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En apego a lo establecido por la normatividad aplicable en materia de entrega recepci ón, y a fin de dejar testimonio de la construcción institucional y normativa que ha caracterizado a este gobierno, así como de dar cuenta de las acciones realizadas por este ente p úblico y de la responsabilidad con la que se ha ejercido el presupuesto que nos fue confiado para el desempeño de nuestras funciones, se entrega el presente Informe como un mecanismo institucionalizado de rendición de cuentas, que busca transparentar la labor pública realizada desde el primer día de la Administración, al último día de la misma.
La información aquí presentada corresponde a diferentes aspectos administrativos, normativos y operativos, necesarios para la gestión y atención de los asuntos que son competencia de este ente.
I. Marco jurídico de actuación.
La actuación de este ente público se apega a las siguientes normativas:
Disposiciones constitucionales
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de Chihuahua.
Leyes
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.
Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua.
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
Ley General del Sistema Anticorrupción.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.
Ley General de Archivos.
Reglamentos
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua.
Acuerdos
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Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas para el Proceso de Entrega Recepción de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y demás asuntos relacionados con determinado empleo, cargo o comisión del Servidor Público del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
Acuerdo por el que se levanta la Suspensión de Plazos y Términos Legales en los Procesos de Auditorías en La Secretaría de La Función Pública para que se reanuden a partir del 23 de noviembre de 2020, los plazos y términos legales en los procesos de auditorías competencia de la Secretaría de la Función Pública y de sus Unidades Administrativas.
Guía General de Auditoría Gubernamental.
Acuerdo por el que se declara el inicio de la obligaci ón de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.
Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendici ón de cuentas de la Administración Pública del Estado de Chihuahua y para realizar la entrega -recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la no presentaci ón de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses, en los plazos previstos en los art ículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus sars-cov2 (COVID-19).
Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19.
Acuerdo se emite exhorto a todas las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para que observen los lineamientos para la organización y conservación de los archivos emitidos por el propio sistema con la finalidad de promover la organización y preservación de la documentación generada.
Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo mediante el cual se emiten las disposiciones y el manual administrativo de la aplicación general en materia de control interno.
Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo mediante el cual se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Disposiciones Específicas para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que los plazos para conformar los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades se extiende al 22 de agosto de 2020.
Acuerdo 02/2021, reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Normas Lineamientos
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Lineamientos del Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios del Estado de Chihuahua.
Lineamientos Técnicos para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia Contenidas en el Capítulo II, del Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci ón Pública del Estado de Chihuahua.
Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva.
Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública mediante el cual se expiden los Lineamientos para la conformación y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por medio del cual se expiden los lineamientos para asegurar la Operatividad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal.
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lineamientos que Deberán Observar los Sujetos Obligados para la Atención de Requerimientos, Observaciones, Recomendaciones y Criterios que Emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos Manuales
Manual del Análisis de Impacto Regulatorio de los Sujetos Obligados de la Administraci ón Pública Estatal.
Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria.
Códigos
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.
Código de Ética para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Bases
Decretos
Decreto no. LXV/RFLEY/0003/2016, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan disposiciones del marco jurídico estatal, referente a la estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
Otras disposiciones
El detalle de las disposiciones antes enlistadas, con su fecha de última reforma y la liga para su consulta, se incluyen en el Anexo de este Informe.
II. Resultados de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios.
a) Objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno.
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En seguimiento al Plan de Estatal de Desarrollo 2017-2021 la Secretaría de la Función Pública como parte de un nuevo modelo de gobierno y comprometida a constituir un ambiente democr ático, ciudadanizado, transparente y sujeto a la rendición de cuentas, se guio por los siguientes objetivos y estrategias:
Eje 5: Gobierno Responsable
Objetivo 3 - Fomentar la cultura de la legalidad para conformar una estructura social ordenada y de comportamiento pacífico.
Objetivo 5 - Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Objetivo 7- Lograr un Gobierno abierto que garantice la participaci ón ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Objetivo 9- Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Objetivo 13 - Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.
La Secretaría de la Función Pública desarrolló el Programa Especial de Buen Gobierno 2017-2021, el cual se propone como un medio para fortalecer el actuar de la administraci ón pública, a partir de diferentes estrategias y acciones, enfocándolas hacia la solución de problemas. En este sentido, los objetivos estratégicos fueron:
Objetivo estratégico 1. Fomentar la toma de decisiones de la política pública basada en información de calidad que permita aumentar la efectividad del actual gubernamental.
Objetivo estratégico 2. Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales.
Objetivo estratégico 3. Fomentar la creación de una estructura de servidoras y servidores públicos profesionales que aseguren el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos de cada puesto.
Objetivo estratégico 4. Asegurar la existencia de regulaciones y trámites simples, claros e indispensables, que fomenten el acceso de las personas a sus derechos, obligaciones, y que reduzcan los espacios al actuar discrecional de las y los funcionarios.
Objetivo estratégico 5. Combatir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando certidumbre sobre su comportamiento.
Objetivo estratégico 6. Vigilar el adecuado uso de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos de las instituciones y asegurar la rendición.
Objetivo estratégico 7. Facilita el acceso de las y los ciudadanos a informaci ón pública, así como datos abiertos del sector gubernamental creando canales de comunicaci ón bidireccional entre la sociedad y el Gobierno.
Objetivo estratégico 8. Garantizar un gobierno incluyente y participativo, ampliando los canales de vinculación y vigilancia en la sociedad.
b) Acciones y resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales, los programas sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios.
Derivado del compromiso con que se desempeñaron las y los servidores públicos de este ente, a continuación, se presentan los principales resultados alcanzados durante el periodo de la Administración saliente.
Del 4 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2017 se informan las siguientes acciones y resultados:
En el 2016 se ejecutaron 55 auditorías a 50 organismo descentralizados y cinco fideicomisos mediante el trabajo de 11 despachos de contaduría pública independientes. Éstos generaron para su análisis y evaluación 434 informes en áreas de control interno, seguimiento de observaciones, estados
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financieros, avances del Consejo Nacional de Armonizaci ón Contable, CONAC, y el dictamen correspondiente.
De igual forma, con el trabajo de 28 comisarios adscritos a 65 entidades paraestatales sectorizadas en la Administración Pública, se emitieron en tiempo real 1 mil 530 observaciones, encontrándose a la fecha 918 solventadas.
Por otro lado, como base para la interlocución gobierno y sociedad, se identificó la transparencia como uno de sus ejes transversales, por lo que el Poder Ejecutivo se alineó a la pol ítica nacional establecida en el Sistema Nacional de Transparencia, haciendo pública la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, dando a la ciudadanía una herramienta para tomar mejores decisiones y, sobre todo, de generar condiciones id óneas para la participación ciudadana.
De igual manera, en el 2017 para aumentar la eficiencia de los trabajos en temas de gobierno abierto, se realizaron capacitaciones a las unidades de transparencia de las instituciones gubernamentales que marca la Ley mencionada previamente, sobre el uso de las Plataformas Nacional y Estatal de Transparencia y llenado de los Formatos del Sistema Nacional de Transparencia.
Además, atendiendo al compromiso de toma de protesta del Gobernador, Javier Corral Jurado, en donde señaló que se transparentaría la relación gobierno-medios de comunicación, en el 2017 se hicieron públicos todos los gastos en publicidad oficial, donde se puede ver a detalle c ómo se han asignado los recursos en la materia, siendo Chihuahua el primer estado en hacerlo.
Se transparentaron los gastos de viáticos utilizados por los servidores públicos, en 2016 y 2017, mediante un acuerdo generado con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci ón y Protección de Datos Personales (INAI), logrando ser el primer Estado en transparentar el 100 por ciento de este rubro. Dicha publicación se realiza mediante la Plataforma de Comisiones Abiertas.
El Gobierno del Estado, tiene como prioridad el combate a la corrupci ón en el ejercicio y control del gasto público, en el 2017 se firmó con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) un convenio de colaboración para propiciar políticas públicas que garanticen la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contrataciones públicas. En el marco de dicho convenio, se desarrolló el proyecto de Mapeando la corrupción: Análisis de Redes de Asignación de Presupuesto y Servicios Escolares a fin de atender la opacidad de las compras públicas estatales y facilitar la detección de malas prácticas en el ejercicio del gasto público.
En abril de 2017, se concluyó la propuesta de una Ley de Participación Ciudadana trabajada en conjunto con diferentes representantes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en un ejercicio de gobernanza.
Una dimensión adicional de los temas de gobierno abierto se enfoca en promover, impulsar y motivar la participación de la sociedad en la vigilancia de la aplicación de los recursos de los programas y proyectos para el desarrollo social. En este contexto, se implementó el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por medio del cual se busca capacitar, difundir, recolectar informes y dar atenci ón a quejas ciudadanas sobre el uso y aplicación de los programas federales de desarrollo social.
Como parte de las actividades de contraloría social, se capacitó a 11 mil 516 beneficiarios, así como a 144 servidores públicos y 27 de la sociedad civil; de los cuales 8 mil 335 son mujeres y 3 mil 181 son hombres, mediante 81 reuniones en 34 municipios, entregando 10 mil 11 materiales de difusión, que permitió a los ciudadanos contar con las herramientas necesarias para el ejercicio de la vigilancia del
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uso de recursos. Cabe destacar que el 72.37 por ciento de las personas capacitadas fueron mujeres.
Asimismo, se realizó el 21 de julio de 2017 la reunión estatal de la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales, a la que asistieron 65 funcionarios municipales de 57 municipios, con el fin de detectar y promover acciones de contralor ía social ejecutadas en los Ayuntamientos, consiguiendo establecer un vínculo entre los municipios y el Gobierno del Estado, para poder crear mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas municipales en esta materia. Como resultado de esta actividad se elaboró un diagnóstico que permitió conocer los avances en contralor ía social.
En el 2017, se elaboraron los lineamientos para la política estatal de mejora regulatoria, en los que se estipuló la colaboración de los tres órdenes de gobierno para la simplificación de trámites, el uso de instrumentos digitales para facilitar el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones, y asegurar la presencia de regulaciones que generen m ás beneficios que costos y reduzcan el espacio para el actuar discrecional.
Asimismo, se creó el Portal Único de Trámites y Servicios, con la finalidad de acercar a los ciudadanos información sobre todos los procesos y trámites que ofrece la Administración Pública.
Se supervisó el buen funcionamiento de las oficinas del Sistema de Apertura R ápida de Empresas (SARE) en los municipios de Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Ojinaga, donde se implementaron acciones para que las y los ciudadanos que buscaban emprender un negocio puedan iniciar operaciones en un máximo de tres días hábiles, obteniendo información de calidad y realizando los trámites necesarios en un solo lugar.
Se coordinó la elaboración de un estudio con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en diversos ámbitos económicos del estado en donde se destacaron los tres sectores prioritarios, y se recomendaron reformas para romper con las barreras regulatorias que se tienen hacia las personas, fortaleciendo el desarrollo económico y social.
En conjunto con la Secretaría de la Función Pública federal se comenzó con la homologación de los trámites estatales a las disposiciones establecidas en el Portal gob .mx, por lo que contó con 16 fichas de trámites al 2017, a los que se suma el apartado que permite obtener las actas de nacimiento por internet.
Se llevaron a cabo en el 2017, por primera vez en la administración pública estatal, tres convocatorias de ingreso al servicio público, abiertas y con procesos de selección transparentes, bajo un enfoque de derechos humanos, igualdad, inclusión y no discriminación, tituladas Buscamos a las y los mejores;
destacando la participación de 978 personas aspirantes para ingresar al servicio público y la contratación de 34 nuevos funcionarios.
En la misma línea de actividades, y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de apoyar la creación de espacios laborales incluyentes, combatir la discriminación y lograr igualdad de oportunidades, a partir del 3 de julio de 2017, se contrató a dos jóvenes con discapacidad visual para brindar atenci ón a los ciudadanos y realizar la transferencia de llamadas del conmutador de Gobierno del Estado, en el Centro de Informaci ón Gubernamental, de la Secretaría de la Función Pública, contribuyendo con esto a que tengan una participaci ón plena y efectiva en la sociedad.
Otras acciones de profesionalización de la administración pública, se enfocaron en la formación del futuro capital humano, a través del programa Buscamos jóvenes con vocación de servicio, por medio de
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la cual, se integraron estudiantes de los últimos semestres de carreras universitarias al servicio público, a través de servicio social o prácticas profesionales.
Como parte del cumplimiento de otro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el que se plantea optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses se llevó a cabo en el 2017 el Taller de Políticas Públicas Aplicadas y Censos Nacionales de Gobierno, impartido por personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual tuvo como objetivo que funcionarios con capacidad de decisión de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado adquirieran conocimientos para el uso de informaci ón estadística en la planeación y diseño de políticas públicas.
La presente administración realizó un compromiso con la sociedad para construir v ínculos de apoyo entre las y los chihuahuenses, por lo que, se dio inicio el 12 de junio del 2017 a la estrategia Kórima Comparte, la cual nació como una estrategia que impulsa la participaci ón de los ciudadanos a través de acciones solidarias, que busquen involucrarse activamente en la atenci ón de las problemáticas sociales que se presentan en el Estado de Chihuahua.
Asimismo, a partir de ese día, y hasta el 31 de diciembre de 2017, se habían publicado 36 iniciativas en la plataforma web; y se han llevado a cabo 43 actividades en las que 1 mil 134 personas, de manera generosa y desinteresada, han puesto su tiempo, talento y conocimientos a favor de las personas que, por diferentes razones, requieren de apoyo. Este grupo de voluntarias y voluntarios comprometidos con la construcción de una mejor comunidad, han impactado positivamente en la vida de aproximadamente 4 mil 806 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Se gestionó en 2017 la implementación del sistema DeclaraNetPLUS, herramienta que permite cotar con información más certera en relación a la información patrimonial de los servidores públicos obligados. Asimismo, se continuó con la constante asesoría que se brinda a los servidores públicos del Estado para que presenten su declaración.
Por otro lado, en materia de auditoría sobre el gasto corriente, fondos y programas, se realizaron 70 auditorías tanto a organismos de la administración centralizada, como entidades del sector paraestatal, incluyendo en ellas la revisión de las cuentas del Plan de Austeridad 2017. De este total de auditorías, 58 presentaron observaciones por un monto de 3 mil 467 millones 700 mil 878 pesos.
Se coordinaron trabajos de auditoría externa llevados a cabo por 11 despachos independientes, los cuales se encargaron de revisar 51 organismos descentralizados y 5 fideicomisos ubicados en 13 municipios; resultando 161 informes con 302 observaciones por un monto de 77 millones 641 mil 429 pesos.
Además, el correcto uso de recursos federales destinados a programas y fondos tambi én fue objeto de estricta vigilancia. Para tal efecto, en el 2017 se realizaron 99 auditorías a proyectos de inversión en 33 municipios, de las cuales 81 se encuentran concluidas en 26 municipios con un importe susceptible de observarse de 65 millones, 926 mil 857 pesos y 18 auditorías en proceso en siete municipios siendo las tipificaciones más recurrentes el incumplimiento a los requerimientos de informaci ón y documentación, recursos no devengados y no reintegrados a la Federaci ón, conceptos de obra pagados no ejecutados, adquisiciones pagadas no suministradas, deficiencias t écnicas constructivas;
así como modificaciones y traspasos no autorizados por conceptos de obra no aprobados.
En el 2017, se coordinaron trabajos de auditoría externa llevados a cabo por 11 despachos independientes, en 48 organismos descentralizados y 5 fideicomisos ubicados en 13 municipios;
resultando 237 informes con 725 observaciones por un monto de 473 millones 131 mil 928 pesos.
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Los recursos federales destinados a programas y fondos tambi én fueron vigilados, en el 2017 se realizaron 101 auditorías a proyectos de inversión en 34 municipios, con un importe observado de 99 millones 760 mil 288 pesos; siendo las tipificaciones más recurrentes conceptos de obra pagados no ejecutados, adquisiciones pagadas no suministradas y modificaciones y traspasos no autorizados por conceptos de obra no aprobados.
En forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública federal, en el 2017 se realizaron 29 auditorías en dependencias y municipios a 10 programas federales, con un importe observado de 530 millones 172 mil 289 pesos; y 25 auditorías especiales solicitadas por instituciones gubernamentales con un monto observado de 404 millones 191 mil 123 pesos, de las cuales seis se encuentran en proceso; destacando que en el año anterior, sólo se realizaron 17 auditorías especiales con un monto observado de 59 millones 272 mil 249 pesos.
En conjunto con la Auditoría Superior de la Federación se revisaron 10 créditos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), determinándose observaciones por 356 millones 961 mil 174 pesos; y se realizaron dos auditorías con un monto observado de 356 millones 533 mil 347 pesos, destacando que, en el último año de la administración anterior, no se llevó a cabo ninguna.
Es así que al 2017, se presentaron 34 denuncias penales por los delitos de peculado, fraude, uso ilegal de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, entre otros, ante la Fiscalía General del Estado, en que se señalan irregularidades que afectaron las finanzas públicas por un monto total de 1 mil 527 millones 755 mil 172 pesos. En este sentido, se obtuvieron 28 vinculaciones a proceso, respecto a 17 ex servidores públicos y particulares; de los cuales cinco se consiguió sentencia condenatoria.
En un caso único en el país, se logró identificar y evidenciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la retención ilegal de ingresos de los servidores públicos para ser entregados al partido político que se encontraba en el poder durante la administración pasada.
En el 2017, se emitieron un total de 51 resoluciones de las cuales, 47 servidores públicos resultaron administrativamente responsables; se determinaron 28 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, así como 10 sanciones de carácter económico por el detrimento a la hacienda pública del Estado, 14 suspensiones del servicio, una destitución del cargo público y una amonestación por escrito. Es importante resaltar que una resolución pudo afectar a más de un servidor público y en algunos casos les fueron aplicadas más de una sanción.
Resulta un avance significativo en el combate a la corrupci ón ya que durante el último año de la administración pasada únicamente se emitieron cinco inhabilitaciones a servidores p úblicos, dos sanciones económicas, tres amonestaciones y dos suspensiones del servicio. Lo que representa un crecimiento del 460 por ciento en el total de servidores públicos inhabilitados y un 400 por ciento en sanciones económicas en el 2017.
Derivado de los resultados de auditoría a los recursos administrados por autoridades municipales, se detectaron observaciones que pudieran ser causa de responsabilidad administrativa; por lo que en el 2017 se presentaron 19 denuncias al Congreso del Estado, autoridad competente para sancionar en la vía administrativa a los servidores públicos de elección popular.
En apoyo y coordinación con el H. Congreso del Estado, se desarrolló la integraci ón, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a fin de que los órdenes de los Gobiernos
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Estatal y Municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos cuenten con las bases suficientes para combatir la corrupción.
Dentro de las características principales que destacan del Sistema Estatal Anticorrupci ón (SEA) se encuentran, el nombramiento del Fiscal y Auditor Superior por el H. Congreso del Estado, bajo propuesta de un panel de especialistas en la materia; la creaci ón del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (con elección de las y los magistrados por medio del Congreso); y la obligación de todos los servidores públicos de realizar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, siendo estas de carácter público.
En el 2017, se establece que la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública como parte del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), a fin de establecer mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno para avanzar en el desarrollo de la fiscalizaci ón de recursos públicos.
En materia de control interno, en el 2017 se realizó una reforma constitucional para establecer que las dependencias y entidades contarán con órganos internos de control, con dependencia jerárquica y funcional de la Secretaría de la Función Pública. La reforma además contempla que los organismos constitucionalmente autónomos como lo son el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también contarán con un órgano de control interno, cuyo titular será propuesto y designado.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se informan las siguientes acciones y resultados:
Como resultado del impulso de organizaciones de la sociedad civil, tales como Red por la Participaci ón Ciudadana, A.C, Plan Estratégico de Juárez, A.C., WikiPolítica Chihuahua y Mukira, A.C., el 20 de junio de 2018 se llevó a cabo la Promulgación de la Ley de Participación Ciudadana en el marco del Foro Anticorrupción.
En la organización de este foro participaron además del Gobierno Estatal, el Comisionado Joel Salas Suárez del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaci ón Pública (INAI), José Octavio López Presa, integrante del CPC Nacional y José Enriquez Tamez, Presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Derivado de la promulgación de la Ley, el 23 de junio de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley junto con una reforma constitucional en la materia. Entre los puntos claves de la reforma constitucional y expedición de la Ley de Participación Ciudadana, se encuentran:
- El reconocimiento de la participación ciudadana como derecho humano, en términos del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, que comprende la participación política y la participación social.
- Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas fundamentales y en su ejecución, así como en la resolución de problemas de interés general.
- Fomentar la cultura de participación ciudadana.
- Coadyuvar en el derecho de acceso a la información pública.
En este tenor, la publicación del marco legal en materia de participación ciudadana da cumplimiento a
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los compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, como resultado del puntual seguimiento hecho por este Gobierno en estrecha colaboraci ón con organizaciones de la sociedad civil, y con apoyo de representantes del Poder Legislativo.
Con el objeto de promover la vigilancia de la aplicación de los recursos en los programas sociales, en el 2018 se capacitó en contraloría social a 213 servidores públicos (108 hombres y 105 mujeres) además de 11 mil 105 beneficiarios (2 mil 150 hombres y 9 mil un mujeres), mediante reuniones realizadas en los municipios de Chihuahua, Guerrero, Bocoyna, Jim énez, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Cusihuiriachi, Saucillo, Dr. Belisario Domínguez, Gran Morelos y Guachochi.
Los beneficiarios corresponden a programas federales en el estado, tales como Prospera -Programa de Inclusión Social, Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Programa de Pensión para Adultos Mayores, Programa Comedores Comunitarios, Programa de Apoyo a la Educación Indígena, Programa de Infraestructura Indígena, Programa de Apoyos a la Cultura y Programa de Fomento a la Economía Social.
Dentro de las acciones para fomentar la participación ciudadana, en el mes de febrero de 2018 se llevó a cabo la instalación del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto (STL), conformado por ocho representantes de la sociedad civil, elegidos mediante una convocatoria abierta, un representante de los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, así como el comisionado presidente del ICHITAIP.
El STL se configuró como un espacio permanente de interlocuci ón entre las autoridades y la sociedad para dialogar y deliberar sobre el diseño, implementación y seguimiento de acciones específicas. De esta manera, se logró abrirel diálogo respecto a temas relevantes para la sociedad chihuahuense, tales como la importancia de identificar los casos de abuso y maltrato infantil para la focalizaci ón de acciones de atención y prevención, así como el impulso de otros mecanismos de participación ciudadana, en específico el presupuesto participativo.
Considerando que uno de los pilares para el gobierno abierto es la transparencia, en el 2018 se modernizó el Portal de Transparencia para que funcionara como un solo punto de acceso para la consulta de información relevante y que debe ser pública para la ciudadanía.
Dicho portal permite promover la transparencia de la gesti ón pública mediante la difusión de información que generan los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, así como favorecer la rendici ón de cuentas a los ciudadanos sobre temas como el gasto en viáticos y publicidad oficial, entre otros.
Este Gobierno tiene un compromiso ineludible con la cultura de la legalidad. Ante la coyuntura de la realización del proceso electoral a nivel nacional, en el 2018 se implementó la Estrategia Estatal de Blindaje Electoral en colaboración con el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Esta estrategia permitió proveer mayor conocimiento sobre la normatividad que rige el actuar de las y los servidores públicos durante el proceso electoral, para reforzar los mecanismos que fomentan un comportamiento apegado a la ley. En ese sentido, en el 2018 se capacitó de manera presencial de 2 mil 054 servidoras y servidores públicos, de los cuales fueron 1 mil 37 hombres y 1 mil 17 mujeres y de 47 mil 273 a través de la plataforma en línea http://chihuahua.gob.mx/observaelectoral.
Por otro lado, el 13 de junio de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo que emite el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, dando como resultado un marco normativo que permita implementar una cultura institucional de integridad y ética que rija el actuar de las y los servidores de la Administración Pública Estatal.
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En un esfuerzo por aumentar la eficiencia en el desempe ño de los entes públicos, a través de la mejora de sus procesos y de herramientas organizacionales, se realizaron an álisis en el 2018 a los objetivos y sistemáticos, considerando elementos técnicos tales como: presupuesto asignado, programas presupuestales y objetivos y atribuciones institucionales.
Derivado de lo anterior, con el objetivo de que el uso de los recursos p úblicos sea eficiente y eficaz, el 1 de agosto de 2018 se firmó un Convenio de Colaboración con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, para realizar un análisis programático, presupuestal y de estructuras organizacionales, que permitió identificar programas presupuestarios desarticulados, con impacto limitado, instrumentos duplicados, estructuras organizacionales ineficaces y procesos administrativos susceptibles de simplificación.
Lo anterior sentó las bases para una reestructura gubernamental, enfocada en el cumplimiento de los mandatos legales y acordes a las funciones de los entes públicos.
Se colaboró en el 2018 en la formalización de la estructura y el funcionamiento de las dependencias y entidades a través de la evaluación y análisis de propuestas. Al respecto, se consiguió concretar las reestructuras organizacionales de 19 entes públicos del Ejecutivo Estatal.
El Gobierno del Estado de Chihuahua estableció como una de sus prioridades garantizar el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones, mediante regulaciones y tr ámites sencillos. Por ello, se propuso disminuir los espacios del actuar discrecional de los servidores p úblicos, en la interacción con la ciudadanía a través de los trámites y servicios.
Para lograr lo anterior, se reconoció que la colaboraci ón con todos los órdenes de gobierno es la base para la implementación de la política de mejora regulatoria. En este sentido, en coordinaci ón con el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), se implementó el Proyecto Nacional de Justicia Cotidiana, el cual tiene como objetivo el garantizar que las instituciones gubernamentales, den solución a los conflictos y situaciones que se presentan en la vida diaria de las personas.
En el marco del proyecto, en el 2018 se implementó el programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA), el cual tuvo como objetivo calcular el costo que implica la resoluci ón de trámites estatales, estimándose en 2 mil 734 millones 638 mil 328 pesos.
Por otra parte, se reconstruyó en el 2018 el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) para lograr su homologación a los criterios establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. Con la finalidad de mantener un RETyS verídico, se implementó un mecanismo que permite identificar información desactualizada a partir de las observaciones hechas por la ciudadanía.
Dentro de los beneficios que se identificaron con la conformaci ón del RETyS a través del Portal de Trámites y Servicios, fue el poner a disposición de los ciudadanos 88 trámites nuevos con formatos descargables desde internet para reducir costos de recopilaci ón de requisitos. Además, dentro de las nuevas funcionalidades del Portal se encuentra la ubicaci ón por medio de mapas de los edificios más representativos del Gobierno del Estado, así como el fundamento legal del trámite.
Por otra parte, en el 2018 se logró la ampliación de horarios para la emisión de licencia de conducir por primera vezen Juárez, sin que esto implicara el aumento de personal. Lo anterior, derivado del an álisis de los procesos relacionados con este trámite.
En cumplimiento a la Ley General de Mejora Regulatoria, en el 2018 se implementó el Proyecto Estratégico de Mejora Regulatoria Municipal. Esto dio como resultado la publicaci ón de los
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reglamentos municipales en la materia en Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua, así como la adecuación de reglamentos orgánicos e internos para dotar de atribuciones al respecto, a las áreas encargadas de dirigir la política, en estos municipios. Con ello se conformaron las unidades de mejora regulatoria en los municipios mencionados.
También se logró la conformación de los registros municipales de trámites y servicios en los municipios de Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral, Juárez y Chihuahua, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.
En el 2018, se creó como órgano consultivo y de toma de decisión, el Comité Municipal de Mejora Regulatoria en Chihuahua e Hidalgo del Parral y el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria en Chihuahua, este último con participación de los sectores social, privado y académico, con base en las buenas prácticas a nivel nacional.
En colaboración con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se organizó y participó en la Sesión de Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el 15 de marzo de 2018. Dicho Comité Coordinador está integrado por el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Informaci ón Pública (ICHITAIP), el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Presidente del Consejo de la Judicatura y el Presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción. Asimismo, el 07 de noviembre de 2018 se nombró al Secretario Ejecutivo del SEA.
Se impulsó y participó en mesas técnicas para la adecuación del marco normativo estatal en materia anticorrupción, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Función Pública. Derivado de esta labor, el 24 de abril de 2018 este Gobierno presentó la iniciativa de reformas, las cuales se publicaron el 13 de junio de 2018 en el Periódico Oficial del Estado.
El paquete de reformas contempla:
-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Chihuahua, en lo referente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
-Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y se derogaron diversos art ículos de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en lo relativo al nombramiento de quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.
-Se abrogó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, y por parte del Poder Legislativo se emitió la declaratoria de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas será el ordenamiento rector en todo el territorio del Estado.
Estas reformas están relacionadas con el fortalecimiento del orden jurídico que regula la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por otro lado, en un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno del Estado de Chihuahua generó un espacio de diálogo, análisis, socialización y entendimiento de la corrupción a través del Encuentro Nacional Anticorrupción.
El Encuentro tuvo lugar del 11 al 13 de octubre de 2018 y contó con la colaboración de instituciones públicas, privadas, académicas y organizaciones de la sociedad civil, las cuales, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado, participaron en la realizaci ón del encuentro. Las organizaciones que formaron parte del Encuentro Nacional Anticorrupción fueron la Red por la Rendición de Cuentas, México Evalúa, Nosotrxs, Integralia Consultores, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Entre las instituciones académicas participantes están el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
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del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jur ídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Se contó con la presencia de reconocidos analistas, acad émicos, servidores públicos y periodistas.
Además, se convocó a diversos sectores de las 32 entidades federativas, contando con la presencia de servidores públicos y ciudadanos, de 28 entidades federativas, quienes asistieron a las conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres y presentaciones de libros, en las que se abordaron diversos aspectos del problema de la corrupción.
Un instrumento necesario en la detección de posibles actos de corrupción es el análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos. En el 2018, se recibieron 48 mil 687 declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos del Gobierno del Estado. Este resultado se obtuvo gracias a la implementación del sistema DeclaraNetPLUS, así como a la constante asesoría que se brinda a los servidores públicos del Estado para que presenten su declaración.
Otro elemento importante que permite la detección de posibles conductas irregulares por parte de las y los servidores públicos, son las quejas y denuncias hechas por ciudadanos, a trav és del Sistema Observa. Es así que durante 2018 se recibieron 1 mil 916 quejas, peticiones y observaciones de la ciudadanía a través de este sistema, de las cuales 1 mil 481 fueron atendidas, teniendo un porcentaje de atención de 77.3 por ciento.
En el 2018, a través de la Secretaría de la Función Pública se presentaron denuncias de hechos ante la Fiscalía General del Estado por 38 casos que podrían ser constitutivos de delitos, pues se busca sancionar a través de la vía penal a servidores públicos estatales que, en el ejercicio de su cargo, presuntamente realizaron actos delictivos contrarios a su deber ocasionando con ello un detrimento a la hacienda pública estatal por un monto estimado de 998 millones 398 mil 026 pesos.
Derivado de las denuncias presentadas, la Fiscalía General solicitó órdenes de aprehensión y, en algunos casos, se vincularon funcionarios a proceso.
Uno de los medios que el gobierno utiliza para fiscalizar el adecuado uso de los recursos p úblicos son las auditorías, las cuales son indispensables en los sistemas de control. Al respecto, en el 2018 se concluyeron diferentes auditorías, determinando observaciones por un monto susceptible de solventar por 851 millones 354 mil 922 pesos.
Estas auditorías han contribuido, entre otros aspectos, al fortalecimiento de procesos penales y administrativos, así como mejoras en el control interno.
También se realizaron trabajos de auditoría externa, en colaboración con 10 despachos independientes, los cuales se encargaron de revisar el ejercicio fiscal 2017 en 48 organismos descentralizados y cinco fideicomisos públicos. Al respecto se emitieron 53 Dictámenes Financieros-Presupuestales, sobre el apego a las normas de contabilidad gubernamental, resultando 10 de ellos con opinión limpia, 33 con salvedad, 8 con opinión desfavorable y 2 con abstención de opinión.
En coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el 2018 se dio seguimiento a 269 acciones determinadas como resultado de las revisiones realizadas a las Cuentas P úblicas del Estado de Chihuahua. Estas consistieron en 70 recomendaciones, 14 solicitudes de aclaración, 102 pliegos de
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observaciones y 83 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, coadyuvando en la comunicación con los entes estatales responsables del manejo de los recursos federales, logrando as í 27 acciones solventadas.
Durante 2018, se reportaron un total de 273 informes de auditoría derivados de las revisiones hechas por los comisarios a las entidades paraestatales, de los cuales se conocieron observaciones de carácter administrativo, contable y financiero.
Derivado de las auditorías realizadas, se presentaron 25 denuncias ante el H. Congreso del Estado, en contra de Presidentes Municipales, de los siguientes municipios: Ahumada, Bocoyna, Buenaventura, Chínipas, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Delicias, Galeana, Gran Morelos, Guadalupe, Janos, Juárez, Moris, Hidalgo del Parral, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Saucillo.
Las denuncias correspondieron a diversos programas sociales, tales como: Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, 3x1 para Migrantes, Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable para los estados y municipios mineros, Programa de Desarrollo Coordinaci ón con municipios, entre otros. La posible afectación al erario se cuantifica en 36 millones 682 mil 807 pesos.
La investigación y sanción de actos indebidos contribuye a disminuir los niveles de corrupci ón. Durante el periodo de enero a diciembre de 2018, se emitieron un total de 51 resoluciones de las cuales, 69 servidores públicos resultaron administrativamente responsables, determin ándose 53 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, así como 25 sanciones de carácter económico por el detrimento a la Hacienda Pública del Estado por un monto de 44 millones 642 mil 478 pesos, 2 destituciones del puesto, 1 suspensión del servicio y 13 amonestaciones por escrito.
Por otro lado, el seguimiento de los procedimientos de las contrataciones p úblicas, disminuyó los riesgos de comisión de actos de corrupción.
En ese tenor, en el 2018 se supervisaron 734 procedimientos de licitación pública, invitaciones a tres proveedores y adjudicaciones directas, de los cuales 56 fueron motivo de observación o recomendación. Adicionalmente, se tramitaron 18 inconformidades de proveedores en materia de adquisiciones y obra pública, así como una intervención de oficio a petición del ente público.
Con la finalidad de tener un marco legal adecuado para las compras, arrendamientos, contrataciones y construcciones públicas, el Gobierno del Estado participó activamente en las mesas t écnicas convocadas por el H. Congreso del Estado para la elaboraci ón de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua publicadas el 17 de febrero y 20 de octubre de 2018.
Para dar cumplimiento al nuevo marco jurídico, en 2018 se desarrolló la primera etapa del Sistema de Contrataciones Públicas del Gobierno del Estado y el Portal de Contrataciones Abiertas del Estado.
El Gobierno del Estado tiene el compromiso de contar con servidoras y servidores p úblicos preparados, que cuenten con perfiles adecuados y que ofrezcan un servicio eficiente para cubrir las necesidades de la sociedad chihuahuense. Por ello, se continuó en el 2018 con el desarrollo de acciones que permitieran avanzar en el fortalecimiento de un servicio público profesional.
Asimismo, el adecuado desarrollo de capacidades y aptitudes de los servidores p úblicos, de acuerdo con sus funciones, tiene un efecto positivo en la profesionalizaci ón del servicio público. Es por ello que el Gobierno del Estado implementó procesos de formación para las servidoras y servidores públicos,
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con instituciones académicas de un alto nivel educativo, tales como el Centro de Investigaci ón y Docencia Económicas (CIDE), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y la Universidad La Salle.
Dentro de estos procesos de formación, se capacitó a servidoras y servidores públicos que inciden en la toma de decisiones, como titulares y otros altos mandos de dependencias. Se fortalecieron capacidades del personal de las áreas de adquisiciones, planeación, evaluación y auditoría.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se informan las siguientes acciones y resultados:
Esta Administración se distingue por encausar esfuerzos para fortalecer la cultura de la legalidad, por lo que en el 2019 se inició la prueba piloto del Programa de Consolidación de la Ética Pública, que busca promover el actuar íntegro, ético y profesional de las y los servidores públicos en dependencias y organismos del Gobierno del Estado.
Con la implementación de dicho Programa, se logró la capacitación de 101 mujeres y 92 hombres, siendo 193 servidores públicos capacitados en temas de inducción a la ética y programas éticos.
El 14 de marzo de 2019 se firmó un convenio de colaboración con la asociación civil International City Management Association de México, A.C. (ICMA-ML), respaldada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), con la finalidad de implementar el Modelo de Consolidación de la Ética Pública para fortalecer el arraigo de hábitos conductuales éticos en las y los servidores públicos.
A fin de fomentar de una manera abierta la cultura de la legalidad en el servicio p úblico, el 26 y 27 de septiembre de 2019 se realizó el primer Foro de Ética Pública. A dicho Foro asistieron 204 personas de 60 dependencias, entidades y organismos de la sociedad civil, entre quienes se buscó promover hábitos conductuales apegados a la Ley.
En este Gobierno se promueve e impulsa la participación con entidades y organizaciones de la sociedad civil como elemento esencial para el desarrollo de pol íticas públicas en materia de ética, integridad y anticorrupción. Por tal motivo, el 5 de septiembre de 2019, la Red por la Participación Ciudadana A.C. aplicó por primera vez el Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública, que mide el nivel en el que cualquier entidad pública arraiga y promueve la conducta ética al interior de la misma.
Como resultado de esta primera medición se identificaron elementos y áreas prioritarias para integrarse en el Modelo de Consolidación de la Ética Pública, los cuales incluyen acciones para establecer un marco normativo, así como generar instrumentos capaces de prevenir la corrupci ón.
Además, con los resultados obtenidos de este diagnóstico, se generó un nuevo esquema de seguimiento y evaluación de estas políticas, para orientarlas al actuar ético de la Administración Pública Estatal.
Con la finalidad de fortalecer la concientización de la Administración Pública Estatal en ejes transversales, el 16 de mayo de 2019 se firmó un acuerdo técnico de colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para la implementación de una Plataforma Virtual de Aprendizaje. A través de dicha Plataforma se emitieron 18 mil 810 constancias de acreditación, con un total de 4 mil 223 servidores públicos capacitados en temas de ética e integridad, responsabilidades administrativas, derechos colectivos de los pueblos indígenas, perspectiva de género y perspectiva de juventudes.
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A fin de contar con un servicio público profesional que contribuya a un mejor desempeño de la función pública, se realizaron en el 2019 procesos de selección de personal por medio de convocatorias abiertas para elegir a los mejores perfiles basados en el m érito. Entre las vacantes que se concursaron a través de estos procesos se encuentran la Dirección del Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua, la Dirección General de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua y la Jefatura del Museo del Desierto Chihuahuense, entre otros, y se seleccionaron perfiles en materia de auditor ía contable, auditoría de obra y relaciones públicas para distintas dependencias.
En este tenor, se brindó asesoría y acompañamiento a los procesos de selección para los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua.
Para contar con servidoras y servidores públicos capacitados, compromiso ineludible de esta Administración, en el 2019 se desarrollaron acciones de formación y fortalecimiento de capacidades y aptitudes de acuerdo a funciones. Al respecto, se realizó un convenio de coordinaci ón académica con el Supremo Tribunal de Justicia, a través del Instituto de Formación y Actualización Judicial, para impartir el Diplomado Régimen de Responsabilidades Administrativas de los servidores p úblicos, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el Diplomado participó personal de la Auditoría Superior del Estado, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, con el fin de especializarse en el campo de la abogacía dentro del nuevo paradigma que implica la ejecución del Sistema Estatal Anticorrupción y sus regulaciones normativas.
Asimismo, para reforzar conocimientos y capacidades de servidoras y servidores p úblicos de áreas estratégicas para el combate a la corrupción y la mejora de la calidad en el servicio público, se impartieron diversos cursos de formación continua a 495 servidores públicos de las áreas de auditoría, adquisiciones y planeación.
En el 2019, se colaboró con el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Informaci ón Pública (ICHITAIP) para brindar capacitaciones en materia de obligaciones de transparencia, clasificación y desclasificación de información y protección de datos personales, a un total de 1 mil 50 servidoras y servidores públicos.
A fin de poder tener un mejor control de las compras y contrataciones realizadas por la Administraci ón Pública, así como contribuir a la transparencia gubernamental, en enero de 2019 se inició la implementación del Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua, en términos de las leyes estatales de adquisiciones y obras públicas. Este sistema permite el registro de las compras y contrataciones que se realizan con recursos estatales por los entes públicos del Gobierno del Estado.
Por otro lado, se incentivó la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses a trav és del sistema DeclaraNetPLUS. Al respecto, en el 2019 se recibieron 30 mil 931 declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses de servidoras y servidores p úblicos del Gobierno del Estado. Algunas de estas declaraciones fueron objeto de revisi ón, en las que se detectaron elementos para el inicio de expedientes de presunta responsabilidad administrativa, y sirvieron de instrumento para fortalecer investigaciones en proceso.
El combate a la corrupción conlleva investigar y sancionar a quienes cometen actos contrarios al buen ejercicio de la función pública. A través del denominado Sistema Observa, se dio seguimiento en el 2019 a 1 mil 298 quejas, peticiones y observaciones de la ciudadan ía, de las cuales se atendieron 1 mil 35.
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Este Gobierno busca sancionar por la vía penal a servidoras y servidores públicos estatales por el inadecuado ejercicio de su cargo. Por tal motivo, a trav és de la Secretaría de la Función Pública se presentaron 14 denuncias penales en el 2019 ante la Fiscalía General del Estado, por casos que podrían ser constitutivos de delitos, cuyos actos presuntamente realizados ocasionaron una afectaci ón en las finanzas públicas.
Las auditorías se encuentran entre los instrumentos más relevantes para la revisión y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos. En 2019 se notificaron 72 informes de auditorías, determinando un monto susceptible de solventar por 31 millones 582 mil 715 pesos.
Los resultados de las auditorías son fundamentales para mejorar los mecanismos administrativos y de control interno en los entes públicos, y proporcionan elementos para los procesos penales y administrativos que se llevan en contra de quien haga mal uso de los recursos públicos.
En este sentido, se fortalecieron los esquemas de auditor ía y mecanismos de seguimiento con los distintos entes fiscalizadores, tales como los Comisarios P úblicos de las entidades, la Secretaría de la Función Pública Federal y la Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de vigilar que los recursos públicos sean utilizados para aquello a lo que fueron destinados.
Como resultado, se identificaron áreas para la implementación de controles internos en municipios y dependencias auditadas, así como recursos que pueden ser aprovechados de una manera m ás eficiente en beneficio de los habitantes de Chihuahua.
A fin de dar mayor certeza jurídico-administrativa a los entes auditados, el 12 de octubre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) la Guía General de Auditoría Gubernamental. Ésta recoge los esfuerzos de los sistemas de fiscalizaci ón y anticorrupción para estandarizar la realización de revisiones y auditorías, que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Pública Estatal y dar elementos para la detección y sanción de actos de corrupción.
Asimismo, se emitieron 33 resoluciones en las que 48 servidoras y servidores públicos resultaron administrativamente responsables en el 2019. Al respecto, se determinaron 23 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, cuatro destituciones de puesto, 13 sanciones de carácter económico por el detrimento a la Hacienda Pública del Estado por un monto de 76 millones 443 mil 804 pesos, una suspensión del servicio y 20 amonestaciones por escrito.
Por otra parte, 37 resoluciones causaron estado durante 2019, es decir, fueran consideradas como inatacables, ya que no prosperarían mayores recursos legales en su contra y, por lo tanto, dichas resoluciones, en su caso, puedan ser ejecutables.
Con la consolidación de la Operación Justicia para Chihuahua, y a fin de terminar con la impunidad ante la comisión de faltas administrativas, en el 2019 se dio seguimiento a 42 procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de actos y hechos de la anterior administraci ón, por un posible daño a la hacienda pública de 1 mil 339 millones 954 mil 455 pesos. Lo recuperado se destinará al Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, beneficiando a los grupos más vulnerables.
La revisión y supervisión de los procedimientos de compras gubernamentales, así como la contrataci ón de la obra pública son piedras angulares en la detección de actos de corrupción y para garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
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En ese tenor, en el 2019 se dio seguimiento puntual a 324 procedimientos de licitación pública, invitaciones a tres proveedores o contratistas y adjudicaciones directas, de los cuales 129 fueron motivo de observación o recomendación. Con ello se buscó mejorar las prácticas en la contratación de obra pública y servicios y la adquisición de bienes que realiza la Administración Pública Estatal.
Con la implementación de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado vigente, los proveedores cuentan con medios para la soluci ón de conflictos ante posibles irregularidades durante los procesos de contrataci ón pública y, a su vez, los entes públicos con una instancia para denunciar a los proveedores que incurran en actos contrarios a la ley.
Bajo ese contexto, en el 2019 se tramitaron 25 inconformidades de proveedores y contratistas e intervenciones de oficio en materia de adquisiciones y obra p ública, así como siete conciliaciones, y se abrieron a trámite cinco procedimientos de sanción a proveedores.
Para consolidar el marco jurídico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se realizaron los trabajos necesarios para la elaboraci ón del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, mismo que se publicó el 3 de abril de 2019 en el POE. Con este instrumento jurídico se buscó establecer mayor certeza y claridad en los lineamientos para la realización de los procedimientos de compras de bienes y servicios para el Estado.
A fin de establecer acciones articuladas en la lucha contra la corrupci ón por medio de una alianza entre sociedad y gobierno, el Comité Coordinador del SEA realizó el Foro Estatal de Compromisos Anticorrupción el 29 de mayo de 2019. En éste participaron 135 personas entre representantes de la sociedad civil, del sector público, privado y académico.
Como resultado de dicho Foro se firmaron los Compromisos Anticorrupci ón para el periodo 2019 - 2021. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de la Función Pública signó los siguientes compromisos:
- Generar lineamientos para asegurar la operatividad de los Órganos Internos de Control (OIC) en la Administración Estatal Centralizada y Paraestatal.
- Realizar el mapeo de procesos para generar un sistema de denuncias, que permita la trazabilidad desde el inicio hasta el fin de la denuncia.
- Llevar a cabo la simplificación de trescientos trámites y servicios de mayor impacto para la ciudadanía.
- Posicionar al Estado de Chihuahua por encima de la media nacional, dentro del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria.
Las alianzas institucionales también son indispensables para combatir la corrupción, es por ello que el 15 de enero de 2019 se suscribió un Convenio de Colaboración para fortalecer la vinculación y cooperación interinstitucional, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar ía de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, a fin de intercambiar informaci ón para las labores de fiscalización, prevención y detección de conductas de corrupción, uso de recursos de procedencia ilícita y las relacionadas con éstas.
Con el objeto de fortalecer el esquema de control y vigilancia en los entes p úblicos, se impulsó la conformación y despliegue de los OIC, contemplados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. En el 2019, se realizaron 54 reuniones con dependencias y entidades, para la revisión de su normatividad a fin de que se contemple la figura del OIC. Asimismo,
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