¿A DÓNDE VAN?
LA DESAPARICIÓN FORZADA EN COLOMBIA: 3 VOCES DE UNA GUERRA
KELLY CABANA CUEVAS JUANITA GÓMEZ LORA
Trabajo de Grado para optar el título de Comunicador Social
Periodismo
Director:
DANIEL VALENCIA NIETO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LENGUAJE CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Artículo 23 del Reglamento Académico de La Pontificia Universidad Javeriana:
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los
alumnos en su Tesis de Grado. Sólo velará porque no se publique nada
contrario al dogma y a la moral católica, y porque las Tesis no contengan
ataques o polémicas puramente personales, antes bien, se vea en ellas el
DANIEL GUILLERMO VALENCIA NIETO
Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos y Relaciones Internacionales del IAED, Historiador, Comunicador Social, candidato a Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente trabaja como Profesor Investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, en la Facultad de Comunicación y Lenguaje, donde ha desarrollado investigación y publicaciones sobre el campo de la Economía Política de la Comunicación y la Información, y donde tiene a su cargo el Seminario de Políticas Públicas de Comunicación y Cultura en la Maestría en Comunicación, que ofrece esta Universidad.
Ha sido docente e investigador en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia, donde participa en investigación sobre medios y educación; tiene a su cargo el Seminario de Comunicación y Aprendizaje en la Maestría en Educación que ofrece esa Universidad.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – FACULTAD DE COMUNICACION Y LENGUAJE
CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL
RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO
Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa.
I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 1. Autor (es):
Kelly Johana Cabana Cuevas Juanita María Gómez Lora
2. Título del Trabajo:
¿A dónde van? La Desaparición Forzada en Colombia: 3 voces de una guerra
3. Tema central:
La Desaparición Forzada en Colombia y sus víctimas.
4. Subtemas afines:
Reparación, verdad, perdón, impunidad, victimización.
5. Campo profesional: Periodismo
6. Asesor del Trabajo:
Daniel Guillermo Valencia Nieto
II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 2. Objetivo o propósito central del Trabajo:
Mediante tres historias de vida de las actuales víctimas de Desaparición Forzada en Colombia, se pretende narrar las condiciones sociales de un problema delictivo cuyo accionar esta ligado a los objetivos del Estado. Los relatos buscan ser un aporte a la construcción histórica del país y al entendimiento de las causas y factores del conflicto armado colombiano, mediante la ubicación del lector en las dinámicas y problemas que rodean a los desaparecidos, y los hechos que hasta ahora han permanecido ocultos.
3. Contenido - Introducción - Marco Teórico
- Y siempre seguí caminado: el recuerdo de Jaime Gómez
- Prácticas para el recuerdo: la historia de Fair Leonardo Porras Bernal - Cuando el reloj marque las dos: basado en hechos reales
- Conclusiones - Bibliografía - Anexos
4. Autores principales
- Martha Minow: se refiere a los conceptos de verdad y perdón
- David Crocker: trata la importancia de la verdad en los procesos de reparación - Bruce Hoffman: describe y emite un concepto sobre lo que es el terrorismo de
Estado.
- Ana Lucrecia Molina Theissen: Emite un concepto sobre la Doctrina de Seguridad Nacional y su desarrollo en América Latina
- Amnistía Internacional: emite informes claves sobre las desapariciones forzadas en todo el mundo. Particularmente en el caso de Boznia y Herzegovina
- CINEP: emite informes claves sobre el Paramilitarismo y las víctimas del conflicto colombiano. También sobre los “Falsos Positivos”
5. Conceptos clave - Desaparición Forzada - Reparación
- Perdón - Verdad
- Falsos Positivos - Víctima
6. Proceso metodológico.
Monografía por producto. Para la realización de este trabajo se realizó una investigación exhaustiva que incluyó el acercamiento previo y el desarrollo de un proceso de acompañamiento con los protagonistas de las historias. Las herramientas usadas a los largo de la investigación se ven reflejadas en la información recolectada y la indagación preliminar que se usó para realizar las entrevistas.
El método de análisis usado fue de tipo cualitativo. Se realizó un trabajo de campo exploratorio, de investigación social en el que usamos un “método de casos” o casos de estudio, que nos permitió recoger datos que describen el proceso vital de una persona, una familia, utilizando frecuentemente documentos personales. Sobre casos determinados, se estudió a profundidad y en sus diversos aspectos. Realizamos entrevistas para registrar declaraciones, actitudes, opiniones o reacciones de los sujetos investigados (víctimas desaparición forzada).
entrevistas fueron orientadas a personas que han participado en una situación específica, víctimas directas o indirectas de Desaparición Forzada.
6. Reseña del Trabajo
La Desaparición Forzada en Colombia es un crimen que se viene haciendo visible desde los años ochenta, sin embargo merece la pena su análisis, durante el periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues es en este tiempo donde se emplea la política de Seguridad Democrática, que además de reflejar casos de Desaparición Forzada, permite que se abra el camino hacia una nueva modalidad conocida como “los Falsos Positivos”.
Este trabajo mediante tres testimonios de víctimas pretende reflejar las dinámicas de este crimen, no solo para mostrar qué pasa sino para construir memoria a fin de que estos hechos no se repitan.
III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES
1. Formato : Material escrito
2.
Duración para audiovisual: ___________ minutos.Número de cassettes de vídeo: Número de cassettes de audio: Número de disquettes:
Número de fotografías: 10 Número de diapositivas:
3. Material Impreso: Tipo : Escrito Número páginas: 96 4. Descripción del contenido:
- Y siempre seguí caminado: el recuerdo de Jaime Gómez: 13 páginas, un anexo
- Prácticas para el recuerdo: la historia de Fair Leonardo Porras Bernal: 13 páginas, 2 anexos
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
Y SIEMPRE SEGUÍ CAMINANDO, EL RECUERDO DE JAIME GÓMEZ
PRÁCTICAS PARA EL RECUERDO: LA HISTORIA DE FAIR LEONARDO PORRAS BERNAL
CUANDO EL RELOJ MARQUE LAS DOS
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
18 INTRODUCCIÓN
La Desaparición Forzada en Colombia es un delito de lesa humanidad que hace parte de las dinámicas del conflicto armado que actualmente atraviesa el país.Según el preámbulo de la declaración sobre la protección de todas las personas contra este fenómeno, este crimen se define como: "La detención o secuestro de una persona contra su voluntad (...) por agentes del gobierno o (...) de grupos organizados o de particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, quienes se niegan a revelar la suerte (...) o el lugar donde se encuentran, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la Ley" siendo una de las violaciones más graves a las normas internacionales de los derechos humanos.
Desde que se presentaron las represiones masivas a ciudadanos bajo el mando de líderes dictatoriales como Hitler y Mussolini en los años 40, se implantó en la política global el término de Terrorismo de Estado, bajo el cual se busca someter a la población y a todos quienes son considerados enemigos, con el fin de mantener el poder y el control. El Estado deja de ser el garante de la seguridad de sus ciudadanos y por el contrario evidencia la ruptura de los marcos de ley y de derecho, en casos como los campos de concentración o los asesinatos selectivos.
En los años 70 y 80 las dictaduras en Chile y Argentina, así como los demás ejemplos de militarización en América Latina, producto de la guerra anticomunista cuya base era la Doctrina de Seguridad Nacional, evidencian las nuevas lógicas sobre las cuales el Estado y sus respectivos Ejércitos empiezan a operar. El enemigo deja de ser externo y los ciudadanos se vuelven “peligrosos”, las acciones de control empiezan a efectuarse dentro de los mismos territorios, ya sea para reprimir el crimen, el narcotráfico o la influencia comunista que tanto se temía en ese momento.
19 reportaron los primeros casos de Desaparición Forzada, pues dicho Estatuto impulsó amplias facultades a la Justicia Penal Militar y a los miembros de la Fuerza Pública. Lo que se conoció como ‘Plan Fantasma’ fue uno de los mecanismos que se utilizaron para reprimir la lucha cívica y la repartición de propaganda ajena a los pensamientos del gobierno de la época.
Durante el gobierno de Belisario Betancur entre 1982 y 1986, como reacción al proceso de paz que este gobierno emprendió con la guerrilla de las FARC, opositores a la causa institucionalizaron la práctica de la Desaparición Forzada de personas, como fue el caso del grupo MAS, conformado por paramilitares y narcotraficantes que buscaban protegerse de las guerrillas. Durante la presidencia de Virgilio Barco (1986 – 1990), la situación no fue distinta, pues los grupos paramilitares se fortalecieron y a través de un Estatuto Antiterrorista se entregaron grandes poderes a los agentes del Estado para combatir el terrorismo al interior del país. Luego de que las cifras de desaparición forzada fueran en aumento, el tema adquirió importancia y pasó de ser un delito general tipificado como ‘secuestro extorsivo agravado’, a uno específico incluido en la Constitución del 91 en lo que respecta a los derechos fundamentales.
Sin embargo, poco se sabe de este delito de lesa humanidad que consume y aún se practica en Colombia. Aunque las cifras son confusas, éstas no mienten y revelan el panorama que muchos prefieren ocultar. Para 1987 la Procuraduría General de la Nación informó sobre más de 600 casos de personas desparecidas desde 1977; entre 1992 y 1995 la Fiscalía General de la Nación presentó aproximadamente 300 casos. En los años posteriores las cifras se mantienen en un promedio de 448 personas desaparecidas por año, según la Comisión Colombiana de Juristas1.
Estos textos son un intento de análisis a partir de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), que busca recuperar el control territorial del Estado, proteger a la población, eliminar el negocio de las drogas y mantener una capacidad disuasiva, con la cual el Estado es blindado con nuevos batallones, brigadas, y escuadrones,
20 para la mejora en la protección de los derechos fundamentales del ciudadano como la vida y la libertad2. Sin embargo, al amparo de este esquema de gobierno las cifras de personas desaparecidas paradójicamente se mantienen e incluso llegan a aumentar en los últimos años. Gustavo Gallón, director de la CCJ (Comisión Colombiana de Juristas), dijo que entre mediados de 2002 y de 2007 hubo 1.259 Desapariciones Forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas3. Por su parte el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González León, reveló que sólo durante los últimos 16 meses la entidad ha recibido 17 mil denuncias de personas que fueron desaparecidas, principalmente por grupos paramilitares.
Así pues, en medio de esta contradicción el análisis parte de la recopilación de casos específicos de víctimas de la Desaparición Forzada en Colombia, y de lo que puede considerarse su degeneración, los mal llamados “Falsos Positivos”, durante el periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe. Tres historias de personas comunes que se convierten en voces legítimas para acercarse a la esencia de este fenómeno mediante sus testimonios y recuerdos, donde se narran los hechos principales de la victimización, y las condiciones emocionales y sociales en las que se encuentra actualmente el testigo4. Todo como un aporte a la historia del país y a la comprensión de una política de Estado, que puede compararse, incluso, con los estatutos implantados anteriormente en Colombia, o en los demás países de América Latina, y que ayudaron a perpetrar la Desaparición Forzada como una práctica de control para mantener el poder y el orden de un régimen.
2 Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República – Ministerio de Defensa,
República de Colombia, 2003. Pág. 12. Disponible en: www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_ democratica.pdf: Enero 12 de 2010.
3 SALAZAR, Hernando.
“¿Más de 30.000 desaparecidos?”.Junio 30 de 2008. Disponible en:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7481000/7481399.stm. Consultado en: 6 de marzo de 2009.
4 Según elCINEP "Cuando se describe una persona como víctima o como traumatizada, es muy probable que
21 Las historias van desde el reconocido caso de Jaime Gómez, asesor político de Piedad Córdoba y docente de la Universidad Javeriana de Bogotá, hasta la historia de “El Loco”, un desaparecido del que no se puede contar mucho, de ahí su importancia, porque sus allegados no tienen garantías de seguridad para hacerlo, o lo sucedido con los jóvenes de Soacha, retenidos, trasladados y asesinados, para ser presentados como guerrilleros muertos en combate ante la justicia, por miembros del Ejército Nacional colombiano.
Debido a la complejidad de sus prácticas, la Desaparición Forzada propicia la clandestinidad, la tortura, el ocultamiento de información y el control selectivo de la población ya que se involucran instituciones, miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares que tratan de sustraer de la justicia a los ciudadanos, despojándolos de todos sus derechos fundamentales.
Sin embargo, son reducidos los productos mediáticos que tienen como eje principal el estudio y entendimiento de la Desaparición Forzada en Colombia. Es por esto que un problema de orden humanitario merece la atención y el análisis que puede ofrecer el periodismo investigativo, pues, tal cual como lo dice William Gaines, mediante el empleo conjunto de técnicas y métodos de indagación es posible encontrar datos importantes que permitan sacar a la luz informaciones que han tratado de mantenerse ocultas, y que de igual forma son de gran interés para la opinión pública5.
Es importante aclarar que lo que se intentó aplicar con este trabajo fue un periodismo de seguimiento que permitiera dar a conocer otros aspectos del crimen, y la línea entre este tipo de periodismo y el investigativo puede incluso volverse imperceptible. Si bien, ninguno de ellos es completamente clandestino, todos están registrados en la Fiscalía menos el caso del “Loco” por motivos de seguridad, los personajes, las víctimas y las historias detrás de las historias del crimen, quizás, eran completamente desconocidas, y merecían la relevancia de convertirse en un producto periodístico.
Así pues estos relatos informativos buscan en principio dos cosas esenciales, primero a partir del conocimiento de los hechos generar una reflexión que permita mirar en contexto y
22 como proceso, por ejemplo, el problema de Desaparición Forzada en Chile y Argentina, los cuales por sus cifras han resultado ser los más recordados, todo con el fin de pensar el caso colombiano como un paralelo relativamente reciente que para desconocimiento de la opinión pública también presenta hechos similares a los ocurridos en los otros dos países latinoamericanos. No se trata de comparar un proceso con el otro, simplemente de generar una discusión entorno a lo que ocurre en el país para repensar constantemente el papel de las víctimas en la sociedad colombiana y cómo podría empezarse a construir, desde ya, una memoria histórica.
Segundo, los relatos son un aporte a la construcción histórica del país y al entendimiento de las causas y factores del conflicto colombiano, a través de un texto que ubica al lector en las diferentes dinámicas y problemas que rodean a los desaparecidos, y los hechos que han permanecido ocultos, desde la historia en sí misma. Además de la comprensión de las jerarquías y mecanismos que dentro de los organismos de la Fuerza Pública se presentan, y como una política de Estado, como la Seguridad Democrática, puede desde su legitimidad perpetrar un crimen de lesa humanidad. Estas voces de los testigos además de una historia, denuncian un comportamiento de las autoridades que deberían protegerlos.
Aquí la labor periodística se presenta como la de un testigo político que busca explorar las diferentes características que se entremezclan en el momento en que surgen la ciudadanía, las políticas de identidad, la memoria y la verdad, cuando la agenda diaria y las voces oficiales tratan de ocultarlas o desinformar.
23 Cada una de las historias, contadas a lo largo de este trabajo de grado tienen su propia historia atrás, de conocimiento e investigación, la primera historia cuenta la desaparición del asesor político Jaime Gómez y nace con la voz de su hijo Juan Sebastián, un joven periodista y escritor y su hija Diana Marcela, activista política. Varios encuentros, llamadas tardías, mails, conversaciones y la necesidad de dejar una prueba testimonial de que la muerte de Jaime fue un acto premeditado, obligaron a que se diera este relato. Juan Sebastián en las entrevistas registradas dio cuenta de la falta de garantías para contar lo sucedido con su padre y Diana, la falta de colaboración de las autoridades para resolver el caso, en ese entonces, y ahora.
En medio de preguntas no resueltas, recuerdos que al parecer quieren olvidar y nuevas incógnitas que surgieron cuando narraron todo, Juan Sebastián y Diana Marcela accedieron a que este capítulo en memoria de su padre fuera divulgado, pues los 34 días de su desaparición, llenos de angustia, y las persistentes falencias en la búsqueda y recuperación del cuerpo de Jaime son el motor para relatar la impunidad que dice sentir la Familia Gómez Velázquez al desconocer completamente la verdad de lo que sucedió.
La segunda historia, la del Loco, es la historia de un ser humano que por sus ideales y deseos tuvo que enfrentar un final que, aún hoy, muchos desconocen. Las constantes amenazas en contra de su familia han impedido que se pueda desarrollar un proceso judicial, por lo que más que una recopilación periodística, esta es una adaptación literaria de unos eventos reales ocurridos entre 2005 y 2007.
“Andrés”, a quien le cambiamos el nombre por seguridad, fue uno de los mejores amigos del Loco, y por ello compartió, después de varios intentos de encuentro, llamadas y tratos de conciliación, algunos apartes de su vida. Por ser empresario y estar tan directamente involucrado con los problemas de varias regiones del país a las que no llega el Estado, el Loco se presentó como una autoridad para muchos y como un problema para otros.
24 La tercera historia es la de los mal llamados “Falsos Positivos”, la de Fair Leonardo Porras Bernal, desaparecido en Soacha en el 2008, muerto en Ocaña, Norte de Santander y acusado de ser el líder de una organización narcoterrorista, a pesar de tener una discapacidad del 53% de su cerebro y racionalizar como un niño de 9 años. Su madre Luz Marina Bernal, una de las líderes de las madres de Soacha, con lágrimas y un sentimiento compartido de algo que se percibe como una gran injusticia, nos contó su historia, porque en sus palabras y a pesar de las amenazas “hay que hablarlo y hablarlo para que no nos
hagan callar”.
Contactar a Luz Marina fue muy difícil, porque su tiempo siempre reducido y el temor a que las amenazas que han recaído sobre ella desde el asesinato de su hijo se hicieran realidad, hacían del encuentro, el tan anhelado encuentro, algo impensable. Finalmente, sucedió en un café del centro de la ciudad, la lucha diaria que tiene que asumir, la espera de las audiencias de verificación de pruebas para por fin empezar el proceso, los detalles y sus recuerdos. Aunque a veces parece que desfallece en su intento, asegura que no va a parar hasta limpiar el nombre de su hijo y lograr que esa impunidad, denunciada por la ONU, del 98.5% en los casos de Falsos Positivos, se reduzca considerablemente. Eso, y lograr que su familia algún día vuelva a estar reunida sin temor a que los ataquen, es la motivación de este relato.
25 MARCO TEÓRICO
LA DESAPARICIÓN FORZADA EN COLOMBIA
Para comprender el fenómeno de la Desaparición Forzada en el mundo contemporáneo, este no debe pensarse solamente como un problema humanitario, sino como una de las violaciones a los derechos humanos más graves, tanto para las normas legales, como para la jurisprudencia de organismos regionales e internacionales de derechos humanos que lo ven como un abuso continuado, donde la suerte de la víctima no se esclarece y el autor jamás comparece ante la justicia.6
Desaparición significa ausencia u ocultación de la vista, o cese de lo existencia. Forzada quiere decir hacer fuerza o violencia física para conseguir un fin, obligar a que alguien o algo actúen de una determinada manera. Así pues, la Desaparición Forzada dentro de los marcos legales, es la detención o técnica utilizada ilegalmente por parte de agentes del Estado o en colaboración con estos, para sustraer a una persona de sus derechos legales sin que la ley y el orden medien en su captura. Tras el ocultamiento del individuo este es sometido a tortura física y psicológica, que en repetidos casos termina en la muerte.
La Desaparición Forzada, es un crimen anónimo y prolongado pues no solo se desconocen los motivos, muchas veces políticos, de las detenciones, sino que es imposible identificar e investigar a los victimarios, y darles un posterior juzgamiento y castigo. Por parte de la víctima, el cuerpo muy pocas veces es encontrado, por lo que judicialmente es muy difícil determinar que fue lo que sucedió realmente.
Así, es necesario remitirnos al origen de las desapariciones, para poder comprender su impacto histórico y social. Durante la Segunda Guerra Mundial, las prácticas nazis hicieron de este crimen un mecanismo sistemático de control a través del decreto de Adolf Hitler conocido como “de Noche y Niebla” (NN), firmado en diciembre de 1941.
6
Amnistía Internacional. Bosnia y Herzegovina: Honrar a los fantasmas afrontando la impunidad de las «desapariciones».. Marzo 2003
26 Este decreto, permitía la desaparición de todos aquellos acusados de poner en peligro la seguridad de Alemania, fueran combatientes, oponentes o simples civiles. En las noches eran trasladados de un lugar a otro, sin que ninguna información sobre su paradero y destino pudiera ser comunicada a sus familiares. Algunos eran recluídos en campos de concentración, otros eran asesinados y sus cuerpos jamás aparecían.
El concepto de Terrorismo de Estado nace cuando se dan represiones masivas de ciudadanos a cargo de Estados totalitarios y líderes dictatoriales, bajo la implementación de leyes extraordinarias que buscan preservar el control y el orden.7 Los casos más conocidos son Alemania e Italia, con Hitler y Mussolini a la cabeza de los países. Ambos mediante el abuso del poder fueron los encargados de aplicar el terror en contra de sus ciudadanos, para que todos aquellos que fueran considerados ‘enemigos del Estado’ fueran eliminados o sustraídos completamente de la sociedad, ya fuera mediante el nazismo o el fascismo.
El control sobre la gente y el país se ejercía por medio de mecanismos de coerción, ejecución y represión convirtiendo la vida en una violación constante donde no solo se pierden las posibilidades políticas, sino también la dignidad, la justicia y la individualidad. Esta desfiguración del Estado de derecho solo busca la eliminación física de oponentes políticos y miembros de la resistencia en los territorios ocupados, con el fin de perpetrar unos objetivos “nacionales”.
“Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por medidas
que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del
reo”8
Desde entonces, se han venido presentando alrededor del mundo cientos de casos de Desaparición Forzada. Con los guerrilleros de la resistencia en Francia, en Bélgica y los Países Bajos, y de manera masiva con militares de la Unión Soviética. En Sri Lanka se reportaron 60.000 casos entre 1988 y 1994. Más de 17.000 personas desaparecieron durante la guerra de Bosnia y Herzegovina. Otras miles en los diferentes conflictos de África y el
27 Medio Oriente, en Europa y Asia, y recientemente en Rusia, en la guerra que este gobierno libra con Chechenia.
La dictadura militar en Chile en los años 70, luego del golpe de estado efectuado por Augusto Pinochet al presidente, elegido democráticamente, Salvador Allende, dejó cerca de 12.000 personas desaparecidas. Un claro ejemplo de estos actos de violencia política interna dirigidos a la población civil de manera indiscriminada, se evidencia en los mecanismos de control a los que fueron sometidos los ciudadanos, tales como el toque de queda donde cualquiera que lo incumpliera era asesinado; la obstrucción de las carreteras con puestos militares de control; el corte de las líneas telefónicas o la intervención de estas; algunos lugares públicos, como el estadio o los museos, convertidos en centros de concentración; asesinatos, prohibiciones, torturas y crímenes de lesa humanidad; la condena de los ciudadanos al exilio; las misiones de búsqueda convocadas por el gobiernos y encargadas de saquear las viviendas y de aplicar condenas, otras encargadas de asesinar. En estos ejemplos, la libertad es transgredida totalmente, pues las mujeres son obligadas a usar faldas y los graffitis en las calles, muestra indiscutible de libre expresión, son ocultados con pintura blanca para que nadie los pueda ver.
La impunidad, alentada por el silencio, es otra táctica que en diferente medida es aplicada como método de represión. Pinochet, lo evidencia dos días después del 22º aniversario del golpe militar, cuando dijo “Es mejor quedarse callado y olvidar. Es lo único que debemos
hacer. Tenemos que olvidar. Y esto no va a ocurrir abriendo casos, mandando a la gente a
la cárcel (…)”
28 Entre sus técnicas estaban la aplicación de condenas y torturas en garajes clandestinos, a personas consideradas enemigas de la nación, luego de que fueran desaparecidas forzosamente de sus hogares o lugares de trabajo. Una vez, la víctima daba información sobre sus compañeros o partidos, era asesinada y desaparecida completamente. Algunos reportes dicen que era tal la cantidad de víctimas que muchas eran embarcadas en aviones y arrojadas al mar, cerca de la costa este de Uruguay y lugares aledaños, en lo que se denominaba “vuelos de la muerte”.
El ex represor de La Escuela de Mecánica de la Armada ESMA en Argentina, Adolfo Scilingo, relata un aparte de esta historia “La primera información la recibí del almirante Luis María Mendía, que era Comandante de Operaciones Navales, ante las planas mayores de todas las unidades del área Puerto Belgrano, reunidos en el cine de la base en 1976. Planteó que estaban previstas operaciones militares especiales que se iban a instrumentar de acuerdo a las circunstancias, para adecuarlas a la lucha contra un enemigo que no estaba contemplado dentro de los organigramas normales. Explicó que desde la colonia se usaron uniformes para diferenciarse los dos bandos. Luego habían servido para mimetizarse con los distintos terrenos. Ahora se iban a usar ropas civiles para mimetizarse en el medio civil. Estaban todos los oficiales del área Puerto Belgrano, en el cine de la base, no el de la flota. Con respecto a los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiese eliminarlos comentó que iban a volar, y así como hay personas que tienen problemas, algunos no iban a llegar a destino. Y dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas, no sé a qué nivel, para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta”9 Esta dictadura dejo entre 25.000 y 30.000 desaparecidos.
Estos casos caracterizan la desfiguración del Estado como garante de la seguridad a sus ciudadanos y evidencian la ruptura de los marcos de ley y de derecho. En los inicios de la Guerra Fría, en 1947 se creó en los Estados Unidos el Consejo de Seguridad Nacional con el fin de desarrollar la doctrina de Seguridad Nacional, la cual considera a los propios
ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad interna, pues es “el conjunto
9Verbitsky, Horacio.
29 de medidas, planes y normas destinadas a anular, reducir, neutralizar o rechazar los obstáculos actuales a la realización o mantenimiento de los objetivos nacionales”10. El ideal imperante para ese entonces, era reprimir los lineamientos comunistas que al parecer querían constituirse como la única potencia mundial y reorganizar la sociedad mediante la expansión del comunismo soviético. A fin de evitar focos ideológicos de esta corriente en Latinoamérica, Estados Unidos implementa la doctrina de Seguridad Nacional como un instrumento doctrinario-militar para influir sobre las fuerzas armadas de los países latinos y asegurar el orden instaurado desde la segunda mitad del siglo XX.11
La seguridad de todo un continente se volvería entonces la excusa para utilizar a las fuerzas armadas como policías al servicio de las decisiones político-económicas tomadas en Estados Unidos. El concepto de “enemigo interno” resulta tan favorable: todo aquel perteneciente a partidos de izquierda, guerrillas u organizaciones antiimperialistas es visto como una amenaza para la seguridad y el mantenimiento del poder.
Para Alain Rouquie, la fluidez de las tendencias ideológicas permite virajes políticos que obedecen a la evolución de las relaciones de fuerzas y en particular de la coyuntura exterior. Puesto que los Ejércitos se encuentran por naturaleza en el punto de articulación de lo nacional con lo internacional, los cambios de preeminencia al interior de la sociedad militar frecuentemente están ligados a los cambios en el contexto global12. Es por esto que mediante pactos acordados entre ciertos países, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR de 1947, los convenios para la venta de armas, y la Escuela de las Américas en Panamá, es que las Fuerzas Militares Latinoamericanas estaban subordinadas al mando de Estados Unidos, y decidieron implementar por acuerdo de sus dirigentes dicha doctrina de seguridad y la perpetración de la Desaparición Forzada como instrumento de control político. El accionar de las distintas naciones se unificó entonces con Augusto Pinochet en Chile; Alfredo Stroessner en Paraguay; Jorge R. Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri en Argentina; Juan María Bordaberry en Uruguay; El general
10Rouquie, Alain., El estado militar en América latina. Siglo veintiuno editores. 1984 traducción: Daniel Zadunaisky Pág.319 11Meneghini, Mario
. En las III Jornadas "La Hispanidad hoy”. Ponencia, Universidad Nacional de Córdoba. 20-10-06 disponible en: http://bitacorapi.blogia.com/2006/103101-doctrina-de-seguridad-nacional-y-guerra-antisubversiva.php consultado [22 de marzo de 2009]
30 Hugo Banzer en Bolivia; Julio César Turbay Ayala en Colombia; la familia Somoza en Nicaragua y las políticas de opresión en el Salvador.
Las técnicas de contrainsurgencia y la doctrina de Seguridad Nacional se encargaron de militarizar los Estados y descargar un gran poder sobre los Ejércitos. El conflicto armado que vivió El Salvador en los años 80 permitió la creación de ORDEN, una facción del Ejército que cobró más de siete mil víctimas; En Guatemala, con los escuadrones de la muerte que empezaron a proliferar desde 1954 tras el golpe de Estado al presidente Jacobo Arbenz, 45,000 personas fueron desaparecidas; o en el Brasil, después del golpe de Estado del general Humberto Castelo al presidente constitucional Joao Goulart en 1964, se creó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) encargado de recoger y clasificar información sobre los opositores, aunque las cifras no se han logrado esclarecer, este hecho dejo cerca de 500 desaparecidos.
Alrededor de los años ochenta, esta práctica se traslada a América Central y no bajo el poder de las dictaduras, sino por la lucha que generan los conflictos armados internos. En Honduras son desaparecidas cerca de 1.000 personas, mientras que en Perú son cerca de 4.000. Finalmente en Colombia se registran 4.500 desapariciones desde 1977. 13
Así fue como los Ejércitos en América latina rompieron la tradición de ser los encargados de la defensa del territorio y la soberanía, asegura Ana Lucrecia Molina Theissen, para convertirse en Ejércitos de ocupación, defendiendo intereses ajenos, incluso contrarios a los de sus pueblos. Las víctimas dentro de esta práctica son los individuos, que hacen parte de lo que se denomina ‘guerra psicológica’ pues son calificados de acuerdo a una división maniquea del mundo: amigo o enemigo; “Toda la actividad del Estado en función de su
seguridad se dirige contra aquellos calificados como enemigos, a los que declara la guerra total sin considerar ningún límite para su actuación.”14
13ASFADDES. “Veinte años de historia y lucha”. 2003. Pág. 31. Bogotá.
14Molina Theissen, Ana Lucrecia. “La desaparición forzada de personas en América latina”. Disponible en:
31 Por su parte, el filósofo y economista, Franz Hinkelammert dice que las dictaduras de seguridad nacional “Irrumpen en la sociedad civil, para deshacer estos lazos, introduciendo en toda América Latina la tortura y la desaparición como un medio sistemático y legítimo de la dominación. Esta se basa en la aterrorización de la población entera (...).”15
Así mismo, existe una corriente que atribuye estos crímenes y su perpetración a la llamada
Operación Cóndor, una organización terrorista trasnacional nacida en los años 70, dirigida
por los gobernantes de distintos países y el apoyo de sus agencias de inteligencia, para tratar de disuadir, contener o acabar “los elementos subversivos” de determinada nación. Comunistas, dirigentes, militantes de izquierda, activistas políticos, sindicalistas sociales y religiosos, exiliados, todos eran considerados objetivos militares que si bien no eran asesinados por los dirigentes de Cóndor, lo eran por sicarios a sueldo o bandas clandestinas comandadas por las dictaduras (Argentina, Paraguay, Chile), que a su vez, según Valentín Mashkin, eran comandadas por las políticas de Washington.16
William Colby, director de la CIA, declaró el 25 de noviembre de 1974 que: “Estados Unidos tiene derecho a actuar ilegalmente en cualquier región del mundo, acumular investigaciones en los demás países y hasta llevar a cabo operaciones tales como la intromisión en los asuntos chilenos” por dar solo un ejemplo. Para Mashkin, “La colaboración entre los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas dio a luz este ave de rapiña. (…) hoy se habla ya de una organización general para todo el hemisferio occidental, que actúa bajo la egida de la CIA. (…) lo prueba el asesinato de Orlando Letelier ex ministro de Defensa y embajador de Chile en Washington durante los años de gobierno de Salvador Allende.17
Según el libro Asesinato en el barrio de las embajadas (1980) de los norteamericanos John
Dignes y Saul Landau, y las publicaciones de los periodistas D. Freed, y Richard Gott a finales de los años 70, existe una acción coordinada que tiene por objetivo reducir el movimiento libertador en Latinoamérica sacando a los activistas del camino. Digamos que
15Hinkelammert, Franz J. “Democracia y totalitarismo”. 1990, Pág. 212. San José, DEI. 16Mashkin Valentin. Operación Cóndor. Editorial Colombia nueva, 1983.
32 toda esta estrategia política, quería retener la influencia cubana como influencia ideológica en otras regiones del continente, y amparada en operaciones y crímenes moldear un referente de lo que significa el Estado y la sociedad. En este contexto se desarrolló, entre muchos crímenes y prácticas, la Desaparición Forzada.
Desde el último cuarto del siglo XX hubo un marcado reconocimiento del crimen por parte de la jurisprudencia internacional debido a la multiplicación de casos en América Latina y a la movilización de organizaciones no gubernamentales que pretendían hacer efectivas las denuncias sobre Desaparición Forzada y su conocimiento.
Para la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, en el artículo 2º de su Convención, dice: "Todo acto de desaparición forzada que sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia pues representa una violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario que garantiza a todo ser humano el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y el privilegio de no ser sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Según el preámbulo de la declaración sobre la protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada, este crimen es "La detención o secuestro de una persona contra su voluntad (...) por agentes del gobierno o (...) de grupos organizados o de particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, quienes se niegan a revelar la suerte (...) o el lugar donde se encuentran, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la Ley"18
De igual forma el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra de 1949 prohíbe totalmente, en cualquier tiempo y lugar, "los atentados contra la vida y la integridad corporal de aquellas personas que no participan directamente en hostilidades.”
18Asamblea general de las Naciones Unidas. “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las
33 Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1994) ha dicho que la Desaparición Forzada de personas es “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”19
Así mismo, este crimen constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención. Por ejemplo, afirma que las órdenes de un superior no serán una excusa para cometer la desaparición, es decir que se tiene el derecho y el deber a no obedecerlas, así como la obligación de recibir la educación necesaria sobre este crimen.
Pues este ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y procurar la impunidad absoluta 20
De esta manera siguen siendo muchos los derechos que se transgreden a partir de este crimen de lesa humanidad. Los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos que defienden el derecho a la vida, la libertad y la integridad personales; El derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, sancionado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; El derecho a la libertad y seguridad de la persona, consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Y la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y el derecho de las víctimas a la protección judicial consagrada en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
19Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “A-60: Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas”.
1994.En Línea: http://www.cidh.org/Basicos/Basicos7.htm Consultado el 30 de Septiembre de 2008
20Colectivo de abogados
José Alvear Restrepo. “Gotas que Agrietan la Roca” Casos tramitados ante el sistema Interamericano. Pág. 41.
34 Paralelo a esto, y como símbolo internacional de memoria y solidaridad, La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos – Desaparecidos, FEDEFAM, creó en 1981 la semana Internacional por los Detenidos desaparecidos, celebrándose desde entonces cada año durante la última semana del mes de mayo. Más de once países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, y otros como Filipinas, Sri Lanka, India e Indonesia se han sumado a conmemorar esta fecha.
Y es que no solo la violación constante de los derechos fundamentales del hombre permite comprender el oscuro transfondo de la Desaparición Forzada, también da una idea de los contextos y gobiernos en los que este crimen se anida, pues más allá de la violación de la ley, esta el incumplimiento de los Estados en brindar seguridad y protección a sus ciudadanos.
Para el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, “La desaparición de personas se vincula con períodos de inestabilidad política interna de los Estados, constituyendo una de las técnicas más perniciosas de violación de derechos humanos, un método eficaz de eliminación de adversarios políticos o sospechosos de realizar acciones subversivas, así como una táctica para acabar con los insurgentes o sofocar las disidencias. El Grupo ha advertido que un factor fundamental que alienta la práctica de la desaparición es la impunidad para quienes la practican, la inercia institucional del Poder Judicial, la inaplicabilidad del hábeas corpus y la extensión de la competencia de los tribunales militares para juzgar violaciones a los derechos humanos”.21
Es precisamente en este contexto global, con la influencia activa de operaciones y doctrinas, que en Colombia específicamente se hicieron evidentes los primeros casos de Desaparición Forzada a finales de los años setenta, durante el gobierno de Julio César Turbay (1978 1982). Bajo el Estado de Sitio, que se había hecho común para el país desde 1949, el presidente decretó el 06 de septiembre de 1978 el Estatuto de Seguridad con el que pretendía contrarrestar la actividad subversiva y el narcotráfico. Dicho Estatuto incrementó las penas por el delito de secuestro, los delitos políticos y las conductas relacionadas con el
35 terrorismo. En el artículo 3º de dicho estatuto, por ejemplo, se penaliza "la integración de bandas, cuadrillas o grupos armados de tres o más personas que invadan o asalten poblaciones, predios, causando muertes, incendios o daños en los bienes, o cometan otros delitos contra la seguridad e integridad colectivas (...) o establezcan contribuciones con el pretexto de garantizar, respetar o defender la vida o los derechos de las personas", conductas castigadas con 10 a 15 años de cárcel.
El Estatuto fue criticado dentro y fuera del país. Al parecer el problema estuvo en las amplias facultades que se le dieron a la Justicia Penal Militar para juzgar a los civiles por delitos contra la seguridad del Estado y relacionados con el narcotráfico, así como cualquier otro tipo de conducta que atentara contra la vida e integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública, funcionarios civiles, miembros del DAS, o contra funcionarios públicos. Aumentaron también las penas por porte ilegal de armas, municiones y explosivos; Se limitó la información relacionada con la situación de orden público: cese de actividades, paros, huelgas ilegales, y de noticias que "inciten al delito o hagan su apología". Se facultó al Ministerio de Comunicaciones para que pudiera tener dominio sobre las frecuencias o canales en cualquier caso, con el fin de restablecer la normalidad cuando se atentara contra la perturbación del orden público.
36 El Informe Anual de Amnistía Internacional de 1982 asegura que esa época estuvo marcada por detenciones arbitrarias, el procesamiento de decenas de personas en consejos de guerra y el uso de la tortura y la ejecución a aquellos presuntos colaboradores de las guerrillas.22 Lo que se conoció como ‘Plan fantasma’ fue uno de los mecanismos más conocidos que se utilizaron para reprimir la lucha cívica y la repartición, por ejemplo, de propaganda ajena a los lineamientos del gobierno. El caso de Gustavo Albeiro Muñoz Hurtado, ejemplifica este accionar, pues él, conocido por su constante participación en los temas correspondientes a su comunidad, fue detenido el 30 de mayo de 1982 por un grupo de militares en el barrio Belén rincón, de Medellín. Estos aseguraban que tenía propaganda subversiva y vínculos con grupos al margen de la ley, motivo por el que fue apresado y transportado en un vehículo militar, sin previa orden. Días después apareció su cadáver23. Las condiciones y motivaciones para este Estatuto y su implementación vienen quizás del fenómeno que creó el llamado Frente Nacional y su posterior desgaste en la política colombiana. Luego de que se llegará a un acuerdo entre liberales y conservadores por compartir el poder del país durante el periodo que va de 1958 a 1974, alternándose de vez en vez la presidencia y excluyendo de esta a cualquier otro tipo de partido político en las elecciones, en 1986 por decreto el término de este acuerdo se amplía. Para Jaime Gómez Velásquez en dicha época, “la representación política se desarrolló bajo una democracia restringida que lejos de incorporar la participación del conjunto de la sociedad la excluyó o reprimió su disidencia”24
Esta concepción binaria de la política, que tiene sus raíces en la época conocida como “La Violencia” (1949-1953) impulsó la creación de movimientos y guerrillas de liberación que pretendían luchar y modificar los procesos políticos del país, al menos en esa época.
Tanto en el libro ‘Cuadernos de Campaña’, escrito por Manuel Marulanda Vélez, comandante de las FARC, como en el libro ‘El guerrillero invisible’ de Joe Broderick, se hace una minuciosa descripción de cómo fue la conformación, estructuración,
22Amnistía Internacional, Informe Anual, 1982, Pág.108
23CINEPEl camino de la niebla. Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. 1988. Bogotá
24Gómez Velásquez, Jaime. Entre la paz y la violencia: el caso de Gloria Lara. Tesis Universidad Javeriana (MT.H 0046 G65)
37 fortalecimiento y consolidación tanto de las FARC como del ELN en Colombia. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como se conocen actualmente tienen sus orígenes en disputas campesinas que se dieron hacia el año 1949 cuando la violencia gubernamental contra liberales y comunistas en el Sur de Tolima se acrecentó cuando el líder Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado el 9 de Abril de 1948. Produciendo así la conformación de pequeños grupos de resistencia organizada que se auto defendían de la policía y los conservadores.
Hacia 1950 se reunieron en la zona de Irco, Chaparral, los miembros guerrilleros de cada corriente, y deciden que en el Davis constituirán unidos un destacamento fuerte y un Estado
Mayor Unificado para todo el Sur de Tolima. De esta manera se fueron organizando político, civil y militarmente, pero las diferencias entre uno y otro pensamiento se empezó a hacer evidente: Con el ascenso de Rojas Pinilla en 1953 a la presidencia, se establece un acuerdo de paz donde quienes entreguen las armas serán amnistiados y restituídos, es por esto que los lineamientos liberales de la guerrilla dirigidos por “la familia Loaiza” comienzan a entregarse y a entregar a sus compañeros comunistas y sus armas, por sumas de dinero y supuestas ayudas.
Bajo esta línea, en 1964 se da el golpe a Marquetalia donde 16 combatientes con armas, aviones y demás logró reducir esta estructura considerablemente; estos ataques a poblaciones campesinas hacen que crezca la necesidad por unificar los destacamentos y es así como se celebra la primera conferencia del Bloque sur en Riochiquito, donde se da un Estado Mayor único para todos, se constituyen las FARC: en una conferencia donde se plantean las bases para seguir una línea político militar, con reglamentos internos y organización territorial, donde se desarrolla la tecnicidad en su actuar y la expansión nacional.
38 Ellos, estaban convencidos de querer tomar el poder medio de las armas, por lo que allí aprendieron el manejo de las estas y la táctica guerrillera impulsada por el Gobierno de Fidel Castro que buscaba expandir la insurrección en el resto de América Latina. Allí conformaron la Brigada Pro liberación José Antonio Galán. Cuando volvieron al país en 1963, crearon el grupo armado ELN (Ejército de Liberación Nacional) establecido en una zona rural situada ente San Vicente de Chucuri y Barrancabermeja, al comando de Fabio Vásquez. El 7 de enero de 1965 el ELN penetró la escena nacional, al cometer su primera acción militar, donde solo 23 hombres y una mujer se tomaron la estación de policía, matando a los agentes y robándole sus armas, con viejas carabinas y escopetas en Simacota y más tarde en Papayal al Norte de Santander.
También nacieron, El Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento armado Quintín Lamé; a mediados de los años 70 nació el M-19. Estallaron una serie de protestas y de manifestaciones públicas, entre ellas los movimientos estudiantiles y los paros cívicos, como el de 1977 que se realizó a nivel nacional y demandaba la prestación de servicios básicos. Todo este escenario social creo el clima perfecto para el fortalecimiento de la autonomía del Ejército y quizá facilitar la definición de la versión colombiana de la Doctrina de Seguridad Nacional.25 Que en su momento terminaría aplicando tácticas de represión y control como la Desaparición Forzada y todos los crímenes asociados.
Algunos teóricos afirman que incluso desde antes y bajo el amparo del decreto 2196 de 1976, expedido durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, varios escuadrones de inteligencia aplicaron la Desaparición Forzada.
El decreto buscaba confrontar las crecientes manifestaciones de protesta social y castigaba penalmente a “quienes estuviesen reunidos para perturbar las actividades sociales, quienes realizaran reuniones públicas sin el cumplimiento de formalidades legales, o quienes simplemente obstaculizaran el tránsito de vehículos o hicieran dibujos ultrajantes en lugares públicos”26. El primer caso de Desaparición Forzada del que se tiene registro en Colombia fue el de Omaira Montoya Henao, una bacterióloga en estado de embarazo, detenida en
39 Barranquilla por unidades del antiguo grupo de policía F2, junto a su compañero Mauricio Trujillo el 09 de septiembre de 1977. Trujillo fue torturado y posteriormente puesto a disposición de las autoridades, que lo juzgaron y condenaron a siete años de cárcel por su presunta participación en un secuestro. De Omaira no se volvió a saber nada y ningún miembro del F2 fue procesado por dicha desaparición.
El marco normativo y judicial era cada vez más estrecho para la oposición y los grupos de izquierda, pues el abuso ilimitado de los poderes de excepción otorgados a la rama ejecutiva bajo el Estado de sitio durante el gobierno de Turbay, la implantación de la doctrina de Seguridad Nacional por Estados Unidos, el surgimiento de nuevos grupos armados al margen de la ley, el pacto del Frente Nacional que cerraba las puertas a la oposición en el sistema político, y la creación de la ley 48 de 1968 con la cual se le daba fundamento legal a la organización de grupos civiles armados denominados ‘autodefensas’, crearon el clima perfecto para la institucionalización y propagación de la Desaparición Forzada en Colombia.
La práctica se perfeccionó y en los años 80 era un acto sistemático de terror y represión política generado y perpetrado por la misma fuerza pública. Lo que se conoció como “La triple A”, una organización clandestina integrada por militares y miembros de inteligencia militar, fue uno de los tantos grupos encargados de reducir a la oposición política, de izquierda o comunista, bajo la fachada del Batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano.
40 torturas, terrorismo, hasta el asesinato para defender dizque al Estado, y hoy en día perseguidos por esos superiores que ordenaron hacer tales cosas”27.
Dentro de sus delitos esta colocar afiches haciendo alusión a la Triple A; colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y de los periódicos El Bogotano y Voz
Proletaria;
Hacer seguimientos, retener, torturar y asesinar al abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante del ELN; secuestrar al estudiante de Tunja, Hernando Benítez López; torturar y asesinar al estudiante Claudio Medina, y torturar a numerosos militantes del M-19 en una caverna de la Escuela de Comunicaciones del Ejército, en Facatativá.
Para algunos expertos esta forma de paramilitarismo que atenta contra el Estado de derecho será la misma que se repita en los años posteriores, pues no solo los militares se hacen pasar por delincuentes comunes para ejecutar sus crímenes, sino que son los civiles los que usan ropaje militar para lograr los mismos objetivos28. Como ocurre con el grupo paramilitar MAS, muerte a secuestradores, creado en 1981 por más de 200 narcotraficantes y paramilitares que buscaban protegerse a si mismos y a sus tierras de las guerrillas FARC, ELN y M-19, realizando asesinatos selectivos a secuestradores o gente vinculada con dichas guerrillas. En 1983, La Procuraduría General de la Nación denunció que a esta organización se habían aliado varios oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y que dentro de sus delitos se encontraba la Desaparición Forzada de personas.
Desde mucho antes, los familiares y víctimas de la Desaparición Forzada en Colombia habían comenzado a reunirse y a hacer efectivos sus mecanismos de defensa. Por medio de la denuncia pública intentaron contarle al país su tragedia. A través de marchas, afiches, boletines y tomas pacíficas buscaban a las autoridades y a los medios de comunicación para que les ayudaran en la búsqueda y recuperación de sus familiares desaparecidos. Sin obtener una respuesta, organizaron reuniones ante la Procuraduría y entregaron sus casos a abogados especialistas en derechos humanos.
27CINEP. Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003. “La triple A” Disponible en
[http://www.verdadabierta.com/web3/archivos-para-descargar/category/1-general?download=2%3Atriple-a.] consultado el 17 de marzo de 2009 Pág.1
41 Solo hasta el 20 de febrero de 1983, es reconocida por primera vez esta problemática gracias a un representante del Estado, el Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez, quien firma un comunicado en el que él y otros jueces reconocen la existencia de 150 personas desaparecidas en el país, y denuncian entre ellos a 59 miembros activos de las Fuerzas Armadas como presuntos responsables. Sin embargo, ninguno de los acusados es detenido, ni procesado, como lo afirma Amnistía Internacional en su informe anual de 1982.
Durante el gobierno de Belisario Betancur entre 1982 y 1986, y como reacción al proceso de paz que este gobierno había emprendido con la guerrilla de las FARC, opositores a dicha causa institucionalizaron la práctica de la Desaparición Forzada, crimen que aumentó de manera sistemática y masiva.
En 1984 y 1985, el registro de Desapariciones Forzadas documentado por organismos especializados de la ONU pasó de 17 a 162 casos, seguido de uno de los problemas más graves que hasta ahora ha acompañado el entendimiento de este crimen, la desinformación y el ocultamiento.
Ese mismo año, la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) denuncia públicamente que el Estado, al referirse a los casos de desparecidos ante la ONU, había afirmado que estos quizá estaban desaparecidos porque perdieron la vida combatiendo en las montañas o vinculándose a las guerrillas. Atribuían las razones de las desapariciones a versiones relacionadas con el narcotráfico y grupos subversivos, modificando completamente el sentido de los hechos29. Las razones que daba el Gobierno iban desde la criminalidad de los desaparecidos, hasta que las denuncias no se referían a una Desaparición Forzada por parte de miembros del Estado, sino al hecho de que la familia no tenga acceso al cuerpo de sus familiares desaparecidos, y no puedan darles sepultura.
42 Una alarmante tendencia que no cambió durante la presidencia de Virgilio Barco (1986 – 1990), en la que las desapariciones y muertes se le atribuían a los “escuadrones de la muerte”, cuando se fortalecieron los grupos paramilitares y se promulgó un severo Estatuto Antiterrorista que entregó excesivos poderes a los agentes del Estado para combatir el terrorismo. Como ejemplo, en 1987 la violencia y las cifras de desaparecidos aumentan, pues las víctimas dejan de ser solo líderes o representantes de izquierda, y pasan a ser cualquier persona cuya actitud fuera considerada crítica para el gobierno. Desaparecen sindicalistas, profesores y abogados. Según el informe anual de Amnistía Internacional (1988, EDAI, Pág. 125) “Algunos grupos de derechos humanos estimaron que 1.200 personas habían desaparecido desde 1977, y más de 200 desde que el presidente Barco asumió el poder en 1986”.
De acuerdo con las cifras que maneja la Comisión Andina de Juristas, seccional Colombia, en 1986 y 1987 la cifra de desapariciones por razones políticas se duplica a 1580 y 1560 desaparecidos respectivamente. Luego en los años posteriores 1988, 1989 y 1990 vuelve a duplicarse a 3900, 2480 y 3800 personas desaparecidas, respectivamente30.
Desde entonces las estadísticas hicieron que se perdiera la costumbre de los registros individuales, pues cada vez eran menos los casos aislados y más las víctimas localizadas en zonas de conflicto, como en los departamentos de Santander, Antioquia, Caquetá y el Valle. Sin embargo, para 1987 la Procuraduría informó que estaban por resolver más de 600 casos de personas desparecidas desde 1977; Entre 1992 y 1995 se reseñaron ante la Fiscalía General de la Nación aproximadamente 300 casos, y las cifras siguen contradiciéndose entre sí. La mayoría de las víctimas provenían del movimiento político Unión Patriótica surgido de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, en 1984 y 1986.
Sin embargo, es partir de la Constitución de 1991 que la Desaparición Forzada se vuelve un tema de interés y de inclusión política. En su título II correspondiente a los derechos, garantías y deberes de los colombianos y en el capítulo 1 alusivo a los derechos
30Comisión Andina de Juristas, seccional colombiana, Gustavo Gallón en:ASFADDES. Veinte años de historia y lucha. Capítulo 1.
43 fundamentales, se incluyó en el artículo 12 una norma que dice: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Esta disposición motivó a varios organismos no gubernamentales de derechos humanos a reclamar acciones concretas por parte del Estado para corresponder a la citada pauta constitucional. Sin embargo, varias veces se presentaron y tramitaron proyectos de ley en el Congreso de la República para tratar de adecuar un instrumento jurídico complementario, pero también en varias ocasiones el Poder Ejecutivo objetó diversos proyectos aprobados.
Sin embargo, la presión internacional y el interés de algunos organismos de derechos humanos, lograron que en el año 2000 se aprobara una ley contra la Desaparición Forzada. La ley 589 del 7 de julio de 2000 que, como lo dice en su preámbulo, está destinada a tipificar el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura.
En esencia la ley introdujo varias modificaciones al Código Penal con particulares distinciones encaminadas a que no sólo son los servidores del Estado los que incurren en este delito, sino que en la misma medida lo hacen las organizaciones armadas al margen de la ley. Por eso en el artículo 268A de la citada ley 589 de 2000, se lee: “El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años, multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.
44 Obviamente la ley también incluye circunstancias de atenuación punitiva, como la reducción de las penas a la mitad o incluso menos, cuando en un término no superior a 15 días, los autores o partícipes liberen a las víctimas voluntariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las que se encontraban en el momento de ser privadas de la libertad, o cuando estos mismos infractores de la ley suministren información que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones físicas y psíquicas. En tales casos, advierte la ley, las penas se reducirán de una tercera parte a la mitad. Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de personas desaparecidas, las penas se reducirán hasta en una octava parte.
Contrario a lo que se venía efectuando anteriormente, pues en Colombia el delito se tipificaba bajo el nombre de ‘secuestro extorsivo agravado’ según los artículos 1 y 3 de la ley 40 de 1993 que reza “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político”. Esto generaba confusiones y problemas en la especificidad de los casos de Desaparición Forzada, pues se consideraba que el secuestro y la desaparición eran lo mismo, que la una generaba la otra.
Esta diferenciación entre posibles autores de la Desaparición Forzada se evidencia de manera más clara en el reformado artículo 268 del Código Penal, donde hoy se lee: “la pena prevista en el artículo anterior será de cuarenta (40) a sesenta (60) años en los siguiente casos: cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción”. Es decir, un castigo más severo para los eventuales servidores del Estado que incurran en tan abominable práctica violatoria de las garantías fundamentales.
45 por sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia”.
La ley 589 incluyó además otros artículos de gran importancia que en su aplicación han contribuido a la búsqueda y referencia de las víctimas de la Desaparición Forzada. El artículo 8, es alusivo a la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas conformada por organismos estatales y organizaciones no gubernamentales con el fin de apoyar y promover la investigación del delito de Desaparición Forzada y la búsqueda de personas desaparecidas.
El articulo 9 se refiere a la creación de un Registro Nacional de desaparecidos, y aunque fue implementado cinco años después de ser expedida la ley, intenta unificar las cifras de desparecidos en todo el país, con una actualización constante de los datos en la página Web. En cuanto a las estadísticas, se hace una clara distinción, entre las desapariciones comunes y las “presuntamente forzadas”, por regiones.31 También hacen parte de estos mecanismos de recopilación, la bodega de casos Sicomain y la base de datos Sirdec.
Para Gloria Gómez, presidenta de la organización ASFFADDES, la aplicación y tipificación de la ley 589 “fue un logro de las familias víctimas en el país y resulta ser un mecanismo mucho más avanzado que los instrumentos internacionales, porque culpa y condena tanto a particulares como a miembros del Estado”. Sin embargo, para Gómez la ley desdibuja la responsabilidad que tiene el Estado no solo como actor y/o autor en los crímenes, sino como garante de indemnizaciones justas para las víctimas, porque se confunde el ser mismo de la Desaparición Forzada, al mezclarlo con otro tipo de desapariciones producto de acciones distintas como los robos, la desorientación, la vejez o la infancia.
Así mismo, permanece la impunidad por la acción o la omisión del gobierno para prevenir, erradicar, y castigar la Desaparición Forzada. Para Gloria Gómez la respuesta del Estado para los familiares de los desaparecidos es que muchas veces se encuentran en esa condición porque querían, porque no volvieron, porque se unieron a las FARC o están en
46 medicina legal; El problema real es que hay un desconocimiento generalizado del tema por parte de las autoridades que desconocen la ley y no saben como actuar.
Durante la realización de este trabajo, la gobernación de Antioquia bajo el liderazgo de Luis Alfredo Ramos, lanzó el 05 de noviembre de 2009 un proyecto con el que intenta legalizar y entregar a todos los N.N. que se tienen en Medicina Legal sin realizar las pruebas técnico – científicas y las exhumaciones correspondientes que se necesitan para comprobar la relación de consanguinidad entre un ser humano y otro. Cualquier persona puede asegurar que el cadáver que reclama es el propio, pero esta jamás podrá ser comprobado.
Este hecho puede responder a las cifras que se presentan y que han sido denunciadas repetidamente por actores políticos que investigan y condenan la ejecución de este crimen. El presidente del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de la ONU, Santiago Corcuera por ejemplo, manifestó su preocupación porque actualmente en Colombia se presentan dos o tres Desapariciones Forzadas cada día.
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que entre mediados de 2002 y de 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.
En el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, en 2008 la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas. Pero para las organizaciones no gubernamentales, la cifra podría llegar a superar 30.000 personas de las que no se tiene rastro.
47 Tanto la Organización de Naciones Unidas, y entidades estatales como la Fiscalía, han investigado los casos de “falsos positivos” que se vienen presentando desde el 2006 bajo el mandato de Uribe y que han cobrado más de 2000 víctimas.
La modalidad de los “falsos positivos” contempla la posibilidad de que miembros del Ejército registren el mayor número de muertos haciéndolos pasar como miembros de grupos ilegales, siendo estos recompensados con permisos, bonos y ayudas económicas.
El escándalo fue conocido cuando once madres de jóvenes de Soacha denunciaron que sus hijos, reportados como delincuentes caídos en combate, fueron asesinados, al parecer, por miembros de la Fuerza Pública en la zona rural de Ocaña en el Norte de Santander. Aunque se tienen noticias de estos crímenes desde 1990, cuando el entonces embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia.
El caso de nueve civiles muertos en El Ramal, Santander, el 07 de junio de 1990, que fueron asesinados y luego vestidos como guerrilleros, es uno de los primeros registros que se tiene de estas ejecuciones extrajudiciales. La historia trascendió pues cuando a la escena llegó un juez militar este se dio cuenta que en los uniformes no había agujeros de bala y que por ello la ropa no coincidía con las heridas en los cuerpos de las víctimas. (Michael Evans, Revista Semana, 07 enero 2009)
El fenómeno denominado por el Archivo de Seguridad Nacional de Washington como “el síndrome de conteo de bajas”, ha cobrado miles de víctimas y a pesar de las pruebas, el gobierno no ha aceptado su responsabilidad total.
48 Mauricio González
(Octubre 8 de 2008)
“Militares de la Brigada VI del Ejército ejecutaron a Mauricio y detuvieron arbitrariamente a Deivy, a Ricardo y a Wiston. Fueron presentados como guerrilleros del frente Cajamarca de las Farc”.
Ferley Augusto Linares Granados y Julia Esther Jerónimo Sánchez (Octubre 13 de 2008)
“Asesinados en zona rural de Fortul cuando se transportaban en una motocicleta”.
Marco Tulio Peñalosa (Octubre 16 de 2008)
“Militares del Batallón Contraguerrilla 65, de la Brigada XVI, ejecutaron al campesino Marco Tulio en la vereda Sizaraque, lo sacaron de su casa frente a tres testigos y simularon un combate”.
Jeferson Estiven Bastidas (Octubre 25 de 2008)
49 Arnobis Negrete Villadiego
(Diciembre 26 de 2008)
“Tropas del Batallón de Infantería 31 Rifles de la Brigada XI del Ejército Nacional ejecutaron a Arnobis, a quien posteriormente presentaron como integrante de una banda criminal de alias ‘Don Mario’ muerta en combate. Tenía 18 años, estudiaba séptimo grado de bachillerato en la jornada nocturna de la institución educativa Cristóbal Colón de Montería”.
María Concepción Rico (Enero 7 de 2009)
“Herida en su casa en un combate entre el Ejército y la guerrilla. Fue trasladada a Villavicencio donde murió. Los soldados trataron a los civiles de ser guerrilleros”.
Luis Arbey Díaz Rubieno (Marzo 14 de 2.009)}
“Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Tapir, de La Macarena (Meta), asesinado por un soldado de la Brigada Móvil Nº 1, bajo al mando del teniente Londoño”.
