Bolivia, Ecuador y Perú [Bolivia , Ecuador and Peru]
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Item Type Article
Authors Schiappa-Pietra, Oscar
Publisher Revista Trimestral Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable
Rights Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date 15/01/2022 04:06:39
Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/202804
Bolivia, Ecuador y Perú: un breve diagnóstico.
Introducción a los conflictos sociopolíticos y medioambientales preexistentes
Los regímenes de democracia formal establecidos en la región durante los años 80, no han resuelto los principales conflictos sociopolíticos y medioambientales latentes.
Por el contrario, la retórica democrática tiene la potencialidad de ampliarlos. Al limitar el recurso autoritario de represión incontinente y posibilitar la emergencia de nuevos actores y propuestas, los regímenes democráticos se convierten en entornos catalizadores de conflictos, en lugar de promover soluciones socialmente constructivas.
Después de dos décadas de intensa experimentación democrática en Latinoamérica, el panorama se muestra desolador. Lo precario de las condiciones de gobernabilidad resultante de sus débiles instituciones, la expansión de las expectativas sociales y su concurrente frustración, la tenacidad de las asimetrías sociales y entre naciones, más el flagelo de conductas ilícitas, como el narcotráfico, corrupción, y otras, concurren en la explicación de este escenario.
Los principales conflictos sociopolíticos de las dos ultimas décadas del pasado siglo fueron expresión de una amalgama formada por la pobreza, la exclusión y las ideologías socialistas, en la cual esta última fue la variable que dotó de racionalidad y perfil al conjunto causal. Esta generalización se aplica al singular conflicto armado interno de Colombia, que contrasta con la situación actual.
La impronta de la revolución cubana tuvo profundo arraigo en la región. Durante los años 70 y 80, la imagen de Che Guevara constituyó acaso el principal símbolo de identidad común entre los jóvenes de la región. Muchos no se resignaron a vivir en el reino de las imágenes y persiguieron, de diversos modos, cómo dar sustancia a su rebeldía idealista. En Latinoamérica, la bipolaridad mundial encontró sus propios referentes en las asimetrías sociales. Ésta pudo ser una etapa mundial sin gran continuidad endógena –y así lo fue en países donde las sociedades habían alcanzado mayores niveles de cohesión basados en la equidad- pero los propios desgarramientos
sociales de la región latinoamericana, sumados a las estrechas interpretaciones que de ellos hiciera el hegemon hemisférico, decidieron un curso distinto, más destructivo.
Durante los años 80 y 90, el eje de la conflictividad social generalmente se desplazó hacia el terreno de la política legal: Las ánforas del sufragio sustituyeron a los fusiles, aunque dentro de un entorno plagado por el caudillismo, la falta de convicciones democráticas y la ausencia de sistemas de partidos sostenibles. Un dato alarmante sobre esta situación es la entrada recurrente en escena –muchas veces debido a brevísimas coyunturas— de movimientos políticos explícitamente diferenciados del perfil partidista, y de caudillos de abierta proclividad autoritaria.
El caso peruano fue singular en su materialización, pero expresivo de las condiciones y carencias regionales que constituyen factores potenciales de conflicto.
Sendero Luminoso no fue el ejército de los pobres del campo, ni logró la reivindicación de quienes sufrían profundas exclusiones étnico-culturales sino, principalmente, un movimiento de la juventud urbana emergente y pauperizada –frente a la generalizada crisis de instituciones-, impedida de pertenecer a otras organizaciones partidarias o sociales. Sendero Luminoso fue causa de opresión, destrucción, mayor empobrecimiento, violento sojuzgamiento y muerte para los pobres del campo. De ahí, su radical fracaso en convertirse en ejército campesino. Para sus jóvenes militantes, la rigidez y beligerancia de esta organización constituyó una oportunidad de pertenencia y una seductora fuente de identidad, imposible de encontrar en otras expresiones de socialización, dentro de las muy escasas opciones ofrecidas por la legalidad burguesa.
Mientras, Fujimori era una expresión exacerbada de la tendencia antipartidista y caudillista, ya afincada en otras latitudes latinoamericanas.
En Bolivia –más que en Perú— la lucha contra las políticas estadounidenses de erradicación de cultivos de coca ha sido un factor central en el quehacer político-social durante las últimas dos décadas. Los campesinos cocaleros y sus líderes se han convertido, al calor de la confrontación con el gobierno nacional y el hegemon al que responden, en actores políticos de primer orden. Nadie mejor que Evo Morales Ayma, expresa esta realidad. A sus 43 años, es presidente de la federación de los productores de la hoja de coca en el Chapare, y símbolo de la lucha contra la política neoliberal en Bolivia. Entre 1998 y 2002, ha sido diputado en el parlamento por el Movimiento al
Socialismo (MAS). En las elecciones del 30 de junio de 2002 estuvo cerca de lograr la Presidencia de la República, pues en primera vuelta recibió más del 21 por ciento de los votos.
Sin embargo, en Perú, esa misma lucha contra las políticas estadounidenses de erradicación de cultivos de coca quedó mediatizada por la presencia de los protagonistas del conflicto armado interno: Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaro (MRTA) y las Fuerzas Armadas. Todos convergieron en corrupta coincidencia hacia la preservación del status quo. Entre 1980 y 1995, cada uno medró del narcotráfico y garantizó un precario equilibrio, que resultó funcional a la propagación de ese comercio ilícito transnacional.
En el plano regional, las luchas continuaron hasta encontrar solución el conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú, que a lo largo del siglo XX –en 1941, 1985 y 1995-- llevó a ambas naciones a enfrentarse militarmente. En 1996, la presión internacional de los países garantes, principalmente la de Estados Unidos, condujo a un cambio en el esquema de negociación definido por el Protocolo de Río de Janeiro, de 1942. En virtud de ello, los cuatro países garantes se transformaron en una suerte de árbitro; es decir, este nuevo marco negociador impuso a ambos países una fórmula de solución, previa aceptación por parte de sus gobiernos. El 26 de octubre de 1998 se firmó el tratado de paz con la propuesta íntegra de los garantes. Gracias a ello, la relación bilateral entre Ecuador y Perú ha experimentado una muy positiva transformación y se han disipado por completo los riesgos de nuevos conflictos en sus fronteras. Ecuador ha enfrentado diversos conflictos socio-ambientales en las últimas décadas. En junio de 1990, las poblaciones indígenas --que constituyen alrededor del 35 por ciento de la población nacional-- bloquearon carreteras y paralizaron el país para reclamar acceso a las tierras, educación, desarrollo y mayor atención gubernamental. En enero de 2000, las protestas indígenas bloquearon el acceso al Congreso Nacional y fueron decisivas para forzar la renuncia del presidente Jamil Mahuad.
Como en muchos otros países latinoamericanos --Bolivia y Perú entre ellos--, en Ecuador se ha producido una ostensible evolución en la actuación de los movimientos indígenas, en tanto actores políticos conscientes que reclaman el reconocimiento constitucional de una realidad multicultural y plurinacional en el país. La
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue organizada en 1986 con el propósito de representar a todos los grupos indígenas de la costa, sierra y amazonía bajo una común bandera pan-india.
En Bolivia, el protagonismo político de los grupos indígenas ha seguido un curso creciente, desde que en 1990 alrededor de 700 indígenas marcharon desde Trinidad hacia La Paz, durante 35 días, para reivindicar su dignidad y el derecho a la tierra. La Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Indígena del Oriente, Amazonas y El Chaco (CIDOB) se han consolidado como las entidades gremiales que dirigen al movimiento indígena en el país. En Perú, la pesada herencia de los grupos campesinos de izquierda marxistas, y luego la irrupción de la violencia política de Sendero Luminoso, retrasaron el surgimiento de los grupos indígenas, como protagonistas políticos, hasta finales de la década de los años 90.
Reseña sobre los actuales conflictos sociopolíticos y medioambientales
. El hito trágico del 11 de Septiembre ha empezado a alterar el perfil de la conflictividad sociopolítica y medioambiental en la región, al agudizar algunas de las condiciones preexistentes. Esto se evidencia en dos asuntos centrales de la proyección de Estados Unidos hacia la región: el narcotráfico y la crisis colombiana.La política estadounidense para enfrentar el primer peldaño del narcotráfico –los cultivos de coca— empieza a mostrar signos de radicalización con la adopción de la noción de tolerancia cero en materia de sustitución de cultivos. Queda por discutirse cuáles son las vinculaciones que existen entre ese giro y el 11 de Septiembre, o si se trata de una mera coincidencia temporal. Es cierto que Estados Unidos se ha vuelto más intolerante hacia los riesgos de su seguridad nacional luego del 11 de Septiembre, y que dolorosamente ha tenido que reconocer que los grandes desafíos posmodernos a la seguridad nacional tienen una naturaleza incierta. En su presentación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en septiembre de 2002, el presidente George Bush señaló: “Ahora, oscuras redes de individuos pueden traer gran caos y sufrimiento a nuestras costas por menos de lo que cuesta comprar un solo tanque. Los terroristas están organizados para penetrar sociedades abiertas y pueden revertir el poder de tecnologías
modernas en contra nuestra. Para derrotar esta amenaza debemos hacer uso de cada herramienta en nuestro arsenal –poderío militar, mejores defensas del territorio patrio, ley y orden, inteligencia y esfuerzos vigorosos para cortar el financiamiento terrorista.
La guerra contra terroristas de alcance global es una empresa global de duración incierta.”
Al lado de la causalidad posterior al 11 de Septiembre, hay factores inherentes al signo ideológico de la actual administración de Estados Unidos. El conservadurismo de Bush –y notoriamente de su secretario de Justicia— implica también creciente intolerancia frente al lado débil de la ecuación del narcotráfico. Cabe resaltar que en este contexto, mientras se han hecho más restrictivas las leyes estadounidenses sobre el lavado de dinero vinculado al terrorismo, ningún resultado se ha evidenciado sobre el masivo lavado de dinero proveniente del narcotráfico en bancos de Estados Unidos.
En el otro extremo del conflicto empiezan también a radicalizarse las posturas. En Bolivia, Evo Morales sigue consolidándose como personalidad política de primer orden, frente a un gobierno tambaleante. En Perú, las tensiones con los agricultores cocaleros de la selva peruana, en febrero y marzo de 2003, han significado protestas violentas, con saldos negativos de muertos y heridos, cierre de carreteras, destrucción de edificios públicos y negociaciones de los agricultores con las autoridades gubernamentales. El fenómeno Evo Morales empieza a vislumbrarse en Perú con rasgos propios, a través del caudillo cocalero Nelson Palomino La Serna, vinculado a la expresión radical y corrupta de “Patria Roja”.
La crisis colombiana también amenaza con desbordarse hacia Ecuador y Perú, más de lo que ya ha ocurrido. En Ecuador esa amenaza se hace tangible en los flujos de víctimas de la violencia que cruzan la frontera en busca de asilo. En el caso de Perú, esa amenaza se expresa en el crecimiento de la producción, procesamiento y embarque de cocaína, debido al relativo desplazamiento de esas actividades fuera de Colombia, así como en el surgimiento de nuevas modalidades de narcotráfico, como la producción y procesamiento de amapola. Aunque no hay evidencias empíricas suficientes, puede estimarse que el desbordamiento del conflicto colombiano se expresa también en el incremento del lavado de dinero. Aunque sí existe certeza sobre la presencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio
peruano. Existen informes que colocan a esos guerrilleros portando armas de guerra en zonas cocaleras peruanas, pero no se conoce de acciones bélicas, o violencia, que hayan desplegado fuera de sus fronteras tradicionales. Eso corrobora cómo la insurgencia desideologizada, en Colombia, y ahora en Perú, se desplaza en estrecho maridaje con el narcotráfico. La versión aceptada –acaso en peligrosa complacencia— por funcionarios de inteligencia peruanos es que las FARC sólo actúan en territorio peruano buscando santuario para reposar y luego retornar a Colombia.
En Perú, como ya ocurre desde antes en Ecuador, están adquiriendo impacto político nacional e internacional los conflictos entre comunidades nativas y transnacionales extranjeras dedicadas a la explotación de recursos naturales, a partir de factores ambientales y desarrollistas. Es particularmente paradigmático el caso de la comunidad de Tambogrande, en la costa norte del país, enfrentada con la transnacional Manhattan Minerals. Esta compañía ha desarrollado un proyecto minero de explotación aurífera, cuya inversión total bordea los US$ 350 millones, bajo un plan que implica la división del pueblo y el desplazamiento de alrededor de la tercera parte de su población.
La resistencia contra la mina ha sido fuerte desde el principio. El 27 y 28 de febrero de 2001, un paro general y una movilización masiva en Tambogrande exhortaron a la corporación minera a retirarse; posteriormente, fueron destruidos las instalaciones y campamentos de la empresa. Un mes después, el agrónomo y líder de la resistencia fue asesinado en circunstancias sospechosas. Los ciudadanos organizaron una “consulta”
para poner en claro que no quieren una mina en medio de su pueblo. De un total de 36,000 personas, el 77 por ciento de la población de Tambogrande ejerció el voto en la consulta, y un 98 por ciento de los votantes dijo “no” a la propuesta de explotación minera.
En Ecuador se prolonga el conflicto provocado por la construcción de un oleoducto por el Consorcio OCP --con un crédito de US$ 900 millones otorgados por el Westdeutsche Landesbank (WestLB). La controversia ha llegado hasta Westphalia, Alemania, localidad sede del Consorcio y de la entidad prestamista, pues se ha demostrado que el proyecto no cumple con las normas de impacto medioambiental que exige el Banco Mundial para aprobar una operación semejante.
Diagnóstico sobre los conflictos sociopolíticos y medioambientales de la próxima década
La guerra de Estados Unidos contra Irak abre una fisura profunda en la estructura del orden internacional gestado a lo largo del siglo XX. A partir de este hecho, el mundo ya no seguirá siendo como lo conocimos, pero nos es más difícil predecir cómo será el orden mundial posmoderno. Esto es particularmente relevante para la seguridad global y nacional, pues los nuevos factores de riesgo encierran –como bien lo demostró la tragedia del 11 de Septiembre—una naturaleza incierta, de perfiles imprecisos, de protagonistas esquivos hasta lo inasible, donde hasta lo inocuo se transforma en armamento letal.
A contramarcha de tales salvedades, hay que atreverse a vaticinar. Dentro de lo que parece más predecible, continuarán las tendencias preexistentes de conflictos por falta de desarrollo y gobernabilidad. Los cotidianos conflictos sociales de protesta frente a la pobreza, marginación e ineficacia estatal, tenderán a subsistir como reflejo de la incapacidad de los gobiernos para transformar sus causas esenciales. Aunque es previsible el aumento de un capital social, expresado en una mejor cultura de conflicto, que procurará soluciones constructivas. Factores propios de la globalización, como son las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) --mecanismos de exportación de conflictos sociales-- y los medios de comunicación, catalizarán y condicionarán el perfil de los conflictos. La externalidad de estas variables reducirá la capacidad de negociación de los actores tradicionales, particularmente los Estados, facilitando por ende tanto su polarización como el acceso a nuevos instrumentos para solucionarlos. De modo particular, los movimientos indígenas consolidarán su protagonismo político en los tres países andinos, en alianza literalmente global con las ONGs del orbe.
La crisis colombiana va acentuar sus efectos de daño colateral sobre Ecuador y Perú, antes de mostrar señales de amenguamiento. El curso previsible del conflicto colombiano será el de empeorar, antes de llegar a un punto de inflexión. Ecuador y Perú deberán seguir absorbiendo algunas externalidades de este conflicto, expresadas en flujos de refugiados (Ecuador) y de desplazamiento de la producción de narcóticos (Perú). Las FARC aumentarán su presencia en territorio peruano, y eventualmente
procurarán alianzas oportunistas con los rezagos reciclados de Sendero Luminoso, pero no existen elementos para suponer que esta situación se convierta en una amenaza de gran escala sobre la seguridad nacional de Perú. Sin embargo, el maridaje de sectores de las FARC y de Sendero Luminoso con el narcotráfico impulsará al Estado a la contención militar y no meramente policial.
Mientras Bolivia, Ecuador y Perú intentan intensificar sus relaciones comerciales con Estados Unidos para alcanzar acuerdos que liberalicen el comercio hacia ese destino, la ejecución de políticas contra el narcotráfico se va a volver más conflictiva.
Diversos factores condicionan ese escenario:
el contexto de recesión internacional
la gran reducción en los precios internacionales del café, promovido como cultivo alternativo
la afirmación del unilateralismo y la absoluta hegemonía hemisférica en la política exterior estadounidense, de modo aún más radical que antes
la entronización de liderazgos políticos seductores entre los campesinos cocaleros.
La apertura de los mercados en la región a las inversiones extranjeras ha cambiado radicalmente el perfil de las relaciones entre los países. Al convertirse Chile en un inversionista importante en Bolivia y Perú, los nuevos conflictos de aquél con éstos están signados por consideraciones económicas en sustitución de las tradicionales y mal definidas cuestiones geopolíticas. Este nuevo perfil de relaciones bilaterales se erige en garantía contra el riesgo de conflictos armados, al encarecer para todas las partes los costos de esa opción e imponerse un lenguaje económico jurídico para expresar las posibles divergencias. Tal marco facilita la resolución de eventuales conflictos, al proveer referentes conceptuales y procesales de consenso para abordarlos.
