CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

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10 CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

1. ANTECEDENTES

A continuación se presentan una serie de investigaciones que han servido como base y guía fundamental a los investigadores del presente proyecto para el logro de los objetivos del presente trabajo de manera eficaz y satisfactoria.

En principio, se establece como antecedente el trabajo de grado intitulado

“Análisis del derecho a la defensa y al debido proceso ante la imposibilidad de tramitar demandas de estimación y cobro de honorarios profesionales de abogados en juicios terminados en Venezuela”, cuyos autores son: García, Lina; Marín, y García . Dicha investigación se llevó a cabo en el año 2011 en la Universidad Rafael Belloso Chacón y tuvo como objetivo analizar el derecho a la defensa y al debido proceso ante la imposibilidad de tramitar demandas de estimación y cobro de honorarios profesionales de abogados en juicios terminados en Venezuela.

Las bases teóricas se fundamentaron en los autores García, Ortiz, Hernández, Bello, Couture, Álvarez y Borjas. La metodología empleada fue de carácter documental, con una población cualitativa que estuvo constituida

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por diferentes fuentes bibliográficas, jurisprudenciales, legales y doctrinales.

Representa un punto de comparación entre la imposibilidad de la tramitación de la demanda, planteada en el antecedente, con la demanda por vía principal como solución a la problemática planteada en la presente investigación.

Seguidamente se analiza la tesis intitulada “Vías procesales de estimación e intimación de honorarios profesionales en el Juicio Laboral Venezolano”, cuya autoría pertenece a los investigadores Oberto Abreu y María De Los Ángeles; investigación realizada en el año 2007 en la Universidad Rafael Belloso Chacín. El objetivo perseguido por esta investigación fue analizar las vías procesales de la estimación e intimación de honorarios de los profesionales del derecho presentados en el juicio laboral venezolano.

Se fundamentó teóricamente en doctrinas aceptadas a nivel nacional, la jurisprudencia, las disposiciones previstas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999), competencias del Poder Judicial, Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002), la Ley de Abogados (1967). El Reglamento de la Ley de Abogado (1967) y el Código de Procedimiento Civil de (1987), Código de Ética del Abogado (1985), entre otros.

Se clasifica como una investigación de naturaleza descriptiva, en cuanto a la modalidad se considero como documental, en cua nto al procedimiento de la investigación en el diseño se identificó como bibliográfico, relacionado con el análisis de las variantes de la estimación e intimación de honorarios profesionales en el contexto jurídico laboral en Venezuela.

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Permite establecer el procedimiento de estimación e intimación como el idóneo para el reclamo de honorarios profesionales de abogados y el procedimiento necesario para lograrlo de forma célere y efectiva. Así como también criticar los vacíos que este tiene y la forma de sup lirlos, como lo es la demanda por vía principal.

Se encuentra también como antecedente la investigación realizada por Aguilar, Abreu, Castro y Ramírez, la cual se desarrolló en el año 2009 en la Universidad Rafael Belloso Chacín y fue intitulada “Análisis de las tendencias jurisprudenciales con respecto a la reclamación de honorarios profesionales de abogados como producto de la condenatoria en costas, en los juicios cuya cua ntía no es apreciable en dinero”. El objeto de este estudio fue analizar las tendencias jurisprudenciales con respecto a la reclamación de honorarios profesionales de abogados como producto de la condenatoria en costas, en los juicios cuya cuantía no es apreciable en dinero.

Se fundamenta bajo el enfoque teórico de Bello (2006), Cabrera (1997), entre otros. El tipo de investigación fue documental, por cuanto la información recabada fue extraída de texto, leyes, entre otros. La técnica e instrumentos de recolección de datos necesaria para el desarrollo de la presente investigación fue la observación directa documental. Ayuda a establecer el derecho a cobrar los honorarios a la parte perdidosa condenada en costas y el modo de reclamarlos cuando el juicio no es apreciable en dinero.

Finalmente se estudia el proyecto desarrollado por Virla (2010), bajo el

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título “Criterios sobre la competencia para el ejercicio de las pretensiones de honorarios profesionales derivados de procedimientos laborales judiciales.”, trabajo desarrollado en la Universidad Rafael Urdaneta. Tiene como objetivo determinar la competencia de los tribunales constituida en el ordenamiento jurídico venezolano, un requisito de validez de la sentencia definitiva que habrá de dictarse en la causa.

El estudio requirió de la investigación documental y es la base fundamental de un estudio mixto de tipo jurídico proyectivo y propositivo. Es de diseño bibliográfico, realizándose la misma mediante la compilación, el análisis, y el estudio de la doctrina en la materia, y de la jurisprudencia nacional, específicamente de las emanadas de las Salas Constitucionales, Civil, Social y Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, junto con las normas aplicables. Soporta la presente investigación ya que plantea la forma de determinar el tribunal que debe conocer la causa en casos de cobro de honorarios profesionales de abogados.

2. FUNDAMENTO - LEGAL – DOCTRINAL – JURISPRUDENCIAL

A partir de este momento se desarrollaran puntos que corresponden a los objetivos de la investigación basándose en la Ley de Abogados (1967), el Código de Procedimiento Civil (1987), el Código de Ética Profesional (1985) y la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999), así como también los criterios doctrinales de distintos autores venezolanos.

De la misma forma se analizan los criterios establecidos por la jurisprudencia

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emanada del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de lograr sus objetivos planteados por la presente investigación.

2.1.1. LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS

Para lograr la finalidad de esta investigación, se hace necesario definir la noción de honorarios profesionales de los abogados y su regulación legal, para lo cual se consultan diversos autores y leyes del ordenamiento jurídico venezolano. Del mismo modo, además de definir este derecho del abogado, los investigadores consideran pertinente establecer la posibilidad que tiene el abogado de cobrarlos a su representado, así como también de reclamarlos a la parte totalmente perdidosa en el proceso cuando ésta ha sido condenada en costas.

2.1.1.1. NOCIÓN

Se inicia esta temática con la reseña histórica del término honorarios, al respecto Brice, citado por Apitz, (1995, p. 389) refiere que;

“… fue Pericles el primer abogado profesional en la Grecia antigua, pues antes la abogacía podía ser ejercida por cualquiera que tuviera dotes de oratoria. En los primeros tiempos la profesión en Grecia era gratuita, se cuenta que Antisoases fue quien por primera vez cobró por defender a sus clientes”.

Este constituye el primer antecedente, Pericles puso precio a sus servicios y comenzó a cobrar en efectivo a sus clientes a cambio de prestarles asistencia. Lógicamente, esta costumbre se extendió a todos los oradores griegos, desde entonces, ha sido práctica cobrar por defender.

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Se podría realizar una comparación conceptual cuando mencionamos autores como Couture, (1981, p. 317) según el cual honorarios es;

El estipendio, retribución, forma de pago de los servicios que prestan los profesionales universitarios o personas cuya actividad, preferentemente intelectual, las hace acreedoras a especial distinción; por oposición al sueldo, la retribución se abona a dichos profesionales por la obra hecha y no por períodos de tiempo

De lo expuesto se desprende la certeza de un lucro para el profesional a cambio de la prestación de sus servicios. Estos pueden prestarse gracias a la formación que tienen los mismos. La contraprestación se obtiene por obra hecha, independientemente del tiempo que tarde el profesional para ejecutar el trabajo que se le solicitó.

En el mismo orden de ideas Bello, (2006, p. 44), concluye y ratifica que los honorarios constituyen la remuneración o pago que recibe el profesional del derecho por los actos que realice en nombre de otra persona, natural o jurídica. Estos actos pueden ser judiciales, esto es, realizados dentro de un proceso judicial; o extrajudiciales, como son aquellos realizados fuera de un proceso jurisdiccional

A su vez Cabanellas, (1957, p. 100) indica que es;

Remuneración, estipendio o sueldo que se concede por ciertos trabajos. Generalmente se aplica a las profesiones liberales, en que no hay relación de dependencia económica entre las partes, y donde fija libremente su retribución el que desempeña la actividad o presta sus servicios.

Conforme a lo expuesto anteriormente, se deduce que no debe existir ningún tipo de dependencia económica entre el profesional que presta el servicio y la persona que lo solicita. Además, el monto que se cancelará

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como retribución por las actuaciones realizadas lo establecerá el profesional que las llevará a cabo.

Según Apitz (1995, p. 389)

El Abogado es el que aboga, asesora, dirige, defiende y protege los intereses o causas de su cliente en derecho. Abogado es el que ejerce permanentemente la abogacía, que es una de las profesiones liberales, y por cuyos servicios recibe un estipendio o retribución como forma de pago, los cuales se denominan comúnmente honorarios profesionales de abogados.

Coincidiendo todos en que los honorarios son la retribución económica que recibe el profesional del derecho por su actuación o servicios al cliente o persona que lo solicita. Igualmente es importante destacar que en el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española (1999; p.

878), se definen los honorarios como “Estipendio o sueldo que se da a alguien por su trabajo en algún arte liberal”.

La expresión honorario está íntimamente vinculada al vocablo “honor”. En consecuencia, al abogado en ejercicio liberal, cuando se le cubren honorarios, se le confiere el honor de retribuirlo, no como una contraprestación o compensación por sus servicios, sino como un reconocimiento por sus tareas de inusitada elevación jerárquica. En su significación propia, honorario es lo que sirve para honrar.

Liberal significa, en una de sus acepciones, “partidario de la libertad”. Ello representa que el abogado que actúa liberalmente es el que no está sujeto a la subordinación que implica bien un empleo particular, o el desempeño de una función pública como empleado o funcionario público. Concluyendo, se

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puede decir que la noción de honorarios está dada en función del pago pecuniario de servicios profesionales prestados liberalmente. En consecuencia, la retribución debida al profesional de la abogacía, sólo podrá denominarse “honorarios”, cuando se presten los servicios en libre ejercicio de la profesión y no cuando se dependa de un patrón particular o del nombramiento en un cargo público.

Por lo antes expuesto , los honorarios pueden definirse como la contraprestación que el profesional tiene derecho a percibir en dinero o especie por los servicios prestados al cliente, inherentes a su profesión, en este caso al abogado, y que cubre por los servicios que ha recibido o recibirá, con motivo del ejercicio liberal de la profesión.

2.1.1.2 NORMAS QUE LOS REGULAN

Las normas que regulan los honorarios profesionales de abogados están contenidas en la Constitución Nacional (1999), el Código de Procedimiento Civil (1987), la Ley de Abogados (1967), Reglamento de la Ley de Abogados (1967), el Código de Ética Profesional (1985) y el Reglamento de Honorarios Mínimos (1998). A tales efectos estas normas contienen los dispositivos que regulan lo atinente al derecho que tiene un Abogado al cobro de sus honorarios y surge en primer orden la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) cuando en su Artículo 87 establece:

Toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar…la

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ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes…

La Constitución Nacional (1999) prescribe que es obligación del estado fomentar el empleo, diseñar las políticas adecuadas que hagan que la gente encuentre el empleo y se le cancele su contraprestación como derecho adquirido, en una forma adecuada a las necesidades básicas.

Luego la Ley de Abogados (1967) en su artículo 11 establece:

A los efectos de la presente Ley se entiende por actividad profesional del Abogado, el desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una ley especial a un egresado universitario en derecho o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos. Se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la prestación de servicios a titulo oneroso o gratuito propios de la abogacía sin que medie nombramiento o designación oficial alguna.

Un aspecto relevante de este artículo es la definición de la actividad directa de la abogacía , regida por una ley especial y que la naturaleza jurídica de ese servicio no se diferencia de una relación de trabajo mediante el cual el abogado se obliga a prestar sus servicios a otra persona bajo su dependencia por la naturaleza del caso, lo cual establece la obligación de remunerarla mediante el pago de honorarios.

A su vez, el artículo 16 ejusdem, establece que “Los Abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas que se les confíen de oficio, salvo negativa razonada y podrán exigir a sus defendidos el pago de honorarios.”

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Tal como se desprende del artículo anterior a la función del abogado le corresponde el derecho a la cancelación de su servicio. En la presente norma deja establecido los supuestos y alcances de la relación laboral que surge entre un abogado y su cliente.

El artículo 22 de la Ley de Abogados (1967) textualmente establece:

El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil compete nte por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.

Este artículo denota el carácter eminentemente remunerado del ejercicio de la profesión del derecho, enmarcando su aplicación tanto para casos estrictamente judiciales debatidos ante los organismos jurisdiccionales, como para las casos y actuaciones extrajudiciales que no requieren sino acuerdos o arreglos en forma consensual entre las partes que se encuentran de alguna manera enfrentadas. A parte de la retribución del servicio a la cual tiene derecho el abogado, igualmente prescribe el procedimiento que debe aplicarse cuando no han sido satisfechos o hay inconformidad, para lo cual prevé la intimación y estimación de honorarios, contemplado en el artículo 23 de la Ley de Abogados (1967) que dice:

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Las costas pertenecen a la parte quien pagara los honorarios de sus apoderados asistentes o defensores. Sin embargo el Abogado podrá estimar sus ho norarios y pedir la intimación al respectivo obligado sin otras formalidades que las establecidas en esta ley.

El Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano (1985), indica la manera como se debe efectuar el cobro de Honorarios Profesionales, lo cual está previsto en el artículo 39;

Al estimar sus honorarios el Abogado deberá considerar que el objeto esencial de la profesión es el de servir a la justicia y colaborar en su administración sin hacer comercio con ella. La ventaja o compensación aun cuando sea indudablemente lícita es puramente accesoria ya que jamás podría constituir honorablemente un factor para los actos profesionales. El abogado cuidará que su retribución no peque por exceso o por defecto, pues ambos extremos son contrarios a la dignidad profesional. Constituye falta de ética el cobro excesivo e injustificado de honorarios, signo visible de falta de honradez profesional o percibir honorarios inferiores al mínimo establecidos en las tarifas adoptadas por el Colegio de Abogados.

Este texto legal igualmente establece las circunstancias que deben tomarse en cuenta para determinar el monto de los honorarios, en su artículo 40. Es de especial importancia resaltar que el Código de Procedimiento Civil (1987) establece en su artículo 167 que en cualquier estado del juicio el apoderado o abogado asistente, podrá estimar sus honorarios y exigir el pago de conformidad con las disposiciones de la ley de Abogados.

El artículo 12 del Reglamento de la Ley de Abogados (1967) establece que la retribución económica de los abogados se fijara en concepto de honorarios. Los Colegios de Abogados podrán únicamente adoptar tarifas de orientación de carácter mínimo o máximo para el conocimiento de los colegiados.

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Acorde con lo indicado en la anterior normativa, se desprende que los Honorarios Profesionales de Abogados gozan de un respaldo legal que ha establecido el derecho a cobrarlos, la forma, las circunstancias aplicables y la defensa de los mismos ante los organismos jurisdiccionales. Estas normas no dan lugar a dudas en el cual el legislador ha dispuesto otorgar al abogado, acción en derecho para exigir a su cliente el cumplimiento de la prestación de pago de la suma en que estima el valor de sus honorarios, el cobro de honorarios viene amparando al trabajo como hecho social.

Es la Constitución Nacional (1999) el pilar fundamental de esta protección, avalando este principio las leyes especiales como la Ley de Abogados (1967) y el Código de Ética Profesional (1985), que rigen y someten el ejercicio de esta profesión a las disposiciones, reglamentos y normas que le sean aplicables, pero siempre resguardando sus derechos como profesionales que asisten respetando las normas jurídicas y la ley moral.

Denotándose del mismo modo el carácter eminentemente oneroso del ejercicio de la profesión del abogado, pero que siempre el monto del valor de su trabajo estará reglado por dichas normas éticas y reglamentarias, las cuales toman en consideración la misión de la abogacía, las condiciones de la majestad profesional, el interese social que viene siendo la justicia.

2.1.1.3. DERECHOS A COBRARLOS AL CLIENTE

La naturaleza jurídica del derecho a cobrarle al cliente surge de la interpretación del Artículo 22 de la Ley de Abogados (1967), en el cual se

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establece que el profesional de la abogacía tiene el derecho a percibir honorarios por sus servicios judiciales o extrajudiciales, y el procedimiento para hacer efectivo éstos en caso de inconformidad o diferencias con el cliente .

Se trata de un procedimiento concentrado y especialísimo, cuya materia es autónoma e independiente del problema debatido en el juicio y que sólo por razones fundadas en la protección del trabajo del profesional y en la economía procesal son las que han llevado al legislador a acumular en el mismo expediente donde se realizó el trabajo y las actuaciones del abogado del caso, el cobro de los honorarios a su propio cliente o a la parte condenada en costas.

El derecho a cobrarlos se ejerce a través de una acción eminentemente civil, regida por el Código de Procedimiento Civil (1987), a través del Procedimiento de Estimación e Intimación de Honorarios. Este derecho surge por mandato judicial sin limitaciones de naturaleza porcentual en cuanto a los montos que satisfacen la prestación del servicio.

La obligación para el cliente en el pago de honorarios profesionales puede nacer en al ámbito mercantil, tránsito, y cualquier rama del derecho, pero la acción es esencialmente civil, pues aparte de que el ejercicio de las profesiones liberales no constituyen una actividad mercantil, el artículo 2 de la Ley de Abogados (1967) dispone:

El ejercicio de la Abogacía requiere dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la defensa, de la libertad, y de la justicia. No puede considerarse como comercio o industrias y en tal virtud no está gravado con impuestos de esta naturaleza.

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En resumen el abogado al realizar sus actividades profesionales dentro del caso que le ha sido encomendado por el cliente tiene el derecho al cobro o retribución económica y está amparado por un procedimiento civil que le permite recuperar su fuerza de trabajo para el caso que el cliente se niegue a reconocerlo y remunerarlo.

En otras palabras el derecho a cobrarlos surge precisamente por el trabajo, estudio, análisis de un caso de índole judicial planteado con la finalidad de resolver una controversia en el ámbito jurisdiccional, independientemente del resultado, el cual dependerá de la buena labor del abogado, pero estos pasos son susceptibles de contraprestación económica.

La legislación ha dispuesto otorgarle al abogado acción en derecho para exigir a su cliente el cumplimiento de la prestación de pago de una suma de dinero en que estima el valor de sus honorarios.

2.1.1.4. DERECHO DE RECLAMARLOS A LA CONTRAPARTE EN JUICIO COMO PRODUCTO DE LA CONDENATORIA EN COSTAS

Primeramente por costas se entiende los gastos intrínsecos, imprescindibles y directos, que se traducen en aquellos gastos procesales para iniciar y tramitar la resolución judicial que pretenden, imputables a las partes y que se traducen en las costas necesarias para los actos singulares del proceso, lo cual es definido por Borjas, citado por Álvarez Arias (1997;

p18) como “todos los gastos hechos por las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales , tantos los previstos en la ley como los demás gastos

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previstos en el proceso y con ocasión a este, desde que se inicie hasta el completo término, siempre que consten en el expediente.”

Las costas se definen entonces, como los gastos intrínsecos del juicio, aquellos desembolsos que las partes hacen para sostener el litigio hasta conducirlo a la solución definitiva, incluyendo su ejecución. Los fundamentos legales se observan en el Código de Procedimiento Civil (1987) en el artículo 167 “En cualquier estado del juicio el apoderado o abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados”, y artículo 286:

Las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos honorarios pueden exceder del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado….

De las normativas antes transcritas queda claro que el derecho del abogado para cobrar sus honorarios, no depende del éxito de la gestión sino de la ejecución y actuación efectiva de su ejercicio profesional, al punto que se consagra la opción de sustanciar y decidir incidentalmente de conformidad con el artículo 606 del Código de Procedimiento Civil (1987), la controversia que puede surgir en el juicio contencioso sobre el derecho de un abogado a cobrar sus honorarios profesionales y de cobrar sus honorarios a su cliente para el caso que no hubieren costas y aun cuando el juicio en que actúen tuviere un resultado adverso.

Todo ello viene dado por el principio mediante el cual, el derecho a cobrar honorarios profesionales del abogado y a que se le pague, es un derecho

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irrenunciable, cuando este está causado y aprobado por una actividad cierta, en los términos señalados, pues dicha institución es la contraprestación económica que el cliente o representado o condenado en costas está obligado a pagar por el solo hecho del ejercicio profesional.

2.1.2. PROCEDIMIENTO DIRIGIDO AL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS

En la presente investigación se desarrolla la facultad que posee el abogado para exigir el cobro de sus honorarios profesionales, ya sea a su cliente, como contraprestación a los servicios judiciales y extrajudiciales como su representante legal, o a la contraparte perdidosa de un juicio el cual está obligado a pagar costas procesales, entre ellas, los honorarios del abogado.

A continuación se estudia el procedimiento mediante el cual el abogado hace exigible su derecho al cobro de honorarios profesionales, el proceso por intimación y estimación, contemplado en la Ley del Abogados (1967), el Reglamento de la Ley de Abogados (1967), el Código de Ética Profesional de los Abogados (1985), el Reglamento Honorarios Mínimos del Abogado (1998), la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998) y el Código de Procedimiento Civil (1987), las cuales desarrollaran las fases de este procedimiento.

2.1.2.1. PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN Y ESTIMACIÓN

Es el procedimiento por el cual el abogado, en un principio, puede exigir a

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su cliente los honorarios por las actuaciones de representación legal que éste ha desarrollado para el beneficio de su cliente, el cual se encuentra establecido en el artículo 22 del la Ley de Abogados (1967)

El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes… La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil (1987) y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.

En concordancia con el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados (1967) el cual expresa las oportunidades que posee el abogado para intentar la demanda: “lo señalado en el segundo aparte del artículo 22 de la Ley, debe entenderse sin perjuicio de que el abogado pueda estimar sus honorarios en cualquier estado y grado de la causa, quien podrá ejercer el derecho de retasa de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 24 y siguientes de la Ley.”

En el momento que se establece el derecho del abogado de cobrar sus honorarios en la sentencia que decide la incidencia, el abogado pasa a estimar el monto de sus honorarios intimados de los cuales el cliente tendrá la posibilidad de oponerse al monto por medio de la retasa.

Sobre la base de las consideraciones anteriores se encuentra el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil (1987) el cual dispone: “En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados.”

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El abogado por medio de la intimación y estimación de los honorarios profesionales puede ir contra la parte perdidosa del juicio el cual está obligado a pagar las llamadas costas procesales según se estipula en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil (1987) el cual norma “A la parte que fuera vencida totalmente en un proceso o en una incidencia se la condenara al pago de las costas,” y en concordancia con el artículo 640 de la norma mencionada.

El procedimiento de intimación y estimación es aplicable a toda reclamación de honorarios ejercida por el abogado contra su cliente o como medida a ejecutar contra la parte vencida donde se incluirán en el concepto de las costas procesales, los honorarios del abogado, ya sea ejercida por la parte vencedora o por su apoderado, abogado asistente, mediante la acción directa consagrada en el artículo 23 de la Ley de Abogados (1967) el expone: “Las costas pertenecen a la parte, quién pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.”

La demanda de intimación y estimación de honorarios profesionales deberá interponerse ante tribunal de la causa, que conoce del caso de donde la controversia se originare, o al que este conociendo del asunto al momento de la intimación, que puede o no coincidir con el tribunal de la causa, mediante la presentación de un escrito de estimación e intimación de honorarios profesionales el cual debe reunir los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil (1987).

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2.1.2.2. REGULACIÓN LEGAL

Tal como expone Bello, (2006, p. 47), el procedimiento de intimación y estimación encuentra su regulación legal en la vigente Ley de Abogados (1967)

De esta forma se llega a la vigente Ley de Abogados del 12 de diciembre de 1966, publicada en Gaceta oficial de la República de Venezuela Nº 1.081, de fecha 23 de enero de 1967, contentivo del marco legal que regula el derecho de los profesionales de la Abogacía de percibir honorarios por la actuaciones realizadas por éstos en el ejercicio de la profesión.

Según se ha citado, el artículo 22 de la Ley de Abogados (1967), da derecho al abogado de percibir honorarios profesionales por sus actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas en representación de su cliente, mientras éste en el ejercicio de la profesión. El abogado al realizar la reclamación del derecho al cobro de honorarios mientras está en curso un juicio se sustanciará y decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil (1987) y la relación de la incidencia si surgiere, no excederá de diez audiencias.

Siguiendo entonces con el Reglamento de la Ley de Abogados (1967) el cual expresa Bello (2006, p. 48)

Por su parte el reglamento de la Ley de Abogados del 12 de septiembre de 1967, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 28.430, de fecha 13 de septiembre de 1967, dispone en su artículo 19 lo siguiente: la retribución económica de los abogados se fijará en concepto de honorarios.

Los colegios de abogados podrán únicamente adoptar tarifas de orientación de carácter mínimo o máximo para el conocimiento de los colegiados.

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Este reglamento en concordancia con la Ley de Abogados (1967) consagra que todos los pagos a los abogados será en honorarios profesionales bien sea por condena en costas o honorario extrajudiciales.

Cabe agregar la importancia de las demás leyes que regulan los derechos del abogado así expone Bello, (2006, p. 48)

Otras de las normativas legales que regula la materia de los honorarios de los abogados se encuentran en el Código de Ética Profesional del abogado Venezolano, aprobado en fecha 3 de agosto de 1985, por la Junta Directiva del XIII Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, en vigencia desde el 15 de septiembre de 1895, y de obligatorio cumplimiento para los abogados tanto en su vida pública como privada, así como el reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados dictado y probado por XLVI Consejo Superior de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, efectuado en la ciudad de Trujillo los días 22 y 23 de mayo de 1998.

Como puede observarse la regulación legal del abogado al percibir los honorarios por sus actuaciones, se encuentran establecidas en la Ley de Abogados (1967) como en su reglamento (1967), en el Código de Ética Profesional del Abogado (1985) y en el Reglamento de Honorarios Mínimos del Abogado (1998).

Como puede observarse las normas presentan los derechos de los abogados al cobro que le corresponde en honorarios, pero el derecho manifiesto de los abogados como expresa Cuenca, (1974, p. 389), está regido por tres principios, como son:

A. El derecho a estipular o acordar libremente con el cliente el monto de los honorarios, por lo que el profesional del derecho no tiene más limitaciones que el máximo o mínimo que le pueda exigir los colegios de abogados según

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lo expresa el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Abogados (1967), pero si bien es cierto esto en todo momento deberá sujetar la fijación de los honorarios a los parámetros que se refiere los artículos 39 y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado (1985), pues se debe recordar que el objeto esencial de la profesión es el de servir a la justicia y colaborar con su administración sin hacer comercio de ella.

El artículo 40 del Código de Ética Profesional (1985), contempla trece elementos para la estimación de los honorarios profesionales de abogados;

a. importancia del servicio;

b. la cuantía del asunto;

c. el éxito obtenido y la importancia del caso;

d. la novedad o dificultad de los problemas jurídicos discutidos;

e. su especialidad, experiencia y reputación profesional;

f. la situación económica del patrocinado, tomando en consideración que la pobreza obliga a cobrar honorarios menores o ningunos;

g. la posibilidad que el abogado pueda ser impedido de patrocinar otros asuntos, o que pueda verse obligado a estar en desacuerdo con otros representados, defendidos o terceros;

h. si los servicios profesionales son eventuales o fijos y permanentes;

i. la responsabilidad que se deriva para el abogado en relación con el asunto;

j. si el abogado ha procedido como consejero del patrocinado o como apoderado;

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k. el lugar de la prestación de los servicios, o sea, si ha incurrido o no fuera del domicilio del abogado.

B. El abogado puede en cualquier estado y grado del proceso estimar e intimar sus honorarios a su propio cliente, salvo pacto en contrario entre el abogado y si cliente, así lo establece el artículo 43 de Código de Ética Profesional del Abogado (1985), donde se somete al pago de los honorarios a una condición a plazo, el cual expone el principio de la autonomía de la voluntad que obliga a acatar lo convenido.

C. El cliente tiene el derecho a la retasa por él elevado moto de las costas, de haber pactado los honorarios, el abogado deberá estimarlos y el cliente tendrá el derecho de utilizar la figura de la retaza para reevaluar el monto de las costas, con la esperanza de que este sea reducido a un monto accesible para este sin violar los derechos del abogado de percibir estos.

2.1.2.3. TRÁMITE

La estimación de honorarios, es una facultad que sólo le corresponde y es personalísima del abogado, no puede ser sustituida por la parte acreedora de los honorarios, que en cualquier caso, deberá basar la reclamación de costas en la estimación de honorarios generados por los abogados, el cual no deberá exceder el límite legal del 30 % del valor de lo litigado, en caso de intimarse los honorarios al condenado en costas.

Al momento de introducir la causa del procedimiento por intimación y estimación de los honorarios del abogado, al ser considerada una incidencia

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autónoma, conformada por un procedimiento especial distinto al breve, el cual no constituye una relación jurídica debatida en el proceso, incluso cuando su ejecutividad se deba, en el caso de las costas a la declaración de condena en costas, prevista en la sentencia, y deberá sustanciarse por la acumulación de las actuaciones por las cuales se reclaman honorarios.

En cuanto a la intimación del demandado, la cual es obligatoria, se llevara a cabo según lo previstos en los artículos 215 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (1987), la comparecencia en juicio, constituye un componente esencial del derecho constitucional a ser parte en cualquier asunto judicial iniciado en su contra, como forma de asegurar que toda actuación posterior en el proceso tenga validez, lo cual no implica que cualquier tipo de intimación defectuosa en sí pueda causar la nulidad de lo actuado, a pesar de que la citación constituye una formalidad necesaria para la validez del juicio, no es un requisito ad solemnitatem, por lo que las reglas de la citación son de orden privado, lo cual implica la posibilidad de subsanar.

Asimismo, la citación del demandado puede realizarse de diferentes formas, jerarquizadas por Álvarez, (1997, p. 138 - 149) como:

a. Intimación Personal. Debe inte ntarse preferentemente sobre las otras

formas de comunicar la controversia, es efectuada por el alguacil del tribunal que conozca de la incidencia de intimación y estimación propuesta , o por gestión del propio actor o de su apoderado; puede también desarrollarse por medio de cualquier otro alguacil o notario de la jurisdicción del domicilio del

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intimado, esto conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil (1987).

Dicha forma de citación, se realizará mediante la entrega de la boleta de intimación y las copias certificadas del libelo de demanda y del decreto intimatorio efectuada por el alguacil o notario, debiendo destacar que en caso de negativa a firmar el recibo de la boleta, la citación quedará consumada por la simple entrega de los recaudos mencionados y se empezará a correr el lapso de emplazamiento.

b. Intimación Presunta. Punto importante para analizar dentro del proceso

de intimación y estimación de honorarios, es este tipo de citación prevista en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil (1987) el cual establece:

Siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad.

c. Intimación por Carteles. Cuando existe imposibilidad de localizar al

demandado, y previa la declaración del alguacil, a petición de parte podrá procederse a la citación por carteles, respecto a la cual el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil (1987) establece:

…El secretario del tribunal fijará en la puerta de la casa de habitación del intimado, o en su oficina o negocio, un cartel que contendrá la transcripción íntegra del decreto intimatorio, y otro igual se publicará por la prensa, en un diario de los de mayor circulación en la localidad que indicará expresamente el juez, durante treinta días una vez por semana; cumplida la formalidad y efectuada la constancia emanada del secretario referente a la práctica de la actuación expresada, comenzará a correr el plazo de emplazamiento….

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d. Intimación por Correo de Personas Jurídicas. Representa otra

manera para efectuar la intimación directa del demandado, mediante la cual se producirá la citación personal de la demanda, cuando ésta sea una persona jurídica, la cual no tiene prelación sobre la citación por carteles. Tal forma de citación se verifica mediante la entrega por órgano del funcionario de correo en el domicilio de la persona jurídica demandada, que indique previamente en actas el autor.

De acuerdo con el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil (1987), el alguacil del tribunal depositará un sobre abierto conteniendo la compulsa de la demanda, con la orden de comparecencia, en la respectiva oficina de correo. El funcionario de correo dejará constancia expresa de los documentos incluidos en el sobre, del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la fecha de recibo del sobre y cerrará éste en presencia del alguacil.

A vuelta del correo, el director enviará al tribunal remitente el aviso de recibido y firmado por el receptor del sobre, indicándose el nombre, apellido, cédula de identidad de la persona que lo firmó, el mencionado aviso de recibido será agregado al expediente por el secretario del tribunal, poniendo constancia en fecha de la diligencia.

El día siguiente de introducida la diligencia, comenzará a computarse el lapso de comparecencia de la persona jurídica demandada. En todo caso esté tipo de citación puede ser declarada nula; a) cuando el aviso de recibo no esté firmado por el representante legal o judicial de la persona jurídica o

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por el receptor autorizado; b) cuando en el aviso de recibo no conste el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona que recibió el sobre y firmó el recibo.

e. Llamamiento del No Presente en la República. Cuando se ha

comprobado que éste no está en la Republica y el apoderado si lo tuviere se negare a representarlo, la cual se verificara mediante citación por carteles, en la incidencia autónoma intimación y estimación de honorarios, a pesar de la limitación establecida en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil (1987), el cual no se aplicara por analogía.

Dicho cartel ordenará al demandado a comparecer dentro de un lapso que fijará el juez, el cual no podrá ser menor de 30 días ni mayor de 45 días, según la circunstancias; puede comparecer personalmente o por medio de apoderado, entendiéndose que en el caso de no comparecer en el plazo señalado deberá nombrarse un defensor ad litem.

f. Citación por Edicto. Por último, en caso que los demandados sean

herederos desconocidos de un fallecido, la citación se hará por edicto en que se llama a aquellos que se llamen asistidos de aquel derecho, para darse por citados a un término no menor de 60 días continuos, ni mayor de 120 días, a juicio del tribunal; se comunicará mediante la fijación de un edicto en el tribunal y la publicación del mismo en dos periódicos de mayor circulación en la localidad por lo menos durante 60 días, dos veces por semana, el cual deberá tener el nombre y apellido del causante , así lo consagra el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil (1987).

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A lo analizado anteriormente debemos agregar que una vez producida la intimación del demandado, se pasará a contar el plazo de diez días de despacho siguientes, para que el demandado ejerza acumulativamente todas las defensas que considere pertinentes contra la intimación y estimación propuesta según indican los artículos 22 y 25 de la Ley de Abogados (1967).

Podrá invocar cuantas cuestiones previas crea pertinente, impugnar el derecho a cobrar honorarios, la cual será sustanciada a través de la incidencia prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil (1987), el ejercicio al derecho de retasa se sustanciará en la etapa ejecutiva de la incidencia autónoma una vez determinado con carácter definitivamente firme el derecho a cobrar honorarios.

Siguiendo el desarrollo del proceso en la etapa declarativa, en lo concerniente a la impugnación del derecho a cobrar honorarios, puede ejercerla el condenado en costas contra las actuaciones que le exigen el cobro de honorarios, o contra actuaciones específicas, justificándose principalmente la impugnación parcial del derecho al cobro de honorarios demandados.

Se abrirá luego la articulación probatoria del procedimiento de intimación y estimación de honorarios, tal como se menciona en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil (1987), en un acto esencial para ambas partes, pues comparte una incidencia probatoria, en la cual las partes podrán aportar los elementos probatorias que ayudarán a reafirmar la veracidad del derecho al cobro de los honorarios o que los desvirtúen.

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La articulación probatoria a que se refiere la incidencia prevista en el artículo anteriormente mencionado, no se apertura de pleno derecho, está requiere de un auto expreso del tribunal que lo ordene, limitándose en los casos donde no haya necesidad de declaración alguna para esclarecer hechos, por lo que esta carece de función en los casos donde versa sobre puntos de mero derecho, como lo sería la naturaleza jurídica de la actuación cuyo cobro de honorarios se reclama.

La decisión del procedimiento de intimación y estimación de honorarios, se efectúa mediante sentencia dictada por el tribunal ordinario ante quien se intentó la intimación y estimación de honorarios profesionales, el cual no recubre naturaleza de un acto de sustanciación y por ende no revocable, cuya finalidad tiende a resolver cuestiones de derecho referidas a la impugnación del derecho al cobro efectuada, de esta decisión podrá oírse recurso de apelación y recurrible en el Tribunal Supremo de Justicia.

2.1.2.4. RETASA

Esta figura consiste en la oportunidad que tiene el deudor en costas, bien sea por ser la parte perdidosa condenada a pagar costas o el propio cliente el cual será intimado para el cobro de honorarios, para examinar la posibilidad de reevaluar el monto de los honorarios y lograr una reducción estos, así expone Bello, (2006, p. 272).

La sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, define a la retasa, con la posibilidad de atribuir un nuevo valor a los honorarios de

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abogados previamente estimados e intimados cuando sea declarado el derecho a percibirlos…

Para nosotros la retasa es la facultad que tiene aquel sujeto al que se le exige el pago de honorarios profesionales de abogados, bien sea estos de carácter judicial o extra judicial, para que los mismos sean revisados por el tribunal de retasa, y se les atribuya un nuevo valor más bajo al estimado por el abogado.

La retasa consiste en la oportunidad que posee el cliente en el momento de la estimación e intimación de los honorarios o el condenado en costas, por la cual el deudor puede reevaluar el monto de los honorarios y reducirlo a un monto más razonable , esta figura puede utilizarse tanto en materia de honorarios de abogados por actuaciones de carácter judicial, como en materia de honorarios de abogados por actuaciones de carácter extra judicial.

Enfocando el primero de los casos el cual está regulado por el artículo 25 de la Ley de Abogados (1967) la cual expone:

La retasa de los honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el Tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los estime, asociado con dos abogados, y a falta de éstos con personas de reconocida solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en jurisdicción del Tribunal, nombrados uno por cada parte…

El cliente el cual pasa a ser el demandado o el eventual condenado en costas, dispondrá de diez días de despacho después de la intimación al pago, para ejercer el derecho a la retasa que le confiere la ley, en éste sentido al estudiar el procedimiento del cobro de honorarios por las actuaciones realizadas de carácter judicial, el demandado puede impugnar el

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derecho que el abogado de percibir los honoraros por la actuaciones judiciales que realizará en representación de su cliente ahora demandado, sin acoger la retasa, una vez que el juez decrete que el abogado tiene derecho a percibir los honorarios una vez que esta decisión queda firme el juez pasara aplicar lo dispuesto en el artículo 25 de la ley de Abogados (1967).

Para Álvarez (1997, p. 162)

Queda entendido que en caso de haberse ejercido conjuntamente la impugnación del derecho al cobro de honorarios con el derecho a retasa, solo en caso de declararse procedente dicho incoado, el monto de los mismos se decidirá con los asociados a través de la constitución del tribunal de retasa

Este intimará nuevamente al demandado con la finalidad que este manifieste se desea acogerse o no al derecho a la retasa que le otorga la ley, en caso de acogerse a ella, se pasará a fijar una oportunidad para el nombramiento de los jueces retasadores; de no acoger el derecho de retasa, la estimación hecha por el abogado en su escrito de intimación de honorarios queda firme, procediendo a su ejecución.

La doctrina señala que existen dos oportunidades para que el demandado se acogiera el derecho de retasa estos serían según Bello, (2006, p. 273, 274).

a. En la oportunidad de ser intimado al paga, caso en el cual podría suceder que el demandado impugne el derecho que pretende el accionante a percibir honorarios y subsidiariamente se acoja al derecho de retasa; o bien que solo se acoja a la misma – derecho de retasa - sin impugnar el derecho a percibir honorarios;

b. que impugnando el derecho a percibir honorarios, sin que el demandado en costas se acogieran subsidiariamente al derecho

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de retas, el tribunal en la sentencia declare que el abogado sí tiene derecho a percibir los mismos, caso en el cual, se estimara nuevamente demandado para que firme, como se encuentre el derecho reclamado para que, firme como se encuentre el derecho reclamado – derecho a percibir honorarios - manifieste su voluntad de acogerse o no al derecho de retasa que le confiere la ley.

En el orden de las ideas anteriores, una vez que el abogado interpone la intimación el demandado tendrá la primero oportunidad para oponerse en este primer caso se decidirá si el abogado tiene derecho a cobrar los honorarios y la segunda oportunidad sería el momento en que se pronuncie la decisión definitiva que expondría que el abogado tiene derecho a percibir honorarios profesionales, el demandado será intimado nuevamente para que éste decida si utilizará el recurso de la retasa.

El artículo 27 de la Ley de Abogados (1967) muestra el inicio del proceso de la retasa una vez que se ha decidido utilizar este recurso, el mismo expone:

Cuando la retasa sea acordada a solicitud de parte, éstas concurrirán el día y hora señalados por el Tribunal para nombrar los retasadores, debiendo presentar en el mismo acto, constancia de que los retasadores designados aceptan el cargo. La inasistencia de alguna de las partes al acto de nombramiento de retasadores, la negativa a nombrarlo o la falta de presentación de la constancia de aceptación del cargo, autoriza al Tribunal para designar retasadores dejando a salvo el derecho de la parte que concurra. Cuando el Tribunal decrete de oficio la retasa sólo designará al retasador de la parte que estando obligado a solicitarla no lo hizo.

De la norma antes transcrita, observamos que una vez el demandado se acoge a la demanda dentro de los diez días siguientes a la intimación al pago, en los casos de ser honorarios de carácter judicial, el juez fijara el día y

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la hora para que las partes tengan la oportunidad de nombrar a sus retasadores, los cuales en el mismo acto deberán confirmar si deciden aceptar el cargo, si una de las partes o ambas no compareciere con sus retasadores o se negare a nombrarlo el tribunal pasara a designarlo de oficio resguardando el derecho de la parte que si lo hiciere.

Este lapso queda al criterio del juez pues el legislador no prevé esta situación en una norma, una vez llegada la oportunidad de designación el alguacil del tribunal se aproximará a las puertas del mismo anunciando el inicio del acto, del cual puede desprenderse tres escenarios señalado por Bello, (2006, p. 275).

a. Que ambas partes comparezcan, en tal caso, ambas partes deberán nombrar su juez retasador, presentando con, ello una carta firmada o constancia firmada por éste en la cual expresara su voluntad de aceptar el cargo, su identificación y residencia, siguiendo el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Abogados.

Si la carta fuere impugnada por una de las partes y éste no pudiese subsanar la falta el juez pasará a designar a otra retasador, si una de las partes no quisiera o no presentara la constancia el juez pasará a designarlo, aquel elegido se le notificará para que comparezca el tercer día de despacho después de citado para dar razones de si acepta o rechaza la designación, si fuera el primer caso prestara el juramento de ley.

En éste acto sin importar la forma de designación, se fijará que el tercer día de despacho siguiente, a la hora designada por el tribunal, para realizar

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la juramentación, de todo lo sucedido en el acto se dejará constancia en un acta tal como dispone el artículo 189 del código de procedimiento civil.

b. Que comparezca una sola de las partes, la cual continuará con el protocolo antes mencionado, mientras que el tribunal designara el de la parte faltante, notificando de la manera antes descrita.

c. Que ninguna de las partes compareciera al acto lo cual nos dejaría con dos posibles supuestos:

1. Al no comparecer ninguna de la partes el acto podría tomarse como desierto.

2. El tribunal pasara a designar a los retasadores supliendo la actividad de la partes.

Significa entonces independientemente de cómo se designaran los jueces retasadores estos pasarán a juramentarse, prometiendo así que sus actuaciones estará guiadas por la ley, cumpliendo fielmente su cago según expresa Bello, (2006, p.277).

Designados como hayan sido los jueces retasadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Abogado, deberán los mismos comparecer al tercer día de despacho siguiente a su nombramiento, a la hora que fije el tribunal, a los fines que presten su juramento de cumplir bien y fielmente su cargo, juramentación que deberá realizarse en un acto del tribunal el cual será suscrita por el operador de justicia, el secretario y los retasadores, todo conforme lo previsto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, y no viciosamente se hace en la práctica forense, a través de diligencia presentada ante el secretario del tribunal.

Con fuerza de lo anterior, una vez designados los jueces retasadores estos deberán comparecer al tercer día de despacho siguiente a su

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nombramiento, a la hora fijada por al tribunal con el fin de juramentarlos de cumplir bien y fielmente su cargo, este acto se realiza en el tribunal, el cual realizará un acta y será suscrita por el juez, el secretario y los retasadores, todo conforme al artículo 189 del Código de Procedimiento Civil (1987), evitando los posibles vicios al intentar usar diligencias.

En concordancia con lo anterior, la juramentación deberá incorporarse en el libro de juramentos que el tribunal debe llevar según el ordinal 14 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998), la cual expone: “Son deberes y atribuciones de los secretarios: 14° Llevar, además, los siguientes Libros: el de Acuerdos y Decretos, el Copiador de Correspondencia, el de Conocimiento de Correspondencia y Expedientes, el de Juramento, el de Presentación, el índice de Expedientes y cualquier otro, necesario para la buena marcha del tribunal, que ordene el Reglamento Interno.”

Tal como se ha visto, la retasa de oficio, y en el caso que el tribunal tenga que designar retasadores, éstos deberán prestar juramento en la tercera audiencia siguiente a la notificación, si el retasador no compareciera oportunamente o incumpliera sus funciones, el tribunal designara otro en su lugar.

En cuanto a la incompetencia subjetiva de los retasadores considera Bello, (2006, p. 278), que ampliación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil (1987), los jueces retasadores pueden ser objeto de recusación por estar en curso de cualquiera de las causales de los ordinales del artículo 82 del mismo código, siempre que éstos se interpongan dentro de los tres días

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de despacho siguientes a su aceptación, caso en el cual el tribunal designara otros jueces retasadores, se considera que el lapso de tres días para intentar la recusación se computará a partir de la juramentación.

Ante la situación planteada, de la incidencia de recusación, debe conocer el juez de la causa, quien dentro de los tres días de despacho siguientes a la recusación, oirá las observaciones que quiera formular las partes y si alguna lo pidiere, se abrirá una articulación probatoria de ocho días de despacho, de la cual se oirá sentencia el noveno día; en caso que se declare procedente la se fijará la nueva oportunidad fecha y hora para celebrar el acto de elección de los nuevos jueces retasadores.

Los honorarios de los jueces retasadores los pagarán las partes, el monto de éste lo determinara el tribunal, fijando una fecha para su consignación y, en caso que esta no se produzca en la fecha designada se entiende como renunciado el derecho a la retasa, de esta manera expone Bello, (2006, p.

279).

Designados como hayan sido y juramentados los jueces retasadores, el tribunal fijará prudencialmente, el monto de los honorarios de cada uno, fijando la fecha para su consignación;

estos honorarios deberán ser cancelados por aquella parte que se haya acogido a la retasa, los cuales serán consignados en la oportunidad que fije el tribunal. En caso de no consignarse el monto determinado por el tribunal o de consignarse extemporáneamente, es decir, fuera del plazo fijado por el aperador de justicia se entenderá como renunciado o desistido el derecho a la retasa, quedando en consecuencia firme la estimación de honorarios realizada por el accionante en su escrito de intimación, salvo en los casos de la retasa obligatoria a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Abogados.

Con relación a la fijación de los honorarios de los retasadores, el autor

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Álvarez, (1997, p. 163) el cual hace referencia a la potestad discrecional del juez determinar los honorarios de estos dentro del plazo que éste determine, con pena de no cumplirse se declare renunciado el derecho a la retasa, el juez no debe tomar en cuenta el monto de los honorarios profesionales intimados, sino que se tomarán como referencia los emolumentos a que tiene derecho a cobrar el juez.

No obstante, si bien es cierto que no existe recurso contra la fijación del monto de los honorarios de los retasadores, sí existe sanción disciplinaria por lo excesivo de éste, pues no puede olvidarse que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) contempla en el artículo 26, el ideal de una justicia responsable.

Una vez consignados los honorarios de los retasadores, se pasará a constituir el tribunal de retasa él mismo día de la consignación, o dentro de los días de despachos siguientes, tal como establece el artículo 29 de la Ley de Abogados (1967): en el mismo acto de la consignación de los emolumentos o dentro de las dos audiencias siguientes, se constituirá el tribunal retasador. La decisión se dictará como tribunal colegiado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a partir de su constitución.

La constitución del tribunal debe ser realizada en la sede del tribunal natural, donde con la asistencia de los retasadores designados y con la presencia del juez, debe levantarse un acta donde se proceda formalmente a constituir el tribunal colegiado, acta que debe estar suscrita por sus miembros y que debe adecuarse a lo requerido en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil (1987).

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Significa entonces, con el levantarse de un acta que será agregada al expediente, luego se designará al ponente, designación que se realizará conforme al artículo 21 de la ley Orgánica del Poder judicial (1998), el cual norma: “En los tribunales colegiados la ponencia corresponderá sucesivamente a los jueces conforme al orden de entrada de los asuntos.

Cuando se trate de un tribunal constituido con asociados, quien lo presida designará al ponente”, la designación le corresponderá al juez natural debiendo dictarse la decisión dentro de los ocho días siguientes a su constitución.

Como puede observarse, la naturaleza del tribunal de retasa es de carácter colegiado, por lo cual la decisión se tomará por mayoría absoluta de votos, lo cual toma como consecuencia, aquel retasador que no está de acuerdo con el criterio del fallo, deberá salvar su voto dentro del lapso legal para dictar sentencia, el cual sería dentro del lapso de los ocho días para dictar sentencia, siguiendo la normativa del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998).

Cabe agregar, que todo ello que se refiere en materia de honorarios de abogados no se regula en forma alguna la consignación de votos salvados o la eventual redistribución de la ponencia en caso de haber sido rechazada la primera de ellas, en todo caso el tribunal de retasa puede establecer el mecanismo procedimental más apropiado. Por último, los elementos que debe que debe considerar el tribunal de la retasa para fijar el monto de los honorarios, debe regirse por el artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado (1985) antes desarrollado.

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El proceso de intimación por honorarios de abogados, ya sea por actuaciones judiciales o extrajudiciales, presenta dos fases, la declarativa, que va desde el inicio del proceso hasta la sentencia que determina si hay o no derecho a cobrar honorarios, de la decisión tomada se podrá ejercer el recurso tanto el de apelación ordinario como el extraordinario de casación; y la fase ejecutiva o estimativa, que comienza cuando la sentencia está firme, la cual declara la procedencia los honorarios profesionales y termina con la sentencia del tribunal de retasa, la cual no dispone de recurso tal como establece el artículo 28 de la Ley de Abogados (1967), la cual expresa: “Las decisiones sobre retasa son inapelables.”

La única función del tribunal de retasa en fijar un nuevo monto de honorarios, por lo cual si este tribunal llegará a decidir sobre algo que escape a su competencia, estaría incurriendo en extralimitación de funciones, si el tribunal actuará de esta forma las decisiones que este tomaren si serían impugnables por la vía del recurso de apelación, y podría originar una eventual acción de amparo constitucional si se lesionara o amenazase con lesionar un derecho o garantía constitucional.

Las decisiones tomadas en el tribunal de retasa no tienen recurso alguno, no obstante, por vía jurisprudencial se ha establecido que en materia de costas procesales, cuando el monto que fijare el tribunal exceda del 30 % del valor del litigio, tal como norma el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil (1987), el juez de oficio o a instancia de parte, debe reducir el monto al citado porcentaje, resultando que eventualmente podría solicitar un recurso de reducción contra la decisión del tribunal de retasa.

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La retasa es una medida que normalmente se interpone por la parte deudora por lo cual la parte tiene la facultad de decisión de utilizar o no este recuso, salvo lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Abogados (1967): La retasa es obligatoria para quienes representen en juicio personas morales de carácter público, derechos o intereses de menores, entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes. A falta de solicitud, el tribunal la ordenará de oficio. Responderán solidariamente los representantes de las personas antes nombradas por el pago de los honorarios cuya retasa no hayan solicitado.

Sin embargo, tomando como partida la norma expuesta, si el representante de este tipo de personas no utiliza su oportunidad legal de la retasa obligatoria y el juez no la pronuncia de oficio, no podrá decretar la reposición de la causa, al contrario la norma mencionada, se deberá activar la responsabilidad solidaria del representante de las personas sujetas a la retasa obligatoria.

2.1.3. JURISPRUDENCIA

Se hace necesario para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, el análisis y estudio de los criterios jurisprudenciales vinculantes de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) en lo que respecta a la forma en que deben tramitarse los procedimientos dirigidos al cobro de los honorarios profesionales de abogado. A continuación se desarrollan dos criterios que ha

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reiterado firmemente la jurisprudencia en los últimos años; tales son: la posibilidad de trámite judicial por vía del procedimiento breve; y la necesidad de demanda por vía principal.

2.1.3.1. TRÁMITE JUDICIAL POR VÍA DEL PROCEDIMIENTO BREVE

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 08-0273, expediente 08-0273, caso Colgate Palmolive C.A. consideró necesario realizar algunas precisiones con referencia al procedimiento para el cobro de honorarios profesionales de los abogados. Se analizó el artículo 22 de la Ley de Abogados (1967), el cual indica que el ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales o extrajudiciales que éste realice. De existir inconformidad entre el abogado y su cliente con respecto al monto de los honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del procedimiento breve ante el Tribunal Civil competente por la cuantía.

Al respecto Puppio, (1998, p. 70), opina que al presentarse diferencias con el cliente, se da lugar al reclamo por actuaciones extrajudiciales y que estas se tramitan por el procedimiento del juicio breve conforme al artículo 881 del Código de Procedimiento Civil (1987). Si el cliente rechaza o impugna el cobro, se abre la incidencia del artículo 607 eiusdem; el abogado debe contestar el mismo día o el siguiente de la impugnación y el juez debe decidir en el tercer día de despacho, a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, en ese caso se abrirá una articulación probatoria de ocho días, debiendo el juez pronunciar su decisión en el noveno día.

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En palabras de Bello (2006, p. 227), el abogado no sólo tiene derecho a percibir honorarios por las actuaciones de carácter judicial realizadas, es decir, aquellas efectuadas en el decurso de un proceso jurisdiccional; sino que también tiene derecho a percibir honorarios por las actuaciones realizadas en forma extrajudicial, esto es, fuera del decurso de un proceso jurisdiccional, pero conforme a lo previsto en el articulo 22 de la Ley de Abogados (1967), la tramitación del proceso jurisdiccional para hacer efectivo el cobro de los mismos, será por la vía del procedimiento breve a que se refiere el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (1987).

La ley de abogados, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que, cuando el derecho a los honorarios profesionales de los abogados sea en ocasión de actuaciones extrajudiciales, el procedimiento idóneo a seguir es el procedimiento breve establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil (1987), debiendo el abogado estimar el monto que por dichas actuaciones reclama y pudiendo la parte intimada adherirse al derecho de retasa en la contestación a la demanda.

2.1.3.2. NECESIDAD DE DEMANDA POR VÍA PRINCIPAL

El artíc ulo veinticuatro de la Ley de Abogados (1967) tipifica que para los efectos de la condenatoria en costas los abogados podrán anotar al margen de todo escrito o diligencia el valor en que estimen la actuación profesional y, en su defecto, podrán hacerlo en diligencia o escrito dirigido al Tribunal, que se anexará al expediente respectivo.

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el año 2011, sentencia nº 11.0831, expediente 11-0831, destaca que cuando el juicio ha terminado totalmente, como sucede en los casos donde no hay fase de ejecución, el cobro de honorarios del abogado a su cliente es imposible que tenga lugar en la causa donde se pretende se causaron los honorarios y ante el juez que la conoció, debido a que esa causa finalizo y no hay en ese momento juicio contencioso ni secuelas del mismo.

El Tribunal Supremo de Justicia establece que cuando ha concluido totalmente el juicio, es imposible que el cobro de honorarios al cliente tenga lugar en la misma causa donde se les dio origen y ante el juez que la ha conocido, justamente porque ésta finalizó, de modo que ya no existe juicio en curso, por lo que el cobro de honorarios no puede resolverse como si fuese una incidencia innominada en el proceso.

Se pronuncia también la Sala con respecto a que los casos en que el juicio ha concluido totalmente, la demanda por cobro de honorarios debe interponerse de manera principal ante un Tribunal Civil competente por la cuantía; toda vez que la causa que dio origen a la reclamación de honorarios profesionales ha finalizado mediante sentencia firme, lo cual obliga a intentar la demanda por vía autónoma ante los tribunales con competencia en lo civil de la circunscripción judicial respectiva, a pesar de que en la etapa de ejecución del juicio principal se estuviera ventilando algún reclamo.

Con lo antes expuesto, La Sala Constitucional reitera su criterio en cuanto a que la tramitación de las demandas por cobro de honorarios profesionales

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se harán por vía autónoma, tanto en los casos que se refieran a las demandas de los abogados contra sus clientes, como las que interpongan los abogados del vencedor contra el vencido que hubiere sido condenado en costas, toda vez que esta pretensión se rige por las mismas normas, reglas y principios que la primera.

La ley de abogados (1967) dispone que el procedimiento correspondiente al reclamo de las actuaciones judiciales se hará según la oportunidad en que se demanden los honorarios, como si se tratare de una incidencia innominada en el expediente en que se hubieran cumplido tales actuaciones, o a través de un juicio autónomo. Cuando el abogado pretenda reclamar honorarios profesionales al condenado en costas, deberá seguir en mismo procedimiento correspondiente al que debe instaurar cuando ha de reclamar los honorarios a su cliente por actuaciones judiciales.

La Sala Constitucional ratifica que los abogados tienen cualidad para el ejercicio de una acción directa para el cobro de honorarios a la parte perdidosa condenada en costas; que la misma debe interponerse ante un tribunal civil competente por la cuantía de la circunscripción judicial respectiva, y; que la sustanciación del proceso debe tramitarse conforme al mismo procedimiento que se instauraría si se estuviese reclamándolos a su cliente, en razón de lo cual es imposible que el cobro de honorarios al vencido tenga lugar en la causa donde se hayan causado y ante el juez que la hubiere conocido, justamente porque, si hay condenatoria en costas, el proceso donde se causaron finalizó, de modo que no hay juicio en curso.

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