los dossieres
deLos peligros
del Tratado
Comercial
EE UU - UE
Por Pedro Antonio Navarro
L
as negociaciones sobre el Trata-do de Libre Comercio entre la Unión Europea y EE UU comen-zaron en julio de 2013, cuando acababa de destaparse el escándalo de las escuchas de la NSA a ciudadanos y líderes europeos. Socialistas y conservadores se opu-sieron entonces a paralizar la firma de un acuerdo que tiene como objetivo la elimi-nación de barreras normativas y económi-cas para las relaciones comerciales entre Es-tados Unidos y el Viejo Continente, y que te-óricamente representará un beneficio anual, vía PIB, de hasta 110.000 millones de eu-ros para las arcas europeas, y de unos 95.000 millones de euros para Estados Unidos.Los negociadores consideran que el acuer-do permitirá ahorrar millones de dólares a las compañías de ambos lados y que creará cientos de miles de puestos de trabajo
di-rectos –unos 400.00 en Europa y alrededor de 700.000 al otro lado del Atlántico–.
De llegar a sustanciarse, un acuerdo en-tre Estados Unidos y la UE permitiría la cre-ación del mayor mercado comercial del mundo, con 815 millones de consumidores y que acapara el 50 por ciento del PIB del planeta.
Las conversaciones se han ido ralentizan-do y, aunque en un principio, se preveía con-tar con un primer borrador del acuerdo pa-ra finales de este año, ahopa-ra no parece po-sible que se pueda conseguir hasta finales de 2015.
Dan Mullaney, el jefe del equipo de ne-gociadores por parte estadounidense, reco-nocía un estancamiento en aspectos como la regulación de los servicios financieros o el acceso de la carne estadounidense criada con hormonas al mercado europeo. “Somos conscientes de que las posiciones en estas cuestiones no han cambiado”, aseguraba a la prensa. Por su parte, el español Ignacio García-Bercero, jefe del equipo europeo, ha destacado que se han logrado avances en discusiones sobre los sectores energético y automotriz, la protección medioambiental y laboral o el desarrollo sostenible.
Los principales aspectos en disputa son la regulación financiera, que Estados Unidos no quiere incluir en el acuerdo, y un meca-nismo especial extrajudicial para resolver disputas entre los inversores y el Estado que ha sido rechazado por grupos de la socie-dad civil europeos y el gobierno alemán. No es una cuestión menor. Estados Unidos
pre-EE UU y la Unión Europea negocian ‘en secreto’ un
Tratado de Libre Comercio
Peligros y enigmas
en el mayor
‘Mercado Común’
del planeta
Las dos grandes áreas económicas del planeta, la Unión Europea y Estados Unidos
–cuyo PIB conjunto supera el 50 por ciento de todo el generado en el mundo–
llevan más de un año y medio negociando la firma de un gran Tratado de Libre
Comercio, que es visto con esperanza por unos, que ven una oportunidad de
desarrollo y crecimiento; y con el máximo recelo por otros, que consideran que
supondría la consagración de las políticas neoliberales y la desregulación máxima,
abriendo la puerta a nuevas reformas laborales, a una ola de privatizaciones a una
laxitud de las normas en materias como la medioambiental y la sanitaria, a imagen
y semejanza de la legislación estadounidense.
A pesar del impulso dado a las negociaciones por el presidente Obama, y
El acuerdo pretende
eliminar las barreras
normativas y
económicas entre las
dos áreas geográficas
tende que las empresas puedan denunciar a los Estados si aprueban una ley que perju-dique a la actividad empresarial que se hu-biera aprobado anteriormente. Por ejemplo, si una empresa obtiene la autorización de un país para extraer gas en su suelo a través de la técnica del fracking, y posteriormente
el Estado decide prohibir esa práctica, la em-presa podría denunciar al país ante un or-ganismo –tribunales de arbitraje internacio-nal– al margen que crearía el Tratado.
También continúa en disputa la posibili-dad de permitir que empresas de ambos la-dos del Atlántico presenten ofertas en licita-ciones públicas, que hasta el momento es-tán restringidas a compañías locales.
Todo tipo de regulación existente está su-jeta a ser modificada por el tratado, pero los negociadores de Estados Unidos han seña-lado particularmente a la regulación sobre sanidad y productos fitosanitarios como prin-cipales objetivos a armonizar. La regulación
de la Unión Europea en esta materia está mu-cho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos.
La Unión Europea utiliza actualmente un principio de precaución que impide que de-terminados productos puedan comerciali-zarse a pesar de que no haya suficiente in-vestigación científica que revele su peligro-sidad. Son las empresas las que tienen que demostrar que sus productos no representan un problema para la salud del consumidor. Justo lo contrario de lo que sucede con la normativa estadounidense en la materia, que obliga a demostrar la peligrosidad antes de
otros bienes de consumo que en Estados Uni-dos se comercializan bajo leyes más permi-sivas, de momento se mantiene como uno de los puntos de discordia.
Los negociadores comparten que el obje-tivo sería un proceso de mínimo denomina-dor común de las normas a ambos lados del Atlántico en el que el resultado de la armo-nización será la igualación al nivel de la re-gulación más laxa. Hasta hoy, por ejemplo, Estados Unidos se ha negado a ratificar con-venios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo aquellos que se refieren a la libertad de asociación y a las prácticas sindicales. Una igualación de la re-gulación hacia el sistema estadounidense podría servir de catalizador del acercamiento de las normas laborales europeas a los es-tándares estadounidenses.
Qué es el TLC
Un tratado de libre comercio es un acuer-do que se firma entre acuer-dos o más países y que tiene como objetivo ampliar el mercado de bienes y servicios entre las naciones fir-mantes. Para ello se busca la reducción o eli-minación de las barreras arancelarias y no arancelarias que existen en un determinado momento entre espacios económicos. Se de-cide la reducción o eliminación de los im-puestos a la importación y de la regulación relativa a la comercialización internacional de bienes y servicios.
Pero el Tratado Transatlántico de Comer-cio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, es mucho más que un tratado de libre comercio. Supondrá una integración con el mercado estadounidense que suprimirá barreras económicas y legis-lativas a los intercambios comerciales. La
meta es la máxima reducción posible de las
normas reguladoras y las barreras regla-mentarias.
La ‘historia arranca hace tres años. El 28 de noviembre de 2011 durante un encuen-tro entre líderes europeos y estadounidenses se creaba el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés). Como consecuencia de es-te primer impulso, en junio de 2013, la
ma, y la canciller Merkel, persisten todavía profundos escollos que retrasarán la firma del TLC.
Los principales ‘peros’
europeos son la
regulación de servicios
financieros y aspectos
de política alimentaria
Unión Europea y Estados Unidos anuncia-ron el inicio de negociaciones para llegar efectivamente a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés).
Hace algunos meses, en marzo de este año, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunía con los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Ba-rroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para dar un “impulso político” al TTIP. Posteriormente, el propio Obama y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se comprometerán a eliminar todos
los aranceles en el comercio bilateral. Ahora nos encontramos en la séptima ron-da de las negociaciones, y ese objetivo pa-rece consolidarse en la voluntad de las dos partes. Así, la Comisión Europea considera que “las medidas regulatorias constituyen el mayor obstáculo para incrementar el co-mercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea”. El propósito es la mo-dificación de la regulación existente en las relaciones comerciales entre ambos espa-cios económicos. Una regulación relacio-nada con el control sanitario de determina-dos productos, con los estándares
medio-ambientales, con los convenios laborales, con la propiedad intelectual e incluso con la privatización de servicios públicos.
Lo chocante de la situación es que las ne-gociaciones acerca de un tratado de tal mag-nitud y trascendencia se están llevando a ca-bo prácticamente en secreto, lo que ha des-pertado las sospechas en amplios sectores, que no ven con buenos ojos el posible na-cimiento de este ‘supergigante económico’. No son públicos los documentos, las con-tribuciones de las partes interesadas, las agen-das ni actas de las reuniones con sectores económicos.
No se conocen detalles concretos de las negociaciones y solo algunos documentos filtrados desde las propias instancias euro-peas han permitido ir desgranando los pi-lares del futuro acuerdo. El negociador prin-cipal de la parte europea ha reconocido en una carta pública que todos los documen-tos relacionados con las negociaciones es-tarían cerrados al público durante al menos treinta años. Y aseguró que esta negocia-ción sería una excepnegocia-ción a la Regla 1049/2001 que establece que todos los do-cumentos de las instituciones europeas han de ser públicos.
Sí se conoce que la Comisión Europea ha asistido a más de 100 encuentros cerrados con lobbistas y multinacionales para
nego-ciar los contenidos del tratado, un hecho que hubo de reconocer a posteriori.
Las dificultades
objetivas
La armonización de las normas estadou-nidenses y europeas no se antoja tarea sen-cilla, dada las enormes diferencias actuales entre unas y otras. Los expertos calculan que el tratado implicaría para Europa eliminar o ajustar a la baja entre el 25 y 50 por ciento de leyes, directivas y normas que regulan el comercio en el Viejo Continente.
Igualmente, la Comisión Europea ha re-conocido que la ventaja competitiva de al-gunas industrias estadounidenses generará un notable impacto negativo en sus homó-logas en la Unión Europea, pero asume que los gobiernos tendrán fondos suficientes pa-ra mitigar los costes que ello genere.
Una vez aprobado el TLC todos los Go-biernos tendrán que adaptar sus normativas
El acceso a la carne de vacuno procedente de EE UU supone un problema en Europa por haber sido tratada con hormonas.
En Estados Unidos ya son frecuentes los bienes de consumo transgénicos con una normativa más permisiva que la europea.
nueva ola de reformas laborales, financieras o fiscales que sirva a esa armonización re-gulatoria propuesta en el tratado.
Descendiendo a aspectos concretos, el mo-delo agrario europeo es muy diferente al es-tadounidense, tanto en su organización co-mo sobre todo en su tamaño. En Estados Uni-dos hay Uni-dos millones de granjas, mientras que en la Unión Europea hay 13 millones. En promedio una granja estadounidense es 13 veces más grande que una europea, lo que permite a las empresas estadounidenses competir en mejores condiciones.
Tras la eventual firma del acuerdo, los su-permercados europeos se podrían ver inun-dados de productos que son habituales en Estados Unidos y que sin embargo a día de hoy están prohibidos en la Unión Europea por motivos sanitarios o ecológicos. Un ca-so, el 70 por ciento de toda la comida ven-dida en Estados Unidos contiene ingredien-tes modificados genéticamente, algo prohi-bido actualmente en la Unión Europea.
Hace tres décadas la Unión Europea in-trodujo restricciones a la importación de mu-chos productos estadounidenses por moti-vos de salud. Por ejemplo, las granjas esta-dounidenses suelen incrementar su produc-tividad a través de la implantación a los ani-males de hormonas que les hacen engordar y crecer más rápido. Dichas hormonas, apli-cadas sobre las reses o los pollos, están ba-jo sospecha tras vincularse con la prolifera-ción del cáncer en humanos. Hoy en día la Unión Europea bloquea más de 1.200 sus-tancias que se utilizarían en cosméticos, mientras que Estados Unidos solo lo hace con diez.
El Tratado va a incluir disposiciones para promover los llamados derechos digitales, con el objetivo declarado de proteger a las empresas de la piratería digital. En este ám-bito, los negociadores estadounidenses bus-can recuperar el espíritu del Acuerdo Co-mercial Antifalsificación (ACTA, por sus si-glas en inglés), un acuerdo que fue debati-do y rechazadebati-do en el Parlamento Europeo en 2012. Actualmente, en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin lími-tes a toda la información privada de sus clien-tes. Así, empresas como Facebook, Google o Microsoft tienen capacidad de utilizar esa
ese espacio personal. ACTA y ahora el TLC buscan romper esa regulación europea pa-ra armonizarla con la falta de límites de Es-tados Unidos. Y ello incluye la posibilidad de que los proveedores de internet puedan dar toda la información –incluido el histo-rial de navegación– a los gobiernos y gran-des empresas.
El Tratado pretende alcanzar a todos los sectores de la economía, incluido el sector público. Muchos de los sectores públicos en Europa son fundamentalmente privados en
duzcan en el seno de la UE con la llegada de grandes multinacionales que oferten es-tos servicios, y dada la mayoría neoliberal en los gobiernos del Viejo Continente, no pa-rece que existiese una gran oposición por parte de los Estados.
Del mismo modo, la armonización de la regulación sobre prácticas que dañan al me-dio ambiente podría abrir la puerta al ‘frac-king’ en Europa, una práctica que está sien-do frenada legislativamente en la Unión Eu-ropea. Las grandes empresas
estadouniden-EE UU pretende que el ‘fracking’ no se vea sometido a vaivenes regulatorios creando un organismo de arbitraje ad hoc. La liberación del comercio entre EE UU y Europa crearía un beneficio anual estimado de 110.000 millones de euros para la UE.
ses de exportación de gas y petróleo están buscando formas de superar la normativa eu-ropea respecto a la fracturación hidráulica (fracking) para poder incrementar sus
bene-ficios. Prueba de esta presión la constituyen las recientes declaraciones del primer mi-nistro británico, David Cameron, denun-ciando que la legislación europea permitía que “nuestros competidores vayan por de-lante de nosotros en la explotación de estos recursos”.
Además, la propia Comisión Europea, en caso de suscribirse el magno acuerdo, pre-vé un incremento de hasta 11 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, lo que contraviene todos los protocolos internacionales de me-dio ambiente.
Los ‘tribunales’
de arbitraje
Hasta ahora, allá donde Estados Unidos mantiene un acuerdo de libre comercio, las empresas con bandera de este país han he-cho un uso sistemático de la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales de arbitraje, establecida en los diversos TLC ,pa-ra demandar a los gobiernos locales por g,pa-ran- gran-des sumas.
Estados Unidos desea que el TLC incluya una cláusula de protección de los inverso-res extranjeros -conocida como Investor-Sta-te DispuInvestor-Sta-te Settlement, ISDS- que permitirá a
las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o fu-turos. Y los tribunales internacionales de ar-bitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Así, un Estado puede ser condenado por un tribunal internacional por haber vulnerado los posi-bles beneficios de una multinacional. Pero además las grandes empresas pueden obviar los tribunales locales y directamente de-mandar a los Estados a través de tribunales internacionales.
Esto ya ha sucedido en diversas ocasiones. La multinacional estadounidense Phillip-Mo-rris demandó a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanita-rias en las cajetillas de tabaco. Otra multi-nacional como Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700 millones de dólares por haber apagado sus centrales nucleares. Otra, como Lone Pina ha demandado a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por la moratoria de ‘fracking’ que aprobó el Go-bierno de Quebec.
Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 mi-llones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas. E in-cluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares por los ”beneficios perdidos” por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares.
El ministro de Salud de Nueva Zelanda anunció el retraso de la aprobación de un varias medidas sanitarias para la prevención del consumo de tabaco hasta que se cono-ciese la sentencia de Phillip Morris contra Australia.
Argentina, que tras la crisis de 2001 cam-bió radicalmente su política económica ha recibido más de 40 denuncias por parte de diversas multinacionales.
A finales de 2013 había constancia de 268 demandas de estas características ante tri-bunales de arbitraje pendientes contra 98 países. En la década de los noventa solo se habían registrado 12.
Defensores y
detractores
E
l secretismo es la principal ca-racterística que se está denun-ciando de las negociaciones pa-ra la firma de un gpa-ran acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Es-tados Unidos. Los detractores de este pro-ceso, además de resaltar que se estánto-La regulación en Europa es más garantista con los derechos de sus ciudadanos y su privacidad en internet.
Por todo el mundo se suceden las manifestaciones contra el TLC, que a
mando decisiones muy importantes y que afectarán cotidianamente a sus vidas, a es-paldas de los ciudadanos, también recuer-dan los efectos negativos que este tipo de acuerdos han tenido para los países más dé-biles económicamente que los han suscrito con anterioridad con Washington. Igualmente señalan que son las grandes empresas y los lobbies quienes realmente están imponien-do sus condiciones a los gobiernos. Pero tam-bién hay voces en defensa de este tratado
Así, para el PP el tratado resulta muy ven-tajoso tal y como se está negociando. Así lo manifestaban el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados: “Es necesario que estadounidenses y europeos nos pon-gamos de acuerdo en las nuevas reglas pa-ra el comercio y la inversión. Sólo así se va a conseguir liberalizar sectores con com-plejas normas de seguridad como los auto-móviles y los productos alimentarios”.
Por su parte, María Auxiliadora Correa, eu-rodiputada de esta misma formación, de-fendía el acuerdo, que “permitiría a España ganar apertura de mercado para frutas, hor-talizas, aceite o jamón”.
También el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José Ma-ría Aznar, en la presentación en el Campus FAES 2014 del libro blanco ‘Una nueva co-munidad atlántica: generar crecimiento, de-sarrollo humano y seguridad en el hemisfe-rio atlántico’, elaborado por la Atlantic Ba-sin Initiative, apuesta por redefinir una nue-va comunidad atlántica, que incluya a Amé-rica del Sur y CentroaméAmé-rica y los países atlánticos de África, basada en valores co-munes de democracia y libertad y bien po-sicionada en el mundo.
Para él, el acuerdo de libre comercio e in-versión que negocian la Unión Europea y Es-tados Unidos es “la más importante iniciati-va que tiene la UE sobre la mesa, por no de-cir la única” y “de grandísima importancia en términos comerciales y transcendencia en términos estratégicos y políticos”.
Durante la mencionada sesión parlamenta-ria del pasado 7 de mayo, los grupos parla-mentarios de PP y PSOE, junto con CIU, PNV y UPyD sumaban sus votos para tumbar la ini-ciativa parlamentaria presentada por el grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, y defendida por su por-tavoz, José Luis Centella, para que la Cámara Baja instara al Gobierno a “rechazar” el futu-ro tratado de comercio e inversiones que ne-gocian en la actualidad la Unión Europea y los EE.UU y que, en todo caso, promoviera un “referéndum para su ratificación”.
No era de extrañar, ya que el acuerdo fir-mado en junio de 2013 entre el Partido Po-pular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para “apoyar un rápido comienzo de las
ne-gociaciones de un acuerdo de libre comer-cio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso”.
Para Antonio Fernández-Martos, director ge-neral de Comercio Internacional e Inversio-nes del Ministerio de Economía, la firma del polémico acuerdo es la “prioridad número uno de la política comercial española”. “Se trata de un pacto que podría aportar benefi-cios por valor de 119.000 millones de euros a la UE y de 95.000 millones de dólares a EE UU”, señalaba por su parte Santiago Fisas, eu-rodiputado del Partido Popular.
Pero los populares no están solos en esta cuestión. La socialista Inmaculada Rodrí-guez-Piñero declaraba que “la UE y EE UU ya suman el 60 por ciento del PIB mundial. Este tratado es fundamental desde el punto de vista geopolítico, para que Europa recu-pere un papel de liderazgo”.
Pero no para todos resulta positivo. Así, el Observatorio de las Corporaciones Europe-as, Ecologistas en Acción y otras fuerzas po-líticas, que alertan del riesgo medioambien-tal, sanitario o para la seguridad de los con-sumidores que supondría rebajar los están-dares que regulan la comercialización de bienes y servicios dentro de la UE. Este mis-mo grupo afirma que ya son más de 30.000 las personas que ejercen como ‘lobbistas’ en Bruselas –y eso, sin que todavía se haya sus-crito el acuerdo-, y el diario británico ‘The Guardian’ ha revelado en un reciente artí-culo que influyen en un 75 por ciento de las normativas europeas.
Aznar, entusiasta defensor de la iniciativa. Centella (IU) defendió en el Congreso el rechazo al TLC.
ue afectaría a los países con economías más débiles.
F. MORENO EUROPA PRESS
Ecologistas en Acción considera que el TTIP es “claramente una amenaza impor-tante que podría afectar a muchos aspec-tos de nuestra vida diaria. Si el 80 por cien-to de los supuescien-tos beneficios económicos del tratado dependen de la eliminación o armonización de los reglamentos y normas, nos veríamos afectados por recortes sin pre-cedentes en los derechos sociales, labora-les y ambientalabora-les”.
Izquierda Unida denuncia a través de su diputado Ricardo Sixto que “ha habido di-ferentes informaciones acerca de las presio-nes que las grandes empresas transnaciona-les, buena parte de ellas estadounidenses, estarían haciendo para que el resultado de las negociaciones les fuera lo más propicio posible”.
Este grupo político, como anteriormente se mencionaba, presentó el pasado 7 de ma-yo, en el Congreso de los Diputados una mo-ción planteada que pedía al Gobierno de Ra-joy que se mostrase partidario de paralizar las negociaciones del TTIP, y también que, en caso de seguir adelante, se sometiese a referéndum entre los ciudadanos de nuestro país. Además, proponía la creación de un grupo de trabajo en el seno de la comisión de asuntos exteriores para que presentase un informe en el plazo de seis meses sobre las repercusiones legales, económicas y socia-les del TTIP. Finalmente, rechazaba frontal-mente el sistema de privatización de resolu-ción de conflictos que pretende negociarse entre los inversores y los Estados. El resulta-do de la iniciativa ya se relataba unas líne-as más arriba.
El pasado mes de octubre se convocaba en toda la UE el ‘Día de Acción Europeo con-tra el TTIP’, con manifestaciones programa-das en más de 1000 localidades de 22 paí-ses, incluidos el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Grecia, Holanda, Po-lonia, República Checa y Países Escandina-vos.
Además de la suspensión de la negocia-ción del TLC entre la UE y los Estados Uni-dos, que ya ha alcanzado su séptima ronda, los manifestantes reclamaron la de otros acuerdos de inspiración similar, entre ellos el acuerdo entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre Co-mercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés).
Los opositores denuncian que estos trata-dos proporcionarían un poder sin prece-dentes a las empresas multinacionales y el capital financiero. Según ellos, este TLC lle-varía a la pérdida de más de un millón de empleos directos, mayores recortes salaria-les, una ola de privatización de los servicios públicos y la eliminación de normas am-bientales así como un ataque a los derechos de las y los trabajadores.
La mayor parte de los detractores del tra-tado se han organizado en Europa, pero tam-bién en Estados unidos y Canadá, en una alianza de más de 230 movimientos socia-les, sindicales y organizaciones ciudadanas. En el Viejo Continente registraban la deno-minada Iniciativa Ciudadana Europea, que según las normas de Bruselas, debería
reco-ger por lo menos un millón de firmas de sie-te o más Estados de la UE para obligar a la Comisión a responder formalmente a su so-licitud y realizar una audiencia pública en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la Co-misión decidía vetar por primera vez desde su inclusión en el Tratado de Lisboa este pro-cedimiento, haciendo inútil la recogida de esas firmas.
Para los impulsores de la iniciativa “la de-cisión de la Comisión Europea es escanda-losa. Estos tratados comerciales ya se en-frentan a la oposición sin precedentes por su secretismo y opacidad, pero ahora se nos niega incluso el derecho de petición”.
El TTIP también escandaliza a sus oposi-tores por un protocolo ideado para proteger las inversiones norteamericanas en Europa. Ahora Estados Unidos y la UE discuten la in-corporación de un mecanismo que, permi-tirá a las grandes compañías reclamar in-demnizaciones ante tribunales de arbitraje a los Estados, si consideran que sus benefi-cios económicos o sus expectativas de ga-nancias futuras se ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Según Ecologistas en Acción, esto significa que: “si no ganan lo que quieren, pueden demandar en tribunales privados al Estado en el que han invertido”.
Para el Observatorio Europeo de las Cor-poraciones (CEO en inglés), una organiza-ción que se dedica a controlar la presión que ejercen los lobbies empresariales en Bruselas. “El acuerdo se está negociando en secreto entre gobiernos y multinacio-nales”, y resaltan que ni los documentos de negociación, ni la contribución de los distintos actores, las agendas o las reunio-nes con la industria son públicos”, por lo que se está dejando a los ciudadanos en la “la oscuridad informativa”. A su crite-rio, “lo que pretendía y pretende Estados Unidos, y también la Unión Europea, es aplicar rígidamente las políticas neolibe-rales de desregulación, ausencia de con-trol, rebajas fiscales y privatización de to-do lo público”.
En Izquierda Unida insisten en su oposi-ción: “Este tratado de libre comercio, como también lo fue el ALCA en América Latina, es la ley de la selva, y ya sabemos que en la ley de la selva el grande siempre se come al chico”, en palabras de Ricardo Sixto. l
Fisas, eurodiputado del PP, señala los beneficios del acuerdo.
Rodríguez-Piñero (PSOE), también defiende el tratado.ALEX PUYOL
