PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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“EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”

Administración Municipal 2012 - 2015

Carrera 4ª.Calle3ª Esquina. Tels: (098) 4310609/812/850/857/894/895 Fax. Ext. 102 Página Web: www.eldoncello-caquetá.gov.co E-mail: alcaldía@eldoncello-caquetá.gov.co

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

CAQUETÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

“EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”

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Administración Municipal 2012 - 2015

Carrera 4ª.Calle3ª Esquina. Tels: (098) 4310609/812/850/857/894/895 Fax. Ext. 102 Página Web: www.eldoncello-caquetá.gov.co E-mail: alcaldía@eldoncello-caquetá.gov.co

DECRETO N° 017

(24 de abril de 2013)

POR EL CUAL SE IMPLEMENTA Y ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2013 DEL MUNICIPIO

DE EL DONCELLO CAQUETÁ

EL ALCALDE MUNICIPAL DE EL DONCELLO CAQUETÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y en especial la Ley 136 DE 1994, ley 1474 de 2011 en su artículo 73°, y

CONSIDERANDO

Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan la obligatoriedad de las entidades públicas para diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control, de conformidad con lo que disponga la Ley.

Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 estableció que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Que el parágrafo transitorio del artículo 7 del Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 “ otorgo un plazo máximo para la elaboración u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.

Que para dar cumplimiento al requerimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el Municipio de El Doncello debe adoptar el manual de Anticorrupción.

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DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Adoptar y aprobar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2013 del municipio de El Doncello Caquetá, el cual forma parte integra del presente Acto Administrativo.

PARÁGRAFO: El Plan aprobado en este artículo estará integrado por los siguientes componentes: 1) Metodología para la identificación de riegos de corrupción y acciones para su manejo. 2) Mapa de riesgos de corrupción. 3) Estrategia Antitrámite. 4) Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano.

ARTICULO SEGUNDO: Para elcabal cumplimiento y desarrollo del Plan, cada uno los servidores públicos adscritos a la administración central del municipio de El Doncello Caquetá, son responsables de las acciones para el cumplimiento de los indicadores.

ARTICULO 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones de menor o igual jerarquía que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en El Doncello Caquetá a los veinticuatro días (24) del mes de abril del 2013.

FERNANDO TRONCOSO CASAÑAS

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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ... 5

FUNDAMENTO LEGAL ... 6

ELEMENTOS INSTITUCIONALES ... 7

Misión ... 7

Visión ... 7

COMPONENTES DEL PLAN... 8

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO ... 8

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ... 8

PRINCIPALES INQUIETUDES Y FALTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL ... 11

ERRORES O VACIOS EN CUALQUIER FASE DE LA CONTRATACIÓN ... 28

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO ... 32

PRINCIPALES PREGUNTAS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO ... 36

CIEN (100) DE LAS CONDUCTAS IRREGULARES MAS FRECUENTES EN GESTIÓN TERRITORIAL 52 RESPONSABILIDAD DE LOS DISTINTOS ACTORES EN RELACIÓN CON EL SISBEN ... 59

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ... 61

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES ... 63

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PRESENTACIÓN

El Municipio de El Doncello (Caquetá) está comprometido con la construcción de unas condiciones propicias que generen bienestar para todos sus ciudadanos. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Acuerdos para la Prosperidad” un Estado que se esfuerce porque los recursos lleguen a los ciudadanos. Un Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia.

Lo anterior se traduce en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e intervenir en la administración pública, ya que la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos.

De igual manera, el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano pretende convertirse en una herramienta de apoyo a la gestión institucional, y en él se recogen las causas y las medidas que se deben tener en cuenta para lograr una lucha decidida en contra de los fenómenos de corrupción.

En tal sentido, la estructura del Plan se ha concebido en los grandes procesos que se adelantan en la administración central del municipio de El Doncello (Caquetá), en el cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales.

La consulta permanente de la información contenida en el presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano podrá ayudar a los servidores públicos a la solución de problemas o inquietudes, puesto que en gran parte la deficiencia en la correcta aplicación de los preceptos constitucionales y legales, obedece al desconocimiento del ordenamiento jurídico y a la impericia de los administradores públicos.

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FUNDAMENTO LEGAL

El Municipio de El Doncello (Caquetá), implementa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo al entramado del marco jurídico legal y Constitucional que a continuación se determina:

 Constitución Política de Colombia

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).

 Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).

 Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).

 Decreto 2232 de 1995: Artículos 7º, 8º y 9º (Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995).

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).

 Ley 599 de 2000 (Código Penal).

 Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).

 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8 (Acción de Repetición).

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).

 Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

 Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

 Decreto 4326 de 2011 (Divulgación Programas de la Entidad).

 Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005).

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).

 Decreto 4637 de 2011 (Crea en el DAPR la Secretaría de Transparencia).

 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.

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ELEMENTOS INSTITUCIONALES

Misión

Nuestra Misión es generar un cambio profundo en la manera de vivir de los ciudadanos, devolviendo la confianza a todos los doncellences en su capacidad para construir un futuro mejor y dinamizar el progreso social, cultural y económico. Se trata de proyectar y hacer viable al Municipio para enfrentar los retos y aprovechar las posibilidades que ofrece la región, trabajando con miras a mejorar significativamente la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones

Visión

Retroalimentar el proceso de planificación municipal, participativo y concertado, que permita orientar la acción del estado hacia la búsqueda de mejores condiciones de vida de la población presente sin sacrificar las posibilidades de bienestar de las próximas generaciones, como requisito indispensable para la atención de las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad local y el fomento del sector productivo y comercial con un carácter sostenible.

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COMPONENTES DEL PLAN

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los conforma los siguientes: metodología para la identificación de riegos de corrupción y acciones para su manejo, mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Contratación Estatal es sin duda una de las actividades más complejas dentro del ejercicio de la función pública. Por medio de ella el municipio cumple los fines que le imponen la Constitución Política y las leyes, bajo la concepción de la búsqueda del interés general y del favorecimiento de la población más vulnerable.

En tal sentido, este plan replica en cada una de las etapas del proceso contractual, precontractual, ejecución y de liquidación, recogiendo en cada una de ellas, las principales causas de responsabilidad del municipio y las medidas de prevención del daño.

ETAPA PRECONTRACTUAL

En esta etapa se engloban los trámites relativos al proceso de selección objetiva del contratista.

Planeación

La concepción del contrato se inicia con el proceso de planeación del negocio contractual. De la lectura de las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en el Estatuto Orgánico del presupuesto, y de los documentos Conpes relacionados con asuntos contractuales,resulta que la Administración Pública podrá celebrar solo en la medida en que se verifique con certeza que:

 Los contratos por celebrar se ajustan a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene encomendado;

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 Cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) en que debe ser ejecutado;

 Conoce los riesgos que implica para las partes la ejecución del objeto contractual y ha asignado en la minuta respectiva, por cuenta de la cual de estas corren;

 Ha obtenido los bienes (predios, equipos, edificaciones), permisos y licencias que demande la iniciación o ejecución del contrato, o ha dado inicio al trámite para su obtención oportuna de acuerdo con el cronograma de ejecución contractual y,

 Tiene definido el esquema que implementara para hacerle seguimiento y control a la actividad del contratista.

En ese sentido, debe advertirse que las omisiones o errores que cometan las entidades públicas en esta etapa se verán reflejadas en el desarrollo del proceso de selección o durante la ejecución del contrato, en hechos tales como la declaratoria desierta de la licitación, la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, la necesidad de ajustar el contrato a la realidad del bien, servicio u obra contratada, el reconocimiento de los mayores costos en los eventos en que haya lugar y, en el más extremo de los casos, el rompimiento del equilibrio económico.

En tal sentido, se bebe prestar especial la atención sobre las fallas que se han identificado en la gestión contractual del Municipio, que corresponden a situaciones en las que errores en la etapa de concepción del contrato resultan en una condena al Municipio, así:

1. Se trata de una causa que relaciona los daños antijurídicos que surgen durante la etapa de definición de los requerimientos de una contratación, específicamente en los que se refiere a la identificación de la necesidad del contrato por la entidad, los recursos presupuestales disponibles para su financiación, su ajuste al plan de necesidades y al plan de compras de la entidad, así como la elaboración y alcance de los estudios y diseños previos (técnicos, económicos y jurídicos) que se requieren para la contratación en el particular.

Se pueden citar como principales evidencias de esta causa, las siguientes:

(i) Errores cometidos por la entidad en el momento de definir la naturaleza jurídica del contrato que se propone celebrar, así como el procedimiento de selección que se aplicara.

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oportunismo de los proponentes para reclamar por sobre costos (revisión de precios) originados en el retardo, o para sustraerse al carácter vinculante de su oferta.

(iii) Realización de obras o servicios no previstos en el contrato o de mayores cantidades de obras, bienes o servicios, que son consecuencia de la precariedad de los estudios previos pero que ordinariamente se presentan en la ejecución del contrato.

Medidas para la prevención del daño

Con el objeto de precaver los conflictos derivados de errores en la planeación, se recomienda:

1. En la relación con el incumplimiento de los plazos previstos en el cronograma del proceso de selección incluido en el pliego de condiciones, se recomienda que al señalar los plazos, la entidad no se comprometa con fechas especificas que no consultan las contingencias que puedan ocurrir en desarrollo del proceso de selección y, en consecuencia, establezca la posibilidad de prorrogar los plazos inicialmente previstos en forma motivada y consultando los parámetros establecidos en el Estatuto General de Contratación.

Por otra parte y con el fin de tener certeza sobre el alcance de la responsabilidad de la entidad en cada uno de los contratos, en especial en aquellos que revistan cierta complejidad, se recomienda que los estudios previos incluyan la obligación de hacer un buen análisis de los riesgos involucrados en la contratación, junto con las consecuencias patrimoniales de los mismos, a efecto de que el contrato se haga una asignación de estos a cada una de las partes, teniendo en cuenta las características particulares del contrato y las condiciones del mercado en el momento de la contratación, para lo cual deberá:

 Establecer cuál de las partes (entidad-contratista) tiene mejor capacidad de gestión, mayor disponibilidad de información y mejor conocimiento y experiencia para evaluar más objetiva y acertadamente el riesgo de que se trate.

 Evaluar que parte está en mejor posición para monitorear, controlar y asumir cada uno de los riesgos.

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Incluir dentro del objeto del contrato obligación o responsabilidad del contratista, además de la ejecución o entrega de la obra, bien o servicio, la elaboración del diseño de detalle o del estudio de factibilidad, advirtiendo además que una vez presentados esos estudios y diseños al interventor, sin perjuicio de que (i) sean los mismos que la entidad puso a disposición de los proponentes, (ii) el contratista los adapte y/o modifique, (iii) sean propios (iv) resulten de una combinación de cualquiera de los anteriores, “se entenderá que los diseños son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el concesionario o contratista”.

En tal sentido será necesario que la entidad, al momento de contratar los estudios previos defina con el mayor grado de especificidad su alcance, de forma que tenga certeza sobre si estos corresponden a la prefactibilidad (diseño conceptual) o incluyen la factibilidad (diseño de detalle) de la actividad por contratar.

Finalmente, se recomienda que la entidad tenga mayor cuidado al establecer el procedimiento de selección que será utilizado en atención a la naturaleza jurídica del contrato que se pretende celebrar, para lo cual se recomienda el establecimiento de la obligación de revisar y dar el aval correspondiente al proceso seleccionado por parte de la oficina jurídica de la entidad.

PRINCIPALES INQUIETUDES Y FALTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL

¿Qué se entiende por contratos estatales?

Se entiende por contrato estatal cada uno de los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades públicas con capacidad para contratar, previstos en el derecho público o privado, típicos o anticipos y los derivados, en general, del ejercicio de la autonomía de voluntad.

¿Cuáles son las características generales del Estatuto de Contratación Administrativa?

 Estatuto de Principios: constituyen un cuerpo normativo de principios y de reglas generales que deben regir la contratación de las entidades estatales en todos los órdenes y niveles de la administración.

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 Unificación de la categoría de los contratos de la administración pública: consiste en una sola clasificación de los contratos de la administración pública denominándolos contratos estatales.

a) Contrato de Obra: los celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

b) Contrato de Consultoría: son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnostico, perfectibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

c) Son también contratos de consultoría los que tiene por objeto la interventoria, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

d) Ninguna orden de interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcar dentro de los términos del respectivo contrato.

e) Contrato de Prestación de Servicios: son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable.

Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar el formato único de hoja de vida que contiene:

Formación académica. Experiencia laboral

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En caso de personas jurídicas, el correspondiente certificado que acredite representación legal, y los demás datos que se solicite en el formato único.

f) Contrato de Concesión: son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización, o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción o conservación total o parcial, de una obra o bien destinadas al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única

g) o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.

h) Encargados Fiduciarios y Fiducia Publica: las estatales solo podrán celebrar contratos de fiducia pública, cuando así lo autorice la ley, la asamblea departamental o el concejo municipal, según el caso.

Los encargados Fiduciarios que celebren las Entidades Estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio de que los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivados de contratos estatales podrán ser entregados en administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios y ventajas financieras y el pago oportuno de lo adeudado.

Los encargados fiduciarios y los contratos de fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio de que los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivados de contratos estatales podrán ser entregados en administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios y ventajas financieras y el pago oportuno de lo adeudado.

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la fiducia pública ni pactar su remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que se encuentren presupuestados.

Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública o encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normar previstas en el estatuto de contratación, así como las disposiciones, fiscales, presupuestales, de interventoria y de control a las cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente.

 Universalidad del estatuto: significa que el estatuto es aplicable a todas las entidades estatales.

 Supresión de trámites y requisitos: significa que se suprime trámites, requisitos y autorizaciones que entraban la gestión de las autoridades e impiden la ejecución adecuada y oportuna del objeto contractual.

¿Cuáles son los fines de la contratación estatal?

Son el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e interese de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte tendrán en cuenta a celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el estado, colaborar con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implican obligaciones.

¿Quiénes son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales?

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la constitución y las leyes;

b) Quienes participaron en la licitaciones o concursos o celebres los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados;

c) Quienes dieron lugar a la declaración de caducidad;

d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución.;

e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.

f) Los servidores públicos;

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afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso;

h) Las sociedades distintas de la anónimas abiertas, en la cuales el representante legal o cual quiera de los socios tengan parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado una propuesta para una misma licitación o concurso;

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que ella formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva;

j) Quienes fueron miembro de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad contratando. Esta incompatibilidad son comprenden a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivos, asesor o ejecutivo y se extiende por el termo de un año, contado a partir de la fecha de retiro. k) Las personas que tengan vinculo de parentesco, hasta el segundo grado de

consanguinidad segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o con los miembro de la junta o consejo directivo o con las persona que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante;

l) El conyugue compañero o compañera permanente del servidos publico en los niveles directivos, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal;

m)Las corporaciones, asociaciones, fundaciones, y las sociedades anónimas que no sean abiertas así como las sociedades ilimitadas y las demás sociedades de personas en las que el servidos publico en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el conyugue compañero o compañera permanente o las parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo;

n) El miembro de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad solo se predica respecto a la entidad a la cual presta sus servicios y las del sector administrativo al que el mismo este adscrito o vinculado.

¿De quién es la competencia para celebrar contratos?

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¿En qué consiste la modificación y terminación unilateral de los contratos?

Modificación unilateral: si durante la ejecución de contrato y para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado lo modificara mediante la supresión o adición de obrar trabajos, suministro o servicios.

Si las modificaciones alterar el valor de contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenara la liquidación del contrato y la entidad adoptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.

Terminación unilateral: la entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:

 Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o las situaciones del orden público lo impongan.

 Por muerte o incapacidad física permanente del contratita, si es persona natural o por disolución de la persona jurídica al contratista.

 Por interdicción judicial o declaración de quiera del contratista.

 Por cesación de pagos concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave en cumplimiento del contrato

¿Qué es la caducidad de los contratos?

La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre.

¿Qué es el registro de proponentes?

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas.

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directo de actividades científicas o tecnológicas, contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son los principios de contratación estatal?

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollo con arreglo a los principios de transparencia, económica y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, igualmente, se aplicaran las mismas normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

A. Principio de transparencia, en virtud de este principio:

1. La escogencia del contratista se efectuara siempre a través de la licitación, que será la regla general o por selección abreviada, concurso de meritos o contratación directa.

2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerá etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.

3. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitaciones ejercicio del derecho de audiencia pública.

4. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interese legitimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia:

 Se indicaran los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección.

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 Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

 No se incluirán condiciones y exigencias de imposibles cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos informes y documentos que se suministren.

 Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.

 Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.

 Serán ineficientes de plano derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral o dispongan renuncias a reclamaciones por ocurrencia de los hechos aquí enunciados.

6. En los avisos de publicación que se expidan en la actividad contractual o con pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato.

7. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivaran en forma detallada y precisa e igualmente lo será los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaración de desierto el proceso de escogencia.

8. Las autoridades no actuaran con deviación o abuso de poder y ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.

9. Igualmente, les será prohibido eludir los procesos de selección objeticos y los demás requisitos previstos en el Estatuó de Contratación.

10. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o anuncie la celebración o ejecución de contratos por parte de las entidades estatales no podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún servidor público.

B. Principio de economía, en virtud de este principio:

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cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalara términos preclusión y perentorios para la diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficiosos a las actuaciones.

 Las normas de los procedimientos contractuales se interpretaran de tal manera que no den ocasión a seguir tramites distinto y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancias de requisitos para no decidir o preferir providencias inhibitorias.

 Se tendrá en consideraciones que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales a la adecuada, continúa y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados.

 Los tramites se adelantaran con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.

 Se adoptaran procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten.

 Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciaran procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respetivas partidas o disponibilidades presupuestales.

 La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartirán con antelación al inicio del proceso del selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.

 El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o requisitos, diferentes de los previstos en el Estatuto de Contratación.

 En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento.

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 Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación.

 Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones o términos d referencia.

 Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios.

 Las entidades incluirá en sus presupuestos anuales una apropiada global destinada a cubrir los contos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iníciales de los contratos por ellas celebrados.

 Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducción oficial, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.

 La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de prepuestas, no servirán de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

 En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidades estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo, pero el funcionario o funcionarios competentes para dar repuestas serán responsable en los términos de esta ley.

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contratista, procede a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán con la mayor brevedad explicando por escrito los motivos en que se fundamente tal determinación.

 La declaración de desiertas de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarara en acto administrativo en el que se señalara en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.

 El contratista presentara garantía única que evaluara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustara a los limites, existentes y extensión del riesgo amparado, igualmente, los proponentes presentaran garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

 Las garantías consistirán en pólizas vigente hasta la liquidación del contrato garantizando y la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

 Los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de contratos estatales podrán ser estregados en administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios y ventajas y el pago oportuno de lo adeudado.

C. Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

 Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

 Los servidores públicos responderán a sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizarse los daños que se causen por razón de ellas.

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 Las actuaciones de los servidores púbicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta a la ética y a la justicia.

 La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladar a las juntas o popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigencia de la misma.

 Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

 Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.

 Los contratistas responderán y la entidad velara por la buena calidad del objeto contratado.

¿Qué otros aspectos deben tenerse en cuenta en el contrato estatal?

 Forma: deben constar por escrito, salvo aquellos que impliquen mutación del dominio público o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en generales aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con la formalidad de escritura pública. No habrá lugar a la celebración de contrato con las formalidades plenas cuando se trate de los contratos cuyas cuantías están relacionadas en el artículo 39 (De acuerdo con el presupuesto de cada entidad) del Estatuto de Contratación. En casos, las obras, trabajos, bienes o servio9s objeto del contrato, deben ser ordenados previamente y por el jefe o representante legal de la entidad, o por el funcionario en quien hubieses delegado la ordenación del gasto.

 Anticipos; hasta el 50% del valor del respectivo contrato.

 Adiciones: los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial.

 Perfeccionamiento: los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito.

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representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio.

¿Cuáles son las responsabilidades de las entidades estatales y los servidores públicos en el proceso de contratación?

 Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicas que le sean imputable y que causen perjuicios a sus contratistas, en tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista.

 El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos.

¿Cuáles son las responsabilidades de los contratistas, consultores, interventores y asesores?

 Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.

 Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes.

 Los consultores, interventores y asesores externo preponderan civil y penalmente tanto en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoria o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueres imputables y que causen daño o perjuicios a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercicio o ejerzan las funciones de consultoría.

¿En qué consiste la liquidación de los contratos?

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuaran dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo disponga.

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En el acta de liquidación contaran los acuerdo, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o aplicación, si es el caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicios suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, pata avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

¿Qué controles se pueden ejercer a los contratos?

 Intervención del Ministerio Publico. La procuraduría y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de cualquier persona adelantaran las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.

 De la participación de la fiscalía. La fiscalía General de Nación, de oficio o por denuncia, investigaran las conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusara a los presuntos infractores ante los jueces competentes. La fiscalía General de la Nación creara unidades especializadas para la investigación y acusación de los hechos punibles que se cometan con ocasión de las actividades contractuales.

 De la intervención de la autoridades que ejercen control fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente, se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que estos se ajustaron a las disposiciones legales. Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, de gastos y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

 De la participación comunitaria. Todos contrato que celebran las entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.

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En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de la administración publica, Ley 80 de 1993, las normas que rigen los procedimientos y actuación en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de estas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Los actos administrativos que se produzcan con un motivo u ocasión de la actividad contractual solo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual de acuerdo con las reglas del código Contencioso Administrativo.

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas de Código Contencioso Administrativo.

Para el ejercicio de las acciones contra los actos administrativos de la actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina.

¿La Contraloría de los diferentes órdenes ejerce control fiscal sobre el número de contratos celebrados por un contratista en consideración a su capacidad táctica, operativa y financiera?

El control de este organismo fiscalizador en materia contractual, en principio lo ejerce sobre la entidad estatal y no sobre el contratista, y lo debe realizar en los términos indicados en el artículo 65 de la Lay 80 de 1993.

La misma entidad para celebrar contratos, debe estudias a su posible contratista en aspectos en los términos como capacidad técnica, operativa y financiera.

Lo anterior no es obstáculo para que la Contraloría al realizar el control que le ha sido asignado tenga en cuenta los aspectos antes mencionados, para determinar si la administración ha obrado con eficiencia economía, équida y valoración de costos ambientales y de acuerdo con los principio de la contratación estatal y llegado el caso, de poder vincular a un proceso de responsabilidad fiscal a contratista causantes de perjuicios contra los intereses patrimoniales del Estado.

¿El estatuto de contratación prohíbe tácitamente fraccionar contratos?

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¿Cuáles son los objetivos del sistema de control interno y como operaria frente a los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad?

Dentro del marco teórico señalado por la Constitución Nacional a las autoridades administrativas tenemos lo siguiente: Dentro de los objetivos que persigue el sistema de control interno se enumeran los siguientes:

a) Salvaguardar el patrimonio de la entidad mediantes una adecuada administración en la medida en que se establezcan los referidos controles;

b) Facilitar la toma de decisiones basándose en las informaciones financieras y administrativas suministradas oportuna y correctamente;

c) Permitir evaluar la eficiente administrativa en cuanto al logro de metas de acuerdo con su programación;

d) Asegurar que los funcionarios se adhieran a las políticas prescritas por la administración.

Así entonces, aspectos antes regulados por el organismo fiscalizado, como sería el caso de la Resolución N° 04 de 1960 que contemplan el procedimiento para la baja de bienes, fueron dejados al manejo de las administraciones a través del diseño de sus propios controles asumiendo la responsabilidad de sus operaciones y del adecuamiento de sus objetivos, encontrándose dentro de estos el correspondiente al de sus bienes. (Concepto N° 624 de abril de 1994).

¿Qué diferencia existe entre contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios?

La gran diferencia entre contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios es la subordinación que existe en el primero y la independencia en el segundo.

El hecho de pactarse en el contrato de prestación de servicios, que el contratista deberá desarrollar determinado trabajo de acuerdo con el objeto estipulado en la propuesta presentada, no constituye más que un sometimiento de orden estrictamente objetivo, que no puede confundirse con la subordinación personal subjetiva, que caracteriza la relación laboral (contrato de trabajo).

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¿Cuál es el alcance, oportunidad y termino de aplicación del artículo lo 84 de la Ley 42 de 1993?

El artículo 84 de la Ley 42 de 1993 indica que la Contraloría General de la República, publicara boletines que contengan una relación de personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal. La norma anterior otorgo facultad a esta Contraloría para reglamentar el modo y el lapso dentro del cual las entidades territoriales deben enviar informe de las personas que van a quedar incluidas en el boletín. En el boletín estarán relacionadas únicamente las personas contra quienes se haya producido fallo con responsabilidad fiscal y que este se encuentre ejecutoriado, de manera que si se paga antes del fallo, deberá producirse una providencia distinta del fallo con responsabilidad y no podrá solicitarse la inclusión de esa persona en el boletín. (Concepto N° 2628 de diciembre de 1993)

¿Qué procedimiento debe seguir la entidad administrativa frente a órgano de control fiscal, cuando conoce extemporáneamente de la pérdida de sus bienes?

Si un funcionario no informa en el termino oportuno la pérdida de un bien y la administración se entera, debe hacerlo conocer a la Contraloría General de la República por conducto de la Dirección de Investigaciones y juicios Fiscales o de las unidades o divisiones de investigaciones, con el fin de iniciar las diligencias preliminares y determinar si existe merito para abrir formalmente investigación o en caso contrario ordenar su archivo y/o traslado a la autoridad competente, cuando a ello hubiere lugar.

¿En las entidades y organismos del Estado los bienes adquiridos mediante órdenes de trabajo o pedido deben ingresar al almacén?

Dentro de los objetivos del sistema de control interno se encuentra el de proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ente posibles riesgos que los afectan. Mientras estuvo vigente la Resolución N° 04 de 1960, opinamos que los elementos devolutivos o de consumo, debía ingresar al almacén, así fuere en algunos casos de manera simbólica, atendiendo la necesidad del servicio a través de los comprobantes de ingresos y su asiento en la contabilidad de la entidad, pues si bien es cierto que la administración del Estado se fundamenta en la eficiencia la economía y la valoración de los costos ambientales, al adquirir una entidad bienes se está afectando su presupuesto conformado por dineros públicos, de cuyos manejo tendrá que rendir cuenta.

Por lo tanto, todos los bienes adquiridos deben figurara en los respectivos registros de almacén. (Concepto N° 2841 de diciembre de 1993).

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Los documentos pueden ser aportados en original o en copias y estas últimas podrán consistir en trascripciones o reproducciones mecánicas de documentos, concediéndoles el mismo valor probatorio del original en los casos previstos en nuestra legislación.

Los telegramas, télex, fax, etc., tienen el carácter de documentos conforme lo dispone el artículo 3° del Decreto-ley N° 2279 del 7 de octubre de 1989, justamente porque son medios mecánicos y tecnológicos que contribuyen a la transmisión del pensamiento. (Concepto N° 1668 de agosto de 1993).

ERRORES O VACIOS EN CUALQUIER FASE DE LA CONTRATACIÓN

Dificultades asociadas al recurso humano:

No hay selección de personal idóneo para manejar el proceso de contratación, el personal es insuficiente para el cumplimiento de las funciones que exige el proceso de contratación.

 Ausencia de mecanismos de rendición de cuenta a los ciudadanos: i) No se hacen audiencias públicas de rendición de cuentas;

ii) No se convoca de forma directa a las veedurías interesadas en los procesos de contratación;

iii) No se sensibiliza a la comunidad beneficiaria de los proyectos sobre la importancia del seguimiento a las obras;

iv) La alcaldía no capacita ni hace promoción al control social.

 Ausencia o deficiencia de mecanismos de atención a quejas y reclamos:

i) No se cuenta con canales que permitan tramitar de manera oportuna y eficiente las quejas, denuncias o irregularidades identificadas y reportadas por los interesados durante el proceso de selección;

ii) No existe claridad en la entidad sobre la instancia encargada de tramitar las denuncias especificas sobre irregularidades en contratación;

iii) No está establecida una misma y única autoridad que al interior de cada entidad sea la encargada de detener los procesos de contratación que presentan irregularidades, así mismo no es posible determinar si las protestas o quejas en materia contractual son revisadas directamente por la autoridad encargada de detener los procesos cuando las circunstancias lo ameriten;

iv) Las irregularidades no son notificadas de forma oportuna a los organismos de control.

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 Deficiencias de sistemas de control interno al interior de los municipios para supervisar la actividad contractual.

 Desconocimiento por parte de los funcionarios y de los contratistas de las obligaciones jurídicas derivadas del contrato, y de las fallas disciplinarias y contenidos en la normatividad nacional.

 Las sanciones o inhabilidades derivadas de la gestión contractual no son reportadas a la Procuraduría General de la Nación para su inscripción en el Sistema de información de Registro de Sanciones y Causas de inhabilidades – SIRI.

 Los contratos por celebrar no responden a las necesidades del municipio y/o no siguen las líneas programáticas del plan de desarrollo municipal.

 El municipio y/o la alcaldía no cuentan con recursos suficientes para asumir los compromisos que se derivan del contrato a celebrar.

 No existen los planes de inversión y/o de compra, o son incompletos o reservados.

 No existe certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para la celebración del contrato.

 No existe claridad sobre la naturaleza del contrato, o sobre la modalidad de selección a utilizar.

 Se eluden los procedimientos públicos de selección y/o se remplazan de manera irregular modalidades directas de escogencia de contratistas, tales como:

Contratación de urgencia manifiesta Contratos interadministrativos

 Inadecuada escogencia de la modalidad de selección.

 Los procedimientos no son claros, o son más complejos de lo requerido.

 Se omite el análisis de los riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato, o se hace un análisis deficiente o incompleto de dichos riesgos.

 No se determinan correctamente las garantías a cargo del contratista.

 No publicación, o publicación tardía del plan de compras en el portal Único de Contratación Estatal.

 No se designa oportunamente a los responsables del proceso de la gestión contractual.

 Los estudios de necesidades y la justificación del proceso son inadecuados o insuficientes.

 La elaboración de los estudios está a cargo de un equipo o persona sin los conocimientos técnicos suficientes.

 Falta de los estudios previos requeridos, tales como: estudios ambientales, de factibilidad, o de pertinencia, lo que afecta una optima toma de decisiones sobre la pertinencia a las especificaciones de una contratación. O los estudios previos no incluyen el diseño de detalle de la actividad a contratar (factibilidad).

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 Los estudios de mercado no son realizados tomando fuentes de referencia no confiables, no existe procedimientos para solicitar cotizaciones cuando no se cuenta con registro de proveedores. Los precios pueden ser “inflados”, y son los futuros oferentes los que cotizan los precios mínimos.

 Los análisis financieros son incompletos, se corre el riesgo de no identificar precios artificialmente bajos o muy altos. Las cotizaciones pueden llegar a ser ficticias, elaboradas únicamente para cumplir requisitos lo que genera sobrecostos y corrupción.

 Falta de publicidad de los planes de compra de los municipios, como herramienta que permita a los proveedores o interesados conocer anticipadamente las necesidades del municipio y preparar su participación en los procesos contractuales.

 Aprobación de proyectos y decisión de contratación sin autorización del concejo municipal.

 No se cuenta con un plan de gestión contractual, que se considera y recomienda como una herramienta necesaria para la organización de la contratación y de la ejecución de los recursos del municipio.

 Los pliegos de condiciones son elaborados de forma incompleta, deficiente, confusa o ambigua.

 Definición de plazos o de la forma de ejecución de un contrato que solo un proponente puede cumplir.

 Modificación de los pliegos de condiciones sin la suficiente publicidad o sin incorporar dichas modificaciones al pliego original.

 Inadecuada e insuficiente definición de los riesgos del contrato y de los amparos correspondientes.

 La entidad carece de reglas y procedimientos para la recepción, registro y guarda de ofertas.

 Utilización de la contratación con fines electorales: i) los contratos se asignan para presionar favores políticos. ii) los contratos se direccionan para favorecer a los financiadores de las campañas políticas.

 Tráfico de influencias, sobornos o presión indebida por parte de agentes externos, tanto tangibles como ilegales, para inducir decisiones de adquisición y/o para obtener direccionamiento de contratos.

 Omisión de las exigencias normativas en materia de publicidad de cualquiera de los documentos pre-contractuales, contractuales y post-contractuales.

 Publicación de información de manera inoportuna, insuficiente o poco clara para consulta de la ciudadanía.

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