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Universidad de los Andes Facultad de Economía
De la Reforma Agraria al desplazamiento forzado en Colombia, 1900-2010
Presentado por: Laura Elena Salas Noguera1 Asesor: Fabio Sánchez
Resumen
Este trabajo analiza los efectos de largo plazo de la reforma agraria entendida como la asignación de tierras baldías sobre el desplazamiento forzado, el abandono y despojo de tierras, en un contexto concentración del poder político y aumentos en los retornos de la tierra. A partir de un estudio econométrico, se encuentra que en Colombia la adjudicación de baldíos en presencia de aumentos en los retornos de la tierra, tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el desplazamiento forzado. Además, se evidencia una correlación positiva y significativa entre la adjudicación de baldíos, el abandono y el despojo de tierras.
Palabras clave: reforma agraria, derechos de propiedad, conflicto, desplazamiento, despojo y abandono de tierras
Clasificación JEL: Q15, R52, D74, N4
1 Agradezco a Dios porque me permitó estar con personas que me ayudaron en todo el proceso de elaboración de la tesis, a Fabio Sánchez
y Ana María ibáñez por sus valiosos comentarios, orientación y acceso a la información y bases de datos. A Alejandro a María Adelaida Martínez y los asistentes de investigación del séptimo piso del CEDE por sus buenos consejos y recomendaciones.
Todos los errores u omisiones del documento son responsabilidad de la autora. Correo eletrónico: [email protected]
I.
Introducción
En Colombia hay entre 4.9 y 5.5 millones de personas en situación de desplazamiento, cifra que lo convierte en el país que alberga el mayor número de desplazados en el mundo (IDMC & NRC, 2013). La causa de ello ha sido el conflicto armado persistente desde los años 50. Este ha tenido una relación estrecha con las luchas campesinas del siglo XX, y la concentración de la tierra en un contexto de baja protección de derechos de propiedad.
A pesar de los esfuerzos, las reformas agrarias no han resultado en mejor distribución de la tierra (CNRR-Grupo de Memoria Histórica, 2010) y la violencia ha sido un impedimento para continuar con procesos de reforma (Reyes, 2009). De tal forma que la ausencia de reformas agrarias y la realización de reformas sobre la tierra que no han resultado en mejor distribución de la tierra han sido causa del surgimiento de conflictos.
En Colombia existe una correlación positiva entre las reformas agrarias, el conflicto armado, el desplazamiento, el abandono y el despojo de tierras. En el Gráfico 1 se observa que entre mayor número de adjudicaciones de baldíos en el siglo XX, hubo mayor abandono y despojo de predios después de 1985. Por un lado, porque las asignaciones de tierras públicas favorecieron sobre todo a la clase terrateniente, contribuyendo así a la agudización del malestar social en las zonas rurales; y por otro lado, porque la falta de una legislación clara no permitió una protección efectiva de derechos de propiedad, lo que facilitó la exacerbación de los conflictos (Machado, 2009) y por lo tanto el desplazamiento, el abandono y despojo de tierras.
Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo es determinar la relación de largo plazo entre el desplazamiento forzado, el abandono, el despojo de tierras y la reforma agraria por medio de la adjudicación de terrenos baldíos y la reversión violenta de estos procesos a causa del conflicto. Bajo la hipótesis de que los despojos, el abandono de tierras y el desplazamiento, se dan cuando ocurren aumentos en los retornos esperados de la tierra, en medio de un contexto de derechos de propiedad débiles y alta concentración del poder político.
Para cuantificar los efectos de largo plazo de la adjudicación de baldíos, se estima un modelo econométrico con la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios. A partir del
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cual se encuentra una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la adjudicación de baldíos, el despojo y el abandono de tierras. Además, en los municipios donde se concedieron más adjudicaciones de baldíos y se dieron aumentos en los retornos de la tierra, se presentó mayor nivel de desplazamiento forzado.
Gráfico 1. Relación entre el número de adjudicaciones y el despojo y abandono de
tierras por departamento
Antioquia
San AndrésBogotá Atlántico
Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar
Chocó Córdoba Cundinamarca Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño
Norte de Santander Putumayo
Risaralda
Santander Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vichada 0 1000 2000 3000 4000 Pre d io s a b a n d o n a d o s re p o rt a d o s a l a U R T
0 10000 20000 30000 40000 50000
Número de adjudicaciones de baldíos (1900-2010)
Antioquia
San Andrés Atlántico Bogotá Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar Chocó Cundinamarca Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander
Putumayo
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vichada 0 500 1000 1500 2000 Pre d io s d e s p o ja d o s re p o rt a d o s a l a U R T
0 10000 20000 30000 40000 50000
Este trabajo presenta una contribución a la literatura económica, en la medida que cuantifica los efectos de largo plazo de la reforma agraria entendida como la adjudicación de baldíos en el conflicto colombiano, y permite entender mejor la relación entre el conflicto y la tierra en el país, sobre todo si se tiene en cuenta que en la actualidad se está llevando a cabo la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano a través de la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), que contempla acciones de restitución a partir del restablecimiento de derechos de propiedad, y formalización de tierras; y los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC; en los cuales, uno de los puntos de la agenda de negociación es el desarrollo agrario integral y aspectos de redistribución.
Además, este es un tema que se ha analizado poco a partir de la información estadística sobre adjudicaciones históricas y despojo tierras. Por un lado, la base de datos utilizada es novedosa y es un primer intento para recopilar información que permite examinar con detalle las tendencias históricas de la reforma agraria en Colombia a nivel municipal. Por otro lado, los datos históricos de adjudicaciones se cruzan con información del conflicto colombiano, que permite hacer análisis económico para generar recomendaciones de política pública a partir de la cuantificación de los efectos de la reforma agraria sobre la violencia.
Este documento está dividido en cinco partes incluyendo esta introducción. En la segunda parte se presenta la literatura económica en la que se desarrolla la relación entre reforma agraria, derechos de propiedad, desarrollo económico y conflictos. En la tercera parte se expone la revisión de literatura relacionada con el tema de luchas por tierras, reforma agraria, conflictos y desplazamiento en Colombia. La cuarta sección corresponde a la presentación de la estrategia empírica y los resultados de la estimación del modelo econométrico. Finalmente se presentan las conclusiones.
II.
La Reforma Agraria, protección de derechos de propiedad y
conflicto
Las reformas agrarias pueden observarse como arreglos institucionales que modifican el acceso a la tierra, por lo tanto son centrales para el funcionamiento de la economía agrícola y el desarrollo rural (Bradhan, Luca, Mokherjee, & Pino, 2013). Especialmente, las titulaciones de tierra aumentan la seguridad de la tenencia y la eficiencia económica (Binswanger, Deininger, & Feder, 1993). Sin embargo, la redistribución y la
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intervención en el mercado de tierras no es efectiva por sí sola, si no existe un vínculo entre la tierra y los mercados de crédito (Bardhan, 1980). Además, debe considerar a los trabajadores agrícolas y las condiciones en las cuales se desenvuelven (Moyo, Rutherford, & Amanor-Wilks, 2000).
Derechos de propiedad y conflicto
Los derechos de propiedad y la redistribución de la tierra son relevantes en la generación de un ambiente ideal y no distorsionado para el desarrollo económico (Feder & Deininger, 1999), y pueden contribuir a la prevención o surgimiento de conflictos. Además, generan incentivos para aumentar la inversión y la productividad, facilitan el intercambio de tierras, promueven el acceso al mercado de crédito (Hornbeck, 2010; Deininger & Jin, 2003) y regulan la distribución de los beneficios que se derivan de los usos específicos de determinada porción de tierra (Deininger, 2004).
Sin embargo, la ausencia de derechos de propiedad genera condiciones para que surjan brotes de violencia (Fernández, 2010; Conning & Robinson, 2007). Esto se evidencia en el modelo desarrollado por Besley (2009), en el cual se plantea que la mala definición de derechos de propiedad, además de tener efectos negativos sobre la actividad productiva debido a que promueve la re-asignación de recursos hacia actividades improductivas de defensa frente a la posibilidad de expropiación, puede generar conflictos que surgen por el interés de defender la propiedad.
Los conflictos también pueden darse por la presencia de otros factores. Entre ellos, las posibilidades económicas de los agentes en conflicto; ya que las guerras civiles ocurren cuando las organizaciones rebeldes son financieramente viables (Collier, 2006). Por ello, las presiones sobre la tierra se presentan no solo cuando la seguridad de la tenencia es débil y confusa, sino cuando esta se presenta como una posibilidad de aumentar las ganancias económicas al desarrollar algún tipo de actividad a partir de ella. En este sentido, la violencia puede observarse como una tecnología de apropiación ilegal (Grossman, 1994) y aquellos que tienen la posibilidad de establecer seguridad en la tenencia de la propiedad, consideran una maximización de su riqueza teniendo en cuenta una restricción de violencia o robo (Allen, 1991).
Asimismo, es necesario reconocer que la titulación de tierras y la protección de derechos de propiedad, son decisiones políticas sujetas a la presión de grupos de interés y a interpretaciones legales de las autoridades judiciales (Alston, Libecap, & Mueller, 2002;
Binswanger, Deininger, & Feder, 1993). La protección de derechos de propiedad está determinada de forma conjunta por el equilibrio político y la organización agrícola; por ello, aumentos en la desigualdad de la tenencia de la tierra y en la población sin propiedad, incrementará la demanda por reformas (Conning & Robinson, 2007) y al mismo tiempo la competencia política jugará un rol fundamental en su determinación (Bardhan & Mookherjee, 2010).
Esto permite enmarcar la lucha por tierras en Colombia, ya que el conflicto y sus efectos sobre el abandono y el despojo de la propiedad, como mecanismos de presión, tienen su origen en la conjugación de un hecho fundamental: aumentos en los retornos de la tierra en un contexto de derechos de propiedad débiles y concentración del poder político. Es decir, que existen agentes que despojan a otros de sus predios haciendo uso de mecanismos violentos, porque existe un interés económico en dichas propiedades, no hay seguridad en la tenencia para los propietarios, y porque se valen de su influencia política para lograr ejecutar los despojos.
Reformas agrarias y sus efectos de largo plazo
Debido a la importancia de los derechos de propiedad establecidos a través de las reformas agrarias, es necesario examinar sus efectos de largo plazo. Entre los autores que han realizado este tipo de trabajos se puede mencionar a Banerjee, Gertler, & Ghatak (2002), quienes encontraron un impacto positivo de la transferencia de derechos de propiedad sobre la tierra a través de la Operación Barga en Bengala Occidental (1978), en la productividad agrícola. Esto fue el resultado de dos efectos, el primero corresponde al aumento del poder de negociación de los arrendatarios a partir de la seguridad en la tenencia agrícola, contribuyendo a mejorar la proporción de cultivos que les corresponden; y el segundo es el aumento de las posibilidades de inversión por parte de arrendatarios, y la disminución de amenazas de desalojos por parte de los terratenientes.
En esta misma línea, Goldstein & Udry (2005), estudian los efectos de la adquisición y defensa de los derechos de propiedad en la inversión agrícola en Ghana. Ellos encuentran que quienes no tienen una protección adecuada de sus derechos de propiedad hacen menores inversiones sobre la tierra, por lo tanto la productividad de la tierra es reducida. Mientras que en Brasil, las reformas agrarias y la titulación de las propiedades, aumentaron el valor de la tierra, y disminuyeron los costos privados de defenderla (Alston, Libecap, & Shneider, 1996).
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Por su parte, Besley & Burgess (2000) encuentran que las reformas agrarias estuvieron asociadas con reducción en pobreza y aumentos en salarios agrícolas en 16 estados de La India. La reducción de pobreza fue mayor en zonas donde hubo mayor redistribución de la tierra.
Además de los efectos sobre la productividad, se ha analizado el impacto de las reformas sobre la desigualdad. Entre los autores que han realizado este tipo de trabajos, se destaca a Ramcharan (2010), quien examina la relación entre desigualdad en las políticas redistributivas en Estados Unidos entre 1890 y 1930, y encuentra que mayor desigualdad en la tenencia de la tierra está asociada a menores políticas redistributivas.
También se ha encontrado que treinta años después de las regulaciones en la tenencia de la tierra en India, la desigualdad es menor en la zonas más reguladas, debido a que ha mejorado el acceso de las clases medias a la tierra, y han aumentado sus cultivos (Besley, Leight, Pande, & Rao, 2013). Sin embargo, cuando se observan estos efectos considerando los cambios demográficos, el impacto en la desigualdad es pequeño, aunque hay un resultado positivo sobre la división de las propiedades y en las transacciones en el mercado de tierras (Bradhan, Luca, Mokherjee, & Pino, 2013).
A pesar de los resultados positivos del buen funcionamiento de los mercados de tierra mencionados anteriormente, las reformas en los derechos de propiedad pueden generar externalidades negativas. Este es el caso Tailandia, donde el cambio en la legislación en los años 80, que trató de legalizar la presencia de colonos en zonas de reserva y en tierras públicas emitiendo títulos que les permitían cultivar, pero les prohibían vender sus tierras, generó aumentos en las tasas de arrendamientos y distorsionó los mercados de tierra (Giné, 2005).
III.
La ocupación de baldíos, derechos de propiedad, conflictos por
la tierra y desplazamiento en Colombia
El control de la tierra ha sido la fuente de acumulación riqueza y poder de más larga duración en la historia del país (Reyes, 2009), y ha generado conflictos debido a la mala definición de los derechos de propiedad desde que se empezaron a ocupar las zonas baldías.
La ocupación de baldíos en el siglo XIX
La expansión de la producción agrícola para la exportación generó estímulos para el crecimiento, desarrollo rural y ocupación de áreas inexploradas, ofreciendo nuevas oportunidades económicas, que generaron una competencia en la búsqueda de tierra y trabajo entre campesinos y terratenientes (LeGrand, 1988). Los mecanismos utilizados para la asignación de baldíos fueron: la venta de baldíos para pagar deuda pública2 (Fazio, López & Sánchez, 2007), ventas directas, entrega de tierras como compensación a militares e inmigrantes extranjeros, apropiación ilegal, entrega de baldíos a colonos para fomentar el crecimiento rural, asignación de tierras para explotación petrolera, o a cambio de obras públicas y ampliación de linderos (García, 1961). Estas formas de adquisición de predios favorecieron principalmente a grandes latifundistas, y contribuyeron a la persistencia de la concentración de la propiedad que se venía presentando desde La Colonia (Machado, 2009; Ibáñez & Muñoz, 2010; Toro, 1985).
Los derechos de propiedad, la relación jurídica con la tierra y conflictos
Después de La Independencia, persistía la tradición monárquica española en la política de baldíos (Palacios, 2011) y a pesar de los estímulos que se dieron a partir de las Leyes 61 de 1874 y 48 de 1882, buena parte de los colonos no tenían títulos legales de las tierras que ocupaban. Por ello, los terratenientes aprovecharon sus conocimientos legales y sus recursos para obtener títulos de propiedad y usurpar predios previamente ocupados, por medio de la falsificación de títulos de propiedad, ventas ilícitas, y de juicios de partición, de deslinde o de posesión (LeGrand, 1988).
Una vez los campesinos se vieron envueltos en este tipo de dificultades, empezaron a organizarse para oponerse a las usurpaciones, pero la falta de conocimiento del sistema jurídico, la pobreza y el analfabetismo complicaron su resistencia. Incluso, se presentaron respuestas violentas frente al despojo, sobre todo, donde persistían disputas sobre la autenticidad de los títulos de propiedad, zonas de colonización, y donde los indígenas ocupaban extensas áreas de tierra (Roldán, 2003; Fajardo, 1994 en Ibáñez, 2008).
Los poderes locales y nacional estaban descoordinados (LeGrand, 1988) y no hubo una política clara y estable sobre la colonización y el uso de tierras, porque estuvo sujeta a cambios políticos y a intereses de especuladores y acumuladores de tierra (Machado, 2009).
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Al mismo tiempo, se encareció el proceso administrativo para que el colono legalizara su propiedad (Olarte 1895 en Palacios, 2011) y se evidenció la lentitud de los procedimiento legales (Villegas, 2012).
Esta situación continuo durante todo el siglo XX y en la actualidad, las leyes relativas a la distribución de la tierra también padecen imperfecciones y vacíos legales. Además, las élites rurales y los paramilitares pueden combinar la amenaza con la manipulación del sistema legal para usurpar tierras (Gutiérrez, 2012).
Política agraria en el siglo XX
La política agraria del Estado durante las primeras décadas del siglo XX continuó favoreciendo al latifundio y debido a que el problema agrario se convirtió en un obstáculo para la industrialización y ampliación del mercado interno (Machado, 2009), se impulsaron propuestas como: la política de parcelación de los 30 y la primera Reforma Agraria liderada por López Pumarejo por medio de la Ley 200 de 1936, que buscó la aclaración de los títulos de propiedad, para introducir legislaciones más estrictas sobre los desalojos y para estimular el aprovechamiento productivo de la tierra (Ibáñez & Muñoz, 2010).
Estos esfuerzos no produjeron resultados positivos en la estructura de la propiedad, y en las décadas siguientes continuó la concentración de la propiedad. Los conflictos en las áreas rurales se agudizaron a partir del estallido de La Violencia y de las luchas partidistas hacia finales de 1940. Los campesinos se integraron en el conflicto nacional y se observó la formación de movimientos y guerrillas de autodefensa bajo el liderazgo de personas que habían tenido algún tipo de experiencia en organizaciones campesinas en años anteriores (Machado, 2009). Bejarano (1987) también destaca procesos de revancha terrateniente durante La violencia y sus nexos con las luchas agrarias.
En 1961 Lleras impulsó una nueva Reforma Agraria a partir de la Ley 135. Sus objetivos principales estuvieron orientados a reformar la estructura agraria social; aumentar el volumen global de producción agrícola y ganadera; mejorar las garantías de los pequeños arrendatarios y aparceros; elevar el nivel de vida de la población campesina; asegurar el buen uso de recursos naturales y promover, apoyar y coordinar las organizaciones campesinas (Ministerio de Agricultura: INCORA, 1975). Sin embargo, la Ley no produjo mejoras en redistribución, las tierras expropiadas fueron pocas, eran aisladas, de mala calidad, y estuvieron por debajo de la meta establecida. Para 1972, se acordó el fin de la Reforma por medio del Pacto de Chicoral y el Gobierno colombiano siguió haciendo
esfuerzos para desarrollar mejor su política agraria a través del INCORA (Gáfaro, Ibáñez & Zarruk 2012).
En medio de una situación de conflicto armado interno, se vuelve hacer un esfuerzo para llevar a cabo una Reforma Agraria. Esta se desarrolla por medio de la Ley 160 de 1994, que buscó dinamizar la redistribución a partir de un subsidio para que los campesinos compraran tierras. Este subsidio equivalía al 70% del precio de la propiedad, y el 30% restante podía ser financiado por medio de una línea de crédito especial (Belalcázar & otros, 2001).
Para el año 2005 durante la administración de Álvaro Uribe, se establece que los líderes paramilitares debían devolver los bienes adquiridos por medio de acciones violentas o ilegales a través de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Sin embargo no estableció la forma en la que se devolverían las tierras despojadas o robadas, y por medio de la Ley de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007) se estipuló la posibilidad de adquirir tierras si se demostraba su posesión pacífica durante cinco años continuos, que en un contexto de conflicto armado podía favorecer la legalización de tierras usurpadas por actores al margen de la ley (Gutiérrez, 2012).
Ibáñez & Muñoz (2010), PNUD (2011) y Gáfaro, Ibáñez & Zarruk (2012), entre otros, reconocen que los intentos de reformas fueron fallidos, en parte por la creación de incentivos perversos que no afectaron efectivamente la estructura de tenencia de la propiedad, la falta de institucionalidad estatal para atender a las demandas de los actores sociales, la orientación de las políticas para responder a intereses de grupos particulares y por el desinterés de la sociedad civil para transformar la estructura agraria.
La tierra, el conflicto armado y el desplazamiento en Colombia
Una de las explicaciones al conflicto colombiano está en la incapacidad del Estado colombiano para darle solución a las luchas alrededor de la tierra. De hecho, Bushnell (2007) reconoce que buena parte de las áreas afectadas por la lucha armada fueron escenarios de descontento agrario y tierras de colonización donde no había definición clara de los títulos de propiedad. Otros autores como LeGrand (1988), Ibáñez y Querubín (2004), y Reyes (2009) reconocen el vínculo existente entre las luchas agrarias y la violencia en Colombia.
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La tierra se encuentra inmersa en el conflicto armado colombiano, no solo por el descontento histórico y el malestar agrario, sino porque uno de los efectos de la violencia en Colombia ha sido el desplazamiento forzado (Sánchez & Díaz ,2005; Engel & Ibáñez 2007) y el despojo de la tierra, que ha afectado principalmente a la población rural. Además, este hecho tiene un efecto negativo sobre la pobreza, ya que genera pérdidas económicas en activos físicos, capital humano, social y financiero, que no son compensadas con los ingresos laborales que pueda percibir la población desplazada (Ibáñez, 2008).
Despojo y abandono de Tierras en Colombia
A partir de La ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) se creó un procedimiento para restituir y formalizar la tierra que haya sido despojada o abandonada3 desde 1991. Para ello las personas que han sido víctimas de este tipo de actos violentos pueden reportar a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) el número de predios y hectáreas que hayan sido despojados o abandonados a causa del conflicto. A continuación se presentan algunos datos de despojo y abandono que fueron reportados a la URT hasta el 31 de agosto de 2013.
Gráfica 2. Despojo y Abandono de predios por departamento
3 El artículo 74 de la ley define el despojo como la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva
arbitrariamente a una persona de su posesión, mediante un negocio jurídico, acto administrativo, sentencia o mediante la comisión de delitos asociados de la situación de violencia; y el abandono como una situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 A n ti o q u ia C esar B o lí v ar C ó rd o b a M ag d al en a S an ta n d er N o rt e d e S an ta n d er M et a S u cr e To li ma V al le d el C au ca P u tu may o C aq u et á C h o có C u n d in ama rc a C asan ar e N ar iñ o C au ca A ra u ca La G u aj ir a V ic h ad a B o g o tá C a ld a s H u il a G u av ia re B o y ac á A tl án ti co R isara ld a Q u n id ío V au p és A maz o n as G u ai n ía
En la Gráfica 2 se presenta el número de despojos o abandonos por departamento. Se observa que los departamentos con más predios despojados son: Antioquia, Cesar, Bolívar y Córdoba. El mayor número de predios abandonados se ha presentado en Antioquia, Meta, Tolima, Nariño y Putumayo.
En total se han registrado alrededor de 23.633 predios abandonados y 12.212 predios despojados en todo el país, 1896 predios no se identifican como abandonados o despojados. Esto demuestra que los delitos relacionados con el conflicto armado y la tierra en Colombia están sobre todo relacionados con el abandono y no con el despojo.
A partir del gráfico 2 es fácil ver que la región Caribe ha sido muy afectada por el despojo de tierras. Esto coincide con la presencia de paramilitarismo en esta zona. Los departamentos menos afectados tanto por despojo como por abandono en Colombia son Guainía, Amazonas, Vaupés, Quindío y Risaralda. El departamento con el mayor número de hectáreas reportadas como despojadas o abandonadas también es Antioquia, seguido de Santander, Bolívar, Cauca y Huila. En Sucre el 0.43% de su superficie ha sido despojada y/o abandonada y en Antioquia el porcentaje de predios abandonados y abandonados corresponde a un 0.3% de la superficie del departamento (ver Gráfica 3).
Gráfica 3. Hectáreas despojadas y/o abandonadas por departamento
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 An ti o q u ia S an ta n d er B o lí v ar C au ca H u il a N ar iñ o N o rt e d e S an ta n d er C u n d in ama rc a V al le d el C au ca To li ma C ó rd o b a M et a S u cr e B o y a cá C h o có M ag d al en a C aq u et á La G u aj ir a C al d as A ra u ca P u tu may o C asan ar e G u ai n ía R isara ld a A maz o n as A tl án ti co C esar V ic h ad a G u av ia re Q u n id ío B o g o tá V au p és 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 Hec tá re a s d esp o ja d a s y /o a b a n d o n a d a s p o r d ep a rt a m en to Po rc en ta je d e d el á re a d ep a rt a m en ta l d esp o ja d a y /o a b a n d o n a d a
Hectáreas abandonadas y despojadas
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Tabla 1. Municipios con más predios abandonados y despojados
Departamento Municipio Predios Abandonados
Predios
Despojados Departamento Municipio
Antioquia Ituango 98 97 Antioquia Arboletes
Tolima Planadas 95 95 Antioquia Apartado
Arauca Tame 94 92 Magdalena Santa Marta
Cesar La Jagua de Ibirico 92 92 Cesar Agustín Codazzi Valle del Cauca Jamundí 90 9 Antioquia Puerto Nare
En la tabla 1 se presentan los municipios con el mayor número de predios abandonados, estos son: Ituango, Planadas, Tame, La Jagua de Ibírico y Jamundí. Tres de los cinco municipios con el mayor número de predios despojados están en Antioquia y son Arboletes, Apartadó y Puerto Nare. Vale la pena decir que el mayor número de despojos y abandonos se ha presentado en departamentos que tienen importancia histórica y económica para el país, y no sorprende que pertenezcan a zonas con mayor presencia paramilitar.
IV.
Marco Empírico
La estrategia empírica se desarrolla teniendo en cuenta que el desplazamiento, el abandono y el despojo dependen de tres factores principales: las posibilidades económicas que ofrece la tierra, la informalidad de la tenencia y la concentración de poder político en contextos de conflicto.
( )
Las ecuaciones a estimar son las siguientes:
(1) (2)
Las variables dependientes corresponden al número de tierras que han sido reportadas como abandonadas y despojadas a la Unidad de Restitución de Tierras. La variable corresponde al número total de adjudicaciones por municipio entre 1900 y 2010; indica los retornos de la tierra; y explica la concentración de poder político histórico en los municipios, medida como el coeficiente de gini de votos por candidato en 1958 para las elecciones de Asambleas, Cámara, Senado y Presidencia.
Las variables corresponden a las interacciones entre la variable de interés y los controles de retornos de la tierra y el poder político. es la multiplicación de los predios adjudicados y los retornos de la tierra; es la interacción entre las adjudicaciones y el poder político e corresponde a la multiplicación entre los retornos de la tierra y la concentración de poder político. Finalmente se presenta la interacción entre la variable de adjudicaciones, la concentración del poder político y los retornos de la tierra.
es un vector de controles geográficos e institucionales, tales como la superficie municipal, distancias a la capital departamental y los principales mercados mayoristas, distancia a municipios costeros, y el número de oficinas de notariado y registro por municipio.
Adicionalmente, se estima una ecuación con datos panel, donde la variable dependiente es el desplazamiento forzado ( ) medido como la expulsión de personas por municipio, la variable de adjudicaciones corresponde al número de adjudicaciones acumuladas desde 1900 hasta el año correspondiente, y las variables independientes son las mismas que fueron mencionadas anteriormente, salvo los controles geográficos y el número de oficinas de notariado y registro. Se realiza una interacción con una variable dicótoma de tiempo para que la variable de poder político tenga variación año a año. El periodo de tiempo de la estimación es 2000-2010 y se hacen efectos fijos de año y municipio. Todas las estimaciones de las ecuaciones (1), (2) y (3) se corren con las variables de adjudicaciones, retornos de la tierra, Gini de votos por candidatos y sus interacciones en logaritmos.
(3)
La adjudicación de baldíos en país no fue necesariamente un proceso aleatorio, posiblemente personas con poder político y económico, y que tuvieron acceso a información sobre la legislación, se pudieron beneficiar de la asignación de tierras públicas, e incluso muchas de las adjudicaciones fueron respuesta a los conflictos campesinos que se presentaron en las zonas rurales del país que persisten en la actualidad. Por lo tanto, los resultados de las estimaciones están sesgados debido a que la variable de interés (Adjudicaciones de baldíos) es endógena, por las razones mencionadas anteriormente y porque se pueden estar omitiendo variables dada la existencia de factores no observables dentro de los municipios que afectan el desplazamiento, el abandono y despojo de tierras, hay una clara presencia de endogeneidad en el modelo estimado.
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Existe una gran dificultad para encontrar un instrumento que permita hacer una estimación del efecto causal de las adjudicaciones en el despojo, el abandono y el desplazamiento. Por ello, los resultados de las estimaciones de las ecuaciones (1) y (2) presentan una correlación importante entre el conflicto colombiano, el despojo y el abandono de tierras. La estimación de la ecuación (3) en datos panel permite corregir el problema de la endogeneidad, y estimar una relación causal entre las adjudicaciones y el desplazamiento gracias a que los efectos fijos de año y de municipio. Sin embargo, en el anexo se presentan unos resultados de las estimaciones a partir del uso de variables instrumentales con Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos etapas.
Datos
Para la estimación, se utilizan estadísticas del Registro Único de Población Desplazada, que incluyen información desplazamiento a nivel municipal. Los datos de despojo y abandono de tierras son el resultado del proceso de las solicitudes de restitución de tierras realizadas a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entre 2011 y agosto de 2013. Estas estadísticas cuentan con el reporte de predios y hectáreas abandonados y despojados desde el primero de enero de 1985.
La información sobre reformas agrarias fue tomada del INCODER y corresponde al número de hectáreas y terrenos baldíos adjudicados y titulados en entre 1901 y 2010 a nivel municipal4. La estimación se hace teniendo en cuenta los municipios para el año 2012. Dado que la información es histórica, en la base de datos de adjudicaciones no están identificados todos los municipios y esto no implica que no hayan recibido adjudicaciones. Por ello, la asignación de adjudicaciones para los nuevos municipios se hizo teniendo en cuenta la proporción de la superficie del municipio creado con respecto a la superficie inicial del municipio segregante.
La variable de concentración de poder político histórico se construyó con los datos electorales del CEDE. A partir de los votos por candidato y por municipio para las elecciones de Asamblea Nacional, Cámara de Representantes, Senado y Presidencia se calcularon los coeficientes de Gini de votos por candidatos en las elecciones de 1958. Este año fue seleccionado debido a que esta información solo está disponible desde 1958, y porque desde este año hasta 1974 en el país no hubo competencia política entre partidos,
4 INCODER respalda la información de adjudicaciones para el periodo 1960-2012, los datos para los años anteriores se encuentran en
porque estuvo en vigencia el Frente Nacional, por lo cual utilizar algún dato posterior a 1958 podría contaminar la estimación. Hubiera sido ideal encontrar datos para elecciones a nivel local, específicamente de Concejos Municipales, sin embargo no hay información pertinente para este periodo.
La información de conflicto también fue tomada de las bases de datos del CEDE. Las variables que tienen en cuenta son: el número de víctimas por municipio durante cualquier acción subversiva, enfrentamientos entre las guerrillas, paramilitares y el Ejército Nacional, número masacres y víctimas de masacres por municipio y ataques de grupos al margen de la ley por municipio entre 2000 y 2010.
La variable que indica los retornos de la tierra, captura las ganancias económicas derivada de la explotación de la tierra. Esta variable fue construida con datos de las hectáreas cultivadas de los principales productos agrícolas del país del Ministerio de Agricultura, con precios internacionales y el índice de precios al consumidor del Banco de la República. Es el producto entre los precios relativos de los productos agrícolas y un índice de hectáreas fértiles que indica la aptitud del uso del suelo para fines agropecuarios. En el Apéndice 1 se especifica el cálculo de esta variable.
Estadísticas descriptivas
Las estadísticas descriptivas se presentan en la Tabla 2. Se pueden observar las diferencias entre las variables de interés entre los municipios que recibieron adjudicaciones de baldíos mayores al promedio y los que no. En cuanto a las variables de conflicto, se encuentra que el promedio de predios despojados, las personas en situación de desplazamiento y las víctimas del conflicto son mayores en los municipios con adjudicaciones de baldíos por encima de la media. Estas diferencias son significativas con un 99% de confianza. Las estadísticas de poder político muestran que el poder político estuvo concentrado en todos los municipios del país para 1958, los coeficientes de Gini de votos por candidato para todas las corporaciones son cercanos a 0.6 y no existen diferencias significativas entre los municipios que tuvieron muchas y pocas adjudicaciones. Los retornos de la tierra también han sido mayores en las zonas donde se han adjudicado más baldíos. Es necesario mencionar que esta variable no tienen ninguna interpretación particular, simplemente indica que más es mejor.
17
Tabla 2. Estadísticas descriptivas
Variable
Municipios con adjudicaciones por encima
de la media
Municipios con adjudicaciones por debajo
de la media
Diferencia de medias (prueba t)
Todos los municipios
Conflicto
Predios Abandonados 44.75 11.58 *** 21.06
(4.64) (1.23) (1.65)
Predios Despojados 23.55 5.81 *** 10.88
(3.09) (0.76) (1.06)
Personas en situación de desplazamiento (Expulsión)
4639.39 1643.41
*** 2500.55
(414.83) (139.33) (159.25)
Personas en situación de desplazamiento (Recepción)
4959.76 1597.42 *** 2559.37
( 967.69) (240.37) (327.15)
Víctimas de enfrentamientos violentos
314.81 73.11 *** 267.86
( 47.36) (19.68) (38.49)
Número de masacres 0.16 0.06 *** 0.09
(0.019) (0.009) (0.008)
Víctimas de masacres 0.87 0.31 *** 0.47
(0.114) (0.046) (0.047)
Poder Político
Gini de votos por candidato (Asamblea)
0.626 0.629 0.628
(0.007) (0.004) (0.003)
Gini de votos por candidato (Cámara)
0.617 0.612 0.613
(0.007) (0.004) ( 0 .003)
Gini de votos por candidato (Senado)
0.591 0.588
0.589
(0 .007) (0 .004) ( 0 .004)
Gini de votos por candidato (Presidencia)
0.605 0.592
** 0.593
(0.004) (0.003) (0.003)
Retornos Tierra
Retornos tierra 0.39 0.37 ** 0.37
(0.008) (0.005) (0.004)
Distancia a municipios con cultivos de coca
32.42 44.41
*** 40.99
(2.02) (1.76) (1.396)
Controles geográficos e institucionales
Distancia a municipios costeros 215.60 275.48 *** 258.58
(7.97) (6.87) (5.47)
Superficie municipal (km2) 1298.60 910.26 ** 1021.66
(124.72) ( 125.32) (96.38)
Distancia a la capital de departamento
91.42 77.28
* 81.31
(3.44) (2.10) (1.80)
Distancia al mercado mayorista más cercano
125.77 131.28
*** 129.71
(4.37) (4.33) (3.33)
Número de oficinas de notariado y registro
1.15 0.62
*** 0.77
(0.25) (0.049) (0.08)
Número de municipios 321 801 1122
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar están en paréntesis
En cuanto a los controles geográficos e institucionales se observa que los municipios más alejados a la capital del departamento fueron los que recibieron mayor número de adjudicaciones, son municipios más cercanos a la costa, y tienen mayor número de oficinas de notariado y registro en la actualidad.
Estadísticas y comportamiento histórico de las adjudicaciones de baldíos en Colombia
Tabla 3. Número de adjudicaciones por periodo a nivel nacional
Periodo Promedio de adjudicaciones
Municipios con el mayor número de adjudicaciones
Promedio de hectáreas adjudicadas
Municipios con el mayor número de hectáreas adjudicadas 1901-1936 7.25 Calarcá, Quindío (462) 1225,934 Montería, Córdoba (91.883,87) 1936-1961 44.31 Pasto, Nariño (2445) 3226,93 Mapiripán, Meta (27.3074,1) 1961-1994 330.42 Tumaco, Nariño (8951) 12185,37 Puerto López, Meta (52.0380,5) 1901-1994 378.57 Tumaco, Nariño (9443) 16267,41 Puerto López, Meta (75.6960,2)
Entre 1900 y 2010 se realizaron 526.743 adjudicaciones que corresponden a 22.509.480 hectáreas. El número promedio de terrenos baldíos adjudicados por municipio entre 1901 y 1994 fue de 378 aproximadamente; entre 1901 y 1936 se concedió el menor número de adjudicaciones promedio, esta cantidad fue aumentando conforme con el paso del tiempo (ver Tabla 3). Entre 1901 y 2000 se hicieron 451.313 adjudicaciones en todo el país. En general se observa que el mayor número de adjudicaciones se realizó después de la Reforma Agraria de 1961, establecida a partir de la Ley 135 (Ver Gráfico 4). El año en que se asignaron más predios fue 1969 con un total de 17.206 adjudicaciones; y el año en el que se adjudicó mayor extensión de tierra fue 1971 con 910.144 hectáreas (Ver Gráfico 5). Después de estos años se observa una caída en el número de adjudicaciones en Colombia. En promedio se adjudicaron 4.559 baldíos y 203.761 hectáreas durante todo el periodo, y se concedieron 146 hectáreas por adjudicación aproximadamente (Ver Tabla 4).
Tabla 4.Adjudicaciones de baldíos a nivel nacional (1901-2000)
Variable Media Desv. Est. Min Max
Adjudicaciones 4558,78 5177.55 2 17206
Hectáreas adjudicadas 203760,8 189.939 507,33 910.144,4 Hectáreas adjudicadas por año 146,3 224.80 19,24 1396,264
19
Gráfico 4. Número de adjudicaciones en el siglo XX en Colombia
Gráfico 5. Número de hectáreas adjudicadas en el siglo XX en Colombia
A nivel municipal se adjudicaron en promedio 503 predios y 21.590 hectáreas de tierras baldías. El municipio con el mayor número de adjudicaciones durante todo el periodo fue Tumaco, y el que recibió el mayor número de hectáreas fue Puerto Carreño con 922.608 hectáreas (Ver Tabla 5). El año en el que más adjudicaciones se hicieron a un
L e y 2 0 0 1 9 3 6 L e y 1 3 5 1 9 6 1 1969 L e y 1 1 9 6 8 L e y 1 6 0 1 9 9 4 0 5000 10000 15000 20000 Núm er o d e a dj ud ic ac io ne s t ota le s
1900 1920 1940 1960 1980 2000
Año en el que se expidió la resolución de adjudicación
L e y 2 0 0 1 9 3 6 L e y 1 3 5 1 9 6 1 1971 L e y 1 1 9 6 8 L e y 1 6 0 1 9 9 4 0 200000 400000 600000 800000 1000000 Núm er o d e h ec tá re as a dj ud ic ad as
1900 1920 1940 1960 1980 2000
municipio fue 1966 a Acevedo (Huila) con un total de 1059 adjudicaciones, mientras que Remedios (Antioquia) tuvo el mayor número de hectáreas adjudicadas (197.476 has) por año (1971). El mayor número de hectáreas adjudicadas por predio fue de 50.000, asignadas en Puerto Carreño.
Tabla 5.Adjudicaciones de baldíos por municipio (1901-2000)
Variable Media Desv. Est. Min Max
Adjudicaciones 502,65 880,46 1 9.490
Hectáreas adjudicadas 21.590,45 70.214,06 0,005 922.608,5
Tabla 6.Adjudicaciones de baldíos por municipio y año (1901-2000)
Variable Media Desv. Est. Min Max
Adjudicaciones 118,72 134,76 1 1.059
Hectáreas adjudicadas 3.371,4 7.696,52 0,0017 197.476,1 Hectáreas por adjudicación 42,68 165,18 0,0017 50.000
Los departamentos con mayor número de adjudicaciones son Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, de los cuales Nariño y Antioquia también están entre los departamentos con más despojo de tierras (ver Tabla 7).
Tabla 7. Departamentos con mayor número deadjudicaciones
Adjudicaciones Antioquia (43959)
9,74%
Valle (34502)
7,64%
Nariño (33107)
7,33%
En el Gráfico 6 se evidencia que el mayor número de adjudicaciones que se concedieron en cada departamento se dio entre 1961 y 1994. Los cinco departamentos con el mayor número de adjudicaciones son Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Huila y Santander. Los departamentos con el mayor número de hectáreas adjudicadas fueron Meta, Antioquia, Vichada, Cesar y Casanare (ver Gráfico 7). Bogotá, Amazonas, Guainía, Vaupés y San Andrés son los departamentos con el menor número de predios y hectáreas
21
adjudicadas entre 2000 y 2010. En términos de UAF, los departamentos con el mayor número de adjudicaciones son: Antioquia, Cesar, Santander y Tolima.
Gráfico 6. Número de adjudicaciones por departamento y periodo
Gráfico 7. Hectáreas adjudicadas por departamento y periodo
En la Tabla 8 se presenta una relación entre el número de despojos y abandonos y las adjudicaciones de baldíos por departamento. Antioquia es el departamento con el mayor número de adjudicaciones y al mismo tiempo tiene el mayor número de despojos y abandonos, aproximadamente un 10% de sus adjudicaciones han sido despojadas o abandonadas. En once departamentos del país el porcentaje de predios abandonados y
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 A n ti o q u ia N ar iñ o V al le d el C au ca H u il a S an ta n d er C au ca M et a To li ma C aq u et á C esar C u n d in ama rc a C asan ar e P u tu may o N o rt e d e S an ta n d er A ra u ca C ó rd o b a M ag d al en a B o lí v ar B o y ac á C h o có La G u aj ir a R isara ld a C al d as G u av ia re A tl án ti co Q u in d ío S u cr e V ic h ad a B o g o tá , D .C . A maz o n as G ia in ía V au p és S an A n d ré s
1900-1936 1937-1961 1962-1994 1994-2010
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 M et a A n ti o q u ia V ic h ad a C esar C asan ar e A ra u ca C aq u et á S an ta n d er C ó rd o b a To li ma M ag d al en a V al le d el C au ca N o rt e d e S an ta n d er B o lí v ar P u tu may o H u il a Na ri ñ o C au ca La G u aj ir a C u n d in ama rc a B o y ac á C h o có G u av ia re Q u in d ío C al d as R isara ld a At lá n ti co S u cr e B o g o tá , D .C . A m az o n as G u ai n ía V au p és S an A n d ré s N ú m er o d e U A F a d ju d ic a d a s Hec tá re a s a d ju d ic a d a s
despojados como proporción de las adjudicaciones históricas es superior al 10%. En Vaupés, Vichada, Bolívar, Bogotá y Guaviare, el porcentaje de predios abandonados y despojados como proporción de las adjudicaciones es superior al 15%. En Vaupés se han despojado o abandonado más predios de los que se han adjudicado entre 1900 y 2010, además Vichada, Vaupés y Bogotá hacen parte de cinco los departamentos con el menor número de adjudicaciones.
Tabla 8. Relación entre despojos, abandonos y adjudicaciones por departamento
Departamento Despojos y abandonos Adjudicaciones Despojos y abandonos/Adjudicaciones
Amazonas 14 630 0.022
Antioquia 5488 52079 0.105
Arauca 381 14477 0.026
Atlántico 51 3644 0.014
Bogotá 143 889 0.161
Bolívar 2409 13823 0.174
Boyacá 169 11742 0.014
Caldas 360 5405 0.067
Caquetá 871 22753 0.038
Casanare 280 18131 0.015
Cauca 791 30969 0.026
Cesar 2909 22155 0.131
Chocó 665 10327 0.064
Córdoba 1542 14179 0.109
Cundinamarca 522 19993 0.026
Guainía 18 384 0.047
Guaviare 699 4309 0.162
Huila 333 33916 0.010
La Guajira 213 9759 0.022
Magdalena 2010 14059 0.143
Meta 2925 30770 0.095
Nariño 1991 41330 0.048
Norte de Santander 2108 15900 0.133
Putumayo 1904 17283 0.110
Quindío 23 3499 0.007
Risaralda 88 8447 0.010
Santander 1379 32562 0.042
Sucre 1142 2966 0.385
Tolima 2614 28662 0.091
Valle del Cauca 1329 34418 0.039
Vaupés 41 34 1.206
23 Resultados
Efectos de adjudicación de baldíos sobre el abandono y despojo de tierras
En la tabla 9 se presentan los resultados de las estimaciones de MCO de las ecuaciones (1) y (2). Se observa una correlación positiva y estadísticamente significativa de las adjudicaciones sobre el despojo y el abandono. Además, en aquellos municipios donde se asignaron más baldíos y se presentaron aumentos en los retornos esperados de la tierra, también se presentó mayor situación de despojo y abandono de predios. Esto implica que las ganancias económicas que puedan obtener los actores al margen de la ley son un incentivo adicional para despojar.
En contextos de concentración histórica del poder político, las adjudicaciones también se correlacionan positiva y significativamente con el despojo de predios (ver Tabla 9, columna 8), es decir que el poder político ha sido un determinante importante en el desarrollo del conflicto armado en Colombia y ha facilitado la apropiación ilegal de tierras en las zonas rurales del país, por el conocimiento legal, administrativo y las conexiones con agentes estatales que puedan tener los actores ilegales.
El logaritmo de los retornos de la tierra tiene un coeficiente negativo sobre todo en las estimaciones con el abandono como variable dependiente. Esto puede indicar que a medida que la tierra ofrece mayores retornos, las personas están más dispuestas a quedarse en sus lugares de origen. Sin embargo, el retorno esperado de la tierra es una fuerza conductora de despojo y abandono en contextos en los que los derechos de propiedad son débiles. Es decir, que las posibilidades económicas pueden ser un desincentivo para los campesinos para abandonar sus tierras, pero son un incentivo para los actores ilegales, que no ejecutarían el despojo si no hubiera un interés económico en la tierra que les permitiera obtener algún tipo de ganancia una vez empiezan a realizar alguna actividad productiva legal o ilegal.
También existe un efecto negativo y estadísticamente significativo entre la distancia a los municipios con cultivos de coca y municipios costeros en el abandono y despojo de tierras. Los municipios que se encuentran alejados de las costas y de otros municipios que tienen cultivos de coca también presentan mayor número de predios abandonados, este
último resultado es compatible con la relación existente entre los grupos ilegales que ejecutan los despojos o propician el abandono, los cultivos ilegales y el narcotráfico.
A partir de los resultados anteriores es posible ratificar que la reforma agraria entendida como la adjudicación de tierras públicas, tiene una relación con el conflicto armado en Colombia, específicamente con el despojo y el abandono de tierras, dado el contexto de concentración de poder político, la debilidad en la protección en los derechos de propiedad y las circunstancias económicas que afectan las ganancias derivadas del uso de la tierra. Estos resultados también muestran el posible impacto que puedan tener las adjudicaciones por si solas en el conflicto y es necesario explorar con mayor profundidad otros canales por los cuales esto ha sucedido en el país, sobre todo porque a medida que se incluyen controles y las interacciones entre las variables de retornos de la tierra y concentración del poder político con las adjudicaciones, el coeficiente que acompaña estas últimas se incrementa para el caso en el que el despojo es la variable dependiente (ver tabla 9, columnas 6-8).
Se debe aclarar que dada la estructura de los datos, la estimación de corte transversal no permite controlar por factores no observables que presenten variaciones año a año como cambios en la legislación o en el poder político local, que pudieron generar efectos en el abandono y el despojo, y que en caso de ser incluídas alterarían algunos de estos resultados. Aún asi, este análisis es una aproximación muy importante que muestra una relación muy significativa de la reforma agraria con el conflicto en Colombia que vale la pena examinar y considerar a la hora de hacer política pública.
25
Tabla 9. Resultados MCO (Variables dependientes: Número de predios abandonados y despojados)
Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Log. Número de predios abandonados Log. Número de predios despojados
Log. Adjudicaciones de baldíos (1901-2010) 0.234*** 0.238*** 0.230*** 0.266*** 0.221** 0.203*** 0.206*** 0.237*** 0.275*** 0.414*** (0.0190) (0.0190) (0.0398) (0.0425) (0.104) (0.0174) (0.0175) (0.0352) (0.0419) (0.100) Log. Gini de votos por candidato (Senado 1958) 0.0900 -0.276 -0.0123 1.014 0.224 -0.371 0.120 -0.626 (0.170) (0.280) (0.158) (0.751) (0.153) (0.237) (0.140) (0.733) Log. Retornos tierra -0.554*** -0.523*** -0.800*** -0.170 -0.0254 -0.0265 -0.426*** -0.543 (0.0967) (0.0881) (0.150) (0.363) (0.0924) (0.0847) (0.145) (0.346) Log. Adjudicaciones de baldíos (1901-2010)* Log.
Gini de votos por candidato (Senado 1958) (0.0606) 0.0597 -0.0750 (0.171) (0.0514) 0.110** (0.162) 0.250 Log. Adjudicaciones de baldíos (1901-2010)*Log.
Retornos tierra (0.0346) 0.0659* 0.000478 (0.0842) 0.0956*** (0.0332) (0.0815) 0.163** Log. Gini de votos por candidato (Senado 1958)*Log.
Retornos tierra (0.597) 1.124* (0.567) -0.200 Log. Adjudicaciones de baldíos (1901-2010)*Log.
Gini de votos por candidato (Senado 1958)*Log. Retornos tierra
-0.111 0.127
(0.138) (0.130)
Distancia a la capital de departamento 0.00245*** 0.00236*** 0.00239*** 0.00166** 0.00154** 0.00155** (0.000691) (0.000698) (0.000697) (0.000702) (0.000713) (0.000701) Distancia al municipio con cultivos de coca más
cercano
-0.00397*** -0.00417*** -0.00428*** -0.00186 -0.00216* -0.00220* (0.00137) (0.00137) (0.00136) (0.00129) (0.00130) (0.00129) Distancia al municipio costero más cercano -0.00298*** -0.00308*** -0.00301*** -0.00272*** -0.00288*** -0.00284***
(0.000667) (0.000672) (0.000669) (0.000639) (0.000648) (0.000638) Número de oficinas de notariado y registro -0.0598 -0.0606 -0.0606 -0.0490 -0.0499 -0.0495
(0.0416) (0.0416) (0.0414) (0.0371) (0.0371) (0.0367) Masacres (promedio 2000-2009) 1.497*** 1.501*** 1.497*** 1.386*** 1.393*** 1.381*** (0.408) (0.407) (0.405) (0.402) (0.403) (0.397) Constante 1.342*** 0.748*** 0.846*** 0.725*** 1.266*** 0.821*** 0.929*** 0.802*** 0.699*** 0.224
(0.130) (0.202) (0.286) (0.275) (0.487) (0.109) (0.184) (0.245) (0.256) (0.465)
Controles geográficos: superficie y altura municipal si si si si si si si si si si
Efecto fijo de departamento si si si si si si si si si si
Observaciones 1,121 1,106 1,102 1,102 1,102 1,121 1,106 1,102 1,102 1,102
R-cuadrado 0.452 0.457 0.526 0.526 0.529 0.451 0.448 0.522 0.523 0.527
Errores estándar robustos *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Como un ejercicio adicional que permita capturar factores no observables, se realiza la estimación de un panel para el periodo 2000-2010 con efectos fijos de año y municipio, y con el desplazamiento como variable dependiente. Debido a que el desplazamiento, el abandono y el despojo de tierras son variables fuertemente correlacionadas, a partir de la estimación del panel se pueden obtener resultados más robustos que mitiguen el sesgo generado por la endogeneidad, incluso sin necesidad de utilizar el método de variables instrumentales. Por lo tanto se obtienen efectos causales más limpios de las adjudicaciones de baldíos sobre el conflicto armado.
Efectos de adjudicación de baldíos sobre el desplazamiento forzado:
En la tabla 10 se presentan los resultados de la estimación por MCO de la ecuación (3). A diferencia de la estimación con el corte transversal, las adjudicaciones de baldíos per se no presentan efectos positivos y significativos en el desplazamiento forzado; sin embargo, la interacción entre el logaritmo de las adjudicaciones y los retornos de la tierra si tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el desplazamiento (ver tabla 10, columnas 4 y 5).
Estos resultados ratifican las estimaciones obtenidas a partir del corte trasnversal presentado anteriormente. Las adjudicaciones en contextos de incrementos en las ganancias derivadas de la tierra han sido generadoras de desplazamiento debido los incentivos económicos que ofrecen. Un aumento en una desviación estándar en el logaritmo de las adjudicaciones en conjunto con aumentos en los retornos de la tierra genera un aumento de 0.18 desviaciones estándar del logaritmo del número de personas en situación de desplazamiento a nivel municipal.
Al igual que en la estimación de las ecuaciones (1) y (2), la distancia a los municipios con cultivos de coca, sigue teniendo un efecto negativo y estadísticamente significativo en el desplazamiento. Se evidencia que los municipios más cercanos a los cultivos de coca presentan un nivel de desplazamiento mayor.
27
Tabla 10. Resultados MCO (Variable dependiente: Desplazamiento forzado)
Variables (1) (2) (3) (4) (5)
Log. Desplazamiento forzado
Log. Adjudicaciones de baldíos acumuladas desde 1901
0.0483 0.0539 -0.0235 -0.0750* -0.110 (0.0463) (0.0487) (0.0931) (0.0447) (0.0992) P-valor del logaritmo del Gini de votos por
candidato (Senado 1958) * Dummy de año 2000-2010
[0.0061] [0.1173] [0.0996]
Retornos Tierra 0.758** (0.358) 0.770** (0.327) (0.436) -0.460 (0.969) 0.616 Log. Adjudicaciones*Log. Gini de votos por
candidato Senado 1958
-0.0487 -0.0669
(0.134) (0.148)
Log. Adjudicaciones*Retornos tierra 0.255*** 0.338***
(0.0507) (0.119)
Log. Gini de votos por candidato Senado 1958*Retornos tierra
1.982
(1.606)
Log. Adjudicaciones*Log. Gini de votos por candidato Senado 1958*Retornos tierra
0.158
(0.197)
Distancia al municipio con cultivos de coca más cercano
-0.00233** -0.00216** -0.00217** (0.000955) (0.000953) (0.000954) Número de masacres 0.298*** (0.0472) 0.302*** (0.0473) 0.302*** (0.0472)
Constante
2.529*** 2.256*** 2.525*** 3.013*** 2.909*** (0.184) (0.245) (0.207) (0.240) (0.242)
Efecto fijo de año Si Si Si Si Si
Efecto fijo de municipio Si Si Si Si Si
Observaciones 12,342 12,177 11,070 11,070 11,070
R-cuadrado 0.596 0.599 0.445 0.447 0.447
Número de municipios 1,122 1,107 1,107 1,107 1,107
Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Los resultados anteriores demuestran que la reforma agraria entendida como la adjudicación de baldíos ha tenido un impacto importante en el conflicto armado, especialmente en la violencia en contra de la población civil representada en el abandono y despojo de tierras y en el desplazamiento. Esta situación ha afectado las condiciones de la población rural del país, empeorando así sus condiciones de pobreza y afectando su calidad de vida.
Lo anterior confirma parte de la hipótesis planteada en este trabajo y demuestra la importancia de impulsar reformas agrarias que protejan y acompañen los derechos de propiedad. Evidencia que en aquellos municipios donde se concedieron más adjudicaciones de tierras públicas, en contextos de aumentos en los retornos de la tierra si se presentó mayor desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado colombiano. Asimismo ratifica planteamientos de la literatura económica sobre la importancia del poder político, como determinante de acciones de despojo en el país, con el interés particular en las ganancias económicas que provea la tierra para que las acciones delictivas sean financieramente viables y sostenibles en el tiempo.
V.
Conclusiones
La literatura económica ha mostrado el alcance de la protección de los derechos de propiedad en el desarrollo económico. Además, ha destacado la importancia y los efectos de las reformas agrarias en la productividad y la inversión agrícola, en la desigualdad y en la reducción de la pobreza. Sin embargo, son pocos los estudios que muestran efectos de largo plazo de las reformas agrarias sobre el conflicto, especialmente sobre el conflicto en Colombia. Este trabajo hace una aproximación para estimar los efectos de largo plazo de la adjudicación de baldíos en el desplazamiento, en el abandono y despojo de tierras, bajo la hipótesis de que el desplazamiento, el abandono y los despojos de tierras se dan cuando ocurren aumentos en los retornos esperados de la tierra, en medio de un contexto de derechos de propiedad débiles y alta concentración del poder político.
A partir de un estudio econométrico, se encuentra que existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre las adjudicaciones de terrenos baldíos en presencia de aumentos en los retornos de la tierra, el despojo y el abandono de tierras. Con una estimación de MCO con datos panel y con efectos fijos de año y municipio, se evidencia la existencia de un efecto positivo y significativo de las adjudicaciones de baldíos en medio de aumentos en los retornos de la tierra, en el desplazamiento forzado. Un aumento en una desviación estándar en el logaritmo de las adjudicaciones en conjunto con aumentos en los retornos de la tierra genera un aumento de 0.18 desviaciones estándar del logaritmo del número de personas en situación de desplazamiento a nivel municipal.
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Lo anterior demuestra que la adjudicación y titulación de tierras en contextos particulares de violencia y concentración del poder pueden generar efectos adversos en la situación de conflicto, una vez se generan incentivos económicos para que actores ilegales emprendan acciones criminales en contra de la población civil y para que ejecuten despojos.
Además, estos resultados muestran que los efectos de las adjudicaciones históricas de baldíos se mantienen en el largo plazo debido a la reversión de las reformas agrarias por medio de procesos violentos, la debilidad de los derechos de propiedad, acciones políticas o por re-concentración de la tierra. Las inconformidades alrededor de la tierra han terminado en conflicto, en despojo y abandono de tierras, lo que a su vez dificulta la protección de los derechos de propiedad por parte del Estado.
A partir de lo anterior es importante plantear la necesidad de proteger los derechos de propiedad y dar cumplimiento al acuerdo sobre Política de Desarrollo Rural entre Gobierno y las FARC en los diálogos de La Habana, para favorecer el acceso a la tierra y su formalización progresiva. Asimismo, buscar la reparación de las víctimas y agilizar los procesos administrativos y judiciales necesarios para devolver los predios despojados y para que las personas en situación de desplazamiento puedan retornar a sus lugares de origen con la garantía de no repetición, es vital para mejorar la situación social en las áreas rurales del país a partir de una política agraria que pueda empoderar a las personas y que les dé mayor participación en el sistema político.
Además, esto se puede y debería llevarse a cabo en conjunto con la resolución del conflicto y la dejación de armas por parte de los actores armados y del compromiso de las autoridades estatales para vigilar la transparencia de los procesos de titulación y formalización de la tierra para favorecer a los habitantes del campo que más lo necesitan.
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