Consideraciones generales sobre la Ley de Contrato de Seguro

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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY

DE CONTRATO DE SEGURO

Por MERCEDES VÉRGEZ SÁNCHEZ

Profesora Agregado Numerario de Derecho Mercantil.

I. SIGNIFICADO DE LA LEY

Aprobada en nuestro pais la nueva Ley sobre Contrato de Seguro, parece oportuno hacer unas consideraciones generales sobre el texto legal que en fecha próxima, seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor, regulando asi uno de los tipos de relaciones contractuales que tienen una mayor relevancia en el tráfico económico-juridico.

La nueva Ley es importante como reforma de uno de los instrumentos ya tradicionales del tráfico económico-jurídico que más necesitado estaba de nueva regulación, tal como se reconoce en la exposición de motivos del Proyecto de Ley realizado por el Gobierno, en el que de manera clara se destaca la insuficien-cia de la normativa al respecto, recogida en el Código Civil y en el Código de Comercio, claramente inadaptada para el desarrollo constante que la actividad aseguradora ha sufrido en los últimos tiempos, e inadaptada también a las nue-vas concepciones político-sociales que exigen proyectar nuevos postulados de justicia sobre este contrato. De esta forma la nueva Ley de Contrato de Seguro,

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normas aceptadas ya por los países occidentales en esta materia y, por otro, tra-ta de resolver tra-también los problemas fundamentra-tales que el funcionamiento de este contrato ha puesto de manifiesto en nuestro país y que tanto la doctrina como la Jurisprudencia han venido planteando. Desde este punto de vista, el contenido de la Ley de Contrato de Seguro no es ajeno a planteamientos y con-vicciones existentes ya en nuestro Ordenamiento Jurídico aunque sí tenga un sentido nuevo en relación con el Derecho anterior.

Frente a la situación de un.Contrato de Seguro regulado por las condicio-nes generales o particulares recogidas en las pólizas, la nueva Ley establece un conjunto de normas imperativas que de una manera general tienden a la protec-ción del asegurado. Esta normativa, relativa única y exclusivamente a la relaprotec-ción juridico-privada del seguro, ha sido elaborada, por otra parte, con un criterio de elasticidad capaz de coordinar la preocupación fundamental de protección del asegurado, que se efectúa a través de disposiciones de carácter imperativo, con un rendimiento a la libre determinación de las partes sobre aquellos aspectos más concretos del contrato que no han sido detallados en la Ley y sobre todo siempre que se trate de establecer cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado.

La Ley de Contrato de Seguro establece una normativa general y unas nor-mas especiales sobre ciertas clases de seguro pero sin cerrar la puerta a la posi-ble aparición de modalidades o formas contractuales distintas y sin abarcar aquellas clases de seguro que, como los agrícolas, el marítimo y el aéreo, perte-necen a sectores con unas características específicas. Así se hace constar en la Exposición de Motivos del proyecto en la que se destaca, no obstante, la función supletoria de esta Ley para los aspectos no previstos por las leyes especiales, al propio tiempo que se considera que las normas generales establecidas sobre el contrato de seguro y las disposiciones comunes relativas a los seguros de daños, así como las relativas a los seguros de personas, ofrecen una normativa suficien-te para asuficien-tender en un primer momento a las nuevas modalidades de seguros que el desarrollo del tráfico vaya estableciendo.

n. LA POSICIÓN DEL ASEGURADO EN LA LEY

ReaUzada esta descripción general de la Ley, una valoración también gene-ral de la misma hace conveniente entrar a considerar algunos puntos que son de especial relevancia. Entre ellos no cabe duda alguna de que tiene una importan-cia primordial el relativo a la posición jurídica del asegurado cuya defensa cons-tituye uno de los puntos fundamentales de la política jurídica de esta Ley.

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general y expresa en los artículos 2 y 3 de la Ley, en los que se señala en primer lugar el carácter imperativo de los preceptos legales, que no obstante podrán ser derogados por aquellas cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, y en segundo lugar, que las condiciones no podrán tener en ningún caso carácter lesivo para el asegurado, que se redactarán de forma clara y preci-sa, destacando de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

Asimismo se prevé el sometimiento de las condiciones generales a la vigi-lancia de la Administración Pública a quien se atribuye además competencia para obligar a los aseguradores a modificar aquellas cláusulas contenidas en sus pólizas que sean idénticas a aquellas que han sido declaradas nulas por el Tribu-nal Supremo. La política proteccionista de los asegurados resulta evidente en estos preceptos legales cuya oportunidad jurídica resulta, por otra parte, tam-bién en aspectos discutible. La protección que se está dispensando al asegurado a través del párrafo final del articulo 3.° de la Ley, no sólo puede presentar pro-blemas de fundamentación jurídica, sino también de habilitación de nuevos ins-trumentos juridico-administrativos para llevarla a cabo y sobre todo es muy dis-cutible que su tratamiento jurídico corresponda a una Ley de Contrato de Segu-ro, ya que el tema que se aborda en este precepto legal no es tanto, ni exclusiva-mente, el de la protección del asegurado como uno de los elementos personales del Contrato de Seguro, la parte más débil, sino la protección del consumidor frente a las condiciones generales de la contratación que le vienen impuestas a través de la técnica de los llamados contratos de adhesión. La Ley de Contrato de Seguro no ha debido pues, comprometerse en un aspecto que no es exclusivo y propio del Contrato de Seguro y que debe por tanto ser objeto primero de una reglamentación general ya que de lo contrario, puede llegarse incluso transito-riamente a situaciones de injusticia. Pero si la nueva Ley ha consagrado la pro-tección del asegurado desde su perspectiva más general e indiferenciada como mero consumidor de seguro, no cabe duda ninguna de que ha verificado también su protección como parte ya de un contrato de Seguro y dentro de la dinámica y del significado propio de este contrato.

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Pero la Ley no sólo establece un instrumento procesal de protección al ase-gurado, sino que la defensa de los intereses del mismo se tiene en cuenta durante toda la regulación del Contrato de Seguro. La protección del asegurado se actúa a través de todas aquellas normas que regulando las distintas incidencias que pueden afectar a la regularidad del Contrato de Seguro tratan de salvar su vali-dez y la subsistencia del derecho del asegurado a la indemnización, previendo además un sistema de información a su favor en aquellos casos en lo que consi-dera que el asegurador está legitimado para impugnar el contrato. Asi puede observarse a través de todas aquellas normas relativas a la conclusión del con-trato de seguro; las que afectan al cumplimiento de los derechos y deberes de las partes y las que se refieren a la configuración de los dos elementos fundamenta-les del seguro que son: el riesgo y el interés asegurado y la forma en que ambos pueden verse afectados a lo largo de la vida del contrato. En estos casos la pro-tección de la posición jurídica del asegurado tiene el acierto de haberse realizado no a través de una concesión demagógica sino de una correcta valoración, y teniendo en cuenta los dos criterios que han de servir de coordenadas en la regla-mentación del Contrato de Seguro si se quiere garantizar una equilibrada y justa reglamentación: el criterio técnico-económico del equilibrio necesario entre las prestaciones de las partes; las primas, por un lado, y una indemnización, por otro; y el criterio técnico-jurídico de valoración de la conducta de las partes, aunque en este caso deban ser objeto de consideración especial los criterios de valoración que la Ley ofrece y que constituyen uno de los particulares especiales a considerar dentro del análisis de esta Ley.

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tema, y que sin duda ninguna tuvo un tratamiento más aceptable en el proyecto de Ley presentado por el Gobierno.

Que el artículo 17 de la Ley está mal redactado, resulta claro si se tiene en cuenta que lo que con este texto legal se ha querido establecer es que la obliga-ción de indemnizaobliga-ción del asegurador, incluso añadiéndose los gastos de salva-mento nunca podrá ser superior a la suma asegurada, cosa que sin embargo no se deduce del texto legal en el que por el contrario parece decirse que esta indem-nización, la de los gastos de salvamento no podrá exceder de la suma asegurada, lo cual resulta bien distinto. Pero ni siquiera el espíritu del texto parece que sea totalmente correcto, sobre todo si se tiene en cuenta que se ha establecido un límite máximo a esta obligación del asegurador, que de esta manera autoriza a los aseguradores para establecer porcentajes de indemnización por gastos de sal-vamento que pueden ser excesivamente bajos. Por esta razón el texto presentado por el Gobierno, al establecer un límite mínimo del 30 % del importe de la suma asegurada ofrecía una fórmula que podría considerarse más aceptable y que a la vez respondía a una formulación razonable.

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homenaje al profesor Uría y titulado "La continuación del Contrato de Seguro por transmisión del objeto asegurado".

Importancia especial dentro de la linea que venimos examinando de protec-ción de la disposiprotec-ción jurídica del asegurado en la nueva Ley de Contrato de Seguro, la tiene el contenido de los artículos 18 y 20 de este texto legal a cuyo tenor, y por lo que se refiere a la obligación del asegurador al pago de la indem-nización se dispone, por un lado, que, dentro de los 40 días a partir de la recep-ción de la declararecep-ción del siniestro, el asegurador deberá pagar el importe míni-mo de lo que puede deber según las circunstancias por él conocidas. Y en segun-do lugar, que la indemnización a pagar se incrementará en un 20 % anual, si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro el asegurador no hubiere realizado la reparación del daño o indemnizado su importe en metálico por cau-sa no justificada o que le ñiere imputable. Estas dos disposiciones legales hablan bien claro y son suficientemente expresivas de una política legislativa de protec-ción del asegurado y de garantía del pago en forma de su derecho a la indemni-zación que constituye el núcleo central de su posición como asegurado.

En la misma línea, no puede dejar de resaltarse también el contenido del

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III. LOS CONCEPTOS DE DOLO Y CULPA GRAVE

Dentro de la valoración general que sobre la Ley de Contrato de Seguro venimos haciendo, hay otro particular que aparte del ya examinado, relativo a la protección del asegurado, debe destacarse porque afecta a un tema importante propio también de una consideración general. Este particular es el relativo a los criterios que se establecen para la valoración de la conducta irregular de las par-tes implicadas en el contrato de seguro y más concretamente, por lo que afecta a la valoración de la conducta del asegurado. En relación con el seguro, no cabe duda ninguna de que el comportamiento incorrecto del asegurado puede incidir en dos planos distintos: en relación con la producción del siniestro, dando lugar el mismo asegurado a su provocación, o en relación con el propio contrato de seguro, dando lugar al incumplimiento de algunas de las obligaciones. Pues bien, en relación con ambos aspectos, puede decirse que la valoración de la conducta del asegurado o de aquellas personas por las que él es civilmente responsable se hace de manera que resultan poco clara.

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legal a cuyo tenor establecía que el asegurador no estará obligado al pago de la prestación si el siniestro se ha ocasionado por dolo o culpa grave del asegurado, salvo pacto en contrario en este último supuesto.

IV. LOS DISTINTOS TIPOS Y CLASES DE SEGUROS

Es este un particular respecto del cual debe destacar que la nueva normati-va viene a llenar una laguna importante existente en nuestro Derecho anterior, ya que en ella se recoge la regulación de distintos tipos de seguro que la práctica ha ido habilitando y configurando y que la ley regula sin pretensión alguna totali-zadora, ya que, como decíamos al comienzo, han quedado fuera de ella aquellos que por las especiales características del ámbito en que se desarrollan, exigen una normativa especial y al propio tiempo también se deja abierta la puerta a la posible aparición de modalidades o tipos contractuales que, aunque no están previstos, pueden ser requeridos y nacer al amparo de las exigencias del tráfico. Bajo estos presupuestos generales, cabe resaltar que la regulación de los distin-tos tipos de seguro se hace en la Ley encuadrándolos en las dos categorías gene-rales en las que viene siendo tradicional su estudio y su análisis por la doctrina y que se refiere a los seguros contra daños y a los seguros de personas. En relación con unos y otros, se establece primeramente una normativa general para dar paso después a la regulación propia de determinados tipos concretos.

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asegurada cubra plenamente el interés durante la vida del contrato, la póliza deberá de contener necesariamente los criterios y el procedimiento para adecuar la suma asegurada y las primas a las oscilaciones del valor del interés asegurado.

Bajo esta consideración general del contrato de seguro contra daños no me parece oportuno entrar aquí a examinar cada uno de los particulares de esta cla-se de cla-seguros, pero si que resulta conveniente saber que la nueva Ley ha regula-do aquellas figuras de seguros contra daños que han adquiriregula-do un mayor predi-camento económico y jurídico. En primer lugar, la Ley regula el seguro contra incendios, pudiendo subrayarse como características más notorias:

1.° La determinación del propio concepto de incendio a efectos del seguro, tal como se recoge en el párrafo 2° del artículo 45, manifestación clara, por otra parte, de aquellos supuestos en los cuales la Ley, a efectos de un tratamiento jurídico, procede a la delimitación de un concepto que no pertenece a las cate-grias del derecho.

2.° La exclusión que el artículo 48 realiza de los daños provocados por el incendio, cuando éstos se originen por dolo o culpa grave del asegurado, exclu-sión que se efectúa en una línea clara de asimilación de los conceptos de dolo y culpa grave y que indudablemente deberá ponerse en relación con todo sobre lo que este tema se ha insinuado ya en anteriores ocasiones.

3." Característica de la reglamentación del contrato de seguro de incendio es la regulación que el n.° 1.° del artículo 49 establece sobre la obligación del asegurador de indemnizar los daños y pérdidas materiales producidos por las consecuencias inevitables del siniestro, disposición ésta que no dejará de plan-tear problemas de interpretación en relación con el tema ya tratado también de los gastos de salvamento. Con carácter general puede resaltarse además que el seguro de incendios ha dejado de tener el tratamiento de categoría general de contrato de seguro contra daños, para tener un tratamiento propio y especifico de un tipo concreto de contratos que viene determinado por el ámbito del seguro cuyas especialidades se establecen en función de las características especiales del riesgo, cuyos efectos se tratan de asegurar.

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Relevancia especial tiene a nuestro juicio la tipificación y regulación que la Ley hace del seguro de lucro cesante, asi como la que se hace también del seguro de caución y el seguro de crédito. Sobre todo, creo que es interesante tener en cuenta que la regulación final, que estos tres contratos de seguro ha recibido, ofre-ce variaciones respecto del proyecto inicial presentado en las cámaras. Variacio-nes que afectan tanto a la designación terminológica, el llamado seguro de lucro cesante, fue denominado incialmente seguro de pérdida de beneficios, como al propio encuadramiento estructural de su tratamiento jurídico. El seguro de cau-ción y el seguro de crédito aparecen como dos tipos distintos de seguro de daños cuando inicialmente, en el texto del proyecto, se regularon ambos como dos modalidades del seguro de crédito. Una, el seguro de caución y, otra, el seguro de insolvencia. Nadie duda que el trasfondo de estas modificaciones puede encontrarse en el problema, todavia abierto, acerca de la caracterización econó-mica y jurídica de estos seguros, especialmente por lo que al seguro de caución se refiere.

Dentro del seguro de daños, la Ley aborda finalmente el seguro de respon-sabilidad civil y recoge la figura del reaseguro, inclusiones ambas de indudable acierto sistemático que traducen bien el significado de estas figuras y cuya regla-mentación, si no resulta muy concreta y completa, especialmente por lo que se refiere al reaseguro, tiene el acierto respecto del seguro de responsabilidad civil, de regular los aspectos fundamentales y específicos de este seguro; así sucede concretamente con el tema de la llamada acción directa del tercero perjudicado, y además tiene el acierto de haberse traducido el significado social que este tipo de seguro puede tener en algunos casos, tal como lo revela el contenido del artí-culo 75 de la Ley: "será obligatorio el seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de aquellas actividades que por el Gobierno se determinen".

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