JUSTICIA AMBIENTAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA TRIPLE FRONTERA CONFORMADA POR BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ DURANTE EL
PERIODO 2016-2021
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Departamento de Relaciones Internacionales
Bogotá D.C., Colombia 2021
JUSTICIA AMBIENTAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA TRIPLE FRONTERA CONFORMADA POR BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ DURANTE EL
PERIODO 2016-2021
Estudiante:
Angel David Suancha Garcia
Directora del Trabajo de Grado:
Ana Carolina Evangelista Mauad
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Departamento de Relaciones Internacionales
Bogotá D.C., Colombia 2021
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ... 5
Planteamiento del problema de investigación ... 5
Contexto global ... 5
Escenario regional ... 6
Estudio de Caso: la crisis socioeconómica y ambiental en la Triple Frontera ... 7
Respuestas a nivel internacional y local ante los desafíos amazónicos ... 11
Pregunta de Investigación ... 13
Objetivos ... 13
Justificación ... 14
Metodología ... 15
CAPÍTULO I – Marco Conceptual ... 17
1.0. Orígenes, conceptualización y propósitos de la justicia ambiental ... 17
1.1. Debates relevantes y críticas del paradigma de la justicia ambiental ... 19
1.2. Selección de categorías para el análisis de las causas de las injusticias ambientales ... 22
1.3. Cooperación internacional ... 24
CAPÍTULO II – El Origen de las Injusticias Ambientales en la Triple Frontera ... 26
2.0. La colonización y la inserción de los modelos extractivistas ... 26
2.1. El auge del caucho ... 27
2.2. La era del neoliberalismo ... 30
2.3. Causas específicas de la injusticia ambiental en la Triple Frontera ... 34
2.4. Conclusión ... 37
CAPÍTULO III – Cooperación internacional en la Triple Frontera: una revisión del Pacto de Leticia por la Amazonía de 2019 ... 39
3.0. Contexto de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe ... 39
3.1. El Pacto de Leticia por la Amazonía ... 42
3.2. Alcance y contradicciones del Pacto de Leticia ante la injusticia ambiental en la Triple Frontera ... 43
3.3. Conclusión ... 47
CONSIDERACIONES FINALES ... 48
BIBLIOGRAFÍA ... 51
INTRODUCCIÓN
Planteamiento del problema de investigación
Contexto global
A partir de la década de 1970, los problemas medioambientales adquirieron mayor relevancia en el contexto internacional como resultado de la “acumulación de evidencias científicas sobre el impacto de la acción humana sobre el medio ambiente y agravamiento de problemas como la contaminación del aire y del agua, las islas de calor y la lluvia ácida”
(Franchini et al., 2017, p. 179). En este sentido, los Estados emprendieron una serie de esfuerzos encaminados al tratamiento de estas cuestiones ambientales, que en el plano global se tradujeron en la creación de regímenes internacionales.
En particular, es posible destacar la instauración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, y la conformación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988. De modo que, ha surgido un sistema de gobernanza político y descentralizado, que ha consistido en la negociación diplomática e implementación de tratados multilaterales con la participación de una gran variedad de actores internacionales, regionales y locales, incluyendo a los gobiernos, estancias subnacionales, movimientos sociales, activistas y ciudadanos (O’Neill, 2009).
Sin embargo, si bien al tratar de problemáticas medioambientales se tiende a señalar el cambio climático como el desafío principal, existe una multiplicidad de temáticas incluidas en la agenda ambiental internacional. Una de ellas es la justicia ambiental, noción que aboga por el derecho de las comunidades más vulnerables, a una protección equitativa de su salud y entorno ambiental mediante regulaciones adecuadas (Bullard, 1996, como se citó en Nyseth y Pellow, 2014). Dicho concepto, surgió en Estados Unidos, particularmente en Warren, Carolina del Norte, donde una comunidad afroamericana se manifestó en contra de la
instalación de un vertedero próximo a sus hogares (Ramírez et al., 2014). Sin embargo, los casos de injusticias son diversos en su naturaleza, y el número de estos a nivel global asciende en la actualidad a la cifra de 3.555, según datos del Global Atlas of Environmental Justice (2021).
Escenario regional
En este contexto de la proliferación de las injusticias ambientales, América Latina y el Caribe se erige como una de las regiones en donde estas se han presentado con mayor frecuencia, considerando que para 2021 constituye la región con más escenarios de injusticias ambientales, con una cifra de 1017 casos, seguida por Asia con 999 casos, Europa con 642 casos, África con 474 casos y Norteamérica con 256 casos (Global Atlas of Environmental Justice, 2021). De modo que, a pesar de contar con una cantidad considerable de los recursos naturales del planeta, desde reservas minerales hasta la amplia diversidad biológica, sus habitantes sufren cada vez más la degradación ambiental y la explotación de recursos (Gligo et al., 2020), profundizando la ya existente injusticia social. Adicionalmente, de manera sincrónica con las tendencias mundiales, la región se ha visto permeada por el debilitamiento de las organizaciones internacionales, el proteccionismo, la preferencia del unilateralismo o bilateralismo en detrimento del multilateralismo, junto con el ascenso de la derecha radical que reivindica discursos antiglobalistas y negacionistas de los efectos de los problemas medioambientales (Nalegach y Astroza, 2020), incluyendo las inequidades socioambientales.
No obstante, la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en 2018, conocido también como el Acuerdo de Escazú, constituye una importante voluntad de los Estados latinoamericanos orientada al abordaje de las injusticias ambientales.
En particular, el tratado tiene por objetivo:
Luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la
igualdad en el centro del desarrollo sostenible. (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe [Acuerdo de Escazú], 2018, pp. 5-6) Hasta noviembre de 2021, el Acuerdo había sido firmado por 24 países, incluyendo a Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay; y de esta lista, 12 Estados han ratificado el tratado (CEPAL, 2021). Cabe mencionar, que ni Colombia, ni Brasil, ni Perú han ratificado el Acuerdo.
Estudio de Caso: la crisis socioeconómica y ambiental en la Triple Frontera
Si bien es posible observar una multiplicidad de casos de injusticias ambientales en Latinoamérica agudizadas por el escenario regional y global, uno de los casos que llama la atención es el espacio amazónico que comparten Brasil, Colombia y Perú. Esta zona hace parte del bioma amazónico1, y constituye un área de diversidad biológica y social, siendo vital a nivel local, regional y mundial dada su posición como proveedora de bienes ecosistémicos y su rol en la regulación del clima global (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). A pesar de ello, históricamente la Triple Frontera –en adelante TF–
se ha visto permeada por una confluencia de problemáticas relacionadas con la minería, la deforestación, la ganadería, el paso de recursos forestales e hidrobiológicos, el narcotráfico, así como las dinámicas de violencia y conflicto, agravadas por la debilidad institucional de los tres países en términos de políticas públicas sociales y ambientales (Zárate, 2017).
La población de este espacio amazónico se caracteriza por su profunda heterogeneidad y una gran diversidad de formas de agencia (Fontaine, 2003). En este sentido, la TF conformada por las tres ciudades de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia), y Santa Rosa de Yavarí (Perú), alberga 208.699 personas y la mayoría de la población (57%)
1 Cuya extensión de 7,4 millones de km2 abarca parte de los territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela (CEPAL, 2013).
corresponde a más de 400 comunidades indígenas (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA], 2020). Respectivamente, estas tres ciudades se ubican en los departamentos de Loreto –Perú–, Amazonas –Colombia– y el Estado del Amazonas –Brasil–, como se refleja en la figura 1. En conjunto estas zonas, cuentan con una población estimada de 5.314.293 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2020; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2020; Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020). Esta cifra se obtuvo a partir de la sumatoria de los números de poblaciones totales estimados por las distintas entidades estadísticas nacionales de cada país para 2020. Los cuales corresponden a 4.207.714 personas para el Estado de Amazonas (IBGE, 2020), 79.020 personas para el departamento del Amazonas (DANE, 2020) y 1.027.559 personas para el departamento de Loreto (INEI, 2020).
Figura 1
Mapa de los países que conforman la Triple Frontera (Brasil, Colombia y Perú)
Fuente: Recuperado de “Plan de Acción Triple Frontera Amazónica” (p. 4), por Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA], 2020.
A lo largo de su historia, la situación sociopolítica de estas comunidades ha estado acompañada de serios conflictos provocados en parte por los intentos de consolidación estatal a través de la imposición de la distinción entre las tres amazonias sobre las poblaciones locales (Zárate, 2017). De esta manera, al proyectarse un enfoque militar predominante para estos fines, se incurrió en la destrucción de los recursos y entornos naturales gestionados por comunidades indígenas, y el desconocimiento de sus saberes (Vega y Lafosse, 2017). Lo que ha limitado “la posibilidad de pensar la Amazonía y sus habitantes como integrantes capaces de jugar un rol preponderante en el desarrollo de la sociedad en su conjunto” (Betancourt y Simmonds, 2013, p. 384).
Asimismo, la TF, pero especialmente el lado de Colombia ha sido caracterizado como un área de precariedad estatal en términos de justicia, seguridad y aseguramiento del acceso a servicios públicos como la energía, alcantarillado y agua potable (Trejos, 2015). Esta debilidad estatal, se ha acentuado a la luz de fenómenos como el conflicto armado. En particular, previamente a la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, existía una disputa entre grupos narcotraficantes, las fuerzas armadas, y las FARC, los cuales se enfocaban en la destrucción de oleoductos, produciendo innumerables muertes, pero también graves consecuencias socioambientales (Zárate, 2017).
Dicho escenario del conflicto ha suscitado la preocupación de los países vecinos de Colombia, los cuales también han optado por una visión militarizada (Zárate y Aponte, 2020;
Vega y Lafosse, 2017); la cual se ha desplegado no solo respecto al conflicto colombiano, sino también frente a otras problemáticas propias de estos países. De esta manera, desde la perspectiva de Brasil, la Amazonía constituye un escenario destinado a ser protegido a nivel ambiental y de la seguridad dada su importancia estratégica por su potencial de desarrollo (García, 2018; Londoño, 2015); en este sentido, según García (2018) el país considera los asuntos del narcotráfico, la extracción informal de madera y minerales, el tráfico de especies, la biopiratería y la comercialización ilegal de armas. Para abordar estas encrucijadas se han desplegado operaciones como Ágata 1 a través de la presencia de 3000 miembros de la fuerza armada brasileña, bajo la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016).
En cuanto a Perú, la degradación ambiental amazónica en términos de la tala indiscriminada y el contrabando de madera han sido catalogados como delitos ecológicos que van en contravía de su desarrollo nacional (Vega y Lafosse, 2017). No obstante, la problemática que genera más preocupación al país corresponde al tráfico de drogas (García, 2018). De esta forma, durante la presidencia de Pedro Kuczynski (2016-2018) se concibió la Estrategia Nacional de Lucha para el Control de las Drogas, así como la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza; las cuales no buscan solamente combatir el problema de las drogas, sino aproximarse en términos sociales y económicos a la ciudad de Santa Rosa de Yavarí, dada la asimetría frente a las dinámicas urbanas de Leticia y Tabatinga (García, 2018).
En este contexto, el enfoque militarizado –pero con ciertos matices– desplegado hacia la TF motivado por el discurso de la protección de la soberanía, ha supuesto también el descuido en las políticas públicas socioeconómicas y medioambientales (Hurtado y Aponte, 2017; Zárate y Aponte, 2020; Zárate, 2017). Sumado a esto, “el predominio de un patrón arriba-abajo (top-down) en la política pública impide la inclusión de las particularidades territoriales y de las demandas locales en la acción pública” (García, 2018, p. 61). Asimismo, es importante considerar que, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la presencia de actores no estatales que promueven la violencia, la explotación informal de madera y minerales, el narcotráfico, la comercialización de especies, entre otros fenómenos, continúan vigentes en la TF (Guio, 2018). Ante ello, la perspectiva militar predominante de los Estados es una constante en la región.
Simultáneamente, otras problemáticas han impactado la TF; en particular, aquellas vinculadas con las operaciones de corporaciones establecidas y la promoción de actividades como la minería y la agricultura, con la aprobación de los gobiernos, principalmente de Brasil y Perú. De esta manera, respecto a Brasil, durante la presidencia de Michel Temer (2016- 2018) se generaron fuertes debates en torno al decreto propuesto por el gobierno para abrir varias zonas de la Amazonía a las empresas mineras (Londoño y Sims, 2017).
En cuanto a Perú, sobresale la situación de la vulneración de la salud, acceso al agua potable y alimentos, a causa de los derrames de petróleo producidos en 2014 y 2016 y la consecuente contaminación con mercurio, plomo y cadmio, en Loreto por la empresa Petroperú (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2017). El Estado aseguró que las demandas presentadas ante la CIDH debían ser rechazadas, dado que ya se habían tomado las medidas cautelares necesarias; no obstante, de acuerdo con la resolución de la CIDH (2017), las acciones estatales en relación con aspectos sanitarios y la atención médica, no han sido persistentes.
En conjunto, estas situaciones han impactado de distintas formas a la TF y esto se refleja en varias estadísticas socioeconómicas. En general, los indicadores de desarrollo económicos de la población han sido deficientes respecto a los promedios nacionales; por ende, “la pobreza estructural puede alcanzar a más del 80% de la población en la región, y los niveles de informalidad son extremadamente altos, llegando casi al 100% en algunas zonas rurales” (OCHA, 2020, párr. 9). De este modo, existe una alta tasa de mortalidad infantil de 46,9 por cada 1000 nacimientos; la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, que oscila entre el 16% y 44%; asimismo, el 59% de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria (OCHA, 2020).
Respuestas a nivel internacional y local ante los desafíos amazónicos
Frente a las problemáticas revisadas, los tres Estados han emprendido esfuerzos mancomunados para intentar aproximarse a la TF. En este sentido, una de las primeras iniciativas de cooperación internacional es el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) firmado en 1978 por los 8 países amazónicos –Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela–, el cual dio lugar años más tarde a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en 1995.
En este escenario, de acuerdo con el Tratado de Cooperación Amazónica (1978), los Estados reconocen la idea de hallar un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, la dimensión de la seguridad continúa siendo preeminente, considerando que en la práctica el principal objetivo que se ha reflejado es el “de desarrollar instrumentos para la preservación y el desarrollo de seguridad integral del Amazonas”
(Pastrana, 2016, p. 207).
Adicionalmente, la transformación de las dinámicas amazónicas se atribuye a las ONG y a la sociedad civil que con financiación recibida de la Comisión Europea y de entidades de cooperación de países como Austria, Dinamarca y Holanda, se encargaron de gestionar reuniones entre los tres países y crear agendas de manera autónoma (Betancourt y Simmonds, 2013). En este sentido, es posible observar la atención prestada por instituciones de ayuda de otros países, como la Agencia Francesa para el Desarrollo, que financió el proyecto TerrIndígena (2021-) con una cantidad de 5.7 millones de euros para el fortalecimiento de mecanismos de gobernanza indígenas en la Amazonía Brasileña; al igual que proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente por un valor de 70 millones de dólares, con el objetivo de generar fuentes alternativas de ingreso basadas en el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y locales (Vieira y Folly, 2021).
En 2019, a raíz de los incendios en la Amazonía que dejaron un total de 2,5 millones de hectáreas quemadas según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) (Greenpeace, 2019), se promovió la creación del Pacto de Leticia por la Amazonía.
De esta forma, el Pacto propone el fortalecimiento de “la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, así como para luchar contra la deforestación y degradación forestal, con base en las políticas nacionales y sus respectivos marcos regulatorios” (Pacto de Leticia por la Amazonía, 2019, p. 2). Sin embargo, su efectividad en la práctica aún se encuentra en evaluación.
Pregunta de Investigación
En suma, las diversas poblaciones amazónicas y sus ecosistemas se han visto profundamente afectados ante la compleja confluencia de problemáticas sociales y ambientales; al mismo tiempo que se han evidenciado respuestas a nivel local y regional.
Teniendo en cuenta que la justicia ambiental se refiere a normas y valores culturales, regulaciones, comportamientos, políticas y decisiones orientadas al apoyo de comunidades donde las personas tienen la plenitud de interactuar con un ambiente sano, seguro y productivo (Bryant, 1995). En este sentido, la pregunta de investigación propuesta para este trabajo es la siguiente: ¿De qué manera se ha gestionado la justicia ambiental en el espacio amazónico conformado por Colombia, Brasil y Perú, desde el enfoque de la cooperación internacional durante el periodo 2016-2021?
Objetivos
Objetivo general:
Explorar la forma en que Brasil, Colombia y Perú han intentado abordar las problemáticas socioambientales en el espacio amazónico que comparten, desde las instancias de cooperación internacional durante el periodo 2016-2021, tomando como punto de referencia las dimensiones de la degradación ambiental y las características socioeconómicas de la población, en el marco de la justicia ambiental.
Objetivos específicos:
1. Explorar las posibles causas subyacentes a las injusticias ambientales en la TF, comprendiendo que son procesos con raíces históricas relevantes;
2. Exponer el impacto de los procesos extractivistas sobre las poblaciones locales de la TF y los entornos que habitan;
3. Analizar la pertinencia de las iniciativas de cooperación internacional frente a la problemática socioambiental de la TF durante el período 2016-2021.
Justificación
Tradicionalmente las dinámicas transfronterizas y los conflictos socioambientales han sido abordados desde conceptos como la seguridad multidimensional, enfatizando en su arista ambiental desde las relaciones internacionales. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de la degradación ambiental y las condiciones socioeconómicas en la Amazonía, es relevante brindar otra perspectiva desde el enfoque de la justicia ambiental. Asimismo, de acuerdo con Holifield (2001) preguntarse por la existencia de injusticias ambientales, implica preguntarse si las comunidades expuestas a riesgos ambientales desproporcionados están recibiendo la atención y recursos necesarios. Por ello, es importante examinar no solo las causas de la problemática en cuestión, sino también la forma en cómo los Estados han intentado responder a esta.
En este escenario, desde el plano teórico y conceptual, no se puede negar el profundo énfasis de las relaciones internacionales (RRII) en el concepto del poder. No obstante, el poder y la justicia social no se contraponen necesariamente, pues los medios de poder pueden encauzarse en favor de cuestiones morales relevantes (Penz, 1997), como los conflictos socioambientales. De este modo, desde la disciplina de las RRII se considera adecuado adoptar una postura desde el pensamiento crítico, considerando que la teoría crítica se distancia del orden imperante del mundo y se pregunta por el surgimiento de este (Cox, 2013). Por ende, desde esta visión se posibilita analizar tanto las raíces de las injusticias ambientales, como las estrategias desplegadas para abordar esta situación.
A nivel empírico, la selección del estudio de caso en torno a la TF es relevante por las siguientes razones. Según Davila (2020) esta zona es particular por la voluntad de Iván Duque –Colombia– y Martín Vizcarra –Perú–, manifestada en la creación de nuevas iniciativas de cooperación internacional; asimismo, se destaca la visión de Jair Bolsonaro,
que niega la importancia de las problemáticas ambientales, al mismo tiempo que reivindica la soberanía brasileña sobre la Amazonía. Finalmente, la atención hacia la región amazónica ha experimentado un auge desde los incendios y deforestación provocados en 2019, pero también se ha resaltado el impacto de otros fenómenos como la minería ilegal y la presencia de actores no estatales que ejercen este tipo de actividades.
Metodología
El método científico en las ciencias sociales es entendido como un conjunto de herramientas utilizadas para construir conocimiento, explicar fenómenos o vincular ciertos hechos (Lafuente y Marín, 2008). Al interior del paradigma de la justicia ambiental, los estudios se han enfocado principalmente en el uso de datos estadísticos y geográficos para hallar o no la existencia de las injusticias ambientales, como la propuesta desarrollada por Bosque y Rivas (2010), quienes se apoyan en las Tecnologías de Información Geográfica – SIG–, sensores remotos y análisis estadístico.
Sin embargo, una de las grandes críticas al campo de la justicia ambiental es que los estudios se han limitado a determinar esas existencias, sin indagar sobre las causas de fondo de estas problemáticas. Por ello, se propone conducir la investigación a través de un enfoque cualitativo, desde el cual se concibe “el conocimiento como una acción situada, es decir, como el producto de un trasfondo corporal e histórico en el cual se articulan saberes y prácticas, con artefactos, espacios y tradiciones que hacen parte de una forma de vida”
(Sandoval, 2013, p. 38).
Teniendo en cuenta esto, las razones que motivan la elección de este método involucran una consideración de las críticas e indicaciones metodológicas hacia la forma de investigar en el paradigma de la justicia ambiental (Wingberg, 1998; Boerner y Lambert, 1995). En particular, la investigación cualitativa, al interesarse más en la interpretación de los sentidos sociales que los actores asignan a los distintos fenómenos (Pedraz et al., 2014) resulta un marco coherente para comprender las raíces estructurales de las injusticias
ambientales. Adicionalmente, dado que el periodo de interés para el caso de estudio es reciente (2016-2021), el marco cualitativo es pertinente porque la revisión de literatura puede complementarse en cualquier etapa de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.8).
El método principal para el desarrollo de la investigación es la investigación documental. Comprendiendo que esta es una herramienta relevante de acceso a la información para aproximarse al caso de estudio y para conocer los antecedentes de una situación (Hernández et al., 2014). En específico, se utilizan: las fuentes teóricas en materia de la justicia ambiental; datos empíricos y reportes realizados sobre la degradación ambiental y las condiciones socioeconómicas de las poblaciones de la TF; así como artículos en portales de noticias relacionados con las políticas desplegadas hacia los departamentos y ciudades que conforman la TF.
En este sentido, primero, los parámetros a utilizar para la elección de los textos comprenden la inclusión de nociones cómo degradación ambiental y/o conflictos socioambientales en los departamentos del Amazonas y Loreto, y el Estado del Amazonas ubicados en el bioma amazónico2; en particular se buscan informes sobre el extractivismo, la deforestación y sus respectivos impactos en los recursos naturales de la región. Segundo, se consideran los textos en libros y artículos de revista académicos que explican la articulación de fenómenos económicos con las consecuencias socioambientales. Tercero, se incluyen pronunciamientos y textos de los acuerdos sobre la cooperación internacional en el espacio amazónico, en los cuales se involucren los tres países durante el periodo de interés (2016- 2021). Cuarto, se incluyen fuentes secundarias sobre otros procesos relacionados con la problemática socioambiental en la TF, que puedan brindar información pertinente sobre el estudio de caso.
2 Esto, principalmente se plantea teniendo en cuenta la dificultad de hallar datos socioeconómicos y ambientales, específicamente, para las ciudades de Tabatinga, Leticia y Santa Rosa del Yavarí.
CAPÍTULO I – Marco Conceptual
Dada la naturaleza del estudio de caso y su fuerte relación con problemáticas socioambientales, la implementación de la justicia ambiental como concepto es crucial para el entendimiento de los conflictos ambientales en la TF. Asimismo, se requiere de una perspectiva que involucre no solo la forma de agencia de los Estados, sino de las comunidades locales, considerando que el enfoque de la justicia ambiental se despliega principalmente sobre las últimas. De esta manera, este capítulo presenta la siguiente estructura: primero, las definiciones centrales, objetivos y críticas de la justicia ambiental;
segundo, las categorías que orientan la identificación y análisis de las injusticias ambientales;
tercero, la forma en que se concibe la cooperación internacional desde la investigación.
1.0. Orígenes, conceptualización y propósitos de la justicia ambiental
Antes de explorar las definiciones de justicia ambiental, es necesario comprender que si bien existen nociones de justicia social que sientan las bases de este concepto, la justicia ambiental adquirió importancia inicialmente como un movimiento social “en respuesta a las inequidades ambientales, amenazas a la salud pública, protección desigual, restricciones diferenciales y maltrato recibido por los pobres y personas de color” (Bullard, como se citó en Pacheco, 2007, p. 5). Específicamente, las movilizaciones emprendidas en Warren, Carolina del Norte –EE. UU.–, uno de los condados más pobres del país, con una población afroamericana del 65 por ciento, captó la atención del público, los gobiernos y la academia (Nyseth y Pellow, 2014). Sin embargo, según Pellow (2000) las injusticias ambientales han acompañado a la humanidad a lo largo de su existencia, y la localización de desechos tóxicos identificada desde la Segunda Guerra Mundial no ha sido su única manifestación.
En este escenario, de acuerdo con Bryant (1995) la justicia ambiental se refiere a las normas culturales y valores, reglas, regulaciones, comportamientos, políticas y decisiones orientadas al apoyo de comunidades en las cuales las personas tienen la plenitud de interactuar con un medioambiente sano, seguro y productivo. Sin embargo, es relevante tener
en cuenta que esta no es la única conceptualización posible, de hecho, su definición resulta compleja en vista de que la justicia ambiental encapsula distintas dimensiones. En específico, esta noción “combina factores sociales, políticos y económicos, y son todos estos factores los que contribuyen a la relación positiva […] entre las comunidades más desfavorecidas y los efectos ambientales negativos” (Arriaga y Pardo, 2011, p. 642). No obstante, debe diferenciarse de otros conceptos similares, como el racismo ambiental que explica la desigualdad ambiental en términos de la exclusión o discriminación racial; y la equidad ambiental que enfatiza en el aspecto de la distribución inequitativa del poder y los recursos en la sociedad (Pellow, 2000).
Si bien es necesaria la diferenciación entre estas nociones que abordan diferentes problemáticas, según Schlosberg (2007), las estructuras de poder y los sistemas sociales, son quienes han dado lugar a todo tipo de injusticias ambientales, incluyendo las de carácter racial. De ahí que la injusticia ambiental no puede ser considerada como una serie de eventos o acciones particulares de discriminación; sino como un proceso que ocurre cuando diferentes actores entran en conflicto por el acceso a recursos escasos, resultando en una dinámica donde los costos y beneficios de la explotación de dicho recurso se distribuyen de manera desigual (Pellow, 2000).
Por tal motivo, es posible observar en la literatura marcos como el de Nyseth y Pellow, (2014) el cual establece tres categorías de causas de estas problemáticas socioambientales: explicaciones económicas –usualmente enfocadas en el sistema económico dominante–, explicaciones sociopolíticas –considerando la marginalización y la exclusión de la participación política de ciertas comunidades– y la discriminación racial – enfatizando en la discriminación de carácter institucional–. Adicionalmente, ambos autores no se limitan a estas tres categorías, sino que buscan ampliar su marco al incluir dimensiones como el género, clase, sexualidad, ciudadanía, capacidad física, indegeneidad, espacio y especies.
Uno de los principales propósitos del entendimiento de la justicia ambiental tanto en los escenarios del activismo, como los de la academia, es atraer y encauzar la atención de los gobiernos del mundo hacia el planteamiento de soluciones frente esta problemática. En este sentido, la distribución de los efectos negativos sobre el medioambiente de las actividades humanas, y de los efectos positivos de las regulaciones estipuladas para limitar estas acciones, han sido un objetivo central en el campo de este concepto (Arriaga y Pardo, 2011;
Bullard, 1990; Hervé, 2010).
Desde la academia, el estudio de la justicia ambiental se interesa por la inclusión de nuevos factores y ejes analíticos; en el movimiento ambiental es el primer conjunto de trabajos que aborda la relación humanidad-naturaleza en términos de clase, raza, género, y también como una combinación de estas variables (Taylor, 2000). Esta noción distribucional, también tiene que ver con la idea de equidad intra-generacional –es decir, la justa distribución de bienes, servicios, recursos naturales y costos ambientales en la misma generación, entre países y entre grupos de personas–, y con la equidad inter-generacional – la justa distribución entre varias generaciones de humanos– (Pérez, 2018).
1.1. Debates relevantes y críticas del paradigma de la justicia ambiental
Una de las discusiones más representativas en el paradigma de la justicia ambiental, es su debate con el medioambientalismo. Para ilustrar esto, Gutiérrez (2014) señala que el paradigma de la justicia ambiental no acepta la división entre la sociedad y el ambiente, pues busca establecer una relación entre problemas sociales y ambientales en contraposición a algunas visiones del medioambientalismo que han abandonado el elemento crítico de la justicia social, ajustando las luchas ecológicas, para que no interfieran con los modos tradicionales de ejercer el poder. De hecho, el movimiento ambiental que surgió en Estados Unidos fue criticado al promover agendas dirigidas, en mayor medida, por personas de ingresos medianos-altos y blancas (Bullard y Wright, 1986). Por ello, si bien el ambientalismo y la justicia ambiental podrían parecer aliados naturales al tratar cuestiones
similares, desde el principio han sido más proclives al conflicto, que a la cooperación (Sandler y Pezzullo, 2007).
Otro debate relevante, tiene que ver con las cuestiones metodológicas y la naturaleza de las preguntas que se buscan responder. Esta discusión, puede encontrarse a lo largo de los distintos estudios que utilizan este concepto. En particular, se halla en la diferenciación entre aquellos trabajos que buscan definir si existe o no una injusticia ambiental en determinados casos, y aquellas investigaciones que se enfocan en las raíces del problema.
Según Weingberg (1998) en el núcleo de este debate se realizan dos preguntas: por un lado, ¿existen comunidades desproporcionadamente expuestas a los desechos tóxicos? Por otro lado, ¿de qué manera se ha llegado a estas situaciones donde ciertos grupos sociales resultan más expuestos a estos riesgos? De acuerdo con el autor, la primera pregunta ya ha sido ampliamente respondida, no obstante, se han encontrado serias dificultades al definir si los motivos son raciales o económicos. A pesar de ello, existen investigaciones relevantes que podrían situarse como respuestas a la segunda pregunta como la de Okereke (2006) quien analiza la instrumentalización de los principios de justicia ambiental, por y para intereses neoliberales dominantes, en los escenarios de los regímenes internacionales.
Respecto a las críticas realizadas hacia el concepto de la justicia ambiental, en primer lugar, dicha noción ha sido ampliamente cuestionada desde sus orígenes, sobre todo en relación con su aplicación e introducción a través de políticas públicas. Por ejemplo, Holifield (2001) indica como la orden ejecutiva 12898 en EE. UU. expedida durante el mandato de Bill Clinton en 1994, promueve una interpretación de la justicia ambiental como la continuación de la producción de desechos tóxicos y daños ambientales, siempre y cuando estos no afecten de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables. En este sentido, existen autores que incluso sugieren descartar por completo el enfoque de la justicia ambiental, porque si bien las metas de equidad ambiental y social no dejan de ser deseables, estas nociones no son centrales en las deliberaciones de los formuladores de políticas (Douglas, 2008).
En segundo lugar, existen críticas que no apuntan específicamente al concepto de la justicia ambiental, sino que abarcan al movimiento ambientalista en general. En particular, Dawson (2001, como se citó en Arriaga y Pardo, 2011) argumenta que, a pesar de que los movimientos en favor del medio ambiente han unificado a la sociedad en determinados momentos, el surgimiento de la justicia ambiental puede generar divisiones profundas, considerando que esta última noción refuerza la idea de un señalamiento por parte de las víctimas hacia los culpables. O bien, como lo señala Lopes de Souza (2015) el análisis de agresiones contra los bosques y manantiales y la reivindicación de la protección ambiental pueden ser instrumentalizados o ser sujetos de apropiación por parte de entidades fiscales con el propósito de ejercer poder en determinadas zonas geográficas.
En tercer lugar, otras críticas apuntan al carácter antropocéntrico de la noción de la justicia ambiental, resaltando que “las personas representan el centro de la interacción entre las dimensiones de lo social, económico, político y ecológico, en vez del dañado ambiente físico” (MacDonald, 2002, como se citó en López, 2014, p. 264). No obstante, de acuerdo con Agyeman (2005) el movimiento de la justicia ambiental ha recibido esta crítica, porque su enfoque en lo social es una respuesta al énfasis tradicional del medioambientalismo en la naturaleza. Siendo uno de sus puntos más fuertes, el interés de movilizar la lente desde el medio ambiente hacia la importancia de los individuos, especialmente a las comunidades vulnerables (Kameri-Mbote y Cutter, 1996, como se citó en Arriaga y Pardo, 2011).
Por último, existe una serie de críticas en torno a las cuestiones metodológicas en el campo de la justicia ambiental. Boerner y Lambert (1995) señalan tres debilidades a propósito de los métodos de investigación. Primero, ambos cuestionan la definición y elección de los grupos a estudiar en el caso de Estados Unidos, considerando que resulta poco lógico denominar minoría a toda una comunidad constituida por un gran porcentaje de blancos, respecto a un bajo porcentaje de afroamericanos. Segundo, indican que los estudios han ignorado la densidad poblacional, al concentrarse exclusivamente en los impactos ambientales que afectan a los residentes de medianos a bajos ingresos. Tercero, argumentan
que los trabajos realmente no han indagado sobre la profundidad y naturaleza de los riesgos asociados a vivir en zonas de alta exposición a desechos tóxicos, dada la falta de información.
Teniendo en cuenta las nociones desglosadas hasta el momento, desde el punto de vista de este trabajo, se considera que es necesario ubicar y explicar las causas estructurales de la injusticia ambiental. Por este motivo uno de los objetivos específicos involucra una revisión de los antecedentes más relevantes para el estudio de caso. En particular, se argumenta que los factores subyacentes a esta problemática no pueden limitarse a una sola variable, un solo actor, o un único momento histórico, la realidad es mucho más compleja e involucra diversas dimensiones que se entrelazan a nivel global, regional y local.
Adicionalmente, a raíz de las críticas exploradas, surgen varias cuestiones que pueden guiar el análisis del caso específico. Por ejemplo, ¿cómo evitar la instrumentalización del concepto de la justicia ambiental? ¿cómo hallar un equilibrio entre la importancia que se brinda a la dimensión social y a la dimensión ambiental en el análisis?
1.2. Selección de categorías para el análisis de las causas de las injusticias ambientales
Para este trabajo la justicia ambiental se refiere a las normas culturales, valores, reglas, regulaciones, comportamientos, políticas y decisiones orientadas al apoyo de comunidades, en las cuales las personas tengan la plenitud de interactuar con un medioambiente sano, seguro y productivo (Bryant, 1995). A la luz de esta definición, la injusticia ambiental es entendida como procesos donde las comunidades más vulnerables de un territorio o región –incluyendo minorías étnicas como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas– son expuestas a riesgos socioeconómicos y ambientales, que socavan de manera desproporcionada su libertad de vivir en un ambiente sano, seguro y productivo (Arriaga y Pardo, 2011; Bryant, 1995; Pellow, 2000).
Partiendo de esta definición, el análisis se conduce por medio del marco de Nyseth y Pellow (2014) tomando como punto de referencia dos de los tres tipos de explicaciones sobre la configuración de las injusticias ambientales que plantean:
• Explicaciones económicas: normalmente se enfocan en la expansión del sistema económico imperante y cómo se distribuyen inequitativamente los impactos negativos de las actividades orientadas a mantener su crecimiento. De esta manera, Schnaiberg y Gould (2000, como se cita en Nyseth y Pellow, 2014) utilizan un modelo llamado treadmill of production para comprender la forma en que las injusticias ambientales son productos derivados del funcionamiento rutinario de los Estados y economías capitalistas.
• Causas sociopolíticas: se refieren esencialmente al bajo o nulo nivel de acceso que poseen las comunidades más vulnerables –en escenarios de injusticias ambientales–
a la participación política. A diferencia de las grandes corporaciones transnacionales o multinacionales, que se encuentran mejor posicionadas para influenciar estos procesos (Tienhaara, 2014). Al interior de esta dimensión es posible concentrarse en el hecho de que las comunidades indígenas han sido sistemáticamente excluidas de la participación en la toma de decisiones de carácter socioambiental, a su vez despojadas de sus tierras, expuestas de manera desproporcionada a la contaminación y privadas de utilizar los recursos naturales en sus territorios (Smith 2005; Angyeman et al. 2010, como se cita en Nyseth y Pellow, 2014).
De esta manera, es posible recurrir a las ideas presentadas por Ulloa (2017) quien plantea la relación entre los procesos de transformación ambiental y territorial, así como las dinámicas de extracción global y local, las cuales responden a una lógica económica particular, que promueve la apropiación y uso de “naturalezas baratas”; al mismo tiempo que desvaloriza ciertas tierras y comunidades por su vínculo con lo natural, siendo concebidas como zonas de sacrificio.
En este escenario, las resistencias y/o encuentros a raíz de estas situaciones de injusticia ambiental son concebidas como luchas ontológicas entre el mundo moderno y la diversidad de mundos, que se enmarcan en un contexto global de la transición cultural y ecológica hacia el pluriverso (Inoue, 2018); el cual es entendido como un escenario donde coexisten una diversidad de mundos (Escobar, 2015).
1.3. Cooperación internacional
Las perspectivas teóricas tradicionales en el campo de las Relaciones Internacionales como los realismos, liberalismos y constructivismos, pero sobre todo los dos primeros han privilegiado el rol de los Estados en sus análisis. Contrario a esta tendencia, las visiones críticas al observar la cooperación internacional ambiental se distancian de este estatocentrismo, desafiando la centralidad del Estado-Nación y el principio de la anarquía a la hora de comprender y explicar la política internacional (Cox, 1986; Wallerstein, 1974;
Linklater, 1996; Levy y Newell, 2002, como se cita en O’Neill, 2009).
Sin embargo, desde la perspectiva de la presente investigación, se considera que tanto el rol de los Estados, como el de los actores locales es relevante en el análisis de cómo se enfrentan las problemáticas ambientales comunes. En este sentido, según Barret (2005) si bien las comunidades locales pueden gestionar y crear alternativas sin la intervención de un gobierno, los Estados aún pueden ejercer influencia en estos escenarios; por tal motivo, los Estados pueden afectar estas acciones de manera indirecta, crear determinadas instituciones de cooperación, asignar derechos sobre un recurso a ciertos grupos, prohibir la intervención de actores externos y/o monitorear las estrategias, o bien, permitir que otras entidades realicen esta última tarea.
A la luz de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que a la hora de aproximarse a la cooperación internacional la descentralización de la autoridad es relevante (Barret, 2005), este concepto es entendido como aquellas
acciones llevadas a cabo por Estados-nación u organizaciones de éstos, actores subnacionales u ONGs de un país, con otro/s de estos actores perteneciente/s a otro/s país/es, para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional y/o en el nacional de uno o más actores. (Socas y Hourcade, 2009, p. 21)
Cabe destacar que esta definición se distancia de una forma de cooperación descentralizada, que consiste en relaciones colaborativas entre gobiernos subnacionales de distintos países, encaminadas hacia el desarrollo local sostenible (Hafteck, 2003). En su lugar, se enfatiza en la idea de una cooperación descentralizada no oficial, que corresponde a la colaboración (en términos técnicos o financieros) brindada por organismos sin fines de lucro (ONGs) (Socas y Hourcade, 2009).
CAPÍTULO II – El Origen de las Injusticias Ambientales en la Triple Frontera
El presente capítulo tiene el objetivo de hallar las raíces estructurales de las injusticias ambientales en la Triple Frontera, y por ende evidenciar la existencia de estas. Esto se realiza, a partir del entendimiento de la injusticia ambiental como un escenario en el cual las comunidades más vulnerables –afrodescendientes, indígenas y/o campesinos– son expuestas a riesgos socioeconómicos y ambientales (Arriaga y Pardo, 201; Bryant, 1995; Pellow, 2000).
De esta manera, por un lado, se presenta un recorrido histórico de los periodos más relevantes en términos económicos y sociopolíticos; con énfasis en aspectos del periodo colonial, el ciclo del caucho, los intentos de consolidación estatal y la era del neoliberalismo.
Por otra parte, se concluye con una síntesis de los rasgos más importantes de los momentos abordados y un señalamiento de las causas particulares. Cabe mencionar que a lo largo de las secciones se integran las categorías analíticas de las razones económicas y sociopolíticas derivadas del marco de Nyseth y Pellow (2014).
2.0. La colonización y la inserción de los modelos extractivistas
La historia de la Amazonía, y por tanto de la TF, ha sido impactada por los grandes procesos y eventos mundiales económicos. Ante esto, el análisis recoge varios elementos de la teoría económica del treadmill of production presentada por Schnaiberg (1980). Según este modelo, la naturaleza de las inversiones de capital conduce a una creciente demanda de recursos naturales, con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de bienestar social; sin embargo, cada vez que se repite este ciclo las ganancias aumentan, pero las condiciones socioeconómicas y ambientales de los trabajadores se deterioran; dicha situación se perpetúa en el tiempo porque a raíz de las utilidades generadas, la demanda y la presión por los recursos naturales tiende a incrementar (Gould et al., 2008).
En este sentido, los eventos que han marcado las relaciones sociales y de producción en la TF han estado profundamente relacionados con los procesos extractivistas, que
consisten en la explotación de materias primas para suplir las demandas del mercado mundial (Barclay, 2013; Bunker, 1984; Zárate, 2017). Cabe destacar que previo a la colonización e instauración del extractivismo, las comunidades indígenas amazónicas contaban con modos de subsistencia que no alteraban seriamente los ecosistemas (Bunker, 1984). Sin embargo, la colonización de América que inició a finales del siglo XV y la competencia entre las potencias coloniales de España, Francia, Holanda, Inglaterra y Portugal, por el acceso al río Amazonas, significó la destrucción de millones hectáreas de bosque y fauna, así como la aniquilación de miles de indígenas en la TF (Zárate, 2017).
En este contexto, se inicia la reducción sistemática de la diversidad biológica y las afectaciones a los suelos amazónicos, vitales para la subsistencia de las comunidades locales.
Escenario en el cual, la primera forma de extracción que dejó consecuencias ambientales irreversibles e incalculables en la región corresponde a la explotación de las denominadas drogas do sertão. Dicha dinámica, se refiere a los “productos industriales, maderables, medicinales u ornamentales, que bajo los eufemísticos lemas de la cristianización y la civilización se extraían con destino a Europa” (Hemming, 1978, como se cita en Zárate, 2017, p. 116).
2.1. El auge del caucho
Entre 1880 y 1920, la producción de caucho asciende de manera vertiginosa en el mercado global, lo que posiciona a la Amazonía como el principal proveedor del elástico que llegó a suponer el 40% de las exportaciones de Brasil (Ullán, 2004). En este sentido, el caucho se destinaba principalmente para la elaboración de calzado, globos y tubos, en las industrias de Estados Unidos e Inglaterra (Uribe, 2014). Asimismo, con el inicio de la Primera Guerra Mundial y el boom de la industria automovilística, la presión por la extracción del recurso natural aumentó considerablemente (Ullán, 2004; Uribe, 2004; Zárate, 2017).
A lo largo de esta dinámica, “diversos segmentos de la población indígena sufrieron las consecuencias de la violencia ejercida en el marco de la más completa lenidad de las autoridades estatales frente a los abusos de los extractores” (Barclay, 2013, p. 97). En particular, según Bunker (1984) las clases dominantes a nivel local establecieron modelos de extracción en respuesta a las dinámicas del mercado internacional; pero el costo de esto incluyó no solo el trabajo, sino las vidas humanas, la organización social y tecnología, así como la viabilidad ecológica de la fauna y flora que proveían a las comunidades de los recursos para su sustento.
En este escenario, se dio el establecimiento de las casas comerciales de caucho que se encargaban de esclavizar la mano de obra indígena a través de la práctica de endeude, que encadenaba de por vida al siringuero3 con el adelanto de ropa, comida o herramientas necesarias para subsistir, a precios excesivamente altos (Uribe, 2004). De acuerdo con Ullán (2004), cuando los indígenas o siringueros no lograban cumplir con las cuotas de caucho eran sometidos a castigos atroces incluyendo la muerte, dejando un saldo aproximado de 20.000 a 40.000 personas asesinadas durante este periodo (1880-1920).
Una gran parte de estos actos cometidos en contra de las comunidades indígenas amazónicas fueron perpetrados por la Casa Arana, transformada en 1907 en la Peruvian Amazon Company (Uribe, 2004; Ullán, 2014). A pesar de ello, los Estados preferían concentrarse en otras dimensiones de la problemática; especialmente se resalta el caso de Perú, que estaba más interesado en el crecimiento de la compañía considerando que podría consolidar su control sobre los territorios en disputa con Colombia (Pineda, 1987), en el escenario del conflicto colombo-peruano que tuvo lugar entre 1932 y 1933.
Cabe mencionar que los indígenas no fueron los únicos sometidos a la violencia de la Casa Arana, sino que también fueron afectados los caucheros independientes, así como los trabajadores “blancos” y “cabucos” (Gómez, 1986). Asimismo, es relevante destacar que la
3 Los siringueros son los trabajadores que se encargaban de la recolección de caucho y correspondieron mayoritariamente a miembros de comunidades indígenas (Sierra, s.f.).
reacción de las comunidades no fue la pasividad. De hecho, muchas de las personas sometidas a estas imposiciones, respondieron por medio de “su huida hacia zonas de refugio en el interior de la selva y el asalto sorpresivo a capataces y empresarios” (Gómez, 1986, p.
136). A pesar de ello, según Ullán (2004), la situación para el punto específico de la TF fue relativamente menos intensa en términos del sometimiento de las poblaciones locales a las extensas jornadas de trabajo, dada su distancia de los centros urbanos y el bajo número de mano de obra disponible allí.
A finales de la segunda década del siglo XX, el ciclo del caucho ya había concluido debido a factores como la plantación de árboles de caucho en zonas de África Sub-sahariana y Malasia por parte de Inglaterra, la creación de látex sintético en Alemania (Sierra, s.f.) y el ascenso de Asia en el mercado de este producto (Ullán, 2004). En este sentido, el interés de Estados Unidos y otras potencias en el mantenimiento de la región amazónica como la principal productora de caucho también terminó (Zárate, 2017). Asimismo, con la publicación del Informe sobre el Putumayo en 1911 y el Blue Book on Putumayo por investigadores británicos, se relevaron los actos crueles cometidos contra las poblaciones locales por la Casa Arana, suscitando el cuestionamiento internacional hacia las autoridades peruanas, por parte de Colombia y más tarde de Gran Bretaña (Uribe, 2004).
Sin embargo, este periodo no fue algo pasajero, ciertamente dejó sus huellas en las formas de relaciones sociales de producción, como lo señala Barclay (2013). Pero más allá de esto, también significó una imposición violenta y arbitraria de unos modelos económicos sobre las comunidades locales de la TF, que tuvo serias consecuencias tanto en términos de las vidas que se perdieron, la marginalización y un cambio en la relación que mantenían los individuos con su entorno y los recursos naturales. Adicionalmente, según Ramírez (2006), estas dinámicas también han potencializado los conflictos entre las comunidades locales, grupos armados no estatales, mineros y colonos, y se han manifestado a través del auge en otros productos como las pieles (1960-1970), fenómeno que generó graves secuelas en las especies nativas de la región; la explotación de oro desde los ochenta y el cultivo de coca desde finales de la década de 1980.
Por último, cabe mencionar que esta imposición sobre las comunidades locales y la degradación de sus entornos de la mano del extractivismo, se profundizó durante el proceso de construcción estatal fomentado por las repúblicas, desarrollado desde mediados del siglo XIX (Zárate, 2017). Según López (2002), esto tuvo por objetivo la diferenciación entre las poblaciones y la introducción de sentimientos de pertenencia a la nación, mediante estrategias de incorporación a las fuerzas armadas desplegadas por los ejércitos de Brasil y Perú, y misiones llevadas a cabo por medio de la iglesia católica de Colombia.
Dicha dinámica, que pretendió la generación de la brasileñidad, la colombianidad y peruanidad sobre poblaciones indígenas –especialmente ticunas–, generó tensiones identitarias expresadas en la persistencia de prácticas tradicionales y la asimilación parcial de las identidades nacionales ligada a los Estados de manera simultánea (López, 2002). En este sentido, dado que la nacionalización no fue del todo exitosa, las comunidades indígenas quedaron relegadas “al estatus de minorías étnicas o pueblos huéspedes, llegando a formar parte de los grupos de población económica, política y socioculturalmente menos favorecidos dentro de las estructuras sociopolíticas de los diferentes estados” (López, 2002, pp. 98-99).
2.2. La era del neoliberalismo
Desde mediados de 1970, en América Latina y el Caribe inició la introducción de las políticas neoliberales (Cepeda, 2019). En particular, el neoliberalismo es entendido como una racionalidad política y económica que presenta las estrategias de la protección de la propiedad privada y la libertad de comercio, como las más adecuadas para la consecución del bienestar humano; de modo que el papel del Estado consiste en crear y preservar las condiciones o marcos institucionales, para el funcionamiento de esto, sin intervenir en el mercado (Harvey y Varela Marcos, 2007).
En el contexto de la TF, el neoliberalismo se ha expresado en la continuación del fomento del extractivismo, con el fin de satisfacer la demanda de materias primas en el
mercado mundial. En particular, esta lógica configura a la Amazonía como espacio de explotación, comercialización y transporte de los recursos minerales y vegetales que posee, ahora etiquetados como commodities, con destino al norte global (Zárate y Aponte, 2020).
Asimismo, esto viene acompañado de la desvalorización selectiva de estos territorios y comunidades por el acercamiento que poseen a sus entornos naturales, los cuales son definidos como zonas de sacrificio para la extracción desenfrenada de sus recursos desde la visión propuesta por Ulloa (2007).
En este sentido, los conflictos socioambientales como el de la TF se enmarcan en un contexto global en el que existe una lucha entre distintos mundos por preservar no solo sus territorios y recursos, sino también sus conocimientos y existencia (Inoue, 2018). Asimismo, según Escobar (2016) esto se refiere a una vasta cantidad de luchas ontológicas que adelantan las comunidades más vulnerables, frente a una lógica integradora por el mundo moderno que intenta acaparar estos mundos, pero que refleja una gran transición global hacia el pluriverso, un mundo en el que pueden existir varios mundos. De modo que, la promoción del extractivismo en estos territorios, al mismo tiempo que la supresión de las voces locales y la resistencia de estas en la TF constituyen una manifestación de estos conflictos ontológicos.
Ahora bien, casi a la par de estos procesos, hacia 1980 y 1990 los Estados, incluyendo a Brasil, Colombia y Perú, se involucraron cada vez más en las iniciativas de gobernanza ambiental globales y regionales. Tal es el caso de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, en la cual se consignó que todos los seres humanos “tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, Art. 2, 1992). Adicionalmente, a nivel nacional, estas ideas ambientalistas se incluyeron en las reformas constitucionales de Brasil en 1988, de Colombia en 1991 y de Perú en 1993, así como en la creación de ministerios e instituciones enfocadas en el ambiente (Zárate, 2017).
No obstante, según Franco (2012), las políticas públicas y macroeconómicas, los programas de desarrollo y las relaciones internacionales de estos Estados que se han
proyectado de forma creciente en el espacio amazónico que comparten. Todo esto, desde una perspectiva que privilegia el crecimiento económico a expensas de los recursos naturales amazónicos. Escenario en el cual, las políticas de reconocimiento y salvaguarda de los territorios indígenas, así como planes de bienestar social han sido relegados a un segundo plano (Franco, 2012).
En este sentido, el panorama de la TF ha sido aprovechado por corporaciones extractivistas de carácter global, local, legal, ilegal e informal, con la finalidad de extraer y comercializar materias primas como la madera, los hidrocarburos, la cocaína y los minerales (Zárate y Aponte, 2020). A pesar de ello, la situación de cada lado de la frontera tiene sus particularidades para cada país. Pero se resaltan los casos de Brasil y Perú, ya que estos han manifestado de una forma más notoria su concepción de la Amazonía “como la última frontera capaz de proveer aquellas materias primas esenciales para su crecimiento económico y el fortalecimiento de sus exportaciones” (Franco, 2012, p. 33).
En primer lugar, en cuanto a Brasil se destaca su política de faixa de frontera centrada en las temáticas de seguridad y control fronterizo que, en el escenario de la TF y específicamente respecto a los límites con Colombia, se vinculaba a la concepción del conflicto armado como la principal amenaza en este frente (Vega y Lafosse, 2017). Una visión que también ha estado asociada con lo que Rapozo (2020) identifica como la indiferencia ante los conflictos socioambientales, el interés por la apropiación de los territorios y sus recursos, y el desbordamiento de la violencia contra los líderes ambientales y las comunidades indígenas.
Con la misma visión de la Amazonía como territorio de explotación, el gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-), ha desplegado estrategias para la región que son una expresión de los procesos descritos anteriormente. En particular, según Global Witness (2020)
Las políticas agresivas del presidente Bolsonaro para impulsar la expansión de la minería a escala industrial y la agroindustria en la Amazonía tienen graves
consecuencias para los pueblos indígenas, así como para el clima global. La tasa de deforestación en los territorios indígenas está aumentando bruscamente, con una suba del 74% de 2018 a 2019 […]. A medida que Bolsonaro retrocede en la implementación de disposiciones ambientales, las redes criminales que están impulsando la deforestación de la Amazonía han sido legitimadas. (p. 12)
Esto ha redundado en una serie de escenarios de violencia identificados por el Consejo Misionero Indígena [CIMI]4, que se presentan con mayor frecuencia en el estado del Amazonas durante 2019.
Concretamente, según el CIMI (2019) a lo largo del 2019 en el estado de Amazonas se evidenciaron 5 casos de conflictos territoriales, en los cuales constantemente se involucraron agricultores que hostigaron a las comunidades locales para que estas retiraran sus reclamos. Asimismo, se presentaron 56 casos de explotación ilegal de recursos naturales en tierras pertenecientes a las personas, ya sean miembros de agrupaciones indígenas o no.
Finalmente, se reportaron 9 amenazas de muerte y 16 homicidios de indígenas que manifestaron denuncias relacionadas con la demarcación y protección de sus territorios. De modo que, estas cifras representan la aguda situación que viven las poblaciones del estado fronterizo a la luz de las políticas desplegadas por Bolsonaro; así como una configuración política que ha favorecido, de manera más explícita, el auge del conservadurismo en defensa de la propiedad privada y la agricultura en Brasil (Rapozo, 2020).
Sin embargo, cabe destacar que la introducción de estas visiones conservadoras en Brasil respecto a las cuestiones ambientales y climáticas no se atribuye exclusivamente a Bolsonaro; de hecho, según Franchini et al. (2020), desde el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) ya se había adoptado una posición más conservadora que favorece la agroindustria y la desregulación ambiental en la Amazonía, en favor del crecimiento económico. Asimismo, durante el gobierno de Michel Temer (2016-2018) se mantuvo dicha perspectiva cercana a los agronegocios y la industria del petróleo (Franchini et al., 2020).
4 Por sus siglas en portugués.
En segundo lugar, en Perú la principal actividad asociada al extractivismo es la explotación de hidrocarburos, que se desarrolló en la frontera desde la década de 1940 por la compañía Ganso Azul, dejando serios impactos ambientales (Zárate, 2017). Recientemente, según la CIDH (2019), entre 2014 y 2018 en los departamentos de Loreto y Amazonas se produjeron más de 40 casos de derrames del Oleoducto Norperuano que pertenece a la empresa Petroperú. En consecuencia, se generaron graves afectaciones a la salud de las poblaciones locales con el surgimiento de cuadros de hepatitis; situación que fue agudizada por los precarios servicios de agua potable y de sanidad, lo que condujo a la muerte de 27 niños en la frontera (CIDH, 2019).
En tercer lugar, respecto a Colombia, los procesos que han afectado al Departamento de la Amazonía, particularmente a Leticia, en términos socioambientales, son la minería y la deforestación. De esta manera, de acuerdo con datos de InSight Crime (2021), la deforestación en los departamentos amazónicos de Colombia ha aumentado desde 2016 a raíz de varios factores, sin embargo, se destaca la retirada de las FARC de la región tras la firma de los Acuerdos de Paz (Jones y Ramírez, 2021). Para el caso específico del departamento del Amazonas, se señala la presencia de redes criminales, emprendedores, grupos armados no estatales y actores legales facilitadores, los cuales promueven la tala ilegal en la TF y otras zonas, con el fin de obtener madera para su comercialización en mercados legales a nivel nacional e internacional (Jones y Ramírez, 2021).
2.3. Causas específicas de la injusticia ambiental en la Triple Frontera
A partir de los momentos históricos revisados es posible identificar las causas de las injusticias ambientales relevantes para el presente trabajo. Por un lado, respecto a la dimensión económica, de acuerdo con el modelo de Nyseth y Pellow (2014), es posible afirmar que la primera explicación de la injusticia ambiental en la TF corresponde a la introducción de los modelos extractivistas y su profundización a lo largo del tiempo,
derivados generalmente no solo de las presiones del mercado global, sino también de los nacionales, y de las posturas adoptadas por los Estados frente a estos.
En este sentido, de acuerdo con las precisiones conceptuales que orientan la investigación, desde el modelo del treadmill of production (Schnaiberg, 1980) ha sido posible describir cómo los procesos extractivistas han venido agotando paulatinamente los recursos naturales de la TF, al mismo tiempo que se destruyen y/o contaminan los ríos, las tierras y la diversidad biológica. De modo que se ha socavado no solo la subsistencia de las comunidades locales basada en los usos de estos recursos, sino que también se les ha condicionado a vivir en un ambiente cada vez más degradado.
Al respecto, para el caso de Brasil, en 2020 la deforestación en la Amazonía registró uno de los incrementos más altos de la última década del 30% respecto a 2019 (Imazon, 2021). Asimismo, Amazonas constituyó para este año el segundo estado brasileño con mayor deforestación luego de Pará, con un 17,2% (Imazon, 2021).
De igual forma, en Colombia, si bien la deforestación se redujo en un 10% entre 2017 y 2018, y un 19% entre 2018 y 2019 (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2020), en 2020 se presentó un nuevo aumento del 8% respecto a 2019 (IDEAM, 2021). Simultáneamente, para el caso específico del departamento del Amazonas la tendencia ha sido el incremento en la deforestación, con una cifra de 2.669 hectáreas deforestadas en 2020 en relación con 1.139 hectáreas en 2019 (IDEAM, 2020) (IDEAM, 2021).
En cuanto a Perú, desde mediados de 2016 hasta 2019 la deforestación tendió a la baja, llegando a una reducción del 28% a principios de 2020 respecto al año anterior (Ministerio del Ambiente [MINAM], s.f.). Sin embargo, cabe destacar que, en las primeras dos décadas del siglo XX, los departamentos de Loreto, San Martín, Amazonas, Junín, Madre de Dios y Ucayali han contado con los mayores niveles de pérdida de vegetación con un 77%
(Derecho, Ambiente y Recursos Naturales [DAR], 2021). De esta manera, según el programa
