Newsletter Nº 8 – Otro punto de vista Septiembre 2010
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROMOCIÓN DE LA RSE
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es, como su nombre sugiere, una iniciativa del sector privado. Sin embargo, involucra y depende también de los gobiernos y de la sociedad civil para poder llevar a cabo sus acciones.
La sociedad civil principalmente promueve, presiona y monitorea a las empresas; pero en cambio, el papel del Estado es más difuso.
El debate sobre las políticas públicas y la RSE se centra, generalmente, en dos enfoques: las políticas públicas en el marco de la promoción y el desarrollo de la RSE, y los distintos papeles adoptados por los gobiernos en el desarrollo de estas políticas públicas.
En esta sección nos centraremos en el primer enfoque, y presentaremos algunas ideas sobre el rol que los gobiernos deberían jugar.
En la conferencia “Public Policy for Corporate Social Responsibility” (2003), organizada por el Instituto del Banco Mundial, se debatieron distintas acciones que los gobiernos deberían realizar para promover la RSE.
Las sugerencias de este debate fueron principalmente las siguientes:
• Encargar a una entidad u organismo la promoción y la monitorización de las actividades de RSE del sector público y privado.
• Clarificar las expectativas de las empresas respecto a la RSE y desarrollar procedimientos para medir sus respuestas a estas expectativas.
• Predicar con el ejemplo, es decir, a través de la contratación y adquisición pública y de la sensibilización de los inversores.
• Eliminar sobornos y corrupción, y fomentar la transparencia en las relaciones entre los gobiernos y las empresas, particularmente en los pagos efectuados a cambio del acceso a recursos naturales como el petróleo y los minerales. Además, promover la transparencia, sobre todo a nivel de gobierno local.
• Proporcionar beneficios fiscales y otros mecanismos para que la RSE sea vista por las empresas como un beneficio y no como un coste, a través de mecanismos como exenciones fiscales para las empresas que creen capital social mediante colaboraciones con comunidades locales como parte de su actividad principal. • Crear una visión y una estrategia para la RSE, e incluir a las empresas en el
desarrollo de esta estrategia.
• Poner énfasis en los temas de RSE que actualmente no reciben suficiente atención, como la forma de trabajar con pequeñas y medianas empresas (PYME), o el desarrollo de la RSE en países con déficit de información y de capital.
• Aplicar la “Agenda 21 Local” para incentivar la participación de empresas locales en la aplicación de la RSE.
Newsletter Nº 8 – Otro punto de vista Septiembre 2010 En un documento de investigación preparado para la conferencia del G8 sobre “Environmental Futures Forum”, Bell (2002) analiza cuál debería ser el papel de los gobiernos respecto a las empresas sostenibles. Los roles gubernamentales de Bell reúnen la mayoría de las sugerencias del Banco Mundial y ponen énfasis en la necesidad de que el Estado establezca una política pública clara respecto al tema, que predique con el ejemplo. Según este autor, los roles del gobierno son:
• Fijar metas. El gobierno debería dirigir a la sociedad hacia los objetivos estipulados en las políticas públicas, que aporten una visión y una estrategia dirigida a la sostenibilidad.
• Predicar con el ejemplo: El gobierno debe ser sostenible en las operaciones gubernamentales y en las contrataciones y adquisiciones públicas. A través de ellas, puede contribuir a crear un mercado de bienes y servicios sostenibles y animar a las empresas a seguir su ejemplo. De este modo, es posible evitar los obstáculos relacionados con muchas de las tecnologías medioambientales innovadoras, como la escasa demanda inicial, que conlleva menos producción y, por lo tanto, precios más elevados.
• Facilitador. El gobierno debe crear las condiciones óptimas para que los mercados sean abiertos, competitivos y tengan una estructura apropiada, para así maximizar las ganancias potenciales de las empresas sostenibles.
• “Autoridad fiscal verde”. Este papel está más relacionado con la sostenibilidad medioambiental. Su rol es asignar un valor monetario a los recursos y servicios naturales, así como el desarrollo y la promoción de instrumentos basados en el mercado.
• “Innovador/catalizador”. Describe la necesidad de innovación tecnológica y política. El gobierno debería promover y facilitar la innovación en su propia estructura y en todos los sectores de la sociedad.
Bell reconoce que el Estado tiene un rol especial respecto al tema de la RSE, dado que el sector público generalmente es una de las “empresas” más grandes del país. Además, destaca varios puntos de apoyo políticos que tienen los gobiernos.
Uno de estos puntos de apoyo es “reequilibrar la función del gobierno y las empresas públicas” (incluidas las asociaciones público-privadas y la subcontratación, entre otras cosas): promover colaboraciones eficaces con el sector privado y la sociedad civil, así como fomentar la colaboración entre grupos de interés.
Otro es la regulación directa, de la cual Bell dice que el desafío para los gobiernos es encontrar una combinación apropiada de herramientas políticas, y aplicar las regulaciones que puedan servir de apoyo a esta selección.
Un tercer punto de apoyo son los instrumentos de mercado y las medidas económicas, incluidas las subvenciones, los impuestos, las políticas de contratación pública, el ecoetiquetado, etc. Aquí se pone énfasis en la necesidad de crear condiciones que premien los comportamientos sostenibles.
Newsletter Nº 8 – Otro punto de vista Septiembre 2010 Bell también habla del papel del gobierno respecto a las “iniciativas de carácter no legislativo”, y el rol estatal como creador de políticas y marcos regulatorios, de modo que estas iniciativas sean más transparentes y eficaces, y para que obtengan mayor credibilidad. Además, los gobiernos tienen la oportunidad de proveer información para la toma de decisiones a todos los sectores de la sociedad.
Una clasificación de los roles del sector público similar a la de Bell aparece en un artículo de Fox et al. (2002). Los autores distinguen cuatro roles fundamentales de los gobiernos respecto de la RSE: regulador, facilitador, aliado y respaldo. Estos papeles son combinados con diez temas que, según los autores,son los principales en la agenda de la RSE y que son relevantes para poder distinguir los papeles de los gobiernos. Estos temas son: establecer y asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos, el rol de la empresa en las políticas públicas, el buen gobierno corporativo, la inversión socialmente responsable, la filantropía y el desarrollo de la comunidad, el diálogo con los grupos de interés, la producción y el consumo socialmente responsables, la certificación y los sistemas de gestión socialmente responsables, la transparencia y la difusión de información socialmente responsable, y las líneas directrices internacionales de la RSE.
Fox et al. combinan estos temas con los cuatro papeles, lo que les permite crear un esquema para el análisis de las políticas públicas respecto a la RSE. De este modo, los roles son clasificados de la siguiente manera:
• Regulador (Obligar). Los gobiernos definen estándares mínimos, dirigen y controlan la legislación, inspeccionan y aplican sanciones e incentivos legales y fiscales. Este papel supone que la RSE es obligatoria. Existe un debate respecto a la voluntariedad u obligatoriedad de la RSE, como vimos anteriormente en “Otro punto de vista” (abril de 2010). Aquí no reproduciremos nuevamente esa discusión, sino que aplicaremos el punto de partida de Lozano et al. (2005), que ponen el énfasis en que “no es procedente hablar de regular la RSE (puesto que estamos hablando de regular un modelo de gestión), sino de regular aquellos aspectos de la RSE que, en un momento dado, lo requieren de acuerdo con la deliberación de las políticas que se lleven a cabo”. Según los autores, esta es la posición de la mayoría de los estados europeos, que identifican los elementos concretos de la RSE cuya regulación favorece su desarrollo, como las memorias de sostenibilidad y la inversión socialmente responsable.
Los otros roles de Fox et al. parten del aspecto voluntario de la RSE:
• Facilitador (Fomentar). El rol del gobierno es elaborar y poner en práctica la legislación facilitadora de las actuaciones relacionadas con la RSE, ofrecer apoyo financiero, crear incentivos, promover la participación de agentes clave en la agenda de RSE, sensibilizar sobre el tema, promover el desarrollo de mecanismos y herramientas de gestión responsable, estimular los mercados a través de las contrataciones y adquisiciones públicas, etc.
Newsletter Nº 8 – Otro punto de vista Septiembre 2010 • Aliado (Colaborar). Este papel pone énfasis en la colaboración entre el sector
privado y el sector público, y en combinar recursos, promover la participación de grupos de interés, así como facilitar y promover el diálogo. Según Fox et al, el aspecto de aliado es fundamental para la agenda de la RSE.
• Respaldo (Promocionar). El último papel implica aportar políticamente a la RSE y a sus iniciativas. La aportación puede ser a través de documentos oficiales, de procesos de contrataciones y adquisiciones públicas, así como de reconocimientos de buenas prácticas.
Fox et al., al igual que Bell, destacan el papel del Estado como facilitador, a través de las medidas gubernamentales de promoción de la RSE, pero mientras Bell promueve la propia integración de la RSE en las operaciones gubernamentales, Fox et al. se centran más en el papel del Estado en relación con las empresas.
Lozano et al. (2007) estudian cómo los distintos actores (organizaciones empresariales, sindicatos y ONGs) perciben el papel del Estado español respecto a la RSE. Los autores se preguntan, en primer lugar, si el gobierno debería involucrarse en el tema o no. Los sindicatos promueven un papel activo del Estado, mientras que las organizaciones empresariales argumentan que la RSE debería ser voluntaria para todos los actores de la sociedad. Aunque los participantes del estudio tienen distintas posiciones en relación a la voluntariedad de la RSE, comparten la idea de que la regulación no debe ser el único papel ni el más importante en la promoción de la RSE.
Para las organizaciones empresariales, el gobierno sólo debería jugar un papel como facilitador del mercado, ayudando a generar mayor sensibilidad entre los consumidores e inversores. Mientras, los sindicatos ponen énfasis en el rol del Estado como una administración que promueve un sistema de control y verificación. Insisten también en la posibilidad de incorporar aspectos de la RSE en los procesos de licitación pública. Las organizaciones empresariales, por su parte, son más reacias a estas ideas, dado que consideran que los procesos de licitación pública pueden generar problemas y que son costosos, particularmente para las PYMES. Finalmente, las ONGs subrayan las relaciones con empresas y gobierno, y sostienen que el Estado debería impulsar espacios de diálogo multistakeholder.
Los autores concluyen que hay una percepción generalizada de que existe una falta de claridad en la definición de la RSE por parte del gobierno, así como una falta de credibilidad, ya que no ha integrado la RSE en sus prácticas internas.
Al estudiar toda esta gama de papeles de los gobiernos, se aprecia la necesidad de una aclaración sobre el tema de la RSE, su definición y lo que incluye. Esta necesidad
Newsletter Nº 8 – Otro punto de vista Septiembre 2010 supone una responsabilidad para los gobiernos, a la hora de aplicar una política clara respecto al tema.
Además, para que las iniciativas públicas tengan credibilidad, la RSE debe formar parte de la propia operación del gobierno, como hemos señalado: debe predicar con el ejemplo y aplicarla en sus actividades y en su funcionamiento.
Finalmente, dado que los gobiernos tienen a su disposición herramientas y medidas específicas, tienen la posibilidad y la responsabilidad de promover y facilitar la RSE a través de acciones de sensibilización y de implementación de mecanismos de mercado.
Referencias
Bell, D. (2002), “The Role of Govenment in Advancing Corporate Sustainabiity”, Working Paper for the Environmental Futures Forum, 11th y 12th of March, Vancouver.
European Commission (2007), “Corporate Social Responsibility. National public policies in the European Union”. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
Fox, T., H. Ward y B. Howard (2002), Public sector roles in strengthening corporate social responsibility: a baselines study. Washington: The World Bank.
Lozano, J.M., L. Albareda & D. Arenas (2007), Tras la RSE: La responsabilidad social de la empresa en España vista por sus actores. Barcelona: Ediciones Granica.
Petkoski, D. (World Bank Institute) y N. Twose (World Bank Group) (2003), “Public Policy for Corporate Social Responsibility”, an outline of the proceedings, findings and recommendations of the e-conference “Public Policy for Corporate Social Responsibility”, 7th – 25th of July, 2003.
