Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 12º período de sesiones
Ginebra, 3 a 14 de octubre de 2011
Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos Venezuela (República Bolivariana de)*
El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones presentadas por 579 interlocutores1 para el examen periódico universal. Se sigue la estructura de las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta que el primer ciclo del examen abarca cuatro años.
* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/12/VEN/3
Asamblea General Distr. general 22 de julio de 2011 Español
Original: español/inglés
I. Antecedentes y marco
A. Alcance de las obligaciones internacionales
1. Control Ciudadano (CC) indicó que Venezuela no ha adoptado medidas para la implementación del Estatuto de Roma ratificado en 2000. Tampoco se han establecido mecanismos de cooperación ni de asistencia judicial en materia de entrega de personas a la Corte, auxilio judicial internacional o ejecución de las sentencias de la Corte. CC manifestó su preocupación por la posición de Venezuela respecto al funcionamiento de la Corte Penal Internacional2.
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Venezuela a completar la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)3.
B. Marco constitucional y legislativo
3. La Universidad de Extremadura indicó que desde 2007, la legislación venezolana incorporó un lenguaje no sexista, propugnando la igualdad de género en todos los ámbitos4. 4. La Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) reportó avances en el marco normativo e institucional como la adopción de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes de 1998, reformada en 20075. 5. El Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC), recomendó aprobar con carácter de urgente una ley de desarme6. De acuerdo con INCOSEC, la inseguridad constituía la primera preocupación de los venezolanos. Entre los factores asociados a la violencia homicida resaltaban el número de armas en manos de la población y la debilidad del sistema de justicia penal7.
6. CC indicó que Venezuela era signataria de la mayor parte de los tratados de derecho internacional humanitario, pero no había adoptado las medidas de aplicación nacional correspondientes. Solo existían algunas normas de carácter penal que no reflejaban el alcance de las tipificaciones penales y medidas administrativas a que obligaban los tratados suscritos relativos a la protección a víctimas de los conflictos armados, prohibición o restricción de armas y protección de bienes culturales8.
C. Infraestructura institucional y de derechos humanos
7. Alrededor de 11 informes de organizaciones comunales resaltaron la creación del Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género y el Instituto Nacional de la Mujer9.
D. Medidas de política
8. La Fundación Pro Bono (ProVene) recomendó diseñar un Plan de Derechos Humanos10 y profundizar la formación en derechos humanos de los sectores del sistema de justicia y seguridad11. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, el Convite y Acción Solidaria Contra el Sida (PROVEA-CONVITE-ACSOL) subrayaron que no existía un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad civil para la definición de un Plan Nacional de Derechos Humanos12.
9. Alrededor de 129 informes destacaron las políticas y programas de inversión social
—incluidas las misiones— así como la participación voluntaria de las comunidades organizadas en consejos comunales y Unidades de Batalla Socialista13.
10. Más de diez contribuciones reconocieron los avances legislativos y políticas públicas en materia de equidad de género14, juventud15, personas con discapacidad16, y pueblos indígenas17.
11. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) recomendó seguir incorporando en los planes y políticas estatales los derechos de las personas LGBTI18. ICM vio con preocupación la interferencia de la iglesia católica venezolana en acciones estatales sobre el tema19.
12. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales recomendó ver a las organizaciones no gubernamentales ambientales como aliados en la tarea de preservar el ambiente20.
13. Alrededor de 13 informes valoraron la política de cooperación internacional de Venezuela en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América21.
II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno
A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos
1. Cooperación con los órganos de tratados
14. Conscience and Peace Tax International (CPTI) indicó que el cuarto informe periódico que debía presentarse en virtud del Pacto estaba retrasado desde 200522.
15. El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (El Observatorio) mencionó que el séptimo informe periódico de la CEDAW estaba pendiente23.
16. CPTI indicó que Venezuela no había presentado aún el informe inicial que debía presentar en virtud del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, más de ocho años después de haberlo ratificado24.
2. Cooperación con los procedimientos especiales
17. Espacio Público (EP) recomendó permitir la visita de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas con la finalidad de constatar la situación de los derechos humanos en el país25.
B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
1. Igualdad y no discriminación
18. La Defensoría del Pueblo (La Defensoría) reconoció los avances en los derechos de las mujeres y el desarrollo de presupuestos públicos con enfoque de género, y recomendó continuar avanzando en la erradicación de patrones culturales y estereotipos que favorecían la discriminación y la violencia contra la mujer26.
19. El Observatorio recomendó reformar el Código Penal, como exhortó la CEDAW en 2006, debido a sus normas discriminatorias hacia las mujeres tales como eximir de la pena a un violador si contrae matrimonio con su víctima, establecer sanciones diferentes por el delito de adulterio y reducir la sanción para delitos si la víctima es prostituta27. El Observatorio recomendó aprobar la Ley de Igualdad y No Discriminación, así como la creación de la Comisión de los Derechos de la Mujer en la Asamblea Nacional para que le dé prioridad a la agenda de igualdad y no discriminación28.
20. Diverlex recomendó que se modifique la legislación que niega derechos iguales a las personas por su orientación sexual o su identidad de género y que se incluyan políticas públicas transversales de lucha contra la homo-lesbo-transfobia, la discriminación y la violencia contra dicha población29. La Defensoría valoró las normativas que reconocen y protegen la diversidad sexual y recomendó profundizar en la formación de los funcionarios públicos y las medidas dirigidas a la erradicación de los patrones culturales que fomentan la discriminación contra la población LGBTI30.
21. La Red de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base comunitaria con trabajo en VIH/SIDA del interior del país (REDVIH) informó que se seguían suscitando eventos discriminatorios contra las personas con VIH, por medio de la solicitud ilegal de pruebas para ingresar al mercado laboral y acceder a servicios educativos o de salud31.
2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona
22. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) se refirió a la inseguridad ciudadana32. La CIDH informó sobre el aumento de homicidios, secuestros, sicariato y violencia33.
23. COFAVIC se refirió a la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias34, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza atribuible a los órganos de policía35 y manifestó preocupación por el hecho de que el artículo 328 de la Constitución y el 20 de la Ley Orgánica de Seguridad permitían la cooperación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno36. La Defensoría instó a acelerar el proceso de adecuación de los cuerpos policiales al nuevo modelo policial37. Paz Activa (PA) recomendó evitar el uso de la Fuerza Armada Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana en el mantenimiento del orden público38.
24. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz recomendó legislar para que ninguna persona pueda ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes39. Amnistía Internacional (AI) señaló que en 2010 las organizaciones locales de derechos humanos documentaron más de 200 casos de personas asesinadas por la policía, así como más de 500 casos de presuntas torturas y malos tratos infligidos durante la custodia policial40. AI instó a Venezuela a que, entre otras cosas, garantizara investigaciones independientes e imparciales en todos los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y sometiera a los responsables a la justicia, y a que pusiera en práctica controles estrictos sobre la disponibilidad y el uso de armas sobre la base de las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario41.
25. El Observatorio Venezolano de Prisiones y la Asociación Civil Liberados en Marcha informaron de una superpoblación carcelaria del 356% y se refirieron a la violencia carcelaria42. Una Ventana a la Libertad indicó que en la práctica no existía una clasificación de las personas privadas de libertad, a pesar de que la legislación lo contemplaba43. AI recomendó adoptar medidas urgentes para garantizar que todos los lugares de detención cumplieran con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y aplicar las medidas provisionales publicadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las amenazas a los derechos a la vida y la seguridad de los reclusos de varias prisiones44. 26. La CIDH advirtió que testigos y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos eran con frecuencia víctimas de amenazas por parte de las autoridades estatales45 y observó un recrudecimiento de las agresiones contra los defensores que acudían al sistema interamericano de protección de derechos humanos46.
27. La Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas (VEDHAC) reportó que los defensores de derechos humanos desarrollaban su trabajo con dificultad por las restricciones para establecer un diálogo franco y permanente con los entes encargados de velar por la vigencia y garantía de los derechos humanos, por las descalificaciones hacia el trabajo de control social que realizaban y por la existencia de algunos casos de amedrentamiento a determinados activistas. A pesar de las dificultades y obstáculos, el trabajo de los activistas y ONG en general se desarrollaba en libertad y en condiciones que no ponían en peligro la vida y la integridad personal47.
28. El Observatorio informó que a pesar de la existencia de una Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, había una escasa aplicación de las medidas de protección48. El Observatorio, recomendó crear un Plan Nacional de Prevención y Atención en Violencia contra las Mujeres con participación de las ONG49. 29. La CIDH indicó que con la adopción de la reforma parcial a la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescente en diciembre 2007, se prohibía el castigo corporal de niños, niñas y adolescentes50. REDHNNA indicó, sin embargo, que no se habían formulado políticas y medidas de protección, tal como ordenaba la ley51.
30. La Defensoría encomió la puesta en marcha del Plan de Acción para Prevenir, Reprimir y Sancionar el Delito de Trata de Personas y Asistir Integralmente a las Víctimas y el establecimiento de una Comisión Interinstitucional al respecto52.
3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho
31. Alrededor de diez contribuciones hicieron referencia a la falta de independencia del poder judicial53. La CIDH resaltó la ausencia de concursos públicos para acceder a los cargos de jueces y fiscales; los jueces y fiscales no gozaban de estabilidad en el cargo; el carácter provisorio de la mayoría de los jueces y fiscales del Ministerio Público; un importante número de jueces había sido removido o se había dejado sin efecto su designación sin un correspondiente procedimiento administrativo y en algunos casos las destituciones de los jueces se producían luego de que los magistrados adoptaran decisiones judiciales en casos con importante connotación política54.
32. Foro por la Vida expresó su preocupación por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual se declaró
"inejecutable" un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de un grupo de jueces provisionales cesados. Además, indicó que una decisión previa de la Sala Constitucional del TSJ optó por desconocer el valor obligatorio de las sentencias de la Corte de San José, sujetándolas a que sus decisiones fueran conformes a la Constitución de Venezuela55.
33. Justicia y Proceso hizo notar que el Gobierno no había cumplido las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de 2001 dirigidas a garantizar el debido proceso56. ProVene recomendó crear un registro de medidas cautelares, medidas sustitutivas y sentencias penales57.
34. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Venezolano establecer, en un plazo razonable, a través de su legislación, límites a la
competencia de los tribunales militares, de forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a militares en ejercicio y por delito de función; así como derogar, en un plazo razonable, toda disposición de la normativa interna que no resulte conforme con dicho criterio58.
35. Human Rights Watch (HRW) informó sobre cómo las autoridades estaban utilizando el sistema judicial para silenciar a los críticos del Gobierno59. Varias organizaciones se refirieron a la impunidad y la falta de investigación60. La CIDH observó que la impunidad era una característica común que afectaba por igual a los casos de represalia contra el disenso, ataques contra defensores de derechos humanos y contra periodistas, uso excesivo de la fuerza en el marco de protestas pacíficas, abusos de la fuerza estatal, criminalidad común y organizada, violencia en las cárceles y violencia contra la mujer, así como también a otras graves violaciones de los derechos humanos61.
4. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política
36. La CIDH solicitó al Estado venezolano la adopción de las medidas necesarias a fin de garantizar el pleno respeto de la libertad religiosa en su territorio62. La Iglesia de Jesucristo indicó que nunca se les había cercenado el derecho a la libertad de expresión de sus creencias religiosas63.
37. CPTI señaló que Venezuela mantenía un sistema de servicio militar obligatorio que no permitía la objeción de conciencia64.
38. El Centro de Educación y Producción Radiofónica hizo referencia a la democratización de las comunicaciones en Venezuela65. FUNDACAMINOS invitó al Estado a que promulgara la Ley Orgánica de la Comunicación Popular y los Medios de Comunicación Alternativos y Comunitarios66.
39. En 2009 la CIDH llamó la atención sobre la incompatibilidad del marco legal vigente en materia de libertad de expresión con las obligaciones a la luz de la Convención Americana67. Agora Constitucional (AC), Un Mundo sin Mordaza, AI, EP, HRW y la CIDH se refrieron a las restricciones a la libertad de expresión68. Un Mundo sin Mordaza se refirió al cierre arbitrario, en 2006, de una estación de televisión y en 2009, de 34 estaciones de radio69. AC citó varios ejemplos de persecuciones por razón de opinión70 y también se refirió a la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada en diciembre de 2010, con la cual que se pretendía restringir la crítica71. AC indicó que varias personas habían sido objeto de persecución criminal por opiniones difundidas a través de Twitter72.
40. La Universidad Central de Venezuela recomendó al Gobierno realizar campañas mediáticas con el fin de concientizar a la población respecto a la tolerancia73.
41. EP, PA, IPYS y Transparencia Venezuela informaron acerca de leyes y medidas que restringían el derecho de acceso a la información,tales como el Decreto Presidencial 7.454 el cual creaba el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) con facultades para poder declarar el carácter reservado de la información74. EP recomendó desarrollar una ley y política pública que garantizara el acceso a la información pública75. La Comisión Chilena de Derechos Humanos recomendó que se mejorara la implementación de medidas que fortalecieran la contraloría social76.
42. SINERGIA informó que el Estado había creado los Consejos Comunales y las Unidades de Batalla Socialista, dependientes del Ministerio del Poder Popular de Participación Ciudadana, como condición para la entrega de recursos públicos a las comunidades, a cuyos miembros generalmente se les prohibía protestar o hacer público cualquier descontento77.
43. AI exhortó a Venezuela a que manifestara públicamente su apoyo a la labor legítima de los defensores de los derechos humanos, como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos78, de 1996, y a que garantizara que no se tomasen medidas que impidiesen a los defensores de los derechos humanos llevar a cabo su labor legítima, entre otras cosas, velando por que no se restringiese su acceso a fuentes de financiación79.
44. VEDHAC expresó preocupación por la intención gubernamental de propiciar un marco legal de control de las ONG a través de la aprobación de la Ley de Cooperación80. 45. La CIDH dio cuenta de la creación de mecanismos para restringir las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes del Gobierno. Asimismo, la CIDH notó el adelanto de acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas por voto popular con el fin de reducir el alcance de las funciones públicas de miembros de la oposición y cómo a través de una serie de reformas legales las autoridades de la oposición habían visto reducidas sus competencias de forma tal que no podían ejercer legítimamente el mandato para el cual fueron elegidas. La CIDH también identificó una preocupante tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de represalia por haber hecho público su disenso con las políticas oficiales, tendencia que afectaba tanto a las autoridades de la oposición como a ciudadanos que habían ejercido su derecho a expresar su disconformidad con las políticas adelantadas por el Gobierno. La CIDH notó con preocupación que se había llegado al extremo de iniciar procedimientos penales contra disidentes, acusándolos de delitos comunes con miras a privarlos de su libertad a causa de su posición política81.
46. La Defensoría observó notables avances respecto a la participación de las mujeres en la postulación a cargos de elección popular82.
5. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
47. Alrededor de 16 contribuciones indicaron que el desempleo disminuyó entre 1999 y 201083, y otras resaltaron el incremento del poder adquisitivo en 2009 y del salario mínimo en 200884. La Defensoría encomió la ejecución de políticas encaminadas a disminuir el desempleo, a promover la estabilidad en el trabajo y a mejorar las remuneraciones85. El Equipo de Formación, Información y Publicaciones recomendó aprobar una Ley de Promoción del Primer Empleo y concretar la propuesta de crear un Ministerio de la Juventud86. El Observatorio recomendó la creación de un Plan Nacional de Empleo87. 48. La Organización Internacional de Empleadores (OIE) se refirió a la falta de diálogo social y consultas bipartitas o tripartitas entre el Gobierno, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores88. La Defensoría valoró positivamente que en materia de justicia laboral, se hubieran solventado gran cantidad de casos a través de la mediación89.
49. La Central Obrera Boliviana resaltó el estímulo a la creación de cooperativas y el incremento del número de organizaciones sindicales90, y la Asociación Departamental de ex trabajadores Mineros sin Jubilación, la participación comunitaria91.
50. En 2009, la CIDH observó que Venezuela se caracterizaba por una constante intervención en el funcionamiento de los sindicatos, mediante acciones del Estado que apuntaban al control político del movimiento organizado de trabajadores92. La CIDH observó la creciente criminalización de las acciones sindicales a través de procedimientos penales contra los defensores de derechos laborales y el uso de normas que limitaban la manifestación pacífica y el derecho de huelga asociados a reclamos de índole laboral, en particular disposiciones contenidas en el Código Penal, en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y en la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot93.
51. PROVEA-CONVITE-ACSOL informó que entre 2007 y 2010 fueron asesinados 181 trabajadores y/o sindicalistas, quedando la mayoría de estos casos impunes94.
52. OIE se refirió a varias quejas presentadas ante la OIT por violaciones a los derechos sindicales e indicó que desde el año 2005, la OIT había recomendado enviar una misión al país. OIE indicó que el Gobierno no había tomado medidas para aplicar las recomendaciones de la OIT95.
53. La Asociación Gente del Petróleo hizo notar el incumplimiento de las resoluciones de la OIT en relación al caso de UNAPETROL96. Gente del Petróleo informó acerca de la discriminación laboral y persecución a la cual se les había sometido, por haber firmado una petición de referéndum97.
6. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado
54. ACMOR resaltó que la inversión social pasó del 14% del presupuesto nacional en 1999 al 45,7% en 2010. También indicó que el porcentaje de hogares en extrema pobreza pasó de 10,2% en 2006 a 7,1% en 201098. REDHNNA reconoció los esfuerzos para reducir la pobreza mediante programas sociales, especialmente las misiones, sin embargo, indicó que se desconocía el impacto real en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes99. 55. Alrededor de 302 informes de organizaciones comunales se refirieron a la participación popular, desde la creación de la Ley de Consejos Comunales, y señalaron los beneficios de los proyectos sociales, a través de las Misiones, en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura y alimentación, servicios públicos,asistencia social, comunicaciones y tecnología, energía, deporte, cultura, entre otras esferas100. Se mencionaron en particular los programas Misión Barrio Adentro, Misión Milagro y Proyecto Madre101; la Misión Madres del Barrio102; la Misión Simoncito103; el programa de vivienda digna SUVI104; la Misión Ribas, Robinson, Yo Sí Puedo, Sucre y el programa Barrio Adentro Deportivo105; programas para el desarrollo rural, la producción y el acceso a redes alimenticias a precios populares106; los Centros de Comunicación Comunal107; la Misión Revolución Energética108; la Misión de atención a personas con discapacidad109; la Misión Identidad110; entre otros.
56. La CIDH consideró importante que los derechos económicos, sociales y culturales fueran garantizados a través de políticas públicas que continuaran a largo plazo y observó que las Misiones como política social parecían tener un carácter asistencial que no necesariamente implicaba un reconocimiento de derechos111.
57. Alrededor de 20 contribuciones indicaron que el derecho a la seguridad social ha sido garantizado, resaltando además la cobertura de un notable número de personas que habían podido optar a la pensión por edad112. La Defensoría recomendó el aumento en las asignaciones presupuestarias y un mayor acceso a servicios médicos para las personas adultas mayores113. La Asociación Rentistas Mineros Regional Llallagua indicó que quedaba pendiente resolver la situación de extrabajadores/as que no tenían las 750 cotizaciones del seguro social114. El Observatorio recomendó reformar la Ley de Servicios Sociales para incorporar a las amas de casa115.
58. Los Comités de Tierra Urbana y también ANAMURI reconocieron la política de soberanía alimentaria116. La Defensoría recomendó la expansión y el afianzamiento de la infraestructura nacional de almacenamiento de alimentos a gran escala117.
59. PROVEA-CONVITE-ACSOL indicó que el Estado no había promulgado una ley que constituyera un sistema público de salud y garantizara un financiamiento adecuado118. La Defensoría recomendó seguir avanzando en la recuperación de la infraestructura hospitalaria y el suministro de insumos médicos y medicamentos a los centros de salud119.
60. La Asociación por la Vida indicó que en 2010 se presentaron situaciones irregulares en cuanto a la adquisición y suministro de la terapia antirretroviral a las personas infectadas con el VIH, en virtud del incumplimiento por parte del Ministerio de Salud del mandato emitido por la Corte Suprema de Justicia120.
61. PROVEA-CONVITE-ACSOL resaltó la falta de planificación y sostenibilidad de las políticas públicas en materia de vivienda121. La Defensoría recomendó fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que se repitieran situaciones de fraude y estafa inmobiliaria122.
62. Alrededor de cinco contribuciones apreciaron que el agua recibiera el reconocimiento de derecho humano en el ordenamiento jurídico y en las políticas en la materia, lo que había permitido la superación de la Meta del Milenio sobre cobertura de agua potable (a partir de 2001) y recolección de aguas servidas (a partir de 2005)123. El Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos indicó que en el 2009 la población con acceso al agua potable era de 95% y que el 84% se beneficiaba de la recolección de aguas saneadas124. Aguaclara manifestó que la deforestación, la contaminación de las cuencas de los ríos, el deterioro y poco mantenimiento de la infraestructura estaban causando fallas graves en el suministro y en la calidad del agua125. La Defensoría recomendó articular una política efectiva y gestión sustentable de los recursos hídricos126.
63. La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores recomendó que se atendieran las peticiones en relación con la calidad de agua que proveía la empresa C.A. Hidrológica del Hidrocentro y que cesaran las acciones intimidatorias y amenazas en contra de las organizaciones y ciudadanos que habían venido denunciando dicha situación127.
64. Alrededor de seis contribuciones resaltaron avances en la protección ambiental128.
7. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad
65. Más de 35 contribuciones resaltaron los esfuerzos en materia de educación primaria y secundaria, los cuales fueron destacados por la UNESCO en el año 2005129. Alrededor de otras 12 contribuciones indicaron que Venezuela era el segundo país de América Latina en tasa de matriculación universitaria130.
66. Alrededor de 37 informes alabaron los esfuerzos en materia de educación, tales como las campañas de alfabetización y los logros de las Misiones Sucre, Ribas, Robinson I y II, Cultura y Alma Mater131. La Asociación de Enfermeras del Plan Tres Mil recomendó la adopción de una Ley de Educación Universitaria132 y AEB el desarrollo de una universidad a distancia133.
67. La Defensoría recomendó profundizar la política de democratización del acceso a la educación universitaria e implementar mecanismos que favorecieran la participación de los integrantes de la comunidad universitaria en los asuntos internos que les concernían134. 68. La CIDH miró con preocupación que la Ley Orgánica de Educación otorgara a los órganos estatales un gran margen de control respecto de los principios y valores que debían orientar la educación135. ProVene recomendó implementar una cátedra de educación básica sobre derechos humanos136.
69. PROVEA-CONVITE-ACSOL indicó que persistían deficiencias en el sistema educativo en cuanto a la capacitación de los docentes y la infraestructura de los planteles educativos137. IIMA y VIDES International indicaron que según estadísticas públicas, la deserción escolar afectaba anualmente a 2 millones de niños138.
70. La Casa de las Culturas de la Patria Grande (CCPG) sugirió la creación de una ley que promoviera el desarrollo cultural139. La Fundación Venezuela Bolívar Música informó
acerca de la creación del Ministerio de la Cultura y el inicio de un plan nacional denominado Misión Cultura140.
8. Minorías y pueblos indígenas
71. La Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela, la Sociedad Homo Et Natura y la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (APIVEN-SHN-KUYUNU) reconocieron los avances políticos y legislativos y la participación de representantes indígenas. Sin embargo, manifestaron que el modelo desarrollista generaba conflictos con las poblaciones asentadas en territorios mineros, madereros, agroindustriales y agroestratégicos141. La Defensoría apreció el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana, así como el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, y recomendó avanzar en la producción de un diagnóstico preciso sobre la situación social y económica de las comunidades afrodescendientes y en la erradicación de la difusión de estereotipos que favorecían la discriminación racial, que aún eran visibles en los medios de comunicación142.
72. Alrededor de 14 contribuciones recomendaron que se promulgara una ley de cooperación y coordinación entre los gobiernos locales y las comunidades indígenas para fortalecer la participación indígena143. La Central de Mujeres Indígenas del Beni sugirió una mayor participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones144. Cimarrones sugirió la creación de un ministerio específico para atender las necesidades de la población afrovenezolana145.
73. La Universidad de Oklahoma señaló que para 2008 se había concedido títulos de propiedad únicamente al 1,6% de los terrenos considerados apropiados para la demarcación146. En alrededor de 20 informes, las organizaciones comunales agradecieron al Gobierno por el reconocimiento a sus derechos y por los títulos de tierras que había entregado a los indígenas147. La CIDH informó que pueblos indígenas habían sido víctimas de hostigamiento por parte de aquellos que buscaban expulsarlos de las tierras ancestrales que habían venido recuperando, quienes en ocasiones actuaban con apoyo de fuerzas estatales148. NBPM recomendó ofrecer garantías de seguridad a las poblaciones indígenas en el proceso de reasignación de territorios ancestrales149.
74. APIVEN-SHN-KUYUNU recomendaron implementar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas150.
9. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
75. La Defensoría reconoció los esfuerzos por garantizar a la población migrante mecanismos para el disfrute de sus derechos humanos a través de distintas misiones sociales y valoró positivamente el Decreto Presidencial 2823, que instauró en el año 2004 un proceso de regularización de extranjeros con el que 409.316 personas obtuvieron la naturalización151.
76. CDH-UCAB indicó que si bien la Constitución reconocía y garantizaba el derecho al refugio, la documentación otorgada para acreditar la identificación y estatus del solicitante de refugio resultaba inadecuada toda vez que impedía el goce de sus derechos en áreas como empleo formal, inscripción en el seguro social, certificaciones por estudios realizados y libre tránsito. Adicionalmente, aunque la ley contemplaba un plazo de 90 días para responder a las solicitudes de refugio, se producía un excesivo retardo en las decisiones y estas, en su mayoría, eran adoptadas sin suficiente sustentación de los motivos de la negación152.
77. La Asociación Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi-Bachue recomendó potenciar los principios de no sanción y de "non-refoulement" de cualquier persona a un territorio en donde su vida, seguridad o integridad se encontrara en grave
riesgo153 y sugirió mantener el apoyo al principio de no discriminación y confidencialidad de las personas migrantes y refugiadas que potenciaban la unidad familiar154.
III. Logros, mejores prácticas, retos y limitaciones
78. Alrededor de 12 contribuciones hicieron notar que el coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad del ingreso en los hogares, pasó de 0,44% en 2006 a 0,38% en 2010155. 79. Más de 90 contribuciones se refirieron a los logros en el campo de salud, la salud sexual y reproductiva, la educación y la reducción de la pobreza en cumplimiento de las Metas del Milenio156.
80. ANEC celebró que Venezuela hubiera cumplido con la meta del Milenio de llevar agua potable y servida al 95% y 84% de la población respectivamente157.
IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales
Recomendaciones específicas que deben ser objeto de seguimiento
81. Foro por la Vida indicó que se advertía inobservancia de recomendaciones de Relatores Especiales y Comités de Tratados de Naciones Unidas158.
82. CPTI señaló que Venezuela no había adoptado ninguna medida para aplicar la recomendación del Comité de Derechos Humanos (CCPR) relativa a la objeción de conciencia y al servicio alternativo sin discriminación159.
83. La CIDH informó que su última visita a Venezuela se llevó a cabo en 2002 y que, desde entonces, el Estado se había negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela160. 84. COFAVIC y ProVene manifestaron preocupación por el incumplimiento de las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos161.
V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica
85. La CIDH indicó que ante la problemática de las ejecuciones extrajudiciales, Venezuela había suscrito un acuerdo de cooperación con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente162.
Notas
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a national human rights institution with "A" status)
Civil society
AC Agora Constitucional, Caracas, Venezuela ACC Asociación Clara Campoamor, España;
ACCESO Acceso a la Justicia, Venezuela;
ACCR Asociación Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi-Bachue, España;
ACD11 Asociación Comunitaria Distrito 11 Macrodistrito 3 Periférica, La Paz, Bolivia;
ACMOR Asociación Comité Monseñor Oscar Romero, Madrid, España ACNU Asociación Cubana de las Naciones Unidas*, La Habana, Cuba
ACOTAR Asociación de Confeccionistas Tarija, Bolivia;
ADD-Llallagua Asamblea del Deporte - Municipio de Llallagua, Potosí, Bolivia;
ADECO Asociación para el Desarrollo Comunitario, Paraguay;
AEB Asociación de Estudios Bolivarianos, España;
AE-Plan 3Mil Asociación de Enfermeras del Plan Tres Mil, Santa Cruz, Bolivia;
AEQUITAS AEQUITAS, Venezuela;
AFEP Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Santiago, Chile Aguaclara Fundación Aguaclara, Venezuela;
AG-Villa Hayes Asociación de Gancheros de la Ciudad de Villa Hayes, Asunción, Paraguay;
AI Amnesty International*, London, UK;
AIR-Solidaridad Asociación Internacional de Refugiados "Solidaridad", Buenos Aires, Argentina
AMAS Club de Madres AMAS, Santa Cruz, Bolivia;
Amigos de la Cultura Fundación Amigos de la Cultura-Escuela de Música Mtro. Herminio
Giménez, Paraguay;
AMMS Asociación Mixto de Micro Snacks del Comercio Minorista en Comida al
Paso, Bolivia
AMPARAMPI Asociación de Mujeres Artesanas "AMPARAMPI", El Alto, Bolivia;
AMSXXI Asociación Mutual Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina ANAMURI Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Chile;
ANAUCO Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores "ANAUCO", Caracas, Venezuela
ANEC Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Cuba;
Asociación de
AP Amantes de Parranda, Trinidad and Tobago
ARMRLL Rentistas Mineros Regional – Llallagua, Potosí Bolivia;
ANROS Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, Venezuela;
APDHLP Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, La Paz, Bolivia;
APGCC Asociación de Profesionales Graduados de Cuba-Cochabamba,
Cochabamba, Bolivia;
APIMNE Asociación de Productores Integrales Misión Nueva Esperanza, Bolivia;
APV Asociación por la Vida, Santa Bárbara, Venezuela;
ARAPOTY ARAPOTY (Día de la Flor), Paraguay;
ASKAPENA Organización internacionalista vasca ASKAPENA;
Base de Paz Base de Paz de Montreal, Quebec, Canadá BCB Brigada Cipriano Barace, Beni, Bolivia
BECKET Fund The Becket Fund for Religious Liberty*, Washington, D.C., USA;
BHS Black Heritage Society, Texas, USA;
CAASB Cooperativa de Agua y Alcantarillado San Juan Bautista, Santa Cruz, Bolivia;
CAEAA Colectivo Autogestionario El Atoj Antoño, Bolivia;
CANEXPPCHILE Corporación Agrupación Nacional de ExPresas y ExPresos políticos de
Chile, Chile;
CAP Centro de Atención Psicosocial, Bogotá, Colombia;
CAP Consejo de Ayllus Originarios de Potosí, La Paz, Bolivia;
Casa del Alba Casa del Alba, Cochabamba, Bolivia;
CASA CASA de Maryland, Maryland, USA;
CASM Corporación para el Fortalecimiento de la Función Social Aury Sara
Marrugo, Colombia;
CC Asociación Civil Control Ciudadano, Caracas, Venezuela CCBU California Coalition of Barrios Unidos, California, USA;
CCDH Comisión Chilena de Derechos Humanos, Chile;
CC-Llallagua Comité Cívico Llallagua, Potosí, Bolivia;
CCMRS Corporación Casa de Miguel Red Solidaria, Santiago, Chile;
CCPG Casa de las Culturas de la Patria Grande, Santa Cruz, Bolivia;
CCSAM Comité Cívico de San Andrés de Machaca, La Paz, Bolivia;
CCSP Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, Las Canarias, España;
CCT Corporación Colombiana de Teatro, Bogotá, Colombia;
CDCT Coordinadora Departamental para el Cambio Tarija, Bolivia;
CDDH-Cojedes Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, Cojedes, Venezuela CDDHMEM Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos El Morro de Puerto
Santo, Sucre, Venezuela;
CDDHPD Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Lara, Venezuela
CDDHSF Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de San Francisco,
Sucre, Venezuela;
CDHBC Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de Brisas de
Campeche, Sucre, Venezuela;
CDH-UCAB Centro de Derechos Humanos-Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela;
CDOMJA Coordinadora Departamental de Organizaciones, Movimientos Juveniles y Autónomos de La Paz, Bolivia;
CDPD-PACHAKUTI Coordinadora Departamental de Personas con Discapacidad de La Paz
PACHAKUTI, Bolivia;
CEAAL Consejo de Educación de Adultos de América Latina Colectivo Bolivia;
CEIG Colectivo de Estudiantes Internacionalistas Guaraníes en Venezuela, Venezuela;
CELM Cooperativa Editorial La Mancha, Caracas, Venezuela;
CEM-UVC Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, Venezuela;
CEPRA Centro de Educación y Producción Radiofónica, Venezuela;
CESTRA Fundación Centro de Estudios e Investigaciones del Trabajo, Bogotá, Colombia;
CGTFB Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia;
Chajra Rung Masis Chajra Rung Masis, Cochabamba, Bolivia;
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Bolivia;
Cimarrones Cimarrones, Washington, USA;
CJCWT Casa Juvenil de las Culturas Wayna Tambo, Bolivia;
CM Coordinadora de la Mujer, La Paz, Bolivia;
CMIB Central de Mujeres Indígenas del Beni, Beni, Bolivia;
CMOS Coordinadora Mexicana de Organizaciones Solidarias con la República Bolivariana de Venezuela, México DF, México;
CMQT Cooperativa Minera "Qori Thuica", La Paz, Bolivia;
CMTA Coalición de Mesas Técnicas de Agua, Venezuela;
CMXX Cooperativa Minera Siglo XX, Potosí, Bolivia;
CNMCIOB BS Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas "Bartolina Sisa", La Paz, Bolivia;
CNRJB Confederación Nacional de Rentistas Jubilados de Bolivia, La Paz, Bolivia;
COB Central Obrera Boliviana, Bolivia;
COCIPOBOL Comité Cívico Popular de Bolivia, Oruro, Bolivia;
CODMPOT Coordinadora de Mujeres Populares de Tarija, Tarija, Bolivia;
COFAVIC Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989, Caracas, Venezuela;
Collectif Education Collectif Education, Quebec, Canadá;
Comedor Los Pibes Comedor Los Pibes, Venezuela;
CONALJUVE Confederación Nacional de Juntas Vecinales, Bolivia;
CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Bolivia;
CONAMYPE Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Venezuela;
Consejos Comunales (C.C.):
C.C. 1 de mayo, Táchira, Venezuela C.C. 12 de octubre, Portuguesa, Venezuela
C.C. 23 de enero Parte Baja calle 2, Táchira, Venezuela
C.C. 8 de febrero, Sucre, Venezuela
C.C. Admirable Garairepano 2010 la Ceiba, Venezuela C.C. Alfarería, Zulia, Venezuela
C.C. Alta Vista Sur, Bolívar, Venezuela C.C. Andes Sur, Zulia, Venezuela
C.C. Andrés Eloy Blanco 2, Zulia, Venezuela C.C. Andrés Eloy Blanco 3, Zulia, Venezuela C.C. Araguata Revolucionaria, Yaracuy, Venezuela C.C. Arturo Michelena I, Zulia, Venezuela C.C. Bahía Honda, Sucre, Venezuela
C.C. Barrero Boquerón, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Barrio "El Progreso", Zulia, Venezuela C.C. Barrio 17 de junio, Anzoátegui, Venezuela C.C. Barrio Alianza, Táchira, Venezuela C.C. Barrio Sucre Parte Alta, Táchira, Venezuela C.C. Barroso Arriba, Venezuela
C.C. Bethania 1, Zulia, Venezuela C.C. Bicentenario, Trujillo, Venezuela C.C. Blanquita de Pérez, Venezuela
C.C. Bloque 3 La Castra, Táchira, Venezuela C.C. Bolívar es Libertad, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Bolívar Guabina I, Zulia, Venezuela
C.C. Bomboná-Simón Rodríguez, Carabobo, Venezuela C.C. Brisas de Altagracia Sector IV, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Brisas de Ayacucho, Monagas, Venezuela
C.C. Brisas del Terminal del Estado de Yaracuy, Venezuela C.C. Buenos Aires del Estado de Yaracuy, Venezuela C.C. Buenos Aires del Estado Nueva Esparta, Venezuela C.C. Cacique Mara Mara II, Zulia, Venezuela
C.C. Caja de Agua, Guárico, Venezuela
C.C. Calle El Centro del Milagro, Táchira, Venezuela C.C. Calle Principal de "El Milagro", Táchira, Venezuela C.C. Calle Principal de Guayacancito, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Cambalache 3-1, Bolívar, Venezuela
C.C. Campeare, Sucre, Venezuela C.C. Campo Elías Unido, Zulia, Venezuela
C.C. Campo Mar, Manzana 3, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Campo Sural, Táchira, Venezuela
C.C. Caño Grulla, Venezuela
C.C. Caracas 2, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Casas Chinas, Monagas, Venezuela C.C. Centinela de la Popa, Táchira, Venezuela C.C. Cerromar, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Chaparral Los Pinos, Vargas, Venezuela C.C. Chávez "Nosotros si podemos", Zulia, Venezuela C.C. Claudio Gabino Uribe, Táchira, Venezuela C.C. Colinas de Guatiri, Trujillo, Venezuela C.C. Colinas de Tierra Blanca, Aragua, Venezuela C.C. Comunidad Laja Lisa, Amazonas, Venezuela C.C. Conaima Sur, Venezuela
C.C. Copey, Venezuela
C.C. Costa de Paria El Caruto, Venezuela C.C. Cottajiraawa, Zulia, Venezuela C.C. Cristóbal Colon I y II, Venezuela C.C. Cruz de Mayo, Zulia, Venezuela C.C. Cruz Revolucionaria, Zulia, Venezuela C.C. Cruz Sur 23, 24, 25, Lara, Venezuela
C.C. Cuji Negro, Guárico, Venezuela C.C. Danto I, Zulia, Venezuela
C.C. de Villa Rosa, Nueva Esparta, Venezuela
C.C. de la Comunidad de Cacuri, Amazonas, Venezuela
C.C. de la Población "Casco Central de Pueblo Nuevo, Zulia, Venezuela C.C. del Sector I Cachunchú Viejo, Sucre, Venezuela
C.C. Delicia Vieja I "El Gran Triunfo", Zulia, Venezuela C.C. Don Andrés Bello, Zulia, Venezuela
C.C. El 14, Zulia, Venezuela
C.C. El Bravo Pueblo, Trujillo, Venezuela C.C. El Cafetal, Venezuela
C.C. El Castaño, Venezuela C.C. El Cedro, Venezuela
C.C. El Chorro, Nueva Esparta, Venezuela C.C. El Collao, Venezuela
C.C. El Datil, Nueva Esparta, Venezuela C.C. El Gran Cacique del Hiranzo, Venezuela C.C. El Hatico, Venezuela
C.C. El Hoscón, Nueva Esparta, Venezuela C.C. El Hueco, Sucre, Venezuela
C.C. el Manco, Maracaibo, Venezuela
C.C. El Manguillo Sector 4, Nueva Esparta, Venezuela C.C. El Manguito 22-Hiranzo, Venezuela
C.C. El Menito, Zulia, Venezuela C.C. El Nazareno, Miranda, Venezuela C.C. El Porvenir Bolivariano, Sucre, Venezuela C.C. El Remolino, Zulia, Venezuela
C.C. El Renacer, Lara, Venezuela
C.C. El Troncón Agua Nueva, Guárico, Venezuela C.C. El Vegón, Táchira, Venezuela
C.C. Emprendedores de la Calle 1, parte baja, Táchira, Venezuela C.C. En la Unión esta la Fuerza, Bolívar, Venezuela
C.C. ES.NI.VA, Venezuela
C.C. Esfuerzo Comunitario, Carabobo, Venezuela C.C. Esfuerzos de Carrizales, Yaracuy, Venezuela C.C. Ezequiel Zamora, Venezuela
C.C. Federación I Bolivariano, Zulia, Venezuela C.C. Florencio Hernández, Yaracuy, Venezuela C.C. Francisco de Miranda Sector 3, Zulia, Venezuela
C.C. Garbiras Centro Batallón Socialista Cipriano Castro, Táchira, Venezuela
C.C. Garbiras-Centros, Táchira, Venezuela C.C. Guaica José Mariah Vargas, Venezuela C.C. Guaimaral, Táchira, Venezuela C.C. Guajira Chispero, Sucre, Venezuela C.C. Guaranache I, Sucre, Venezuela C.C. Guasina, Venezuela
C.C. Hato El Rincón, Zelia, Venezuela C.C. Helimena Fonseca, Zulia, Venezuela C.C. Hugo Chávez Frías, Aragua, Venezuela;
C.C. Humberto Celly 5.20, Carabobo, Venezuela
C.C. Indígena Buenos Aires de la Comunidad de Caripe, Venezuela C.C. Indígenas Tukuikunapa, Aragua, Venezuela
C.C. Jasaleu, Venezuela
C.C. Jerusalén Zona Franca, Venezuela C.C. Jerusalén, Monagas, Venezuela C.C. José Antonio Páez B, Venezuela
C.C. José Antonio Páez Sector I, Portuguesa, Venezuela C.C. José León Mijares I y II, Zulia, Venezuela C.C. Jovito Villalba, Nueva Esparta, Venezuela C.C. La Aguada, Nueva Esparta, Venezuela C.C. La Amistad, Sucre, Venezuela
C.C. La Barranca del Municipio Benítez. Sucre, Venezuela C.C. La Batalla 3 de enero, Zulia, Venezuela
C.C. La Cadena de Caripito, Monagas, Venezuela C.C. La Candelaria de Santa Rita, Aragua, Venezuela C.C. La Candelaria II, Yaracuy, Venezuela
C.C. La Coromoto, Venezuela C.C. La Cuchilla, Yaracuy, Venezuela C.C. La Estrella Naciente, Aragua, Venezuela C.C. La Garita, Trujillo, Venezuela
C.C. La Gran Familia, Venezuela C.C. La Lagunita, Aragua, Venezuela
C.C. La Llanada Sector 1, Manzana A, Sucre, Venezuela C.C. La Llanada Sector 2, Manzana 5, Sucre, Venezuela C.C. La Morrocoya Chapparralito, Guárico, Venezuela C.C. La Muchachera, Zulia, Venezuela
C.C. la Nueva Bonanza, Zulia, Venezuela C.C. La Nueva Unión, Zulia, Venezuela C.C. La Otra Banda, Venezuela C.C. La Paz, Táchira, Venezuela C.C. La Planta, Venezuela C.C. La Popular, Zulia, Venezuela C.C. La Pradera II, Yaracuy, Venezuela C.C. La Revolución Bonita, Táchira, Venezuela C.C. La Rosa, Sucre, Venezuela
C.C. La Sierra, Nueva Esparta, Venezuela C.C. La Tinta de San Marcos, Táchira, Venezuela C.C. La Unión de Palo Negro, Zulia, Venezuela C.C. Las Acacias 5B, Aragua, Venezuela C.C. Las Acacias, Sucre, Venezuela C.C. Las Afueras Tocuyano, Venezuela
C.C. Las Casitas de Pampatar, Nueva Esparta, Venezuela C.C. Las Delicias Parte Alta, Venezuela
C.C. Las Huertas de Camoruco, Venezuela C.C. Las Lomas, Zulia, Venezuela
C.C. Las Marías del Municipio la Trinidad, Yaracuy, Venezuela C.C. Las Marías I, Guárico, Venezuela
C.C. Las Nieves, Lara, Venezuela C.C. Las Parcelas, Monagas, Venezuela C.C. Limonal-Morichal, Sucre, Venezuela C.C. Limpia Norte 2, Zulia, Venezuela
C.C. Loma de Guerra, Nueva Esparta, Venezuela
C.C. Los Algarrobos Revolucionarios, Pueblo Nuevo, Venezuela C.C. Los Chichies, Zulia, Venezuela
C.C. Los Lirios, Miranda, Venezuela
C.C. Los Próceres de Torbes, Táchira, Venezuela C.C. Los Toros Sector II, Portuguesa, Venezuela C.C. Luis Herrera Campins, Yaracuy, Venezuela C.C. Machiri Parte Alta, Táchira, Venezuela C.C. Maimire Miraflores, Yaracuy, Venezuela C.C. Majayura Cacique Mara, Zulia, Venezuela C.C. Maniritos III, Anzoategui, Venezuela C.C. Mantuano, Yaracuy, Venezuela
