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SE BUSCA
Creatura de escasos dos años de nacida, hija legitima del
pueblo colombiano con la Constitución del año 1991,
mantenida en incubadora desde su nacimiento hasta el 28
de Octubre de 1994, cuando se entregó a la tutela de las
Camaras de Comercio. Afectada de ataques legislativos
en doce oportunidades, se encuentra refundida entre los
rastrojos que dejó el desmonte repentino del Decreto 222 .
Se sospecha que está en poder de las hordas de
segui-dores de alias
Corruptela
,
perteneciente al XXX frente de la Coordinadora de
Co-rrupcion Nacional (CCN).
La creatura responde al nombre de
Estatuto de Contratación,
Ley 80/93.
Se busca : La ley 80
Germán Urdaneta Hernandez Ingeniero Civil - Docente Universitario
Se busca creatura de escasos dos años de nacida, hija legitima del pueblo colombiano con la Constit u-ción del año 1991, mantenida en incubadora desde su nacimiento hasta el 28 de Octubre de 1994, cuando se entregó a la tutela de las Camaras de Comercio. Afectada de ataques legislativos en doce oportunidades, se encuentra refundida entre los rastrojos que dejó el desmonte repentino del Decreto 222 . Se sospecha que esta en poder de las hordas de seguidores de alias Corruptela, perteneciente al XXX frente de la Coordinadora de Corrupcion Nacional (CCN). La creatura responde al nombre de Es-tatuto de Contratación, pero tambien reconoce el mote de Ley 80/93. Recompensa no hay, pero todos sabremos agradecer que se le encuentre.
El anterior bien puede ser el texto de un aviso mural, o de un clasificado de prensa, que cualquiera de nosotros podría colocar, como acto desesperado para tratar de encontrar aunque sean los restos de un Estatuto que, contando con excelentes bases jurídicas, ha sido lesionado por ineptos reglamentos que han deformado en muy breve tiempo su esencia y han propiciado la violación permanente, por accion y omision, de casi todos sus preceptos.
Cuando a principios de Agosto el Dr William Zambrano, Asesor presidencial para el desarrollo instit u-cional, invitó a los gremios a aportar ideas para buscar la verdadera puesta en marcha del estatuto, me estimuló a cumplir con un propósito que venia acariciando de tiempo atrás:el de escribir algo acerca de la violacion flagrante e irreverente que revela a diario la prensa nacional sobre el estatuto. Tratemos solo algunos de los casos más relevantes, e irritantes, publicados todos en la prensa en fechas recie n-tes, procurando ofrecer algunas propuestas de solución.
La selección de los proponentes
.
En este aspecto debo referirme a dos temas. El Registro de proponentes y los criterios de selección.
El registro de proponentes.
Este instrumento, tan esperado por los constructores, se convirtió merced a una reglamentacion miope, elaborada de manera acelerada para cumplir escasamente con términos perentorios que casi se vencen, en un instrumento de sim-ple clasificacion y escalafonamiento, que no permite al inscrito sentirse realmente calificado.
Basado en la Buena Fé y dotado de un mecanismo de autocontrol, la reglamentación ha hecho que la impugnación sea casi imposible por la dificultade impuesta al mecanismo de controversia. De qué otra manera se puede calificar un derecho de $600,000, una caución de Veinte millones de pesos y un ter-mino de 9 meses para producir una resolución que el demandante debe hacer valer ante un juzgado c i-vil, en un proceso ordinario de duración incierta?. En estos terminos, el ofensor puede rehacer su in s-cripcion y hacer desaparecer el incidente con el recurso del “habeas corpus” en mucho menor plazo.
La totalidad del valor de la calificacion otorgada, recae sobre el monto de los ingresos operacionales declarados en los dos últimos años.Se desconoció que en el país el ciclo de la contratación pública ti e-ne una frecuencia de 4 años, de los cuales dos son de vacas flacas y dos de vacas gordas. Al conside-rar 2 años, se condena al contratista que tuvo un mal año a vivir con esta culpa por casi 4. Para tratar de subsanar este error conceptual, se ha aplicado un paño de agua tibia con la corrección provisional de la fórmula durante este año. Esperemos a ver que pasa el año próximo, cuando aún regirá la declaración fiscal del año 94, y nuevamente los constructores se queden sin capacidad.
La fórmula de evaluación, que otorgaba originalmente un potencial de crecimiento del 20% para un in s-crito de perfil excepcional, es un factor meramente cuantitativo e impersonal, que de ninguna manera mide la calidad del inscrito.
Para medir la experiencia, se premia la jubilación ya que se otorgan 100 puntos a quien tenga 20 años de constituido,o egresado, sin importar lo que haya hecho en ese tiempo.
Para la capacidad tecnica, se premia al buen empleador ya que los 100 puntos corresponden a quien tenga a su servicio a 49 profesionales o subprofesionales, vinculados a término indefinido, sin importar quienes son o qué hayan hecho.Solo importa la cantidad y el modo de contratación, para así garantizar la tributación, pero la calidad y educación del soporte técnico no importan nada.
Y el bocado del león se lo lleva la capacidad financiera, que exige para completar los 300 puntos un p a-trimonio de 6,000 millones de pesos, condicion casi imposible en una industria de transformacion de mano de obra, una liquidez superior a 1.5, cuando las firmas constructoras viven del crédito, y un indice de endeudamiento del 50%. Este perfil de firma es nuevamente el de un excelente contribuyente, pero no necesariamente el de un buen constructor.
He conocido de un concepto de FONADE que señala que no es apropiado pedir nuevos criterios de evaluación para seleccionar objetivamente al contratista, pues consideran que la inscripción es mecnismo suficiente. Aparentemente en en esta institución no han analizado la fórmula que les dictó su s a-biduría, adquirida seguramente el día de pentecostes, de manos del Maestro.Quisiera invitar a los sa-bios de Planeación Nacional a recorrer las calles de nuestras ciudades, como lo hacia el calafa Harún-Al-Raschid, para conocer las verdaderas necesidades de su pueblo.
Y para completar,como el Estatuto exige,art 22.1,que se organice un sistema de información sobre la contratación del Estado, se ha elaborado una abstrusa circular, solicitando el envio periodico de una compleja base de datos presentada en medio magnetico,circular que ha sido redactada en los más p u-ros terminos del lenguaje criptico de la ingenieria de sistemas y con la óptica miope de minimizar el t ra-bajo de los digitadores de la Cámara de Comercio. Me pregunto si en el Chocó, en donde apenas un 10% de los municipios disfrutan del servicio de energía electrica pueden distinguir la diferencia entre un disquete de 3.5 u otro de 5 1/4. Obviamente, no todos los municipios colombianos cuentan con compu-tadores y técnicos en sistemas que puedan interpretar este documento. Resultado: La respuesta ha sido magra, por no decir que inexistente.
No obstante, la Cámara se queja con bombo y platillos en la prensa nacional sobre el incumplimiento de todo el mundo sobre el registro de proponentes. Se han labrado su propio destino!
Lamentablemente, con las deficiencias anotadas, el Registro que tan esperanzadamente recibimos al emitirse la ley, ha quedado reducido a la categoria de simple boleto de entrada para participar en las l i-citaciones. Triste destino para tan importante institución.
Propuesta.
de tabla rasa que tiene el sistema y estipular que las entidades deben evaluar objetivamente la calidad y capacidad operativa de los candidatos a contratar. Y sería muy bueno que, de paso, se Enseñara a hacer este tipo de evaluaciones.
También vale la pena reconsiderar la estructura de la fórmula, para que el puntaje represente un poco más que la simple capacidad financiera. Los contratistas no siempre fracasan por defectos financieros. Creo que el Director de Inalvias dá en el clavo cuando afirma que en su opinión, hay capacidad de eje-cucion pero [las empresas de ingeniería] deben mejorar en la parte empresarial y gerencial. Quizá si los ingresos operacionales son un sumando y nó un factor, la estructura sería más lógica.
Los criterios de evaluación.
Los caciques oficiales se resisten a abandonar este recurso, que les dá el poder de decisión en la s e-lección. Como prefieren ignorar las obligaciones que les impone el Estatuto, mantienen las practicas i n-confesables que se ejercian bajo el 222. Ejemplo palpable es el de la EEAB que en Noviembre de 1994 tiene que dar a conocer un addendo por medio del cual incorpora al pliego los criterios y mecanismos de evaluación. Es decir que la licitación se abríó violando el Art 25 No 5 del Estatuto. Ojalá exista un proceso disciplinario para castigar este delito. Y no hay que olvidar los avisos de prensa, que por ley deben contener los criterios de evaluación, y que dicen someramente que tales criterios estan descritos en los pliegos. Violación de la letra de la Ley y del más fundamenteal de sus principios, el de transp a-rencia.
Más recientemente, el INPEC tuvo que publicar un addendo, a un costo del orden de $6 millones de p e-sos, para eliminar el plazo como factor de evaluación, porque sus asesores juridicos nunca habian leido el artículo 29. Recuerdo que tuve la oportunidad de mandarles la razoncita con uno de mis estudiantes, contratista de esta entidad.!
Presentar al público los criterios de evaluación no implica que estos deben ser perfectos. Si se los van a inventar en el momento de evaluar, que lo hagan un mes antes. No importa cuales sean, pero que se publiquen, para dar la oportunidad al proponente de presentarse calificado y conociendo su verdadera opción.
Propuesta.
Educar. Cumplir con el artículo 81 y asumir las funciones pedagógicas que este ordena, no solamente las informativas que se han venido desarrollando con bombo y platillos. Desarrollar cursos de capacit a-ción en como aplicar la ley, para evitar los despropositos que solamente se pueden explicar por la des-información.
Reglamentar. Exigir con claridad la publicación de los criterios y las reglas de adjudicación, y demandar por reglamento la publicación del presupuesto oficial.Y perseguir con el rigor de la Ley a los infractores.
Vigilar. Que exista un cuerpo Veedor, que bien pueden integrar las sociedades profesionales a nivel r e-gional, que denuncie y vigile el proceso, para que con la sanción pública de unos dos o tres funcion a-rios, haga sentir al resto que la ley existe y que puede doler.
Requisitos previos para licitar.
Pero también es este el caso más frecuente de conflictos. La falta de estudios, costumbre aberrante de la incultura de la corrupción, ha generado casos que se ven a diario en la prensa nacional, como estos por ejemplo:
La segunda pista del aeropuerto El Dorado se saco a licitacion y adjudicó sin contar con la licencia am-biental. La concesión de la carretera Bogotá Villavo está empantanada porque surgió, después de la a d-judicacion, la necesidad de un tunel no previsto en los estudios previos. La empantanada vale ya 24,000 millones de pesos, un atraso de 5 meses y la modificacion sustancial de la condiciones del contrato, lo cual abre el camino para que cualquiera de los otros proponentes, o todos ellos, demanden al estado por un procedimiento plenamente irregular, como es el de negociar tal tipo de cambios despues de haber elegido contratista.
El caso de las concesiones para la construcción de las nuevas plantas electricas, cuatro de las cuales se demorarán dos o más años, porque las clausulas de los pliegos eran ambiguas e inadecuadas. Me pregunto porqué, si los encargados no conocian el sistema, para que se comprometieron a elaborar los pliegos. Ojalá se conozca el nombre del funcionario que ordenó abrir estas licitaciones.
Y sin ir muy lejos, a nivel regional, hace un par de semanas se denunció en Vanguardia Liberal una se-rie de casos en los cuales por falta de estudios de suelos, fallas de los cálculos estructurales, y prete r-misión de requisitos previos se presentaban sobrecostos monstruosos en items como excavaciones y acarreos. Tanto así como que se aumentaron los rubros en más de 50 veces!. Esto no es error. Es física incompetencia.o tal vez mala fé, aplicada para contratar directamente lo que debia ser licitado. Sin hablar de las donaciones que cita la mencionada publicación!!
Otro caso se configura en las declaraciones de la Directora de una entidad Distrital cuando declara pa-ra la prensa el pasado 27 de Julio que “..Una buena dosis de tramitomania, algo de improvisación, y un tiempo irreal para la ejecución de las obras son los causantes de que, hoy, las obras del Plan vial [de Bogotá] gocen de mala fama..” Y estas improvisaciones le cuestan a los ciudadanos del Distrito la bico-ca de cuatro mil millones de pesos.
Sin contar en que, por cuentas alegres del presupuesto de ingresos, solamente se pueden contratar 48 obras de 88 que son necesarias para el mencionado plan vial. Y además, se deben otorgar prórrogas porque los plazos previstos eran irreales, fijados solamente por motivaciones de la mayor mezquindad política. Tambien hubo que hacer cuasntiosas inversiones adicionales porque las “..redes no se
planifi-caron a tiempo..” Emplazo aquí a tan docta funcionaria para que lea los articulos pertinentes a la res-ponsabilidad del representante legal de la entidad ante el incumplimiento de los requisitos que nunca se han debido pretermitir. Por que razon será que el interés político domina siempre por sobre el bien de la comunidad ?
Resulta impresionante la manifestación de la Veeduría Distrital cuando en el mismo mes de Julio dice en la prensa al referirse a obras de la SOP del distrito :“...Pareciera que las obras se realizaran solamente por ejecutar un presupuesto, puesto que carecen de verdaderos estudios de planeación y análisis finan-ciero, que permiten hacer trabajos de mejor calidad y a los tiempos pactados....”. Verdad de a puño que todos conocemos y que afortunadamente fué expuesta por un funcionario público.
La ley plantea de manera taxativa que el funcionario ordenador del gasto es responsable por todos e s-tos descalabros. Quisiera saber qué entidad de control del estado, en cumplimiento de la Ley, esta r e-clamando de oficio la responsabiliad en estos casos para sancionar a las personas que deben respo n-der, como lo manda la ley, con su peculio personal y con vigencia de hasta 20 años por los perjuicios que su incompetencia le está causando a la comunidad.
Propuesta.
s-pecializado para que los aspirantes a los puestos públicos adquieran los fundamentos de su arte, y que la Ley exija detentar tal capacitación para acceder a los puestos de nombramiento y elección. Ya va siendo tiempo de dejar de comparar al administrador del gasto público con el padre de familia, quien tie-ne f0orzosamente que educar a sus hijos sin haber recibido capacitación para esta delicada misión.
Tal vez que la política por aplicar sea la que propone el señor director del Instituto Nacional de vias, cuando manifiesta “..ha faltado mano dura y por eso estamos dando un revolcón para que quien no cumpla sea castigado conforme lo preveen los contratos..”. Que tal esta declaración como confesión expresa de culpa! La ley exige la mano dura desde el principio y nó cuando el mal está avanzado!!
Segun este funcionario, se está aplicando un cambio radical en las relaciones del estado con los contr a-tistas: la politica de la Zanahoria y el garrote ya que el bueno se premia, el malo se sanciona. Será aca-so para poder amaestrar un raza indomable? En otro aparte de su intervencion el citado funcionario invi-ta a los Ingenieros nacionales a trabajar, ya que va a haber trabajo para todos pero “..es necesario cam-biar la actitud y responder al compromiso que ha adquirido el Gobierno en el plan de desarrollo...”. Aco-jamos el reto, cambiemos la actitud, salvemos la Patria, como lo hizo Rondón en el Pantano de Vargas!
Sería conveniente dar una gran sacudida al sistema universitario para que enseñe a manejar estos t e-mas a nivel de pregrado. Que enseñe a proyectar y que inserte en los estudiantes el sentimiento de humildad que les impida comprometerse a hacer lo que no saben hacer. Yo cre0o que a ninguno de uds les enseñó su universidad como hacer planos, o como escribir correctamente unos pliegos de condicines, e incluso como hacer un presupuesto oficial. Pero que tal enseñanza se dé con gentes conoced o-ras, nó con los profesores que han envejecido con la mano en la tiza, sin haber tenido nunca la oport u-nidad de ejercer la profesión, ni con los muy habiles recien egresados pero a quienes les falta el sabor de la experiencia.
Tal vez ha llegado el momento de que las profesiones demuestren que la especie sí tiene instinto de conservación e intervengan de manera positiva en el discurrir universitario para apoyar,vigilar, y corre-gir, lo que se está haciendo con quienes nos han de suceder. El país requiere de menos diseñadores de excelencia, de menos científicos espaciales y de mas profesionales de batalla que se trasladen al ca m-po de los acontecimientos a ganarle la guerra al subdesarrollo y el emm-pobrecimiento masivo.
Y una buena dosis de destituciones y encarcelamientos, que al sancionar a algunos de los delincuentes de cuello blanco que detentan cargos de gobierno prevenga a los demás.Pilas señores fiscales y procu-radores. En este campo hay más casos interesantes que en el lavado de dólares.Y pueden lograr más pantalla!
Nuevamente, un mecanismo de veeduria profesional que denuncie y persiga el castigo de estos casos sería una excelente solucion.
La Urgencia Manifiesta y la contratación directa.
En el mes de Junio, el Consejo de Estado llama severamente la atencion de las entidades estatales sobre el abuso en la figura de la urgencia manifiesta, señalando que no se debe usar esta opción solamente para pretermitir el tramite licitatorio, adjudicar a capricho y luego embarcarse en el mismo engo-rroso trámite contractual ordinario y no iniciar las obras con la premura necesaria.
Haría bien el Consejo de Estado en dar publicidad a los tramites de investigacion que inició contra los funcionarios que reprendio en público, a menos que esta reprimenda publica fuese el único castigo me-recido por estos delincuentes. Se mencionó en Marzo de este año que un alcalde muy conocido declaró 12 procesos de urgencia, de los cuales la contraloria le rechaza 9 por no ser procedentes. Este cab a-lleró debiera estar recluido, en excelente compañia, en las instalaciones militares de Bogotá.
Constituir un comité de veeduria, que con la participacion de personas informadas de la profesion y d legados de las entidades de control del estado, analicen, denuncien y persigan estos casos de desob e-diencia administrativa.Y castigar de manera ejemplarizante.De pronto, un bloque de busqueda de co-rruptos e ignorantes administradores, y sus complices contratistas sería un gran paso de solucion.
Interventoría.
La ley establece de manera expresa sancion civil y penal a los actos u omisiones de los interventores que causen daño a la comunidad. Sin embargo, escandaliza la manifestacion de la misma veeduria citada atras, cuando dice que “.. cuando se han entregado más de 400 obras desde 1993, la SOP solo ha controlado 82..” Auncuando el señor secreta-rio de obras ha rectificado la informacion, no ha ofrecido prueba de sus afirmaciones y más bien el d e-plorable estado de las vias bogotanas tiende a dar la razón a la Veeduria.
Y no dejemos de mencionar el aberrante caso del puente Heredia en Cartagena, que se cayó segur a-mente porque una gaviota se posó en él a tomarse un café rubio. Que se puede pensar cuando el r e-presentante legal de una firma interventora admite que “... las piezas que fueron utilizadas para sostener las placas de la parte superior de la estructura fueron elaboradas en un sitio distinto al puente y no fue-ron revisadas por su firma para establecer si realmente tenian el hierro que necesitan para sostenerlo...”
No en balde ha manifestado el señor ministro de obras que “...ese puente [El heredia} es uno de los ma-los ejempma-los para el pais y deja ver la falta de una Interventoria seria por parte del estado...”
Educación e información
El paragrafo transitorio 2 del articulo 81 encarga al gobierno nacional, a los gremios, las Universidades etc , con la asistencia de la ESAP, la difusion y puesta en marcha de un Estatuto de principios, que debe ser reglamentado, destinado a instaurar una verdadera cultura renovada de contratación pública en el país. No creo haber leido en la prensa ninguna convocatoria en este sentido de tan prestigiosa entidad academica. Y menos de un programa de especialización en contratación administrativa.
Si bien es cierto que ha habido un considerable numero de foros y seminarios sobre el tema, en tre ellos dos muy importantes convocados por la camara de Comercio, no recuerdo tampoco que se haya dado a estos actos un caracter diferente al de la divulgación del contenido juridico del documento. Pero si se trata de un documento de principios, cuyo destino es cambiar una cultura, debe darse una intensa cap a-citación en el uso de tal documento. Si la gente no sabe usar los instrumentos legales, mal podrá aplicar correctamente sus principios. El artículo 81 también exige acción pedagógica, señores educadores!!.
Como muestra, dos pequeños botones: El 14 de Septiembre de 1994, el Municipio del valle de San José, en Santander abre una licitación para una remodelación de su Hospital. La licitacion se cierra el 29 de Septiembre del mismo año. El aviso señala que los participantes deberán estar inscritos en el R e-gistro de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuya vigencia habría de comenzar justamente 29 días despúes del cierre de la Licitación! Prodigios del don de la ubicuidad !
Más recientemente, en el foro propiciado por el Dr Zambrano, en las instalaciones de El tiempo de Bo-gotá, Los Presidentes de las sociedades de Ingenieros y Arquitectos a nivel nacional, sueltan cada uno una perla de interpretación incorrecta del estatuto. En efecto, dice la Presidenta de la SCA que “ ...
lici-tacion es un modo de celebración de los contratos de la Administración que atribuye, automáticamente, el suministro al empresario que ofrece el precio más bajo, previa concurrencia de candidatos...” . Parece que la asesora jurídica de esta venerable institucion, presente en el foro, nunca ha leido el artículo 29, que prohibe expresamente que se considere el más bajo precio como el único factor de adjudicacion!
“..observaciones hecha fuera de tiempo por esa empresa [ECOPETROL], eso le impedia hacer unas de-terminadas contrataciones, básicamente en la compra de petróleo y combustible, que fueron aprovecha-das para que se considerara que la contratación era privada...”
Esto es otro tremendo error de información, ya que el citado artículo autoriza a las empresas industriales y comerciales del estado del área de exploración y explotacion de recursos naturales, (Ecopetrol entre ellas) para que en los asuntos propios de su objeto especifico, se acojan a las normas del derecho pri-vado.
Ecopetrol, me consta personalmente, ha emitido un reglamento de contratación que diferencia categór camente entre las obras del sector petrolero y las que están sujetas a la Ley 80. El procedimiento de L i-citación de Ecopetrol, demanda en por lo menos tres de los pasos obligatorios, la comprobación del área de competencia. Y la excepcion de la ley era imprescindible, dada la naturaleza de los servicios que se prestan.
Lo mismo que para las telecomunicaciones, la salud y los servicios públicos, excepciones previstas ori-ginalmente en la Ley. No se ha “aprovechado”nadie! Por otra parte, debe recordarse que la ley establ e-ce que la contratación estatal se regira por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes salv o en las materias particyularmente reguladas por la Ley 80. Las excepciones establecidas se refieren al procedimiento licitatorio y de ninguna manera eximen del cumplimiento de los principios ni del régimen de responsabilidades. Nuevamente, los asesores jurídicos no informas a sus superiores! O es que tal vez no son tan jurídicos
Si bien es cierto que algunas de las entidades favorecidas con las excepciones de leyes como la 142 y 144 no han sabido estar a la altura de Ecopetrol y han emitido reglamentos ambiguos y viciados de pa r-cialidad en contra de los intereses de los contratistas, estos son simples abusos de administradores mal informados, asesorados pobremente por muy jovenes juristas.
Simplemente resulta preocupante que sean los rectores de los gremios profesionales quienes hagan ga-la de esta desinformación, en presencia de sus propios asesores jurídicos, quienes debieran destinar unos minutos a releer la ley.
Conclusión.
Aunque podría extenderme aún más en estos y otros temas, es tiempo de detenerme y ver si puedo ofrecer al Dr Zambrano una vía de solución. Tal vez no les guste a las so-ciedades profesionales, ya que no va a representar una suavizacion de las normas. En mi opinion la respuesta no está en modificar la ley para que no sea tan violada. Debe exigirse del estado que cumpla con su deber de reprimir estas violaciones. Y esta debe ser una actitud gremial y valiente, en cumplimiento del mandato del artículo 66 que regula la participacion comunitaria. Pero no es esta la única solucion.
Definitivamente, en el campo del indispensable cambio en la cultura de la contratación, la educacion se hace necesaria desde las más altas cabezas de los gremios hasta el más humilde de los profesionales!! Todos debemos volver a las aulas, a aprender como ejercer la profesion digna del Constructor.
La falta de respeto de los profesionales por las leyes tiene su origen en la desaparicion del concepto ético de los curriculos universitarios. En una cultura en la cual la copialina y el ir en coche en trabajos múltiples se han vuelto una regla, la tolerancia de docentes y autoridades ha dejado de lado la tradici o-nal etica del ingeniero. Y sin etica, no es posible exigir el respeto de la ley. Las Escuelas han olvidado que la etica no se puede enseñar. Hay que vivirla.
s-facer las necesidades de la comunidad colombiana. Demosles la oportunidad de vivir un semestre rural, para que en compañia de jovenes de otras profesiones, conozcan de cerca la realidad del pais que los vio nacer, les permitió formarse y les pide con desespero su concurso.Y de paso, se fortalecería enor-memente el ambiente socio-profesional de muchos de los olvidados rincoines de la patria.
El camino es angosto, los obstaculos muchos, pero a pesar de la cortedad de operarios la mies es mu-cha. Vitalicemos las sociedades profesionales, como la que hoy es nuestra anfitriona, despertemos la conciencia de los entes fiscalizadores del estado y apliquemos a plenitud el articulo 66 que nos invita como comunidad a ser vigilantes de un proceso que siendo excelente, no merece morir a manos de los depredadores del erario público.
