CULTURA y POLÍTICA / Publicación del Instituto PRISMA y PLURAL editores / Nº 119 / 2da. quincena de febrero 2013 / Bs 5
Artista invitado: Juan Mac Lean Estrada.
Contrapuntos
Franz Rafaél Barrios González: La inviabilidad
absoluta de la “reelección” de Evo Morales Ayma
y Álvaro García Linera, 4
TIPNIS: Avance (parcial) en la lucha por los derechos
ambientales colectivos en Bolivia, 5
Jose Rafael Vilar: Predicciones mediterráneas, 6-7
Juan José Tamayo: De guionista de Juan Pablo II
a protagonista, 9
Leticia Sáinz: Hogar, ¿el lugar más inseguro
para las mujeres?, 13
Debate
Fernando Molina: Refutación a Silvia Rivera, 8-9
Marco Aurelio García: Los desafíos de los gobiernos
latinoamericanos, 10-11
Atilio A. Boron: Correa, cuatro lecciones de su
victoria, 11
Fernando Mires: Marco Aurelio García: un grave caso
de alienación ideológica, 12-13
Luis Villoro: El contrapoder y los fundamentos de una
ética política 14-15
Vecindario
Luis Verdesoto: La tercera elección y segunda
reelección de Correa, 16-17
Libros
Alfonso Gumucio Dagron: De CZ a RB y sus
alrededores, reseña de Pronuncio un nombre
hueco, 18-19
Ludwig Wittgenstein: Lo que realmente importa, 20
El “socialismo del siglo XXI” en debate
Nueva izquierda y reelecciones autocráticas
La amplia mayoría
electoral que reeligió a
Chávez en Venezuela
y a Correa en Ecuador
revela algunas de las
características autocráticas
de los regímenes
enmarcados en el llamado
“socialismo del siglo
xxi
”.
En Bolivia, Morales
intentará reelegirse por
segunda vez violando la
disposición constitucional
y legal que se lo impide.
Con o sin Morales, es
necesario debatir la deriva
del “proceso de cambio”
en lo que concierne al
tratamiento de la cuestión
indígena, que confronta en
estas páginas a indigenistas
y liberales.
Nacionalizaciones y nacionalismos
Las últimas dos nacionalizaciones ejecutadas por el gobierno boliviano no tuvieron mayor trascenden-cia mediática y fueron recibidas por la mayoría de la población como disposiciones administrativas ru-tinarias. En España, en cambio, fueron rechazadas por el gobierno de Rajoy, que llegó a amenazar con revisar las relaciones diplomáticas.
Esa falta de interés ciudadano en las nacionali-zaciones fue compensada con la exaltación del espí-ritu nacionalista a raíz de la detención en Chile de tres soldados que cruzaron la frontera –armados con un único fusil– persiguiendo a contrabandistas. La justicia chilena ha decidido enjuiciar a los tres cons-criptos como si hubiesen perpetrado una invasión armada. Y el gobierno boliviano reaccionó decla-rando a los tres soldados “indígenas” –Evo Morales
dixit– como “héroes defensores del mar”.
Quedan algunas preguntas flotando en el aire: ¿no es más fácil perseguir a los contrabandistas en suelo boliviano? ¿No es esa una tarea de la policía de aduanas? ¿Es la lucha contra el contrabando una nue-va estrategia “envolvente” de recuperación del mar?
Cosmovisiones, ciencias
y saberes locales
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2da. quincena de febrero 2013
editorial
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El arduo camino hasta las elecciones
L
os regímenes surgidos en Vene-zuela, Nicaragua, Ecuador y Boli-via bajo la orientación del llamado “socialismo del siglo xxi” no han sido precisamente favorables al debate de las ideas ni al pluralismo democrático.Respaldados por clientelas electora-les mayoritarias y duraderas, han conver-tido a todos sus adversarios en enemigos –incluyendo a los medios de comunica-ción críticos o independientes– y se han dotado de constituciones que les permi-ten la perpetuación en el poder por la vía de reelecciones indefinidas.
No es casual que en todos estos países, los caudillos “revolucionarios” han sido reelegidos dos y hasta tres veces, siguiendo el ejemplo de los her-manos Castro que llevan más de medio siglo en el poder, como si ese fuese el
modelo de democracia al que deberían aspirar todas las sociedades “liberadas”.
Por ello es necesario promover un debate sobre la orientación general de estos regímenes y sus diferencias espe-cíficas. A ese fin están consagradas va-rias páginas de este número de Nueva
Crónica –y buen gobierno– en las que se
contraponen visiones favorables a los gobiernos de Chávez, Correa, Ortega y Morales con posiciones críticas que provienen de otras tradiciones políticas e intelectuales.
En el centro del debate está la cali-dad de la democracia, el modelo de de-sarrollo, las salidas del “neoliberalismo”, los procesos de integración regional y el reconocimiento de la diversidad cultu-ral. Están también las distintas lecturas del pasado y las aspiraciones de futuro,
Debates necesarios
así como la reconfiguración del campo político y de las relaciones entre Estado y sociedad.
En el caso de Bolivia, reaparece el debate sobre la herencia del nacionalis-mo revolucionario, la descolonización como programa político y la coexisten-cia de dos mundos –el indígena y el no indígena– supuestamente antagónicos e irreconciliables. La deriva del “proceso de cambio” es analizada desde visiones que valoran de muy distinta manera las cualidades de lo indígena y lo occidental y su conflictiva coexistencia a lo largo de nuestra historia.
La promoción de más amplio deba-te de las ideas y el ejercicio de la crítica responsable debería contribuir a forjar sociedades y regímenes políticos más democráticos.
L
os principales elementos de la estrategia electoral del ofi-cialismo ya están claramente colocados en la escena públi-ca: abrumadora utilización de los medios de comunicación propios y ajenos para mostrar los logros grandes y pequeños de la gestión del presidente Morales; marchas y movilizaciones por cualquier tema que tenga alguna posibilidad de hacer evidente la capacidad de convocatoria del mas y sus aliados, y búsquedasis-temática de soldar la figura del Presidente con una reivindicación marítima enardecida.
Aunque el presidente Morales nunca ha dejado de hacer campaña, recién en las últimas
semanas se ha oficializado su intención de proponerse para la reelección, lo que ha dado lugar a varios pronunciamien-tos sobre la materia. Por prin-cipio de cuentas, la cuestión principal se refiere a la legali-dad misma de la reelección, en vista del texto constitucional que reza a la letra: “Los
manda-tos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.
El propio interesado acaba de
interpretar, no obstante, que no hay impedimento legal para su reelección puesto que la entrada en vigencia de la nueva Cons-titución en 2009 habría iniciado una nueva era y, en consecuen-cia, dicho artículo transitorio ya no tendría vigencia ahora. Su conclusión sumaria sostiene que una consulta al Tribunal Cons-titucional estaría demás. Tal posición empieza a ser secundada también por otros personajes del oficialismo, desautorizando de esta manera la iniciativa de la consulta emprendida en la Cámara de Senadores, que de todas maneras no viene al caso porque el artículo citado sólo se puede interpretar de una manera.
Para mayor abundamiento, conviene recordar que entre los acuerdos que viabilizaron la aprobación de la propuesta de nueva Constitución Política del Estado en 2008, se incluyó el compro-miso de que Evo Morales no se presentaría a la reelección en 2014.
Existen por tanto bases jurídicas y compromisos de honor que imposibilitan la candidatura de Evo Morales a las próximas elecciones presidenciales, a menos que se cambie la propia
Cons-titución mediante los dos pasos de aprobación primero por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa y de un referéndum constitucional aprobatorio luego.
Para el oficialismo los principales obstáculos electorales se configuran por consiguiente alrededor de las circunstancias constitucionales que habilitarían la candidatura misma del pre-sidente Morales, así como de otras cuestiones tales como la ne-cesidad de su renuncia para habilitarse como candidato; la si-tuación correspondiente del Vicepresidente, en caso de que se decida que acompañe de nuevo a Evo Morales en la fórmula del
mas, y, no menos importante, el problema de quién ejercería en tal caso la Presidencia y la consiguiente conducción del proceso electoral.
Una serie de problemas de otra índole se presenta para todas aquellas fuerzas políticas y personalidades públicas, que se alejaron del mas a lo largo de los años pasados, pero que se consideran todavía como in-tegrantes del “proceso de cam-bio”. Como es sabido, algunos movimientos sociales preten-den contar con su propia re-presentación independiente del mas, para lo cual tendrán que
cumplir con todos los requisitos que exige el régimen electoral. Su camino más probable los llevará seguramente a un retorno al redil del oficialismo, bajo condiciones que se negociarán en su momento.
Ahora bien, las diversas fuerzas opositoras a nivel nacional y regional tampoco tienen las cosas fáciles, puesto que salvedad hecha de Unidad Nacional y el msm, no se han revelado todavía capacidades evidentes de terciar con mínimo éxito en las eleccio-nes venideras, si no es bajo la estela de uno de los dos partidos mencionados.
A las dificultades políticas, organizacionales, programáticas y financieras que aquejan al espectro opositor se añade sin duda la exigencia de montar una propuesta verosímil para una mayo-ría de electores que siguen disfrutando en general de la bonanza económica y la derrama de recursos públicos con fines proseli-tistas, que realiza cada día el oficialismo. Una tarea ciertamente compleja.
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contrapuntos
La inviabilidad absoluta de la “reelección”
de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera
Franz Rafael Barrios González*
Lastimosamente, para las ambiciones “monárquicas” de los actuales mandatarios, no existe norma alguna en nuestro sistema jurídico que le asigne
el sui generis efecto jurídico derogatorio de la disposición constitucional que impide la segunda reelección.
L
a generalidad de los sistemas cons titucionales contemporáneos tomó del Derecho romano el principio de responsabilidad. Dicho principio fue erigido al inicio de la época “republicana” de Roma, para modificar la realidad existente durante la época de la “monarquía”, en la cual los reyes, al ser vitalicio el ejercicio de su cargo, lógicamente eran “irresponsa-bles”. Es decir que, como el final del ejer-cicio de su cargo (reinado) coincidía con el de su fallecimiento, evidentemente no se les podía atribuir y menos exigir que reconocieran y aceptaran las consecuen-cias de los hechos que hubieren realizado libremente durante sus reinados, a lo que se denomina “responsabilidad”.El principio de responsabilidad (hoy conocido como principio de improrroga-bilidad o discontinuidad) fue establecido para el Presidente y el Vicepresidente del Estado, por el Artículo 87º de la Consti-tución Política del Estado (cpe) de 1967;
sistema Constitucional bajo el cual Evo Morales y Álvaro García fueron elegidos por primera vez.
El orden público constitucional (in-derogable e inmodificable para los suje-tos de Derecho) instituido por la cpe de 1967 (con reformas de 1994), disponía que el periodo de ejercicio de los cargos de Presidente y Vicepresidente del Esta-do duraba 5 años. Por ende, el períoEsta-do de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepresidente, tanto de Evo Mora-les como de su “anexo” político Álvaro García, se inició el 22 de enero de 2006 y debió haber fenecido “improrrogable-mente” el 22 de enero de 2011.
Ahora bien, por regla general y elemental lógica, los actos jurídicos de las personas (naturales o jurídicas) sólo pueden y deben adecuarse a la norma (constitucional o legal) vigente y eficaz en el momento en el cual dichos actos ju-rídicos son realizados. Por ello, los actos jurídicos denominados “elección, pose-sión y asunción del cargo”, realizados y como efecto de los cuales Evo Morales y Álvaro García fueron elegidos y posesio-nados como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, el 22 de enero de 2006, fueron realizados con sujeción a la nor-mativa vigente y eficaz impuesta enton-ces como “deber ser” por la cpe de 1967. En el mismo orden de ideas, carece de trascendencia jurídica alguna que Evo Morales o Álvaro García realicen cual-quier tipo de bellaquería política partien-do del falso hecho de que su cpe hubiera
supuestamente “entrado en ‘aplicación’ recién el 22 de enero de 2010”, creyendo –erróneamente– que tal evento (falso, lo repetimos) hubiera modificado en algo su primer periodo de ejercicio de los cargos de Presidente y Vicepresidente.
Simplemente no es así, la realidad jurídica es otra. Resulta más bien que la
cpe de 1967, por el principio de ultra-actividad de la norma, sigue y seguirá vi-gente y eficaz para regir todos los actos jurídicos que se realizaron en aplicación de sus normas mientras estuvo vigente, y resulta un hecho irrefutable que los actos jurídicos denominados “elección, pose-sión y asunción del cargo”, como efecto de los cuales Evo Morales y Álvaro Gar-cía fueron posesionados el 22 de enero de 2006, fueron realizados bajo el imperio de la cpe de 1967.
En adición, si bien es cierto que la
cpe de 2009 conservó parcialmente el principio de responsabilidad (improrro-gabilidad o discontinuidad) en su Artículo 168º cuando dispuso que el Presidente y el Vicepresidente del Estado pueden ser “reelectos” “por una sola vez de manera continua”, no es menos cierto que Evo Morales, Álvaro García, sus “transito-rios aliados” de la oposición de entonces (podemos, un) y los “brillantes juris-tas plurinacionales” cometieron un craso error. En ejercicio de una supuesta “tácti-ca envolvente”, que más apropiadamente debería haber sido llamada “harakiri en-volvente”, introdujeron el parágrafo II de la Disposición Transitoria primera en la
cpe de 2009, estableciendo con la fuerza
del orden público constitucional que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución (cpe de 2009) serán
toma-dos en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
Al respecto, si “entre gallos y me-dianoche” no hubieran “modificado” su
cpe vigente y eficaz desde el 7 de febrero de 2009, por la sola entrada en vigencia del nuevo sistema constitucional, hu-bieran acabado realizando su ambición de conseguir dos periodos continuos de ejercicio, mientras buscaban la forma de quedarse “para siempre” en el ejercicio del poder político. Porque –evidente-mente– los actos jurídicos denomina-dos “elección, posesión y asunción del cargo”, como efecto de los cuales Evo Morales y Álvaro García fueron elegidos y posesionados como Presidente y Vi-cepresidente el 22 de enero de 2010, se realizaron en aplicación de la normativa impuesta por la cpe de 2009.
Empero, en aplicación del parágra-fo ii de la Disposición Transitoria prime-ra de la cpe de 2009, plenamente vigente
y eficaz, consiguieron todo lo contrario y “el tiro les salió por la culata”. Con la fuerza del orden público constitucional (inderogable e inmodificable), (se) impu-sieron que el primer período de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepre-sidente (completo o incompleto, indife-rentemente), iniciado el 22 de enero de 2006 bajo el imperio de la cpe de 1967 y fenecido prematuramente (no por dispo-sición de la cpe de 1967, sino más bien por imperio de la última línea del pará-grafo i de la misma Disposición
Transi-toria primera de la cpe de 2009), fuere computado (contabilizado) como el pri-mer periodo de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepresidente de Evo Morales y Álvaro García, a los fines de la
aplicación del nuevo sistema establecido por la cpe de 2009.
Para el Diccionario de la Lengua Española, período es el “tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al principio” (2001, t. ii, pág. 1733). En este caso, período es el tiempo que se tarda en volver a realizar los actos jurídicos denominados “elección, pose-sión y asunción de los cargos” de Presi-dente y VicepresiPresi-dente. La cpe de 1967
(con reformas de 1994) establecía como “deber ser” que la duración del período de ejercicio de las funciones de Presiden-te y VicepresidenPresiden-te debía ser de 5 (cinco) años. Sin embargo, en el “ser” de los he-chos, el primer período de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepresidente de Evo Morales y Álvaro García duró 4 (cuatro) años. Entonces, lógicamente, los únicos efectos jurídicos que la cpe
de 1967, así como la cpe de 2009,
esta-blecen para el eventual caso de que un período de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepresidente concluyere prematuramente, son la llamada “suce-sión constitucional” y/o la obligación de “convocar a elecciones en el plazo máxi-mo de 90 días” y/o la obligación de con-vocar a elecciones para el “6 de agosto de 2009”, y ningún otro más.
Bajo tales hechos, resulta también intrascendente jurídicamente, el hecho de que el primer período de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepresi-dente de Evo Morales y Álvaro García, hubiera sido completado o hubiese que-dado trunco, por voluntad de quien fue-re. Porque –evidentemente– un período de ejercicio de las funciones de Presiden-te y VicepresidenPresiden-te, no deja de ser perio-do o “mandato” por el hecho de que dure 10 minutos o 4 años y 364 días.
Lastimosamente, para las ambicio-nes “monárquicas” de Evo Morales y Ál-varo García, no existe norma alguna en nuestro sistema jurídico (constitucional o legal) que le asigne el sui generis efecto jurídico derogatorio “constitucional” del parágrafo i de la Disposición Transitoria
primera de la cpe de 2009, a la falta de completitud del primer período de ejer-cicio de las funciones de Presidente y Vicepresidente de Evo Morales y Álvaro García.
Finalmente, como les hubieran dicho nuestros antepasados a los mas’istas engo-losinados con el poder político, “… a llorar al río!”
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contrapuntos
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Avance (parcial) en la lucha por los derechos
ambientales colectivos en Bolivia
El
tcp
restituyó la consideración de la “Acción Popular” que postula argumentos insuficientemente considerados en el debate público acerca del
tipnis
: los derechos ambientales colectivos de toda la ciudadanía boliviana, entendidos como base de cualquier proyecto de sociedad sostenible.
L
a naturaleza y las motivaciones de esta Acción PopularEl 20 de septiembre de 2012, un grupo de ciudadanos1 presentó una
Ac-ción Popular (ap) en defensa de los
de-rechos colectivos de toda la ciudadanía boliviana a “un medio ambiente sano, equilibrado y protegido, que permita a los individuos y colectividades de las pre-sentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. (Art.33, cpe)
De acuerdo al artículo 135 de la
cpe: “La Acción Popular procederá
contra todo acto u omisión de las au-toridades, o de personas individuales, o colectivas, que violen, o amenacen con violar, derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el es-pacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Consti-tución”. Puede ser interpuesta por cual-quier persona, en nombre de la colecti-vidad de la que forma parte.
La amenaza inminente contra la vigencia de este derecho estaba –y está aún– constituida por la insistencia gu-bernamental en construir una carretera que, en caso de atravesar, como tiene previsto, las zonas de máxima protec-ción y fragilidad del Territorio Indíge-na y Parque NacioIndíge-nal Isiboro Sécure (tipnis), violaría la normativa destinada
a proteger la integridad de espacios am-bientalmente estratégicos, declarados como áreas protegidas precisamente por tratarse de lugares indispensables para el mantenimiento de equilibrios ambienta-les fundamentaambienta-les para la región y para el resto del país (en virtud de las relacio-nes sistémicas de la biósfera).
El artículo 385, parágrafo I. de la Constitución dispone lo siguiente: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen fun-ciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo susten-table”. El tipnis es un Parque Nacio-nal (máxima categoría) y esa condición implica límites que han sido ignorados y
1 Las personas que firman la Acción Popular son: Waldo Albarracín, Remberto Cárdenas, Roger Cortez, Olga Flores, Loyola Guzmán, Facundo Hurtado, Jenny Ibarnegaray, Móni-ca Moraes, Luis Rico, José Antonio Quiroga. Fueron convocados por la Comisión Nacional por el tipnis, una organización ciudadana conformada, en coordinación con la diri-gencia de la Novena Marcha Indígena, poco antes de que esta retorne, desde La Paz, al
tipnis (y a otros territorios indígenas).
Por otra parte, las consultas, refe-rendos, o resultados de elecciones que se hayan realizado, o se pretenda realizar, no pueden situarse por encima del dere-cho colectivo constitucional que perte-nece al conjunto de ciudadanos y ciuda-danas del país. No pueden modificarlo y, mucho menos anularlo. El artículo 385, inciso ii de la cpe establece claramente lo siguiente: “Donde exista sobreposi-ción de áreas protegidas y territorios in-dígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena origina-ria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.
El trayecto legal y la oportunidad abierta
El 8 de octubre de 2012, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró el rechazo in
limine2 de la mencionada ap. Esta
deci-sión fue impugnada por los y las deman-dantes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp). El tcp resolvió
la impugnación el 14 de noviembre de 2012, mediante Auto Constitucional,3
revocando la Resolución4 que contenía
el rechazo in limine: “[…] el Tribunal de garantías, al haber declarado el rechazo
in limine de la acción popular, no obró
correctamente”. El tcp dispuso, asimis-mo, que “el Tribunal de garantías admita la acción popular en audiencia pública” para determinar “lo que corresponda en derecho, sea concediendo o denegando la tutela”. Consiguientemente, una au-diencia tendrá lugar en el futuro próxi-mo para tratar el fondo de la demanda.
2 Figura que se aplica antes de la audiencia de una Acción de Defensa, sin considerar el fon-do de la misma, aducienfon-do errores de proce-dimiento, u otros de forma.
3 No. 0197/2012 4 Resolución 59/2012.
que pretenden seguir sien-do violentasien-dos por el poder público, cometiendo, así, no sólo una ilegalidad sino un atentado contra los de-rechos colectivos de los bo-livianos y las bolivianas.
El artículo 11 del Re-glamento de Áreas Prote-gidas de la Ley Nº 1333 de Medio Ambiente, establece que: “Ninguna autoridad, organismo, sector o ins-tancia administrativa podrá asumir, ignorar o sobrepa-sar la jurisdicción especial
de las Áreas Protegidas”. El artículo 23 de la misma norma establece que en los parques nacionales la zonificación, los planes de manejo y las normas reglamen-tarias serán la base para determinar la li-citud, o no, de obras de infraestructura, mismas que se encuentran expresamente prohibidas si carecen de dicha base. De acuerdo a la zonificación del tipnis, desarrollada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a través de un proceso técnico, el trazo previsible que se deriva de la ubicación de los tramos de entra-da y salientra-da de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atravesaría muy probablemente las dos zonas de máxima protección del área protegida, categori-zadas como tales justamente en atención a su fragilidad e importancia crítica para los equilibrios generales del subsistema.
Los servicios ambientales de las áreas protegidas del país son vitales y múltiples. Los que ofrece el tipnis, a condición de mantenerse su integridad, son, entre otros: regulación del ciclo hídrico (amortiguando la intensidad de inundaciones y sequías que, de otro modo, aumentarían su poder destructi-vo), mitigación de efectos de cambio cli-mático (potencialmente devastadores en este siglo), conservación de una remar-cable biodiversidad (base fundamental para la estabilidad de los sistemas natu-rales y sociales, y para las posibilidades de encontrar fuentes de innovación tec-nológica y soluciones a enfermedades, plagas y otros).
El precedente que sentaría una ac-ción estatal de esta índole sería nefasto, porque comprometería, además, la se-guridad jurídico-ambiental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bo-livia, que permite mantener ejemplos bien conservados de las ecorregiones y ecosistemas sujetos a destrucción irre-versible en el resto del país (incluyendo a las especies que los habitan).
A propósito del vivir bien y de la Madre Tierra
“Los demandantes no se opo nen a la construcción de un camino que una San Ignacio de Moxos y Villa Tunari que respete el área protegida”, explica Loyola Guzmán, firmante, ex cons-tituyente, luchadora social y defensora de los ddhh.
Mónica Moraes, firmante, bióloga y docente, explica por su parte:
Debemos entender las consecuencias amplias de la destrucción de un bosque tropical bien conservado (a pesar de las agresiones generadas por cocaleros, ga-naderos y madereros que, sin embargo, no han afectado aún a la mayor parte del parque) Éstas podrían manifestarse, por ejemplo, en el régimen de lluvias de otras regiones del país,debido a la eliminación de cobertura vegetal. Esto generaría graves problemas económi-cos, sociales y ambientales muy lejos del
tipnis. (La sequía de 1982 constituye un ejemplo de la gravedad de las con-secuencias agregadas de la falta de llu-vias, aunque las razones de origen hayan podido ser distintas). Cualquier pérdida de bosque en el contexto del Cambio Climático revierte una previsible mayor gravedad en las consecuencias.
La Acción Popular en perspectiva
“Ante una eventual denegatoria de la tu-tela solicitada, estaríamos preparados para acudir a la esfera internacional”, explica el Dr. Carlos Derpic, abogado patrocinante de los demandantes. “Por otro lado, siem-pre tuvimos claro que la ap debía servir como medio de sensibilización ciudadana sobre lo que está implicado en el tipnis”. Lo sensato y legal sería que el go-bierno desarrolle un trazo que no sea innecesariamente devastador de un área protegida. Esta vez, debería cumplirse con lo elemental para cualquier proyecto de inversión pública: realizar estudios de impacto ambiental y de costo beneficio, entre otros. Por increíble que parezca, no se hizo ninguno de esos estudios para aprobar el financiamiento y para firmar contrato con oas. El trazo inicialmente propuesto (aunque negado después) se definió al ojímetro. El “desarrollo sustenta-ble” o el vivir bien no pueden implicar más pérdidas que beneficios. Es elemental.
Cecilia Requena. Comisión Nacional por el tipnis.
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contrapuntos
Predicciones mediterráneas
José Rafael Vilar*
Una visión amplia sobre el proceso boliviano y su articulación a los problemas y desafíos de la región sudamericana.
“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”. [Confucio (Kung Fu-Tse), célebre
pensador chino (551-479 a.C.)]
H
ace poco, publiqué en E-leccio-nes.net mi artículo “Año de Ifá en nuestra Latinoamérica” en el que recorría los posibles esce-narios que sucederían este año en la re-gión. Algunos se han cumplido –la victo-ria de Correa Delgado en primera vuelta, la intrascendencia cohesiva de la celac, la devaluación del bolívar en Venezuela– mientras otros van en camino de ello.Revisemos, in extenso, la Bolivia mediata desde tres aspectos: hoy; sus re-tos; mis pronósticos.
El país
Bolivia es, hoy, uno de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (alba-tcp) que ha logra-do más éxitos relativos en crecimiento y reducción de pobreza en los últimos años. Su proceso de cambio –emparentado con la Revolución Bolivariana de Venezuela y con la Revolución Ciudadana ecuatoria-na, por mencionar los más obvios– ha re-mecido estructuras, ha tenido aciertos –la inserción de amplios sectores populares, principalmente indígenas, en la vida so-cial y política nacional es uno de los más importantes,1 aparejado a la distribución
de los crecientes ingresos fiscales coyun-turales– y ha “pecado” de desaciertos –el seguir siendo un proveedor de primarios a pesar de las posibilidades de inversión es, más allá de discursos, una grave falen-cia a mediano y largo plazo.
Dentro de la alba-tcp, Bolivia es el segundo país con menos ingresos –luego de Nicaragua–:2 usd 24mm en
2011 pero, a diferencia de Nicaragua y Cuba, es actualmente poco dependiente de la ayuda externa venezolana –aunque sí lo fue entre 2006 y 2008, ésta ya es significativamente mucho menor para Bolivia. El otro factor diferenciador es que, con independencia de sus políticas interna y externa, es el país de la región que ha logrado un mejor discurso oficial de reivindicación indígena –con más penetración interna que el desarrolla-do en Ecuadesarrolla-dor, desarrolla-donde las
organizacio-1 Más allá del éxito económico que pudiera aparejar para ellos.
2 Los de mayores ingresos son, en ese orden, Venezuela (usd 316.5mm), Ecuador (usd
66mm) y Cuba (usd 57.5mm), aunque este país tiene una economía fuertemente subsi-diada por Venezuela. Nicaragua (usd 9mm) está en el último lugar, descontando a Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Gra-nadinas que son pequeños países con econo-mía mucho menores. (Datos Banco Mundial [bm] 2011, excepto Cuba: cia 2010.)
nes indígenas son muy fuertes y no to-talmente cercanas al gobierno– y lo ha posicionado fuera de sus fronteras, en la búsqueda de difundir su política de cambio internacionalmente.3 Sobre estos
últi-mos aspectos, por no ser objetivo de este estudio, no los analizaré.
A primera vista, Bolivia tiene un gran reto: dejar de ser el país más po-bre de Sudamérica y sus indicadores coadyuvan a esa imagen: es uno de los países con menor Índice de Desarrollo Humano (idh) en 2011 –0.663, un
va-lor Medio que le hace ocupar el lugar 108 a nivel mundial (de 158) y el 28 de los 33 de Latinoamérica–;4 el Índice de
ese año había mejorado con respecto al año anterior (0.643), que había caído en 2010 respecto a 2009 (0.656). Su pib en 2011 fue de casi usd 24mm, lo que ese
año ubica al Estado Plurinacional en el decimoquinto lugar en tamaño de pib
en la Región5 y noveno y antepenúltimo
3 Hasta el momento, en lo interno, el discur-so indigenista gubernamental sigue efectivo –aunque relativamente disminuido– entre las poblaciones aymara y quechua pero se ha desposicionado en las poblaciones amazóni-cas y de Tierras Bajas. En lo externo, si bien mantiene presencia sobre todo en movimien-tos sociales y contestatarios, se ha ido erosio-nando crecientemente.
4 Sólo tuvieron valores de idh menores que Bolivia dentro de la Región ese año: Guyana, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Haití. 5 De 24 países considerados, Bolivia está por
delante de El Salvador, Honduras, Jamai-ca, Nicaragua, Haití, Suriname, Guyana y Belice, en ese orden. No he incluido las
en Sudamérica,6 en ambos casos
com-partiendo posición con Paraguay;7 sin
embargo, en pib per cápita la situación
es distinta y menos positiva: con pib
per cápita de usd 2,374 en 2011, Boli-via ese año estaba en la posición 21 de la región8 mientras que en Sudamérica
sí ocupa el último lugar. En lo que res-pecta a crecimiento, ese año fue de 5.1% –entre 2008 y 2011 tuvo crecimientos de 6.1, 3.4, 4.1 y 5.1%9 para promedio de
4.7%– lo que lo hace uno de los países de buenos resultados en la región a pe-sar de la crisis mundial, por supuesto que apoyado en los precios de materias pri-mas favorecidas por la demanda asiática –minerales–, principalmente de China, y por las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina. A pesar de mantener altos indicadores de pobreza –moderada: 49% y extrema: 25.4%, según datos ofi-ciales, entre los mayores de la Región–, desde 1997 se han logrado reducciones significativas: 21% en moderada y 9% en extrema, gracias a la conjunción de muy
Antillas Menores ni otros territorios de-pendientes.
6 De 12 países considerados, Bolivia supera en Sudamérica a Suriname y Guyana, en ese or-den. No he incluido territorios dependientes. 7 Aunque con destacadas diferencias poblacio-nales entre ambos: Paraguay con 6.568.290 habitantes y Bolivia con 10.088.108 (bm). 8 De 24, sólo por delante de Honduras,
Nica-ragua y Haití. La “buena noticia” es que ya Bolivia no comparte –más pretendido que real– el último lugar con Haití.
9 Datos del Banco Mundial.
diversos factores: descentralización ad-ministrativa y de recursos y los altos pre-cios internacionales de las exportaciones de materias primas, entre otros.10
Retos bolivianos
Los dos primeros retos del país son en la economía: Bolivia tiene que seguir cre-ciendo pero independizarse de exporta-ciones primarias, y hacer eficientes las empresas desprivatizadas,11 como
desta-cara el presidente Morales Ayma en su Informe de Gestión 2012.
En política, tanto desde el gobierno como desde la oposición, Bolivia tiene que liberarse de tantas consignas y divisiones en lo interno. En este sentido, desde la administración debe continuarse la des-judicialización de la política, iniciada por el Tribunal Constitucional Plurinominal (tcp), y desde la oposición avanzarse en
superar antagonismo irreductibles. Por lo externo, el país debe dejar de actuar sólo por decisiones basadas en
10 En el aspecto de la violencia, en el Global Peace Index 2012 Bolivia ocupa el lugar 84 de 158 a nivel mundial y en la Región por delante de Ecuador, República Dominica-na, Trinidad y Tobago, Haití, El Salvador, Jamaica, Venezuela, Guatemala, Honduras, México y Colombia en la Región. Su tasa de homicidios por 100 mil habitantes fue de 8.9 en 2010 (unodc Homicide Statistics). 11 Desde la posición oficial, se ha empleado
el término “nacionalizadas” para referirse a aquellas empresas que fueron revertidas sus concesiones por el Estado, tanto en los secto-res de energía, minero, cemento y telecomu-nicaciones, entre otras.
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contrapuntos
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intereses políticos y no estratégicos dedesarrollo. Igualmente determinante es lograr la cualidad marítima útil.
Un tema interno importante es el creciente narcotráfico, tanto como pro-ductor12 como tránsito.
Por último pero no menos impor-tante, está la definición sobre la posibili-dad de que el presidente Morales Ayma se reelija para un nuevo período. Al respec-to, la posición mantenida por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plu-rinacional es la de la interpretación de la Constitución y sus Artículos Transitorios por el tcp mientras que la de sectores de oposición, la de someter a un Referén-dum modificatorio de la misma.13
Mis pronósticos
La independencia de las exportaciones primarias a través de la industrialización de las materias primas –en el caso del gas y minerales, principalmente litio– es una meta oficial principal pero, por una par-te, es un proceso largo y costoso y, por otra, las acciones –e inversiones– reali-zadas no reflejan un Plan Estratégico de Desarrollo global. En esa misma línea va la eficiencia empresarial estatal:14 no
habrá cambios radicales este año.15
El desarrollo de infraestructura – vial y, ahora más, ferroviaria– continua-rá.16 Sin embargo, la coyuntura política
determina la pretendida reorientación hacia Ilo y Matarani no son viables a me-diano plazo y prácticamente incosteables. En lo político interno, el antagonis-mo aumentará porque ya se vive el período preelectoral, aunque los comicios serían a finales de 2014. Sin embargo, seis facto-res empiezan a destacarse: el primero, la confirmación de la diferencia de intereses en los electores entre comicios nacionales y locales, con independencia del nivel; si
12 Significativos decomisos e interdicciones de los últimos años, más que demostrar una mejor lucha –lo que no deja de serlo– son muestras del aumento también significativo del narcotráfico, unido con la presunta ex-pansión de los cultivos de la planta de coca. 13 En sus manifestaciones públicas, el
Presiden-te Morales Ayma ha declarado que considera innecesaria cualquiera de ambas pues inter-preta que la Nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009 lo habilita ab initio para una nueva y –hasta ahora, al menos– úl-tima postulación.
14 Si bien los ingresos por impuestos y regalías han aumentado en el caso de hidrocarburos, en la minería estatal y revertida las alícuotas han descendido, en algunos casos significa-tivamente (Huanuni). En demás empresas estratégicas nuevamente estatizadas –como
entel– también han disminuido, aunque se plantea que compensan por la expansión de su función social. Entre las nuevas empresas estatales en funcionamiento –descartando las (aún) inoperantes, como papelbol–, posi-blemente la Empresa Boliviana de la Almen-dra (eba) sea la más redituable.
15 En realidad, si los hubiera, sería a mediano pla-zo y tras el cambio de manejo asistencialista. 16 La emisión de bonos soberanos bolivianos
para estructura vial dan “buena imagen” pues son más caros que cualquier otra fuente de financiamiento (con interés de 4.875%, de cada usd 500m se pagan usd 243.75m); también pudo recurrirse a las ingentes reser-vas del bcb. Comparando, España paga por sus bonos similares 5.01% (eeuu, 1.642%.)
bien a nivel nacional, la imagen e influen-cia del Presidente Morales Ayma siguen siendo decisivos, en elecciones locales – departamentales y municipales– priman los intereses del lugar y la imagen de los candidatos que lidien en ellas. El segundo factor de influencia es la pérdida de apo-yo del partido de gobierno en sectores de clase media y popular del Occidente del país, que les fueron proclives en eleccio-nes anteriores. En tercero, la búsqueda y consecuente captación de apoyos y adhe-siones en los departamentos orientales, en su momento bastiones de oposición, tanto en clase media y popular como en el empresariado mediano y grande –a través de concesiones a sus demandas. En cuar-to lugar, la erosión sufrida en los apoyos indígenas para el partido de gobierno, principalmente en los pueblos de tierras bajas pero también, aunque aún en mucho menor grado, en las poblaciones indíge-nas de Occidente: aymaras y quechuas, aunque estos distanciamientos no incidan proporcionalmente en lo que respecta a la posición del presidente Morales Ayma en sus imaginarios políticos. Como quinto factor, las recientes decisiones y senten-cias del tcp –principalmente la inconsti-tucionalidad de la figura del desacato en el Código Penal, de la retroactividad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “An-drés Ibañez” que establecían la suspensión temporal de autoridades electas departa-mentales, regionales y municipales cuan-do se dictara en su contra simple acusación formal– han afectado el esquema de judi-cialización de las relaciones político-admi-nistrativas hasta ahora actuante y obligará a la administración a desarrollar nuevos procedimientos –creativos– al respecto; en ello también ha influenciado la difusión de escándalos de corrupción y arbitrarieda-des cometidas por autoridaarbitrarieda-des en mandos intermedios.17 Por último, las elecciones
realizadas en Sucre –para sustituir al Al-calde– y en Beni –al Gobernador–, am-bos opositores renunciantes por motivos de haber sido apartados de sus funciones por la aplicación de los artículos después declarados inconstitucionales de la Ley Marco de Autonomías, han demostrado la posibilidad de que el acercamiento y agru-pación de fuerzas opositoras pueden llevar a ganar elecciones; sin embargo, es impor-tante mencionar que estas elecciones –lo-cales– se rigen por intereses muy distintos a las nacionales, como antes mencioné, lo cual debe prevenir de triunfalismos con bases falsas, por una parte, mientras que por otra es importante que las uniones opositoras dejen de ser solamente coyun-turales y de réditos; también debe pasarse de procesos “de consigna” a programáti-cos a largo plazo, encontrando intereses comunes; por último, es fundamental un liderazgo nacional consensuadamente aceptado, aún inexistente.18
17 Hasta el presente, no se han vinculado legal-mente a autoridades superiores con algunas de éstas.
18 Sin embargo, todos estos factores no deben llevar a un falso exitismo opositor ni serán,
En lo externo, la inclusión en el
mercosur sería un gran perjuicio para las exportaciones bolivianas si se cumple la necesidad de retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (can) por sus Estatutos, porque los principa-les rubros no extractivos de exportación de Bolivia y los de la mayoría del res-to de miembros del mercosur son
competencia,19 a diferencia de los de
los otros países de la can que son
com-plementarios.
Respecto a alcanzar la cualidad marítima útil y soberana para Bolivia a partir de Chile –con la anuencia de Perú–, la política boliviana ha sido errá-tica: un fuerte acercamiento con Chile durante 2006 a 2011, con la expectati-va –fallida– de soluciones favorables, un distanciamiento frontal posterior y una propuesta sorpresiva –y rechazada– de canje de territorio soberano por gas20 en
la Cumbre de la celac en enero de este año –además de errores de la diploma-cia boliviana que dieron como resultado una declaración neutral de la Cumbre de la oea realizada en Bolivia en 2012, menos comprometida que la de 1979. Considero que ni a mediano plazo se obtendrán avances, además de que aún Bolivia –a pesar de sus continuadas de-claraciones desde 2011– no ha avanzado en llevar la solicitud a la cij, proceso que lleva varios años en dar resolución. Un último factor puede complicar más las expectativas bolivianas: el posible fallo adverso a Chile de la demanda peruana de redelimitación de aguas territoriales entre ambos países convertiría en inútil la posibilidad de cesión –compensada– de una franja territorial entre la frontera boliviana y el Océano Pacífico –más allá de las condiciones que pudiera tener esa
por sí solos, factor de derrota electoral para el Presidente Morales Ayma si se presentara como candidato en 2014.
19 Soya, por ejemplo. Aunque el ingreso pleno de Venezuela –comprador de soya funda-mental para Bolivia– al mercosur puede aliviar esta situación.
20 La Administración Sánchez de Losada fue derrocada en 2003 principalmente por su planteamiento de exportar gas a través de Chile. El entonces líder de los cocaleros y ex diputado Evo Morales Ayma fue uno de los mayores opositores a esa posibilidad.
costa para actividades portuarias– que transcurriera paralela e inmediata con la frontera chileno-peruana porque ya des-aparecería el concepto de “útil” de esa salida, porque no habría frontera marí-tima utilizable. Quedarían por ver so-luciones creativas y realizables a pronto plazo que satisfagan las demandas boli-vianas y que sean aceptables para Chile; una nueva administración de la Concer-tación en Chile después de las eleccio-nes de este año podrían flexibilizar sus posiciones, sin que esto signifique que el país austral renuncie a su soberanía e integridad territorial –como tampoco lo fue en el período de buenos acercamien-tos durante la administración Bachelet Jeria.
Del narcotráfico, todos sus veci-nos –Chile y Brasil principalmente, pero también Paraguay y Argentina– han tomado medidas para frenar el paso de droga desde Bolivia a sus países. Sin em-bargo, el origen del liderazgo del par-tido de gobierno desde los sectores de cultivadores de coca no tradicional –el Presidente Morales Ayma sigue sien-do su máximo ejecutivo– lleva a que la defensa de la planta de coca sea política de Estado y centralice gran parte de la política exterior del país en detrimento de otras prioridades, como recuperar la cualidad marítima útil y soberana. Esto, que considero un yerro mayúsculo, no va a cambiar, como la reincorporación oficial de Bolivia a la Convención Única sobre Estupefacientes de las nnuu no ha significado más que la confirmación de las salvaguardas que tenía ya –sólo a nivel local, como sigue siendo, a pesar de las desinformaciones y tergiversacio-nes que ha habido, tanto oficiales como de los medios– sobre el uso tradicional de la hoja de coca y su cultivo con estos fines exclusivamente.
Algo positivo: la mejora de la cali-dad de vida del país, principalmente la reducción de los niveles de pobreza, con seguridad va a seguir siendo de interés prioritario para la administración y se fortalecerá en la medida de que las ex-portaciones primarias del país sigan con altos precios.
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debate
Refutación a Silvia Rivera
Fernando Molina*
Según el autor, el pensamiento indianista de Rivera es un calco, puesto al revés, del eurocentrismo.
S
i Silvia Rivera1 desarrollaralógi-camente su pensamiento, tendría que plantear la desaparición de una de las dos “repúblicas” en las que separa a la población boliviana, re-pitiendo la división colonial que segre-gaba a los indios, por un lado, y a los españoles y criollos, por el otro. Esta eliminación, o, para no decirlo de una forma tan terminante, esta superación de la “casta mestiza” a fin de liberar a las mayorías indígenas de una opresión permanente y darle otro destino al país, se desprende de la filosofía política que Rivera defiende, según la cual:
a) Los indios tienen el más antiguo –y por tanto el mejor– derecho de vivir en este territorio.
b) Ellos son, cuando gozan de au-tonomía, portadores de una civilización mejor adaptada a los ecosistemas locales, menos codiciosa, más igualitaria y me-nos aberrante social y ambientalmente que la capitalista, y por tanto –aunque esta palabra no se mencione– una civili-zación superior.
c) Ellos son la mayoría de la pobla-ción, pero han sido gobernados por una minoritaria “casta mestiza” que se les ha impuesto a sangre y fuego, en unos ca-sos, y por medio de la simulación y el engaño, en otros. De cualquier forma, el
1 Silvia Rivera es historiadora y una importan-te importan-teórica indianista. Para elaborar esta refu-tación a sus ideas se ha revisado los siguientes textos:
1993. “La raíz: colonizadores y colonizados”, en Xavier Albó y Raúl Barrios, Violencias en-cubiertas en Bolivia, La Paz, cipca.
2003. “Prefacio”, en Oprimidos pero no venci-dos. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980, La Paz, Aruwiyiri/Yachaywasi. 2013. “Del mnr a Evo Morales: disyuncio-nes del Estado colonial”, en Nueva Crónica y Buen Gobierno 117, La Paz, segunda quincena de enero.
único gobierno legítimo de Bolivia sería el constituido por el bloque mayoritario, el cual puede incluir a quienes tengan origen indígena aunque se hallen fuera de la cultura originaria (los “cholos”), y a quienes, sin tener ese origen, se identifi-quen completamente con “el paradigma que encarnan los indígenas”, puesto que descubren a “la india y el salvaje que to-dos tenemos en nuestro interior”.
d) La “casta mestiza” está siempre maquinando en contra de la mayoría in-dígena y cuando le ofrece concesiones y derechos lo hace para timarla con pala-bras de conciliación que nada significan, aunque puedan llevar a algunos indíge-nas y cholos a salirse de su “república” y sumarse a la ajena, es decir, a traicionar a su etnia.
e) El engaño más efectivo y carac-terístico de la “casta mestiza” a los in-dígenas es el nacionalismo desarrollista, que promete convertirlos en “mestizos” (durante la Revolución Nacional) o en “bolivianos” (desde los años sesenta), es decir, desclasarlos, arrebatarles sus valores ancestrales (su especial relación con la naturaleza, sus antiguas formas de organización política), a cambio de una muy dudosa incorporación a la mo-dernidad mediante la urbanización, la maquinización agrícola y la construc-ción de infraestructura –señaladamen-te, de carreteras–; incorporación que al final no se verifica o, en todo caso, no cambia las brutales condiciones de vida que siempre han tenido los indios. (Ri-vera no reconoce que se haya produci-do ninguna mejoría en ellas). Muchos indígenas caen en este engaño –como, por ejemplo, dos líderes históricos del indianismo katarista, Genaro Flores y Felipe Quispe, amantes de los tractores– y luchan por más modernidad, lo que constituye “un problema estructural”
del movimiento indígena. Sin embargo, según Rivera, lo que en realidad buscan las luchas indígenas que plantean reivin-dicaciones modernizadoras es “ciuda-danización”, es decir, reconocimiento y participación en el mercado y la política. Por tanto, también estas luchas econó-micas pueden considerarse luchas
cultu-rales, luchas contra el colonialismo
ejer-cido por los mestizos, por obra del cual se excluye a los indígenas de la vida co-lectiva. Esta definición permite a Rivera incorporar las luchas modernizadoras de los habitantes rurales al movimiento general de “descolonización”, que ella considera el motor de la historia indíge-na; aunque, objetivamente, estas luchas, cuando triunfan, lleven agua al molino del capitalismo y esto debilite a la “re-pública india”, disminuyendo su número de miembros en la misma cantidad que la que se enrola, total o parcialmente, en la dinámica capitalista, convirtiéndose así en “cholos”. Sin embargo, los “cho-los”, puesto que tienen un origen indí-gena, pueden actuar y actúan de hecho junto a los indígenas en los grandes mo-mentos de rebelión. De este modo, en ambos casos (cuando valida las reivindi-caciones modernizadoras indígenas eti-quetándolas como “descolonizadoras” y cuando sostiene que en los momentos álgidos los indios modernizados, o “cho-los”, actúan primero que nada como in-dios), Rivera hace afirmaciones idealistas, en el sentido filosófico del término. Esto es, pone los conceptos por encima de las realidades. El idealismo le sirve como un mecanismo ad hoc para conseguir meter la realidad en el esquema ideológico que profesa. Ahora bien, en los peores ca-sos, cuando definitivamente la realidad no cabe en su esquema, la autora apela a una otra explicación: dice que los pro-pios indígenas pueden actuar como ele-mentos colonizados, es decir, en contra de su propia naturaleza.
f) Los movimientos políticos revo-lucionarios movilizan a la mayoría de la población y ésta es indígena. Por tanto, deberían rematar en la formación de un gobierno indígena, pero esto no ocurre porque los mestizos escamotean el triun-fo revolucionario y perpetúan, izando banderas izquierdistas, el colonialismo interno. Así fue durante la Revolución Nacional y también durante el “proceso de cambio” dirigido por Evo Morales. En 2003, Morales y su partido (un conjunto de sindicatos campesinos y, por tanto, un partido mayoritariamente indígena-cho-lo) parecía portar el ideal del gobierno indio y la emancipación de la república india. Pero, en 2013, ya ha quedado cla-ro que Morales no es más que un indio
colonizado por el viejo engaño nacional-desarrollista, que apuesta a las carreteras, las obras, la repartija de favores y bienes con propósitos clientelistas, por los tru-cos electorales, en fin, por todo el reper-torio con que los mestizos siempre han oprimido, amordazado y entontecido a los indígenas. El viraje de Evo es anti-natura, porque va contra su condición ét-nica, pero se explica por la obra destruc-tora de los mestizos que lo rodean (sus inmediatos colaboradores). Puesto que son unos “acomplejados”, han adoptado un pensamiento ajeno (nacional-desa-rrollista, que imita a Venezuela y Brasil), un pensamiento que le da las espaldas a la razón india, la cual es emoción, com-promiso con el suelo en el que se nació (“en guaraní –dice Silvia Rivera–, pensar es sentir con el hígado”).
Basta describir la filosofía políti-ca de Rivera de esta forma esquemáti-ca –que intenta no violentarla, pero la despoja de la retórica (memorias “corta y larga”, etc.) –, para que todo lector con criterio independiente vea que se trata de una filosofía racista, que construye dos realidades étnicas2 otorgándoles
atributos fijos. Los indígenas heredan los atributos propios del “buen salvaje” inventado por Europa inmediatamente después de 1492, esos que los convier-ten en la alternativa a la prostituida mo-dernidad occidental; y los mestizos asu-men aquellos que tradicionalasu-mente ha asignado a las élites bolivianas el pen-samiento revolucionario: malinchismo, odio a lo propio, venalidad, incapacidad de hacer algún bien, codicia incontrola-ble. Si la polaridad fuera “élites” versus “pueblo”, este maniqueísmo no tendría nada de particular; lo peculiar en el discurso que estamos analizando se en-cuentra en su abierta etnización. Rivera sostiene que los vicios de las élites se repiten en las cúpulas rebeldes cuando éstas son dirigidas por mestizos, o que los indígenas se vuelcan en contra de su origen por la mala influencia de los mestizos. Al mismo tiempo, señala que los indígenas encarnan un “paradigma” con tal valor que todos los demás bo-livianos deben identificarse comple-tamente con él, ya que cualquier otra
2 La “república india” es una generalización realizada por los conquistadores que subsu-me y elimina las diferencias entre los indios realmente existentes. La versión de Rivera incluso ignora la orientación claramente pro-capitalista de muchos de ellos. La “cas-ta mestiza” no resul“cas-ta menos artificial y ad hoc, como indica el hecho de que el vocablo “mestizo” no tenga validez más que después de 1952, ya que los grupos bolivianos do-minantes se llamaron, primero, “criollos”, y luego “blancos”.
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clase de simpatía, que implique unaaceptación sólo parcial de los valores indígenas, o un enfoque multicultural, significaría imitar a los “misioneros” que en el pasado se acordaron del indio porque sentían piedad por él, o porque así podían engatusarlo mejor.
Así, Silvia Rivera, que comienza de-nunciando el eurocentrismo como pré-dica y práctica negadoras de la diversidad humana, termina repitiendo sus vicios, al unir inextricablemente la condición mestiza, por un lado, y un conjunto de antivalores que el país debe superar, por el otro. Implícitamente plantea, por tan-to, la tarea de eliminar tal condición, de deshacerse de la república mestiza, quizá no físicamente, pero sí en todos los de-más planos, tal como los eurocentristas querían eliminar –sim bólica y a veces físicamente– a los “salvajes” del mundo. Su llamado a una identificación con “la india o el salvaje que todos tenemos en nuestro interior” es un llamado
homoge-neizador que pretende que una
determi-nada identidad –así ésta sea la oprimi-da– es superior. Por tanto, es un llamado idéntico, aunque simétricamente opues-to, al que en el siglo xix hicieron los in-telectuales positivistas, cuando pidieron convertir a los indios en blancos por medio de medidas educativas e higiéni-cas. Por supuesto, tampoco entonces tal conversión se concibió como un proce-so material, sino como un alineamiento espiritual de los bolivianos broncíneos con el “paradigma” blanco. Tal como se nos propone de nuevo ahora, sólo que al revés.
Al pasar del eurocentrismo al in-dio-centrismo, como hace Rivera, cam-bia el sujeto de la exaltación, pero no la base lógica de ésta: la suposición de que determinados hechos antropológicos (creencias, costumbres, tipos de sociali-zación) transforman una raza –o, en los términos actuales, una etnia– en mejor que las demás.
La diferencia entre ambos racismos radica en el criterio que determina la superioridad étnica. Si para el eurocen-trismo éste era la capacidad sin disputa de los blancos para volverse civilizados y civilizar a los demás, es decir, su ca-pacidad modernizadora, para el indio-centrismo, en cambio, la superioridad indígena proviene de su capacidad para diferenciarse de, y para resistir, la mo-dernización.
En el fondo de todo, entonces, en-contramos un visceral rechazo a la mo-dernidad occidental, el cual, a su vez, se debe a una profunda identificación psi-cológica de la teoría con las víctimas del colonialismo europeo. El proceso men-tal es fácil de reconstruir: la inmersión en lo “salvaje” constituye un camino de purificación espiritual y política que conduce a quienes lo emprenden lejos de la Babilonia capitalista, pecadora y banal.
Esta versión del anti-modernis-mo (que también puede denominarse anti-capitalismo y, a la antigua, odio a la sociedad burguesa) se ha
desarrolla-do, como es lógico, en los países post-coloniales, especialmente en la India, de donde provienen sus principales re-presentantes. Pero sus raíces, ¡ay!, son europeas. La lucha contra la moderni-zación burguesa surgió apenas ésta co-menzó a desplegarse sobre el mundo, tras las bayonetas de Napoleón. Ori-ginalmente, fue una reacción alemana que defendía el saber tradicional (la “sa-biduría” contra la “ciencia”) contra la arrogancia ilustrada, la importancia de las culturas y las lenguas locales (la “cul-tura” contra la “civilización”), así como el amor al territorio y a las costumbres propias, amenazados por el cosmopoli-tismo francés. Son los mismos pilares sobre los que se asienta la obra de Silvia Rivera y, en general, la de los pensado-res postcoloniales.
De igual manera, pese a que el na-cionalismo desarrollista constituye algo así como su némesis, el indio-centrismo no puede evitar ser él mismo un nacio-nalismo –aunque no-desarrollista–, pues defiende una cultura local respec-to de una civilización globalizadora, y clama, como ya hemos visto que hace Rivera, por un “pensamiento propio”. Esta dualidad respecto al nacionalismo impregna el análisis que hace Rivera de la Revolución Nacional de cierta ambi-güedad: por un lado, ésta se denuncia como un camino trunco hacia la libe-ración indígena; por el otro, se la con-sidera más seria y menos hipócrita que la gestión de Evo Morales, que buscaría repetirla “en clave de farsa”. Y, frente a ambos procesos, Rivera se preocupa siempre de que su crítica “no le haga el juego a la derecha”, es decir, no poten-cie las fuerzas del liberalismo cosmopo-lita. En propiedad, entonces, esta críti-ca forma parte de la pugna interna del nacionalismo boliviano actual, entre un sector más desarrollista y pragmático, que gobierna, y otro que se ha atinado a llamar, con una feliz expresión, “pacha-mamista”, y cuya importancia política resulta más bien nula.
Por último, la deuda fundamental del indio-centrismo con el pensamien-to occidental es la adopción de lo que Isaiah Berlin llamó su “monismo”, es decir, su confianza en que es posible encontrar un principio único que expli-que, primero, y que dé sentido, después, al mundo y a la historia. Esta es la gran ambición intelectual del occidente mo-noteísta. Su alternativa es el “pluralis-mo” y se podría esperar que el mismo encontrara un ambiente propicio en las corrientes que pretenden expresar a las culturas politeístas. Pero, muy a menu-do, ocurre todo lo contrario, como ilus-tra el caso de Rivera. Estas corrientes operan exactamente igual que todas las grandes ideologías provenientes de lo que Heidegger llamaría “el mundo de la técnica” y tratan también, con gran arrogancia, de reducir la pluralidad del mundo a un solo y omnicomprensivo mecanismo explicativo.
* Periodista y escritor.
De guionista de Juan Pablo II
a protagonista
Juan José Tamayo*
La insólita renuncia del papa Benedicto
xvi
abre espacio a
valoraciones diversas y hasta divergentes de su pontificado. Esta
es la de un teólogo de la Universidad Carlos
iii
de Madrid.
C
uando el teólogo Joseph Ratzinger fue nombrado arzobispo de Mu-nich en 1977 tuvo que abandonar el ejercicio de la teología. Él mismo lo confesaba: “Me estaba enfrentando a dos grandes proyectos (teológicos), nin-guno de los cuales sería después realiza-do a causa de mi nombramiento epis-copal… No estaba llamado a terminar esta obra. En efecto, apenas estaba em-pezándola, fui llamado a otra misión”.A comienzos de la década de los 80 se hacía cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe y, durante casi un cuarto de siglo, fue el guionista de la obra teatral que representó Juan Pa-blo ii durante su largo pontificado con
notable éxito en todos los escenarios: nacionales e internacionales, políticos y religiosos, sociales y culturales. El guión está escrito en el Informe sobre la
fe, que recoge la entrevista del
periodis-ta Vittorio Messori al cardenal cuando era presidente del ex Santo Oficio, que se abre con dos citas periodísticas de perfiles contrapuestos del mismo per-sonaje: La primera: “Un típico bávaro, de aspecto cordial, que vive modesta-mente en un pisito junto al Vaticano”. La segunda: “Un Panzer-Kardinal que no ha dejado jamás los atuendos fastuo-sos ni el pectoral de oro de Príncipe de la Santa Iglesia de Roma”. ¿Cuál de las dos ha prevalecido durante su pontifi-cado? Yo creo que la segunda.
En el libro-entrevista mostraba su desencanto ante “las exageraciones (posconciliares) de una apertura in-discriminada al mundo” y “las inter-pretaciones demasiado positivas de un mundo agnóstico y ateo”, y proponía como alternativa un programa de res-tauración que recuperara el equilibrio de los valores en el interior del catolicis-mo y excluyera la reforma: “La Iglesia de hoy –afirmaba citando a Juan Pablo
ii– no tiene necesidad de nuevos
refor-madores. La Iglesia tiene necesidad de santos”. Y entre tales colocó a su prede-cesor el 1 de mayo de 2001 elevándolo a los altares como beato. Era un mensaje contrario al Concilio, que había defen-dido la reforma de la Iglesia. Ratzinger expresaba su confianza en los nuevos movimientos eclesiales de tendencia conservadora, y, algunos, integrista: “Movimiento carismático, Comunida-des Neocatecumenales, Cursillos, Mo-vimientos de los Focolaris, Comunión y Liberación”. Durante su pontificado
ratificó dicha confianza. Se olvidaba de las comunidades eclesiales de base, los movimientos apostólicos de la Acción Católica, las Congregaciones religiosas fieles al Vaticano ii y comprometidas con los empobrecidos, etc.
Tras la muerte de Juan Pablo ii, los
cardenales, interpretando la voluntad de Juan Pablo ii, eligieron papa al cardenal Ratzinger, quien pasó de guionista a ac-tor e intérprete de su propio texto. En la misa de apertura del Cónclave reescribió su programa en un memorable discurso contra la dictadura del relativismo, que hizo perder las esperanzas de cambio y apertura en el nuevo pontificado.
Durante los casi 8 años de gobier-no, Benedicto xvi ha sido fiel al guión
que escribiera años atrás, sin desviarse un ápice, y si lo ha hecho ha sido para virar hacia el integrismo. Efectivamen-te, todo lo que no se atenía a su progra-ma restaurador era considerado relati-vismo y era condenado: la teología de la liberación, la teología del pluralismo religioso, la teología feminista, la teo-logía moral renovada, incluso la teolo-gía del concilio Vaticano ii, así como
numerosas Congregaciones religiosas –sobre todo femeninas– defensoras del sacerdocio de la mujer, etc. Ha seguido excluyendo a las mujeres de los ámbitos de responsabilidad. Ha roto los puen-tes de diálogo con las religiones, con el islam en el discurso de Ratisbona y con las comunidades indígenas en sus via-jes a América Latina y África. Cuando le estallaron en las manos los grandes escándalos, como la pederastia, las in-trigas vaticanas, la corrupción instalada en la cúpula de san Pedro, no fue capaz de darles la respuesta adecuada. Lejos de estar abierto a los desafíos de nues-tro tiempo, dio respuestas del pasado a preguntas del presente. Lejos de cami-nar por la senda del diálogo, optó por anatema. Se equivocó de siglo.
* Profesor de la Universidad Carlos iii de Madrid.
