De Río Negro al Usumacinta. El coste de la luz Ainhoa Rodríguez García de Cortázar
Según la Comisión Mundial de Presas, entre 80 y 100 millones de personas en el mundo han sido desalojadas por la construcción de grandes embalses (Castro, 2003).
El trabajo de antropología visual en formato video-documental al que se refiere este escrito narra las consecuencias sociales, económicas, culturales y ecológicas de la construcción del embalse de Chixoy a finales del siglo XX en Guatemala. Asimismo describe los efectos sociales del proceso de privatización del sistema eléctrico del país y aborda el futuro de las comunidades afectadas por proyectos de presas hidroeléctricas en el Río Usumacinta –en el área catalogada como Reserva de la Biosfera Maya- a comienzos del siglo XXI.
Objetivos y metodología de trabajo
La grabación del documental “De Río Negro al Usumacinta. El coste de la luz” se realizó entre noviembre de 2001 y abril de 2002, en las áreas de Baja Verapaz, Alta Verapaz y Petén (Guatemala). Su producción finalizó en el año 2003, en Andalucía (España).
La temática y objetivos del mismo fueron decididos por las propias comunidades afectadas, las personas que contribuimos a su realización hemos procurado no ser más que una herramienta de transmisión de sus voces. Este trabajo se ha llevado a cabo sin financiación de ningún tipo, contando únicamente con nuestro tiempo y ahorros, además de la colaboración desinteresada de Intermedia Producciones (Sevilla) durante el montaje del mismo.
El propósito que tiene el documental para las comunidades que en él participan es doble:
Por un lado está sirviendo de material pedagógico en Guatemala, para dar a conocer en
pequeñas localidades los engaños e injusticias que acompañan, desafortunadamente a
menudo, a las promesas de desarrollo por parte de transnacionales y organismos
internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por otro, pretende ser una forma de difusión en Europa de la voz de las comunidades mayas y campesinas guatemaltecas, de cara a mostrar la situación insostenible en la que se encuentran, víctimas de grandes planes de desarrollo neoliberal que sólo parecen beneficiar a los Estados Unidos de América y a ciertas empresas transnacionales.
Contexto
Guatemala posee alrededor de 12 millones de habitantes, pertenecientes a los pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Ladino. El pueblo maya incluye a 21 comunidades lingüísticas
1.
Es un país con abundantes recursos naturales pero con grandes desigualdades sociales en su interior. Los pilares en los que descansan estas profundas asimetrías existentes son y han sido el racismo, el clasismo y el patriarcado.
El 10% de las personas guatemaltecas recibe casi la mitad de los ingresos de toda la población. Siendo un país eminentemente rural tiene una de las peores situaciones en América Latina respecto al reparto de la tierra. En lugares como el altiplano el 45% de los hogares no tiene acceso a agua potable y hay una cama hospitalaria para cada 1.733 habitantes de la región. En 1999 el 41% de la población guatemalteca mayor de 15 años era analfabeta. Entre las mujeres este porcentaje alcanzaba el 56% y en las áreas rurales el 77%. El 64% de las familias no tiene acceso a la energía eléctrica (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).
Guatemala se ha visto inmersa en un conflicto armado durante al menos 36 años de la segunda mitad del siglo XX. En la historia de este conflicto se pueden distinguir tres períodos.
El primero, de 1966 a 1970, con alrededor de 5.000 víctimas mortales. El segundo, de 1979 a 1982, cuando el gobierno de Ríos Montt aplicó la política de tierra arrasada que terminó con 70.000 personas asesinadas y 440 aldeas desaparecidas. Y el tercero, de 1987 a 1989, con la ofensiva militar dirigida a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), y a la represión selectiva en las ciudades (Ávila, 2004). La mayoría de las víctimas pertenecían al pueblo Maya, por lo que se puede hablar de un etnocidio.
Este conflicto conllevó además cerca de un millón de personas desplazadas internamente
2, 400.000 exiliadas a México, Belice, Honduras, Costa Rica o EEUU, 45.000 refugiadas legales en México, 150.000 ilegales en dicho país y unas 200.000 en EEUU, 20.000 personas organizadas en CPR y otras 20.000 que pudieron vivir durante varios años desplazadas en la montaña (Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, 1998).
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K´ichee´, Kaqchikel, Q´eqchi´, Mam, Poqomam, Achi, Akateko, Awakateko, Chuj, Itza´, Ixil, Jakalteko, Q´anjob´al, Mopan, Poqomchi´, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz´utujil, Uspanteko y Chorti´.
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Se estima que en las zonas del altiplano más golpeadas por la política de tierra arrasada, se produjo un
desplazamiento de hasta el 80% de la población (REMHI, 1998).
Del pasado al presente
A principios de los años 80 se producen en Río Negro y alrededores una serie de masacres con un objetivo específico, más allá del genocidio racista reconocido por el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, 1998). Estaba en juego la construcción de una central hidroeléctrica -la más grande del país- promovida y financiada principalmente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
3. En las masacres de Río Negro y alrededores murieron alrededor de 400 personas, por no querer abandonar sus tierras (ancestrales) ante la amenaza de la construcción de algo que nunca habían visto, una
‘represa’
4. Según Castro (2005), el “Informe Confidencial de Consumación del Proyecto” del Banco Mundial reconocía que el 25% de las 1.500 personas que tuvieron que desplazarse fueron asesinadas antes de que se llenara el embalse de Chixoy (Castro, 2005). Otras fuentes cifran en 3.400 el número de desplazados por dicha causa (Ávila, 2004).
El documental “De Río Negro al Usumacinta” relata, en las voces de las personas supervivientes, la realidad de injusticias y engaños que acompañó durante más de 20 años a las comunidades desplazadas por la construcción del embalse de Chixoy. Las promesas de resarcimiento del gobierno de Guatemala a través del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) se hicieron desaparecer “oficialmente”.
“La violencia asociada con las negociaciones sobre el reasentamiento y el desplazamiento a la fuerza incluyó el secuestro, la tortura y las muertes de cuatro dirigentes comunitarios/as de dos aldeas, y la pérdida resultante de los documentos que dieran testimonio de los acuerdos de compensación y reasentamiento con la Oficina de Reasentamiento del INDE. Acciones similares en una tercera aldea dieron como resultado la detención y tortura de un dirigente comunitario, quitándole los documentos sobre el título legal a la tierra y las ofertas de compensación” (Johnston, 2005, p. 19).
Ofertas de compensación hasta la fecha incumplidas, como el tamaño y calidad de las tierras que se ofrecieron para el reasentamiento, como la ausencia de carreteras y casas dignas en las aldeas a las que se les prometió tales recursos, o como la ausencia de distribución eléctrica en aldeas a orillas del embalse o el cobro de la electricidad en colonias de desplazados cuyas
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También intervinieron en la construcción del embalse de Chixoy Agencias de Crédito a las Exportaciones que empujaron al gobierno guatemalteco a pagar por los servicios de las trasnacionales de sus países; el gobierno italiano y su empresa Gogefar cuyos camiones -según testigos- fueron utilizados durante las matanzas, el consorcio alemán Lahmeyer International (LAMI) y Hochtief, la empresa Motor Columbus y Swissboring de Suiza y la International Engineering Company de Estados Unidos (Morrison- Knudsen en la actualidad). Ninguno de estos gobiernos y transnacionales asumió su parte de responsabilidad en las masacres (Castro, 2005).
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Embalse, presa ó central hidroeléctrica.
tierras fueron inundadas. Actualmente el cobro de la energía eléctrica en las áreas rurales de Guatemala está en manos de Unión FENOSA
5. La empresa española -al menos hasta la fecha de realización del documental- no ha respetado los acuerdos adquiridos por el INDE, y está cobrando la luz en los reasentamientos y colonias de desplazados
6.
Entre los impactos ambientales, además de la inundación de bosques y tierras cultivables, destacan el incremento de la temperatura del agua que ha hecho que deje de ser potable, el aumento de la incidencia de paludismo y dengue en las personas que habitan en los alrededores, la desaparición de especies de peces y animales autóctonos y la erosión de la cuenca alta de la represa (Ávila, 2004).
Las consecuencias socioeconómicas, culturales, espirituales y ecológicas de una decisión tomada a espaldas de la población afectada son enormes y conforman un proceso de destrucción cultural probablemente irreversible.
El Banco Interamericano de Desarrollo recibió de los préstamos realizados para el Proyecto Chixoy ingresos por intereses revalorizados de más de 139 millones de dólares estadounidenses (BID, 2004, pp.1-2, citado en Johnston, 2005, p. 7). A pesar de ello el Banco Mundial afirmó en 1991 que dicho proyecto había sido un “desastre económico” (Castro, 2005).
A medida que va acercándose a su desembocadura, el Río Chixoy (ó Río Negro) toma en el Departamento de El Petén el nombre de Usumacinta. Es el río más caudaloso de la zona maya y hace de frontera con el Estado de Chiapas, México.
En los primeros años del siglo XXI, coincidiendo con la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá (PPP)
7, los gobiernos mexicano y guatemalteco acuerdan la construcción de 5
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En 1998, la empresa española Unión FENOSA pagó 101 millones de dólares por la compra del 80% del INDE, Instituto Nacional De Electrificación, culminando entonces el proceso de privatización eléctrica en Guatemala. En el año 2000 esta participación se amplió hasta el 85%. La presencia de Unión FENOSA en el país se implementa a través de dos distribuidoras; DEOCSA y DEORSA.
Entre 1998 y 2000, tras la privatización, la tarifa eléctrica subió un 64%. Algunas poblaciones han denunciado que DEOCSA les ha exigido la entrega de proyectos de electrificación comunitaria ya existentes, todo ello sin reconocer la inversión económica y física de las comunidades que los llevaron a cabo. Asimismo, se ha evidenciado evasión de responsabilidades por parte de la empresa, facturas de luz infladas y numerosos fallos del sistema eléctrico. (Véase Prensa Libre; 20 de agosto de 2001, 20 de marzo de 2003, 4 de junio de 2003 y 26 de septiembre de 2003).
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Salvo en uno, precisamente el conformado por los supervivientes de las masacres de Río Negro, quienes se han negado a pagar.
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El Plan Puebla Panamá es un plan de desarrollo, presentado en 2001 por Vicente Fox (presidente mexicano en aquel tiempo), que abarca la región sur de México y Mesoamérica. Incluye numerosos proyectos, entre los que destacan:
. Oleoductos, gaseoductos, corredores secos (grandes vías ferroviarias y carreteras), sistemas de conexión a través de fibra óptica, etc.
. Un ‘corredor verde’, que permitirá el acceso de las empresas farmacéuticas a numerosas especies
vegetales y animales, acelerándose el proceso de privatización de la vida mediante patentes. Y alrededor
de este corredor la expansión de un denominado ecoturismo, del que las comunidades campesinas e
indígenas no son las principales beneficiarias.
centrales hidroeléctricas en este río, sin informar ni consultar a la población de la zona afectada. Los lugares que se verían afectados forman parte de un área selvática, Reserva de la Biosfera Maya, con numerosas riquezas arqueológicas
8y naturales.
“Se han constatado datos alarmantes en torno a la construcción de presas Hidroeléctricas en el Usumacinta ya que alteran y desvían el cauce natural de los ríos, inundan, afectan y desplazan a las personas de sus comunidades en su área de influencia, destruyendo lugares sagrados e históricos, alterando el equilibrio ecológico, causando la muerte de los ecosistemas, provocando una perdida de biodiversidad.
Además de alterar flujos hidrológicos fundamentales para la sobrevivencia de diversas especies acuáticas o la disminución del flujo de agua hacia regiones cuya diversidad depende del río; sin mencionar que se está violando además la autodeterminación de territorios, afectando el patrimonio y cosmovisión de los pueblos indígenas de la región”
(Gudiño, s.f., p. 1).
Las personas que viven a orillas del Río Usumacinta narran en este documental su historia de emigración forzosa y muestran cómo comienzan a organizarse frente a la amenaza de un nuevo desplazamiento.
En la década de los 60 fueron trasladadas de otros Departamentos a los márgenes del Usumacinta por la Empresa para el Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP)
9, entre otras cuestiones para evitar que la República de México construyera una central hidroeléctrica, ante el miedo a que la integridad territorial se viera amenazada. Allí fueron poco a poco conformándose en cooperativas (Corzo, 2003).
En los años 80, durante el conflicto armado, muchas de estas personas tuvieron que refugiarse en sur de México, mientras sus tierras, casas y pertenencias fueron destruidas por el ejército guatemalteco (REHMI, 1998).
. Multitud de presas hidroeléctricas para la producción de electricidad comercializable.
. Un sistema de interconexión eléctrica SIEPAC, que permita el establecimiento de más maquilas en la región y la exportación de electricidad a EEUU.
Los objetivos esenciales de esta cartera de proyectos son, por un lado, facilitar el acceso de EEUU a los nuevos mercados de la zona del sureste asiático, como China, haciendo de Centroamérica ‘un gran canal’
que permita el paso de mercancías del Atlántico al Pacífico. Y por otro, mejorar el acceso de EEUU a recursos latinoamericanos, como la energía eléctrica producida en Mesoamérica o la mano de obra barata -para fábricas o maquilas- producto de la emigración forzosa, tras el saqueo institucional y transnacional de los recursos naturales de comunidades campesinas e indígenas (Frente Petenero contra las Represas, 2002).
El PPP no ha sido consensuado con la población afectada. Irónicamente Alfonso Portillo (presidente de aquel momento en Guatemala) justificó la falta de información y consulta a la población en base a la escasez de recursos económicos estatales.
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Como las ruinas de Yaxchilán, centro ceremonial maya del Período Clásico.
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El FYDEP se creó en 1959, “financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)” (Brigadas Internacionales de Paz, 2007, p. 1) y ha estado generalmente dirigido
por militares o bajo la supervisión de los mismos (Corzo, 2003).
Actualmente, las y los pobladores de los márgenes del Usumacinta viven en la incertidumbre, ante las contradicciones en la información oficial sobre la efectiva construcción de dichas centrales hidroeléctricas
10. Los responsables políticos y otras fuentes afirman que estos proyectos están suspendidos (McLarney et al, 2007).
Sin embargo, según el Frente Petenero contra las Represas (2007), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana y el INDE de Guatemala programan construir sobre el tramo binacional del Río Usumacinta cuatro centrales hidroeléctricas; Yaxchilán, Isla El Cayo, El Porvenir y La Línea y otra más, Boca del Cerro, en territorio mexicano. En caso de que finalmente se lleven a cabo, sólo en El Petén se verían perjudicadas unas 65 comunidades y alrededor de 26.000 personas estarían obligadas a abandonar sus casas y tierras.
Referencias bibliográficas
Ávila Santamaría, R. (2004). La represa Chixoy y los Derechos Humanos. Recuperado el 30 de marzo de 2008, de
http://alainet.org/active/show_text.php3?key=5780#_ftn1_ftn1
Banco Interamericano de Desarrollo. (2004, julio). Ordinary Capital. Statement of Approved Loans: Guatemala. Julio 31, 2004. Pgs. 1-12.
Brigadas Internacionales de Paz. (2007, abril). Boletín especial: El Petén. Recuperado el 31 de marzo de 2008, de
http://www.pbi-guatemala.org/fileadmin/user_files/projects/guatemala/files/spanish/boletin_peten.pdf
Castro Soto, G. (2005). Masacre en Chixoy. La Resistencia en Guatemala. Recuperado el 30 de marzo de 2008, de http://www.ecoportal.net
Castro Soto, G. (2003). Expedición por el Usumacinta. Boletín de CIEPAC nº 356. Recuperado el 31 de marzo de 2008, de http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=356
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