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SOBRE LA JUSTIFICACIOhI DE LA AUTORIDAD

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Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

(2)

UNIVERSIDAD DE ALICANTE FACULTAD DE DERECHO

SOBRE LA JUSTIFICACIOhI DE LA AUTORIDAD

ANGBLES RODENAS CALATAYUD

r$'i'í

(3)

S O E T R . E I - A J I J S I T I F - I C A C I C ) ¡ I DE I-A AI.'TOR.TDAD

Angeles Ródenas Calatayud

Tesis presentada para Ia colación del grado de doctora en Derecho, realizada bajcl la dirección de los Drs. Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero.

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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INDTCE

NOTA PRELII.IINAR V

PARTE I

CUESTIOITES GENERATES

CapÍtulo I. CONCEPI1C Y CONCEPCIOIÍES DE LA AIIIORIDAD 1

2. EL CONCEPTO DE AUTORTDAD LEGITIMA

3. LAS CONCEPCTONES NORI'{ATIVAS DE LA AUTORIDAD POLÍTICA.

ALGUNAS CONSIDERACIONES METAETICAS 20

a) Noción de teorfa normativa y reguisitos mfnimos de

v i a b i l i d a d . 2 I

b) Funciones de las teorfas normativas 25

b.l- Funciones conceptuales 26

b.2 Funciones prescriptivas 28

c) Peligros de las teorfas nornativas 32

c . l - E I h i p e r r e a l i s m o . 3 3

c . 2 E I u t o p i s m o i l e g f t i n o . 3 6 ].. EL CONCEPTO DE AUTORIDAD

ACEPTACTON DE UNA AUTORIDAD a) EI concepto de autoridad b) Los juicios de aceptación

EFECTTVA Y LOS JUICIOS DE

efectiva 4

d e u n a a u t o r i d a d . . . I

I.A AIITORTDAD EXCLUSI\rIDADN

6 2 1_3

CapÍtulo II. JIISTIFfCACIOIÍES I,IAS TRECUENTES DE POtITTCA. TUNDA}TETflTACIOI{ DE I.A IIPREIENSIOI{ DE Y DE I,A NPRETEI{STON DECORRECCTONN

1. JUSTIFTCACIONES BASADAS EN RASGOS FORMALES DEL SISTEMA P O L I T I C O

a ) L a i g u a l d a d f o r m a l

b) El consentirniento

2. JUSTIFICACIONES BASADAS EN LOS EFECTOS DE LAS DECISIONES POLTTTCAS

a ) J u s t i f i c a c i o n e s q u e no requieren I a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a s

preferencias de los sujetos

b) Justificaciones que requieren la transformación de las preferencias de los sujetos

3 . C O N C L U S I O N E S

4 0

4 3 4 4 5 0

CapÍtuIo AIINORIDAD

6 4 7 2 8 0

8 9 IIT.JI]STTFICACIOIT DE I.A PRETEI{SION NORUATIVA DE I,A

(5)

9 3 9 4 t - 0 0 1 . L A

a ) L a b ) L a

PRETENSION NORMATIVA DE LA AUTORIDAD POLTTICA tesis de Ia correlatividad

tesis de 1a suspensión 2. LA PARADOJA DE I"A AUTORTDAD a) Los presupuestos

a.l-. La tesis sobre la autoridad

1 0 5 l - 0 6 t 0 6 a . 2 . L a t e s i s s o b r e I a a u t o n o ¡ n f a l - 0 8

b) La paradoja l-l-l-

3. ALTERNATTVAS A I"A PARADOJA DE I,A AT]ITORIDAD . ].]-5 a) Alternativas a Ia tesis sobre Ia autoridad . 1,15

a.l- Alternativas a la tesis sobre eI derecho a rnandar l-l-8 a.2. Alternativas a la tesis sobre la correlatividad 3-2L a.3. Alternativas a la tesis sobre las razones protegidas L22 b) Alternativas a la tesis sobre Ia autonomÍa . L26

4. CONCLUSIONES . L29

Capftulo fV. AIIIORIDAD Y DERECIIO .. . . .. ... L33 1. LA GENERACION DE NORMAS Y LA NOCION DE AIITORIDAD

r . 3 4

L 4 3 2. LA PRETENSION DE AUTORIDAD DEL DERECHO

a) La naturaleza del Derecho como rrsistema normativo

institucionalizadott L47

b) El razonamiento jurfdico justificativo l-51-

c) La ldentificación de1 Derecho L63

PARTE rI

ATITCIRIDAD Y RAZOI{ PRACTICA

AITALISIS DE DOS IÍODETPS DE JUSTIFICACION

Capftulo V. ATIIORIDAD Y RAZOñES PROTEGIDAS. EL llODEt¡ DE

JOSEPH RAZ . L76

1- . ARGUI'ÍENTOS CONCEPTUALES. LAS DIRECTMS AUTORITATMS CoIr{O

RAZONES PROTEGIDAS L78

a) Cuestiones previas: EI entramado raziano de razones para Ia

a c c i ó n . L z 9

b) Algunos descartes iniciales . L87

b.L Las directivas autoritativas no son razones para Ia

creencia L87

b.2 Las directivas autoritativas no son razones de primer

orden cualificadas L92

c) El argumento conceptual en favor de las razones protegidas l-98 2. ARGUI'{ENTOS JUSTTFICATIVOS. LA CONCEPCION DE IA AUTORIDAD

coMo sERvIcIo 202

a) La tesis de Ia dependencia 2O4

b) La tesis de la justificación normal zLz

c ) L a t e s i s d e 1 r e e m p l a z o . 2 L s

rr

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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3. LA OFENSIVA CONTRA LA CONCEPCION DE I,A AUTORTDAD CO},IO

SERVICIO 223

a) Los supuestos de incertidumbre parcial y Ia concepción de

la autoridad basada en reglas indicativas 224

b) Los problemas de coordinación y la concepción de Ia

creación de un curso de acción sobresaliente 25o

4. ARG{JMENTOS SECTTNDARIOS. LA JUSTIFICACION DE LA AUTORIDAD

DEL ESTADO . 272

a) Los lfrnites de la justificación normal 272

b) EI argumento de1 consentimiento 277

c) E1 argumento del respeto por el Derecho 283

d) La obligación de apoyar y sostener instituciones justas 289 e) Recapitulación: Sobre la justificación del Estado y de su

autoridad polftica 291,

5. CONCLUSTONES . 294

Capftulo VI. EL VAIOR EPISTEI,IOIOGICT DE LA DEIIOCRACIA.

E L i l O D E I O D E C A R I O S S . i l r i l O . . . 3 A 2

].. PLANTEAMIENTO INICIAL Y PUNTO DE PARTIDA 3O4

a ) E l p l a n t e a m i e n t o i n i c i a l : L a r e s o l u c i ó n d e f t l a p a r a d o j a d e

Ia irrelevancia moral de la forma de gobiernorl 3 0 4 b) EI punto de partida: La democracia como rrsucedáneorr del

discurso moral 3LO

2. LA TENDENCIA DEL PROCEDTMIENTO DEII{OCRATTCO A I,A CONSECUCTON

DE LA IMPARCIALIDAD 316

a) La tendencia individual hacia la imparcialidad 3l-6 a.l- EI conoci¡niento de los intereses ajenos 31"6 a . 2 L a d e m a n d a d e j u s t i f i c a c i ó n 3 1 8 a.3 La detección de errores fácticos y lógicos 323

a.4 Factores emotivos 324

a.5 La negociación subyacente aI proceso democrático 327 b) La potenciación colectiva de la tendencia hacia la

i m p a r c i a l i d a d 3 2 7

b.l, EI teorema de Condorcet 329

b.2 La satisfacción de Ia agregación de intereses 329 3. EL VALOR ATRTBUIBLE AL PROCEDIUIENTO DEMOCRATICO: DEL VALOR ONTOLOGTCO AL VALOR EPISTEMOLOGIEO DE LA DEMOCRACIA 332

a) El valor ontológico de 1a de¡nocracia 333

b) El valor epistemologico de la democracia 34L

4. LA TESTS DEL VALOR EPTSTEIT{OLOGTCO DE I,A DEMOCRACTA 351 a) El valor epistemológico instrumental, Do exclusivo,

relativo y comparativo de1 procedimiento dernocrático 351 b) EI valor episternólogico excluyente del procedimiento

dernocrático 356

5. CONCLUSIONES 368

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CONCLUSTONES GENERATES 376

BTBLTOGRAFTA CTTADA 4I2

I V

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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NOTA PRELTMTNAR

La génesis remota de este trabajo se remonta a mi riltirno curso de licenciatura, en eI que inicié la elaboración de una tesina -que habrfa de presentar en octubre de l-990- sobre eI problema de la justificación de la democracia en Ia literatura iusfilosófica españoIa e iberoamericana contemporánea. Cuando me fue sugerido el tema no pude evitar tener iniciarnente Ia

impresión de que se me proponfa un trabajo argo alejado de ro que yo entonces consideraba er Hnúc1eo durot de los saberes atribuidos a nuestra área: Ia teorÍa del Derecho. pero ya durante 1a elaboración de Ia tesina fui adquiriendo ra convicción de que en la zona de intersección entre la teorfa del Derecho y Ia filosoffa polÍtica se alojaba un buen nrlmero de probremas capitales para ambas disciplinas e incluso que un tratamiento adecuado de los mismos aconsejaba borrar puntuarrnente las fronteras que usualmente se trazan entre amlras disciprinas. De ahÍ gue 1a sugerencia de prolongrar esta rfnea de investigación, dedicando ni tesis doctorar a ra justificación de La autoridad, fuera ya acogida por rnÍ sin ninguna reticencia, pues quizás sea este tema e1 que muestra que Ia distinción entre t'problemas de filosofÍa polfticarr y 'rproblemas de teorfa del Derecho' no siempre es tan rfgida como a veces se ha pretendido.

Este trabajo se divide en dos grandes partes. En la prirnera estudio algunas cuestiones generales relacionadas con

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Ia fundamentación de la autoridad, y €D Ia segunda me ocupo del análisis de dos concepciones normativas sobre Ia ¡nisma:

Ia 'rconcepción de la autoridad como servicio[ de Joseph Raz y Ia tttesis del valor epistenológico de la democraciarr de Carlos S. Nino. Como acabo de indicar, en 1a primera parte del trabajo he intentado trazar una panorámica general sobre Ias cuestiones inplicadas en la justificación de la autoridad.

Así, he tratado de abordar, en primer lugar, las dificultades que plantea Ia elaboración de un concepto de autoridad que sea fecundo y, al mismo tiempo, aceptable con independencia de Ia concepción de Ia autoridad que cada uno sustente. En segrundo lugar, he intentado clarificar algunas de las pretensiones de Ia autoridad polftica que deben ser diferenciadas a Ia hora de elaborar una concepción normativa de la misma (pretensiones que no siempre aparecen bien distinguidas en la literatura aI uso). También me he esforzado en precisar con Ia mayor claridad posible cuál es eI principal elenco de problemas q[ue plantea Ia justificación de Ia autoridad polftica (de Io que son buena muestra eI problema de Ia irrelevancia de la forma de gobierno, o Ia paradoja de la autoridad). Finalmente, he tratado de mostrar Ia relevancia de Ia noción de autoridad para la teorfa de1 Derecho.

Por supuesto que mi punto de vista sobre estos temas no es excesivamente personal ni innovador. Mi anáIisis se asienta sobre un planteamiento de estas cuestiones que es más o menos comúnmente cornpartido por Ia literatura estándar. A grandes rasgos, puede afirmarse gue un aspecto caracterfstico de esta literatura es articular su análisis de las relaciones de autoridad partiendo del punto de vista de1 agente racional que

V I

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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acepta la pretensión (o pretensiones) de legitimidad de cierta autoridad. Esta forma de abordar las relaciones de autoridad sugiere ciertas semejanzas con Ia empleada por los rnodelos de anáIisis del Derecho que dan primacÍa aI llamado ttpunto de v i s t a i n t e r n o r r .

Como ya he seña1ado, €tr Ia segrunda parte del trabajo he llevado a cabo eI análisis de dos concepciones de Ia autoridad polÍtica que me parecen singularmente relevantes: Ia concepción de Ia autoridad como servicio de Joseph Raz y la tesis del valor episternológico de Ia democracia de Carlos S.

Nino. Adrnito que al realizar esta acotación es mucho lo que he dejado fuera. No he tratado, o aI nenos no Io he hecho con Ia profundidad y rigor que merecen, un importante conjunto de concepciones sobre 1a autoridad polftica cuya relevancia está fuera de toda duda (baste con recordar Ia enorme repercusión que han tenido, entre otras, fas concepciones de autores de Ia importancia histórica de John Stuart Milt o Jean Jacques Rousseau, o de autores tan en boga hoy en dÍa como John Rawls o Robert Dahl). El problema. de Ia fundamentación de Ia autoridad es casi tan antigruo como la historia de Ia filosoffa y ha conseguido preocupar a un buen número de sus pensadores.

Hoy en día, la inmensa bibliografÍa exÍstente respecto de la justificación de la autoridad dernocrática es buena prueba de que eI probleura sigrue siendo central. De ahÍ que una de las formas más factibles en las que me parecfa posible abordar este te¡na consistfa en l-initar a dos las concepciones que iban a ser el centro de nni tesis doctoral. Ue queda aI menos el consuelo de que las dos concepciones de las que me ocupo en Ia segunda parte de este trabajo me parecen de un interés

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indudable. La concepción de 1a autoridad como servicio de Joseph Raz es Ia inevitable piedra de toque de un buen número de poIénicas que en los rlltirnos tiempos se han suscitado, Do sóIo en eI campo de la filosoffa polftica, sino, de forma especialmente significativa, €D e1 campo de la teorfa de1 Derecho.

con respecto a Ia tesis del valor epistemológico de Ia democracia de Carlos S. Nino, cabe decir otro tanto.

Probablemente uno de los aspectos más sobresalientes de la vasta producción iusfilosófica de Carlos S. Nino sea la profunda interrelación que existe entre las tesis sostenidas por este autor en cuestiones relacionadas con disciplinas tan diversas como Ia ética, Ia teorfa de1 Derecho o Ia fitosoffa polftica. Esto es asf hasta eI punto que toda su amplia obra parece asentada sobre unas mismas tesis de fondo que dotan de coherencia interna aI conjunto del edificio.

Y es q[ue, si algún rasgo es caracterÍstico de los dos autores de los que me ocupo en la segunda parte de este trabajo, €s su interés -considerado como virtud por algunos y como defecto por otros- por poner en relación Ia teorfa del Derecho con Ia filosoffa polftica, bien intercambiando los instrumentos conceptuales de los gue se . vale una y otra disciplina, bien traspasando eventualmente los lfnites de una de ellas para buscar respuesta en la otra a preg.untas que, de otra forma, quedarfan sin contestación.

Quisiera, antes de concluir esta nota prelirninar, expresar ¡ni agradecimiento a los mLembros del Area de Filosoffa deI Derecho en la gue me integro: Manuel Atienza,

V I I I

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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Juan Ruiz Manero, Josep Aguiló Regla, Francisco López Ruiz, Juan Antonio Pérez LLedó, Daniel Gonzalez Lagier, fsabel L i f a n t e V i d a l , P a b l o L a r r a ñ a g a M o n j a r a z , V i c t o r i a R o c a P é r e z y Juan Antonio Cruz Parcero. Tengo Ia enorme fortuna de desarrollar ni trabajo aI lado de un conjunto de personas verdaderamente excepcional. A todas ellas 1es estoy muy agradecida por Ia ayuda y la disponibilidad que en todo momento han mostrado hacÍa tnÍ, pero no puedo dejar de mencionar a aIg'unas de ellas con las que me siento particularmente en deuda. Estoy especialmente obligada con Daniel GonzáIez Lagier, por haber contribuido a hacerme más Ilevadera la Iógica tensión de un final de tesis, aliviando considerablemente rni carga docente, y con Juan Antonj-o Peréz Lledó, gü€ se vió cornplicado más de una vez durante su estancia en Harvard con requerimientos de bibliografÍa que é1 siempre hacÍa todo Io posible por atender. Tanbién quiero expresar mi agradecirniento a Josep aguiló Regla quien, con Ia sensatez y buen juicio gue Ie caracterízan, r€ ha forrnulado observaciones gue me han sido de gran utilidad.

Pero sobre todo quisiera mostrar mi agradecimiento a las dos personas que dirigen el Area de Fil-osofÍa del Derecho y que han sido tarnbién Ios directores de este trabajo. Su i n t e l i g e n c i a , s ü d e s t r e z a d i a l é c t i c a y s u s c o n o c i m i e n t o s y a me deslumbraron cuando, siendo estudiante, tuve ocasión de participar en eI seminario que inpartÍa eI área. Esa experiencia me marcó de forma tan profunda como para haber deterninado mi futuro académico y profesional. Por todo ello, se comprenderá que para rnÍ es una enorme fuente de satisfacción eI haber culninado este trabajo bajo Ia dirección

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de las dos personas a quienes considero mis maestros: Manuel_

Atienza y Juan Ruiz Manero.

Alicante, 3-5 de Octubre de l_995

X

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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PAR.:PE PR.I}4[ER.A

CT.rES TIO¡ÜES GE¡üERA.I,ES

(15)

C a p Í t u l o I

CONCEPTO Y CONCEPCIONES DE LA AUTORIDAD

Aunque este trabajo versa fundamentalmente sobre el_

análisis de las teorfas normativas de ra autoridad polÍtica, parece que antes de iniciar tal estudio serfa conveniente intentar precisar qué es una autoridad. Este es precisamente er propósito de ras dos prirneras secciones de este capfturo, dedicado aI concepto de autoridad. Debo advertir de entrada gu€, aungue la refrexión que voy a realizar en este capfturo se centra principarmente en el concepto de autoridad en general, Ias autoridades de las que me ocupo en Ios restantes capftulos son las autoridades jurfdico-polfticas, entendiendo por tales a los órganos decisorios de Ias instituciones polfticas del Estado (er Gobierno, la cámara o cámaras l e g i s l a t i v a s , I o s . j u e c e s y t r i b u n a l e s , e t c . ).

La tarea de clarificar el concepto de autoridad no es nada sencirla. EI anárisis del concepto de autoridad revela serios problernas gue dificultan considerablemente una labor de reconstrucción que desemboque en una definición que resulte, a la vez, informativamente útir y aceptable por todos. En la primera sección se da cuenta, en primer térnino, de ros problemas con 1os que se enfrentan quienes pretenden elaborar un concepto de autoridad efectiva que no presuponga Ia aceptación de su autoridad. Veremos que Ia noción de autorj-dad efectiva se revera¡ €D la literatura ar uso, como conceptualmente dependiente respecto del reconocimiento de ra

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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legitinidad de Ia autoridad. ElIo nos llevará a concluir que no es posible dar cuenta de 1o que es una autoridad efectiva sin referirnos a la aceptación de su legitimidad. La gente manifiesta su reconocimiento de una autoridad por medio de

juicios del tipo rrX es una autoridad legÍtinarr o rrla autoridad de X está justificadatr. En segundo térnino, Ia sección tiene por objeto el examen de estos juicios predicativos mediante los cuales la gente expresa su aceptación de la autoridad de una persona.

Vistas las dificultades gue supone elaborar un concepto puramente descriptivo de autoridad, en la sección segunda me centraré en eI análisis del concepto de autoridad legftina.

Trataré de plantear con mayor deteni¡niento qué es 1o que se acepta cuando se considera que la autoridad de alguien está

justificada. Pero de nuevo aquf las cosas no se nos presentarán fáciles. Parece que eI esclarecimiento del concepto de autoridad legftina es una tarea anterior e independiente de Ia articulación de una concepción acerca de su legitinidad. No obstante, veremos que, con frecuencia, Ia reconstrucción de1 concepto de autoridad legftima depende de la concepción que se adopte sobre su justificación racional.

Lo gue -rnucho me temo- supondrá un nuevo obstáculo para el esclareci¡riento del concepto de autoridad Iegftima. No obstante, dI menos trataré de realizar una caracterización provisional de este concepto, partiendo de lo que usualmente se entiende que una persona reconoce cuando acepta a otra como autoridad legftima. En todo caso, gueda abierta Ia posibilidad de que el anáIisis de las principales concepciones normativas sobre la autoridad nos muestre el carácter irracional de

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alguno de los aspectos que se reconocen cuando se acepta la autoridad de alguien, o bien gue hay rasqos distintivos de la noción de autoridad legÍtina que fueron pasados por alto.

Finalmente, en la última sección de este capftulo, introduciré algunas consideraciones metaéticas sobre Ias concepciones normativas de la autoridad. Trataré de explicar en qué consisten las concepciones normativas de ra autoridad polftica y cuáles son sus requisitos mfnimos para que puedan considerarse teorfas viabres y útites. Asf mismo, criticaré dos actitudes metodológicas contrapuestas -el

"hiperrealismo,r y eI trutopismo ilegftirno"- cuyos defectos provienen de incumplir tales requisitos.

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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L. EL CONCEPTO DE AUTORIDAD EFECTIVA Y LOS JUTCIOS DE ACEPTACION DE UNA AUTORIDAD.

a) El concepto de autoridad efectiva.

Aparentemente, üD buen punto de partida para el esclarecimiento del concepto de autoridad serfa intentar definir qué es una autoridad de hecho o efectiva. Se tratarfa de elaborar un concepto puramente descriptivo de Ia noción de autoridad, dejando a un lado gué es lo que se entiende por autoridad legftina o justificada. Bastarfa para el1o con precisar los rasgos que nos permiten inferir que nos encontramos ante una autoridad de hecho. Estos rasgos los poseerfan en común todas las autoridades, legftirnas o no.

Pero, como sostiene Razr, esta pretensión choca con un obstáculo inmediato, puesto que una persona tiene autoridad efectiva o de hecho sólo si las personas sobre las cuales tiene autoridad Ia consideran autoridad legftima=. Sostener

' Cfr. J. Raz, La autoridad del derec_ho. Ensavos sobrq derecho y rnoral (trad. de R. Tamayo Salmorán), ttNAU, México, L 9 8 2 , p á g s . 4 5 y s s .

' E n n u e s t r a t r a d i c i ó n f i t o s ó f i c o - p o l f t i c a q u i z á e s m á s usual utilizar las expresiones r'legitimaciónrr y ttlegitimidadtl de la autoridad que los térninos rrautoridad efectivatt y f'autoridad legftimarr. Por ejenplo, Elfas Dlaz sostiene que Ia legitinidad puede tomarse como rrtérmino equivalente al de justificación (del Derecho y del Estado)r' y gue la legitimación fralude aI hecho social de la aceptación o no de una legitinidadr' [cfr. Elfas Dlaz, De Ia maldad estatal y Ia s o b e r a n f a p o p u l a r , D e b a t e , M a d r i d , L 9 8 4 , p á g s . 2 2 y 2 6 1 . E n todo caso, como puede advertirse, anbos pares de conceptos son perfectanente equivalentes. Cfr. tanbién E. Garzón Valdés, rrAcerca del concepto de legitinidad'r, Anuario de Derechos H u m a n o s ¡ t f a d r i d , n ú m . 5 , 1 9 8 8 - 8 9 , p á g s . 3 4 3 - 3 6 6 . S o b r e l a

(19)

que alguien es una autoridad efectiva implica conceder que su pretensión de ser autoridad legftirna es reconocida por un número suficiente de personas'. Por 1o tanto, ün factor común a todas las autoridades efectivas (jurfdicas, polfticas, religiosas, etc. ) es que ellas presuponen la creencia por parte de algunos en que Ia persona en cuestión tiene autoridad legrf timao.

En resumen, diffcilrnente podremos dar cuenta de Io que es una autoridad efectiva sin referirnos a la creencia en su legitimidad. Este serfa, precisamente, €l rasgo fundamental que nos pernite inferir que nos encontramos ante una autoridad de hecho. Rasgo deI gue no pueden dar cuenta quienes pretenden forrnular una noción de autoridad de hecho que no presuponga eI reconocimiento de su legitinidad por un nrimero significativo de personas. De rnanera que la aceptación de Ia Iegitinidad de Ia autoridad serfa un aspecto aI eue necesariamente deberfamos hacer referencia a la hora de precisar eI concepto de autoridad de facto.

Precisamente a partir de esta relación entre Ia aceptación de la legitinidad de la autoridad y el concepto de autoridad de hecho, algunos autores infieren gue la noción de autoridad efectiva es conceptualmente dependiente de la de

equivalencia que acabo de señalar cfr. J.C. Bayón, La nornatividad del derecho: deber jurfdico y razones para la acción, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, L99L, p á 9 . 6 1 - l - .

" En el capftulo cuarto, al referirne a las autoridades jurfdicas, expondré los natices con los que hay que entender dicho reconocirniento de autoridad.

'J. Raz, La autoridad de1 derecho. Ensayos sobre derecho y m o r a l , c i t . , p á 9 . 4 6 .

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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a u t o r i d a d l e g Í t i m a o j u s t i f i c a d a , y n o a I r e v é s u . o , l o q u e es 1o mismo, güe decir de alguien gue es una autoridad de hecho implica afirmar que es reconocido como autoridad legftima. Me parece que para realizar tal inferencia hay que presuponer necesariamente algunas cosas. En primer lugrar, hay gue presuponer gue cuando expresamos eI reconocimiento de la legitinidad de una autoridad mediante enunciados del tipo ttX es una autoridad legÍtinarr o trla autoridad de X está justif icadarr, en gteneral atribuiuros algún signif icado a estos términos distinto de la mera expresi.ón de un estado de ánimo o un sentimiento, aunque -como vamos a ver- el significado que atribuyamos a tales térninos puede ser imposible de justificar racionalmente. En segundo lugar, Id afirmación de que la noción de autoridad efectiva es conceptualmente d.ependiente de la de autoridad legftima presupone que los sentidos que los diferentes individuos atribuyen a }os términos gue manifiestan su reconocimiento de una autoridad, aunque difieran parciahnente, tienen una unidad suficiente como para que se pueda decir Elue estos sujetos manejan un mismo concepto de autoridad legftima, aungue -como veremos en la siguiente sección- éste sea vago o impreciso".

u cfr. J.c. Bayón MohÍno, La normatividad del derecho:

d e b e r j u r Í d i c o y r a z o n e s p a r a I a a c c i ó n , c i t . , pá9. 609 y J.

Raz, La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, c i t . , p á g s . 2 3 y 4 5 .

" En eI caso de Raz ambos presupuestos estarfan inplfcitos en su tesis de la dependencia del concepto de autoridad efectiva del de autoridad legftina. En cambio, €D el caso de Bayón parece que es posible descubrir de forma más explfcita ambos presupuestos en eI siguiente párrafo: rrQué duda cabe que cuando hablamos de lautoridad' o de rautoridad legftirna' atribuimos algrun significado a estos términos -y ello nos permite, €[ algunos casos claros, afirmar resueltamente que tal o cual propuesta de explicación del concepto de autoridad legftiraa no se corresponde en realidad

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A1gún escéptico en ética podrÍa oponerse a la tesis del carácter dependiente de Ia noción de autoridad efectiva con respecto a la aceptación de Ia legitinidad de Ia autoridad, sosteniendo que taI aceptación presupone Ia existencia de principios ideales que justifiquen en úItima instancia a la autoridad. Para el escéptico los principios morales serfan pura expresión de preferencias subjetivas no fundamentables.

Y como eI reconocimiento por parte de la gente de Ia legritinidad de una autoridad presupone, en últino extremo, tales principios, eI escéptico propugnarfa una noción de autoridad de hecho independiente de la de autoridad legftirna.

Pero esta crftica serfa un tanto inoportuna, ya que puede caracterizarse la relación entre 1a noción de autoridad efectiva y la aceptación de la legitiruidad de la autoridad sin hacer mención alguna a que estos principios existan o sean cogrnoscibles, de manera que la cuestíón, por el momento, quede abierta. Reconocer gue 1a aceptación por parte de Ia gente de la legitimidad de una autoridad se basa en principios morales, no inplica sostener que tales cosas existan o sean cogmoscibl-esi de Io contrario, fenómenos como las mitoloqrfas nos resultarfan inposibles de interpretar. Aceptar gue durante siglos Ia gente ha crefdo en mitos, y estudiar cómo éstos han condicionado su conportamiento, Do requiere para nada considerar cono verdaderas las creencias en tales mitos. Con esta aclaración, los escépticos en ética podrfan aceptar Ia tesis de que la aceptación de una autoridad como legftirna deriva de la creencia en ciertos principios morales, pero que

con 1o gue verdaderamente entendemos por tal-...tf [Cfr. LA normatividad del derecho: deber jurfdico y razones para la a c c i ó n , c i t , p á q . 6 2 L J

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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t a l - l e g i t i n i d a d , a I i g u a l q u e l o s p r i n c i p i o s d e l o s q u e d e r i v a , e s r e l a t i v a , s u b j e t i v a o i n e x i s t e n t e ' .

b) Los juicios de aceptación de una autoridad.

Hasta aquÍ hemos visto que sostener que una autoridad es una autoridad efectiva inplica conceder que un número sufj-ciente de personas la aceptan como legftina. Esta aceptación se expresarfa por medio de juicios de1 tipo ItX es una autoridad legÍtimatt o ttla autoridad de X está

justificadaf,, de los que hasta ahora no he dicho nada. A continuación voy a tratar de precisar ciertas caracterfsticas de los juicios predicativos rnediante los cuales Ia gente expresa su reconocimiento de la autoridad de una persona.

Siguiendo a Juan Carlos Bayón, conviene tener en cuenta que juicios tales como f'X tiene autoridadil o rrX es una autoridad 1 e g Í t i n a r r a d o l e c e n d e u n a a n b i g ü e d a d c a r a c t e r f s t i c a . E n algunos casos estos enunciados son meros juicios descriptivos, mientras gue en otros expresan juicios prácticos. Unicamente a través de estos juicios prácticos eI hablante manifiesta su aceptacj,ón de la legitinidad de una persona. pero esta observación requiere un desarrollo más pausado'.

' Este mismo problena es tratado con más detalle por Carlos Nino en relación aI concepto de derechos humanos €D, Etica y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, (2 e d i c i ó n ) , A s t r e a , B u e n o s A i r e s , 1 9 8 9 , p á 9 s . L 8 y 1 9 .

I Cfr. J.C. Bayón Mohfno, La nor¡natividad del derecho:

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p a r a 1 a a c c i ó n , c i t . , p á 9 . 6 0 5 .

(23)

Como señala Bayóne, los juicios prácticos mediante ]os cuales se expresa el reconocimiento de una autoridad son juicios de primer orden, no susceptibles de verdad o falsedad (en eI sentido corriente de correspondencia con unos ciertos hechos), gue pueden intervenir co¡no razones operativas en los

razonamientos prácticos'o.

En cambio, Ios juicios

descriptivos mediante Ios que se informa de gue determinada persona es una autoridad son parasitarios respecto de los juicios de primer orden, puesto que su verdad depende de que alguien suscriba efectivamente er juicio de primer orden correspondiente, y adernás, son incapaces de actuar como razones operativas en inferencias prácticas, ya que no suponen ninguna actitud práctica determinada por parte del que habra.

Por 1o tanto, aungue ambos tipos de juicios pueden expresarse, como acabamos de ver, mediante enunciados superficialmente idénticos, no conviene perder de vista que sóro ros primeros manifiestan eI reconocimiento de la autoridad regftina de alguna persona. Quien expresa un juicio de tales caracterfsticas no está describiendo ninguna cuaridad de x

e Cfr. J.C. Bayón Mohfno, La normatividad del derecho:

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p a r a I a a c c i ó n , c i t , p á g . 6 0 6 . '" Bayón define rrrazón operativar de Ia siguiente forma:

rruna raz6n operativa es aguella que justifica una actitud práctica hacia Ia acción, la formación de una intención'r Icfr.

La norrnatividad del derecho: deber jurfdico y razones para la a c c i ó n r . c i t , p á g : 8 6 1 E I t é n n i n o t r r a z ó n o p e r a t i v a t s e u s a á q ü f en er mismo sentido en eI que lo hace J. Raz en Razón práctica y.nofmas. En este libro Raz define rfrazón operativa¡r de Ia siguiente forma: rrl,lamaré a cualquier razón una rrazón operativa' si, y sólo si, Ia creencia en su existencia implica tener Ia actitud crftica práctica (... ) Me parece que es una verdad Iógica tanto gue toda razón completa incluye una razón operativa como que toda razón operativa es una razón corapreta para una u otra acciónrr [Cfr. Razón práctica y normas (trad.

de J. Ruiz Manero), Centro de Estudios Constitucionales, M a d r i d , 1 9 9 L , p á g . 3 z l .

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

(24)

( rrser autoridadrr, o trser una autoridad legftimart ) , sino que está expresando su aceptación de Ia autoridad de X".

En ocasiones, quien formula un juicio práctico reconociendo Ia legitinidad de cierta autoridad subord.ina dicho reconocimiento al hecho de que X goce de autoridad efectiva sobre un determinado colectivo. Es posible que una persona considere gue sólo puede calificarse como legftima a una autoridad si ésta existe en la realidad. Pero este condicionamiento parece eI resultado de la adopción de ciertos principios sustantivos acerca de 1a justificación de Ia autoridad. Por ejemplo, podrfa suscribirse un prineipio que estableciera que la rlnica justificación posible de Ia autoridad polftica es su utilidad para aseg¡urar Ia coordinación social. En todo caso, como señalan algunos autores como Raz o Bayón, condicionar Ia aceptación de Ia legitiroidad de una autoridad al hecho de que ésta tenga autoridad efectiva sobre un determinado colectivo no parece el producto de un análisis meramente conceptual que nos mostrara que La noción de autoridad. efectiva es rógicamente previa aI reconocimiento de una autoridad como legftima'r.

Precisamente acabamos de ver que la noción de autoridad efectiva es conceptualmente dependiente de la aceptacj-ón de Ia legitinidad de Ia autoridad, y no aI revés. Siendo asf las

" Sobre Ias diferentes formas de entender tal aceptación tendremos ocasión de habrar más adelante en este mismo t r a b a j o .

Cfr. J.C. Bayón Mohfno, La nornatividad del derecho:

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p a r a l a a c c i ó n , c i t . , p á g . 6 0 7 .

" cfr. los trabajos de J. Raz La autoridad del Derecho, c i t . , p á 9 s . 2 2 a 2 4 y T h e M o r a l i t y o f F r e e d o ¡ n , O x f o r d U . p , O x f o r d , 1 9 8 6 , p á 9 . 5 6 , a s f c o n o e I l i b r o d e J . C . B a y ó n M o h l n o La nornatividad del derecho: deber jurfdico y razones para la a c c i ó n , c i t . , p á 9 . 6 0 8 .

(25)

cosas, también parece lógicanente adnisible que alguien considerara como legftirna una autoridad que no existiera en Ia realidad. Este serfa el caso, por ejernplo, de un nostálgico de alguna autoridad del pasado que ya no tuviera retorno posible, o de quien añorara una autoridad tan irreal que no pudiera ejercerse en este mundo. Cabe perfectamente gue consideremos injustificables estas creencias y que reconozcamos que quien considera como autoridad legftima una que no es tanbién efectiva no es vfctima de ninguna clase de error conceptualtt.

Hecha esta aclaración podemos volver relación entre 1os juicios descriptivos

de

v

nuevo a la l o s j u i c i o s

prácticos referidos a una autoridad a fin de llamar la atención sobre un aspecto relevante: Como seña1a Bayón, Ios juicios rnediante 1os cuares se catj-fica a una autoridad como efectiva y como legÍtirna, no son mutuamente excluyentes. Esto significa que una persona que afirme gue alguien es a Ia vez autoridad efectiva y legftirna no comete ningún tipo de redundancia. En este caso, cuando dice gue X es una autoridad efectiva sirnplemente constata eI hecho de que Ia pretensión de X de ser una autoridad legftima encuentra un cierto grado de reconocimiento general, esto €sr que hay un número suficientemente relevante de personas que reconocen 1a legitinidad del tal autoridad; cuando dice que es una autoridad legftima, eI que habla manifiest.a ser él mismo uno de los que aceptan como legftina la autoridad de X, expresa

" Cfr. J. C. Bayón Mohfno, La normatividad del derecho:

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p a r a l a a c c i ó n , c i t . , p á 9 . 6 0 8 y J . Raz, La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, c i t . , p á g . 2 3 .

Ll_

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

(26)

un grenuino juicio práctico'o.

Pero además, eI carácter no excluyente de Ia calificación de una autoridad como efectiva o legÍtirna supone que una persona puede afirmar sin contradicción que alguien es una autoridad efectiva, pero que no debe reconocerse como legftima. Es decir, es lógicamente inpecable gue una persona af irme rrX es una autoridad efectivart y, a Ia vez, rrX no es una autoridad legÍtimatt. La primera parte de esta afirnación tendría un carácter puramente descriptivo, se referirfa ar hecho de que un número relevante de personas aceptan ra legitinidad de cierta autoridad. Mientras que ra parte final expresarla er rechazo a la autoridad de X desde er punto de vista der que habla, es decir, indicarfa que eI habrante no considera justificada Ia autoridad de X15.

r.' Cfr. J.C. Bayón Mohfno, La normatividad del derecho:

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p a r a l a a c c i ó n , c i t . , p á g . 6 J _ 0 . ls Cfr. J. C. Bayón Mohfno, La normatividad del derecho:

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p a r a l a a c c i ó n , c i t . , p á q . 6 l _ 0 .

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2 . E L C O N C E P T O D E A U T O R I D A D L E G I T I M A .

Hasta ahora hernos visto que eI reconocimiento de una autoridad como legÍtina tiene un carácter rrprimariorr con respecto aI concepto de autoridad efectiva, pero todavfa no se ha hecho ninguna alusión a qué debe entenderse por autoridad IegÍtirna. Por 1o tanto, éste serÍa eI momento de plantearse con mayor deteniniento qué es lo que se acept,a cuando se considera que la autoridad de atguien está justificada. Si bien debo advertir de antemano que existen serÍos problemas para llevar a cabo una tarea de reconstrucción del concepto de autoridad legltima gue desembogue en una definición que resulte I a la vez, informativamente útif y aceptable por todos.

A primera vista el esclarecimiento de un concepto parece una tarea previa e independiente de Ia valoración de Ios fenómenos que se refieren aI concepto en cuestión, ya que sin tal elucidación no es posible determinar qué es lo que se está valorando. Por 1o tanto, nuestro propósito en esta sección no debiera ser tratar de determinar cuándo está racionalmente justificado eI reconocimiento de alguien

legftina, sino intentar precisar qué se entiende por autoridad legftina. Es decir, establecer las condiciones de aplicabilidad de la expresión trautoridad legftimat'. El planteamiento metodológico adecuado parece ser éste: En primer lugar precisar la noción de autoridad legftina para, €n segundo lugar, valorar dicha noción, esto €s, determinar si

L 3

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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está justificado o no Io gue entendemos por autoridad I e g Í t i n a .

EI priner problema que tenemos que tener en cuenta antes de realizar ninguna propuesta de definición del concepto de autoridad legítirna es que nos encontrarnos ante un concepto inexacto y vago. Como señala Bayón, Do parece que rrordinariamente nuestro nivel de autoconprensión sea tan alto como para poder señalar con cierto grado de detalle de qué modo son efectivamente concebidas las relaciones de autoridad en el medio social que nos rodea, tanto por quienes se comportan y pretenden ser reconocidos como tales como por parte de los que efectivamente les otorgan ese reconocimientorl t". De manera que podrfamos tratar de esclarecer el concepto de autoridad legftima realizando una investigación lexicográfica acerca de los rnúlt,ipres usos de ra expresión Itautoridad legf timatt, tal como se hace para confeccionar un diccionarío, o bien proponiendo una definición estipulativa, gue simplernente exprese nuestra decisión como habrantes de usar ra expresión con cierto significado o Ia recomend.ación de que otros Ia empleen asf.

Pero Ia cosa se complica si nuestra intención es construir un concepto que pueda ser usado en ra mayorfa de Ias ocasiones en que en er renguaje usual se arude a ra autoridad legftina. Si este es el caso, deberfamos practicar una vfa intermedia consistente en 1a reconstrucción racional deI concepto. Tendremos que escoger alguna de las múItiples alternativas que tratan de dotar de precisión al concepto,

16 Cfr. J.c Bayón Mohfno, La normatividad del derecho:

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p a r a l a a c c i ó n , c i t . , p á 9 . 6 2 L .

(29)

admitiendo que Ia mayor precisión inplica restringir en algo su campo de aplicabilidad. El problema es cómo comparar Ia capacidad de las distintas alternativas para reemplazar en diferentes ocasiones aI concepto original. En relación a l-a noción de autoridad IegÍtima, como veremos más adelante, Ia elección de una determinada definición se basa con frecuencia en consideraciones norrnativas". La reconstrucción deI concepto de autoridad legftima depende rnuchas veces de Ia concepción que se adopte sobre su justificación racional'".

La constatación de estos problernas puede llevar a algún teórico a renunciar a construir un concepto que pueda ser usado en Ia mayorÍa de ocasiones en gue en el lenguaje usual se alude a la autoridad legftima y a sostener que, ya que cada teorfa norrnativa sobre 1a autoridad construye su propio concepto, caben tantos conceptos como teorÍas normativas existen'". Se podrfa replicar que aunque es ci-erto gue la

" cfr. J.C. Bayón MohÍno, La normatividad del derecho:

d e b e r i u r f d i e o y r a z o n e s p a r a l a a c c i ó n , c i t . , p á 9 . 6 2 2 . la Supongamos que una determinada concepción de Ia autoridad sostiene gue cierta definición que parece reproducir con exactitud 1o que aceptamos cuando reconocemos a otro como autoridad legÍtina incorpora ciertos rasgos que están en abierta contradicción con la concepción. En ta1 caso, €S posible que la teorfa admita que ciertos rasgos del concepto de autoridad no pueden justificarse racionalmente. Pero tanbién es posible que la concepción eche mano de una definición alternativa de1 concepto de autoridad legÍtima.

Esto serfa posible siempre y cuando el concepto de autoridad legftiura también se usara con frecuencia en un sentido parcialmente divergente aI que se consideró originalmente.

r-e Esta es Ia conclusión a Ia que parece llegar Nelson cuando afronta eI problema de Ia definición de Io que es Ia democracia. Para este autor, cualquier teorfa de Ia democracia

rrincluye una descripción de 1o que es Ia democracid", hasta eI punto de que ttguizá eI 'ideal democráticot haga pensar gue en eI concepto de democracia hay una unidad que de hecho no s e e n c u e n t r a e n é I r r [ C f r . W . N e l s o n 8 6 , O n J u s t i f i n g

l _ 5

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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articulación de una teorÍa que incorpora un concepto deter¡nina en úItina instancia cuáIes son sus propiedades relevantes, eI concepto de autoridad incorporado ha de reflejar rasgos del mundo real si se pretende que Ia teorÍa normativa en cuestión tenga relevancia pragrmática.

La fórmula de Nino'o para proceder a Ia reconstrucción racional de Ios conceptos que susciten este tipo de inconvenientes consiste en admitir que hay un proceso de ajustes mutuos entre Ia elucidación conceptual y Ia elaboración de una teorfa en cuyo marco opera eI concepto: rrse comienza con una caracterización provisoria de Ia noción en cuestión tomando en cuenta rasgos que se supone .a priorit teóricamente relevantes. Elto permite articular una teorfa sustantiva que requiere la identificación de los fenómenos denotados por ta1 noción. La articulación de Ia teorfa hace posible, a su vez, perfilar nejor eL concepto en cuestión, tal vez incluyendo en su designación propiedades teóricamente relevantes gue habrÍan pasado inadvertidas al conienzo del proceso o excluyendo rasgos gue no son teóricamente s i g n i f i c a t i v o s r r " .

Esta fórmuIa no dista mucho de Ia tesis 'rnormativo- explicativar propuesta por Raz para tratar de esclarecer el

Democracy, London, Boston and Henley, Routledge & Kegan paul, L 9 8 0 , p á 9 s . 2 y s i g . l .

'o En realidad, tanto la fónnula propuesta por Nino como 1a que a continuación veremos que propone Raz tienen una indudable inspiración rawlsiana. No obstante -como es sabido- el objeto que Rawls persigue con su método no es tanto Ia reconstrucción de conceptos como el acceso a la verdad moral

[Cfr. John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, L97Ll

"1 Cfr. C.S. Nino, Etica y derechos hunare¡s. Un ensayo de f u n d a ¡ n e n t a c i ó n , c í E . , p á 9 . 1 3 .

(31)

l ¡ i t

concepto de autoridad". La idea de Raz es que eI concepto de autoridad está enraizado en nuestra cul-tura y en nuestras tradiciones filosóficas y políticas. Pero ést,e no es un concepto ni muchfsimo menos pacÍfico. Cualquier intento de definir con precisión Ia noción de autoridad deberá, inevitablemente, decantarse por alguna de las fórmulas tradicionales. Por lo tanto, para Raz, Ia tarea de definir con precisión el concepto de autoridad tiene un doble carácter:

en parte es un intento de hacer expllcitos elementos de nuestras tradiciones comunes y por otra, supone una toma de partido en favor de alguna de las formas rivales. La tesis resultante de este proceso es ttexplicativarr ya que individualiza rasgos irnportantes de 1a concepción de 1a autoridad que tiene la gente y rf normativatr, puesto que tiene en cuenta consideraciones normativas para tomar partido por algruna noción de autoridad. En resumen, para Raz, los planos conceptual y normativo de1 análisis de la autoridad son en cierta ¡nedida interdependientes23. La determinación de gué es 1o gue significa pretendgr para sf o reconocer a otro autoridad legftirna no puede mantenerse separada de Ia argrumentación sustantiva acerca de cuándo podrfan realmente considerarse justificados aquella pretensión y ese reconocimiento

A estas alturas deben haber quedado ya suficientemente claros los problemas para llevar a cabo una tarea de reconstrucción del concepto de autoridad legftiura que desemboque en una definición que resulte , a Ia vez,

J . R a z , T h e . ü o r a l i t y o f F r e e d o m , c í t . , p á g s . 6 3 a 6 6 . C f r - J . P . a z 8 6 , T h e M o r a l i t y o f F r e e d o m , c i t . p á 9 . 6 3 .

2 3

L 7

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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informativamente ¡itil y aceptable por todos. No obstante, parece necesario que, al menos, intentemos una caracterización provisional del concepto partiendo de 1o que usualmente se entiende que una persona reconoce cuando acepta a otra como autoridad legítirna. En todo caso, gueda abierta Ia posibiridad de que eI análisis de las principales concepciones normativas sobre Ia autoridad nos muestre er carácter irracional de arguno de los aspectos que se reconocen cuando se acepta la autoridad de alguien, o bien gue hay rasgos distinLivos de la noción de autoridad legÍtina que fueron pasados por alto.

Bayón propone una caracterización de1 concepto de autoridad perfectamente válida para ros fines que acabo de indicar'o. según este autor, usuarmente se entiende que una persona reconoce a otra como autoridad legftima cuando, én priurer lugar, acepta que tiene derecho a mandar y, correlativamente, gü€ debe obedecerla y, en segrundo lugar, acepta que debe obedecerra ,con independencia de cuál sea er juicio propio acerca de ras razones a favor y en contra de ra acción ordenada'r. Por tanto, los dos erementos definidores de 1a caracterización más difundida de ra autoridad legftirna -que Bayón denomina I'concepción estándarrt de ra autoridad tegftirna- serfan rrra aceptación del derecho a mandar y del deber correlativo de obedecer, y ,Ia creencia en Ia justificación de la postergación del juicio propiot. En los capftulos siguientes intentaré determinar, a ra ruz der análisis de algunas de las principares teorfas normativas sobre la autoridad, si la I'concepción estándartt de Ia autoridad

21 Cfr. J.C. Bayón Mohfno, La normatividad del derecho:.

d e b e r j u r f d i c o y r a z o n e s p l r r a l a a c c i ó n , c i t . , p á g s . 6 1 8 y 6 L 9 .

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l l í t . l f l l f

1egÍtina incorpora algún rasqo que pudiéramos considerar irracional o si olvida algún elemento fundamental.

I 9

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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3. LAS CONCEPCTONES NORMATTVAS DE LA AUTORIDAD POLÍTICA.

ALGUNAS CONSIDERACIONES METAETICAS.

Antes de iniciar eI estudio de 1as concepciones normativas rnás usuales de Ia autoridad polÍtica, ilt€ ha parecido de interés introducir algunas consideraciones metaéticas previas. Se trata de ciertas cuestiones generales gue son de aplicación a todas las teorfas normativas. Asf, uD buen comj.enzo de esta sección puede ser plantearnos qué es una teorÍa normativa y, una vez respondida esta cuestión, podrfamos seguir preguntándonos cuáIes son sus requisitos mÍnimos de viabilidad. El objeto'del primer apartado de esta sección es tratar de especificar en qué consisten las teorÍas normativas de Ia autoridad polÍtica y cuáIes son los requisitos mÍnimos que deben incorporar para ser concepciones v i a b l e s .

Pero no basta con que una teoría incorpore ciertos requisitos mÍnimos de viabilidad para que se Ia pueda considerar una buena teorfa. Con frecuencia se critica a l-as teorÍas nornativas porque parecen centrarse exclusivamente en Ios rasgos ideales que una autoridad deberfa. tener, sin que de ello se pueda inferir ninguna consecuencia práctica. Una buena teorfa normativa debe ser un instrumento útil. Esto es, debe ser capaz de desarrollar ciertas funcj-ones. El segundo apartado de esta sección se dirige a mostrar algunas de las funciones que una teorÍa normativa debe llevar a cabo para que se Ia pueda considerar una concepción útiI.

(35)

El estudio de las funciones de las teorfas normativas hará posible la crÍtica de dos actitudes metodológicas contrapuestas: eI rhiperrealismorr y eI "utopismo ilegftimort.

EI propósito deI último apartado de esta sección será definir ambas actitudes y demostrar que sus defectos provienen de ignorar Ias funciones de Ias teorfas normativas

a) Noción de teorla normativa y requisitos mÍnimos de v i a b i l i d a d .

En La democracia liberal v su época, C.B. Macpherson realiza una reflexión sobre el uso de modelos o construcciones teóricas en la ciencia polltica gue puede proporcionarnos un buen punto de partida para intentar precisar qué es una teorfa normativa y cuáIes son sus reguisitos mfnimos de racionalidad2s. Siguiendo a este autor podernos considerar que las teorfas normativas sobre Ia autoridad polftica se ocupan, aI igual gue otras teorfas de las ciencias sociales, d€

trfenómenos que, dentro de lfnites históricamente cambiantes, son variables por Ia voluntad humanarr, pero q[ue, además, presentan una dimensión ética adicional. Tales teorfas responden a una preocupación por Io que es deseable, bueno o correcto. Segrun Macpherson, dichas teorfas constituy€D, en proporciones diferentes, trexposiciones de Io que es un sistema polftico o una sociedad polftica, d€ córno funciona o podrfan funcionar, y declaraciones acerca de por qué son buenos, d€

2 5 Cfr. C . B . M a c p h e r s o n , La de¡nocracia liberaf v su é p o c a , A l i a n z a E d i t o r i a l , M a d r i d , L 9 8 2 , p á 9 s . l - 1 a l - 6 .

2 L

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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por qué estarÍa bien disponer de ellos o disponer de ellos en mayor cantidadtr2'.

Conviene tener en cuenta que un aspecto crucial de las concepciones normativas de Ia autoridad son las creencias de la gente que desea un determinado tipo de autoridad o que desearfa que existiera alguna variante de su forma actual. y esto es más que el mero análisis del funcionamiento y de las instituciones de cualguiera de las autoridades polfticas existentes. Este aspecto adicional, como vimos en la sección anteriorr és importante, pues 1o que Ia gente cree acerca de la autoridad polftica no es ajeno a ésta, sino que forma parte de elIa. Estas creencias, cualquiera que sea la manera en que se formen, condicionan 1o que puede aceptar Ia gente de una determinada autoridad polftica y Io que va a exigir de ella.

Pero una teorfa normativa no debe ser sólo un cúmu1o de descripciones y prescripciones sobre las autoridades polfticas. Una teorfa normativa gue pretenda ser

intersubjetivanente aceptable debe, además, reunir ciertos requisitos mlnimos de viabilidad. En primer lugarr Do debe alejarse demasiado de los deseos y capacidades de ros seres humanos que deben hacerra funcionari de ahÍ gue ra teorfa debe contener (implfcita o explÍcitamente) ,'un modelo de hombrer'.

La racionalidad y et celo polftico gue la concepción exija de los ciudadanos no pueden ser mayores de Los que cabe de¡nostrar gue poseen o de los gue cabe prever gue posean en cualguier circunstancia social inaginable. En caso contrario, 1a teorfa

26 Cfr. C.B. Macpherson, La democracia liberal y su é p o c a , c i t . , p á g s - L 2 y 1 3 .

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serÍa algio difÍcilnente defendj-ble. No obstanter Do es necesario que Ia teorÍa se linite forzosamente a Ia forrna en que se comporta polfticamente Ia gente de hoy en dfa. No precisa limitarse a esa forma si puede indicar razones para prever que ésta podrfa rnodificarse si se introducen cambios, por ejernplo, €D 1as posibilidades tecnológicas y en las relaciones económicas de su sociedad2T.

En segundo lugar, una

teorfa, para ser

intersubjetivamente aceptable, debe contener, explfcita o implfcitamente, una teorfa ética gue la justifique'".

DifÍcilmente una concepción podrá apelar a los sentinientos morales de la gente sin al menos presuponer una teorfa ética

justificativa. Esta es una constante gue se repetirá prácticamente en todas las concepciones normativas que vamos a estudiar. Por ejemplo, la teorfa de Nino sobre el valor epistemológico de Ia de¡nocracia es una aplicación a las

27 Cfr. C.B. Macpherson, La democracia liberal v su é p o c a , c i t . , p á 9 . L 3 .

Macpherson explicita Ia forma en que el conjunto de instituciones y relaciones sociales configura a la gente como actores polfticos mediante algunos ejernplos históricos:

rrCuando en Ia Edad Media y algo después, las disposiciones sociales imperantes han inducido prácticamente a todos a aceptar una imagen del ser humano como humano en virtud de su aceptación de las obligaciones de su condición o de rsu posición en Ia vida,, funcionará un sisterna polftico

jerárguico tradicional. Cuando una revolución comercial y otra industrial han rnodificado tanto las cosas que ya no se acepta esta imagen, hace falta una imagen diferente. Si esta última es Ia deI hombre como algruien que es esencialmente un consumidor y apropiador maximizador, entonces existe una nueva conciencia, que permite y requiere un sistema polftico totalmente distinto. Si nás tarde -concluye Macpherson- como rechazo de los resultados de esto, Ia gente llega a verse a sf misma de otra forma, resulta posiblei e inclusó necesario, algún otro sistema polfticotr (Cfr. C.B. Macpherson, La d e r n o c r a c i a l i b e r a l y s u é p o c a , c i t . , p á 9 . 1 4 ) .

2a Cfr. C.B. Macpherson, La democracia liberal v su é p o c a , c i t . , p á g . L 6

2 3

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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autoridades polfticas de su teorÍa moral constructivista. No obstante, algunas concepciones sobre la autoridad potÍtica consideran gue Ia referencia a una teorÍa ética gue les sirva de fundamento es una exigencia cornpletamente prescindible. Por ejemplo, veremos que Ia llarnada rrteorfa económica de 1a democraciarr sostiene que una de sus principales ventajas frente a sus adversarias es gue no se basa en ninguna teorfa ética, sino únicamente en la teorfa social. La teorfa económica de Ia democracia trata de extender Ia interpretación de las ideas y métodos básicos de la teorfa del mercado aI funcionamiento de 1as autoridades polfticas dernocráticas.

Considera que, al igual que un mercado eficaz, una autoridad polftica funciona correctamente cuando satisface las demandas de los ciudadanos. De manera que Ia concepción económica de la democracia no se basa en Ia indiferencia hacia los fines de la autoridad. Presupone gue la satisfacción de las demandas de Ios ciudadanos es un fin valioso. Por tanto, cabe decir gue estos teóricos están echando mano de una concepcS_ón utilitarista de la justicia más o menos explfcita. parece pues que Ia teorfa económica no consigue demostrar que sea posible prescindir cornpletamente de una teorfa ética. Tarde o temprano cualquier concepción de la autoridad introduce alguna valoración y, en ese rnornento, si pretende ser correcta debe basar tal valoración en una teorfa de 1a justicia.

En resumen, si una teorfa normativa pretende ser viable debe, cuanto menos, basarse en un cierto modelo de hombre y contener una teorfa ética justificativa. Pero la concurrencia de estas exigencias no €sr en modo alguno, una seña1 inequfvoca de gue nos encontramos ante una buena teorfa. Una

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buena teorÍa normativa sobre Ia autoridad poIítica, debe, además, cumplir con ciertas funciones. Sin pretensión de exhaustividad, €n las páginas siguientes voy a tratar de especificar algrunas de estas funciones.

b) Funciones de las teorfas normativas.

Las funciones de 1as teorÍas normativas pueden clasificarse en dos grandes grupos: funciones conceptuales y funciones prescriptivas. Voy a comenzar exponiendo las funci-ones conceptuales gü€, como su nombre indica, se refieren al concepto de autoridad legftina. Veremos que una teorfa norrnativa gue pretenda ser úti1 debe, €D primer lugar, identificar 1os rasgos que integran el concepto de autoridad legÍtima. Esto €S, debe responder a Ia pregunta équé es una auLoridad legftirna? En segundo lugar, una buena teorfa normativa debe precisar cuáles de estos rasgros son centrales para Ia aplicación del concepto a las autoridades polfticas reales y cuáIes no. Es decir, debe responder a la pregunta écuándo una autoridad polftica real es legftima?. Una vez clarificadas las funciones conceptuales de las teorÍas normativas, estaremos en disposición de emprender el análisis de las funciones prescriptivas. Veremos que estas funciones no consisten sólo en la justihicación o evaluación de una autoridad polftica real, aungue probablernente este aspecto sea eI que a simple vista resulta nás evidente, sino gü€, adernás, una concepción normativa debe ser capaz de desarrollar una

2 5

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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función crftica y regulativa.

b . l - F u n c i o n e s c o n c e p t u a l e s .

Para empezar, debemos recordar algo que ya vimos en Ia sección anterior, a saber, que Ia reconstrucción del concepto de autoridad legftina suele depender de la concepción que se adopte sobre su justificación racional. Esto significa gue la determinación de los rasgos gue son inherentes a la autoridad legftima depende de 1a concepción justificativa que dé contenido a este concepto. Por ejenplo, si Ia participación de 1os sornetidos a Ia autoridad en la toma de decisiones polfticas es o no un rasgo inherente a la noción de autoridad legltina dependerá -como veremos- de Ia concepción normativa sobre la autoridad que se adopte. Si se adopta una

justificación de la autoridad basada en eI ideal del autogobierno, eI rasgo de Ia participación tendrá un carácter esencial. En cambio, si se adopta una teorfa normativa de tipo elitista este rasgo será dejado de lado. De manera gue las respuestas sobre eI carácter esencial o no de ciertos rasgos dependerá de Ia concepción normativa de que se parta. por 1o tanto, cada teorfa normativa debe identificar con Ia mayor precisión posible los rasgos inherentes al concepto de autoridad legrf tirna. Una clara identif icación de tales rasgos serfa un primer indicador de que nos hallarnos ante una teorfa normativa útiI.

Pero no todos los rasgos del concepto de autoridad son igualnente centrales para Ia teorfa que los propugna. Algunos rasgos tiene una importancia decisiva, mientras gue otros ocupan un lugar secundario, De ahf que, además de Ia exigencia

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anterior, una buena teorÍa normativa debe perrnitir precisar qué rasgos son centrales para considerar como legftima a una autoridad efectiva y qué rasgos son periféricos. Asf, serfa posible aplicar el concepto de autoridad legftirna a una autoridad polftica real aungue en esta última sólo se den como suele suceder en la práctica- los rasgos fundamentales de Ia concepción. Esto supone gue para calificar a una autoridad efectiva como legftima no serfa necesario que ésta cumpliera con todas ras exigencias de ra teorfa normativa, sino que ra apticación deI concepto de rfautoridad legftimarl a una autoridad polftica real podrfa verse como una cuestión de grado y no como una cuestión de todo o nadaze.

Determinar las exigencias centrales de cada teorfa necesarias para ra aplicación del concepto permite, además, jerarguizar autoridades porfticas existentes segrrtn el grado de satisfacción de tares requisitos"o. De manera que, aunque no haya ningruna autoridad porftica real que satisfaga plenarnente todas las exigencias, sea posible componer una escara de mayor a menor aproxinación. vorviendo al ejempro de Ia participación de los sonetidos a la autoridad en la tona de decisiones polfticas, si éste fuera el criterio para determinar la regitiruidad de una autoridad¡ ras autoridades

2 e Dicho en términos de sartori: r r . . . e r t r a t a m i e n t o lógico ya no es binario (si-no), sino continuo (nayor-menor), usualmente descrito como Ia transformación de caracterfsticas dicotómicas (discontinuas) en caracterfsticas continuas. De ahf se sigue -lógicanente, no ontológicanente- que de acuerdo c o n e s t e t r a t a m i e n t o l a s d i f e r e n c i a s s o n d e g r a d o . . . n [ C f r . Giovanni sartori, Teorfa de la democracia (trad. de saniiago s á n c h e z G o n z á L e z ) , A l i a n z a , M a d r i d , t 9 B B , p á g . 2 2 6 ) .

3 o C f r . C a r l o s S . N i n o , t t l , a democracia episténica puesta a prueba. Respuesta a Rosenkrantz y Ródenasr, Doxa.

Cuadernos de Filosoffa del_Derecho, Alicante, núm. 10, LggL, p á q . 2 e 8 .

2 7

Sobre la justificación de la autoridad. Ángeles Ródenas Calatayud

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polfticas de Suiza (donde es frecuente la celebracÍón de rrreferenda[ populares) gozarÍan de una mayor legitinidad que 1as autoridades pollticas de 1os Estados Unidos (con baja participación popular en las elecciones, fuerte influencia de I o s g r u p o s d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a e t c . r ) y é s t a s , a s u v e z l estarfan por encima de las autoridades polfticas de lrak.

En resumen, una concepción normativa debe permitirr €rr primer lugar, identificar con 1a mayor claridad posible los rasgos inherentes al concepto de autoridad legftirna. y, en segundo tér¡nino, debe precisar cuáles de estos rasgos son centrales para la aplicación del concepto a 1as autoridades polfticas reales y cuáles no. La determinación de tales requisitos hace posible una clasificación de las autoridades polfticas reales segrfn eI grado de cumplirniento de los mismos.

Parece claro gue la forma de proceder debe ser ésta, ya gue sóIo una vez gue la concepción normativa haya respondido a la pregunta égué es una autoridad legÍtima?, estará en disposición de precisar si una determinada autoridad es legftirna (en mayor o menor grado). Dicho de otro modo, de no establecer prj-mero gué exigencias deterrninan la legitinidad de una autoridad, no podremos predicar l_a cualidad de

rrleqftimarr de ningruna autoridad efectiva. ,

b . 2 F u n c i o n e s p r e s c r i p t i v a s .

Una vez identificados los rasgos del concepto de

autoridad y ras condiciones para la apricabitidad der mismo,

la teorfa normativa se halra en disposición de llevar a cabo

una función prescriptiva. La funcj-ón prescriptiva de las

concepciones normativas de la autoridad polftica es

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