EXTRACTOS RELACIONADOS CON SINDICATOS Y SINDICALISTAS COLOMBIA
2002 Indice
Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias E/CN.4/2003/70
Corr.1 y 2…..………...1 Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias
E/CN.4/2003/3 y Corr.1………...……….……...…2 Adición al Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias
Resumen de casos transmitidos a los gobiernos y respuestas recibidas E/CN.4/2003/3/Add.1 .………2 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
la situación de los Derechos humanos en Colombia E/CN.4/2003/13 …..………..……….…..7
Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
Numerales 76 y 77
I. ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS EN 2002
Colombia
76. Varias ONG expresaron preocupación por la situación descrita como un incremento en un 100% del número de desapariciones forzadas en el país a lo largo de los dos últimos años. La población civil de diversas regiones, en particular la del departamento de Meta, de la cuenca del río Cacarica o la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, pueden ser acusadas al parecer por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares de pertenecer a los movimientos de guerrilla o de simpatizar o colaborar con ellos. Se dice que esas acusaciones suelen tener por resultado graves violaciones de los derechos humanos, tales como intimidaciones, represalias y a veces desapariciones o ejecuciones sumarias. Más concretamente, se expresó grave preocupación por la presunta persecución de dirigentes o miembros de
* Este documento ha sido preparado por la Unidad Legal Regional del ACNUR, San José de Costa Rica, 6 de agosto de 2003.
EXTRACTOS DEL DOCUMENTO E/CN.4/2003/70 y Corr.1 y 2 21 de enero de 2003
sistemáticamente objeto de hostigamiento, intimidación y represalias, seguidos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Estas denuncias se han transmitido recientemente al Gobierno, que aún no ha tenido ocasión de responder.
77. Durante el período examinado, el Gobierno discrepó de las denuncias de que existía una vinculación entre los grupos paramilitares y el Ejército, y pidió que esas acusaciones se basaran en pruebas concretas. La policía del Estado se opone abiertamente a las actuaciones de grupos marginales que infringen la ley. El Gobierno facilitó también información detallada sobre las diversas medidas adoptadas para proteger la vida y la integridad de personas pertenecientes a sindicatos, de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los habitantes de la cuenca del río Cacarica.
Informe de la Relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Numerales 53 y 54
E. Amenazas de muerte
53. A este respecto, se enviaron llamamientos urgentes a los Gobiernos de los siguientes países: Argelia, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Guatemala, India, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kirguistán, México, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Perú, República de Moldova, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
54. Las personas amenazadas son, en la gran mayoría de los casos, periodistas, jueces, abogados, defensores de los derechos humanos, representantes sindicales o indígenas. La Relatora Especial está particularmente preocupada por el gran número de amenazas de muerte denunciadas en Colombia, Guatemala y México.
Informe de la Relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Adición
Resumen de casos transmitidos a los gobiernos y respuestras recibidas
Numerales 72 - 74, 82, 86, 92, 93, 95, 97, 105, 120 – 125, 147, 175, 181 y 189
Colombia Llamamientos urgentes
EXTRACTOS DEL DOCUMENTO E/CN.4/2003/3 y Corr.1 13 de enero de 2003
EXTRACTOS DEL DOCUMENTO E/CN.4/2003/3/Add.1 12 de febrero de 2003
72. El 20 de diciembre de 2001, la Relatora Especial junto con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia relativo a amenazas y hostigamiento contra unos líderes del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), supuestamente por un hombre que estaría relacionado con los paramilitares. Los Relatores Especiales recordaron al Gobierno de Colombia que, desde hacía dos años, los sindicalistas del SINTRAEMCALI habrían sido víctimas de una serie de amenazas, supuestamente por parte de los paramilitares. Se informó también de que en mayo del año 2001, dos miembros del mismo sindicato habrían sido asesinados sin que nadie fuera todavía detenido.
73. El 6 de marzo de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente según el cual Leonardo Avendaño, activista sindical de la Seccional Yondó del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SIMTRAEMSDE) habría desaparecido el 5 de enero de 2002, en la vía que conduce del municipio de Puerto Berrío al municipio de Yondo en el departamento de Antioquia. Además, Gilberto Martínez Torres, dirigente sindical de la Subdirectiva Única de Oleoducto (SUO) de la Unión Sindical Obrera (USO), habría desaparecido el 25 de febrero de 2002, en la carretera que dirige al municipio de Monterrey. Sin embargo, se informa de que en diciembre de 2001, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) habría solicitado al Gobierno colombiano medidas cautelares para proteger a los miembros de este sindicato. Según las informaciones recibidas, los sindicalistas Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, coordinador del departamento de derechos humanos del Sindicato Nacional de Chóferes de Colombia (SINDINALCH-CUT), Sigilfredo Grueso, activista del Sindicato de Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI-CUT) y Albeiro Forero, dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cartago (SINTRAMUNICIPIO) habrían sufrido atentados contra su vida en enero y febrero de 2002. Asimismo, el 5 de enero de 2002, Carlos Alberto Flores Loaiza, miembro de la junta directiva nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES-CUT) y José Homer Moreno Valencia, miembro de la SINTRAEMSDES-CUT, Seccional Palmira, habrían recibido amenazas de muerte. Finalmente, Luis Hernández Monrroy, presidente del SINTRAEMCALI-CUT, habría sido amenazado el 19 de febrero de 2002. Asimismo, las Relatores expresaron su preocupación en cuanto a las constantes amenazas contra los defensores de los derechos humanos en Colombia. Se informó de que miembros de la Organización Femenina Popular (OFP) en Barrancabermeja habrían recibido múltiples amenazas. Por ejemplo, el 19 de enero de 2002, Patricia Ramírez, miembro del equipo coordinador de la OFP, habría sido detenida ilegalmente por un par de horas. Por último, el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante una reunión pública celebrada en la cancha del Barrio Esperanza, Barrancabermeja, el 20 de febrero de 2002, habría señalado a Francisco Campos, director de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), como objetivo militar. Con esta acusación, las AUC quisieran silenciar las constantes denuncias públicas realizadas por la CREHOS acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas por presuntos paramilitares en Barrancabermeja y sus alrededores.
74. El 20 de febrero de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente con respecto a las amenazas en contra de Viviana María Villamil, esposa del sindicalista Julio Galeano, de sus tres hijos y de los miembros del SINTRAEMCALI, a raíz del asesinato del sindicalista Julio Galeano en Cali, departamento del Valle del Cauca, el 11 de Febrero de 2002. Esta agresión estaría relacionada con la participación de Julio Galeano y
en Cali, desde el 25 de diciembre de 2001 hasta el 31 de enero de 2002. La ocupación pacífica de las instalaciones formaba parte de la campaña sindical contra la privatización de las empresas Municipales de Cali. Durante la ocupación, se informa de que los miembros de SINTRAEMCALI y otros representantes sindicales habrían sido acusados por miembros de las Fuerzas Armadas de vinculación con los grupos armados de oposición y de conspiración para desestabilizar el país. Además, el grupo paramilitar AUC habría declarado que los miembros de SINTRAEMCALI eran “objetivos militares”.
82. El 26 de junio de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia relativo a las serias amenazas contra la familia de William Mendoza Gómez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) en Barrancabermeja. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 18 de junio, tres hombres desconocidos habrían tratado de secuestrar a la hija de William Mendoza Gómez, de cuatro años de edad, de los brazos de su madre, Luz Esther Díaz. Se informó de que William Mendoza Gómez, junto con otros dirigentes de SINALTRAINAL, habría recibido amenazas de muerte. Por ello, la CIDH pidió al Gobierno colombiano que garantizara su seguridad. Según los informes, William Mendoza Gómez estaría recibiendo protección por parte del Ministerio del Interior colombiano. El intento de secuestro de la hija de William Mendoza se ha producido en un momento en el que SINALTRAINAL ha iniciado un proceso en los Estados Unidos por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares contra sindicalistas que trabajan en las embotelladoras contratadas por la empresa Coca-Cola.
86. El 17 de julio de 2002, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia relativo a la situación de peligro en la que se encontraba Rodrigo Acevedo, encargado de derechos humanos dentro del Sindicato de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), y a la situación la de otros miembros del sindicato, a raíz de un presunto atentado contra la vida de Rodrigo Acevedo. De acuerdo con las informaciones recibidas, a las 11.45 de la mañana del 8 de julio de 2002, Rodrigo Acevedo estaba en su despacho de la oficina central de SINTRAELECOL, en Bogotá, cuando alguien habría disparado contra la ventana de su despacho. Se informó de que este es el segundo ataque que se habría producido contra Rodrigo Acevedo en los últimos meses. El 24 de junio, durante su pausa para el almuerzo, Acevedo habría sido agredido e insultado por hombres armados en la calle. Rodrigo Acevedo habría informado del incidente al DAS. También habría enviado una carta al programa de protección de sindicalistas del Ministerio del Interior, informándole del caso y pidiendo medidas de protección más eficaces.
92. El 29 de agosto de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia relativo a la situación de peligro en la que se encuentran los miembros de sindicatos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que actúan en el departamento de Risaralda .De acuerdo con las informaciones recibidas, el 21 de agosto de 2002 se habría enviado por fax un folleto a las oficinas del Sindicato de Educadores de Risaralda (SER) firmado por el Bloque Cacique Calarcá de las AUC. El folleto instaba a una lista de personas miembros de la Central Unitaria de Trabajadores, del SER, del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, a abandonar la región en un plazo máximo de 15 días. De lo contrario, las unidades del Bloque Calarcá se verían obligadas a emprender acciones contra ellos.
93. El 9 de septiembre de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia relativo a la situación de peligro en la que se encuentran los miembros del SINTRAEMCALI a raíz de un atentado con explosivos perpetrado en uno de los lugares de reunión del sindicato en la ciudad de Cali, departamento de Valle del Cauca. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 3 de septiembre de 2002, hacia las 11 de la mañana, una bomba habría explotado en un edificio donde los sindicalistas de SINTRAEMCALI suelen reunirse en Cali. Se informó de que afortunadamente, en el momento de la explosión no había nadie en la zona. Este atentado podría estar relacionado con la campaña llevada a cabo por SINTRAEMCALI contra la privatización de los servicios de electricidad, agua, alcantarillado y telecomunicaciones de Cali. Durante esta campaña, miembros de las fuerzas armadas y de otros sectores habrían acusado a miembros y simpatizantes de SINTRAEMCALI de tener vínculos con grupos armados de oposición en una "conspiración terrorista" para desestabilizar la ciudad. Por último, la Relatora Especial fue informada de que las fuerzas de seguridad del Estado habrían recibido una cinta en la que se mostraba a unos paramilitares manifestando su intención de perpetrar ataques contra Alexandre López Maya, representante en el Congreso y ex miembro de SINTRAEMCALI, Luis Hernández, presidente de SINTRAEMCALI, y otros miembros de la ejecutiva del sindicato. 95. El 18 de septiembre de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia relativo a la situación de peligro general en la cual se encuentran los trabajadores y sindicalistas de dos empresas regionales de electricidad y de energía de la capital del departamento de Arauca, tras recibir información sobre presuntas amenazas de muerte realizadas por paramilitares en la región. Según la información recibida, el 11 de septiembre de 2002, las AUC habría amenazado a unos sindicalistas de la electricidad de la Empresa de Energía de Arauca (ENELAR ESP), acusándoles de comprometerse con grupos subversivos y declarándoles objetivos militares. Se informó también de que el 7 de julio, en una amenaza de muerte enviada a la empresa por correo electrónico, las AUC habrían amenazado a los empleados y a los miembros de la sección de Arauca del SINTRAELECOL diciendo: "Jefes, sindicalistas y algunos trabajadores: [...] se les advierte que tienen que renunciar de manera inmediata, de lo contrario deberán atenerse a las consecuencias".
97. El 29 de octubre de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia relativo a Cristóbal Guamanga, miembro del Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores del Cauca (SIMPEAGRIC). Según la información recibida, el 17 de octubre de 2002 dos hombres armados habrían llegado a la casa de Cristóbal Guamanga exigiendo conocer su paradero, afirmando: «lo andamos buscando". Al no encontrarlo en casa, habrían visitado las casas de otros miembros del sindicato, y en ellas lo habrían amenazado diciendo: "Cristóbal se salvó, pero no es por mucho tiempo". Los hombres habrían dejado amenazas de muerte por escrito contra Cristóbal Guamanga en las casas de sus colegas.
Comunicaciones enviadas
105. De acuerdo con las informaciones recibidas, Rafael Jaimes Torra, líder sindical de la USO, habría sido asesinado el 20 de marzo de 2002 en Barrancabermeja, departamento de Santander, a pesar de que recibía protección especial por parte del Ministerio del Interior.
120. De acuerdo con la información recibida, el 12 de abril de 2002 habrían sido asesinados Hernán Ortiz Parra, Vicepresidente de los Educadores Unidos de Caldas (Educal) y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Caldas, junto con José Robeiro Pineda Galeano, colaborador con la mensajería de varios sindicatos de Caldas, que le
restaurante cuando dos sicarios entraron y les dispararon indiscriminadamente.
121. El 21 de marzo 2002 Rafael Jaimes, dirigente de USO, habría sido asesinado violentamente por desconocidos en Barrancabermeja.
122. También se recibieron informes relativos al presunto asesinato de Aury Sara Marrugo, Presidente de la Subdirectiva de la USO, seccional Cartagena, y su escolta Enrique Arellano Torres, el 5 de diciembre de 2001. Aury Sara Marrugo se encontraba secuestrado desde el 30 de noviembre de 2001. Su secuestro habría sido reivindicado por las AUC.
123. Se recibieron informes sobre el presunto asesinato de Jairo Balvuena, Fiscal del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES) de la subdirectiva de Buga, departamento del Valle del Cauca. Según los informes recibidos, Jairo Balvuena habría sido asesinado el 10 de octubre de 2001 junto con Ramón Antonio Jaramillo, quien, según las informaciones recibidas, habría sido ex directivo de la misma subdirectiva y se había jubilado hacía dos meses de las empresas municipales de Buga del Valle del Cauca.
124. El 3 de octubre de 2001 habría sido asesinada Ana Ruby Orrego en el municipio de Yotoco, departamento del Valle de Cauca. Ana Ruby Orrego habría sido docente afiliada al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV). También fueron reportados los presuntos asesinatos de Jorge Iván Rivera Marique, activista de la USO, el 10 de octubre de 2001 en el Municipio de Pereira, departamento de Risaralda. En la misma fecha, habría sido asesinado Cervando Lerma, otro activista de la USO en la ciudad de Barrancabermeja.
125. El 29 de agosto de 2001 también habría sido asesinado el ex docente Jorge Freite Romero cerca de Barranquilla, departamento del Atlántico. Habría participado en una protesta que duró 22 días. Según informes recibidos, Jorge Freite Romero estaba afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA) y se habría destacado por su labor sindical y la defensa de los derechos humanos. El 30 de agosto de 2001 habría sido asesinado Miguel Chávez, en la vereda Playa Rica del Municipio de Tambo, Departamento de Cauca. Según la información recibida habría sido miembro de la Junta Directiva de la Seccional Tambo de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la Salud de la Comunidad (ANTHOC).
Comunicaciones recibidas
147. Con relación al homicidio de Carlos Eliecer Prado el 21 de abril de 2001 en Cali, departamento del Valle del Cauca, la esposa del difunto ha informado que éste no había sido objeto de ninguna clase de amenaza, motivo por el cual desconoce el móvil del crimen. Por otra parte, la investigación no ha determinado cual fue el móvil del homicidio puesto que no se puede afirmar que su muerte haya sido consecuencia de sus actividades sindicalistas y que los autores del mismo tengan relación con grupos paramilitares.
175. En cuanto al homicido de los sindicalistas Luis Manuel Anaya Aguas, Luis López y Julián Rodríguez, el Gobierno informó de que la Fiscalía General de la Nación está investigando el caso. Por otra parte, el Departamento Administrativo de Seguridad detuvo y suspendió a unos servidores públicos por el delito de rebelión.
181. Asimismo, el Gobierno informó de que desde el mes de octubre de 2001, Carol Herver Bohórquez Ardila, presidente de la subdirectiva de Caquetá de SINTRAELECOL se encuentra bajo la protección del programa de protección a dirigentes sindicales del ministerio del interior. 189. El 28 de octubre de 2002, el Gobierno de Colombia proporcionó información relativa a la situación de los trabajadores y sindicalistas de dos empresas regionales de electricidad y energía de la capital de Arauca. De acuerdo con el Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado traslado del contenido de la comunicación de la Relatora Especial a la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de seguridad, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del pueblo con el fin de obtener protección y seguridad para las personas amenazadas y garantizar el ejercicio de sus funciones.
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
Numerales 44, 47, 68, 102, 109 y 110. Del Anexo 2
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
44. En el marco de la crisis referida, se registró un aumento de las denuncias de violaciones de derechos civiles y políticos, incluyendo del derecho a la vida, atribuidas directamente a la fuerza pública, principalmente en la ejecución de políticas de seguridad y medidas de excepción. Varias de esas denuncias de violaciones fueron atribuidas directamente a servidores públicos. En otros casos se comprometió la responsabilidad estatal por omisión, tolerancia, apoyo o complicidad de servidores públicos con grupos paramilitares. Los defensores de derechos humanos, los líderes sindicales, los miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, así como los campesinos constituyeron las principales víctimas.
47. Además de estos casos, otras acciones atribuidas a servidores públicos pusieron en particular riesgo la vida de defensores de derechos humanos y sindicalistas. En otras, se atribuyeron a miembros de la fuerza pública amenazas directas a la población civil, ya estigmatizando a personas como simpatizantes o colaboradoras de la guerrilla, ya intimando a la población con el anuncio de la llegada de grupos paramilitares.
VI. ÁREAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN O IMPORTANCIA 1. Estado de derecho y política de seguridad
b) Zonas de rehabilitación y consolidación
68. En muchos de los operativos, la fuerza pública recurrió a las facultades a ella atribuidas por el decreto (y posteriormente declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional) de practicar capturas, allanamientos y registros sin mandamiento judicial, con un alto número de personas retenidas, de las cuales sólo una minoría fue puesta a disposición judicial. En varios casos, la
EXTRACTOS DEL DOCUMENTO E/CN.4/2003/13 24 de febrero de 2003
unas 2.000 personas, practicadas en Saravena (Arauca), entre el 12 y el 13 de noviembre, determinaron la judicialización de 49 de ellas, de las cuales casi 20 son miembros de organizaciones sociales o sindicales. Además de esto, en Saravena, por lo menos cinco familiares de informantes han sido matados por grupos guerrilleros. Por otra parte, se denunciaron abusos graves por parte del Ejército, incluyendo ejecuciones, en particular en Arauquita, donde esos problemas ya se habían registrado con anterioridad a la creación de la zona.
5. Defensores de derechos humanos
102. La situación de los defensores de derechos humanos continuó siendo crítica y se agravó en los últimos meses de 2002. La degradación del conflicto armado afectó especialmente a líderes comunitarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales, así como a servidores públicos con funciones de promoción y protección de los derechos humanos. Los integrantes de estos grupos han sido víctimas de homicidios, amenazas, atentados, hostigamientos, desapariciones forzadas y toma de rehenes. Se atribuye la principal responsabilidad de estos hechos a grupos paramilitares. Respecto a los personeros y otras autoridades locales, los grupos guerrilleros fueron los principales responsables de esos atentados. En varios casos, las amenazas y la vulnerabilidad de los defensores fueron atribuidas a servidores públicos.
6. Libertades fundamentales a) Libertad sindical
109. Los sindicalistas continuaron siendo víctimas de altos índices de muertes, amenazas, atentados y desapariciones; la mayoría de ellas permanecen en la impunidad. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), del 1º de enero al 15 de octubre 118 sindicalistas murieron, 18 sufrieron atentados y 32 fueron secuestrados o desaparecidos. Los sectores sindicales más afectados continuaron siendo los de la educación y de la salud y, en particular, los miembros de sindicatos como el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas y Consultorios (ANTHOC), la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO. La mayoría de esas violaciones se atribuyeron a grupos paramilitares . Se destacan las violaciones contra dirigentes y miembros de la Unión Sindical Obrera (USO) , como la muerte, en Barracabermeja (Santander) el 20 de marzo, de Rafael Jaime Torra, quien era beneficiario del Programa de protección a cargo del Ministerio del Interior; y el secuestro de Gilberto Torres, en febrero, por las Autodefensas Campesinas del Sur del Casanare (ACSC), quien fue liberado luego de la mediación de algunas autoridades. Debe señalarse además el homicidio de César Gómez, presidente de la seccional Pamplona del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), en el Norte de Santander, el 5 de septiembre, atribuido a grupos paramilitares. El Programa de protección había decidido la adopción de medidas debido al alto nivel de riesgo de este último las cuales no se habían implementado por falta de recursos .
110. A esto se suma la estigmatización debida a declaraciones públicas que ponen en riesgo la vida de algunos dirigentes y afectan, además, la legitimidad del movimiento sindical. Esta situación no favorece ni el libre desempeño de su función como defensores de los derechos sindicales ni el pleno ejercicio de la libertad sindical. Declaraciones desafortunadas de
funcionarios han afectado igualmente a sindicalistas y al ejercicio de las libertades sindical y de reunión pacífica. En este sentido se denunciaron declaraciones descalificatorias, además de amenazas y detenciones de dirigentes sindicales, con ocasión de la movilización y el paro del 16 de septiembre .
Anexo
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. PRINCIPALES
VIOLACIONES E INFRACCIONES
II. derechos humanos Derechos civiles y políticos
a) Derecho a la vida
2. El derecho a la vida se vio afectado por ejecuciones extrajudiciales, tanto individuales como colectivas, y por amenazas de muerte cuyos destinatarios fueron miembros de grupos particularmente vulnerables (defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, indígenas, afrocolombianos y campesinos, entre otros). En algunos casos las ejecuciones tuvieron el carácter de selectivas y en otros formaron parte de campañas de limpieza social, principalmente por parte de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.
