La presente publicación se inserta en el Programa de “Rescatar” que lleva adelante el Museo y Archivo Histórico Municipal “Quinta Jovita”.
La importante necesidad por parte de sectores de la sociedad civil que integran las instituciones educativas y espacios académicos que permanentemente por sus propios medios logran y han logrado llevar adelante una tarea central en el campo del conocimiento y la investigación; en estos últimos decenios, en los que el rescate de las memorias locales y la revisión de nuestro pasado reciente se hallan en un debate y análisis profundo, ameritan la promoción por parte del estado municipal local a través de sus políticas públicas. La promoción de temáticas que construyan nue-vas nociones sobre el pasado zarateño. Sobre los hechos, los protagonistas, las ideas y los valores que aun perduran en nuestro presente.
A través del Programa Rescatar, mediante la edición y difusión de estos trabajos, el objetivo es poner en valor, visibilidad y accesibilidad procesos históricos que forman parte del Patrimonio Histórico Intangible de la Ciudad de Zárate.
Este programa lleva adelante tres ejes centrales que forman parte del PLAN CIUDAD y la Carta Compromiso de esta Gestión Municipal de Gobierno:
• DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: Promoviendo la igualdad de oportunidades, una red cultural de inclusión, intercambios y convivencia, creación cultural de los distintos sectores y propuestas.
• MULTICULTURALIDAD: Crear una rica gama de relaciones complejas y abiertas que defina a cada ciudadano –en este caso investigadores y docentes- como alguien que se da a conocer y es sujeto de transformaciones sociales.
• NORMA II, INC. A): Todo vecino, por el mero hecho de serlo (…) tendrá acceso a la Cultura Municipal.
El aporte de la Cultura –en este caso la historia local- a la Construcción de la Ciudadanía Zarateña y su identidad es un punto central que debe ser promovido no solo para el conjunto actual de nuestra sociedad, sino para las generaciones futuras. Cumpliendo así la misión de concretar o de volver a rescatar una ciudadanía mas justa, igualitaria, solidaria.
Por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
Juan Manuel Aolita
Jefe de División Museo y Archivo Histórico “Quinta Jovita” Dirección de Cultura
“POLVORÍN DE RUMORES, ARSENAL DE DUDAS”
Prólogo
He tenido la suerte, junto con Mariano Fatala, integrante del Área de Coordinación de Investiga-ciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria, de acompañar, casi desde el principio, el desarrollo de este material.
Conocer a los compañeros responsables de la iniciativa y del desarrollo de la misma significó para mi comprobar, una vez más, que en el seno de nuestro pueblo existe una reserva política en permanente actividad.
Reserva que nunca ha bajado los brazos, ha seguido peleando, los veteranos y las generaciones más jóvenes, a favor de la reconstrucción de la memoria y de la concreción de las consignas de verdad y justicia.
En este caso me encontré, además, con compañeros de una calidad humana que nos permitió rápidamente intercambiar ideas e información como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y esa amalgama de compromiso político, convicción y calidez humana es lo que late como corazón profundo en este libro.
El tema central es la investigación de la explosión del polvorín del Arsenal de Marina de Zárate. Pero el libro no se limita a este hecho aislado.
Desde la introducción donde se explicita el marco general y se formula la propuesta de investiga-ción hasta el final, va articulando lo referente a la explosión con datos sobre represión, desapari-ciones y situación política local y nacional.
El libro está organizado en dos partes. La Primera dedicada, sobre todo a la descripción de los hechos en base a entrevistas y testimonios.
La lectura de los distintos testimonios va dando al lector un visión pormenorizada de los hechos directamente relacionados con el tema de la investigación así como de los contextuales locales y nacionales.
En ese sentido la perspectiva de los autores de conciliar información dura con las visiones indivi-duales de cada entrevistado es funcional al objetivo declarado.
Por otra parte el recurso de iniciar varios capítulos con alguna frase atribuida a algún protagonista de aquellos años les da un interesante aire coloquial.
Es una excelente idea incluir en un capítulo el tratamiento que la prensa del momento dio al tema incluyendo también la información brindada por la agencia de noticias que dirigía Rodolfo Walsh. (Informe Nº 1-Dic/76 – Parte de Cadena Informativa)
La Segunda Parte presta especial atención a las distintas hipótesis formuladas sobre la explosión. El Capítulo Décimo (Ataque Guerrillero) comienza con un relato del asalto a una casa habitada por militantes de la organización Montoneros en Villa Angus.
Sigue con una serie de entrevista a militantes de la época para trazar un panorama de la situación política de la zona. Cuál era el desarrollo real de las organizaciones en ese momento y las posibili-dades de que, pese a que ninguna se la había adjudicado, hubiera sido ejecutada por alguna de ellas. La inclusión de los testimonios es de especial importancia para completar la visión del lugar y el momento. La perspectiva de participantes directos, miembros de organizaciones que tenían
traba-jo en la zona es, simplemente, irremplazable.
Se analizan también en capítulos sucesivos las distintas teorías sobre la explosión.
En el Capítulo Décimo Cuarto se detalla el contenido del polvorín que explotó y se agregan planos y diagramas que permiten una mejor ubicación espacial del hecho.
Culmina el libro con dos capítulos: La otra parte de la historia y Final
El primero relaciona la Masacre de Angus con la explosión expresando la opinión de los autores en el sentido de que “… estamos convencidos que en algún punto estos dos hechos se vinculan, más allá que todavía no hayamos encontrado la documentación o el testimonio que nos ayude a vincularlos.”
Esta afirmación de los compañeros los retrata de una pieza en su decisión de profundizar y seguir buscando para encontrar ese nudo que ate, definitivamente los dos hechos.
El segundo: Final, retoma el relato de cómo y con quien se fue desarrollando el trabajo colectivo y los deseos de que finalmente se juzgue y condene a todos los responsables del Terrorismo de Estado. Como elemento complementario el detallado Glosario favorece la comprensión del texto sobre todo para los lectores más jóvenes.
Podría decir mucho más sobre la calidad y profundidad de las entrevistas, sobre la claridad de los conceptos, la estructura general del libro, etc.
Prefiero dejar a cargo de los lectores el descubrimiento de las virtudes que caracterizan este material. Para terminar quiero felicitar a los compañeros que han trabajado en el libro por el compromiso militante que se expresa en esta obra.
Ricardo J. Yacomini
Unidad Especial de Obtención de Datos Sensibles sobre Delitos de Lesa Humanidad Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Ministerio de Justicia u Derechos Humanos de la Nación
Introducción
En octubre de 1976, aproximadamente a las 23:30 del día sábado 16, se produjo el estallido de un polvorín en el Arsenal de Artillería de Marina de la ciudad de Zárate, sito en la calle Chacabuco a la altura 782. A siete meses del último golpe militar en la República Argentina donde toman el poder La Junta de Comandantes de la Fuerzas Armadas derrocando a María Estela Martínez de Perón y que designó primer presidente del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional al General Jorge R. Videla, comandante en jefe del Ejército. Zárate, nuestra ciudad, no estuvo ajeno a este acontecimiento. El 24 de Marzo de 1976 el Intendente Francisco Bugatto fue depuesto por el capitán de Fragata Sergio Buitrago (jefe del Arsenal) hasta mayo de 1976 y reemplazado luego por el Prefecto Mayor Juan Pastor.
Cuando se produce el golpe de estado, Zárate pasa a formar parte de lo que se denominó “el corre-dor rojo”, contabilizando al día de la fecha y según las investigaciones de la Conadep, cinco centros clandestinos en la zona. A mencionar: El Tolueno de Marzo del 76 al 80 (área 400); Comisaría 1ª de Zárate de marzo 76, (como paso transitorio); Prefectura de Zárate (como paso transitorio); Arsenal de Zárate (como paso transitorio); Sección/Destacamento de Inteligencia 201 Zárate (hoy llamada “casa de piedra”) la única que dependía del Ejército.
La explosión del polvorín del Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, quedo expuesta en el único informe oficial, que aparece en el Diario El Pueblo del día 18 de octubre; informando sobre algunos de los destrozos ocurridos debido a la explosión en la ciudad y la visita del entonces Co-mandante en Jefe Eduardo Massera. Un hecho que conmocionó a la ciudad fue enunciado desde los medios oficiales con un escueto artículo periodístico que cubre menos de media página, y se menciona la muerte del conscripto clase 55 Jorge Acosta. El estallido del polvorín en el Arsenal, está lleno de interrogantes, que durante años se fueron transmitiendo. Un hecho que se instaló en la historia colectiva de la ciudad y cuyos silencios nunca fueron explicitados.
Si bien este hecho no tuvo relevancia fuera de nuestra localidad ni en la crónica oficial que sólo da cuenta de un muerto y tres heridos, es parte importante del folklore popular y que ha creado ver-siones de los hechos a partir del contexto histórico-social. A 35 años de este episodio, sin ninguna investigación precedente continuamos preguntándonos los mismos interrogantes de ayer: ¿Fue un ataque guerrillero? ¿Quiénes?, ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿O un accidente? Lo cual lleva a preguntar-nos: ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué nadie lo investigó? ¿Por que aun no se sabe la verdad? El camino de nuestra investigación nos llevó a hacernos nuevas preguntas: si fue un auto-atentado, si la explosión fue el resultado de “un ajuste de cuentas” entre el ejército y la marina o algo muy parecido a lo de Río Tercero- El 3 de noviembre de 1995 se producen en la Fábrica Militar de Río Tercero (Provincia de Córdoba) una serie de fuertes explosiones que ocasio-nan un desastre. Este hecho está vinculado con lo que fue la venta de armas a Ecuador y Croacia.-A partir de indagar en la memoria de la población local intentamos reconstruir gran parte de los hechos ocurridos los días previos e inmediatamente posteriores a la explosión. Buscamos acceder al conocimiento histórico de un modo no académico, a través del contacto con el medio social en el que se vive. Por eso los testimonios que dieron forma a este hecho son parte del momento histórico en el que se desarrolló nuestra investigación. De forma sincrónica mostramos en ese aquí y ese ahora, este aquí y este ahora y de qué modo, fuimos y somos atravesados en nuestra historia local por la historia nacional y global.
La aparición de la historia oral es algo relativamente nuevo de estas últimas décadas y está asociado a la Historia Social contemporánea. Ésta nueva historia acerca perspectivas de sectores mucho más diversificados que la historia tradicional, actores que no son tenidos en cuenta, grupos mar-ginales, opositores a los sectores que tradicionalmente detentan el poder, por eso es tan valiosos para nuestra investigación que se basa en un hecho absolutamente negado, silenciado y olvidado por la historia que decimos llamar oficial. Quien nomina, domina. El silencio es nominado como ausencia o muerte, por quienes dominaban.
Asimismo la censura que se estableció en el país estuvo garantizada y promulgada por directrices surgidas desde el poder y mantenida por una política del silencio totalmente coherente a los pre-dicados de sumisión y sojuzgamiento. Lo cual a su vez generó en la sociedad réplicas instituidas donde el secreto, la mentira, el engaño y el ocultamiento cobraron valor, estigmatizaron posiciones y garantizaron cerrojos.
En todo el ámbito nacional, la prensa fue un brazo fundamental del Proceso de Reorganización Nacional que las Fuerzas Armadas impusieron en la República Argentina. Este instrumento era visto por los militares no sólo como un medio para afianzar y publicitar sus logros, proyectos y estrategias sino (lo que evidencia la parte más grave del asunto) como una herramienta necesaria para garantizar el silencio y así la impunidad. Muchos se acostumbraron al secreto, a la institución irreprochable de una política impuesta por el uso de la fuerza y el autoritarismo. Sin embargo y más allá de quienes hayan resultado fieles al sistema por miedo, amenaza u omisión, no es extraño haber encontrado en plenas épocas democráticas vestigios de aquellos tiempos. La imposición de aquella censura declarada, imprimió conductas, creó estilos de vida, asumió comportamientos en instituciones, entidades y servicios. El silencio que acompañó épocas de dictadura militar cobijó sistemas corruptos de dominio y poder y estableció garantías legítimas con efectos psicológica-mente construidos para sus víctimas. En el cuerpo social desde la escuela como primera institu-ción de aprendizaje hasta el último reducto de encuentro, se propició un esquema coherente al poder del ocultamiento. De modo que con algunas de estas características por debajo de los días actuales, no resulta difícil entender ciertas correspondencias con la realidad más cercana. Esto porque la institucionalización de la censura en épocas militares sirvió como artificio de conti-nuidad para los “gobiernos democráticos” de turno. Las agresiones cívicas que subsiguieron a los períodos de facto, muchas de ellas respaldadas por un sistema desarrollado hace tiempo, no per-dieron vigencia, y a partir de 1983 con la asunción de Alfonsín se establecieron en otro contexto. Un contexto que en definitiva resultaría proclive de proseguir con los mismos errores y la misma carencia de autonomía legal o judicial.
La cultura del miedo, como la relación entre el Estado y los individuos, no ciudadanos, no sujetos sociales, ni políticos; es una de las estrategias fundamentales de control y disciplinamiento de la sociedad argentina, imprescindible para que hayamos aceptado las políticas económicas y cultura-les que nos fueron destruyendo desde por lo menos tres décadas.
inte-tido de las palabras como mecanismo para silenciar o alterar la significación de amplias zonas de nuestra experiencia social y política, y sobre todo, para hacer imposible e innombrable el retorno de las ideas de cambio, transformación social y revolución, esa palabra indecible, maldita desde entonces. Y la más hermosa y simple: política, hagamos política.
Nuestra investigación propone cuatro interrogantes que marcan el norte de este trabajo: atentado, sabotaje, accidente o auto-atentado. Buena parte de la misma, es en realidad el desarrollo específi-co de la problemática sobre la cultura del miedo, entendida específi-como herencia de la dictadura militar, Esa manipulación hace posible, en gran parte, la continuidad y profundización de ciertos esque-mas, abiertos desde 1976, es decir, contribuye decisivamente a crear el grado de consenso social necesario, la aceptación resignada, pasiva, de buena parte de nuestra sociedad, impensable hasta antes de ese fatídico hecho histórico.
El ocultamiento de los hechos que parecía destinado a ser el eslabón perpetuo de la cadena; le seguía la negación de lo que había ocurrido y más tarde el olvido. Se construyó un consenso ideo-lógico donde la sospecha legitimaba el método represivo.
“Polvorín de rumores, Arsenal de dudas” es el resultado de una búsqueda que a partir de un he-cho puntual nos permitió sacar a la luz desde un ángulo diferente las vivencias de un pueblo, apa-rentemente caídas en el olvido, pero que permanecen vivas en el imaginario colectivo. “Polvorín de rumores, Arsenal de dudas” es entonces la reconstrucción de ese pasado pueblerino, simple en apariencias pero profundamente doloroso y cercano.
Capítulo Primero
“Muchachos avisen a su familia que mañana hay golpe de Estado” Efraín Nores estaba “engancha-do” en Prefectura mientras estudiaba medicina. Aquel mensaje se hizo realidad el 24 de marzo de 1976 a las 3.31 A.M. “Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de auto-ridad militar, de seguauto-ridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”. Miércoles l 24 de marzo, Zárate amanece con las noticias del golpe Isabel ha sido derrocada, la ciudad parece tranquila, soldados en las calles, en las fábricas, retenes de soldados controlan el paso. No hay clases.
El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo previsible, Isabel Perón es detenida y trasladada a Neuquén, la Junta de Comandantes designa a Jorge Videla como presidente de facto, disuelve el Congreso, prohíbe los partidos políticos, destituye a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, interviene la CGT y la CGE (Confederación General Económica), designa a Martínez de Hoz como ministro de economía. La gente no toma aún conciencia de lo que pasa, pero no hay clima de temor, por lo menos a simple vista. Luego sabremos que en los partidos políticos, sindicatos, comisiones de de-legados de las fábricas, se esperaban represalias. La represión dejará de ser clandestina para pasar a tener un dueño: el Estado.
Zárate no es ajena a lo que sucede en el resto del país. Algunos por el contrario manifestaban su agrado por el derrocamiento de un gobierno que consideraban “ineficiente” para controlar la si-tuación imperante.
El mismo 24 de marzo de 1976, un camión del ejército con soldados se presentó en el domicilio del hasta ese momento intendente de la ciudad de Zárate, Francisco José Bugatto, ante esta cir-cunstancia el intendente, realiza un llamado a la Comisaría Primera de Zárate para preguntar si el motivo de su detención era legal. La respuesta fue un sí rotundo. Permaneció detenido varias horas a las órdenes del Ejército y de la policía provincial. En el lugar había más hombres vestidos de verde que de azul.
Al día siguiente, su hijo, José Alberto Bugatto, lo va a buscar y también queda detenido.
Allí los subieron a un camión celular, con celdas individuales. Comenzaron, entonces, un circuito clandestino de detención y tortura por El Tiro Federal de Campana, el Club Villa Dálmine, el Puente 12, en el Arsenal de Zárate y en el barco denominado Ara Murature. Estuvieron desapare-cidos 32 días, desde el 24-03-76 al 26-04-76 según consta en la causa judicial, luego fueron trasla-dados a una Unidad Penitenciaria de Sierra Chica.
La intendencia interina la ejerce por cuatro días el señor Pablo Prader, ex presidente del Concejo Deliberante.
El 30 de marzo, “por decreto N° 5 del Interventor Militar en la provincia de Buenos Aires” asume en la función de Intendente Municipal de Zárate el Capitán de Fragata Don Sergio Buitrago, quien se desempeña como jefe del Arsenal de Artillería de Marina de Zárate. Buitrago dejó constituido el núcleo de colaboradores de la siguiente manera: Secretario de Gobierno Interino Capitán de Cor-beta Jorge Bernardo, Secretario de Economía y Hacienda Interino Capitán de CorCor-beta contador Oscar Nelson Boronat, Secretario de Obras y Servicios Públicos Interino Teniente de Navío
Inge-niero Armando Luis Solari, Secretario de Bienestar Social Interino Teniente de Navío Luis Carlos Lagos, Jefe de Secretaria Privada Interino Suboficial Mayor Norberto Masso, Director de Prensa y Relaciones Públicas Interino Carlos Alberto Viera (h). Se confirmó en el cargo de Subsecretario de Gobierno al señor Esteban Elortondo. En cuanto al señor Limbanio Serrano, se desempeñará como Asesor Interino del Área de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos”.
Como vemos hubo desde un primer momento civiles colaborando con la dictadura, en todos los niveles, Zárate no es la excepción, es el caso de el señor Serrano (ya fallecido), viejo trabajador y conocedor del funcionamiento del Municipio y el señor Viera (ya fallecido) que luego continuaría como funcionario en el gobierno del señor Aldo Arrighi, en 1984.
El 21 de mayo ya asume sus funciones el primer Intendente de facto con carácter definitivo, el car-go recae en Juan José Pastor, que modificó el gabinete militar, pero mantuvo en su puesto al señor Carlos Alberto Viera (h).
El terrorismo de Estado y la cultura política argentina
Entre los objetivos de la conducción militar que tomó el poder del Estado el 24 de marzo de 1976 había uno que lo diferenciaba de los golpes militares anteriores: la decisión de exterminar a una parte de la población. Para ello, las Juntas Militares que gobernaron hasta 1983 institucionalizaron un sistema clandestino de represión contra la oposición política (las personas que el gobierno consi-deraba “subversivas”), basado en el secuestro y desaparición de ciudadanos, su detención en campos de concentración, su tortura y su posterior eliminación. El “terrorismo de Estado” es la utilización del aparato estatal contra los ciudadanos, para despojarlos de todos sus derechos, incluso del de la vida. En otras palabras, es una forma de dominación política basada en el miedo, que tiene por objetivo el disciplinamiento de la sociedad.
Simultáneamente, las Juntas operaron desde el Estado una reestructuración profunda de la economía con un doble objetivo. Por un lado, buscaron ligar la economía argentina a los mercados financieros internacionales; por el otro, se atacó lo que para los militares eran las “condiciones de desarrollo de la subversión”: la base industrial de la economía argentina y, con ella, la fuerza de las organizaciones de trabajadores industriales.
Los rasgos principales del proyecto económico que instauró el autodenominado “Proceso de Reorgani-zación Nacional” permanecieron vigentes durante el período constitucional posterior. Y los crímenes contra la humanidad planificados y ejecutados por las Fuerzas Armadas y de seguridad ejercen toda-vía hoy una influencia palpable en la sociedad argentina.
La democracia y los derechos constitucionales fueron valores endebles en la sociedad argentina du-rante todo el siglo XX. Es necesario preguntarse, entonces, sobre las condiciones históricas que permi-tieron este salto cualitativo hacia el terrorismo estatal.
eclesiásticas, empresarios industriales y agrícola-ganaderos y sectores conservadores y liberales de la opinión pública y la cultura… A partir de 1930, diferentes alianzas de militares y políticos (liberales, socialistas, conservadores, católicos integristas, filonazis, etc.) perpetraron, apoyaron y/o justificaron diferentes golpes de Estado en nombre de la Nación, de la República y/o de la Democracia. Paralela-mente, sucesivas generaciones de soldados recibieron en el servicio militar obligatorio una formación basada en el maltrato físico, así como las fuerzas policiales lo naturalizaron en sus prácticas habi-tuales.
Los conflictos fundamentales de la sociedad argentina durante el siglo XX fueron dos: por un lado, cómo debían distribuirse los frutos del desarrollo entre los distintos grupos sociales; por el otro, quié-nes y cómo debían gobernar la República. La violencia política constituyó un instrumento para di-rimir ambos conflictos… Durante los diez años de gobierno del general Juan D. Perón, entre 1946 y 1955, la legislación laboral del peronismo convirtió al trabajo asalariado en garantía de acceso a derechos familiares, de salud, vivienda y jubilación. Esa experiencia fue conservada como un tesoro perdido por la mayoría de la población luego del golpe militar que derrocó a Perón en 1955… La democracia y los derechos constitucionales de la Argentina se debilitaron aún más con el golpe mi-litar de 1955. Si bien muchos opositores reconocían la “justicia social” instaurada por el peronismo, la oposición a Perón se articuló sobre la “defensa de la democracia”, pues a sus ojos las prácticas autoritarias convertían a su gobierno en una “tiranía”. La Iglesia católica se sumó a esta posición, luego de haber apoyado al régimen peronista en sus comienzos….Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional y pretendieron eliminar al peronismo de la política argentina, para lo cual acentuaron los rasgos violentos e ilegales de las fuerzas de seguridad del Estado. Hubo centenares de detenciones ilegales de militantes gremiales y políticos, fusilamientos de civiles y militares rebeldes e intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Durante los primeros años de la década de 1960, el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) y la Doctrina de la Seguridad Nacional (impulsada por las fuerzas armadas de todo el continente americano contra “la amenaza roja”) se tradujeron en el incremento de las persecuciones gremiales y políticas y los tormentos a los detenidos. En ese contexto de exclusión electoral, censura y represión estatal -los militares golpistas llegaron a prohibir la simple mención del nombre “Perón”- los peronistas elaboraron una cultura política basada en la “resistencia”.
A partir de 1955 se difundió entre los trabajadores una identidad rebelde y combativa, sustentada en la movilización y la resistencia contra los intentos autoritarios de arrebatarles sus conquistas sociales. Al mismo tiempo, entre los dirigentes sindicales (la “burocracia sindical”) se había consolidado una tendencia a la negociación con los gobiernos, tanto civiles como militares, y la práctica del amedren-tamiento físico contra sus opositores. Resistencia combativa e integración negociadora, solidaridad de clase y matonismo sindical, fueron las dos caras del sindicalismo peronista frente al bloque anti-peronista, que se negaba a poner en práctica los derechos democráticos previstos en la Constitución Nacional.
El golpe militar de 1966, autodenominado “Revolución Argentina”, profundizó los conflictos dentro de la sociedad mediante una salvaje represión, una vez más, contra la “amenaza comunista”. Basán-dose en la Doctrina de la Seguridad Nacional, se reprimió en fábricas, universidades, teatros, villas de emergencia y barrios populares. Se intentó un férreo disciplinamiento del movimiento obrero, descargando en los sectores bajos los costos de la modernización económica y una acción cultural des-tinada a reafirmar el carácter cristiano de la Argentina, colocando al país bajo la tutela de la Virgen
de Luján, en clara violación de la separación entre Estado y Religión ordenada por la Constitución Nacional.
Fueron los jóvenes quienes se sintieron más afectados por esta política represiva. Su respuesta fue una intensa politización, que no fue exclusiva de la Argentina: en el mundo entero se estaban desarrollan-do procesos independentistas y revolucionarios en el llamadesarrollan-do Tercer Mundesarrollan-do, la rebeldía juvenil en las sociedades desarrolladas de Europa y Norteamérica y en América Latina especialmente fenómenos como la Revolución Cubana y el surgimiento de una corriente de sacerdotes y militantes cristianos volcados hacia la “opción por los pobres” y la liberación de los pueblos oprimidos. Esta ola mundial de movilizaciones sociales y políticas y renovación ideológica, coincidió en la Argentina con el des-contento obrero y la radicalización juvenil. Hacia fines de la década de 1960 comenzó un proceso de movilización de masas sin precedentes, del que formó parte un nuevo actor político: los grupos armados de la izquierda revolucionaria. Fue esta movilización de masas la que forzó la derrota de los planes económicos del régimen militar, y terminó provocando la caída de Onganía. Finalmente, la conducción militar se resignó a pactar con el propio Perón la apertura democrática de 1973. ¿Era legítima la violencia para los actores de la movilización político social? Para muchos de aquellos jóvenes, en 1973 la democracia representativa no valía tanto en sí misma, sino como antesala de una democracia social que arribaría por medios revolucionarios. Para los militantes de las guerrillas armadas y para muchos de sus simpatizantes, la violencia continuaba siendo un método legítimo de defensa del “Pueblo” contra sus enemigos. Los Derechos Humanos no constituían una problemática importante para las Fuerzas Armadas y de seguridad, que venían violándolos en la práctica desde hacía décadas.
La breve experiencia democrática de 1973 a 1976 se caracterizó por las disputas cada vez más agre-sivas entre los diferentes actores sociales, económicos y políticos del país. En esos años, la crisis eco-nómica mundial inauguró un período de transformaciones sociales y ecoeco-nómicas en todo el mundo. Ese contexto, en Argentina, desbarató los intentos del gobierno peronista de contener los conflictos por la distribución del ingreso. Cuando Perón falleció, el 1° de julio de 1974, el frágil equilibrio entre los diferentes sectores políticos se desbarrancó definitivamente. La Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) había dado inicio poco antes al terrorismo de Estado, secuestrando, torturando y asesinando a opositores políticos. Las detenciones ilegales y los tormentos físicos se multiplicaron crecientemente durante la segunda mitad de 1974 y 1975. Centenares de militantes políticos de todo signo comenzaron a poblar las cárceles y los sótanos de tortura de las dependencias policiales y a en-grosar las listas de personas desaparecidas que no dejaban rastros. Muchos militantes e intelectuales se exilaron en esos años. Y en Tucumán, con el objetivo de “aniquilar a la subversión”, comenzaron a funcionar los primeros centros clandestinos de detención y tortura a cargo de las Fuerzas Armadas.” “La peculiaridad de la última dictadura consistió en que esas prácticas ilegales, esos rasgos autori-tarios y esa intolerancia política, arraigados en las instituciones estatales y en sectores militares y políticos, adquirieron el carácter de un sistema criminal planificado y masivo, caracterizado por la ausencia de toda ley y todo límite. Sobre el miedo, los jefes militares intentaron refundar la sociedad.
cambios estructurales que introdujeron en la sociedad sí tuvieron efectos duraderos. En primer lugar, aplastaron al movimiento social y político popular que había protagonizado la vida del país durante los años anteriores al golpe; y en segundo lugar, configuraron un país más dependiente que antes de los centros del poder económico internacional, convirtieron al endeudamiento externo en una traba estructural para el desarrollo socioeconómico, sentaron las bases para una justicia ineficiente, un Es-tado económicamente débil y unas fuerzas de seguridad y un sistema penitenciario que naturalizaron las prácticas violatorias de los derechos humanos. En definitiva, sentaron las bases para una sociedad desigual y excluyente.”
Relatamos a continuación los hechos más sobresalientes de 1976
ENERO6/ El vicario castrense, Victorio Benjamín, afirma en una homilía que “el Ejército salvó en Tucumán la grandeza de la Patria”.
FEBRERO
Una investigación parlamentaria revela las conexiones entre el gobierno y la Triple A.
16/ El Poder Ejecutivo dispone la clausura del período extraordinario de sesiones del Congreso. Dos días más tarde da marcha atrás en esta decisión y anuncia la reapertura del Congreso.
18/ La presidenta Isabel Perón habla al país y anuncia su decisión de continuar en el ejercicio de sus funciones hasta finalizar el período legal. Declara no pretender la reelección.
20/ El gobierno anuncia la anticipación de las elecciones generales; la nueva fecha es fijada para el 12 de Diciembre de 1976.
26/ La Cámara de Diputados rechaza el proyecto de juicio político a la presidenta Isabel Perón.
MARZO
15/ Bomba frente al Comando en Jefe del Ejército.
19/ El diario La Opinión informa que en la Argentina hay “un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres”. Esto, dentro de una escalada de alusiones y anuncios acerca del golpe inminente en la prensa sobre todo desde el periódico La Razón.
20/ El poder ejecutivo envía al parlamento un nuevo proyecto de ley de defensa, en reemplazo del en-viado en Octubre de 1975. Entre las nuevas disposiciones se prevé la creación de una Central Nacio-nal de Inteligencia, que en determinadas circunstancias de conmoción interna podrá declarar zonas de emergencia bajo jurisdicción militar. En tales casos, se podría aplicar el código de justicia militar, incluyendo la pena de muerte.
22/ El diario La Prensa informa que los muertos “desde Mayo de 1973” son 1.358 (“66 militares, 170 policías, 677 civiles y 445 subversivos”).
24/ Un golpe militar pone fin al gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien es detenida y alojada en la residencia de El Messidor, en Villa La Angostura, Neuquén. Asume el gobierno los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Anuncian, en un comunicado difundido en la madru-gada, que “el país se encuentra bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas”. El comunicado es complementado con una proclama de las Fuerzas Armadas difundida pocos minutos después, en la que se manifiesta que, ante el “[..] tremendo vacío de poder [..], las Fuerzas Armadas, en cumpli-miento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado”. La Junta de coman-dantes está compuesta por: teniente general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Massera
y brigadier general Orlando Ramón Agosti. La junta designa delegados militares en los ministerios y gobernaciones, se mantiene la vigencia del Estado de Sitio, se informa que se dictarán penas seve-ras -incluida la pena de muerte- a quienes atenten contra el personal de las fuerzas de seguridad, o contra instalaciones militares, cometan actos de sabotaje en los servicios públicos, o incurran en otros delitos análogos. Se interviene la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CGE (Confederación General Económica), se disuelve el Congreso y cesan en sus cargos los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales superiores. Se crean consejos de guerra con facultades para aplicar penas severas; se interviene la Cruzada de la Solidaridad.
25/ El P.E.N. (Poder Ejecutivo Nacional) será ejercido por un oficial superior de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el reglamento que la Junta Militar sancionó y promulgó con fuerza de ley y que regula su propio funcionamiento, el del Poder Ejecutivo y el de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL). Se suspende el derecho de huelga y se elimina el fuero sindical. Se suspende la actividad de los partidos políticos tradicionales, mientras son prohibidas en forma absoluta las actividades de los par-tidos Comunista Revolucionario, Socialista de los Trabajadores, Político Obrero, Obrero Trotskista y Comunista Marxista-leninista.
Se producen numerosas detenciones en todo el país: políticos, funcionarios gubernamentales, sindica-listas. Algunos de ellos quedan recluidos en el buque Granaderos.
26/ La Junta Militar designa presidente de la Nación al teniente general Jorge R. Videla, que asumirá tres días después.
29/ Jorge R. Videla jura como presidente de la Nación.
Es designado jefe de la Policía Federal el general Cesáreo Ángel Cardozo, que se desempeñaba como director de la Escuela Superior de Guerra.
31/ Se designan interventores militares en varios sindicatos, por “la necesidad de regularizar las anoma-lías que se observan en el movimiento sindical argentino”.
Seis dirigentes del Sindicato de Obreros Panaderos de Comodoro Rivadavia serán las primeras personas en ser juzgadas bajo el régimen de los Consejos de Guerra Especiales instituidos por la Junta Militar.
ABRIL
2/ José A. Martínez de Hoz anuncia por la red nacional de radio y televisión su plan económico. Entre los anuncios más destacados se encuentran: derogación de precios máximos para todos los artículos -excepto los medicamentos-, derogación del régimen de nacionalización de los depósitos bancarios, se prevé la modificación de la ley de inversiones extranjeras, se anuncia el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la exploración de zonas petrolíferas y la recuperación secundaria de pozos; se aumenta un 30 el precio de los combustibles líquidos, y se dispone un aumento tarifario (electricidad y gas). Se anuncia también la racionalización del personal de la administración pública nacional, pro-vincial y municipal y la transferencia a manos privadas de empresas estatales deficitarias. El Estado fijará periódicamente el aumento salarial sobre la base de la elevación del costo de vida.
23/ Jorge R. Videla anuncia que la prioridad es la “lucha antisubversiva”.
regulación de los estatutos legales especiales de trabajo y Código de Trabajo. 26/ Guerrilleros dan muerte al coronel de infantería (R) Abel H. E. Cavagnaro.
28/ El ministro de Trabajo designa como interventor en la CGT (Confederación General del Trabajo) al coronel Juan Pita.
MAYO
15/ Luego de una semana de deliberaciones la asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina publica una carta pastoral: “La justificación histórica del proceso que vive nuestro país no sólo se fundamentará por el término que puso a una determinada situación de cosas, sino también por la implementación adecuada de su acción política en la prosecución del bien común de toda la Nación”. 22/ La Policía Federal informa el hallazgo de los cadáveres del ex senador uruguayo Zelmar Michelini y el ex presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, desaparecidos el 17 del corriente mes.
30/ Es secuestrado el interventor de la CGT (Confederación General del Trabajo), coronel Juan Al-berto Pita.
JUNIO
5/ El PEN (Poder Ejecutivo Nacional) disuelve 48 agrupaciones políticas y sindicales.
18/ Atentado Montonero contra el jefe de Policía, general Cesáreo Cardozo. La ejecutora es Ana María González.
23/ La Junta Militar dicta el “Acta de Responsabilidad Institucional” por la cual asume “[..] la facul-tad y responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hayan ocasionado perjui-cios a los superiores intereses de la Nación, por inobservancia de los principios morales básicos en el ejercicio de funciones públicas, políticas, gremiales; negligencia grave en el ejercicio de esas activida-des; incumplimiento del mandato que les fuera otorgado; acciones u omisiones que hayan facilitado la subversión y tolerancia de la corrupción administrativa o negligencia que la facilitara”.
26/ Se decreta la pena de muerte por fusilamiento para quienes maten a personal militar y otros “miembros de los poderes del Estado”.
JULIO
2/ Atentado con explosivos de la organización Montoneros a la Superintendencia de Seguridad Fede-ral (18 muertos y 66 heridos). Se producen asesinatos de detenidos y desaparecidos como represalia al hecho.
4/ Asesinato de los Padres Palotinos en la ciudad de Buenos Aires (mueren tres sacerdotes y dos se-minaristas).
19/ Mueren en un enfrentamiento con el Ejército Mario Santucho y Benito Urteaga, máximos dirigen-tes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo).
AGOSTO
4/ Las fuerzas represivas asesinan al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.
19/ Muere a balazos el general Omar Actis, designado para encabezar el Ente Autártico Mundial ‘78. El gobierno atribuyó el asesinato a la guerrilla.
20/ Aparecen 30 cadáveres dinamitados en la localidad de Fátima.
26/ Se publica una nota de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) dirigida al gobierno en la que se le advierte acerca del uso ilegal de la fuerza.
SEPTIEMBRE
automotrices y de un prolongado conflicto (que comienza este mes y continúa hasta el día de la desaparición del dirigente Oscar Smith el 11 de Febrero de 1977) en el sindicato de Luz y Fuerza. El Poder Ejecutivo podrá exigir a empleadores y empleados el cese inmediato de las medidas de fuerza. 12/ Son hallados los cadáveres de los abogados radicales Sergio Karakachoff y Domingo Teruggi, ambos de la ciudad de La Plata.
16/ En la ciudad de La Plata es secuestrado un grupo de estudiantes secundarios, militantes, en su mayoría, de la Unión de Estudiantes Secundarios. El hecho se lo conoció como “La noche de los lá-pices”.
OCTUBRE
2/ En el “combate de la calle Cobo”, mueren varios miembros de la conducción de Montoneros, entre ellos María Victoria Walsh, hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh.
El canciller argentino, almirante César Guzzetti, debió responder en Nueva York a cuestionamientos periodísticos sobre los “desaparecidos”.
NOVIEMBRE
13/ Reunión en Santiago de Chile, entre Jorge R. Videla y Augusto Pinochet; ambos suscriben una declaración contra la “subversión y el terrorismo”.
25/ El general Antonio Bussi, declara en Tucumán, que “la subversión está erradicada en Tucumán y a punto de desaparecer del territorio nacional”.
DICIEMBRE
4/ Noticia (falsa) de la muerte de Norma Arrostito, dirigente de Montoneros. En realidad fue detenida y permaneció con vida en la ESMA poco más de un año, hasta que fue asesinada.
19/ El diario La Opinión publica un nuevo documento de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) en el cual asevera que, además de las organizaciones guerrilleras, “hay otro terrorismo que nos amenaza”.
31/ El diario La Opinión informa, basándose en trascendidos y comunicados, que desde 1975 la guerrilla había tenido 4000 bajas: el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) casi no tenía cuadros combatientes, y Montoneros los había perdido en un 80%.
INTERNACIONALES
La policía sudafricana reprime las manifestaciones estudiantiles en Soweto.
El partido socialista se convierte en la fuerza política más votada en Portugal. Mario Soares asume como primer ministro.
Indira Gandhi obtiene plenos poderes en la India. Muere en China Mao-Tse Tung. Adolfo Suárez es elegido presidente del gobierno español.
En Estados Unidos es asesinado el ex canciller chileno Orlando Letelier. José López Portillo asume la presidencia de México.
James Carter, candidato del Partido Demócrata de Estados Unidos, se impone en las elecciones presi-denciales sobre el republicano y presidente saliente, Gerald Ford.
ferencia nacida de ambos. El Mundial de Fútbol de 1978, organizado en la Argentina, constituyó el clímax del consenso social ante el régimen, con los comandantes en el estadio de River festejando junto al pueblo la primera copa obtenida por la selección argentina. Pero entre 1979 y 1981 se desarrolló por el contrario un proceso de resquebrajamiento de las bases de poder de la junta militar.
En primer lugar, crecieron las críticas a la orientación que la gestión económica de Martínez de Hoz le estaba dando al país, dado el fracaso en el combate a la inflación y en el aumento del costo de la vida para la mayoría de la población. La política económica era resistida incluso por sectores mili-tares, que con sus críticas abrían el campo del debate económico a otros sectores de la sociedad hasta entonces acallados. Era el caso de los sindicatos y los partidos políticos, que lentamente comenzaron a ganarse un lugar en los medios de comunicación y en el debate con el gobierno a partir de la discusión económica.
En segundo lugar, y no menos importante, el movimiento de derechos humanos, en Argentina y en el mundo, atacaba lo que era el núcleo de consenso del régimen: el exterminio ilegal de opositores. Sobre este tema los sindicalistas y líderes políticos evitaban pronunciarse, porque constituía el único aspecto en el que las Fuerzas Armadas se encontraban sólidamente unidas: para ellas, el éxito de la “guerra antisubversiva” era tan incuestionable como los métodos empleados en ella, y quienes la ejecutaron merecían el reconocimiento de la nación. Pero la valentía de los denunciantes, la intensidad de sus de-nuncias y la condena de la opinión pública internacional fueron socavando lentamente la confianza de los militares en que sus crímenes contra la humanidad serían rápidamente olvidados.
La persistencia de la crisis económica y la eliminación definitiva del “enemigo interno” llevaron a los militares a intentar justificar su papel de “salvadores de la patria” en nuevos terrenos: en la guerra que casi desatan contra el vecino Chile en diciembre de 1978, y en la breve ocupación de las islas Malvinas entre abril y junio de 1982. Ambos conflictos revelaron que, con el objetivo de despertar la adhesión nacionalista, los militares no dudaban en conducir a la sociedad -a miles de jóvenes- a la guerra. Pero también revelaron que buena parte de la sociedad estaba dispuesta a adherir al naciona-lismo belicista del gobierno, al que apoyó con fervor durante el conflicto de Malvinas. Pero el fracaso estruendoso en este último significó el fin del gobierno militar. Y cuando la vida democrática retornó a la Argentina, la condena social sobre los culpables de crímenes masivos y atroces no hizo sino crecer hasta nuestros días.
Para describir la herencia de aquellos primeros años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional es necesario considerar numerosos elementos. Además de las decenas de miles de vidas que el Estado atacó directamente (vía asesinato, desaparición, cárcel, exilio, apropiación de meno-res y sustitución de su identidad), el terrorismo de Estado incidió negativamente en la transmisión intergeneracional de valores y experiencias. En lugar de transmitir las esperanzas y las luchas de una generación a otra, durante esos años se instalaron hábitos vinculados al miedo y al egoísmo, ejemplificados en las frases que más se escuchaban en aquellos tiempos: “No te metás” y “Por algo será”, que se refieren a alejarse de la política y de lo público en el primer caso, y a la justificación de la desaparición de personas, en el segundo. En los años de la recuperación democrática, la frase más extendida era “Yo no sabía nada”, lo cual supone haberse mantenido completamente al margen de un aniquilamiento cotidiano que emitía permanentes y ubicuas señales de su existencia. La negación (“yo no sabía nada”) es, desde luego, un efecto del terror, pero conlleva una actitud de no responsabili-zación colectiva frente a lo sucedido. Y las justificaciones (“por algo será” y “yo no me meto”) implican la aceptación de que el poder no tiene límites para actuar sobre quienes lo desafían.
En términos económicos, la mayor herencia de la dictadura es doble. Por un lado, la deuda externa, que desde entonces no cesa de crecer, condicionando la política económica y trasladando al exterior buena parte de la toma de decisiones; y por el otro, la crisis de importantes sectores industriales frente a la apertura comercial, junto con la consolidación de un grupo de empresas dominantes que cimen-taron su posición mediante negocios con el Estado y que colaboraron en su desguace, en alianza con las empresas multinacionales y con los acreedores de la deuda externa, durante los años 90. Las con-secuencias sociales de esta reestructuración económica son hoy más visibles que nunca: la estructura productiva del país es más dependiente del exterior y genera menos empleos que en el pasado. La po-breza y la desprotección de las mayorías es consecuencia de la desarticulación de los servicios sociales que brindaba el Estado en trabajo, salud, vivienda y educación. La formación ideológica y práctica de las Fuerzas Armadas y de seguridad conllevó la existencia de crímenes y torturas como modus operandi de esas fuerzas aún en democracia. El sistema judicial se encuentra también atravesado por los intereses de grupos poderosos (de las fuerzas de seguridad, económicas, políticas), surgidos en esos años, que impiden la constitución de un poder Judicial independiente y democrático. La noción misma de Justicia debe convivir con el hecho de que la mayoría de los responsables de crímenes de lesa humanidad no han pagado sus delitos. En este marco, la ausencia de aquella transmisión intergene-racional se vuelve más grave, porque dificulta el acceso de la población a los conocimientos necesarios para enfrentar mejor estos problemas(…)
El primer año de gobierno militar se caracterizó por el disciplinamiento social y el más férreo autori-tarismo, contando incluso con el aval de numerosos sectores civiles. Pero el poder absoluto es un ideal, una aspiración totalitaria, que nunca se plasma completamente en la realidad. La propia maquinaria del terror era imperfecta, y sus víctimas estaban lejos de someterse totalmente a sus designios como si fuesen autómatas. Numerosas “líneas de fuga” -resistencias subjetivas o simbólicas, contradicciones o efectos no deseados por el poder- surgieron en esos primeros tiempos, y se profundizaron durante el régimen militar.
La represión fue planificada de modo centralizado y jerárquico por las cúpulas de las Fuerzas Ar-madas, pero su naturaleza clandestina y la necesidad de ejecutarla mediante múltiples grupos de inteligencia y logística generaron ciertos márgenes de autonomía, arbitrariedad, desinteligencias y competencia entre los represores. En cierto modo, el faccionalismo que las Fuerzas Armadas pre-tendían destruir en la vida política argentina, acallando toda voz disidente, se reprodujo dentro de ellas. El enfrentamiento político entre sectores militares permitió el surgimiento de proyectos políticos particulares, como el del Almirante Massera. En la ESMA, algunos prisioneros conservaron la vida mediante un “Proyecto de Recuperación” y, en lugar de reinsertarse en la sociedad “recuperados” de su condición “subversiva”, lograron divulgar al mundo los crímenes aberrantes y masivos que cometía el Estado argentino, lo cual se convirtió en la principal amenaza al consenso interno y externo que la Junta pretendía consolidar. Esta no fue desde luego la nota dominante: existieron inmensos centros clandestinos como Campo de Mayo donde prácticamente no hubo sobrevivientes, pues la decisión era eliminar a todos los detenidos. Pero la ESMA ilustra uno de los límites del sistema: la imposibilidad
todo el país. Junto con la paciente recopilación de denuncias y presentación de recursos de habeas cor-pus por parte de familiares de desaparecidos y algunos abogados, esta conflictividad obrera mostraba a las autoridades que el orden sepulcral que intentaban imponer al país se volvía cada vez más vul-nerable. Paralelamente, miles de adolescentes y jóvenes comenzaron muy lentamente a escapar a la cultura oficial mediante el crecimiento de un circuito semiclandestino, “under”, de recitales y revistas contraculturales. Estas múltiples resistencias crearon los gérmenes políticos, ideológicos y culturales de la recuperación democrática que tendría lugar algunos años más tarde.
Pero entre 1976 y 1978, las perspectivas de continuidad del “Proceso de Reorganización Nacional” eran alimentadas, en algunos casos, por la adhesión a su proyecto de país, pero en muchos otros por una pasividad nacida del caos anterior al golpe y del miedo a la represión. Mientras la mayoría prefería “mirar para otro lado”, las dirigencias de la sociedad civil adhirieron con mayor o menor entusiasmo a los objetivos de la dictadura. Para las cámaras empresarias y de comercio, las des-apariciones trajeron el orden y la paz para los negocios, y la política económica volcó a su favor la distribución de las rentas en cada rama de actividad. Un poderoso grupo de empresas industriales vio incrementadas sus ganancias gracias a las políticas de promoción industrial, que subsidiaban la producción en determinadas áreas del país, a los contratos con el Estado y a la toma de créditos fáciles en el mercado financiero -origen de un fuerte endeudamiento externo para el país. Mientras tanto, las empresas más pequeñas o no favorecidas por el Estado, sucumbieron progresivamente frente a la agresiva apertura comercial externa (importación), iniciándose un proceso de desindustrialización. Para la jerarquía eclesiástica, fue una excelente oportunidad para penetrar la estructura del Estado e intensificar su presencia política y doctrinaria en la vida nacional. Esto fue importante en el ámbito educativo, donde extendió su influencia, pero también para deshacerse de los sacerdotes que habían desafiado el orden social y económico tradicional. A los políticos, intelectuales, profesores universita-rios y periodistas conservadores y de derecha, la represión a los opositores les permitió constituirse en únicos interlocutores del gobierno y formadores de la opinión pública, saliendo del rincón minoritario en el que los había confinado la movilización social y política de los años anteriores.
En un nivel “micro social”, es decir, en los pequeños mundos de la vida cotidiana, el clima cultural de la dictadura alimentó el autoritarismo de todos los que se habían sentido antes amenazados por la contestación política y cultural de un movimiento predominantemente juvenil. Así, hubo casos de directores, profesores y preceptores que encontraron un marco propicio para ejercer su autoritarismo en los colegios, así como “padres de familia” que reencontraron la autoridad sobre el resto del núcleo doméstico. La policía sistematizó la práctica de exigir documentos de identidad en la vía pública, lo-cales bailables, estadios de fútbol, etc. En los Entes de Calificación, los censores prohibían o recortaban toda edición de libros y revistas, películas, obras de teatro y programas televisivos que no se ajustasen a los ideales del régimen, esto es, toda producción cultural en la que asomase alguna crítica política o ideológica a las costumbres cristianas, a las Fuerzas Armadas y al orden social capitalista, llegando incluso a censurar libros como El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, o Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Este último poseía, según el responsable de su censura, “una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo” (tal vez porque el relato describe una huelga de animales).
Las ciudades en sí mismas fueron también objeto de un reordenamiento autoritario. En el caso de Buenos Aires, en 1978 una ley descongeló los alquileres y decenas de miles de inquilinos de bajos ingresos debieron abandonar la ciudad. Paralelamente, la mayoría de las villas de emergencia que
se habían asentado en Buenos Aires desde los años 30 fueron arrasadas con incendios, topadoras, tanques y soldados, y miles de familias fueron literalmente expulsadas de la ciudad y abandonadas en terrenos baldíos suburbanos, privadas de su hogar y de las redes de agua, electricidad y transporte. La construcción de autopistas favoreció el desplazamiento de los habitantes poseedores de automóviles, pero destruyó autoritariamente la historia y la organización de barrios enteros.
Para lograr sus objetivos, el proyecto militar se basó en la práctica de la desaparición de personas y en su efecto aterrador en la sociedad. Cada compañero que misteriosamente no volvía al colegio, cada delegado fabril que no retornaba a su lugar de trabajo, cada vecino cuya casa era arrasada en la noche y no reaparecía, cada automóvil que se paseaba sin identificación, repleto de hombres de anteojos oscuros y armas largas, indicaba cotidianamente la existencia de una monstruosa realidad paralela, mucho más atemorizante en tanto no era asumida ni reconocida por las autoridades. Los desaparecidos, como sostuvo el Presidente Jorge Videla en una conferencia de prensa en 1979, “son una incógnita, no tienen entidad, no están”. Frente a esta multiplicidad de señales del terror, la mayor parte de la población optó por el silencio y la negación, recluyéndose en ámbitos íntimos y privados e intentando no preguntarse ni hablar demasiado de lo que estaba sucediendo. Y ante los cuestiona-mientos aislados que se filtraban en la prensa y en las conversaciones diarias se sostenía, si alguien no aparecía, que “por algo será” o que “algo habrá hecho”; lo grave de esta expresión es que indicaba la aceptación de que quien no se adecuase al “orden” y a la “normalidad” desapareciese para siempre. Durante el desarrollo y los festejos del Mundial de fútbol de junio de 1978 este clima alcanzó su máxi-ma expresión, cuando el fervor nacionalista tiñó casi completamente la vida del país, para beneficio, fundamentalmente, del gobierno.
El terror y sus resistencias libraron miles de batallas cada uno de los días que duró el “Proceso de Reor-ganización Nacional”. Mientras la mayoría se adaptaba, numerosos artistas populares intentaban disfrazar con metáforas sus críticas a la sociedad para escapar a la censura, algunos abogados busca-ban los resquicios legales del sistema para dar con los desaparecidos, los familiares de desaparecidos establecían contactos con aquellos periodistas, sacerdotes y militares que pudieran brindar alguna información y que no se resignaban al imperio del terror y de la muerte, y los estudiantes, vecinos, obreros e intelectuales que no querían o no soportaban vivir de ese modo establecían lenta y oculta-mente lazos de solidaridad, fuentes de contra-información, discusiones políticas, pequeños centros de investigación y señales de contención afectiva para resguardarse tanto de la represión como del clima de sospechas e hipocresía al que la mayoría de los argentinos se estaba acostumbrando
El golpe implantó un sistema planificado y masivo de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. El terrorismo de Estado es una modalidad de dominación política que abarca al conjunto de la sociedad y que hace del terror una herramienta para disciplinarla. Esta experiencia quedó gra-bada en la memoria colectiva de los argentinos y se convirtió en un símbolo terrible de nuestra cultura política ante el mundo. Un fenómeno tan grave resulta muy difícil de explicar y requiere el análisis de facetas muy profundas de la experiencia histórica del país.
taba “refundando el país”, luego de un cuadro de crisis “terminal” y, por lo tanto, todos los sacrificios eran válidos para ello -libertades, derechos y garantías constitucionales incluidas-. La disciplina de las Fuerzas Armadas, que se consideraban a sí mismas “custodio de la Nación”, debía extenderse a toda la sociedad, particularmente sobre los “subversivos”, considerados culpables del desorden y el extravío de la “grandeza argentina”, a quienes se reservaba un tratamiento particularmente cruel.
Los centros clandestinos de detención y tortura fueron la base del sistema represivo, constituyendo un modelo del orden y la disciplina absoluta con que los militares, desde el Estado, intentaban moldear a la sociedad. La secuencia operativa de estos centros era la planificación, el secuestro, la tortura, la deten-ción (días, meses o años) y la eliminadeten-ción (el denominado “traslado”). Los opositores eran secuestrados por los “Grupos de Tareas” o “Patotas”, integradas por militares de las tres fuerzas, miembros de la poli-cía, prefectura y gendarmería, además de oficiales retirados y civiles, en proporción variable. Los grupos de secuestradores se organizaban de acuerdo con la distribución en Zonas y Subzonas Militares, corres-pondientes a cada Cuerpo del Ejército, en que la Junta dividió operativamente el territorio nacional. Los centros eran clandestinos porque no poseían una existencia formal y pública, aunque funcionasen en muchos casos en espacios estatales como comisarías, escuelas navales, cuarteles militares, edificios policiales, escuelas y hospitales, por lo general en sótanos, altillos, o áreas y pisos enteros. Lo paradó-jico es que se trataba de actividades clandestinas en edificios públicos. En otros casos se trataba de casas de barrio o quintas suburbanas. Pero en todos los centros el espacio se adaptaba siguiendo un mismo patrón, consistente en salas de confinamiento, salas de tortura, salas de inteligencia, salas de guardia y otras dependencias. La mayoría de los centros se hallaba en zonas densamente pobladas de los centros urbanos y, por lo tanto, eran numerosas las señales de su existencia para los vecinos y transeúntes. Esto representaba una angustia mayor para los detenidos -concientes de que a veces sólo una pared y unos pocos metros lo separaban de la vida normal-, y una amenaza para quienes desde afuera percibían rumores, extraños movimientos nocturnos y gritos desgarradores.
Los centros clandestinos de detención habrían sido al menos 365 en todo el país, localizados espe-cialmente en los grandes centros urbanos. La cifra crece constantemente con nuevas denuncias y descubrimientos. El número de detenidos en cada uno de ellos fue variable: se estima que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Club Atlético en Capital, Campo de Mayo en el Gran Buenos Aires y La Perla en Córdoba habrían alojado cada uno a miles de detenidos, mientras otros a cen-tenas o decenas. Algunos funcionaron sólo unos pocos meses, y otros durante todo el período de la dictadura. El período de mayor cantidad de centros clandestinos en actividad fue de 1976 a 1978. El poder multiplicador de este terror se difundió por todos los canales de la vida social del país, mientras el silencio oficial volvía más siniestras esas señales.
Hoy es posible contar esta historia sobre la base del esclarecimiento progresivo de lo ocurrido en esos años. También es posible debido a la condena social que existe sobre el terrorismo de Estado, a de-cisiones políticas gubernamentales como política de Estado y a la constatación de que incluso en los momentos más trágicos existieron maneras de resistir y combatir el miedo. Y esto, a pesar de la per-sistencia de las leyes de impunidad y de las políticas que apelan al eslogan de la “reconciliación” por las cuales muchos de los responsables de los peores crímenes de nuestra historia permanecen libres.
Extracto de memoria de CD: “Memoria Abierta 24 de marzo 1976: ‘El golpe y el terrorismo de Estado’”.Vol. 2 Gob. de Bs.. As. Página 12 Año 2005.
Capítulo Segundo
“Hay que limpiar el local, porque en el local hay muchos nombres”, fue la orden sencilla que por teléfono Oscar le comunicó a Alicia, el viernes 26 de marzo de 1976.
Zárate geográficamente estaba cortada en dos partes. Las vías del Urquiza que se prolongan con dirección oeste-este hasta el Ferry, hacían de obstáculo natural dividiendo la ciudad. Los únicos puentes ubicados en las calles Justa Lima y Lavalle, junto al puente peatonal sobre la estación Zá-rate Alto estaban cercados por las fuerzas militares.
Solo podían cruzar la ciudad aquellos que iban a trabajar “fuimos por un atajo enfrente del hogar de anciano que comunicaba el barrio Villa Nueva con Matadero, era de noche, teníamos miedo pero había que vaciar el local, había nombres y direcciones que comprometían a mucha gente. Este no era un golpe igual que los otros. Este era muy distinto.
Cuando cruzamos las vías, nos encontramos con Palito que vivía en Matadero que nos condujo por el barrio, con él estábamos seguros, lo habíamos conocido en Villa Cachunga cuando hicimos unos bailes para recaudar fondos para la pos-escuela que teníamos, así pudimos llegar al local, y con otros compañeros bajamos el cartel y nos pudimos traer todo lo que estaba adentro, recién ahí nos queda-mos tranquilos, éraqueda-mos conscientes que solo teníaqueda-mos que esperar.”
Todos los relatos evocando esos días dejan algo muy en claro con respecto a lo local: nunca se advirtió el grado de militarización que la zona tenía.
Viéndolo desde la actualidad uno de los motivos puede ser que para los zarateños era común ver a militares en la ciudad: Tenemos la Escuela de Prefectura, el Arsenal de Marina (por largo tiempo residencia del capitán Astiz), la Gendarmería en el Puente Zárate Brazo Largo, la Central Nuclear de Atucha y el Tolueno, que pertenecía a Fabricaciones Militares en la ciudad de Campana. Desde diciembre del 75 se desarrolló el área 400. En una palabra estábamos rodeados: ya era tarde para cualquier dirigente político como social.
En los primeros meses del año, mientras se ultimaban los detalles del golpe, las fuerzas armadas eran árbitro de la situación. El discurso de Navidad del comandante Videla había sido una dura advertencia dirigida a la guerrilla y al gobierno: “La delincuencia subversiva, si bien se nutre de una falsa ideología, actúa favorecida por el amparo que le brinda una pasividad cómplice (..). Miramos consternados a nuestro alrededor y observamos con pena, pero con la sana rabia del verdadero sol-dado, las incongruentes dificultades en las que se debate el país sin avizorarse solución. Frente a esta tiniebla, la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado”.
El esquema económico constituyó la razón principal de un golpe de estado que fue planeado con gran anticipación hasta en sus menores detalles, como lo prueba el Plan del Ejército de febrero de 1976, firmado por el entonces jefe de Estado Mayor, general Roberto Viola. Donde puede apreciar-se a simple vista que los pretendidos “excesos” de algunos individuos fueron en verdad políticas establecidas desde el alto mando. Incluyendo el robo y muerte de niños.
La profundización de un modelo liberal tenía que eliminar todo obstáculo que dificultara su eje-cución.
Resumen de la Entrevista a Lidia Biscarte (China) ex detenida, realizada por Sonia Tessa diario Página 12 del 9-7-2010
Zárate-Campana, explican por qué les resulta fundamental apelar el fallo que dejó impunes a los represores Santiago Omar Riveros, Sergio Buitrago y Jorge Bernardo en relación con las violacio-nes que ella y otras compañeras y compañeros sufrieron en cautiverio. A Lidia Biscarte le costó más de treinta años pronunciar esa palabra, violación. Pero ahora saben que esa forma de la tortu-ra merece ser juzgada y sentenciada porque etortu-ra “uno de los pasos que se seguían patortu-ra deteriotortu-rarte como persona”. La China en marzo de 1976 era delegada gremial en el puente Zárate-Brazo Largo cuando la patota fue a buscarla a su casilla, se la llevó y dejó a sus cuatro hijos a merced de la soli-daridad de los vecinos. La China es visceral. La China y su compañera Eva Orifici de Marciano están hermanadas por haber compartido dos centros clandestinos de detención, así como las cár-celes de Olmos y Devoto. Las dos fueron violadas en cautiverio. Como casi todas las prisioneras y muchos prisioneros. Ellas quieren que ese delito sea castigado, que “se sepa” que los represores no sólo secuestraban, robaban, torturaban y mataban, sino que también violaban. “Son unos degene-rados y tienen que pagarlo”, dice la China, una hora después, lo expresa con otras palabras: “Era uno de los pasos que se seguían en relación a cómo deteriorarte como persona. Vos eras una cosa en poder de ellos”. La China se llama Lidia Biscarte y Eva es Orifici de Marciano. Las dos son querellantes en el juicio a Santiago Omar Riveros, en el que se investiga el circuito represivo de Zárate-Campana. En sus declaraciones relataron las violaciones sufridas, las que escucharon hacia otras prisioneras, las que les relataron compañeras y compañeros de cautiverio. Lo dicen con toda las letras, aunque les costó. La China lo conversó con un compañero que estuvo prisionero, como ella, en el Arsenal Naval de Zárate y escuchó los ultrajes. El la animó a decirlo. Las dos querellantes estuvieron de acuerdo en apelar cuando el juez federal de San Martín, Juan Yalj, consideró que las violaciones fueron “eventuales” y por lo tanto correspondía la falta de mérito para Riveros, Sergio Buitrago y Jorge Bernardo por responsabilidad mediata en las violaciones. Riveros era el jefe de la zona, mien-tras Buitrago y Bernardo eran los jefes del Arsenal Naval. Pablo Llonto y Ana Oberlin, los aboga-dos querellantes, presentaron una detallada argumentación frente a la Cámara Federal. Allí consi-deran: “La solicitud de que se revoque la falta de mérito dictada en relación a los abusos sexuales es trascendente. Pero la Cámara Federal de San Martín tampoco dio por probada la sistematicidad de los delitos sexuales. Entonces, dos organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, con status consultivo de Naciones Unidas, Cladem e Insgenar, presentaron un dictamen de amicus curiae (amigo del tribunal) donde se argumenta por qué esas violaciones fueron un delito de lesa humanidad, imprescriptible. También la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las cau-sas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, que dirige Jorge Auat, considera que estos crímenes deben recibir el mismo tratamiento que la tortura. Para Oberlin, es importante que Yalj y la Cámara acepten que la violencia sexual era sistemática, como la tortura. “La decisión del juez es contradictoria, porque los mismos argumentos que utilizó para imputar a acusados como autores mediatos de los tormentos es aplicable a las violaciones. No podemos afir-mar que Riveros haya violado, porque las víctimas estaban vendadas y no podían ver a quiénes lo hacían. Pero si Riveros no hubiera puesto los medios materiales y humanos, los tormentos no