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ROBERTO ANDRÉS ANZOLA C. Estudiante de X semestre Finanzas y Relaciones Internacionales
En las últimas dos décadas, uno de los temas que mayor fuerza han tomado en el debate político internacional ha sido el desarrollo de caminos hacia la reconciliación nacional y la consolidación de la democracia en situaciones como los conflictos armados domésticos y las transiciones desde gobiernos autoritarios hacia gobiernos democráticos.
En este sentido, se han identificado una serie de estrategias que, siguiendo a Siri Gloppen1, pueden agruparse en cinco categorías. La primera de ellas es la que enfatiza en la necesidad de «justicia», y se toma como principal argumento el que una reconciliación duradera requiere que los autores de los crímenes se hagan responsables de sus actos y, en consecuencia, sean castigados. La segunda se concentra en la «restitución» para las víctimas, dado que el reconocimiento y la reparación de los daños físicos, psicológicos y sociales son requisito indispensable para que la reconciliación tenga lugar. La tercera está enfocada en la «verdad». De acuerdo con esta categoría, el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables pueden ser un camino hacia la reconciliación. La cuarta se concentra en las «reformas» en los ámbitos económico, político, social y judicial como una herramienta para evitar abusos a los derechos humanos. De este modo se aporta en la reconciliación. Por último, se considera que la amnistía y la «amnesia pública» son mecanismos que pueden ayudar a lograr la reconciliación.
En este escrito se analizan la conveniencia y la aplicabilidad de una estrategia enfocada en la verdad para tratar de solucionar el conflicto armado interno, al igual que los aportes que las experiencias internacionales le pueden hacer al caso colombiano.
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98 r e v i s t a d e l a u n i v e r s i d a d e x t e r n a d o d e c o l o m b i a · f a c u l t a d d e f i n a n z a s , g o b i e r n o y r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s a c t u a li d a d
Como
oportunidad
estratégica puede
considerarse la apertura
de un marco legal para
las negociaciones entre
el gobierno nacional y
los grupos armados
ilegales.
ajenas al aparato judicial, establecidas por una entidad gubernamental o intergubernamental para revelar evidencia sobre abusos cometidos durante un régimen previo o una guerra civil2. Las comisiones de la verdad cuentan
con diversas características: pueden surgir por medio de una decisión del ejecutivo, por un acto del legislativo o por presión internacional, entre otros mecanismos. Así mismo, puede tener una composición políticamente balan-ceada, neutral, en ocasiones internacional y en otras mixta. Por otro lado, suele ir acompañada de amnistías que pueden ser de carácter condicional o total como incentivo para que la verdad sea revelada.
Las recomendaciones de las comisiones de la verdad pueden llegar a tener cierta obligatoriedad, y su mandato puede ser limitado (tipos específicos de violaciones a los derechos humanos, períodos cortos) o amplio (todo tipo de violaciones y largos lapsos de tiempo). Natalia Springer3 ha desarrollado
el concepto de «generación» para describir la evolución continua de las comisiones ofreciendo una tipología enfocada, entre otros aspectos, en los poderes otorgados a las comisiones, su relación con el sistema judicial y el establecimiento de programas complementarios de soporte.
Según Springer, las comisiones de «primera generación» se caracterizan por no ser el resultado de un consenso interno y la voluntad de las partes de enfrentar el pasado, sino que fueron el producto de una presión internacional por la naturaleza de las violaciones que tenían lugar. Su mandato era muy limitado y carecían de relación alguna con
el aparato judicial.
Las de «segunda generación» poseen mandatos más amplios. En ocasiones sus informes son una evidencia importante en juicios contra perpetradores, generándose una relación —en algunos casos directa y en otros casos indirecta— con el poder judicial.
Las comisiones de «tercera generación» se caracterizan por poseer poderes muy amplios y gran apoyo popular, al igual que participación activa de la comunidad internacional y de los medios de comunicación.
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Las de «cuarta generación» tienen como principal característica4 que dejan de ser un vehículo de transición política y se convierten en un mecanismo para abordar los conflictos en medio de los cuales se instauraron. Un aspecto fundamental es que operan en conflictos de barbarie simétrica, es decir, donde los derechos humanos son vulnerados por múltiples actores.
Cuarta generación para Colombia
La de mayor aplicabilidad para el caso colombiano es una comisión de «cuarta generación». No obstante, cabe destacar que la instauración depende de un acuerdo de cese al fuego o de algún tipo de oportunidad estratégica que fije las condiciones necesarias para su establecimiento.
Como oportunidad estratégica puede considerarse la apertura de un marco legal para las negociaciones entre el gobierno nacional y los grupos armados ilegales. En este sentido, la Ley de Justicia y Paz5 abre la posibilidad de crear una comisión de la verdad que investigue las violaciones a los derechos humanos en Colombia, configurada de tal modo que sirva como medio para la recon-ciliación a escala colectiva, más allá de una reconrecon-ciliación política, y no sólo entre perpetradores y víctimas o entre gobierno y grupos armados ilegales.
Una comisión de la verdad para Colombia debe tener un mandato amplio, con la capacidad de investigar denuncias contra todas las partes del conflicto. No sólo debe limitarse a esclarecer los hechos sino que debe analizar causas estructurales de la violencia6.
Un elemento que hay que evaluar es su composición. Aunque algunos autores le dan poca trascendencia a la participación internacional, ésta puede llegar a ser un factor clave para su éxito debido a su garantía de ecuanimidad e imparcialidad. No menos importante es la participación de nacionales; lo ideal es lograr la representación de la mayor parte de los sectores de la sociedad. Este es un aspecto poco considerado en la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a través de la Ley de Justicia y Paz, lo que ha resultado en una falta de apoyo por parte de ONG y asociaciones de víctimas que no se sienten representadas.
El tipo de crímenes que hay que investigar y el lapso sobre el cual se rea-lizarían las investigaciones son otros aspectos que se deben determinar muy claramente y estar acordes con el contexto en que opera la comisión. Por naturaleza, la comisión debe encargarse de investigar los hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Una forma de delimitar esto es ocu-parla en aquellas violaciones que tengan un mayor impacto social y revistan mayor gravedad, perpetradas por cualquiera de las partes en el conflicto.
100 r e v i s t a d e l a u n i v e r s i d a d e x t e r n a d o d e c o l o m b i a · f a c u l t a d d e f i n a n z a s , g o b i e r n o y r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s a c t u a li d a d Es indis-pensable que la comisión se construya según las características inherentes al contexto en
que funciona, de manera tal que cuente con las capacidades suficientes
para cumplir su objetivo.
públicamente su indignación, lo que facilita, en cierta medida, la imple-mentación de medidas que complementen el trabajo de la comisión, como la reparación y la indemnización.
Una ventaja más es que se acompañan de una promesa de reconciliación social, abriendo paso a la posibilidad de que exista una convivencia física pacífica y sin riesgo de que surjan tensiones adicionales o algún tipo de retaliación. Pueden aportar también al enjuiciamiento de los violadores de derechos humanos, colaborando con piezas importantes de evidencia y con las mismas investigaciones efectuadas en el cumplimiento de su deber.
No obstante, también hay limitaciones, pues muchas veces los traumas provocados a las víctimas pueden ser tan severos que lo único que buscan es una sentencia judicial, dificultando así la tarea de reconciliación. Ade-más, aquellas personas que son denunciadas ante las comisiones sufren un
deterioro importante en su reputación y en su credibilidad. Si alguien es acusado sin ser necesariamente culpable, podría sufrir consecuencias irremediables. Por lo general, quienes acusan no tienen obligación alguna de probar sus afirmaciones y no existe ninguna consecuencia sobre el denunciante, como por ejemplo responsabilidad alguna
por calumnia o difamación. Consideraciones finales
El esclarecimiento pleno de los hechos constituye un elemento fundamental en el camino hacia la reconciliación nacional tras un conflicto armado, lo que convierte a la comisión de la verdad en una herramienta clave en la búsqueda de una paz duradera y sólida. Igual-mente, el establecimiento de la verdad es un punto de partida primordial
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en la aplicación de otras medidas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, como la reparación y la judicialización de los perpetradores.
Sin embargo, es indispensable que la comisión se construya según las características inherentes al contexto en que funciona, de manera tal que cuente con las capacidades suficientes para cumplir su objetivo. Así mismo, debe existir una participación y un verdadero compromiso por parte de to-dos los actores del conflicto y de la sociedad civil, de modo que se dote de legitimidad y credibilidad la labor de la comisión.
Notas
1. Siri Gloppen, «Roads to Reconciliation: A Conceptual Framework», en Elin Skaar et al. (eds.), Roads to Reconciliation, Lanhan, Lexington Books, p. 18.
2. Ibid., p. 27.
3. Natalia Springer, Sobre la verdad en los tiempos del miedo. Del establecimiento de una Comisión de la Verdad
en Colombia y los desafíos para la justicia restaurativa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Facultad
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2002, p. 101. 4. Ibid., p. 107.
5. Ley 975 de 2005, adoptada en junio de 2005. 6. Natalia Springer, op. cit., p. 149.
Bibliografía
• Beigbeder, Yves, Judging War Criminals. The Politics of International Justice, Nueva York, St. Martins Press. 1999.
• Skaar, Elin et al. (eds.), Roads to Reconciliation, Lanhan, Lexington Books, 2005.
• Springer, Natalia, Sobre la verdad en los tiempos del miedo. Del establecimiento de una Comisión de la Verdad
en Colombia y los desafíos para la justicia restaurativa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Facultad
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2002. • Ley de Justicia y Paz, 21 de junio de 2005.
• La Comisión de la Verdad, ponencia del proyecto de ley, Gaceta del Congreso Nº 432 de 2004. Disponible en www.elabedul.net.
