www.crisisenvenezuela.com
Boletín No. 176
Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021
Boletín No.
176
Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021
Militar sigue preso por motivos políticos
aunque ya cumplió sentencia
Foro Penal - www.foropenal.com
Al 31 de marzo de 2021 el Foro Penal había registrado 15.705 arrestos arbitrarios en Venezuela desde el 1° de enero de 2014. 872 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Hasta la fecha llevamos un histórico acumulado de 3.591 presos políticos, de los que se ha logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas modalidades, de 3.271.
Al mes de abril de 2014 registrábamos 117 presos políticos en el país. La cifra al 31 de marzo de 2021 es de 320 personas, 24 son mujeres, Además, 9.356 personas fueron o están sometidas injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares.
El teniente coronel de la Aviación Ruperto Sánchez, preso político desde el año 2014 por el presunto delito de instigación a la rebelión, no comprobado durante 22 audiencias orales y públicas que realizó el tribunal “accidental” a cargo del caso, tiene ya cumplida la pena que le fue impuesta de manera arbitraria. Sin embargo, sigue injustamente encarcelado. La Constitución venezolana es clara: nadie puede permanecer detenido una vez que ha cumplido su condena. Cada día que Ruperto Sánchez pasa encarcelado es un día que se suma a una grave violación a sus derechos humanos.
La Emergencia Humanitaria Compleja y de derechos humanos ha dejado atrás las necesidades específicas de las mujeres en Venezuela. A través de seis grupos de mujeres en Venezuela el pasado 25 de marzo se evidenció la crisis generalizada y su afectación diferenciada en las mujeres y las niñas. Estos grupos vulnerables que pertenecen a seis realidades distintas, pero a una misma crisis, muestran el grave retroceso en derechos humanos de las mujeres en el país. Las
organizaciones de la sociedad civil Prepara Familia, Unión Afirmativa, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama y Uniandes representan las necesidades de las madres cuidadoras, las mujeres lesbianas, mujeres de base, mujeres con VIH, mujeres defensoras, mujeres migrantes y refugiadas y mujeres pacientes oncológicas.
Carolina Godoy, coordinadora de Género de Cepaz, señaló que las mujeres en Venezuela están desbordadas por la Emergencia Humanitaria Compleja que ha incrementado las desigualdades sociales y la pobreza subyacente. La Dolorita es una comunidad donde las mujeres no tienen acceso a los servicios más elementales, carecen de alimentos, sufren pobreza menstrual y advierten cada vez con mayor cercanía el riesgo de la práctica del sexo por sobrevivencia. Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela, indicó que en nuestro país «hay una situación preexistente de discriminación y violencia contra las mujeres lesbianas en cuanto a negación de derechos humanos». Por ejemplo, la imposibilidad de proteger a la familia y a los hijos a través del matrimonio igualitario y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el hogar, el empleo, las escuelas, universidades y centros de salud. Katherine Martínez, directora de Prepara Familia denunció que las mujeres que tienen a un hijo, sobrino o familiar
hospitalizado con patologías crónicas viven las consecuencias en las graves fallas en el suministro de medicamentos, insumos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria. Estas mujeres «están siendo invisibilizadas, mientras que sus derechos al pleno desenvolvimiento de sus capacidades, a la salud, a la educación, al trabajo digno, al ocio y al autocuidado están siendo aplazados y vulnerados».
Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama, señaló que las mujeres con cáncer de mama también son invisibles por la falta de atención y respuesta oportuna del sistema de salud venezolano. No reciben medicamentos ni pueden realizarse exámenes pues los servicios de salud están sobrepasados. Su esperanza de vida se ha reducido en 19 años. Por su parte, Rosa Elena Acevedo, presidenta ejecutiva de Uniandes, denunció que las mujeres defensoras de derechos humanos en la frontera colombo venezolana se sienten vulnerables, pues no cuentan con estructuras del Estado que den respuesta oportuna a quienes canalizan la defensa de los derechos humanos. Natasha Saturno, coordinadora del Departamento Legal de Acción Solidaria, mostró el panorama del derecho a la salud de las venezolanas: 57%, no tiene acceso a servicios de salud de ningún tipo; ocurren 112,2 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Coincidieron en que la alianza Con Ellas demuestra que a pesar de la adversidad es posible, con el apoyo de donantes, dar respuesta a algunas de las necesidades de las mujeres en Venezuela. Las donaciones pueden hacerse a través del GoFundMe
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/for-women-con-ellas
Las mujeres en Venezuela están invisibilizadas
en medio de la emergencia humanitaria
CEPAZ - www.cepaz.org
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Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021
En EE UU, Florida lidera la lucha contra la corrupción
proveniente de Venezuela
Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve
Para algunos representantes del chavismo, Estados Unidos es un emblema de dominación que debe ser combatido férreamente. Mientras que para otros el país norteamericano se ha convertido en el lugar idóneo para el desvío de fondos, lavado de dinero, contrabando e incluso el destino final de cargamentos de narcóticos. Y aunque estos delitos cometidos por funcionarios y empresarios
vinculados al gobierno de Venezuela se extienden por todo el mundo, Estados Unidos es el país que más causas judiciales e investigaciones ha abierto a personas relacionadas a la corrupción chavista.
Cifras de Transparencia Venezuela revelan que hasta febrero de 2021 hay 38 casos e investigaciones en cortes de Estados Unidos que involucran a 164 personas y muchas empresas. De estos, 159 son ciudadanos, en su mayoría venezolanos, que enfrentan acusaciones judiciales. Algunos son dueños de lujosos inmuebles y abultadas cuentas bancarias, según evidencian los registros públicos de propiedad y la información que
surge de los tribunales estadounidenses.
En los tribunales de Florida se concentran más de la mitad de los casos de corrupción provenientes de Venezuela que han sido judicializados en ese país. Solo allí Transparencia Venezuela ha seguido la pista a 84 personas y empresas sobre las que recaen acusaciones penales y civiles, que representan 53% del total de los acusados en todo EEUU con cargos vinculados a corrupción proveniente de Venezuela. La fiscalía confiscó alrededor de 450 millones de dólares que pertenecían al extesorero Alejandro Andrade y a otros siete acusados en nueve casos procesados en paralelo.
La firma del Acuerdo para financiar la entrada de Venezuela al mecanismo COVAX fue celebrado por la sociedad civil como un avance en la respuesta humanitaria que tanto necesitamos los venezolanos frente a la pandemia por Covid-19 en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ratificó su decisión de no permitir la
entrada de la vacuna AstraZeneca que hubiese sido la primera en llegar al país a través del mecanismo COVAX, el cual tenía reservado para Venezuela alrededor de 2 millones de dosis ¿La razón? algunos países europeos suspendieron temporalmente su uso por supuestos casos de coágulos.
Ahora, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisó la vacuna y concluyó que su uso no estaba asociado a un mayor riesgo de coágulos, por lo que los países reanudaron el uso en la población. Lamentablemente, el gobierno de Maduro continúa firme en su decisión, lo que implica un retroceso en los avances logrados con el Acuerdo de COVAX y en el plan de
vacunación. Lo que más preocupa es que mientras el gobierno de Maduro impide el uso de la AstraZeneca aprobada por la EMA y por la OMS si están impulsando los ensayos de fase 3 en la población venezolana de las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala, sobre las cuales no existe información confiable en las fases 1 y 2, además que el país no está preparado para hacer debido seguimiento al estudio, alertas que han realizado tanto el Centro Nacional de Bioética, como la Academia Nacional de Medicina. También, se anunció que habían llegado unas dosis de una nueva vacuna rusa llamada EpiVacCorona, la cual sólo ha sido aprobada para su uso en Rusia y en Turkmenistán.
Se debe destacar que el Estado venezolano tiene responsabilidades respecto al derecho humano a la salud, cualquier acción u omisión en los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en la debida respuesta a la pandemia por Covid-19 debe ser considerado una vulneración al derecho a la salud de los venezolanos.
Acuerdo COVAX: un paso adelante y dos para atrás
Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info
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Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021
Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
Rechazamos los sucesos en el estado Apure y expresamos solidaridad
con las víctimas y migrantes forzados
Desde Un Mundo Sin Mordaza rechazamos los acontecimientos que se han presentado en el estado Apure desde el 21 de marzo de 2021 que han costado la vida de 4 venezolanos presuntamente asesinados por cuerpos de seguridad del Estado y ha ocasionado la migración forzada de casi 5.000 personas hacia el Departamento fronterizo de Arauca en Colombia. De igual manera, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y hacemos un llamado a los organismos
internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al Estado colombiano para que continúen atendiendo a las víctimas de este conflicto, así como a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se pronuncie sobre estos sucesos.
A partir del 21 de marzo comenzaron enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y
grupos guerrilleros disidentes presuntamente pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esa situación afectó a los habitantes de la zona que se han visto forzados a desplazarse hacia el otro lado de la frontera. Hasta el momento se han reportado casi 5.000 migrantes, mientras el conflicto persiste. De acuerdo con medios de comunicación, cuatro civiles, miembros de una misma familia, fueron asesinados presuntamente por cuerpos de seguridad del Estado venezolano en el sector El Ripial y fueron expuestos como guerrilleros.
Un Mundo Sin Mordaza en su labor de promover y proteger los derechos humanos rechaza categóricamente los sucesos que están ocurriendo en el estado Apure, así como los ataques en contra de los civiles, pues constituye una violación a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Trabajadores sobreviven al COVID-19 entre precariedades y amenazas
PROVEA - www.derechos.org.ve
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019 -2020 calificó a Venezuela como el país más pobre de América Latina. El estudio indicó que 96,2% de los hogares reportó pobreza por ingresos al no poder cubrir la canasta alimentaria. Las principales razones del incremento de la pobreza serían el deterioro de los ingresos salariales y el empeoramiento del empleo. La inflación
de 2020 en Venezuela fue proyectada -según expertos- entre 2000% y 3000%. El país entró así en su séptimo año de contracción económica. Según el FMI, la economía venezolana se reduciría en 2020 hasta en 15%, la mayor caída de entre todos los países del orbe. Pero posteriormente, la CEPAL constató que el PIB venezolano cayó 26% en 2020, lo que implica una contracción acumulada que asciende a 74% desde 2013.
Eso convirtió al país en el único de América Latina que no logrará recuperarse -al menos, parcialmente- del golpe económico que supuso para todo el mundo la pandemia del COVID-19. El descenso de 26% ubica la nación muy lejos del promedio suramericano, donde la Cepal considera que mermó en 7,3 % de promedio. Al cierre de 2020, el salario mínimo oficial fue el anunciado el 27 de
abril de 2020 por el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, y que rige desde el 1° de mayo de 2020: 400.000 bolívares, que al cambio oficial del mes de enero de 2021 equivalía a 0,26 dólares; más 400.000 bolívares de bono de alimentación, que representa un salario mínimo integral de 800.000 bolívares o un poco más 0,52 dólares.
Con bajos salarios, servicios públicos colapsados, perseguidos y amenazados los trabajadores venezolanos apenas sobreviven a los estragos causados por el COVID-19. Ojalá el Estado venezolano retome oportunamente los compromisos asumidos en la Declaración de Nuevo León de 2004, dirigidos a la búsqueda del crecimiento económico sostenido y equitativo “que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población”, que hoy día, lamentablemente, se han convertido en letra muerta.
Boletín No.
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Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021
La sed de poder y control del gobierno de Nicolás Maduro parece ser insaciable. Tras recuperar la Asamblea Nacional, con lo cual vuelve a tener a todos los poderes del Estado bajo su puño, ahora el Ejecutivo nacional parece haber puesto su mira sobre la sociedad civil organizada, e
incluso sobre los ciudadanos. Así lo denunció Acceso a la Justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública virtual que el pasado 25 de marzo concedió el organismo continental a un grupo de organizaciones no gubernamentales venezolanas, y en la cual se analizó la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19.
«El cerco que el gobierno de Maduro viene tendiendo a la sociedad civil organizada desde hace tiempo se estrecha cada vez más (…) Pero también el cerco al ciudadano y a la sociedad civil en general», alertó Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, quien explicó a los comisionados los riesgos que suponen iniciativas gubernamentales como el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que el nuevo Parlamento oficialista aprobó en primera discusión.
En este sentido, afirmó: «Con este modelo de Estado comunal se “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos; es decir, se suprime
su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe “autoprestar” los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que éste le indique y permita. En el Estado socialista comunal, no hay límite alguno al poder, ya que se desdibuja tanto el rol del ciudadano como sujeto de derechos, y el del Estado de servir al ciudadano.
Por su parte, Feliciano Reyna, representante de las organizaciones Civilis y Acción Solidaria indicó: «La sociedad venezolana enfrenta un momento grave de desestructuración institucional y del Estado constitucional y democrático. Las comunidades, sectores y organizaciones civiles que reclaman derechos y entienden la necesidad de trascender el conflicto político para buscar conseguir cambios se encuentran amenazadas».
Nicolás Maduro busca el control absoluto de la sociedad civil
Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
https://bit.ly/39IF8bs
Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
Fiscalía General aplica Ley contra el Odio a casos de ámbito privado
Recientemente, el fiscal general de la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, solicitó el inicio de una investigación y sanción contra dos comunicadores venezolanos residenciados en Estados Unidos quienes emitieron en su programa opiniones en contra de un colega que pueden ser susceptibles de conformidad con el Derecho venezolano de ser tipificadas como difamación. Mediante su cuenta en Twitter el fiscal
posteriormente informó que dictó orden de aprehensión en contra de estas personas y calificó el hecho bajo el delito instigación al odio consagrado en la inconstitucional Ley Contra el Odio.
Debido a que la difamación es un delito de naturaleza privada, sólo la víctima o sus familiares, en
caso de que la anterior se vea impedida de ello, son sujetos de derecho para solicitar el inicio de una investigación a través de una querella penal. No obstante, en este caso el fiscal general actuó mediante un claro aprovechamiento propagandístico del caso.
Con la ausencia de justicia y respuesta a las víctimas de las protestas del año 2017, ejecuciones extrajudiciales de las FAES o los hechos ocurridos en Apure ¿es relevante el interés de la justicia en una investigación de oficio por este hecho que compete al ámbito privado y no del Estado? En Defiende Venezuela creemos que no, pues sólo pretende sumarse a la ola comunicacional y demostrar la falta de independencia del Ministerio Público venezolano.
