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ELECCIONES GENERALES 2015:
COMPROMÉTETE CON LOS DERECHOS HUMANOS
Las elecciones generales son el momento de los grandes compromisos. Los derechos humanos tienen que jugar un lugar clave, tanto en los programas políticos, como en las agendas de gobierno y en los pactos que se adopten.Amnistía Internacional se dirige a todos los partidos políticos a fin de que den una respuesta integral a retos globales tales como el derecho a decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida reproductiva sin miedo a sufrir coacción, violencia o discriminación; la lucha contra la tortura y otros malos tratos; la defensa y protección de los derechos humanos en las situaciones de conflicto y post-conflicto; y del derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Asimismo, la organización les insta a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, tanto en el área de acción exterior como de política interior, y ponerlas en marcha en la próxima legislatura, ya sea desde el gobierno o desde la oposición.
1.
Los nuevos tiempos requieren reformas legislativas y un nuevo Plan de derechos humanos.
• Adoptar el Plan Nacional de Derechos Humanos con medidas concretas tanto en política exterior como en política interior, con objetivos claros, estrategias de acción y plazos que permitan contribuir a la consecución de resultados; e incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes que faciliten el control por parte de la sociedad civil y el Congreso de los Diputados.
• Promover una reforma constitucional que garantice la máxima protección de los derechos humanos en línea con los estándares internacionales, con especial hincapié en equiparar las garantías de protección de los derechos económicos, sociales y culturales a la que ostentan los derechos civiles y políticos, entre otras medidas.
• Impulsar una nueva Ley de Secretos Oficiales que no limite el acceso a información para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos y que no establezca declaraciones de clasificaciones genéricas, como actualmente pasa con la política exterior.
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ACCIÓN EXTERIOR
2.
España debe jugar un papel de liderazgo en la defensa de los derechos humanos
en la esfera multilateral.
• Garantizar que España contribuye activamente, tanto política como económicamente, a fortalecer el sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas. Asumir un papel de liderazgo en todos los órganos, especialmente en el marco de los Exámenes Periódicos Universales. Apoyar a los mecanismos, comités de vigilancia de los tratados y procedimientos especiales, dando la oportuna respuesta a los mismos; y alentar a los Estados a firmar y ratificar Tratados Internacionales.
• Instar a los cinco miembros permanentes a comprometerse de forma voluntaria a abstenerse de usar el veto en casos en los que crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio se estén cometiendo, o que haya un claro riesgo de que éstos se cometan.
3.
Los derechos de las mujeres, la tortura, el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas,
y la libertad de expresión son retos globales a los que España debe dar respuesta.
Combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas incluida la violencia sexual; en materia de derechos sexuales y reproductivos impulsar iniciativas para asegurar que las mujeres reciben información y servicios de salud sexual y reproductiva, y poner fin a la
discriminación en la legislación y en la práctica; y adoptar todas las medidas necesarias para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
Promover iniciativas para que se implementen mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura en el mundo. En concreto, establecer y aplicar salvaguardias efectivas contra la torturaen países tales como Filipinas, Marruecos y Sáhara Occidental, México y Nigeriaentre otros. En relación con el comercio de armas a nivel internacional promover la firma y ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y la adopción de las medidas necesarias para evitar que las armas puedan ser utilizadas para la comisión de crímenes de derecho internacional. Respecto a las transferencias españolas de armas, cumplir estrictamente el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su
autorización cuando exista un riesgo claro de que puedan ser utilizadas para cometer atrocidades. • Impulsar iniciativas para garantizar los derechos a la privacidad y a la libertad de
expresión incluyendo en redes de comunicación digital, y para establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia sobre los abusos cometidos.
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4.
Adoptar un enfoque en derechos humanos para las situaciones de conflicto
y de graves violaciones y abusos de los derechos humanos.
• Promover iniciativas para asegurar que la población civil esté protegida, incluso a través de personal de mantenimiento de la paz provisto de mandato y recursos adecuados. Y que esté garantizado el acceso a la ayuda humanitaria para las poblaciones necesitadas.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas (incluyendo mediante la remisión de situaciones particulares a la Corte Penal Internacional) en relación con todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual y la violencia de género, y asegurar que las víctimas tengan acceso a justicia, verdad y reparación.
Apoyar la participación de las mujeres en todos los aspectos relacionados con la prevención y resolución de los conflictos, las conversaciones de paz y los esfuerzos de reconstrucción post-conflicto.
• Dar respuesta a las crisis de personas refugiadas mediante el apoyo a los países vecinos, incremento de las plazas de los programas de reasentamiento, admisiones humanitarias y visados de personas con necesidades de protección internacional.
• En el marco del conflicto armado de Colombia, pedir a las autoridades colombianas el respeto de los derechos humanos y poner fin a la impunidad; en el marco del proceso de paz, insistir ante todos los actores implicados en el respeto del derecho internacional humanitario; y adoptar medidas para identificar, investigar y procesar a todos los responsables de violaciones y abusos de derechos humanos ante los tribunales civiles ordinarios.
5.
Las personas primero: la defensa de los derechos humanos debe ser un inter
é
s prioritario
a perseguir en las relaciones bilaterales.
• Promover la incorporación de los derechos humanos en las agendas políticas, su tratamiento en todos los encuentros bilaterales y el pleno respeto en el marco de los acuerdos y convenios con terceros países; fomentar el control parlamentario de la acción exterior del Gobierno; el conocimiento y aplicación efectiva de las once Directrices de Derechos Humanos de la Unión Europea.
• Impulsar iniciativas para garantizar el compromiso de España con el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos en países tales como Marruecos, México, Arabia Saudí, Irán, Rusia, Estados Unidos, China, y Cuba.
• Promover activamente iniciativas a todos los niveles para que sea una prioridad la lucha contra la pena de muerte, así como a favor de personas condenadas a muerte en el mundo, como es el caso del español Pablo Ibar, condenado a muerte en EEUU.
• Apoyar y reconocer públicamente la legitimidad del trabajo y las peticiones de los defensores y las defensoras de derechos humanos.
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Impulsar acciones en favor de personas individuales víctimas de violaciones de derechoshumanos; y apoyar el trabajo de las organizaciones y organismos internacionales a favor de casos individuales. Con especial atención a los colectivos más vulnerables como son las mujeres, la infancia, los presos de conciencia y las personas LGBTI.
Promover que no se produzca la
extradición
a ninguna persona, independientemente de su condición, a un país donde pueda sufrir graves violaciones de derechos humanos en base a garantías diplomáticas.
6.
Las empresas también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.
Ya es hora de que rindan cuentas.
• Impulsar la aprobación del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos; promover la adopción de las medidas necesarias para que se establezcan mecanismos de diligencia debida; exigir a las empresas la aplicación de los mismos; supeditar el apoyo público al estricto respeto de los derechos humanos de las empresas; exigir información no financiera -con el fin de identificar potenciales riesgos e impactos en derechos humanos y mitigar los mismos- y denegar el apoyo público a proyectos económicos que conlleven riesgo de producir vulneraciones de derechos humanos.
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POLÍTICA INTERIOR
7.
Las recomendaciones de derechos humanos de organismos internacionales
son de debido cumplimiento.
• Revisar las recomendaciones de derechos humanos hechas a España por organismos internacionales y dar cumplimiento a las mismas; ratificar los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como la Carta Social Europea Revisada y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, entre otros.
8.
Los derechos económicos, sociales, y culturales también son derechos humanos
a proteger con todas las garantías.
• Impulsar acciones a fin de garantizar la realización efectiva del derecho a una vivienda adecuada, asequible y accesible, configurando el acceso a la vivienda no como un bien de consumo sino como un derecho humano. En particular, y en el marco de los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas principales, promover la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, en función de cada caso. Asimismo, promover el establecimiento de un mecanismo administrativo obligatorio que supervise la negociación entre los bancos y las personas antes de la iniciación del procedimiento de ejecución hipotecaria de viviendas principales con el fin de garantizar que el desalojo es realmente el último recurso.
• Restablecer la universalidad del derecho a la salud, adoptando todas las medidas necesarias, incluyendo la modificación del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, a fin de garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa.
9.
Garantizar los derechos de expresión y reunión, así como la rendición de cuentas
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Impulsar iniciativas para exigir la rendición de cuentas a los cuerpos y fuerzas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos en el contexto de protesta ciudadana; crear un mecanismo independiente que pueda llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas de las denuncias por uso excesivo de la fuerza; y garantizar el derecho de las víctimas a un remedio efectivo y reparación adecuada.
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• Impulsar medidas concretas para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad deexpresión y reunión pacífica; y revisar las últimas reformas legislativas, en concreto el Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que limitan, o restringen el ejercicio de estos derechos; y asegurar que el marco legislativo posibilita y no sanciona la celebración pacífica de reuniones espontáneas.
10.
No más violencia contra las mujeres: un compromiso firme.
• Combatir la violencia de género, garantizando que se dota de suficientes recursos a fin de que las víctimas puedan obtener protección, atención y justicia de forma efectiva; y asegurando la formación de los profesionales del ámbito sanitario, judicial y policial. Garantizar el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una reparación justa y adecuada, especialmente en el caso de que haya habido falta de diligencia por instituciones o agentes del Estado.
• Evaluar las medidas establecidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género, entre ellas el funcionamiento de los Juzgados de Violencia, acordes con los parámetros internacionales, y hacer públicos sus resultados; e incluir en la Ley otros tipos de violencia como la violencia sexual.
11.
La lucha contra el racismo y la discriminación debe ser una prioridad.
• Presentar una Ley contra la discriminación, ampliar el mandato, asegurar la independencia y reforzar el alcance del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato; diseñar e implementar una nueva Estrategia contra el Racismo y la Discriminación con el fin de combatir la xenofobia, la discriminación religiosa y la discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos de la sociedad.
• Recoger y publicar datos oficiales sobre incidentes racistas y delitos de odio, asegurando la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la identificación y persecución de este tipo de actos.
12.
Las personas antes que las fronteras.
• Abstenerse de emplear de manera innecesaria y desproporcionada la detención con fines de control migratorio y aplicar alternativas a la privación de libertad en los Centros de Internamiento (CIEs); asegurar que la aplicación del Reglamento de los CIEs garantiza los derechos de las personas migrantes; llevar a cabo investigaciones exhaustivas y rigurosas sobre las denuncias de malos tratos y otras violaciones derechos humanos en los CIEs.
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• Garantizar el principio de no devolución en los procedimientos de expulsión; poner fin a lapráctica de las expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla de personas migrantes y refugiadas, y eliminar la disposición final primera, “régimen especial de Ceuta y Melilla” de la vigente Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana; garantizar que las condiciones de acogida de las personas refugiadas y solicitantes de asilo están en línea con los estándares internacionales.
• Impulsar en el seno de la Unión Europea una política de migración y asilo que sitúe en el centro los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, y que se asegure el salvamento y rescate de las personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo y en el mar Egeo, estableciendo vías legales y seguras de acceso al territorio para las personas refugiadas y programas de reasentamiento generosos.
• Aprobar una Ley Integral contra la trata y para la protección de los derechos humanos de las víctimas.
13.
Verdad, justicia y reparación.
• Garantizar que los derechos humanos son la hoja de ruta en el País Vasco en todo momento tras el anuncio del cese de la violencia por parte de ETA y que no hay espacios de impunidad para las graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidos.
• Impulsar medidas para garantizar que los crímenes de derecho internacional no son susceptibles de amnistía, o prescripción; y para asegurar el derecho a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Respecto a la investigación abierta en Argentina por estos crímenes, proceder a la extradición de las personas acusadas por la justicia argentina con prontitud, una vez que la petición de extradición haya sido efectivamente solicitada, a menos que los presuntos autores vayan a ser juzgados en España;
• Promover la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de permitir a las autoridades nacionales investigar y procesar a toda persona sospechosa de un crimen de derecho internacional, con independencia del lugar en el que se haya perpetrado el delito o de la nacionalidad de la persona acusada o de la víctima, así como conceder reparaciones a ésta y a sus familiares.
14.
Educación en derechos humanos, un paso necesario.
• Promover reformas legislativas para que se garanticen la existencia de contenidos de derechos humanos obligatorios en el currículo de todos los niveles educativos y la existencia de contenidos transversales de derechos humanos en todos los niveles. Y se incorporen en el currículo los contenidos de derechos humanos existentes en una asignatura específica, especialmente aquellos relacionados con derechos de la mujer, violencia de género y diversidad afectivo-sexual.
