4. Las opiniones públicas

CAPÍTULO 4

4. LAS OPINIONES PÚBLICAS

4.1 LAS OPINIONES PÚBLICAS EN LA TRANSICIÓN

Tal como se avanzó en la introducción, sostenemos que el manejo de fuentes empíricas -en su mayoría procedentes de la administración o encargadas por ella en su día- no obliga a revisar el concepto teórico del que aquí se parte, que entiende la opinión pública, como algo más que la mera agregación de opiniones individuales, como el proceso dialógico de formación de la voluntad política en una sociedad moderna. Así, hablaremos de los resultados de las encuestas como proporción de respuestas a ciertas preguntas que los investigadores consideraron relevantes. O incluso, como respuestas que el sistema político considera relevantes para su propio funcionamiento; pero no las confundiremos con la opinión pública, cuyo conocimiento exige reconstruir el proceso mismo mediante el que las opiniones se forman y rastrear los materiales

cognitivos, biográficos, sociales, culturales, informativos y políticos con que se construyen.

Si la sustancial división de la esfera pública, que aquí se ha postulado, fuera cierta deberíamos observar en el nivel empírico proporcionado por las encuestas y sondeos de opinión, como ya pudimos comprobar también en cuanto al discurso informativo-valorativo de la prensa, una escisión equivalente. Esto es, si la estructura de la esfera pública se ha visto fracturada por los mecanismos de represión y exclusión inherentes al sistema político de la dictadura, ello debe tener algún reflejo en el ámbito de la distribuciones de las opiniones tal como éstas son recogidas por los instrumentos de medida de la época.

Debería, pues, contemplarse alguna línea de fractura en dos niveles: En el nivel del sujeto de las opiniones, los ciudadanos concretos que las sustentan o apoyan en diferentes grados de verbalización, en la medida en que la estadística nos permite inferir agrupamientos de individuos según variables sociales, geográficas, culturales y económicas. Y en el nivel de los discursos o, al menos, de los temas que los integran. Es decir, en la forma en que no sólo las opiniones elaboradas, sino la estructura de relevancia de los temas públicos es percibida por los ciudadanos. La importancia o urgencia que dan a unos u otros asuntos, debe estar también condicionada por aquella división y modificada por la dinámica de fuerzas que intervienen en la transición. La lealtad a los valores típicos del sistema político o el apoyo a su subversión, la preocupación por el tema de las incompatibilidades -más aún que la opinión específica sobre su alcance- en comparación con la opción a favor del sufragio universal o la electividad de alcaldes; la urgencia de la amnistía, etc. Son todos ellos indicadores que nos pueden ilustrar sobre la existencia de líneas de fractura persistentes y sobre su correspondencia con los sistemas de valores estables que denominamos culturas políticas y con las prácticas discursivas y comunicativas reconocidas.

4.1.2 Opiniones públicas a través de las "cuestiones de actualidad"

El Instituto de la Opinión Pública comenzó en el año 1973 una serie de estudios que, con carácter periódico (dos o tres veces al año), tratarían de recoger la evolución del sistema de valores que "subyace en las aspiraciones, expectativas y comportamientos de los diversos grupos de población que componen la sociedad"

con objeto de mostrar su transformación "a medida que se produce el cambio social en la sociedad española"⁸³⁶. Con el nombre genérico de "Cuestiones de actualidad"

y referidos a una serie de indicadores sociales se proponían como una suerte de barómetro del bienestar, muy en la línea de la filosofía de la modernización que había arraigado en nuestro país durante los años del desarrollismo.

El tipo de interrogantes que estos estudios plantean y las curvas que sus respuestas dibujan al largo de los años que aquí nos interesan, pueden servirnos como un esqueleto de actitudes básicas sobre el que anotar los estados de opinión más coyunturales referidos a los "temas" políticos de cada momento (cambios de gobierno, discursos, debate de la amnistía, etc.).

4.1.2.1 Percepción de la crisis

El interés de los barómetros de opinión reside, precisamente, en su carácter secuencial, es decir en su capacidad para denotar las variaciones temporales en la distribución de las actitudes. Así las preguntas repetidas a lo largo del tiempo, dirigidas a medir las percepciones en torno a la situación política y económica, ofrecen una interesante perspectiva. Ahora bien, precisamente por tratarse de preguntas en torno a la "percepción", nos encontraremos con respuestas que deben ser ponderadas en función del contexto comunicativo del momento. En efecto, tratándose de cómo percibe la gente la situación política y la económica, terrenos en los que la experiencia individual

aporta apenas una pequeña proporción del significado, no hay más remedio que referirse a los mensajes de los medios y a la forma en que éstos presentan la situación. Algo hemos indicado al respecto en capítulos anteriores, por lo que nos limitaremos ahora a remitir a ellos. Por su parte, los mensajes periodísticos en torno a la situación política y económica -situación que, en el contexto de la crisis del franquismo no puede sino referirse a la viabilidad de las diferentes fórmulas en liza para después de la muerte de Franco-, la forma en que éstos presentan la contradicción principal y las alternativas propuestas, está fuertemente condicionada por la estructura del sistema político y sus limitaciones comunicativas. En otras palabras, el poder logra, durante toda la crisis final del franquismo y la mayor parte del período transitorio, asegurarse un discurso oficialista, escasamente crítico y en buena medida cerrado a las corrientes informativas de la oposición. El flujo descendente de la comunicación política estuvo casi siempre garantizado. A pesar de lo cual, la percepción que la gente tenía de la situación política y económica fue siempre más crítica -o, lo que es lo mismo, la gente fue más consciente de la crisis- de lo que los gobernantes estuvieron dispuestos a confesar y los medios de comunicación a reconocer. La comunicación política estuvo plagada de mensajes tranquilizadores sobre el cumplimiento de las previsiones sucesorias, el funcionamiento de las instituciones y la madurez del pueblo. Los mensajes críticos, alternativos o simplemente menos democráticos debieron deslizarse trabajosamente hasta la superficie donde hacerse visibles.

En estas condiciones las respuestas a la pregunta de cómo perciben los ciudadanos la situación política o económica, resultan de una embarazosa ambigüedad. Sin negar el componente de preocupación por el futuro -compartido por todas las sensibilidades- la situación puede ser vista con los colores más negativos tanto por quienes lamentan la decadencia física del dictador y se preocupan por la difícil continuidad de su obra, como por quienes creen que ésta está demasiado atada para

facilitar el cambio democrático que desean. Contrariamente, y aún reconociendo que las respuestas positivas sobre la situación política se anotarán en el haber del Gobierno, tampoco éstas son unívocas: Para quienes hace tiempo que desean que pase "algo", que haya novedades en un régimen de apariencia inmóvil, la cercanía de la desaparición del dictador será una buena noticia en cualquier sentido. La posibilidad de que el régimen empiece a cambiar sólo puede ser vista por estas personas como una buena noticia.

Se objetará que las respuestas no son tan alambicadas y que calificar de mala o buena la situación sólo informa sobre la percepción personal y no sobre el juicio que el régimen merece al encuestado. Es bien cierto, y esto significa que lo que se mide en este caso no son opiniones sino simples actitudes y que éstas no requieren ningún grado de verbalización. Pero si hemos de interpretar las actitudes en un marco que vaya más allá de la mera psicología, no tenemos más remedio que insertarlas en contextos más amplios que den cuenta también de las opiniones y hasta de las opciones prácticas.

A finales de 1977⁸³⁷ las respuestas a esta misma cuestión, planteada ahora en forma más evolutiva, es decir, indicando cómo se percibe la situación en relación al pasado y a las expectativas de futuro, mostraron una destacada desviación entre la percepción de las condiciones económicas y políticas. Debe recordarse que, en términos económicos nos encontramos en plena vigencia de los Pactos de la Moncloa, cuya repercusión pública más visible debió ser la estabilización de las subidas salariales en torno a 22%, además de una sensible contención de la inflación. En términos políticos nos encontramos en pleno debate Constitucional aunque se trata de un debate con escasa repercusión pública. El 41 % encontraba que la situación económica había empeorado,

vista como mejor y con tendencia a mejorar aún en el futuro.

Percepción de la crisis. Ene 1978

¿Cree usted que la situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace un año? ¿Y la política? ¿Y la laboral?

N=5653 Situación económica Situación política Situación laboral

Mejor 11 32 11

Igual 24 25 26

Peor 52 20 47

NS/NC 13 23 17

Fuente: CIS. Est. Nº 1141

Examinada esta cuestión introduciendo las variables de nivel de ingresos y de estudios, no se modifica la tendencia pero sí, notablemente, la intensidad de la misma: quienes tienen ingresos elevados y un nivel de estudios alto valoran la situación económica más negativamente que la media, en relación a un año antes.

Mientras la situación política es valorada por estos sectores mucho más positivamente que la media y son aún más optimistas en relación al futuro.

Visto a través de la variable ideológica, se observa un curioso trazado en la distribución de las percepciones que indica que mientras todo el espectro valora negativamente la situación económica, con menos intensidad en el centro de la escala, son los segmentos de la derecha quienes valoran peor la situación política:

Percepción de la crisis según ideología, Ene 1978

Extrema Izquierda Centro Derecha Extrema

izquierda Derecha

Situación actual

Económica -63 -43 -36 -51 -53

Laboral -59 -39 -31 -43 -50

Política 12 36 12 -15 -35

Situación futura

Económica 15 37 33 17 11

Laboral 17 38 32 17 6

Política 16 48 34 23 10

Fuente: CIS, Est. 1141

Las cifras de la tabla expresan la diferencia entre quienes valoran la situación actual "mejor" y quienes lo hacen "peor" en comparación con un año antes y con las expectativas para el año siguiente. Esta disociación de las escalas de valoración resulta de lo más interesante a nuestro propósito de explorar los alineamientos culturales y de opinión durante los momentos claves de la transición.

"Inseguridad ciudadana", realizados por el CIS en noviembre de 1980 y mayo de 1982.

Por un lado, la casi unanimidad en la valoración de la situación económica, nos confirma en la idea apuntada en su momento por López Pintor de que la cuestión económica jugó siempre contra la consolidación de los cambios democráticos. En otra parte hemos recordado cómo esta realidad -la de la crisis y la de su percepción pública- favoreció el crecimiento de actitudes nostálgicas que socavaban la legitimidad de las nuevas instituciones. El famoso "con Franco se vivía mejor" tuvo siempre una raíz predominantemente económica⁸³⁸ aunque estuviera relacionada con carencias cognitivas importantes en un país fuertemente despolitizado. En el juego de vacíos informativos y mitificaciones del pasado, que fue, por cierto, conscientemente promovido desde el franquismo residual mediático y/o político, esta actitud venía a significar: "Cuando mandaba Franco había trabajo para todos". El déficit de legitimidad que ello supone no llegó nunca a niveles extremos pero se hizo notar de modo preocupante durante el período que hemos llamado del "desencanto" y de hecho forma parte de su complejo actitudinal. Su influencia más destacada se despliega en los años previos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y, en parte, le sirve de sustento. Y aunque la idea no adquirió suficiente fuerza para anular el apoyo a la joven democracia, su base potencial -la percepción de la crisis económica- era lo bastante universal⁸³⁹, estaba lo bastante extendida entre todos los sectores sociales, como para constituir una amenaza a tener en cuenta.

Por el contrario las valoraciones acerca de la situación política varían su tónica claramente a derecha e izquierda del espectro político. La

izquierda, aunque tal vez sin el debido entusiasmo, valora positivamente la evolución política del país, es decir, la elaboración de una Constitución y su implantación legislativa. El hecho de que la derecha se muestre pesimista al mismo respecto, demuestra que, a la altura de 1978, la vieja divisoria entre democracia o dictadura se ha transferido en gran parte a la nueva, que separa a la izquierda de la derecha, y que las opiniones públicas no han producido aún la completa fusión de sensibilidades que el ejercicio de la democracia debía facilitar. Esto estaría indicando una deficiente asimilación democrática de algunos sectores franquistas, justo cuando se discute el marco constitucional. El reflejo, en términos políticos, de este déficit son las reticencias de Alianza Popular ante el texto Constitucional.

4.1.2.2 ¿Hay alineamientos sistemáticos?

El examen de la información disponible sobre la opinión de los españoles en torno a las cuestiones políticas en la segunda mitad de los años setenta, permite dibujar algunos alineamientos cuya variabilidad, en función de los momentos y los tipos de encuesta, no desmiente el carácter sistemático. Esto es, las opiniones, tal como aparecen medidas en los estudios de la época, pueden ser agrupadas en una ordenación dual. La disposición de partida no es simplemente una fractura entre conservadores y progresistas, aunque tiene multitud de elementos de este signo, sino que sigue el patrón ya establecido para el franquismo de un conjunto de opiniones democráticas frente a otro conjunto autoritario. Lo cual no quiere decir que no haya puntos de encuentro. Al contrario, ciertos temas y motivos van adquiriendo fuerza como elementos compartidos, como puntos de comunicación entre ambos universos, permitiendo finalmente el encuentro en un terreno común.

Los alineamientos siguen el itinerario de los temas que han sido caros a cada una de las culturas políticas existentes en la España franquista. La orientación autoritaria o democrática tendrá su reflejo en temas como la amnistía, el pluripartidismo, el terrorismo, la actitud ante los movimientos sociales y el orden público, las reformas democráticas o la Constitución.

Pero es preciso señalar dos aspectos importantes que obligan a matizar los alineamientos encontrados. El primero es que el proceso de reformas y su contraparte, la reformulación de la alternativa democrática, irá cancelando temas e incorporando otros nuevos con el efecto, casi siempre, de anular la antigua dualidad en beneficio de una nueva que se aproxima a la dinámica izquierda-derecha. Casi siempre obviando el viejo autoritarismo, más que superándolo argumentativamente. En realidad, algunas ideas se reconvierten sin perder enteramente su contenido. Así, la atribución de las decisiones a un núcleo cerrado y no electivo, propia de la cultura franquista, será reconvertida en la aceptación de un sistema representativo, pero sin retirar la prevención cínica frente a la clase política, que apenas dejará de ser vista como siempre lo fue en el régimen de Franco, como una casta de aprovechados.

El segundo aspecto a señalar es que el volumen crecido de los «sin opinión» obliga a seguir considerando como una realidad actuante aquella "mayoría silenciosa" que López Pina y Aranguren habían detectado en su descripción de la cultura política bajo el franquismo. De algún modo, y a pesar de una cierta politización ocurrida durante los años claves de la transición, un núcleo de alrededor de un tercio de la población se mantiene al margen de los procesos políticos. El peso de esta realidad es tal que relativiza casi todos los alineamientos que las respuestas del público permitan dibujar. La realidad de cuarenta años de despolitización y desprestigio de la práctica misma de la política, no es ajena a este fenómeno. Como tampoco la tendencia, compartida en todo el mundo occidental, a la perpetuación de todo un sector de la población con un bajo nivel informativo incluso en las sociedades desarrolladas. Las «no respuestas» significan cosas diferentes según se trate de encuestas electorales --donde pueden deberse a la falta de acuerdo con los comportamientos de los partidos o candidatos- o encuestas de actitud y

Citado por MARTÍN MARTÍNEZ, J. L. "Ensayo de tipificación de los «sin opinión»" en REIS nº 16. 1981. Pág. 10.

opinión. En éstas últimas, indican que "el tema no tiene ninguna realidad en la mente de las personas encuestadas"⁸⁴⁰.

4.2 DE LA OPOSICIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA

4.2.1.1 Lo que queda del 12 de Febrero

El tema estrella del programa de apertura tal como fue formulado en febrero de 1974 había sido la tolerancia informativa, y el segundo la regulación de las asociaciones políticas. La apertura informativa le fue encargada a un peso pesado del gabinete, Pío Cabanillas, pero fracasó muy pronto ante los ataques coordinados del búnker y la propia prensa del Movimiento, que el gobierno controlaba. La dimisión-cese de Pío Cabanillas marca el abrupto final de aquel espejismo. No mejor suerte corrió el anuncio de legalizar alguna forma asociativa. Un tema, por cierto, que se arrastraba desde 1967 y que había estado en centro de todas las escaramuzas intestinas del régimen.

Resulta notable, y en realidad todo un símbolo del tipo de relaciones entre el sistema político y el sistema de opinión que impera en el tardofranquismo, que en los meses previos y subsiguientes a la legislación sobre asociaciones políticas el Gobierno no encargara ni una sola encuesta sobre el particular a su propio aparato de auscultación⁸⁴¹. Tratándose de una de las prioridades declaradas del gabinete Arias, poco importa si la explicación es el temor a una respuesta inconveniente o, por el contrario, se trata de un simple olvido. La verdadera preocupación por este tipo de cuestiones de opinión nunca precede, sino que sigue, al reconocimiento de la soberanía popular.

La regulación finalmente aprobada de las asociaciones políticas fue tan sumamente tímida, en realidad, tan regresiva dado que sólo las aceptaba dentro del Movimiento, que no podía satisfacer ni a los incondicionales. La apertura del registro de asociaciones en enero no sedujo ni siquiera a Fraga o al grupo Tácito, hasta hace poco representado en el Gobierno. Aún así, las encuestas⁸⁴² de que disponemos indican una cierta actitud expectante, una confianza en que la creación de algunas asociaciones daría cauce a cambios (muchos o bastantes) en el panorama político. Así lo creían, al menos, el 23% de los entrevistados a primeros de año. Pero esa cifra se redujo en abril al 12%. El escepticismo crecía en los hábitats urbanos, entre los jóvenes, las clases medias y las regiones Centro, Norte y Catalunya. La regulación de las asociaciones fue considerada como globalmente positiva en enero (40%) pero en abril sólo tenía esta opinión el 21 %. Entre los optimistas se cuentan los hombres, los jóvenes, habitantes de ciudades grandes -excepto Barcelona que debe contarse entre los pesimistas- las regiones norte y Centro. Otro aspecto interesante es la percepción de la distancia entre la realidad de las asociaciones y el futuro de los partidos políticos. En este sentido cabe señalar que si al principio la gente tendió a pensar que las asociaciones se acabarían convirtiendo en partidos, la propia dinámica, estrecha y frustrante del proceso, ha debido desengañar a la mayoría:

Opinión sobre las Asociaciones

¿Cree que a la larga se convertirán en partidos? Enero N=1000

Marzo N=2000

Sí, totalmente 25% 13,6%

Sí, a medias 29% 17,4%

No estoy de acuerdo 34% 17,6%

NS/NC 12% 51,4%

Fuente: Encuestas de Metra-seis para Informaciones. 20 Ener y 19 Abr. 1975

Las asociaciones no pueden convertirse en partidos porque la ley de la que dependen lo impide; pero sobre todo, porque los partidos están en otra parte y nada indica que se vayan a interesar en esta vía. El cambio de opinión, la pérdida de expectativas, resulta coherente con la escasa brillantez de la implantación del sistema asociativo, que no logró representar ni siquiera el leve pluralismo interno del régimen, cuanto menos el vivo y creciente de la realidad social. Si alguna vez hubo una oportunidad de que éste fuera el camino para reunificar las esferas públicas disociadas por la dictadura, se esfumó desde su mismo planteamiento. Se esfumó porque nunca fue esa la intención y tampoco la apariencia. Y sobre este punto pocos se engañan en marzo de 1975: Cuando se preguntó si las asociaciones podrían, al menos, funcionar como si fueran partidos⁸⁴³, la respuesta negativa triplica a la positiva (33% No; 12% Sí).

Es preciso, además, señalar un aspecto que no debe olvidarse y que parece tener una importancia creciente en el período que analizamos. Lo más llamativo del cambio de expectativas en torno a las asociaciones en apenas un trimestre es el abrumador aumento de los desconcertados. Los «No sabe / no contesta» han pasado del 12 al 51% y esto sólo puede significar que las indecisiones, los retrocesos, las contradicciones del aperturismo -y de su eclipsamiento- producen desconcierto. Éste es el equivalente en el público, de las disensiones y falta de proyecto de las élites. Un factor que pesará como una losa en estudios y sondeos hasta que, una política reformista de las élites se haga acompañar de un lenguaje y un despliegue de gestos adecuado. Es decir, hasta que la comunicación política muestre tener un objetivo democrático.

No cabe duda de que el capital político del famoso 12 de Febrero del 74, ha acabado, también en este punto, dilapidándose de la forma más alegre. Pero el alcance de esto va mucho más allá de la mera pérdida de credibilidad de éste o aquel gobernante: lo que se dilapida es la

Universo: Mayores de 15 años. Tamaño de la muestra: 1234 entrevistas. Trabajo de campo: junio 1975.

posibilidad misma de un aperturismo que aspira a hacer innecesaria o inviable toda verdadera reforma. Si las élites del franquismo, sus diferentes familias e intereses confiaban en dar con una fórmula de adaptación al próximo postfranquismo, no sería, evidentemente, ésta que había pretendido encabezar Arias. Aún antes de la muerte de Franco, la apertura quedaba en vía muerta y después ya no sería reeditable.

Verdaderamente, si quisiéramos buscar indicios de las intenciones liberalizadoras del Gobierno en el planteamiento mismo de los sondeos que encargaba la administración tendríamos un arduo trabajo con muy escasa compensación. O bien el Gobierno no se planteó nunca objetivos ambiciosos de reforma cuya aceptación pública necesitara sondear, o bien diluía hasta tal punto la formulación de las preguntas que no es posible que obtuviera indicios prácticos de ningún tipo. Así, por ejemplo, al preguntar sobre la impresión que el discurso de Arias ante las Cortes⁸⁴⁴, retransmitido por TVE el 24 de junio de 1975, haya podido producir entre el público, la formulación resulta tan gris y plana que parece difícil extraer conclusiones. El discurso, puede decirse, señala la tercera y definitiva muerte de la apertura (la primera sería el caso Añoveros y la segunda el cese del ministro de información, Pío Cabanillas). De hecho tiene una estructura, totalmente opuesta a aquel famoso del 12 de febrero del 74 que tan excelente acogida tuvo en la opinión. Ya hemos visto en el apartado correspondiente que la frialdad fue esta vez la tónica entre los comentaristas de prensa. En general se resalta o bien que el discurso rectifica malas interpretaciones del aperturismo (Emilio Romero) o bien que las reformas se van a poner en cuarentena (Tácito).

El tono del discurso resulta tan negativo, es decir, aplicado a negar lo que hubiera podido parecerle a alguien una intención liberalizadora que, en realidad, el planteamiento de las preguntas en la encuesta acaba

sobre ¿qué es lo que parece más interesante del discurso? Se acompaña de unos cuantos ítems que reflejan bien el contenido real de aquella comunicación. Es poco ya lo que puede ofrecer un presidente del Gobierno cuya política ha acabado siendo la espera -espera a que la naturaleza despeje el camino, a que Franco desaparezca, a que la crisis se solucione...-. Las respuestas a la pregunta son igualmente anodinas:

Un 30% no se había enterado del discurso. El 4% pensó que la referencia a la reforma fiscal era lo más relevante. Al 9% le pareció que la mención a las asociaciones -la gran promesa siempre rebajada e incumplida- y a la posibilidad de que participaran en elecciones era lo más destacado. El 10% creyó que la evolución del régimen sin reforma de las Leyes Fundamentales era el tema estrella;

mientras que el 15% atendió más a las menciones al orden público.

La selección de temas constituye, de por sí, un programa de mínimos; pero las respuestas muestran una falta de orientación específica que sólo se explica por una especie de contagio del desconcierto del gobierno. El discurso había sido decididamente regresivo, respecto a formulaciones aperturistas anteriores y esto se traduce en una evidente falta de perspectivas que el público no deja de acusar.

Incluso al preguntar "¿qué contribuiría más a garantizar la transición pacífica del régimen?", no debe entenderse como pregunta abierta sobre el futuro. Es preciso reseñar que la palabra transición no tiene aún el sentido preciso que luego ha adquirido. La pregunta, de todas formas, no hace ninguna indicación sobre la dirección del tránsito. Nada se dice, pues, del objetivo. Un asunto éste que cambiará posteriormente cuando en ausencia del dictador se vaya perfilando el vocabulario del postfranquismo. El hecho de que se hable de transición "del régimen" no contribuye en absoluto a clarificar el sentido de la pregunta, ya que esto puede significar transición desde el régimen o dentro del régimen. Una última observación sobre la literalidad de la pregunta: Tampoco se entiende bien el uso del verbo garantizar. En su exacta ubicación dentro

de la frase no aclara si se trata de asegurar que se dará la transición o, más bien, se refiere a procurar seguridad al proceso de transición. En conjunto debe tratarse de una de las preguntas menos afortunadas y probablemente es fruto de un proceso de autocensura del investigador o de la búsqueda de cierto posibilismo expresivo.

En todo caso, las respuestas organizadas de acuerdo con la estructura del discurso al que se refieren, muestran alguna sorpresa, como el escaso respaldo a la idea de que el "apoyo incondicional a la monarquía de Juan Carlos" es una garantía de "transición pacífica del régimen". Con sólo el 12% de las respuestas, aparece por detrás de la "participación activa y responsable de los españoles"

(23%). Estos datos se refieren a Madrid y Sevilla, ya que en el sondeo realizado en Barcelona no se incluyó la alternativa de la participación. Las otras garantías de transición pacífica resultan comparativamente menores: "La exclusión del comunismo" (8%) y "el rechazo de cualquier tipo de separatismo" (6%).

La impresión general que este estudio produce es que sus resultados no pueden interpretarse en clave de apoyo o rechazo a la transición, ya que aparecen demasiado pegados a la problemática del discurso de Arias. Discurso que por sus propios condicionantes comunicativos no pertenece aún al ciclo preparatorio de la transición aunque incluya este término.

Pero si el planteamiento mismo de la encuesta oficial tenía pocas probabilidades de ofrecer pautas claras de reacción ante los contenidos del discurso; no ocurre lo mismo con los resultados de una encuesta simultánea sobre el mismo tema de la cual da cuenta el diario Informaciones⁸⁴⁵. Un 40,3% pensó que el discurso no respondía en absoluto a los interrogantes que sobre el futuro tenía planteados la sociedad. Y frente a la propuesta gubernamental de continuar la evolución

Tamaño de la muestra: 1249 entrevistas. Trabajo de campo: Nov. 1975.

aperturismo- una amplia mayoría de 56,3% se declara partidario de reformarlas.

Todo esto parece indicar una clara actitud de decepción ante el curso regresivo de la política tras las tímidas promesas de liberalización de un año antes. La reacción del público parece ahondar el abismo entre la España oficial -representada por el repliegue de las élites en torno a la "seguridad" del inmovilismo- y una España real que quiso creer en la posibilidad de algún avance y lo veía de pronto desmentido.

En el mes de noviembre de ese mismo año se realizó otra encuesta por el IOP en la que se incluyó, junto a las consabidas preguntas sobre el fallecimiento del dictador, que se acababa de producir, algunas otras de más contenido político⁸⁴⁶. El momento resulta oportuno para inquirir sobre el futuro del régimen, pero la pregunta se hace con una redacción tan forzada que es dudoso que obtenga indicaciones certeras sobre las expectativas del público. "¿Cree Vd. que las Leyes Fundamentales, y demás normas constitucionales harán posible el tránsito al futuro?" -decía textualmente la pregunta. Se trata de una redacción en la que el significado inmediato de las palabras puede estar ocultando un sentido más profundo o una intención menos evidente. El "tránsito al futuro" parece una formulación lo bastante imprecisa para ser aceptable por todo el mundo, pero en 1975, la palabra futuro parece connotar cierta adaptación a los modelos políticos europeos de estado de derecho. La clave de la pregunta, no obstante, es si el marco político del régimen permite las reformas, es decir, si se puede evolucionar hacia un sistema liberal desde el régimen franquista. Descartado cualquier sentido técnico jurídico referido a las posibilidades de reforma de las leyes, hay que pensar que la intención del investigador es averiguar la disposición más o menos reformista del público. Pero para averiguar esto, lo que se pregunta es si las Leyes Fundamentales permitirán el tránsito. Tal vez no

Los gerentes o empresarios, funcionarios superiores y técnicos y profesiones liberales se apuntan decididamente (48%) a esta actitud esperanzada y junto a ellos los estudiantes. Los jubilados (9%) y quienes se dedican a "sus labores" (15%) se cuentan entre los menos reformistas. Contrariamente, un 31% del total afirma no estar preocupado por el futuro (¿del régimen?) y la despreocupación aumenta con la edad aunque se mantiene bastante homogénea entre los diferentes niveles de estudios. Los jubilados y los propietarios de pequeños negocios son los menos preocupados por el futuro. Por último, son un 32% quienes declaran "no saber donde iremos". Actitud que crece también con la edad, decrece entre los universitarios y se acentúa notablemente entre quienes sólo tienen estudios primarios. Por ocupaciones, son las de obreros especializados y Sus labores quienes muestran mayor desconcierto. La inclusión de una opción para los que "no saben a dónde iremos" habrá contribuido a reducir el grupo de los "No sabe/No contesta" de una dimensión inusualmente reducida.

resulte totalmente evidente, pero la suma lógica de todo esto es que hay dudas sobre la capacidad del régimen de evolucionar en el sentido en que se supone que la gente desea que lo haga. Lo peculiar de esta idea es que da por supuesto un difuso deseo de evolución en sentido democrático, deseo al que sin embargo se prefiere no nombrar. Estamos, pues, ante uno de los muchos "non-dit" o sobreentendidos de nuestra historia política reciente. Todo esto se podría haber dicho en forma más directa; pero recordemos que estamos ante una encuesta oficial en un momento de gran incertidumbre y desconcierto de la propia clase política. La distribución de las opciones resulta bastante equilibrada. Sólo un 26%

declara que el futuro será posible mediante las "reformas que el tiempo y las circunstancias aconsejen"⁸⁴⁷.

La primera declaración del gobierno formado tras la muerte de Franco y la confirmación por el Rey del presidente Arias, motivó otra encuesta a fines del 75⁸⁴⁸. En ella se preguntaba cuáles de los cambios anunciados por el gobierno parecían más importantes. Las respuestas destacan los anuncios en torno a la participación (27%) y las libertades individuales (27%) muy por delante de las reformas institucionales (10%).

El divorcio entre el mundo institucional y la sociedad no pasa desapercibido para nadie; pero se contempla mejor en las encuestas independientes que en las demasiado ambiguas del IOP: el 52,4% de los encuestados declara no estar de acuerdo con la opinión expresa del presidente de que no hay diferencia entre la imagen real de España y la oficial. En los últimos años del franquismo este tema se convirtió en un tópico periodístico; pero que no carecía de base empírica queda demostrado por estudios de este tipo. En la constatación misma de esta escisión de la esfera pública está implícita la necesidad de su superación, que es, precisamente, lo que deberá ocurrir en las ulteriores fases de la transición.

4.2.1.2 En busca de un referente nuevo para la opinión.

Para una sociedad que, al revés de lo que le ocurría a sus teóricos representantes en las Cortes, aplaudía los anuncios de reforma, pero no era capaz de movilizarse en forma suficientemente amplia por objetivos democráticos, era urgente encontrar un asidero o palanca sobre la que descargar las esperanzas y la responsabilidad de realizarlas. Visto que el alcance reformista de los políticos del régimen no llegaba ni para mantener un programa aperturista, no resulta extraño que se buscara en otra dirección. Ni siquiera los reformistas periféricos (Fraga, Areilza Álvarez Miranda, etc.) reunían las condiciones para hacerse depositarios de semejante proyección de voluntades. Pero mucho menos que en la periferia del mundo oficial, se buscaría en las afueras, es decir entre los líderes de la oposición:

tales líderes carecen no ya de imagen, sino de nombre para el gran público. Aún no se ha producido el "asalto comunicativo" o "emergencia" de la oposición a las páginas de los periódicos, ni mucho menos a las pantallas de TV. Sólo el Príncipe parecía adecuado. Algo de esto indican las encuestas de la época y ello a despecho de los deseos del búnker que hubiera deseado un perfil mucho más anodino en el sucesor. Y a despecho, también, de las previsiones de

la oposición democrática, que había venido viendo en la figura de D. Juan un candidato menos "marcado" por el dictador.

Una encuesta del Instituto Consulta publicada el mismo mes en la revista Cambio 16⁸⁴⁹ puede ayudarnos a explicar este extremo. La investigación se centraba en el Príncipe y muestra claramente la forma en que se empieza a ligar a éste con los deseos de cambio, con lo que se inicia un proceso que podríamos denominar de "proyección": aunque nada podía indicar todavía las intenciones democratizadoras del llamado a suceder a Franco, sobre él se van depositando las esperanzas de aquellos que, sin militar en la oposición democrática creen que el régimen no podrá sobrevivir a su fundador. De algún modo, este proceso de concentración de expectativas constituye una reserva de legitimidad para el príncipe mayor que la obtenida de Franco al jurar sus Leyes Fundamentales. El camino recorrido por el nuevo rey bajo el Gobierno de Arias-Fraga puede asimilarse a una lenta adquisición de resortes y seguridad para asumir la legitimidad adquirida en la promesa del cambio y prescindir de la otorgada en nombre de la continuidad.

Se ha dicho que la posición del nuevo Rey era débil frente al aparato de poder franquista porque no podía contar con el factor de lealtad de las distintas familias, que Franco tenía asegurado. Pero, en cambio, el príncipe/rey contaba con una especie de préstamo de legitimidad en función de las expectativas de cambio depositadas en él por buena parte de la población. Expectativas, y esto es lo que importa resaltar, procedentes tanto de los sectores democráticos -pese a la prevención que la oposición mantiene oficialmente frente a Juan Carlos- como de sectores más o menos inmersos en la cultura autoritaria o, al menos, en la lealtad a Franco pero provistos del suficiente realismo para reconocer la imposibilidad de mantener las estructuras obsoletas de la dictadura una vez desaparecido el dictador. Igualmente, el mayoritario sector de los indiferentes, no identificados con la cultura política democrática ni autoritaria contemplan

la figura de D. Juan Carlos como un punto intermedio más próximo a su sensibilidad. De hecho, como demostraron los viajes iniciados de inmediato por los monarcas, el punto de apoyo esencial fue siempre esa mayoría silenciosa.

Estamos, pues, ante un punto de encuentro de las culturas políticas que habían subsistido en una relativa desconexión durante la dictadura. Parece evidente que mientras fue príncipe, D. Juan Carlos cuidó de no acentuar en exceso su lealtad a los orígenes, más allá de lo imprescindible para hacerse respetar por el establishment; pero, en buena medida, la concentración de expectativas de cambio en torno a su persona resulta independiente de su trayectoria concreta: la misma necesidad de creer en la viabilidad de un cambio pacífico de régimen llevaba a depositarlas sobre la figura que aparecía, por razones de edad, como menos ligada al pasado que se deseaba olvidar, De algún modo, la gente, "descontaba" las protestas de fidelidad al 18 de julio, como un peaje necesario para hacerse aceptar.

Incluso, la apelación a dicha legitimidad de origen durante su proclamación en las Cortes, que probablemente cumplía otra función, podía ser vista de este modo.

La aparición de un punto de encuentro de las opiniones públicas, la opinión oficial (el establishment y las familias políticas del régimen) y la opinión alternativa --que hemos llamado "social" por su origen, protagonistas y "temas" eminentemente sociales, es decir, periféricos respecto al sistema-, constituye un hito crucial en el proceso de reunificación de la esfera pública. El primer requisito de tal proceso es la posibilidad de compartir, antes incluso que los temas (iussues), los protagonistas, los referentes simbólicos de la acción pública. Ningún personaje del régimen podría cumplir ese papel sin aparecer, simbólicamente, por encima del entramado de intereses e intrigas que la clase política del régimen representa a la hora de la muerte de Franco. El mismo hecho de que el búnker y los más conspicuos franquistas atrincherados en las instituciones del régimen hicieran siempre cierto vacío en torno al príncipe, acabó jugando en su favor al facilitarle un perfil menos declaradamente franquista.

De entrada, la imagen del príncipe, al menos en lo que se refiere a su

"preparación para asumir la Jefatura del Estado", parece sólida ya que un 61% de los encuestados lo cree suficientemente preparado, frente a un 13% que no lo cree⁸⁵⁰. Se encuentran muy igualados quienes creen que llevará a cabo una liberalización (31%) y quienes no lo creen (30%) siendo esta cuestión de las que dejan más indecisos (39%). Vuelven a ser clara mayoría quienes desean que realice la liberalización política (51%) frente a un 13% que no lo desea y, nuevamente, un porcentaje elevado de no sabe/No contesta (36%). Entre las clases altas y los niveles de ingreso elevados, sectores más proclives a responder a este tipo de cuestiones, se encuentran tanto los más partidarios del cambio como los menos. Por regiones, la Gallega-Leonesa resulta la más reacia a la liberalización (20%) y la Catalano-Aragonesa la más favorable (61 %).

Las preguntas sobre la posible reforma de las Leyes Fundamentales indican, antes incluso de comparar porcentajes, que la figura del príncipe se liga desde el principio con la posibilidad -el deseo- de que los fundamentos del régimen sean reformados. Tal vez convenga, aquí, recordar, que en estas mismas fechas, la encuesta oficial, del IOP, sobre el discurso de Arias -que hemos comentado más arriba-, se refería a la evolución del régimen sin reforma de sus Leyes Fundamentales. Lo hacía, por añadidura, no como exploración de los desiderata del público sino como "tema" del discurso. El contraste no puede ser mayor. Al preguntar, en la encuesta del Instituto Consulta, sobre los aspectos de las Leyes Fundamentales que deberían reformarse, se dibujan actitudes democratizantes;

pero también se deja ver aún poca claridad en los objetivos, en línea con lo que ya señalábamos para la encuesta del IOP. La gente espera algunos cambios, pero necesita que las autoridades formulen las opciones. La pregunta de si el príncipe deberá efectuar un referéndum sobre la Leyes Fundamentales, en el contexto de las otras preguntas de la encuesta, aparece claramente ligada a la posibilidad de

su reforma. ¿Qué otro sentido podría tener? ¿Para qué se podría desear realizar un referéndum sino para decidir su mantenimiento o reforma? La mayoría favorable (54%) es clara y aumenta en las grandes ciudades, con el nivel de ingresos y entre las clases alta y media alta. Tónica que se viene observando en todas las opciones liberalizadoras de carácter más político y que se atenúa en cuanto se trata de contenidos sociales.

Con todo, es perceptible cierta dispersión en cuanto a las prioridades de una hipotética reforma, fruto, probablemente, de la falta de liderazgo reformista tras el naufragio de la apertura. Los sindicatos son el aspecto que más gente propone reformar (40%) mientras que las Cortes y la Jefatura del Estado empatan en un 22%. Esta proporción varía por zonas geográficas y hábitats, subiendo hasta el 63% los partidarios de reformar el sindicalismo en Barcelona, frente a un 21% en Levante. Esto parece coherente con la estructura socioeconómica de cada lugar.

Pero visto bajo la variable social (nivel de ingresos y pertenencia a clase social) la sorpresa es que las rentas y la clase altas se muestran más partidarias aún de reformar este aspecto que las bajas.

Menos sorprendente resulta la opinión sobre los grupos políticos que apoyarán o se opondrán al príncipe ya que responde enteramente a los esquemas de la cultura y la comunicación políticas en el tardofranquismo. Cae dentro de la lógica de las cosas que se prevea apoyo de los monárquicos y oposición de la izquierda. Es preciso apuntar que el conocimiento sobre la formación real de las opciones políticas existentes en el país está lejos de ser siquiera aproximado y que aún no se ha producido la ofensiva de la oposición democrática (tanto en movilizaciones como en presencia mediática).

4.2.1.3 Portugal

Creemos haber establecido en apartados anteriores que la influencia de la revolución portuguesa de abril de 1974 y los acontecimientos posteriores, van mucho más allá de la mera atención periodística a un país vecino. El itinerario histórico de los regímenes dictatoriales de ambos

países tiene indudables paralelos, mas allá de las diferencias estructurales obvias.

No son las diferencias o concomitancias entre ambas realidades las que reclaman ahora nuestra atención, sino la forma en que aquel proceso se imbricó en éste. Es decir, la manera en que los acontecimientos portugueses hicieron presagiar a algunos y temer a otros una secuencia equivalente que, sin embargo, nunca tuvo lugar. Recorriendo la prensa del período tuvimos ocasión de ver cómo la revolución democrática de Portugal se convierte en "tema" de la comunicación política, no sólo en tanto que actualidad, lo que va de suyo, sino como "trasunto", es decir, motivo que permite referirse a lo propio -nuestra transición entonces pendiente- sin nombrarlo, o, mejor, nombrando la del vecino. Este recurso estilístico no sólo, se muestra eficaz para eludir la censura o la sospecha, sino que se apoya en una difusa pero real, comparación intencionada:

El fin de la dictadura portuguesa convierte a la española en el último vestigio del ciclo antiliberal de los años treinta. Esto resulta, incluso, agraviante para nuestro país que siempre se tuvo por más avanzado que su vecino. Pone en juego, además, la idea de que el consenso en torno a un régimen se puede revelar ficticio de la noche a la mañana. Nadie espera seriamente un comportamiento de los militares paralelo al de los capitanes portugueses⁸⁵¹, pero la idea de la neutralidad no resulta menos conveniente para los intereses de la democracia, como lo muestra la aparición de una UMD para la que la neutralidad del Ejército es la reivindicación prioritaria. Medio año después de la revolución de los claveles más de la mitad de la población en las capitales más grandes no acierta a nombrar el país en que había tenido lugar⁸⁵²; pero entre quienes sitúan perfectamente los acontecimientos (48%) hay, claramente, un

La encuesta no llegó a publicarse. La pregunta formulada era la siguiente: "Por lo que parece, no hay ningún peligro de guerra en el Sahara. Pero en caso de que hubiera existido ese peligro, ¿hubiera Vd. sido partidario de que las tropas españolas entrasen en guerra, o hubiera Vd. pensado que era mejor abandonar el territorio?". Un 30% de los encuestados no respondió o no sabía qué responder a esta pregunta.

Cfr. BÁRBULO, T. Y PÉREZ DÍAZ, S. "Adiós al Sahara" en El País Domingo. 15 Oct. 1995. Otros, no obstante, han sostenido que el mismo Franco había sido partidario de la entrega del Sahara a Marruecos. Carlos Ruiz Miguel proporciona argumentos de peso a favor y en contra de esta tesis y, finalmente, concluye que "el Sahara no fue independiente porque él no quiso, y se entregó a Marruecos porque él no lo evitó". RUIZ MIGUEL, C. El Sahara occidental y España: historia, política y derecho. Análisis crítico de la política exterior española. Madrid: Dykinson, 1995. Pág. 116. Cursivas del autor. Vid. también CRIADO, R. Sahara. Pasión y muerte de un sueño colonial. París: Ruedo Ibérico, 1977.

de estudios e ingresos y decrece con la edad.

Por lo demás, la encuesta se hizo seis meses después, cuando ya la radicalización operada en el proceso ha ofrecido a las élites españolas una buena coartada para descalificar la democratización de Portugal. La coartada, sin embargo, no parece funcionar plenamente, a juzgar por el exiguo 7% que declara haber cambiado de opinión a raíz de los últimos acontecimientos (dimisión de Espínola el 30 de septiembre).

4.2.1.4 Sahara. La traición de las élites

El problema de la descolonización del Sahara fue uno de los temas con mayor potencial disolvente para la estabilidad del régimen. No sólo por su inoportunidad, al venir a coincidir con el momento del declive físico del dictador, sino también debido a que afectaba al más importante pilar de sustentación del régimen, su ejército, y en un contexto internacional nada favorable.

Los sondeos de opinión en torno al posible abandono del Sahara, realizados un año antes del Acuerdo de Madrid, 14 noviembre 1975, revelaban una actitud poco beligerante de la población. Los partidarios de entrar en guerra para defender el territorio no pasaban del 15%, mientras los abandonistas rondaban el 55%⁸⁵³. Pero esta actitud, aunque pueda contrastar con la del anciano dictador⁸⁵⁴ parece más próxima a la de su

También el grupo de presión pro-argelino (empresas como Hispano, Dragados y Construcciones, Standard Eléctrica, Gas Natural, etc.). Ibid. pág. 109-110.

La verdad de una traición. Madrid: Kaydeda, 1988. Pág. 848. El párrafo ilustra más sobre las preocupaciones del establishment en aquel momento que sobre el tipo de justificaciones esgrimidas para la política de abandono. No es un argumento para utilizar en público. Pero se trae aquí a colación por un motivo suplementario: ilustra también sobre el tipo de conexión que las élites establecían entre los hechos portugueses y nuestra propia realidad. Más allá de la distancia efectiva entre los problemas coloniales de uno y otro país, lo cierto es que no sólo entre las fuerzas democráticas se disparaba la imaginación con las comparaciones.

opiniones "blandas". Las autoridades o una parte de ellas, a juzgar por las divisiones en el seno del Gobierno⁸⁵⁵, eran conscientes de la imposibilidad de desplegar una defensa militar cuando en la retaguardia se preparaba la sucesión de Franco⁸⁵⁶. No cabe duda de que la crisis interna del régimen resulta determinante para explicar las contradicciones e indecisiones de la política en torno al Sahara.

"Puede decirse que existe

una aproximación entre la gravedad de los partes médicos y la precipitación de nuestro hacer"⁸⁵⁷ Pero esta razón debió pesar al menos tanto como los intereses y las connivencias de buena parte del Gobierno con la monarquía alauita. La renuncia al uso de la fuerza, no obstante, no tenía por qué conllevar la falta de voluntad política para defender el Sahara que en realidad se dio. Oficialmente la política del Gobierno era propiciar una descolonización ordenada, que había sido pedida insistentemente por la ONU; pero desde el año 1961 hasta 1973 -cuando se crea el Frente Polisario- no se hace nada en esa dirección y, al contrario, se refuerzan los lazos del «lobby» pro-marroquí. A la hora de producirse la crisis de la Marcha Verde, España ha tiene escaso margen y este se reduce aún por la política temerosa y típicamente franquista en el campo de la información. Mientras en Marruecos la prensa manejada por el Gobierno (toda) se pone al servicio de la campaña anexionista, la prensa española es silenciada como de costumbre. La aplicación a este tema de la Ley de Secretos Oficiales, que había iniciado Carrero, impidió la formación de una base de apoyo en la opinión pública. La opacidad jugó aquí una vez más a favor de una concepción radicalmente antidemocrática de la política y ello dejó un lastre notable durante años en las concepciones políticas de los demócratas.

La visita del todavía príncipe Juan Carlos a El Aaiún, el 2 de noviembre, que parece reafirmar la posición sostenida oficialmente de descolonizar según el mandato de la ONU, "España cumplirá sus compromisos", no puede ya torcer lo que se ha venido fraguando desde mucho tiempo antes⁸⁵⁸. La firma del Acuerdo de Madrid, supone un fracaso radical del que la clase política deseó siempre olvidarse y esto hace que la cuestión saharaui haya permanecido como una sombra de culpa planeando todavía hoy sobre los programas y las acciones políticas.

Como cuestión no resuelta en el orden práctico y como cuestión de principios sigue dividiendo a la clase política. Ni se denunciaron los acuerdos tomados por un gobierno débil y sometido a presiones, ni se rectificó posteriormente el error⁸⁵⁹. Como ha señalado agudamente Fernando Morán:

La actitud de la mayor parte de la opinión española respecto a los Acuerdos de Madrid en el momento de la transición a la democracia constituyó un elemento de lo que podríamos denominar cultura política de la ruptura. La repulsa a la anexión y, sobre todo, la condena a la política de claudicación y connivencia del último gobierno de Franco, formó parte, con un europeísmo acrítico y la simpatía hacia los pueblos oprimidos por las dictaduras latinoamericanas, de la visión más general de los demócratas españoles en los años que van de 1976 a las elecciones de 1979⁸⁶⁰.

En gran medida no hay duda de que el Sahara forma parte del temario básico de la cultura democrática y aún un cuarto de siglo después mantiene intacta su capacidad de alinear actitudes. Pero lo cierto es que mientras sucedían los episodios claves de esta historia, la opinión pública española tuvo pocas oportunidades de procesar adecuadamente la información. La crónica de Informaciones del día 14 de noviembre concluía con un pío deseo: "De un momento a otro se espera que se haga luz sobre el Sahara y quedará clara ante la opinión pública la definitiva posición española". Era demasiado pedir. Sencillamente, la información no llegaba o, mejor, lo que se permitió circular es la desinformación. El secreto que había envuelto toda la operación no sería tan fácil de romper: El día 5 de diciembre de 1975, cuando acaba de ser confirmado Carlos Arias en su puesto por el Rey, su ministro de información, León Herrera hace público el texto del Acuerdo de Madrid. Un Acuerdo firmado en la capital de España tres semanas antes, un acuerdo que supone la

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renuncia de Marruecos a proseguir con la "Marcha verde" a cambio de la entrega del territorio Saharaui. Un acuerdo que rompe con todas las disposiciones de la ONU y que viola el derecho internacional. Un acuerdo, en fin, que supone una humillante retirada para el Ejército. El gobierno ha secuestrado la información oficial durante tres semanas, durante las cuales se ha dedicado, mediante una política de hechos consumados, a garantizar la aplicación de los acuerdos con el mínimo de publicidad. El mismo día de la muerte del Jefe del Estado entraba en vigor la Ley de Descolonización del Sahara⁸⁶¹, prevista en los acuerdos de Madrid y que creaba una Administración temporal tripartita (marroquí- mauritana- española). Una semana antes se había intentado publicar en Cambio 16 la tercera entrega de una serie de artículos que bajo el título general de "El Sahara no es una finca" y firmados por un grupo de diplomáticos españoles en Nueva York se distanciaban de la postura oficial. Bajo amenazas de secuestrar la edición, el ministro de la Presidencia logra su retirada. Allí se decía que uno de los principales motivos de la entrega era Ia enorme presión que ha ejercido lo que ya se conoce con el nombre de «lobby» marroquí... Es sintomático comprobar las conexiones del «lobby» con el búnker, curiosa alianza político-económica, y su poderosa influencia en parte de la prensa nacional"⁸⁶². El párrafo alude seguramente a ABC y YA que apoyan la política oficial. Esta conexión, de otro lado, era reconocida por entonces por la mayoría de los observadores y puesta en evidencia por la prensa democrática aunque se hiciera con la prudencia requerida por la situación⁸⁶³.

Pero si en la vertiente comunicativa el gobierno ha respondido simplemente a su naturaleza opaca e irresponsable (no-responsable)

ocultando información a una opinión pública en la que nunca ha creído, no será más transparente su comportamiento hacia las propias instituciones del régimen. El ministro encargado de la defensa del Proyecto de Ley de Descolonización, Carro, interviene ante las Cortes el día 18 de noviembre, es decir cuatro días después de la firma de los Acuerdos de Madrid que comprometen al gobierno a publicar la ley que el ministro se dispone a defender. No obstante lo cual el mandatario afirma ante el Pleno "...Hoy por hoy el Gobierno español no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población... No se trata, en manera alguna, de buscar una legalización a ultranza de decisiones o acuerdos ya consumados"⁸⁶⁴. Los llamados Acuerdos de Madrid nunca fueron sometidos a las Cortes, ni siquiera publicados en el BOE. Las cortes franquistas no saben lo que están votando, sólo saben que se les pide un cheque en blanco para que el Gobierno haga y deshaga en un tema de importancia trascendental -al menos para los mismos saharauis de cuyo futuro se dispone-. Pero las Cortes franquistas están acostumbradas a dar cheques en blanco. Es más, están acostumbradas a no saber lo que votan, porque su misión no fue nunca saberlo sino dar cobertura a un régimen que desconoce la más elemental ética y los principios del Estado de Derecho. Sólo así se explica que los procuradores aprueben una ley para convalidar unos acuerdos que nunca conocieron y cuya existencia les era negada.

En estas condiciones ¿qué respuesta podían registrar los sondeos de opinión? La prensa, fuertemente condicionada por la información oficial, viene incrementando desde el verano los titulares tranquilizadores, justo en la medida en que la situación se agrava⁸⁶⁵. Ni tan sólo la oposición

pudo darse cabalmente cuenta de la gran injusticia histórica que se cometía, preocupada como estaba por la inmediata salida de la dictadura mientras agonizaba el dictador. La clandestina Unión Militar Democrática, formada con oficiales jóvenes y de alta preparación aunque con un radio de influencia limitado, y cuya cúpula de nueve personas había sido detenida medio año antes, condenó en términos duros la entrega del territorio a Marruecos calificándola de "traición al pueblo saharaui"⁸⁶⁶. La Junta democrática, que se había constituido apresuradamente en el verano del 74 al conocerse la primera enfermedad de Franco, se pronunció también contra la operación. Pero las repercusiones en el corto plazo no fueron mucho más allá. El tema no llegó a convertirse en un frente importante de la crítica democrática. Sólo mucho más tarde, con los primeros gobiernos constitucionales deviene un tema parlamentario⁸⁶⁷ por la inconsecuencia de la política magrebí de los diferentes gabinetes. El acuerdo de Madrid no se denuncia ni siquiera cuando una de las partes implicadas, Mauritania, renuncia a su porción territorial (5 agosto 1979) poniendo en entredicho la validez del mismo. Ni tampoco se asumen las obligaciones que su convalidación implica para España al renunciar a toda verdadera política de equilibrio en el Magreb. Tal como ha señalado Villar "esta «política de Poncio Pilatos», resultado en definitiva -como tantas otras cosas- de ese extraño conglomerado de continuismo y cambio que ha caracterizado la transición española a la democracia, ha de ser juzgada con severidad no sólo desde el punto de vista ético sino también desde el punto de vista estrictamente político (en términos de política de Estado)"⁸⁶⁸. Y es precisamente así, en su dimensión ética y política, como el Sahara ha pasado a formar parte de nuestra cultura política: una más de las renuncias que la izquierda hubo de hacer para