I. PANORAMA
Derechos humanos
A pesar de avances, la situación de derechos humanos en Colombia no mejora. El 10 de enero de 2012, Amnistía Internacional, presentó al Consejo de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos su informe de seguimiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el que afirma que aunque existen un mejoramiento en la relación del gobierno con las organizaciones de sociales y derechos humanos y en la introducción de políticas que benefician a las víctimas, ha habido pocas mejoras tangibles en la situación general de los derechos humanos. La población civil sigue siendo la más afectada por las consecuencias sobre los derechos humanos del conflicto armado. Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de crímenes de acuerdo con el derecho internacional, entre los que se incluyen homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamientos forzados. Los habitantes de las zonas rurales, particularmente los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, son quienes sufren un mayor riesgo, al igual que las personas que
Resumen de noticias del
1° a 29 de enero de 2012
Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Contenido I. PANORAMA GENERAL PANORAMA GENERAL
Derechos humanos Paramilitarismo Justicia
Impunidad Exigencias
II. SITUACIÓN Y CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL SITUACIÓN Y CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO HUMANITARIO DERECHO HUMANITARIO Múltiples violaciones Asesinatos Amenazas, hostigamientos y señalamientos Robos Enfrentamientos Desplazamiento Bombardeos
viven en comunidades urbanas pobres, los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas1. Paramilitarismo Grupos paramilitares se reparte el país. El 16 de febrero de 2012, se conoció una denuncia que afirma que representantes de los grupos paramilitares conocidos como: ‘Los Paisas’ (Fernando Varón, alias “Martín Bala”), ‘Los Rastrojos’ (Henry López, alias “Mi Sangre” y Dairo Antonio Úsuga) y ‘Los Urabeños’ (Julio César Sánchez, alias “El Político”) se habrían reunido en Medellín (Antioquia) en una ‘cumbre’ para saldar cuentas y definir las zonas de su accionar. De acuerdo a la información, en dicha reunión se alcanzaron, entre otros, los siguientes acuerdos: • La “repartición” de territorios para operar: Valle, Cauca y Nariño habrían quedado bajo el dominio único de “Los Rastrojos”. “Los Urabeños” habrían recibido el control sobre Sucre, Chocó y Urabá. Antioquia, que por su gran tamaño es una región clave, sigue repartido entre ambas bandas y allí se permite la participación de un núcleo de “Los Paisas”, que luego de los golpes contra sus mandos, se han visto muy reducidos. • Los departamentos que siguen en disputa son: Magdalena, Córdoba, Guajira y Santander. Tras la muerte de alias “Cuchillo”, “Los Rastrojos” buscan consolidar su poder en Casanare y Meta, pues Arauca sigue bajo el control del Eln. Este acuerdo, en opinión de analistas, detendría los ajustes de cuentas que desde el año pasado se venían presentando entre “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”. Estos últimos, impulsados por “Martín Bala”, estaban disputando a los primeros el control de la producción y distribución de cocaína así como las líneas de microtráfico en estos departamentos2. Se vislumbra cooptación paramilitar de JAC en Medellín. El 29 de febrero de 2012, se conoció un informe de la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades), en el que denuncia que el proceso electoral de Juntas de Acción Comunal (JAC) en Medellín a celebrarse el próximo 29 de abril de 2012 se encuentra en grave riesgo. Esto debido a que las estructuras paramafiosas estarían tratando de incidir en las campañas políticas punteras y buscan consolidar su poder territorial, social, y político, a través de la elección de dignatarios a este espacio democrático. Al igual que en años anteriores, estos criminales se están preparando para incidir en las próximas elecciones de JAC, en comunas y corregimientos, para continuar con la expansión y fortalecimiento de su poder ilegal. Análisis del Centro de Investigaciones Urbanas (CIU) de CORPADES, ubicó que los objetivos de estas estructuras es el control territorial en la ciudad, incluyendo sus corredores estratégicos que les permita incidir en políticas locales para beneficio de sus intereses, y como forma de obtener recursos del presupuesto público. También aspiran a cooptar liderazgo social y comunitario3. Justicia Preocupación por que FGN no ha autorizado ejecución de Comisión Rogatoria en caso Das. El 1° de febrero de 2012, las organizaciones internacionales constituidas como parte civil en el proceso
1 Amnistía Internacional, La situación de los derechos humanos en Colombia: declaración escrita de Amnistía Internacional ante la
decimonovena sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 10 de febrero de 2012.
2 Bandas criminales se „reparten zonas del país ‟ , Vanguardia Liberal de Santander, Bucaramanga, 16 de febrero de 2012. 3 Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Alerta Temprana, Medellín, 29 de marzo de 2012.
judicial iniciado en Bélgica en el marco de las investigaciones de las acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, enviaron una carta abierta a la Fiscalía General de la Nación reiterando su preocupación por la ausencia de respuesta al pedido de la Justicia belga de autorizar la ejecución de la Comisión Rogatoria en el marco de la investigación de las presuntas actividades ilegales del DAS en Europa4. Algunas cosas que el Presidente ha olvidado en el caso del Palacio de Justicia. El 2 de febrero de 2012, los representantes de las víctimas de desaparición forzada del Palacio de Justicia ante las declaraciones del Gobierno nacional sobre “[s]u profunda preocupación de Estado, y sobre todo de Estado de Derecho, en relación con las graves implicaciones de la exhortación que se hace al Fiscal ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente presente el caso ante dicha Corte”, pues en su sentir “[t]al afirmación implica desconocer (…) el artículo 116 de la Constitución” y se “deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia”, responden que:
• Las determinaciones del Tribunal Superior de Bogotá no deslegitiman el sistema de administración de justicia. El mecanismo de investigación y juzgamiento para altos funcionarios del Estado de por si esta ya deslegitimado. En cincuenta años “[e]n ningún caso la Plenaria de la Comisión de Investigación y Acusación ha formulado acusación ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, ni la Plenaria de la Cámara de Representantes ante el Senado de la República. En la mayoría de los casos se profieren (sic) se rechazan las denuncias y quejas por ser temerarias e infundadas”. Lo que es ilegítimo, no puede ser deslegitimado.
• Es claro que la desaparición forzada de personas es un crimen de carácter permanente, el cual en el caso del Palacio de Justicia se ha ejecutado durante 26 años y tres meses. Este crimen se ha seguido cometiendo con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, por lo cual la Corte Penal Internacional (CPI) tiene plena competencia. Las preclusiones de las que se ha beneficiado el ex presidente Belisario Betancour por la Comisión de Investigación y Acusación, reflejan el accionar de un órgano politizado que nunca ha administrado justicia, sino impunidad. No le hace bien al país, que los Ministros decidan asumir la defensa de oficio, de personas vinculadas en la ejecución de crímenes contra la humanidad.
• La Corte Penal Internacional tiene carácter complementario respecto de las jurisdicciones penales nacionales, así queda establecido en el Preámbulo y en el artículo primero del Estatuto. La Corte debe valorar si el Estado ha tenido o no la voluntad política o la capacidad para investigar y juzgar a los principales responsables de crímenes de su competencia.
• El Estatuto de Roma hace parte de nuestro ordenamiento interno, integrado al artículo 93 de la Constitución. El requerimiento del Tribunal Superior de Bogotá a la CPI, lejos de ser un exabrupto como lo quieren hacer ver los patrocinadores de la impunidad, se ajusta al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho que pregona la Carta Política, para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella.
• Es preocupante las reiteradas intervenciones del Ejecutivo, frente a decisiones judiciales en el caso del Palacio de Justicia, lo cual afecta sensiblemente el Estado de Derecho y debilita
4 Federación Internacional de Derechos Humanos y otras, Carta abierta a la Fiscal General de la Nación de Colombia sobre la
la separación de las ramas del poder público.
• Así mismo preocupa las indebidas actuaciones y manifestaciones mediáticas del Procurador Ordoñez, quien el 27 de enero de 2012 descalificó la providencia del Tribunal sin haberla conocido.
• La orden de perdón emitida en la sentencia obedece a los parámetros internacionales, es de obligatorio cumplimiento, constituye parte esencial de la reparación a las víctimas y a la sociedad, y debe ser interpretada como un fortalecimiento al Estado de derecho5.
Posibles beneficios para los militares implicados en violaciones a los dh en el Marco General para la Paz. El 6 de febrero de 2012, se conoció que El Gobierno del presidente Santos estaría estudiando la posibilidad de aplicar la cesación de la pena para los miembros de las Fuerzas Militares condenados en diferentes casos, como por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985, a través del acto legislativo conocido como Marco legal para la paz, que actualmente se tramita en el Congreso. Según conoció El Espectador, el objetivo es modificar la actual redacción del proyecto que dice: “La aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, se limitará a los miembros de aquellos grupos que hayan suscrito un acuerdo de paz y a quienes se hayan desmovilizado de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del Gobierno Nacional”.
La idea ahora es que este beneficio no sea sólo para quienes “hayan suscrito un acuerdo de paz”, sino para los “actores del conflicto interno”. La tesis que manejan en la Casa de Nariño es que así podrían beneficiarse los militares y, además, llevarse a cabo desmovilizaciones masivas de las Farc sin entrar en diálogo con el secretariado. Mejor dicho, el Gobierno podría entrar a negociar de forma directa con los comandantes de los frentes guerrilleros que quieran dejar las armas.
De hecho, ya el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, —durante los debates del Marco legal para la paz en el pasado período legislativo— había dado lo que puede considerarse como las primeras señales en ese sentido. Durante el tercer debate en la Cámara de Representantes, el funcionario reconoció que, teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares sí forman parte del conflicto armado, eventualmente podrían ser cobijadas por la iniciativa. El meollo del asunto es aplicarlo con retroactividad6.
Impunidad
13 años de impunidad en el caso de Everardo Puertas y Julio Ernesto González. El 30 de enero de 2012, se cumplió 13 años del asesinato de Everardo de Jesús Puertas y Julio Ernesto González, miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Everardo y Ernesto viajaban de Medellín a Bogotá cuando su autobús fue interceptado en Doradal (Antioquia), por una mujer y dos hombres fuertemente armados que se llevaron a los dos activistas y los mataron a tiros. Han pasado 13 años de su asesinato y aún no se conoce los avances en cuanto a la investigación judicial7.
5 Abogados de las víctimas del Palacio de Justicia, Reiteradas intervenciones del Ejecutivo, afectan el Estado de Derecho.
http://www.colectivodeabogados.org/Reiteradas-intervenciones-del
6 El Espectador.com, Marco legal para la paz, la clave, Bogotá, 6 de febrero de 2012.
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-325177-marco-legal-paz-clave
7 Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 13 años de impunidad - Everardo de Jesus Puerta y Julio Ernesto
Proceso disciplinario a quienes auxiliaron a las “Falsas Víctimas” de las Pavas. El 12 de febrero de 2012, la Procuraduría ordenó abrir indagación preliminar contra servidores públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Bolívar (antes Acción Social) y del Incoder que resulten implicados y que hayan participado en conductas, al parecer irregulares, de haber entregado auxilios, ayudas o subsidios de vivienda y alojamiento a quienes se dice integraban la falsa población desplazada de la hacienda "Las Pavas". El auto es motivado por un informe de la Fiscalía en el caso de "Las Pavas", por los hechos ocurridos desde el desalojo llevado a cabo por un inspector de policía en el municipio de El Peñón, Bolívar, en julio de 2009. El Ministerio Público ha considerado que las declaraciones de quienes dijeron ser desplazados de la hacienda en mención, finalmente no lo fueron de acuerdo con las diferentes versiones de los integrantes de la comunidad, asegurando que "fueron criados, educados y conformaron sus familias en el corregimiento de Buenos Aires, donde habían asentado sus hogares", como también, la declaración del representante de 131 familias del sector, quien inicialmente denunció el desplazamiento masivo, el cual desmintió el 15 de junio de 2011 ante la notaría única de El Peñón, Bolívar, en un acto de arrepentimiento8. Un año sin saber que pasó con Sandra Viviana Cuellar. El 17 de febrero de 2012, se cumplió un año de la desaparición de la ingeniera ambiental Sandra Viviana Cuéllar Gallego, activista del ambientalismo y artista, nacida en Cali hace 26 años. En el momento en que la desaparecieron iba a cumplir con su labor como docente de la Universidad Nacional, sede Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. A un año de su desaparición (17 de febrero) no se sabe quienes fueron los autores de este crimen, y desde la Fiscalía no se ha dado mayor información sobre la investigación y sus avances. Hasta ahora queda impune el crimen9. Masacre de Segovia se cometió con ayuda de sectores de la Fuerza Pública y la empresa Frontino Gold Mines. El 20 de febrero de 2012, se conoció que en el juicio que le sigue la Corte Suprema de Justicia al excongresista y ex diputado César Pérez García por su presunta responsabilidad en la masacre de Segovia, Antioquia, ocurrida el 11 de noviembre de 1998, la Procuraduría General de la Nación aseveró que ésta se cometió con ayuda de sectores de la Fuerza Pública y la empresa Frontino Gold Mines. Ante los magistrados de la Sala Penal de este Alto Tribunal, el delegado del Ministerio Público, Jairo Salgado Quintero, dijo que en la evaluación de las pruebas la procuraduría encontró que la ejecución de este múltiple crimen, que dejó 43 personas muertes, contó con la colaboración de miembros de la Batallón Bomboná con sede en el municipio y con la cooperación de la multinacional minera, pues se comprobó que en su sede se elaboraron los panfletos que circularon en Segovia días antes de la matanza. “La multinacional fue cómplice de manera inconcebible en estos hechos”, afirmó el Procurador delegado para este juicio, en el que se trata de demostrar que Pérez García fue determinador de la masacre, perpetrada por paramilitares del Magdalena Medio. Según el agente del Ministerio Público, varios militares de los batallones Bomboná y la Brigada XIII apoyaron a los paramilitares en su cometido. Aunque muchos fueron investigados y 8 Procuraduría abre indagación preliminar a funcionarios relacionados con el caso de 'Las Pavas', Caracol.com, Bogotá, 13 de febrero de 2012.
condenados por el hecho, entre ellos el comandante del Batallón Bomboná para la fecha, coronel Alejandro Londoño Tamayo, otros aliados siguieron en la libertad10.
Exigencias
Gobierno se compromete a apoyar reclamaciones de comunidades del Bajo Atrato. El 2 de febrero de 2012, en Bogotá, tras una manifestación pacífica de un grupo de personas representantes de la comunidades afros e indígenas del Bajo Atrato, que exigían atención inmediata ante el abandono, la miseria, la violencia, exclusión y discriminación a la que vienen siendo sometidos por el Estado colombiano, Felipe Targa Rodríguez, Viceministro de Transporte, el Director de INVIAS, los alcaldes de Riosucio doctor Cecilio Moreno y de Carmen del Darién, doctor Antonio Ospina y un delegado de la Gobernación del Choco Doctor Fredy Lloreda se comprometieron a instalar y participar de la Mesa por el Atrato y apoyar las reclamaciones de las comunidades11. Víctimas se quejan de no ser escuchadas por parte del Gobierno. El 20 de febrero de 2012, el Presidente Juan Manuel Santos, estuvo en Sabana de Torres (Santander). Los campesinos víctimas del conflicto armado Interno y víctimas del despojo de tierras Intentaron ingresar al sitio donde se encontraba con la esperanza de ser escuchados y reiterar las denuncias que con anterioridad han hecho ante las autoridades respectivas sobre amenazas a dirigentes campesinos, líderes sociales, sindicalistas, miembros de ONGS, defensores(as) de derechos humanos, etc, cometidas por los distintos grupos armados: guerrillas de las Farc y paramilitares (Águilas Negras, Urabeños y Rastrojos), pero les fue impedido el ingreso por parte de los anillos de seguridad que atendían al Presidente12.
II. SITUACIÓN Y CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO HUMANITARIO Múltiples violaciones Abusos por parte del Ejército en Norte Santander. Desde hace aproximadamente 4 meses, los habitantes de varias veredas entre ellas La Motilandia y del casco urbano del municipio El Tarra (Norte de Santander), son víctimas de abusos y extralimitaciones por parte miembros del Ejército nacional en el marco de los operativos y enfrentamientos que se adelantan contra las guerrilla. A continuación reseñamos algunos casos:
• El 18 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 de la mañana en la vereda Motilandía, fue activado un campo minado que dejó como resultado un civil herido en el brazo y graves daños en la estructura de la vivienda del señor Gabriel Lemus. • El 19 de diciembre de 2011, Yesid Castor Sánchez se encontraba haciendo un reporte gráfico de lo acontecido el día anterior, cuando un grupo de militares pertenecientes a la Brigada Móvil n°. 23 lo agredieron físicamente. • El 24 de enero del 2012 en el casco urbano de El Tarra, un grupo de miembros de las fuerzas armadas encabezado por el coronel Rodolfo Ibarra Peñaloza de la Trigésima Brigada del Ejército nacional y el coronel de la Policía, Eliécer Camacho Jiménez acompañados por 10 Verdad Abierta, Fuerza Pública y una multinacional, aliados en masacre de Segovia, Bogotá, 20 de febrero de 2012. http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3874
11 Comunidades Afros e Indígenas del Bajo Atrato, Comunicado Público n°. 3, Bogotá, 3 de febrero de 2012.
integrantes de la Fiscalía realizaron allanamientos a las viviendas de seis (6) familias.
• El Ejército nacional deliberadamente y obviando el marco constitucional, legal y el Derecho Internacional Humanitario, ha levantado toda su guarnición militar dentro de los poblados, específicamente al interior de las viviendas de las familias de la vereda Motilandia. Las casas de los campesinos y habitantes de la vereda Motilandia, son actualmente trincheras de guerra, lo que ha suscitado desde el 27 de enero del 2012, el desplazamiento forzado de alrededor de 77 familias entre adultos, niñas y niños y personas de la tercera edad de esta localidad, quienes en su mayoría se han asentado en la casa de la cultura del casco urbano. • El mismo 27 de enero de 2012, de acuerdo a testimonios de la población de la vereda
Motilandia, miembros del Ejército nacional les amenazo con la presencia del grupo paramilitar los urabeños si se oponían al levantamiento de estas trincheras.
• Desde el 27 de enero del 2012, se desplazaron 160 familias de los barrios Villa Nueva del Comuneros, Pueblo Nuevo y la Calle Central en El Tarra, temerosos de la cercanía de estos sectores a las bases militares y puestos de Policía, y la difusión de un comunicado por presuntos guerrilleros de las Farc que dice: “se le advierte a la comunidad de este sector de la cabecera municipal que se retiren de las viviendas ya que se encuentran a los alrededores del puesto de policía, y no se responsabilizan por las cosas que puedan suceder”. A la fecha no se conocen de las medidas de prevención, protección e investigación por parte de las autoridades civiles, especialmente de los organismos de control13. La situación de derechos humanos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó continua siendo grave. A continuación reseñamos los últimos hechos: • Entre el 24 y el 27 de enero de 2012, en las veredas La Esperanza y El Porvenir en San José de Apartadó (Antioquia), un grupo de paramilitares hicieron presencia en el lugar. Desde allí organizaron patrullajes en los alrededores y colocaron retenes en los caminos requisando a los campesinos y diciéndoles que debían apoyarlos de lo contrario van a asesinar a los que no estén con ellos y que a esa h.p, que a la Comunidad de Paz la van a exterminar, que se van a llevar el ganado de los campesinos pues ya no les pertenece. • El 28 de enero de 2012, hacia las 11:00 de la mañana, un grupo de paramilitares hicieron disparos en la vereda El Porvenir. • El mismo 28 de enero de 2012, tropas del Ejército ingresaron a la vereda Mulatos, en San José de Apartadó profiriendo nuevas amenazas en contra de la Comunidad de Paz y anunciando su exterminio14. • El 31 de enero de 2012, en las veredas Miramar y la Cristalina durante una movilización de tropas del Ejército nacional fueron identificados cuatro personas encapuchados, y un hombre conocido con el alias de 'muele gallo', desmovilizado de la guerrilla y quién ha amenazando a los campesinos enviando mensajes que dicen que el área y la tierra debe ser desalojada para facilitar la explotación de carbón. 13 La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. Movice Capitulo Norte de Santander y La Coordinación Colombia Europa Estados UnidosNodo Nororiental, Denuncia Pública, San José de Cúcuta, 5 de febrero de 2012.
• El 2 de febrero de 2012, hacia las 11:00 de la mañana, en Mulatos miembros del Ejército destruyeron una plantación de maíz, sustento de varias familias. • El 4 de febrero de 2012, hacia las 12:15 de la tarde, en la plaza de mercado de San José de Apartadó, Jesús Emilio Tuberquia representante legal de la Comunidad de Paz fue víctima de un atentado por dos paramilitares que movilizándose en una motocicleta. De acuerdo a la denuncia, los sujetos le dispararon en varias oportunidades. Afortunadamente Jesús Emilio pudo salir ileso. Estos hechos ocurrieron a tan solo 100 metros de un control de la policía por donde pasaron los dos sujetos sin ser detenidos15. La situación de derechos humanos de las comunidades indígenas del Cauca y Valle del Cauca, cada día es más grave. A continuación los últimos hechos:
• El 12 de enero 2012, aproximadamente a las 11:20 de la mañana, en inmediaciones del corregimiento El Palo en el municipio de Caloto (Cauca), Milciades Trochez Conda de 39 años de edad, miembro activo de la Guardia Indígena, fue asesinado en momento que en compañía de otro comunero se dirigía de su resguardo a Santander de Quilichao. De acuerdo a la denuncia, Milciades y su compañero se movilizaban en un vehículo cuando, al frente de una institución educativa y a menos de 7 kilómetros de la base militar ubicada en la vía central que de Caloto conduce a Corinto, unos sujetos que se movilizaban en 2 motocicletas, se acercaron por el lado del conductor y sin mediar palabra y sin pedirle que detuviera el vehículo le propinaron los primeros tiros. Cuando Milciades malherido intentó salir del vehículo, cayó al suelo boca abajo y allí fue rematado con evidente sevicia. En total le fueron propinados 10 tiros de los cuales 8 tiros le impactan la cabeza y 2 en la espalda. • El 21 de enero 2012, en la finca Corcovado, ubicado a escasos 10 minutos de la cabecera
municipal de Santander de Quilichao (Cauca), 4 sujetos fuertemente armados, quienes se identificaron como “milicianos de las Farc”, retuvieron a los habitantes del lugar, incluyendo un bebe de 9 meses encerrándolos en una habitación mientras robaban ganado y otros enseres.
• El 27 de enero de 2012, en los resguardos indígenas de Miranda y Corinto, tres comuneros indígenas entre ellos un menor de 8 años y Edison Trochez de años de edad, resultaron gravemente heridos al quedar en el cruce de balas entre miembros del Ejército nacional y subversivos de las Farc.
• El 5 de febrero de 2012, hacia las 8:15 de la mañana, en un sector montañoso de la vereda Altamira en Florida (Valle del Cauca), un menor falleció como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal. De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió cuando un grupo de indígenas regresaba de un encuentro de 2 días en la laguna San Rafael, un sitio sagrado donde las comunidades comúnmente pescan y comparten con la madre tierra. El menor Edward Ipia Quitumbo pisó por accidente una mina. Se escuchó una fuerte explosión que arrojó fuera del camino a su hermano Elkin Ipia, de 17 años, a Juan Pablo y Belisario Ipia Medina, quienes resultaron lesionados. A Edward, la explosión le amputo sus pies y una mano al instante, 3 horas después de tan deplorable suceso, falleció16.
• El 7 de febrero de 2012, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la Institución
15 Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Atentan Contra Nuestra Comunidad, todo empeora sin que se haga nada, San José de
Apartadó, 4 de febrero de 2012.
Educativa Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló (Cauca), tres niños de 12 años de edad quedaron gravemente heridos por manipular un artefacto explosivo que encontraron en el baño de la institución. Nadie sabe cómo llegó esto a manos de los niños. Los baños de la institución educativa quedan cerrados cuando terminan la jornada de clases y se abre al otro día cuando los estudiantes salen al descanso, “los tres niños se habían encerrado en el baño y cerraron la puerta, cuando se escuchó la explosión, cuando fuimos a ver, uno que estaba herido en las piernas abrió la puerta y los otros estaban en el suelo, un niño herido dijo que habían pateado el artefacto”, declaró un profesor muy preocupado17.
• El 21 de enero de 2012, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, en Popayán (Cauca), Clodoaldo Gómez Collazos fue víctima de detención arbitraria y agresión por parte de agentes de la Policía adscritos a la Estación Sur del Comando de Policía Cauca. De acuerdo a la denuncia, Clonaldo identificó a un delincuente que unas semanas atrás le había robado algunas pertenencias. Solicitó ayuda a unos agentes de la Policía quienes hicieron caso omiso. Una cuadra más adelante en el mismo sector Clodoaldo vuelve a encontrarse con el sujeto quien en ese momento estaba en compañía de otro hombre. Por el lugar pasaba un camión turbo blanco al servicio de la Policía con aproximadamente 12 agentes. Clodoaldo, les vuelve a pedir colaboración para lograr identificar al delincuente, pero los agentes sin prestar atención se dedicaron a conversar con el delincuente. Tras unos instantes, un Policía se dirigió a Clodoaldo y le quitó un destornillador. Clodoaldo se acercó y reiteró su solicitud a lo que los Policías respondieron agrediéndolo y subiéndolo al camión. Allí, lo atacaron con puños y patadas y lo mantuvieron en el vehículo por cerca de 2 horas dándole vuelta por el barrio. Al cabo de ese tiempo, los agentes pararon el carro en un sitio inhóspito y le dijeron “gran hp, te bajas de aquí”. Allí nuevamente le propinaron una salvaje gólpiza y lo lanzaron del camión.
Luego de caminar y orientarse, Clodoaldo logró llegar hasta al CAI del barrio María Occidente para formular la respectiva queja, pero el comandante se negó a recibirla y únicamente le prestó acompañamiento hasta un sector peligroso de la ciudad donde lo dejó solo. Según el dictamen médico Clodoaldo sufrió fractura en sus costillas y laceraciones en su cuerpo al punto que los médicos le dieron 25 días de incapacidad y le mandaron 10 sesiones de fisioterapia debido a la gravedad de sus heridas. En este hecho fueron quebrados sus lentes, también perdió sus documentos de identidad y algunos elementos de su propiedad que quedaron en manos de un agente de Policía18.
La situación de derechos humanos en Itaguí (Antioquia) cada vez es más precaria. Especialmente, la de los jóvenes y niños para quienes parece no haber tregua. A continuación, reseñamos algunos casos: • El 12 de febrero de 2012, en el barrio Calatrava, un menor de edad de 11 años, fue víctima de una bala perdida durante una balacera en este sector. • El 18 de febrero de 2012, en el barrio Santa María, integrantes de la Policía lanzaron gases lacrimógenos y algunos disparos al aire en busca de dispersar a un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar luego de que se terminara un concierto en una discoteca. De acuerdo
17 Tejido de Comunicación – ACIN, Cauca: “Esto no le puede estar pasando a los niños", Jambaló, 7 de febrero de 2012.
a los testimonios, algunos jóvenes fueron agredidos por agentes de la fuerza pública y una menor de edad resultó lesionada debido al gas lacrimógeno.
• El 20 de febrero de 2012, en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas y en la Institución Juan N. Cadavid, circuló un panfleto que decía: "El pacto se rompió y empezó
otra vez la guerra"; situación que genero gran impacto en la comunidad educativa y como
consecuencia se sugirió a los padres de familia no enviar sus hijos a estudiar. Al día siguiente en diferentes medios de comunicación, autoridades apuntaron que, aunque se trataría de garantizar la seguridad en las Instituciones Educativas, lo sucedido presuntamente se trato de una broma y fueron panfletos difundidos por los mismos estudiantes.
La situación en esta zona es preocupante, ya que ahí operan grupos delincuenciales y días antes se habían venido presentando situaciones, donde la comunidad estaba en alerta por posibles enfrentamientos entre grupos del sector y, donde directa e indirectamente se involucraban las Instituciones Educativas.
• Desde el mes de octubre de 2011, a causa del invierno, el salón comunal de la iglesia de la vereda El Ajizal quedó destruido, allí cerca de 70 niños y niñas son atendidos y reciben diariamente alimentación; en este momento los menores y algunos adultos mayores tienen que ser atendidos en la sala de velación de la parroquia. Esta situación no ha sido debidamente atendida por los entes responsables y una vez más, se vulneran los derechos de esta población19.
Asesinatos
Los hechos de violencia siguen latentes en Arauca. A continuación los últimos hechos:
• El 8 de febrero de 2012, aproximadamente a las 7:00 de la noche, en el establecimiento comercial El Palacio del Helado, en la calle 28 con carrera 18, del casco urbano de Saravena (Arauca) fue asesinado con arma de fuego, ROMERO ANTONIO SÁNCHEZ VARGAS, de 43 años de edad.
• El mismo 8 de febrero, en la vereda Campo Oscuro, fue ultimada la joven LISETH KATHERINE MORALES VARGAS, de 23 años de edad. • Este mismo día, en aguas del río Arauca, en el sector del Fórum de los Libertadores, fue hallado un cuerpo de sexo masculino en avanzado estado de descomposición, que presentaba varios impactos de arma de fuego20. Asesinado Javier Murillo en Pradera. El 19 febrero de 2012, en el corregimiento del Líbano en Pradera (Valle del Cauca), fue asesinado Javier Murillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Líbano quien había recibido constantes y amenazas contra su vida, por parte de los actores ilegales sin que el Estado colombiano hiciera nada para protegerlo. El crimen cometido al parecer por la guerrilla de las Farc se suma a la tragedia que vienen padeciendo las comunidades de la zona rural pradereña como consecuencia del conflicto social y armado, que incluyen amenazas, acusaciones, detenciones, atentados y homicidios. Ocho días atrás, un ciclista aficionado fue víctima de un artefacto explosivo en la que perdió una mano, hecho que ocurrió luego de fuertes combates en el corregimiento de San Antonio y que además dejó varios miembros de la fuerza 19 Corporación Itagüí Nueva Gente, Denuncia Pública, 27 de febrero de 2012.
pública heridos. El crimen contra Javier Murillo acontece en medio de un cerco militar que acordona el sector, lo que enrarece semejante episodio en horas del día. En lo que va corrido del presente año, menos de dos meses, un episodio semanal de violencia viene empañando la tranquilidad y la convivencia rural. El balance del conflicto social y armado para la población campesina es trágico y empeora, a pesar del enorme despliegue militar en la zona.
Las comunidades rurales, campesinas e indígenas, desde el año pasado vienen reclamando insistentemente garantías de seguridad y protección a los derechos fundamentales, ante un conflicto que agudiza. Las amenazas e intimidaciones contra pobladores realizadas por la guerrilla o por la fuerza pública han sido constantes. La guerrilla amenaza a toda persona que establezca algún vínculo con los proyectos de mejoramiento de vías rurales que desarrolla el Ejército. Por su parte, el Ejército señala indiscriminadamente como milicianos a un sin número de campesinos y líderes comunitarios que no opinan a favor suyo, el resultado no es otro que la victimización de la comunidad por parte de ambos actores armados21.
Amenazas, hostigamientos y señalamientos
Ataques contra la finca la Europa. El 30 de enero de 2012, aproximadamente a las 6:30 de la tarde fue quemada una vivienda ubicada en el sector de las Peñitas de la finca la Europa en el municipio de Ovejas (Sucre). Esta vivienda había sido construida por la comunidad para dar continuidad al proceso de retorno voluntario que habían emprendido los y las campesinos y campesinas de la finca la Europa desde el 2008. La finca la Europa es un predio entregado por el gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo en 1969 mediante la escritura pública N 991 en común y proindiviso a un grupo de 113 familias. En 1994 grupos armados asesinaron a 12 campesinos y desplazaron a cerca de 80 familias. Tras varios años y cientos de denuncias, la comunidad de la Europa ha decido retornar pero en este propósito se han presentado situaciones difíciles que nuevamente atentan contra la integridad física, emocional y psicosocial de los(as) campesinos(as), tales como: • Destrucción de los ranchos que los campesinos habían construido en el proceso de retorno voluntario y defensa de su territorio, el 22 de noviembre de 2011.
• Actitud amenazante de GABRIEL VELEZ JARAMILLO, representante de la empresa Arepas Don Juancho, quien en la última reunión de seguimiento al caso de la finca la Europa realizada en Sincelejo con instituciones de Estado y del Gobierno, se dirigió a los campesinos diciéndoles que si ellos construían casas en el predio él se las destruiría22.
Amenazas contra organizaciones sociales y de derechos humanos. Durante el mes de febrero de 2012, varias organizaciones han recibido amenazas por parte de grupos paramilitares. A continuación reseñamos algunos casos:
➢ El de 1° de febrero de 2012, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, en la zona central de Barrancabermeja (Santander), a la sede de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), llegó varios panfletos en los que se amenaza a cada uno de los integrantes de esta entidad, declarándolos objetivo militar por pertenecer a la
21 Juntas Comunales, El Libano, Bolo Blanco, San Isidro, La Fria, San Antonio, El Nogal, La Feria, Comunidades Indígenas, Carta
Abierta al Presidente de la República, Valle del Cauca, 20 de febrero de 2012.
guerrilla. Dentro del panfleto, se puede leer entre otras que: ◦ Conocen todos los movimientos de los(as) integrantes de Credhos. ◦ Es una victoria el encarcelamiento de David Ravelo Crespo tildándolo de guerrillero. ◦ Conminan a María Ravelo Grimaldo (prima de David Ravelo), a abandonar la labor de ir a los barrios de Barrancabermeja a invitar a la gente a meterse en temas relacionados con los derechos humanos si no quiere ser asesinada y que le acaben con su familia, El mismo 1° de febrero de 2012, hacia las 8:15 de la noche, en la calle 9 con carrera 18 en Barrancabermeja (Santander), Anny Lizeth Vera Ravelo, hija de María Ravelo, fue interceptada por dos hombres que le entregaron un panfleto y le dijeron que le dijera a su mamá que dejara el jueguito que tiene23. ➢ El 7 de febrero de 2012, aproximadamente a las 9:15 de la mañana, enfrente de la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) en Bogotá, se ubicó una camioneta blanca, doble cabina, con vidrios polarizados y carpa negra, con Placas QBG895, tipo Chevrolet. Dentro del vehículo se notó la presencia de dos hombres: el conductor y otro, un joven quien se paró en la puerta trasera del Carulla del Parkway. Allí se le vio tomar un teléfono celular desde el cual fotografió el edificio y la fachada de la oficina. Pasado unos minutos y tras tomar las fotografías se marcharon.
Ante esta situación, desde la FNEB acudieron a la Secretaría de Movilidad del Ministerio de Tránsito y Transporte de Bogotá, donde les informaron que: a) el rango de placas del carro sí existe y aparece como expedida desde 1988 por la Secretaria Distrital de Movilidad de Barranquilla, b) como la placa no aparece registrada corresponde a un vehículo oficial, orientándome a dirigirme a las entidades oficiales. Esto resultó debido a que cuando se ingresa el número de la placa al sistema, la pantalla queda en blanco como propio y no aparece su Certificado de Libertad, característica de un vehículo oficial de información reservada o restringida24.
➢ El 21 de febrero de 2012, a las instalaciones de la Asociación Agraria de Santander (Asogras) en Bucaramanga (Santander) llegó un sobre sellado que contenía un panfleto firmado por un grupo que se autodenomina “Bloque Magdalena Medio Águilas Negras Nueva Generación” en donde declaraban objetivo militar al líder de la asociación César Tamayo y a todos los que hacen parte de la junta departamental de la misma. Esta se suma a una amenaza anterior en contra de Rosendo Duarte, el Fiscal y la Secretaria Departamental de la Asociación. El panfleto dice:
“A los hp guerrilleros disfrazados de defensores de derechos humanos, campesinos de la Asociación Asogras, líderes de la restitución de tierras, Santander y Magdalena Medio, para que desistan de representar casos de tierras en Sabana de Torres y otros municipios. Muerte a los líderes de Asogras especialmente al hp del césar Tamayo y sus compinches que ya les advertimos anteriormente que dejaran de defender guerrilleros o los matamos, pero no entienden serán asesinados a partir del momento. Invito a sus organizaciones defensoras de DD.HH a que los acompañen a sus entierros a los líderes campesinos, no se opondrán a los grandes proyectos para Santander”25. ➢ El 27 de febrero de 2012, vía correo Servientrega en las instalaciones del Colectivo de
23 CREDHOS, Denuncia Pública, Barrancabermeja, 2 de febrero de 2012.
24 Fundación Nidia Erika Bautista, Denuncia Pública enviada a la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 10 de febrero de 2012.
25 Amenazas a la Asociación Agraria de Santander (Asogras), Vanguardia Liberal de Santander, Bucaramanga, 16 de febrero de 2012.
Abogados “José Alvear Restrepo” se recibió un sobre de manila, remitido por una persona de nombre José Alfredo Jiménez, proveniente de la ciudad de Jamundí (Valle del Cauca) que contenía una amenaza en nombre de quienes se autodenominan Comandos Urbanos Los Rastrojos. En la amenaza, declaran objetivo militar a otras organizaciones e individuos, entre éstas, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Ayuda Humanitaria (Antioquia), ASODOP (Antioquia), Fundación Colombian”s Human Righs (Tolima), Asociación de Grupos Juveniles Libertad (Valle del Cauca), dos integrantes de la CUT y del sindicato Anthoc, Alexander López Maya Senador, Wilsón Borja Díaz Ex Senador, Jorge Enrique Robledo Senador.
➢ El 28 de febrero de 2012, otro panfleto, firmado por las “Águilas Negras Bloque Capital”, fue enviado por Servientrega al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. Dicha amenaza, que nombra especialmente a las mujeres defensores de derechos humanos y sus organizaciones, dice:
“Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc las cuales se openen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por lideres defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros”. Las personas nombradas incluyen “ACNUR, Casa Mujer, Ruta Pascfica, Fundhefem, Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, MOVICE, PNUDH, Afrodes, Juntos por la Vida y la Marcha Indijena”. Además de unas 15 personas más, principalmente mujeres, entre ellos Piedad Córdoba, una integrante del CCAJAR, Iván Cepeda, una integrante de la Unidad Técnica Legislativa de Iván Cepeda, y Gustavo Petro26. ➢ El 21 de febrero de 2012, al correo electrónico del MOVICENAR, FUNDEPAZ, CPDH, Diana Montilla y Martha Ceballos (secretaria técnica del MOVICENAR) organizaciones y personas integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas, Capítulo Nariño, llegó una amenaza firmada por el un grupo autodenominado ANTI RESTITUCIÓN DE NARIÑO (GAR NARIÑO) que dice que “las organizaciones que lleven a cabo actividades con
contenido ideológico y político enfocadas en temas de restitución de tierras y derechos de las víctimas se convertirán en objetivo militar de su brazo armado”27. Militares hostigan a pobladores Anori. El 28 de febrero de 2012, se conoció que en las veredas Carmín, La Primavera y San Isidro del municipio de Anori (Antioquia) hombres pertenecientes a la Brigada Móvil 25, vienen hostigando y amedrantando a la población desde el mes de enero de este año. Lo anterior se muestra en hechos como: i) allanamientos e invasión agresiva de las viviendas sin orden judicial, ii) interrogatorios sin presencia de autoridad judicial y/o abogado defensor, iii) señalamientos a los líderes sociales de ser colaboradores de la guerrilla, tal es el caso de Rolando Ospina y Fernando Muñoz integrantes de la Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia, iv) bloqueo de alimentos e impedimento de libre movilidad a los pobladores. Los militares además, aprovechan que en la zona la señal de celular es nula y las personas no pueden comunicarse para denunciar28.
26 Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y Movice, Denuncia Pública, Bogotá, 29 de febrero de 2012. 27 Movicenar y CPDH – Nariño, Denuncia Públia, San Juan de Pasto, 23 de febrero de 2012.
Robos
Roban importante información sobre víctimas a Secretaria Técnica del MoviceNorte de Santander. Entre los días 21 y 24 de febrero de 2012, en Cúcuta (Norte de Santander) fue robado un computador, cámara de vídeo, un celular e importante información acerca de víctimas, de Nubia Mendoza Lobo, Secretaria Técnica del Movimiento Nacional de Víctimas – Capitulo Norte de Santander. De acuerdo a la denuncia, el 21 de febrero, Nubia llegó a su casa hacia las 9:30 de la noche y dejó sobre su sitio de trabajo el computador portátil, la cámara de vídeo y el disco duro externo donde contiene toda la información, bases de datos, archivos fotográficos y fílmicos concernientes a su trabajo y también de tipo personal. Al día siguiente, salió de su casa a las 9:00 de la mañana y no llevó sus equipos de trabajo, la casa quedó sola por espacio de una hora entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana. Nubia Mendoza regresó a su casa hacia las 10:00 de la noche directamente a dormir, por lo que no se percató de que en su casa faltara algo. El 23 de febrero salió rápidamente a las 8:00 de la mañana y tampoco notó la ausencia de ningún objeto, por cuanto ese día no los necesitó. Ese día regresó a su casa a las 10:00 de la noche directamente a dormir. El 24 de febrero en horas de la mañana, cuando se dirigió a su espacio de trabajo en su casa, notó que faltaba el computador y al preguntarle a su madre por él, ella respondió que desde el día anterior no lo había visto y que pensaba que Nubia se lo había llevado y que lo había dejado guardado en algún otro sitio. Cuando Nubia Mendoza revisó la biblioteca, notó que también faltaba su disco duro externo, su cámara de vídeo, un celular Nokia que le pertenece a su madre y un directorio impreso que contiene los nombres y números telefónicos de personas víctimas de crímenes de Estado, nombres de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos con las que trabaja y otros datos personales de los mismos, lo que la llevó a suponer que habían ingresado a su casa y habían sustraído los equipos e información en mención. Las cerraduras de las puertas o ventanas no fueron forzadas y ningún otro objeto de valor, incluyendo joyas y dinero fueron hurtados. La información contenida en el disco duro externo y en el computador contiene información que puede poner en riesgo la seguridad e integridad de personas de víctimas y familiares de víctimas de crímenes de Estado y lesa humanidad como desplazamiento forzado, despojo de tierras, Ejecuciones Extrajudiciales (falsos positivos), desaparición forzada, asesinatos, masacres, etc., cometidas por paramilitares y por agentes estatales. Documentos, archivos fotográficos y fílmicos, bases de datos, denuncias, informes, etc., es parte de la información hurtada. Este hecho fue ampliamente denuncia por Nubia Mendoza Lobo ante la SIJIN, donde darán el trámite correspondiente y se espera que a la mayor celeridad se inicien la investigaciones pertinentes para obtener resultados lo antes posible29. Detenciones Detenido integrante de Sinaltrainal en Paicol. El 15 de febrero de 2012, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, en Paicol (Huila), la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, detuvo al ciudadano Italiano Bruno Federico, quien se encontraba en el Quimbo realizando un reporte gráfico sobre la situación alimentaria de la población en la zona. Bruno Federico trabaja para Sindicato 29 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capitulo Norte de Santander, Denuncia Pública, Cúcuta, 26 de febrero
Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) desde hace varios meses y se encontraba en esa zona realizando las labores para las cuales fue contratado30. Detenido Presidente de ADUC. El 15 de febrero de 2012, en Arauca (Arauca) fue detenido CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLOREZ, Presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC). El hecho se presentó cuando el líder campesino y defensor de derechos humanos se dirigía a la ciudad de Arauca para asistir a una reunión otros dirigentes en ejercicio de su labor social, y en un retén de la Policía instalado a la llegada de la capital araucana lo detuvieron argumentando que tenía una orden de captura en su contra emitida por la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso iniciado en la Unidad Estructura de Apoyo de Arauca y luego remitido a la Fiscalía Seccional de Saravena desde el año 2006. Carlos, comenzó su trabajo comunitario en el municipio de Arauquita dirigiendo la Inspectorial de la Asociación de usuarios Campesinos de Panamá de Arauca, luego en Saravena y posteriormente en Arauca. Más recientemente en el municipio de Fortul. En cumplimiento de esa labor social, ha participado en las diferentes gestas que desde el movimiento social araucano se han desarrollado en defensa de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio, contra la explotación de los recursos naturales, en defensa de la soberanía nacional, y contra la implementación de la guerra sucia paramilitar. Debido a esta tarea había sido perseguido y estigmatizado por el Estado colombiano a través de su Fuerza Pública, quienes en reiteradas ocasiones lo habían retenido para supuestamente averiguarle antecedentes penales, lo habían llevado a las guarniciones militares y policiales, reseñado y fotografiado, señalado de pertenecer al ELN. Por toda la persecución sufrida, Carlos Alberto fue cobijado con la solicitud de medidas cautelares que la CIDH hiciera al gobierno colombiano para proteger su vida e integridad y garantizar su trabajo como dirigente campesino31. Enfrentamientos Enfrentamientos entre Farc y Ejército pone en riesgo la vida de pobladores en Caldono. El 27 de febrero de 2012, en Caldono (Cauca), se registraron fuertes combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc. Situación que dejó gravemente afectada a la población civil tanto rural como urbana. Los hechos se registraron, concretamente entre el cerro de Belem, lugar donde desde hace varias semanas se estableció un campamento militar usado para que los uniformados pernocten. La comunidad hizo un llamado urgente pues se teme por la vida e integridad de los habitantes de Caldono32. Desplazamiento Mujeres beneficiarias de medidas cautelares han debido desplazarse forzadamente. Desde el 19 de febrero de 2012, se han desplazado forzadamente varias mujeres beneficiarias de medidas cautelares y sus familias, de las invasiones del distrito de Agua Blanca en Cali (Valle del Cauca) hasta el zona rural del municipio de la Cumbre (Valle del Cauca), huyendo de la insoportable violencia económica y social que padecen en las invasiones del distrito de aguablanca de Cali ante la indiferencia del Estado a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
30 Dirección Nacional de Sinaltrainal, SIJIN detiene al ciudadano italiano BRUNO FEDERICO integrante de SINALTRAINAL,
Bogotá, 15 de febrero de 2012.
31 Detenido el Dirigente Campesino Carlos Alberto Núñez Florez, Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Saravena, 18 de
febrero de 2012.
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de julio de 2011, ordenando que: • Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las 27 mujeres afrocolombianas desplazadas y sus familias • Concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, por medio de un dialogo que tome en cuenta las particularidades de la situación de las beneficiarias; • Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares. Han pasado 8 meses desde el otorgamiento de las medidas cautelares y el Estado de Colombia no ha adoptado ninguna medida tendiente a la protección de la vida de las mujeres y sus familias. Solo se ha llevado a cabo una reunión de seguimiento en donde no se dio respuesta efectiva a la problemática padecida por las mujeres y sus familias33.
Bombardeos
Ejército bombardea vivienda en Santo Domingo. El 22 de febrero del 2012, entre 2:00 y 4:00 de la mañana, en la vereda Santo Domingo, sector medio Cimitarra corregimiento del municipio de Cantagallo (Bolívar) a 50 metros aproximadamente de la vivienda del señor ALFONZO TRIBIÑO, tropas del Ejército nacional realizaron un nuevo bombardeo y ametrallamientos desde 2 helicópteros. De acuerdo a la denuncia, en el lugar se hallaban 7 personas entre ellos el fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Santo Domingo, una joven de 19 años de edad con 7 meses de embarazo, quien a causa de las explosiones presentó complicaciones en el embarazo con síntomas de posible aborto, una menor de un año de edad y dos personas de la tercera edad. Posteriormente, los militares rodearon la vivienda y les dijo a los habitantes que agradecieran que estaban vivos y que no les bombardearon la casa. Que la próxima vez el objetivo si sería la casa para que no siguieran ayudando a la guerrilla y metiéndolos en la casa. Luego les hicieron firmar un documento de buen trato a todas la personas que pasaban por el camino. Después de este hecho, tropas del Ejercito, permanecen a 50 metros de la vivienda del señor ALFONZO TRIBIÑO34. Con el apoyo de:
33 Corporación Jurídica Vida y Corporación Jurídica Dignidad, Denuncia Pública, Cali, 23 de febrero de 2012.
34 Asociación regional de Víctimas de Crímenes de estado del Magdalena Medio (Asorvimm), Denuncia Pública, Barrancabermeja, 23 de febrero de 2012.
