos, contribuye a explicar la mayor presencia de asentamientos y asimetrías regionales.

Uno de los factores que contribuyó a esto, fueron las políticas implementadas durante los ‘90 en Argentina, con repercusiones graves en la provincia, que conllevaron a un conjunto de modificaciones en la conformación de sus territorios, en los aspectos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales. En este contexto, los nuevos territorios son expresión de fenómenos tales como la fragmentación, la segregación, la exclusión y la dispersión.

En el afán por conseguir la “modernización del Estado” y de construir uno más eficiente, se fue perdiendo la capacidad de regular y controlar funciones y actividades que requieren de su intermediación. Conservar la ley y el orden público y mantener funciones básicas como el mantenimiento de los sistemas de salud, seguridad y educación son funciones públicas inexcusables. Con el traspaso de las funciones reguladoras del Estado hacia empresas privadas que manejan los servicios públicos, la autoridad del mismo se ve modificada (Hobsbawn, 1998). Esta situación de desmantelamiento del Estado, de privatización de lo público, de desregulación, de extinción del planeamiento y del nuevo protagonismo económico, social y cultural de la empresa privada convierte al Estado en promotor del capital privado.

En este contexto, la década del '90 en Argentina implementó un riguroso programa de desregulación para consolidar las reformas que garantizaron durante unos años una senda de crecimiento. La desregulación se realiza de modo profundamente asimétrico según las áreas, actores y sectores. El entramado institucional creado en los ‘90 refuerza el comportamiento de la elite económica que sabe aprovechar las nuevas opciones de negocios que se abren, y que están basadas en el endeudamiento

externo, las privatizaciones, la desregulación y la liberalización del comercio (Russo, 1998).

Las privatizaciones de los servicios públicos parecen ser una de las innovaciones institucionales y técnicas más significativas, considerándolas como sinónimo de eficiencia. Estas se realizaron con el ingreso masivo de un número importante de conglomerados de capital extranjero, asociados en muchos casos con grupos nacionales y/o empresas extranjeras. El programa de convertibilidad, entendido como estabilización y reformas de mercado, tiende a consolidar un nuevo régimen económico. El modelo de expansión económica de los ‘90, basado en políticas neoliberales, se afirma en el endeudamiento, las privatizaciones y las ventajas comparativas heredadas (Nochteff, 1994). La incidencia de estos hechos en relación a nuestro objeto de estudio se puede ver reflejada en las nuevas formas de fragmentación socioterritorial.

Este fenómeno general de privatización del espacio no hace más que reforzar el poder de los incluidos y el abandono de los excluidos, transformando el carácter o significado de los espacios públicos, antiguamente entendidos como lugares de manifestación de la diversidad de la población. Las repercusiones de la crisis del Estado en el Ordenamiento Territorial, se manifiestan claramente en el surgimiento de las urbanizaciones cerradas y en el acelerado crecimiento de asentamientos informales y villas miserias, dando muestras de un Estado que ha perdido su rol protagónico en el proceso de producción de ciudad, y que carece de las herramientas de planificación necesarias para lograr un desarrollo territorial equilibrado.

En este sentido, entre las consecuencias de la crisis del Estado, Svampa (2001) señala el aumento de las desigualdades y de la exclusión social. Este movimiento habría impactado con mayor virulencia a las capas medias de la población, escindiéndose éstas entre "los que perdieron" y "los que ganaron"; si los primeros constituyen el foco de lo que actualmente se denomina "nueva pobreza", los segundos son quienes han podido integrarse favorablemente a las nuevas modalidades estructurales, al punto de estar asimilándose a las clases altas tradicionales. La segregación resultante de este proceso consolida un modelo de socialización basado en el contacto entre “iguales” o grupos socialmente homogéneos, produciéndose así una fractura social que se plasma en el territorio a través de una fractura urbana. Frente a esta situación, resulta imperioso que el Estado recupere su rol protagónico tendiente a reconstruir una ciudadanía actualmente en crisis.

Cómo señala Garay (2007), durante la década de 1990, la política de vivienda en la Provincia de Buenos Aires desalentó explícitamente la construcción de viviendas en los partidos del conurbano, para evitar que nuevas familias de bajos ingresos se instalen allí. En términos generales, la política habitacional de este período experimenta un proceso de fragmentación que acompaña la descentralización de la administración de los recursos nacionales de vivienda hacia las jurisdicciones provinciales que tomarán un rol protagónico en su administración. La acción pública se circunscribe a acciones normativas que facilitan la privatización de las iniciativas de construcción de vivienda, la desregulación de industria de la construcción y la reactivación del crédito hipotecario de largo plazo para sectores con capacidad de pago (Rodulfo, 2003).

Luego de 25 años de políticas económicas y sociales regresivas que desembocan en la crisis del 2001, el Estado impulsa el desarrollo de políticas públicas activas con el desarrollo en gran escala de la obra pública, donde se destaca la construcción de viviendas sociales. Lo cual, fue motorizado para promover -en forma contracíclica- la reactivación económica y generación de empleo formal. Este hecho, que pareciera recomponer un rol del Estado ineludible y compensar la ausencia, desaciertos y/o retrocesos de los años anteriores, en el campo de la vivienda demuestra tener distintos grados de problemas, si bien los productos resultantes producen un impacto social y territorial importante. Más allá de los marcos político-institucionales, de la instrumentación y/o del diseño particular de programas y productos, estas acciones se encuentran con nuevas demandas sociales, nuevos procesos territoriales, o articulaciones socio territoriales que son completamente diferentes para las concepciones tradicionales de la problemática del hábitat. Lo cual plantea importantes desafíos a la política pública, tal como se había concebido en el Siglo XX. La noción de vivienda, las funciones de habitar, la relación vivienda-ciudad, la concepción de “vivienda social” o la actuación del Estado (por citar algunas) parecieran necesitar una revisión a la luz de los nuevos procesos sociodemográficos y/o las tendencias de la urbanización

La búsqueda de una proporción entre los procesos de densificación de la trama consolidada y expansión de nuevas urbanizaciones pasa a ser la cuestión central del futuro crecimiento metropolitano. Se plantea el desafío de proponer una opción que contenga la expansión del área urbanizable (asentamientos y urbanizaciones cerradas), lo que obliga a considerar que el crecimiento de la población ha de ser absorbido incrementando la densidad del tejido existente, logrando mayor compacidad urbana. por lo tanto se plantea compatibilizar, por un lado, la continuidad de las pautas

que rigieron la urbanización durante la década del ’90 y, por otro, la implantación de criterios de urbanización que ordenen el crecimiento de la aglomeración en el marco de la Ley 8912, de los decretos que reglamentan su aplicación y del sistema de planes municipales.

Los diversos análisis vinculados con el hábitat, tanto en lo que respecta a la cobertura de servicios como a la calidad del ambiente circundante, muestran que esta categoría posee estrecha vinculación con las diferentes dimensiones de la calidad de vida, fundamentalmente en lo que respecta a la esfera pública. Los indicadores seleccionados: 1) existencia de cloacas, 2) agua corriente, 3) energía eléctrica por red domiciliaria, 4) gas de red, 5) teléfono público, etc, resultan extremadamente útiles para intentar captar fenómenos relativamente complejos que hasta ahora no habían sido objeto de atención. Por ello, y como se observó hasta aquí, el Gran Buenos Aires presenta claramente un proceso de fragmentación social del territorio: dentro del primer anillo, los sectores sudeste y noroeste cuentan, en general, con los diferentes servicios analizados. Por el contrario, más allá del área circundante a la ciudad de Buenos Aires, la proporción de hogares que carecen de agua de red aumenta significativamente. Así, partidos como La Matanza, Merlo, Moreno, San Miguel o José C. Paz forman parte de una vasta periferia privada de estos servicios básicos. Por otra parte, en las regiones más densamente pobladas del Gran Buenos Aires se observa otro problema de gran magnitud, tanto por su proporción como por la magnitud de la población involucrada, en muchos de sus partidos como es la acumulación de basurales en zonas lindantes a ejidos urbanos. El eje sudeste, Buenos Aires-La Plata presenta una sucesión de partidos con graves problemas por la presencia de basurales. Hacia el sur también se manifiestan problemas en La Matanza, Esteban Echeverría y Presidente Perón. Hacia el oeste los problemas no aparecen tan gravemente en los partidos adyacentes a la ciudad de Buenos Aires, pero sí se hacen presentes un poco más lejos, tanto en Merlo como en Moreno. En el eje norte, sólo Vicente López acusa baja presencia de basurales. Esta proporción aumenta significativamente a medida que nos alejamos hasta alcanzar altas magnitudes en Escobar y hacia el noroeste (Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz). En síntesis, en el Gran Buenos Aires los basurales constituyen un grave problema debido a las pautas de consumo de los sectores solventes, que coexisten con vastos sectores excluidos en una geografía conflictiva, con fuerte incremento de la fragmentación social.

Es decir que por lo observado hasta aquí, se aprecia que en el Gran Buenos Aires las primeras dos coronas han tenido un crecimiento desmedido en función a su infraestructura, y al potencial acompañamiento de políticas públicas, y donde el suelo

pasa a cumplir un rol relevante por su escasez y mal utilización, mientras que la tercera corona actualmente en expansión, requiere políticas activas que no permitan un desarrollo desmedido y que genere las actuales condiciones de aglomeración de las primeras coronas. Los asentamientos de población carente de recursos en terrenos fiscales, faltos de servicios e infraestructura, constituye un grave problema de la realidad social y territorial en la provincia. La insuficiencia o directamente la ausencia de ingresos estables lleva a un considerable segmento de la población a intentar solucionar provisoriamente este problema a través de la autoconstrucción de viviendas precarias procurando, con posterioridad, su progresivo mejoramiento y, eventualmente, la regularización dominial.

Desde el 2002 tanto la Nación como la provincia, han tratado de implementar políticas de viviendas y proyectos de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Así como a nivel nacional puede mencionarse el mega programa que es el PROCREAR, en la provincia de Buenos Aires, se pueden mencionar una gran diversidad de programas y subprogramas de tierra y vivienda. Además de la forma tradicional de construcción de vivienda nueva mediante empresas constructora existen políticas de mejoramiento barrial y regularización dominial que han tenido continuidad a partir del “Subprograma de Urbanización Villas y Asentamientos” (SUVyA). Finalmente, entre la diversificación de los programas existen fondos destinados a la reactivación de las obras FONAVI y la terminación o el mejoramiento del parque existente de viviendas recuperables, por medio del Programa “Mejor Vivir”.

El gobierno por mandato de la Constitución Provincial (art. 36.7) financia lotes con servicios mínimos y vivienda para un porcentaje de la población, que alcanza niveles de ingresos considerados de clase baja o muy baja. El procedimiento es el de llamado a concurso entre empresas constructoras las cuales deben presentar junto a un terreno el resto del proyecto de edificación y todo ello por un montante que no debe de superar el precio establecido. En este marco el gobierno federal desembolsa fondos al Instituto Provincial de la Vivienda para el pago a las empresas constructoras contra presentación de certificados de obra.

Como respuesta al déficit habitacional se desarrollan urbanizaciones sociales, proyectos desarrollados por el Estado, que intenta paliar el déficit habitacional en parte los problemas derivados de las ocupaciones que se han implantado. Las edificaciones son viviendas unifamiliares. Los intentos de construir en altura en general han fracasado, a lo largo de la historia de la política habitacional, por falta de mantenimiento de los elementos comunes del edificio: ascensor, conducciones, etc.

Las políticas urbanas orientadas a los sectores de menores ingresos tienen la impronta de la remediación de las situaciones deficitarias; en este marco, se llevan adelante políticas locales de rehabilitación de viviendas y provisión de servicios bajo sistemas autogestionarios. En la Provincia de Buenos Aires se llevan adelante planes de regularización dominial tendientes al parcelamiento de áreas ocupadas ilegalmente y garantizando una parcela mínima para cada familia (Plan Pro Casa). Paralelamente, continúa la producción de nuevos espacios urbanos por parte de los sectores populares a través del desarrollo de asentamientos en tierras públicas o privadas. En el marco de un proceso de recuperación económica, a partir del año 2004, la política habitacional se caracteriza por la construcción de viviendas a gran escala a partir de la implementación de diversos programas. El Programa Federal de Construcción de Viviendas es el que cobra mayor relevancia, (concentrando las principales asignaciones presupuestarias nacionales en el sector de la vivienda), dicho programa tiene como objetivo la reactivación económica y la consecuente generación de empleo formal a partir de la obra pública ejecutada por empresas constructoras. A su vez, se encuentran en implementación programas como el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba) o el Programa de Emergencia Habitacional (conocido como “Techo y Trabajo”), y otros programas de regularización dominial (como el Plan Arraigo) entre otros. Del conjunto de los programas mencionados el Programa Federal de Emergencia Habitacional tiene por objetivo fomentar la utilización de mano de obra mediante la formación de cooperativas de trabajo (integradas por los beneficiarios del programa “Jefas y Jefes de Hogar”) y la construcción de viviendas en pequeña escala, el Programa de Mejoramiento de Barrios tiene por finalidad proveer de infraestructura urbana y/o equipamiento social mientras que los programas que continúan al Plan Arraigo se centran en la regularización dominial.

Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda

In document EL PUENTE ARTE Y CULTURA, 20141 (página 67-72)