PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL.
EXPEDIENTE: PSE-TEJ-113/2015.
DENUNCIANTE: MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN JIMÉNEZ.
DENUNCIADOS: SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD INSTRUCTORA:
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PSE- QUEJA-150/2015.
MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MORENO TRUJILLO.
SECRETARIO RELATOR: JOSÉ RAFAEL JIMÉNEZ SOLÍS.
Guadalajara, Jalisco, veintidós de mayo de dos mil quince.
Vistos, para resolver los autos del Procedimiento Sancionador Especial PSE-TEJ-113/2015, relativo a la Queja PSE-QUEJA-150/2015, originada con motivo de la denuncia de hechos presentada por el Miguel Ángel Guzmán Jiménez contra Salvador López Hernández, candidato a presidente municipal en Arandas, Jalisco, y el Partido Revolucionario Institucional, por la probable contravención a las normas sobre propaganda electoral.
PSE-TEJ-113/2015
Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en sesión pública de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución, y
R E S U L T A N D O
De las constancias que obran en autos se advierten los siguientes antecedentes:
a. Presentación de la Denuncia. El cuatro de mayo de dos mil quince, se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el oficio signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral del Municipio de Arandas, Jalisco, mediante el cual remitió el escrito de Miguel Ángel Guzmán Jiménez en el que planteó denuncia de hechos por la probable contravención a las normas sobre propaganda electoral, cuya realización atribuyó a Salvador López Hernández, candidato a presidente municipal en Arandas, Jalisco, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, así como a dicho instituto político.
b. Acuerdo de radicación, admisión a trámite y emplazamiento. El nueve de mayo siguiente, el Secretario Ejecutivo del Instituto dictó un acuerdo en el que, entre otras cosas, admitió la denuncia a trámite como Procedimiento Sancionador Especial PSE-QUEJA-150/2015 y ordenó emplazar a los denunciados para que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos.
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c. Audiencia de pruebas y alegatos. El catorce del mismo mes se celebró la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.
d. Remisión del expediente al Tribunal Electoral. Mediante oficio 4464/2015 de Secretaría Ejecutiva, el diecinueve de mayo de dos mil quince fue remitido a este órgano resolutor el expediente completo del Procedimiento Sancionador Especial PSE-QUEJA-150/2015 conjuntamente con el informe circunstanciado.
f. Oficio de turno a ponencia. El mismo diecinueve de mayo, por razón de turno, se remitieron las constancias del procedimiento sancionador especial registrado con el expediente PSE-TEJ-113/2015 a la ponencia del Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo.
g. Acuerdo de radicación y reserva. Por acuerdo de veinte de mayo siguiente, en razón de que el expediente estaba debidamente integrado, se ordenó elaborar el respectivo proyecto de sentencia, y
C O N S I D E R A N D O
I. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver del presente Procedimiento Sancionador Especial identificado como PSE-TEJ-113/2015,
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según lo dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68 y 70, fracción VI, de la Constitución Política; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y X, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 1º, párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis y 475, fracción III, del Código Electoral y de Participación Ciudadana, estos últimos ordenamientos del Estado de Jalisco, por tratarse de un Procedimiento Sancionador Especial, originado con motivo de una denuncia de hechos presentada por el Miguel Ángel Guzmán Jiménez, contra el candidato Salvador López Hernández y el Partido Revolucionario Institucional, por la probable contravención a las normas que regulan la propaganda electoral.
II. Procedencia. En atención a lo dispuesto en el artículo 471, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se contempla la posibilidad dentro de los procesos electorales de instaurar un Procedimiento Sancionador Especial, cuando se denuncie la comisión de conductas que violen el segundo párrafo, del artículo 116 Bis, de la Constitución local; contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos; o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
En el caso sometido a estudio, existe una denuncia de hechos que, a decir del denunciante, constituyen contravención a las normas sobre propaganda electoral.
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III. Hechos Denunciados. En el escrito de denuncia se relataron los siguientes hechos en que el denunciante basa su queja:
…
HECHOS:
I.- Los ahora denunciados, dentro de su propaganda electoral correspondiente a las elecciones para presidente municipal de la ciudad de Arandas, Jalisco, violan la ley electoral, pues han utilizado imágenes o símbolos religiosas con el fin de obtener el voto del ciudadano, algo que esté prohibido por la ley.
Se encuentran entregando invitaciones a los albañiles del municipio para celebrar el día de la Santa cruz a llevarse a cabo el día 02 dos de Mayo del año 2015, a las 2:30 de la tarde en la casa del PRI ubicada a un lado de la negociación mercantil denominada "Bodega Aurrera"
Es el caso que dicha invitación, en la parte superior y debajo de la leyenda DÍA DE LA SANTA CRUZ, tiene una imagen de una cruz religiosa, que es utilizada por varías religiones pero principalmente por "La católica" que es la que profesan en una gran mayoría los ciudadanos arandenses, siendo que el uso de esas imágenes está prohibido por la ley electoral.
De igual manera esa misma invitación hace las veces de un vale para una playera, por lo que hago del conocimiento tal situación en virtud de que dicho evento es organizado para más de 1,000 mil personas y es obligación de los denunciados hacer del conocimiento de la autoridad electoral el gasto exacto del evento, ya que por consumibles, regalos, playeras que se pretende otorgar a los asistentes, en virtud de la fiscalización de los gastos de campaña.
Es el caso que dicha propaganda constituye violaciones a la normatividad electoral, por parte de la aludida institución política y su candidato.
Es decir la ley prohíbe en época electoral la utilización de imágenes y símbolos religiosos con el fin de la obtención del voto.
PRUEBAS.- Para efectos de acreditar lo antes narrado, acompaño tanto la aludida invitación, como la mencionada fotografía.
Solicito se apliquen las sanciones correspondientes de conformidad a lo que dispone la ley electoral.
…
De lo transcrito se puede inferir, que el denunciante reclama de Salvador López Hernández, candidato a presidente municipal en Arandas, Jalisco, postulado por el
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Partido Revolucionario Institucional, y del referido instituto político, esencialmente lo siguiente:
Que los denunciados se encuentran entregando invitaciones a los albañiles del municipio de Arandas, Jalisco, para celebrar el día de la Santa Cruz a llevarse a cabo el dos de mayo de dos mil quince a las catorce treinta horas en la casa del PRI.
Que dicha invitación contiene en la parte superior la leyenda DÍA DE LA SANTA CRUZ y bajo ésta una imagen de una cruz que es utilizada por varias religiones como la católica, además, que hace las veces de un vale para una playera.
Que consecuencia de lo anterior, se actualiza una contravención a las normas sobre propaganda electoral, arguyendo el siguiente:
Concepto de queja. La propaganda electoral denunciada constituye una violación a las normas sobre propaganda electoral, en razón de que utiliza símbolos religiosos, vulnerando con ello la legalidad y equidad en la contienda.
IV. Litis y método de estudio. La litis en el presente Procedimiento Sancionador Especial se constriñe a determinar, si los hechos denunciados constituyen contravención a normas sobre propaganda electoral establecida en la legislación electoral vigente, así como la
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vulneración a la legalidad y equidad en la contienda, misma que el denunciante atribuye al candidato Salvador López Hernández y al Partido Revolucionario Institucional.
Método de estudio. Para estar en aptitud del pronunciamiento requerido, en primer término se analizará el marco jurídico que rige la instrumentación de los Procedimientos Sancionadores Especiales, las disposiciones relativas a las obligaciones de los candidatos a cargos de elección popular, así como las relativas a los partidos políticos en materia de campaña y propaganda político- electoral, las reglas de éstas y lo concerniente a las sanciones, se valorará el caudal probatorio que obra en el expediente en los términos que disponen los artículos 462, 463, 473 y 475, párrafo 1, fracción III y demás preceptos aplicables del referido Código Electoral, se analizará si se acreditan los hechos denunciados y, en su caso, se determinará si existe la infracción imputada.
V. Marco Jurídico. Con motivo de la reforma constitucional federal en materia político-electoral, publicada el diez de febrero de dos mil catorce, así como la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de mayo del dos mil catorce, los ordenamientos constitucionales y legales de las entidades federativas sufrieron modificaciones, así en la Constitución Política y el Código Electoral y de Participación Ciudadana ambos del Estado de Jalisco; en razón de las reformas, se suprime al Instituto Electoral local,
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la atribución de resolver los Procedimientos Sancionadores Especiales, conservando la facultad de instruir el procedimiento e integrar el expediente, para que la declaración de existencia de la infracción, sea competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Atento a lo anterior, el marco jurídico aplicable a los Procedimientos Sancionadores Especiales es el que a continuación se transcribe:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 24.
Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 116.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
…
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
…
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.
Artículo 130.
El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:
(…)
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Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
(…)
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución.
3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta Ley.
Artículo 242.
…
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Artículo 440.
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;
b) Sujetos y conductas sancionables;
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y
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IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.
2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales.
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de:
…
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes;
…
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones;
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;
(…)
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
(…)
CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.
Artículo 68.
1. Son obligaciones de los partidos políticos las establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, este Código y otras leyes aplicables.
(..)
Artículo 255.
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
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(…)
Artículo 446.
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este Código:
I. Los partidos políticos;
(…)
II. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;
(…)
Artículo 447.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General, así como por lo dispuesto en el artículo 68 y demás disposiciones aplicables de este Código;
(…)
VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley General y el presente Código en materia de precampañas y campañas electorales;
(…)
XVI. La comisión de cualquiera otra falta de las previstas en este Código.
Artículo 449.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos de partido político a cargos de elección popular al presente Código:
(…)
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
Artículo 458.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:
I. Respecto de los partidos políticos:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, según la gravedad de la falta;
c) Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;
d) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público para actividades ordinarias que les corresponda, por el periodo que señale la resolución, dependiendo de la gravedad de la falta;
e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;
f) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el área metropolitana de Guadalajara, la violación a lo dispuesto en la fracción XVI del párrafo 1 del artículo 68 de este Código. La reincidencia durante las precampañas y campañas electorales, se podrá sancionar hasta con la supresión total de las prerrogativas de acceso a radio y televisión por un mes;
y
g) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos locales, o la supresión total hasta por tres años del financiamiento público para actividades ordinarias si se trata de partidos políticos nacionales acreditados, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes aplicables y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos.
(…)
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III. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la zona metropolitana de Guadalajara; y
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o con la cancelación si ya estuviere registrado. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.
(…)
Artículo 471.
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:
I. Violen el segundo párrafo del artículo 116 Bis, de la Constitución local;
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en este Código; o
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
Artículo 472.
(…)
3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
V. Ofrecimiento y exhibición de pruebas; o la mención de las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.
4. El órgano del Instituto que reciba o provea la denuncia, la remitirá inmediatamente a la Secretaría, para que esta la examine junto con las pruebas aportadas.
5. La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, cuando:
I. No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo;
II. Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo;
III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos;
IV. La materia de la denuncia resulte irreparable; y V. La denuncia sea evidentemente frívola.
6. En los casos anteriores la Secretaría notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance, dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito.
7. La Secretaría contará con un plazo de 24 horas para emitir el acuerdo de admisión o la propuesta de desechamiento, contado a partir del momento en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se requieran realizar diligencias de investigación respecto de los hechos denunciados, el plazo para la admisión o propuesta de desechamiento de la queja será de setenta y dos horas, contado a partir del momento en que reciba la denuncia, dentro del cual deberán de agotarse dichas diligencias.
8. Cuando la denuncia sea admitida, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas
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posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos, así como con el resultado de las diligencias de investigación que en su caso se hubieren realizado.
9. Si la Secretaría considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo antes señalado, en los términos establecidos en el artículo 469, párrafo 4, de este Código.
Artículo 473.
1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría debiéndose levantar constancia de su desarrollo. Para el desahogo de la audiencia los partidos políticos, personas morales o instituciones públicas, podrán acreditar a un representante.
2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.
3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los siguientes términos:
I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría actuará como denunciante;
II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;
III. La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.
Artículo 474.
1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como un informe circunstanciado.
2. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente:
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;
II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;
III. Las pruebas aportadas por las partes;
IV. Las demás actuaciones realizadas; y
V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia.
3. Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto para su conocimiento.
4. Recibido el expediente, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco actuará conforme lo dispone el artículo siguiente.
Artículo 474 bis.
1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en el presente capítulo, el Tribunal Electoral.
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2. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco recibirá del Instituto el expediente original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.
3. Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, el Presidente del mismo lo turnará al Magistrado que corresponda, quién deberá:
I. Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del Instituto, de los requisitos previstos en este Código;
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en este Código, realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
III. De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Lo anterior con independencia de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a los funcionarios electorales;
IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá poner a consideración del pleno del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador especial; y
V. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.
4. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener los efectos siguientes:
I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o
II. Declarar la existencia de la violación objeto de la queja o denuncia; y en su caso, imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en este Código.
REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.
Artículo 6.
1. Por lo que hace a las infracciones imputables a los partidos políticos, deberá atenderse a lo siguiente:
I. Respecto al incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, así como de los supuestos señalados en el artículo 263 del código, específicamente en lo relativo a la colocación, fijación o pinta de propaganda electoral, se estará a lo siguiente:
(…)
f) Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”,
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” o cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral.
g) Se entenderá por propaganda político-electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los partidos políticos, los candidatos, los precandidatos a cargos de elección popular y los simpatizantes con el propósito de dar a conocer ante la ciudadanía las candidaturas registradas y sus propuestas, así como los
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mensajes dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato.
Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.
(…)
Del marco normativo precisado, se infieren las obligaciones de los partidos políticos en materia de propaganda electoral, la conceptualización de campaña electoral, actos de campaña y propaganda electoral, las prohibiciones de los institutos políticos en materia de utilización de símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda, los sujetos que son susceptibles de cometer infracciones en materia electoral, las infracciones de los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, en materia de propaganda electoral y de campaña, el procedimiento a seguir para la integración y tramitación que realiza el Instituto Electoral para el Procedimiento Sancionador Especial, así como las demás disposiciones aplicables al caso concreto.
También se encuentra el marco regulatorio y conceptual de los diferentes tipos de propaganda que se utilizan durante el periodo de precampaña o campaña, según sea el caso por partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
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Ahora bien, por lo que refiere a la presunción de inocencia cuyo marco constitucional es vinculante, lo constituye el artículo 20 de nuestra Carta Magna, al enunciar en lo que interesa:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. a X. …
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;
II. a IX. …
En ese orden de ideas, de la norma constitucional transcrita, se colige que la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central de todo sistema democrático que tiene por objeto preservar la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca proteger a las personas respecto a la limitación de sus derechos.
Aunado a lo anterior, es relevante precisar que el Procedimiento Sancionador Especial tiene una naturaleza jurídica preventiva, correctiva e inhibidora de conductas contrarias al orden jurídico electoral, el que además cumple con un papel depurador de las posibles anomalías que acontezcan en el desarrollo del proceso electoral.
En ese sentido, la nueva estructura competencial del Procedimiento Sancionador Especial como respuesta
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institucional considera por una parte que el procedimiento tiene el propósito de racionalizar el ius puniendi ante la posibilidad de que se haya verificado la conducta ilícita descrita normativamente.
Ahora bien, se debe tener por satisfecho el debido proceso en el que los interesados aporten pruebas a la autoridad de acuerdo a la estructura procesal penal acusatoria, defensa adecuada, presunción de inocencia, esta última, cuyo efecto es la remisión de la carga probatoria al denunciante.
Bajo esa idea, es fundamental explicar que los alcances del Procedimiento Sancionador Especial están inspirados en los principios de ius puniendi, tal como se explica en el criterio que a continuación se cita: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL1.
En resumidas cuentas, en el derecho administrativo sancionador electoral como expresión del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
1 Partido del Trabajo vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral. Tesis XLV/2002. Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, año 2003, pp. 121 y 122.
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del Poder Judicial de la Federación, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES2.
En esa línea argumentativa, el principio de presunción de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial, establece un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien dirima el conflicto, partiendo siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas tenemos justamente la relativa a que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones en base al régimen probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al momento de resolver el procedimiento sometido a estudio de este Pleno Resolutor.
VI. Relación de pruebas. Una vez determinado el marco normativo necesario para la resolución del presente Procedimiento Sancionador Especial, este Órgano Jurisdiccional, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, analizará y calificará el valor de las pruebas aportadas por las partes y las diligencias llevadas a cabo por la autoridad instructora.
Pruebas ofrecidas y aportadas por el denunciante Miguel Ángel Guzmán Jiménez. En su escrito inicial de denuncia, el quejoso ofertó expresamente para acreditar su pretensión la siguiente prueba:
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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PRUEBAS.- Para efectos de acreditar lo antes narrado, acompaño la aludida invitación.
Anverso Reverso
…
En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada, la autoridad instructora admitió la prueba referida, de conformidad a lo expresamente estipulado en el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que establece que dentro de los procedimientos sancionadores especiales, como en el que se actúa, únicamente serán admitidas las pruebas documentales y técnicas.
Por su parte, los denunciados Salvador López Hernández y Partido Revolucionario Institucional, en la audiencia respectiva, no ofrecieron pruebas, sin embargo negaron la autoría de la propaganda denunciada y se deslindaron de los hechos imputados.
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VII. Valoración de pruebas y acreditación de hechos. Una vez descrita la prueba documental privada admitida al quejoso, atendiendo a las reglas previstas por los artículos 463 con relación al diverso 473, ambos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral le concede valor probatorio indiciario, toda vez que se trata del único medio de convicción aportado por el denunciante, y en el sumario no obran otros elementos que permitan acreditar los hechos denunciados, de tal forma que aun concatenada con los elementos del expediente, las manifestaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, no genera valor probatorio pleno respecto a la veracidad de los hechos materia de análisis.
VIII. Acreditación de hechos denunciados. Una vez examinada y valorada la prueba admitida en el presente procedimiento sancionador especial, este Pleno del Tribunal Electoral, con base en el marco jurídico aplicable, así como en los argumentos vertidos por las partes, analizará si en la especie se acreditan los hechos denunciados.
Carga de la prueba. Previo al análisis en torno a la acreditación de los hechos materia de la queja, es conveniente hacer las siguientes precisiones relativas a la carga del querellante de probar los hechos materia de su denuncia.
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De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 472 a 474 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se colige que en el procedimiento especial sancionador la carga de la prueba corresponde al querellante, ya que el citado 472, párrafo 3, inciso V, establece que en la denuncia deberán ofrecerse y exhibirse las pruebas con que cuente el quejoso, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; el párrafo 5, inciso III, del mismo precepto señala que la denuncia será desechada cuando el quejoso no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; por su parte el párrafo 8, menciona que cuando se admita la demanda se emplazará al denunciante y al denunciado a una audiencia de pruebas y alegatos y, finalmente, al artículo 473, párrafo 3, del mismo código, establece que en la audiencia referida, el querellante podrá resumir el hecho que motivó la denuncia y hacer una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran, en tanto que, el denunciado, responderá a la denuncia y ofrecerá las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación.
Esto es, conforme a los artículos mencionados, el procedimiento especial sancionador en materia de prueba se rige predominantemente por el principio dispositivo, pues desde el momento de presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de aportar las pruebas en las que respalde el motivo de su denuncia, o bien, el deber de identificar las que el órgano habrá de requerir, pero sólo para el supuesto de que no haya tenido posibilidad de
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recabarlas, por lo que la autoridad no está compelida a iniciar una investigación preliminar para subsanar las deficiencias de la queja, como tampoco lo está para recabar pruebas, dado que a quien corresponde la carga probatoria es al denunciante.
Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 12/2010, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, número 6, 2010, páginas 12 y 13, cuyo rubro reza: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.
En tales condiciones, el quejoso arguye que los denunciados se encuentran entregando invitaciones a los albañiles del municipio de Arandas, Jalisco, para celebrar el día de la Santa Cruz a llevarse a cabo el dos de mayo de dos mil quince a las catorce treinta horas en la casa del PRI.
Que dicha invitación contiene en la parte superior la leyenda DÍA DE LA SANTA CRUZ y bajo esta una imagen de una cruz que es utilizada por varías religiones como la católica, además, que hace las veces de un vale para una playera y que, consecuencia de lo anterior, se actualiza una contravención a las normas sobre propaganda electoral.
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Al respecto, debe decirse que dicha invitación es una documental privada, cuyo contenido ya quedó inserto en la anterior porción considerativa, la que precisamente motiva la queja, sin embargo, este Órgano Jurisdiccional considera que con ella no se logran acreditar los hechos denunciados.
En efecto, es de destacarse, que el quejoso en su denuncia realiza manifestaciones genéricas, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto a la supuesta entrega de invitaciones, lo cual debe corroborarse para tener por acreditados los hechos denunciados, y del contenido de la documental aportada, tampoco pueden desprenderse o colegirse dichas circunstancias.
En el mismo sentido, en el sumario tampoco obran elementos con los que se pueda comprobar que la autoría de la invitación o vale materia de la queja corresponde a los denunciados.
En cuanto a las circunstancias de tiempo, el quejoso se limita a exponer que se encuentran entregando invitaciones, sin precisar fecha u horario de la supuesta entrega, lo que tampoco se acreditó en la instrucción.
Por lo que ve a la circunstancia de lugar, el quejoso tampoco señala o identifica la ubicación en que supuestamente se distribuyeron los folletos o vales.
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Así las cosas, con la referida prueba documental privada aportada con la denuncia, el querellante no logra probar circunstancias de modo, tiempo y lugar de los eventos reclamados, y toda vez que no ofertó más probanzas con las cuales pudiera concatenarse y coadyuvar a su verificación, a juicio de este Órgano Jurisdiccional se determina que no se acreditan los hechos denunciados.
IX. Análisis de la existencia de la infracción. En el procedimiento sancionador especial, para proceder al análisis relacionado con la posible comisión de infracciones, necesariamente y de manera previa, debe satisfacerse la acreditación plena de los hechos cuestionados.
En tal tesitura, habida cuenta de que no se acreditó la existencia de los hechos denunciados, no es dable el análisis sobre la acreditación de las conductas infractoras de la normatividad electoral.
En consecuencia, toda vez que la existencia material de los hechos denunciados no quedó plenamente acreditada, resulta improcedente analizar la responsabilidad atribuida a los denunciados por la supuesta vulneración a la normatividad electoral en materia de propaganda electoral.
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En mérito de lo anterior, este Pleno concluye que lo procedente es declarar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia.
X. Notificación. Atendiendo a las reglas generales de la notificación, contenidas en el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Capítulo Décimo Primero, del Título Segundo, Libro Séptimo, del Sistema de Medios de Impugnación, que establece en su dispositivo 550 que las notificaciones personales se harán al interesado a más tardar al día siguiente al en que se emitió el acto o se dictó la resolución o sentencia, ello en razón de que las reglas específicas de los Procedimientos Sancionadores, solo establece que se realizaran de forma personal cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia y en todo caso la primera notificación a alguna de las partes, para una mayor eficacia de la notificación de la presente sentencia y en aras de una tutela judicial efectiva, así como para privilegiar en todo momento la audiencia y defensa de las partes, se instruye al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación efectuada a ese organismo electoral, a través de los funcionarios que designe para tal efecto, realice la notificación de manera personal a las partes del presente Procedimiento Sancionador Especial y una vez efectuado lo anterior, remita de manera inmediata a este órgano resolutor las constancias que acrediten las respectivas notificaciones.
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Por lo expuesto y con fundamento en los numerales 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68 y 70, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, 1º, párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis y 475, fracción III, del Código Electoral y de Participación Ciudadana, estos últimos del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral,
R E S U E L V E
PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente Procedimiento Sancionador Especial se encuentra acreditada.
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, atribuida al candidato Salvador López Hernández y al Partido Revolucionario Institucional, por los motivos y fundamentos expuestos en la presente resolución.
TERCERO. Se instruye al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para que notifique la presente resolución en los términos precisados.
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Notifíquese en términos de Ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad el Magistrado Presidente así como la Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ
MAGISTRADO MAGISTRADO
JOSÉ DE JESÚS ANGULO LUIS FERNANDO MARTÍNEZ
AGUIRRE ESPINOSA
MAGISTRADA MAGISTRADO
TERESA MEJÍA CONTRERAS RODRIGO MORENO TRUJILLO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
