Susan C. Stokes** Traducción de Ana María Petersen
La mayoría de nosotros, a partir de un instinto visceral, piensa que la compra de votos
es antidemocrática. ya sea el candidato un caballero inglés del siglo xix deleitando
a los votantes locales, o el Partido Revolucionario Institucional del siglo xx tardío
en México, que regalaba a los votantes desde tortillas hasta lavadoras, la figura del político tratando de comprar el apoyo de los votantes individuales nos brinca como una violación profunda y dañina a la democracia. Aun así, de manera sorprendente,
pocos han tratado de explicar el motivo.1 Carecemos de una explicación completa
de por qué esta es la intuición de mucha gente y, más crucial aún, se ignora si esta intuición se sostiene en una reflexión más profunda. Este capítulo es muy breve para hacer algo más que sugerir respuestas a estas preguntas. Además, que la compra de votos se considere antidemocrática depende del modelo empírico que cada persona tenga sobre la compra de votos: la percepción de cada uno de por qué puede ser una estrategia útil para los políticos, y por qué los votantes consienten en vender sus votos. Estamos lejos de un consenso sobre un modelo empírico. Por ello, esbozo bre- vemente un modelo empírico de compra de votos, y luego explico por qué, si es un
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* Tomado de Schaffer, Frederic Charles (ed.) (2007). Elections for sale, Lynne Rienner, Boulder (utilizado con autorización de los editores).
** Mi investigación es apoyada por el National Science Foundation’s Political Science Program (ses– 0241958) y por una beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Agradezco a Frederic C. Schaffer y a Andreas Schedler por sus comentarios.
1. Para tratamientos normativos, véanse Epstein, 1985; Karlan, 1994, y Kochin y Kochin, 1998. La cues- tión no es que la compra de votos sea incompatible con una definición formal schumpeteriana de demo- cracia. Más bien, la corazonada de muchos, que desarrollo en las secciones finales del capítulo, es que genera conflicto con un entendimiento más fértil de la democracia, como el propuesto por teóricos como Robert Dahl, que incorpora la equidad básica de los derechos políticos de los votantes, incluyendo el derecho a expresar preferencias en cuanto a políticas públicas.
buen modelo, la compra de votos es en efecto antidemocrática.2 La respuesta supone
la introducción de desigualdades sociales y económicas en el ámbito de la política. La compra de votos permite a los políticos y a los gobiernos ignorar los intereses de los más pobres, y puede socavar la autonomía del vendedor de votos.
unmodelodecompradevotos
Tomo como axiomático el hecho de que el valor que las personas derivan del con- sumo de algo depende (entre otras cosas) de qué tan ricos son. Una persona pobre que se encuentra un dólar en la calle será más feliz que una rica; las personas expe- rimentan una disminución en la utilidad marginal del ingreso. Consideremos una sociedad en la cual el ingreso de las personas es desigual, e imaginemos que podemos ubicar a todos los miembros de esa sociedad en una dimensión de ingreso, que va de los más pobres a los más ricos. Asumamos ahora que un partido político puede garan- tizar el voto de una persona al darle algo que ella valora lo suficiente. Siguiendo esta lógica, la misma cantidad de recursos que desembolsa el partido comprará más votos
entre los votantes pobres que entre los ricos.3 Un partido que quiera obtener los votos
suficientes para ser electo al costo más bajo posible, empezaría otorgando algo pri- mero al más pobre, luego al siguiente más pobre y así sucesivamente, hasta que haya comprado los votos suficientes para ganar la elección. La compra de votos comienza desde abajo y no desde arriba en la distribución del ingreso (véase Dixit y Londregan, 1996). Mientras el partido suba en la escala de distribución de ingresos, el apoyo de
cada votante adicional tendrá que ser comprado a un precio cada vez más alto.4
2. No afirmo que mi modelo necesariamente considere la compra de votos en todos los escenarios. Está guiado por mi propia investigación en América Latina, y por informes secundarios de compra de votos en otras regiones. Es posible que mi modelo no pueda reproducirse en otros contextos por dos razones. Primero, se convierte en una serie de proposiciones de causalidad (“si–entonces”), y las condiciones (“si”) que generan los resultados (“entonces”) pudieran no estar presentes en todos los escenarios. Segundo, es posible que las mismas condiciones generen diferentes resultados en escenarios diferentes, si, por ejemplo, algunos rasgos contextuales deben estar presentes para una condición particular a fin de obtener el efecto pronosticado.
3. Nótese que el mecanismo especificado, que vincula la compra de votos con la pobreza —la decre- ciente utilidad marginal del ingreso—, es diferente a uno referido con frecuencia: los votantes pobres supusieron aversión al riesgo y la incertidumbre inherente con respecto a los bienes públicos. Scott Desposato (en Schaffer, 2007), por ejemplo, se enfoca más al segundo mecanismo. En última instancia, la oportunidad de un mecanismo u otro tendrá que ser decidido de manera empírica. Como propuesta inicial, encuentro la decreciente utilidad marginal del ingreso más sostenible sicológicamente: las expe- riencias de vida de los pobres quizá los entrenan a ser pacientes y tolerar mucha incertidumbre. 4. La mayoría de los estudios empíricos asocia la compra de votos con la pobreza. Mi propia investigación
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Si un partido político empezara con el votante más pobre y comprara votos uno por uno hasta terminar sus recursos disponibles, estos se agotarían antes de llegar al votante cuyo apoyo lo pondría por encima de los demás contendientes. Hay otra estrategia, sin embargo, que permitiría agregar los votos de votantes más ricos: la movilización programática. La movilización programática significa prometer (y, una vez en el gobierno, entregar) bienes públicos (por ejemplo, seguridad nacional, aire limpio) o bienes públicos redistributivos que se otorgan a todos los miembros de una categoría de ciudadanos definida de manera abstracta, sin importar la naturaleza de su voto (por ejemplo, todos los desempleados reciben seguro de desempleo, todos los retirados reciben pensiones).
Tanto la compra de votos como la movilización programática tienen desventajas desde la perspectiva de los partidos sedientos de poder. La compra de votos, como hemos visto, puede ser costosa a un grado prohibitivo cuando se extiende hacia los votantes más ricos. Pero la movilización programática no es cosa segura porque (por definición) las personas que se benefician de los bienes públicos reciben dichos bienes, voten o no por el partido que los provee; por tanto, los incentivos de los beneficiarios son más débiles para votar por ese partido específico. De esta manera, los partidos que proveen bienes públicos (o los prometen en sus campañas) y esperan que eso les genere apoyo electoral, están siguiendo un acto de fe. Si la gente tomara las decisiones electorales con base en un estricto cálculo de costos y beneficios (lo que, obviamente, la mayoría no hace), la movilización programática sería una estra- tegia débil, tanto por la razón comúnmente observada de que el voto de una persona casi nunca hace la diferencia en el resultado de la elección, como por la menos obser- vada de que una persona cosecha los beneficios del programa de un partido, haya o no votado por él.
A primera vista, la compra de votos parece ser una propuesta más tambaleante. Si la boleta es secreta y, por lo tanto, los que venden su voto pueden tomar el pago y votar como deseen, ¿cómo es que la compra de votos funciona del todo? Mi res- en Argentina (Brusco, Nazareno y Stokes, 2004) demuestra que bajos ingresos, bajos logros educativos y la baja calidad de la vivienda (evaluado así por los entrevistadores del estudio) incrementan de manera considerable la probabilidad de que una persona sea blanco de la compra de votos. Sin embargo, algunos estudios encontraron evidencia contraria. Frederic Schaffer (2004), por ejemplo, reporta resultados de encuestas que sugieren que los candidatos a puestos de elección popular en Filipinas ofrecen dinero a los votantes en más o menos las mismas proporciones entre los distintos grupos de ingreso. Schaffer señala que los partidos políticos filipinos están débilmente organizados; es posible que carezcan del nivel de inserción necesario en las redes sociales para monitorear a los votantes y, por tanto, la compra de votos en ese país por fuerza está menos orientada estratégicamente.
puesta (Brusco, Nazareno y Stokes, 2004) es que cierto tipo de partidos —partidos clientelistas— pueden superar el secreto del voto y lograr hacer estimaciones relati- vamente acertadas sobre si las personas a quienes les pagaron en efecto votaron por
ellos. Los partidos clientelistas tienen ciertas características estructurales distintivas.5
Son de bases pesadas y cuentan con un ejército de organizadores a nivel local, gente que vive en los vecindarios bajo su responsabilidad política, saben los nombres de todos, saben quién fue a las urnas y quién no, y saben a quiénes les fue posible verlos a los ojos el día después de la elección. Los partidos clientelistas utilizan esta infor- mación densa y detallada —este “tremendo conocimiento local”, como lo describen Chin–Shou Wang y Charles Kurzman, en referencia a la compra de votos en Taiwán— para estimar cómo votaron los individuos, a fin de favorecer a quienes creen que los alicientes les importaron y castigar a los que pensaron que los traicionaron en el implícito trueque clientelista. Preguntando qué sucedía con los vecinos que habían recibido ayuda pero no atendían a mítines partidistas, una organizadora peronista en un vecindario de trabajadores en Argentina contestó: “Lo tomamos en cuenta”. y continuó: “Se tiene que aplicar poder correctivo, porque de lo contrario ellos hacen lo que quieren”. Cuando le preguntaron qué pasaba cuando ella sospechaba que alguien en su círculo político votaba por otro partido, ella respondió: “Está muerto.
Murió, para siempre”.6
De ahí que exista una asimetría: la gente que intercambia sus votos por un pago personal solo se beneficia de un flujo continuo de bienes si continúa votando por el partido benefactor, en tanto que todos reciben bienes públicos, hayan votado o no por el partido que los provee. Esta asimetría sugiere que, manteniendo todo lo demás constante, la compra de votos puede ser un aliciente más poderoso para regresar el favor con el voto que la movilización programática. En el lenguaje de la probabi- lidad, un pago directo por un voto aumenta la probabilidad de cumplimiento con el 5. Estrictamente hablando, la compra de votos no necesita depender de partidos clientelistas. Mientras haya actores locales que tengan la capacidad de monitorear a los votantes y hacer cumplir el contrato de compra de votos, podrán vender sus servicios a candidatos de diferentes partidos. El freelancing o trabajo independiente de los monitores locales se ha observado en algunos escenarios (véase Schaffer, 2004). Los partidos quizá prefieran monitores de casa que independientes, ya que pueden surgir problemas de agencia entre candidatos y monitores, además que es menos costoso monitorear a los operadores del partido que a los independientes. Por un lado, los operadores del partido, que están imbuidos de lealtad al partido y de entusiasmo por su ideología y sus programas, son menos propicios a holgazanear; por otro, los partidos les pueden ofrecer a sus operadores locales ascensos dentro del partido a cambio de un monitoreo eficiente, en tanto que los independientes pueden ser indiferentes a tales incentivos. 6. Entrevista con “Ana”, seudónimo de una organizadora peronista en la ciudad de Córdoba, dirigida en enero de 2003 por Valeria Brusco, Marcelo Nazareno y Susan Stokes.
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intercambio, más de lo que se logra con los pagos difusos de bienes públicos y progra- máticos. Entre un partido que otorga bienes a los votantes condicionando su apoyo (inferido) y un partido que ofrece beneficios programáticos, el votante votaría por el primero. Si los programas del segundo partido fueran lo suficientemente atractivos, votaría por el primero y desearía que ganara el segundo.
Para llamar la atención sobre el contraste entre compra de votos y movilización con bienes programáticos, adopto un enfoque de incentivos selectivos probabilísticos en torno al clientelismo o la compra de votos (Brusco, Nazareno, y Stokes, 2004). Mancur Olson (1965) definió los incentivos selectivos como bienes que pueden ser exten- didos a las personas que contribuyeron a la provisión de un bien público y negados a aquellos que no contribuyeron. Los pagos por votos individualizados son incentivos selectivos probabilísticos porque, siempre y cuando los votos individuales no sean total- mente observables, de manera inevitable los políticos cometerán algunos errores de
estimación y castigarán a aquellos que los apoyaron y beneficiarán a aquellos que no.7
En contraste a los incentivos selectivos de Olson, que animan a las personas a contri- buir a la provisión de bienes públicos, los pagos por votos como incentivos selectivos probabilísticos tienen el efecto contrario: reducir los incentivos de los políticos y los gobiernos para proveer bienes públicos.
Tanto la compra de votos como la movilización programática suponen un inter- cambio; en ambas, se puede pensar que los partidos pagan un precio por voto. La ventaja básica de la compra de votos es justo su asignación más específica de bene- ficios a posibles partidarios. La ventaja básica de la movilización programática es su habilidad para alcanzar grandes franjas del electorado. De esta manera, la compra de votos tiene ventajas de precisión y apalancamiento; la movilización programática, por el otro lado, de alcance.
En distintos sistemas políticos se observa una mezcla de peticiones entre compra de votos y movilización programática, sin mencionar los muchos otros métodos de movilización política (ideológica, carismática, de identidades, etc.). Incluso los pro- 7. El número de errores de tipo I y de tipo II aumenta cuando los partidos se alejan de recompensas y castigos individuales, y se acercan más a los colectivos. En 1985, en respuesta a avances electorales de la oposición, el ministro de Desarrollo Nacional del partido en el poder en Singapur, People’s Action Party (pap), explicó que los distritos que habían apoyado al pap se beneficiarían con mejoramientos en
vivienda pública, a diferencia de aquellos que hubieran votado por la oposición. “Esta es una decisión política muy práctica... No me disculpo por ello. Como gobierno del pap, debemos ocuparnos primero
de las circunscripciones del pap porque la mayoría de la gente nos apoyó”. Cuando un miembro del parlamento de la oposición resaltó la injusticia de la política para los partidarios del pap en circunscrip-
ciones de la oposición, el ministro replicó: “Es lamentable, pero no puede ser evitado” (citado en Tam, 2003: 14).
pios partidos utilizan una mezcla de estrategias. ¿Qué determina la mezcla de estra- tegias de compra de votos y de movilización programática? Para responder a esta pregunta debemos considerar las ventajas y desventajas, los costos de los beneficios de cada una y cómo estos varían en función de otros factores.
Los costos principales de la compra de votos están en mantener una red de opera- dores del partido que ayudan a detectar quién ha cumplido con el trato y quién no, y los costos de los artículos utilizados para comprar el voto —el dinero en efectivo, la comida y bebida, materiales de construcción, vestimenta, etc. Los costos de la estra- tegia programática son aquellos necesarios para comunicar los atractivos programá- ticos a los votantes: mantener la prensa, publicidad y otros. Los partidos programáticos tienen que comunicar cuando están en la oposición y quieren ser electos, al igual que cuando están en funciones y se quieren mantener en el gobierno. En el primer caso, deben anunciar a los votantes cuáles programas proveerán en caso de ser electos; en
el segundo, les deben dar un giro a los programas y logros de su administración.8 Las
estrategias programáticas también imponen costos de generación o adquisición de conocimiento para diseñar programas. En cuanto al costo de los mismos programas públicos, en algunos sistemas políticos se puede asumir que este recae en el público en general. En otros, sin embargo, donde los políticos son propensos a embolsarse dinero del erario, los gastos en bienes públicos y programas pueden incidir en la riqueza personal de los mismos políticos. Puede que existan costos políticos más sutiles, como la pérdida de apoyo de algunos electores que se opongan a programas dirigidos a otros; por ejemplo, un partido que enfatice pensiones para la tercera edad va a tener que pagar más o trabajar más duro para obtener los votos de los jóvenes.
Que los partidos traten de comprar los votos de los pobres, asumiendo la utilidad marginal decreciente del ingreso, sugiere que el grado de desigualdad es central para determinar la relativa efectividad de la compra del voto frente a las propuestas programáticas. Manteniendo todo lo demás constante, esperaríamos que entre más desigual sea la distribución del ingreso, prevaleciera más la compra de votos. Asu- miendo que la cantidad de recursos para comprar votos que tienen a su disposición los partidos y el gobierno está en función directa del ingreso (promedio) per cápita
8. Aquí asumo que lo que ha hecho un gobierno no es visible para los votantes; si lo fuera, los funcio- narios públicos no tendrían la necesidad de invertir en comunicar sus logros. Esto es verdad siempre y cuando los votantes sean racionalmente ignorantes de los detalles de la acción gubernamental: puede que no sea importante para ellos hacer una inversión sustancial para adquirir la información necesaria para conocer esto a detalle (véase Stigler, 1975); puede que no sean capaces de manejar la información de manera cognoscitiva, o que simplemente no les importe.
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del país. En un país con una alta desigualdad en el ingreso, donde la brecha entre los que están por debajo y aquellos que están por encima del promedio es amplia, el partido tendrá que pagar relativamente poco para ganar (relativamente) muchos votos de personas pobres. En un país donde la brecha entre los que están por debajo y aquellos que están por encima del promedio es pequeña, el partido tendrá que
pagar más para ganar el mismo número de votos.9 Por lo general, entre más pobre es
un país, más desigual es la distribución de su ingreso (Deininger y Squire, 1996); por esto, entre más pobre un país, más extendida es la compra de votos.
Otro factor que influye en la ventaja relativa de la compra de votos y de las estra- tegias programáticas es la organización del partido. Una dimensión importante de la organización partidista es el grado de centralización. Allen Hicken, en su capítulo 4, señala que los partidos descentralizados promueven candidaturas personalizadas, que él vincula a prácticas clientelistas. Las maquinarias de las organizaciones parti- distas descentralizadas tienen también una mayor capacidad para entregar de manera eficiente bienes a cambio de votos (Dixit y Londregan, 1996). Las organizaciones partidistas altamente descentralizadas son cruciales para la compra de votos, porque la organización es lo que permite a los partidos monitorear a los votantes y castigar a los desertores (véase Stokes, 2005). Mi hipótesis es que los costos organizacionales son mayores en países ricos que en países pobres, de acuerdo con los recursos que los partidos manejan, y esta es una de las razones por la cual la compra de votos es, hoy en día, un fenómeno sobre todo del mundo en desarrollo. Los operadores y los