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Tema 5. Empleo
2 TEMA NÚMERO CINCO – Empleo
RESUMEN
“En la sociedad actual, el trabajo más allá de su connotación productiva, tiene un fuerte componente de identidad. Es el trabajo el que nos da de comer, el que nos permite sostener a la familia y procurarnos una mejor calidad de vida, es también la actividad que le da sentido a nuestra existencia, lo que nos define como personas, nos adscribe a un grupo de pertenencia y representa una razón para vivir”. (Tesis, Liliana Hames, 2015).
El ingreso de personal en la Administración Pública provincial ligado al Poder Político y la inexistencia actual de una carrera administrativa ha deteriorado la calidad de la prestación y la capacidad de gestión.
Como gobernantes fomentaremos el empleo genuino, los salarios dignos y el trabajo decente para los jóvenes, las mujeres, las personas discapacitadas y para todo aquel que lo necesite, en los tres poderes del Estado provincial.
Crearemos 35.000 puestos de trabajo en blanco por año y generaremos herramientas para que los jóvenes de nuestra provincia, puedan acceder a un trabajo digno y estable.
Crearemos nuevos Programas y perfeccionaremos otros como es el caso del PPP. Impuslaremos la capacitación permanente, la especialización y el profesionalismo de los agentes estatales.
Jerarquizaremos la carrera docente, la de los empleados de la salud y la de los policías de la provincia.
3 PROPUESTA
DIAGNOSTICO DE ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA MAGNITUD Y PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
Por las condiciones de ingreso ligadas al poder político y la inexistencia de una carrera administrativa efectiva, hay una evolución importante de la planta de personal de la provincia unida a un deterioro en la capacidad de gestión.
En la provincia de Córdoba, en el período 1999 – 2012, la planta de personal se incrementó un 65%, pasando de 72.528 empleados en 1999 a 119.967 empleados en 2012; es decir, 10 nuevos nombramientos por día durante esos 13 años.
Este incremento de personal evidencia en parte el proceso de precarización del empleo público provincial, y la prioridad dada al incremento de la cantidad de beneficiarios, a costa de generar que en promedio estos asalariados tengan un menor salario en términos relativos a otros sectores o provincias.
Si se compara con la provincia de Santa Fe, jurisdicción que entre los años 1999 -2012 incrementó un 16% su planta de personal frente al aumento del 65% que se observó en Córdoba en igual periodo, se observa que aquella provincia destina un mayor nivel de gasto por cada trabajador, implicando un nivel de salario provincia de mayor calidad.
Al analizar la serie se observa que al año 1992, la situación era favorable para un empleado público cordobés en comparación con un empleado de la provincia de Santa Fe. El costo salarial mensual promedio (a precios de 1992) en la provincia de Córdoba era de $6.439 frente a un costo salarial de $5.962 en Santa Fe. Esta situación es revertida luego del año 2003, donde se igualan el costo salarial en ambas provincias, para pasar a ser mayor en Santa Fe ubicándose en torno a los $11.100 en 2012, frente a los $8.900 registrados en Córdoba.
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Dado el incremento exponencial en la cantidad de empleados en Córdoba, el gasto salarial por más que se incrementó significativamente en el periodo, no pudo acompañar el crecimiento en la cantidad de empleados, sin lograr de esta manera asegurar un nivel de salario competitivo.
En comparación con la provincia de Santa Fe, al año 2012, en promedio, el nivel de salarios pagado por la administración provincial cordobesa era un 25% menor al observado en la provincia vecina.
La política descripta pone en evidencia la precarización de la función pública y el desprecio por la calificación del agente afectado al sector público el que no es seleccionado bajo criterios objetivos tendientes a la igualdad en el acceso y la idoneidad para la función; no es capacitado y promovido por sus méritos y, además, no percibe un salario atractivo. De esta manera, el sistema se transforma en un expulsor de profesionales y técnicos de primer nivel, quienes o bien no son captados o, si lo son, son tentados fácilmente por el mercado privado ante la depresión de los salarios públicos.
Como contrapartida, los agentes cuyo ingreso y estabilidad se vincularon solo a la lealtad político partidaria que manifestaran o el nepotismo, a menudo no son asignados a dependencias para las cuales sean competentes desaprovechando el potencial existente pero ignorado ante la falta de mecanismos de admisión y seguimiento que los detecten. En situación de salarios deprimidos y sin incentivos para promoverse en base a la capacitación y el mérito, estos agentes recurrirán a empleos adicionales.
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Como puede observarse estos escenarios, como otros múltiples que se registran en la administración pública, atentan contra la capacidad estatal y promueven bolsones de ineficiencia y hasta de corrupción.
PROPUESTAS DE EMPLEO
o Crearemos 35.000 puestos de trabajo en blanco por año.
o Perfeccionaremos el Programa Primer Paso (PPP), sumándole beneficios: una vez que se haya concluido el período de capacitación de 12 meses, el Estado se hará responsable por un año de los aportes patronales y de la obra social si la empresa decide contratar al empleado.
o Generaremos herramientas para que los jóvenes puedan acceder a un trabajo digno y estable.
o Implementaremos una política de Recursos Humanos que disminuya la
designación masiva de nuevo personal sin justificación funcional adecuada.
Mejoraremos los ingresos del sector público procurando la especialización, productividad y profesionalismo
o Impulsaremos una reforma del actual régimen que regula el servicio civil del
estado cordobés que involucre por lo menos las siguientes acciones:
La aplicación de una legislación con criterios normativos unificados del servicio civil para aquellas áreas del estado descentralizado que carezcan de una normativa al respecto.
El cumplimiento efectivo de la legislación vigente en materia de la carrera administrativa basada en el mérito y el concurso público y abierto de antecedentes y oposición. La instrumentación de capacitaciones y medición de resultados como condición para la promoción.
La disposición de una normativa orgánica del Estado dispuesta por Ley y no por Decreto, que establezca el diseño y las funciones no solo de los cargos ministeriales sino que se extienda a las secretarias y direcciones.
Propiciaremos una reorganización de funciones y fines políticos de las actuales Agencias, a las que se propone reconvertirlas; Empresas y Entes estatales que cumplen similares o idénticas tareas a otras áreas del Estado. Implementaremos una política de recursos humanos que disminuya la
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a la par que mejoraremos los ingresos del sector público procurando la especialización, productividad y profesionalismo de la burocracia.
Sancionaremos una Ley de Ética Pública, que disponga entre sus premisas principales:
La ampliación de los funcionarios obligados a presentar la declaración jurada incluyendo los jefes de Unidades Regionales y Jefes de Comisarías; todo personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones y recepción de bienes, participe en licitaciones y concursos; a los jefes de personal y recursos humanos; los síndicos, contadores y directores de los entes del Estado.
Prohibiremos la utilización en la publicidad oficial del nombre de los funcionarios responsables de la gestión, restringiendo su uso a campañas de carácter educativo, informativo o de orientación social, en lugar de la promoción personal de los funcionarios.
La publicación en el sitio web de la provincia de las declaraciones juradas en tiempo y forma, así como en las páginas web oficiales de los organismos en los que se desempeñe cada funcionario declarante. La determinación de prohibiciones e incompatibilidades del funcionario,
que contemple situaciones de conflicto de intereses y períodos de inhibición a fin de resguardar la imparcialidad en las decisiones.
La previsión de sanciones efectivas y adecuadas a la naturaleza y envergadura del incumplimiento.
La conformación de equipos técnicos especializados y dotados de recursos para la auditoría y control de las disposiciones previstas en la ley.
La invitación a municipios y gremios para que adhieran a las disposiciones de la norma, en particular, en el caso de estos últimos, respecto del régimen de declaraciones juradas.
o Jerarquizaremos la carrera docente a través de la sanción de una Ley de Fomento de la carrera docente y su profesionalización.
o Proponemos generar incentivos salariales y laborales para profesionales
médicos especializados en obstetricia, ginecología, pediatría, neonatología y
7 o Impulsaremos la promoción de la igualdad de oportunidades para la mujer en el ámbito laboral público y/o privado, promoviendo la aplicación del principio de igual salario para trabajo de igual valor, sin distinción de género.
o Impulsaremos la inclusión laboral, educativa al trabajo, a la vivienda y a la justicia del colectivo transexual-travesti-trangénero.
o Propiciaremos la realización de un Censo sobre la cantidad de personas con discapacidad incluidas en la planta de personal del sector público y/o privado (propuesta de la ONG Derecho sobre ruedas).
o Promoveremos la adhesión provincial a la Ley N° 25689 de Inclusión de personas con discapacidad, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4 % de la totalidad del personal de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. (propuesta D. S .R y Tesis Cra.Liliana Hames).
