Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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Texto completo

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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de

Gobierno

En la Sala de Juntas del Titular del Despacho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en el Primer Patio Mariano, tercer piso, Palacio Nacional, colonia Centro, México, Distrito Federal, siendo las dieciocho treinta horas del día primero de noviembre del año dos mil uno, se reunieron los representantes de las dependencias y entidades que más adelante se mencionan, con el fin de celebrar la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia.

II. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. III. Seguimiento de acuerdos.

• Dictamen sobre el informe de gestión de la administración cautelar de BanCrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple.

• Cancelación de la campaña publicitaria para el año 2001.

• Posición de la Procuraduría Fiscal de la Federación en relación con las cuentas por liquidar certificadas operadas por Scotiabank Inverlat, S.A.

• Actividades propuestas por el apoderado liquidador del Instituto para los primeros sesenta días de su gestión.

• Auditoría a las operaciones clasificadas como transacciones reportables Grupo A (a) por el auditor Michael W. Mackey y suscripción de los contratos a que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

• Términos de referencia para la ejecución de las auditorías de las operaciones clasificadas como transacciones reportables correspondientes al Grupo A (a). IV. Seguro de depósito.

• Presupuesto 2002. • Casas de bolsa intervenidas.

• Procedimiento de liquidación de obligaciones garantizadas. • Bursamex. Nota original y alcance.

• Operación de saneamiento de Banco del Atlántico: Pagaré de “compra de cartera” FOBAPROA – Atlántico – Arrendadora Atlas. Venta de la Aseguradora GBM Atlántico a Seguros Bital.

• Actos corporativos en Banco del Atlántico, S.A.

• Recuperación de créditos cruzados otorgados por Banco del Atlántico, S.A. a accionistas de otros grupos financieros.

• Juicios en contra de Banco del Atlántico, S.A.

• Responsabilidad de Grupo Financiero GBM Atlántico, S.A. de C.V. en relación con las pérdidas de Banco del Atlántico, S.A.

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• Convenios para la defensa legal de los interventores – gerentes y funcionarios auxiliares de las intervenciones gerenciales.

• Aumento del capital social en Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

V. Recuperación.

• Donación de obras de arte en términos del artículo 64 Bis de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

• Enajenación de los paquetes de créditos comerciales propiedad de BanCrecer, S.A., administrados por Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V. no asignados en el proceso que concluyó el 18 de octubre de 2001. Nota original y alcance.

• Estrategia de empaquetamiento del esquema de venta de inmuebles en paquete propiedad de Banco Unión, S.A., Banca Cremi, S.A., Banco Obrero, S.A. y Banco de Oriente, S. A., sociedades en liquidación, a través del tercero especializado Accenture, S.C. (antes Andersen Consulting).

• Solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública para la enajenación de los inmuebles ubicados en Paseo de la Reforma 362 y 364 propiedad de Banco Unión, S.A. (en liquidación) e Inmobiliaria BCH, S.A. de C.V.

VI. Control y Administración.

• Adquisición del inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas administrativas del Instituto.

VII. Informes y notas que requieren aprobación de la Junta de Gobierno.

• Informe en cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario – Proceso de enajenación de una casa habitación ubicada en Fernando Zarraga No. 65, Circuito Médicos, Ciudad Satélite, Naucalpan, México.

• Informe en cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario – Proceso de enajenación mediante cesión de derechos de la bodega No. 22, Zona V, Sector 2, Crujía 4, Nomenclatura L-102, Pasillo K-L, Central de Abastos de la Ciudad de México, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal.

• Informe en cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario – Proceso de enajenación de un edificio de oficinas y sus contenidos, ubicado en Boulevard Independencia No. 1031, Colonia Granjas San Isidro, Torreón, Coahuila.

• Informe en cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario – Informe final de la subasta efectuada el 23 y 30 de agosto de 2001 de 488 obras de arte y artículos decorativos.

• Informe en cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario – Procesos de enajenación de diversos inmuebles propiedad de BanCrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, administrados por Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V.

• Informe en cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario – Enajenación del inmueble identificado como fracción que perteneció al Rancho San Martín, ubicado en la Carretera Atlacomulco – Toluca, S/N, Atlacomulco, México.

VIII. Notas informativas.

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• Informe ejecutivo de auditorías. • Informe gerencial.

• Informe de seguimiento de las metas y objetivos contenidos en los planes de consolidación financiera al cierre del primer semestre de 2001.

• Ajustes de las cuotas de los siete bancos en que el Instituto actúa como liquidador correspondientes al mes de agosto de 2001.

• Grupo de Trabajo sobre Seguro de Depósitos del Foro de Estabilidad Financiera.

IX. Asuntos generales.

• Suscripción de contratos de comisión mercantil con las instituciones de crédito sujetas a proceso de liquidación.

• Determinación de la tasa para el cálculo de los intereses de la obligación contractual derivada de la venta de sucursales de Banco de Oriente, S.A. y Banca Cremi, S.A. a BBVA-Bancomer, S.A.

I. LISTA DE ASISTENCIA.

VOCALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Lic. José Francisco Gil Díaz.

Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente del órgano de gobierno. Dr. Agustín Carstens Carstens.

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y Suplente del Presidente del órgano de gobierno.

Lic. Jonathan Davis Arzac.

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dr. Mauricio Naranjo González.

Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras “1” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y suplente del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lic. Alejandro Creel Cobián. Vocal.

Lic. Carlos Enrique Isoard y Viesca. Vocal.

C.P. Humberto Murrieta Necoechea. Vocal.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO Sr. Julio César Méndez Rubio.

Secretario Ejecutivo.

Lic. Luis García Vallarta Zepeda. Secretario de la Junta de Gobierno.

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Lic. Carlos Arturo Aguirre Islas.

Comisario Público Suplente ante la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y Coordinador de Órganos de Vigilancia y Control del Sector Hacienda. INVITADOS

Lic. Alfredo Vara Alonso.

Secretario Adjunto A de Protección al Ahorro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Dr. José Antonio Meade Kuribreña.

Director General de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lic. Antonio Pardo Tabares.

Director General de Recuperación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. De conformidad con el artículo 82 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, presidió la reunión el Lic. José Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien al existir quórum en términos del segundo párrafo del artículo 81 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario según la lista de asistencia que antecede, sometió a la consideración de los presentes la Orden del Día, misma que fue aprobada por unanimidad, hecho lo cual se pasó a su desahogo.

II. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

En el desarrollo de este punto de la Orden del Día, el Presidente propuso que toda vez que las actas de la Trigésima Sesión Ordinaria y de la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto fueron remitidas con la debida anticipación, se obviara su lectura y se aprobaran para los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido, se enviará el texto definitivo a las partes firmantes para su debida suscripción. El Secretario de la Junta de Gobierno agregó que se han recibido precisiones a las actas de que se trata por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Comisarios, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los Vocales Independientes y las unidades administrativas competentes del Instituto para su incorporación a la versión definitiva. I.R.El Lic. Jonathan Davis propuso a los presentes se invitara a la sesión a la Lic. María Teresa Fernández Labardini, Directora General Técnica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que el Sr. Julio César Méndez hizo lo propio por lo que hace al Lic. José Luis Bracho Ortiz, Director General Adjunto Jurídico de Protección al Ahorro del Instituto.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.1

I.R.

Información reservada, con fundamento en los artículos 13 fracción V y 14 fracción IV de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y último párrafo del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 18 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

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Con fundamento en los artículos 80 fracciones XVII, XIX, XXVI y XXVII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracciones XII y XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 1) se aprueban para los efectos legales conducentes las actas de la Trigésima Sesión Ordinaria y de la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, hechas las adecuaciones a que haya lugar. 2) Túrnense para su debida formalización a los Vocales de ese órgano de gobierno, a los Comisarios y a los servidores públicos competentes del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Por otra parte, el Lic. Jonathan Davis formuló algunas observaciones concernientes a los contenidos de las actas de la Junta de Gobierno; asimismo, expresó su preocupación por las filtraciones de su desarrollo a los medios de comunicación impresos. Por su parte, el Dr. Agustín Carstens propuso que el acta sólo consignara los hechos relevantes de cada punto de la orden del día. Luego del examen y discusión del tema, se convino levantar una versión grabada de las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto que podría ser consultada por los asistentes –misma que serviría de base para elaborar las actas que recogieran los hechos esenciales de las mismas.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.2

Con fundamento en los artículos 80 fracción XXVI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se acuerda levantar una versión grabada de las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que servirá de base para elaborar un acta que recoja los hechos esenciales de las mismas.

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Secretario de la Junta de Gobierno dio lectura a la nota “Seguimiento de Acuerdos”. Destacó que de un total de 98 acuerdos en trámite a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, 16 resoluciones han sido debidamente cumplidas, mientras que 82 aún no han sido satisfechas.

Tocante a los acuerdos cumplidos, dijo que el 27 de septiembre de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Informe sobre los apoyos financieros otorgados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario durante el primer semestre del 2001”. Agregó que mediante oficio IPAB/DGAPL/401/2001 de fecha 27 de septiembre de 2001, se remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado, copia del informe de que se trata.

Se informó que veintiún actas aún están sujetas a su debida formalización. Su situación fue detallada en la tabla siguiente:

Sesión Voc. Ind. Sec. Ej. CNBV Comisarios SHCP

21 ORD. 9 9 9 9

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22 ORD. 9 9 23 ORD. 9 19 EXT. 9 9 24 ORD. 9 9 9 9 25 ORD. 9 9 20 EXT. 21 EXT. 26 ORD. 22 EXT. 9 9 9 9 27 ORD. 9 9 28 ORD. 23 EXT. 9 9 9 29 ORD. 24 EXT. 25 EXT. 26 EXT. 30 ORD. 27 EXT. 29 EXT.

*Las actas sombreadas fueron presentadas en la sesión de que se trata.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.3

Con fundamento en los artículos 80 fracciones XVII y XXVI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se aprueba en sus términos el Control de Gestión de Acuerdos preparado por el Secretario de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

I.R.

Acuerdo IPAB/JG/01/31.4

Con fundamento en los artículos 61 a 64, 68 fracción XIII y 80 fracciones VI y VII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracciones XXIX y XXX del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 1) se toma conocimiento en los términos presentados a la Junta de Gobierno del dictamen emitido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario sobre el informe de gestión de la administración cautelar de BanCrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple.I.R.

I.R. Información reservada, con fundamento en los artículos 13 fracción V y 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y último párrafo del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 18 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

I.R.

Información reservada, con fundamento en los artículos 13 fracción V y 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y último párrafo del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 18 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

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A continuación, el Sr. Julio César Méndez dio cuenta de la nota “Cancelación de la campaña publicitaria para el año 2001”. Destacó que la agencia publicitaria ganadora de la licitación ha incurrido en gastos que deben serle resarcidos. El Lic. Alejandro Creel hizo hincapié en la pronta reanudación de campañas publicitarias por parte del Instituto, dada la importancia de difundir sus tareas entre la opinión pública. Al respecto, el Lic. Carlos Arturo Aguirre dijo que si la campaña llegara a ser reemprendida durante el ejercicio fiscal 2001 podría contratarse al licitante ganador del procedimiento desarrollado para tal efecto; en caso contrario, debía emprenderse una nueva licitación.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.5

Con fundamento en los artículos 80 fracción XXVI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y atento a lo dispuesto por acuerdo IPAB/JG/E/01/26.11 y a las consideraciones expuestas en el documento “Cancelación de la campaña publicitaria para el año 2001”, se cancela la campaña de publicidad en medios a desarrollarse durante el ejercicio fiscal 2001.

I.R.

Acuerdo IPAB/JG/01/31.6

I.R.

Acto seguido, el Lic. Alfredo Vara dio lectura a la nota “Actividades propuestas por el apoderado liquidador del IPAB para los primeros sesenta días de su gestión”. El Lic. Jonathan Davis y el Dr. Mauricio Naranjo manifestaron que debían iniciarse a la brevedad las auditorías de gestión de los interventores – gerentes designados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como que debía reportarse en forma mensual el estado que guarden los bancos en liquidación. El Lic. Alfredo Vara respondió que el compromiso del liquidador D&T Case, S.A. de C.V. (subsidiaria de Deloitte & Touché) tiene un horizonte temporal de ocho meses, con una eventual ampliación a un año. Añadió que para la realización de las auditorías, D&T Case, S.A. de C.V. consideraba que debían practicarse luego de la conclusión de las auditorías de cierre fiscal. Por su parte, la Lic. María Teresa Fernández se refirió a las renuncias presentadas por las personas que representaban a Banca Cremi, S.A. y Banco Unión, S.A. en los consejos de administración de Latinlac y Camino Real, al igual que a la propuesta de D&T Case, S.A. de C.V. de no aceptarlas. Luego de trazar su situación legal, dijo que en caso de que continuaran actuando como consejeros de las sociedades mercantiles antes referidas, debía documentarse que habían seguido las instrucciones dictadas por el liquidador y que su actuación ya no estaba sujeta a la esfera competencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al respecto, el Lic. Alejandro Creel indicó que en tal caso debían ser reemplazados inmediatamente, mientras que el Lic. Alfredo Vara sugirió que podría

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facultarse a D&T Case, S.A. de C.V. para proceder o no a su contratación –opinión que compartió el Sr. Julio César Méndez–.

El Lic. Alfredo Vara subrayó que D&T Case, S.A. de C.V. ha propuesto reducir en un 50 por ciento la plantilla laboral de las instituciones de crédito en liquidación en un plazo de sesenta días; luego continuaría su disminución en forma escalonada. El Lic. José Francisco Gil Díaz afirmó que debía pedirse una mayor esfuerzo al liquidador ante los formidables costos laborales que enfrentaban los bancos en liquidación. Propuso se definiera una plantilla mínima de trabajadores y que se diera por terminada la relación laboral de los empleados restantes. Sobre el particular, la Lic. María Teresa Fernández dijo que parte del personal de los intermediarios bancarios de que se trata intervendrían en las liquidaciones. Por otra parte, el Lic. Alejandro Creel señaló que debía evaluarse la venta de los Pagarés de Indemnización Carretera en poder de las instituciones de crédito en liquidación bajo el marco del programa de enajenación de bienes, así como que debían examinarse los créditos fiscales de aquellos intermediarios bancarios. Al respecto, el Lic. Alfredo Vara sostuvo que se enajenarían ordenadamente a través de las mesas de dinero. Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.7

Con fundamento en los artículos 80 fracciones XVII y XXVI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 1) la Junta de Gobierno toma conocimiento y autoriza que el apoderado liquidador del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario lleve a cabo las acciones descritas en el documento “Actividades propuestas por el apoderado liquidador del IPAB para los primeros sesenta días de su gestión”, durante los sesenta días posteriores al inicio de los procesos de liquidación de Banca Cremi, S.A., Banco Unión, S.A., Banco Obrero, S.A., Banco de Oriente, S.A., Banco Capital, S.A., Banco Interestatal, S.A. y Banco Promotor del Norte, S.A., en los términos presentados y en estricto apego a las disposiciones legales aplicables. 2) Se instruya al apoderado liquidador iniciar las auditorías de gestión de los interventores – gerentes designados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Banca Cremi, S.A., Banco Unión, S.A., Banco Obrero, S.A., Banco de Oriente, S.A., Banco Capital, S.A., Banco Interestatal, S.A. y Banco Promotor del Norte, S.A. 3) Infórmese en forma mensual a la Junta de Gobierno sobre el estado que guarden las instituciones de crédito en liquidación antes mencionadas.

En uso de la palabra, el Sr. Julio César Méndez expuso la nota “Auditoría a las operaciones clasificadas como transacciones reportables Grupo A (a) por el auditor Michael W. Mackey y suscripción de los contratos a que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” y pidió se distribuyeran a los presentes los “Términos de referencia para la ejecución de las auditorías de las operaciones clasificadas como transacciones reportables correspondientes al Grupo A (a)”. Dijo que se notificará a los intermediarios adherentes a las “Reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo Quito Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” sobre la realización de una auditoría legal a las transacciones reportables del Grupo A (a). Añadió que también se les remitirá un borrador del documento contractual con el que se formalizaría el canje de instrumentos de pago a que se refieren las reglas arriba aludidas. Por su parte, el Lic. Alfredo Vara señaló que por la

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vía contractual se revisarían los saldos al descubierto y los créditos doblemente vendidos en caso de que existan.

Al explorarse la posibilidad de que los intermediarios adherentes a las “Reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” controvirtieran la realización de una nueva auditoría, el Dr. José Antonio Meade manifestó que no era obvio que pudieran solicitar el amparo de los tribunales de la Federación contra la resolución del Instituto, habida cuenta que el Instituto no actuaría con el carácter de autoridad. Al respecto, la Lic. María Teresa Fernández señaló que las instituciones de banca múltiple de que se trata sí podrían ampararse si se les informaba mediante un oficio del Instituto sobre el establecimiento de requisitos adicionales a los previstos por las “Reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo Quito Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”. Agregó que de conformidad con las disposiciones legales aplicables, los intermediarios adherentes debían responder tanto por la existencia y legitimidad de sus créditos designados, como porque estén libres de cualquier gravamen o limitación de dominio, por lo que el Instituto podría practicar una revisión en su calidad de adquirente de los mismos. Por consiguiente, no se debía condicionar la instrumentación del canje de instrumentos de pago detallado en las “Reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” a la realización de una auditoría legal. Asimismo, la Lic. María Teresa Fernández propuso se remitiera cuanto antes el contrato de intercambio a los bancos participantes –opinión a la que se sumó el Dr. Mauricio Naranjo–. Sobre el particular, el Sr. Julio César Méndez señaló que el contrato de intercambio podría estar preparado para el 7 de noviembre de 2001, mientras que el Lic. Alfredo Vara dijo que durante la semana que corre del 5 al 9 de noviembre de 2001 podría iniciarse la auditoría legal, y que en un momento posterior se enviaría a los intermediarios adherentes a las “Reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo Quito Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” el contrato aludido. En otro orden de ideas, el C.P. Humberto Murrieta se refirió a los cuestionamientos que podría sufrir el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, habida cuenta el estado que guardaban las auditorías adicionales a las transacciones reportables del Grupo A (a) y el monto de las asignaciones presupuestarias que recibiría el Instituto para el servicio de sus obligaciones de pasivo. Asimismo, se refirió a la comparecencia de los Vocales Independientes ante el Senado de la República de fecha 24 de octubre de 2001. También dijo que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ha manifestado que ni el Lic. Carlos Isoard y ni el Ing. Adalberto Palma han enfrentado conflicto de interés alguno durante el ejercicio de su encargo, así como que el Lic. Alejandro Creel y él enfrentaban sendos procedimientos administrativos por su tenencia accionaria en una entidad financiera. Sin embargo, recalcó que ninguno de ellos ha enfrentado conflicto de interés ni en ese ni en ningún otro caso y que en ningún momento como reacción, se ha acusado en forma pública o privada al Lic. Gabriel Reyes Orona, Procurador Fiscal de la Federación.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

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Con fundamento en los artículos 80 fracción XXVI y Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 1) se aprueba en los términos presentados a la Junta de Gobierno la estrategia para dar inicio a la brevedad a la revisión de los créditos considerados como A (a) por el auditor Michael W. Mackey, y celebrar el nuevo programa al que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 2) Se otorga un plazo de cinco días hábiles a los miembros de la Junta de Gobierno para formular observaciones a los “Términos de referencia para la ejecución de las auditorías de las operaciones clasificadas como transacciones reportables correspondientes al Grupo A (a)”, transcurrido el cual se tendrán por aprobados para los efectos legales conducentes. 3) Remítase a los miembros de la Junta de Gobierno el proyecto de contrato de intercambio de instrumentos de deuda a que contraen las “Reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, otorgándoseles un plazo de catorce días hábiles posteriores a su recepción para formular observaciones, transcurrido el cual se tendrá por aprobado para los efectos legales conducentes.

IV. SEGURO DE DEPÓSITO.

El Lic. Alfredo Vara explicó la nota “Presupuesto 2002”. Dijo que la estructura actual de pasivos del Instituto requería de 117,198 millones de pesos para cubrir obligaciones durante 2002, por lo que ante un ingreso estimado para ese ejercicio fiscal por 14,981 millones de pesos, habría un déficit por 102,217 millones de pesos, el cual deberá ser cubierto con transferencias presupuestales y financiamiento. Agregó que ante la estructura de vencimiento de pasivos del Instituto, se sometía a la consideración de la Junta de Gobierno un nuevo esquema de colocación de instrumentos de deuda, que aliviaría la carga de vencimientos a enfrentar en los años subsecuentes; la estrategia descansaría en el incremento de la vida promedio de las obligaciones de pasivo del Instituto. Al respecto, el Dr. José Antonio Meade subrayó los problemas de sustentabilidad que encerraba la actual estrategia de administración de pasivos. El Lic. Alfredo Vara estimó en 37,621 millones de pesos las transferencias presupuestales necesaria para cubrir el componente real de la deuda del Instituto. Destacó que si se proyectaba el crecimiento de las obligaciones de pasivo del Instituto desde 1999, este no ha mostrado crecimiento en términos reales. En uso de la palabra, el Lic. José Francisco Gil Díaz pidió un mayor esfuerzo en materia de recuperación por parte del Instituto –posición a la que se sumaron el Dr. Mauricio Naranjo y el Dr. José Antonio Meade, quienes hicieron hincapié en las posibilidades de enajenación de la cartera corporativa y de la tenencia accionaria del Instituto en diversas empresas y entidades financieras–. Por otra parte, el Lic. José Francisco Gil Díaz señaló que el Instituto debía seguir una metodología concordante con la que emplea el Gobierno Federal en la rendición de la cuenta pública, habida cuenta que en ella las amortizaciones no se consideran egresos. Al evaluar la eventual conversión en deuda pública directa del Gobierno Federal las obligaciones de pasivo del Instituto, el Lic. Alfredo Vara explicó que durante 2001 se ha registrado en promedio una diferencia de 5.6 puntos base entre los Bonos de Protección al Ahorro y los instrumentos de deuda similares emitidos por el Gobierno Federal, lo que arroja un egreso adicional de sólo 40 millones de pesos anuales.

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Acuerdo IPAB/JG/01/31.9

Con fundamento en los artículos 70 y 80 fracción XXVI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 1) la Junta de Gobierno se da por enterada de las necesidades presupuestales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para hacer frente a sus obligaciones contractuales derivadas de los programas de apoyo a ahorradores para el ejercicio fiscal de 2002, así como de los recursos necesarios para cubrir el componente real de la deuda y las alternativas que en materia de refinanciamiento permitirían la sustentabilidad de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 2) Se autoriza al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que envíe y revise con el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las necesidades de recursos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario presupuestadas para el ejercicio fiscal 2002 por $102,217’000,000.00 (Ciento dos mil doscientos diecisiete millones de pesos 00/100 moneda nacional), así como el monto de recursos presupuestarios necesario para hacer frente al componente real de los pasivos de este organismo descentralizado, estimado en 37,621,000,000.00 (Treinta y siete mil seiscientos veintiún millones de pesos 00/100 moneda nacional).

A continuación, el Lic. Alfredo Vara dio lectura a la nota “Casas de bolsa intervenidas”. Destacó que para resguardar los intereses del Instituto y lograr la mayor recuperación de los apoyos financieros otorgados por el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, era necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en coordinación con el Instituto, comenzara a la brevedad las acciones pertinentes para la disolución y liquidación, o en su caso venta, de las casas de bolsa que fueron respaldadas por aquel fideicomiso. A su vez, el Lic. Jonathan Davis subrayó que el anexo que acompañaba a la nota “Casas de bolsa intervenidas” y que señalaba las alternativas propuestas para la disolución y liquidación de las sociedades o, en su caso, su venta, correspondía a una presentación que, con carácter preliminar, fue elaborada por las áreas de supervisión correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entregada al Instituto en el mes de mayo de 2001, considerando cifras a diciembre de 2000, por lo que era importante señalar que la presentación era un documento de trabajo no concluido. En consecuencia, era necesario realizar una actualización de su contenido desde los puntos de vista financiero y jurídico. El Lic. Jonathan Davis añadió que en virtud de que en términos del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario el Instituto es titular de las operaciones realizadas por el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, constituyéndose como accionista o acreedor de las casas de bolsa de que se trata, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores era de la opinión que en los casos en que el Instituto sea propietario de las acciones representativas del capital social de las casas de bolsa, sea el propio Instituto quien efectúe los actos necesarios para la disolución y liquidación o, en su caso, venta de las sociedades, en términos de las disposiciones aplicables, y que en aquellos casos en que sólo sea acreedor, sea un grupo de trabajo interinstitucional el que analice y determine las acciones a seguir; en él participarían el Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como resultado del análisis que realizara el grupo de trabajo, la participación del Instituto en los procesos de cada uno de los intermediarios bursátiles de que se trata sería sometida a la consideración de la Junta de Gobierno. A su vez, el C.P. Humberto Murrieta señaló que al grupo de trabajo antes referido también podría invitarse al Banco de México. Por su parte, el Lic. Carlos Arturo Aguirre, luego de

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formular diversos comentarios que entregó al Secretario de la Junta de Gobierno para su distribución entre las unidades administrativas competentes del Instituto, coincidió con lo expresado por el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; destacó que la disolución y liquidación o, en su caso, venta de las casas de bolsa, debía llevarse a cabo en forma casuística, de manera ordenada y bajo las mejores condiciones para el Instituto.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.10

Con fundamento en los artículos 80 fracción XXVI y Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, fórmese un grupo de trabajo interinstitucional que analice y determine las acciones a seguir para el caso de las casas de bolsa que recibieron apoyos financieros por parte del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores y en las que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancaria sea accionista o acreedor, en el que participen servidores públicos de este organismo descentralizado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México.

Seguidamente, el Sr. Julio César Méndez sometió a la consideración de los presentes el documento “Procedimiento de liquidación de obligaciones garantizadas”. Agregó que se otorgaría a los miembros de la Junta de Gobierno un plazo que vencerá el 15 de noviembre de 2001 para hacer llegar sus opiniones. Por su parte, el Lic. Jonathan Davis expresó diversos comentarios tocantes a la situación corporativa que guardaba Banca Quadrum, S.A. y a su eventual liquidación.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.11

Con fundamento en los artículos 80 fracción XXVI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se concede a los miembros de la Junta de Gobierno un plazo que vencerá el 15 de noviembre de 2001 para formular observaciones al procedimiento de liquidación de obligaciones garantizadas, transcurrido el cual se tendrá por aprobado para los efectos legales a que haya lugar.

Después, el Sr. Julio César Méndez presentó a los miembros de la Junta de Gobierno los documentos “Bursamex” y “Alcance a la nota Bursamex”. Los señores Jonathan Davis y Alejandro Creel abandonaron la sesión ante un probable conflicto de interés; por su parte, el C.P. Humberto Murrieta manifestó que poseía una tenencia accionaria mínima en el capital social de Bursamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, por lo que el Lic. Carlos Arturo Aguirre le sugirió se excusara de conocer el asunto. Por consiguiente, se sugirió aplazar el estudio y resolución del tema para una sesión posterior. Sin embargo, la Lic. María Teresa Fernández señaló que debía precisarse que aunque el Instituto nombre al consejo de administración de Bursamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, toda vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estaría de acuerdo en mantener la intervención gerencial

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en ese intermediario financiero, el consejo no sesionaría, no porque no pueda hacerlo, sino simplemente porque el interventor continuaría ejerciendo todas sus funciones. Agregó que debía precisarse que se estaba revisando si conforme a las facultades del interventor – gerente de Grupo Financiero del Sureste, S.A., en términos de ley y conforme a los estatutos sociales de Bursamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, podía otorgar en garantía nuevamente las acciones de Banco del Sureste, S.A., así como que en caso de concluirse que no estaba facultado, únicamente haría el reconocimiento de adeudo a favor del Instituto por las pérdidas que cubra en Bursamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa. Esto último, en el entendido de que Grupo Financiero del Sureste, S.A. respondería con su patrimonio (el cual estaría integrado precisamente con las acciones de Banco del Sureste, S.A.).

I.R.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.12 I.R. I.R. Acuerdo IPAB/JG/01/31.13 I.R. I.C.D.P.M. Acuerdo IPAB/JG/01/31.14 I.C.D.P.M. I.R. I.R.

Información reservada, con fundamento en los artículos 13 fracción V y 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y último párrafo del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 18 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

I.C.D.P.M. Información confidencial por referirse a datos de personas morales, con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y fracción I del Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 18 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

I.C.D.P.M.

Información confidencial por referirse a datos de personas morales, con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y fracción I del Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 18 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

I.R.

Información reservada, con fundamento en los artículos 13 fracción V y 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y último párrafo del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 18 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

(14)

Acuerdo IPAB/JG/01/31.15

I.R.

I.C.D.P.M.

Acuerdo IPAB/JG/01/31.16

I.C.D.P.M.

Seguidamente, el Sr. Julio César Méndez señaló que el Instituto publicaría un boletín de prensa tocante a la conclusión del saneamiento financiero de Banco del Atlántico, S.A. Asimismo, dijo que había recibido un escrito de Consorcio Económico Mexicano, S.A. para adquirir Banco del Atlántico, S.A.

Por otra parte, el Sr. Julio César Méndez presentó la nota “Convenio para la defensa legal de los interventores – gerentes y funcionarios auxiliares de las intervenciones gerenciales”. Al respecto, la Lic. María Teresa Fernández dijo que el convenio de que se trata fue aprobado mediante acuerdo IPAB/JG/E/01/26.6, y que simplemente se sometía a la consideración del órgano de gobierno del Instituto una relación de personas físicas beneficiarias del convenio.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.17

Con fundamento en los artículos 80 fracción XXVI y Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracción XXVII del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 1) la Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba en los términos que le fueron presentados el criterio que se utilizará para decidir la procedencia de la celebración de los convenios para la defensa legal de los funcionarios auxiliares de las intervenciones gerenciales. 2) Se autoriza e instruye al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para que comparezca en la celebración de los convenios para la defensa legal de los interventores gerentes de Banco Unión, S.A., Banca Cremi, S.A., Banco de Oriente, S.A., Banco Obrero, S.A., Banco Capital, S.A., Banco Interestatal, S.A. y Banco Promotor del Norte, S.A. 3) Se autoriza e instruye al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para que comparezca en la celebración de los convenios para la defensa legal de los funcionarios auxiliares de las intervenciones con carácter de gerencia decretadas en Banco Unión, S.A., Banca Cremi, S.A., Banco de Oriente, S.A., Banco Obrero, S.A., Banco Capital, S.A., Banco Interestatal, S.A. y Banco Promotor del Norte, S.A., seleccionados conforme al criterios propuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que se refiere el documento “Convenio para la defensa legal de los interventores – gerentes y funcionarios auxiliares de las intervenciones gerenciales”.

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En otro orden de ideas, y en relación con el numeral V de la orden del día – Recuperación, el Sr. Julio César Méndez dio cuenta de la nota “Solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública para la enajenación de los inmuebles ubicados en Paseo de la Reforma 362 y 364 propiedad de Banco Unión, S.A. en liquidación e Inmobiliaria BCH, S.A. de C.V.” Concluyó que al ser declarado desierto el procedimiento de licitación de que se trata, y habida cuenta el interés de la Secretaría de Seguridad Pública por adquirir los inmuebles sitos en Paseo de la Reforma Nos. 362 y 364, Colonia Juárez, México, Distrito Federal, Banco Unión, S.A. e Inmobiliaria BCH, S.A. de C.V. podrían convocar una nueva licitación a la brevedad. Por su parte, el Lic. Carlos Arturo Aguirre indicó que en el marco de eventuales reformas y adiciones a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, podrían evaluarse procedimientos más flexibles para adjudicar, en su caso, los bienes bajo control del Instituto.

Discutido lo anterior, por unanimidad de votos los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/01/31.18

Con fundamento en los artículos 61 a 64, 68 fracción XIII, 80 fracciones VI y VII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracciones XXIX y XXX del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, convóquese una segunda licitación pública de los inmuebles sitos en paseo de la Reforma Nos. 362 y 364, Colonia Juárez, México, Distrito Federal, propiedad de Banco Unión, S.A. e Inmobiliaria BCH, S.A. de C.V.

Ante la falta de tiempo suficiente para desahogar el resto de los puntos integrantes de la orden del día, el Presidente de la Junta de Gobierno sugirió se convocara una nueva sesión de ese cuerpo colegiado, a celebrarse en la semana que corre del 5 al 9 de noviembre de 2001. Se levantó la sesión a las veintidós quince horas, ordenándose que se agregue al acta que sea elaborada de esta sesión, la lista de asistencia. Se manifiesta que la documentación restante referida a lo largo de la presente acta forma parte integrante de la misma y obra en los archivos de la Dirección General Adjunta de Procedimientos Legales del Instituto.

Se hace constar que todos los miembros de la Junta de Gobierno que aparecen en la lista de asistencia, estuvieron presentes desde el inicio hasta la terminación de la sesión, y al momento de tomarse todos y cada uno de los acuerdos adoptados.

Para constancia de lo cual se redactó esta acta, que una vez aprobada es firmada por los presentes.

Rúbrica

Lic. José Francisco Gil Díaz.

Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente del órgano de gobierno.

Rúbrica

Dr. Agustín Carstens Carstens.

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y Suplente del Presidente del órgano de

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Rúbrica

Lic. Jonathan Davis Arzac

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Rúbrica

Dr. Mauricio Naranjo González.

Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras “1” de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores y suplente del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores.

Rúbrica

Lic. Alejandro Creel Cobián.

Vocal.

Rúbrica

Lic. Carlos Enrique Isoard y Viesca.

Vocal.

Rúbrica

C.P. Humberto Murrieta Necoechea.

Vocal.

COMISARIATO

Rúbrica

Lic. Carlos Arturo Aguirre Islas.

Comisario Público Suplente ante la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y Coordinador de Órganos de Vigilancia y Control del Sector Hacienda.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Rúbrica

Sr. Julio César Méndez Rubio.

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SECRETARIADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Rúbrica

Lic. Luis García Vallarta Zepeda.

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