COMISIÓN DE INTERIOR
CORTES GENERALES
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SENADO
IX LEGISLATURA
Núm. 516 23 de mayo de 2011 Pág. 1PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE Sesión celebrada el lunes, 23 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Dña. Mercedes Gallizo Llamas, ante la Comisión de Interior, para informar sobre las estrategias de atención a los proble-mas de salud mental en el medio penitenciario. (713/000965)
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Se abre la sesión a las diecisiete horas.
La señora VICEPRESIDENTA (Granado Paniagua): Se abre la sesión.
Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Interior del Senado. En primer lugar, quiero agradecer de nuevo la presencia de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, doña Mercedes Gallizo.
Antes de pasar al único punto del orden del día, vamos a proceder a la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de abril de 2011. Tienen repartida el acta los grupos parlamen-tarios. ¿Alguna objeción? (Pausa.)
¿Se puede aprobar? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
Único punto del orden del día: comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, doña Mercedes Gallizo Llamas, para informar sobre las estrategias de atención a los problemas de salud mental en el medio penitenciario.
Tiene la palabra la secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Muchí-simas gracias, presidenta.
Señoras y señores senadores, en primer lugar quiero agradecer al Grupo Socialista, que es el que ha convocado esta comparecencia, la oportunidad que me da de abordar en esta Cámara uno de los retos más importantes a los que tenemos que enfrentarnos desde Instituciones Penitenciarias, como es el incre-mento de personas con patologías psiquiátricas en nuestros centros penitenciarios.
Los trastornos mentales son en este momento la causa más frecuente de carga de enfermedad en Europa, según declara en su memoria de 2007 la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Constituyen un desafío creciente por su dimensión en términos sanitarios y por sus efectos socia-les y humanos, que repercuten a veces dramáticamente sobre el conjunto de la sociedad. En la citada memoria se establece la importancia sanitaria y social de los trastornos mentales en España y se desa-rrollan los principios y valores básicos para el abordaje y la adecuada atención de estos problemas en todo el sistema asistencial público, también en el ámbito penitenciario, donde se agudiza el problema y muestra a menudo toda su descarnada realidad.
Hace ya unos años que todos los responsables de Instituciones Penitenciarias de los países occiden-tales y especialmente de la Unión Europea han llamado la atención de la sociedad sobre el elevado número de personas con trastornos mentales que forman parte de los colectivos de penados en los dife-rentes países que integran la unión. Los datos más fiables multiplican por 2 la presencia de trastornos mentales graves entre internos si se comparan con la población general; se multiplicarían por 8 si la com-paración se hiciera con la psicosis, y si comparáramos la adicción a drogas de los ingresados en prisión con la población general lo multiplicaríamos por 15, y en determinadas sustancias como la cocaína y la heroína podríamos multiplicarlo incluso por 100.
La Organización Mundial de la Salud estima que en las sociedades occidentales la incidencia de alte-raciones psiquiátricas es hasta siete veces mayor en la población penitenciaria que en la población gene-ral. Me parece importante señalar que en las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre este particular ya en el año 1998 se sostenía —cito textualmente— que coincidiendo con el aumento de la población penitenciaria se ha ido observando un sensible incremento de algún tipo de tras-torno mental en las personas que ingresan en prisión.
En el último informe realizado por la Comisión Europea en 2007 sobre las personas con trastornos mentales que se encuentran en las prisiones europeas se advierte que alrededor del 12% de los reclusos necesitan tratamiento psiquiátrico especializado, y esta cifra va en aumento.
Las razones para explicar estas estadísticas son de diversa índole, unas de índole cultural. Como han señalado los expertos, estamos bajo la influencia de una corriente de pensamiento en la sociedad actual que pone más énfasis en la protección y en la seguridad y menos en el cuidado y la curación, en parte provocada por el tratamiento alarmista que los medios de comunicación dan a los delitos cometidos por enfermos mentales. Otras razones son de gestión asistencial, como el cierre de los hospitales psiquiátri-cos sin dar alternativas a los enfermos necesitados de este tipo de recurso. Es consistente la relación inversa entre la disminución del número de camas psiquiátricas hospitalarias y el aumento del número de presos con trastornos mentales.
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Otra razón es la deficiente coordinación entre las administraciones encargadas del manejo de estos pacientes, lo que provoca una relación aparentemente irreconciliable entre los puntos de vista de la Admi-nistración de justicia, que persigue el cumplimiento estricto de la ley, y de la AdmiAdmi-nistración sanitaria, que busca la curación y la rehabilitación como objetivo principal.
La relación entre delincuencia y marginación explica en parte la presencia de mayor porcentaje de personas con trastornos mentales en prisión, que tradicionalmente se describen asociados a la exclusión social. La relación entre delincuencia y drogadicción añade este otro e importante factor de desequilibrio mental a la población penitenciaria, el de los trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas. Todo ello explica en gran parte los elevados porcentajes de antecedentes de trastorno mental de las personas que ingresan en prisión en comparación con la población general.
Según la Organización Mundial de la Salud los trastornos mentales y del comportamiento representan el 12% de la carga de morbilidad en el mundo. Sin embargo, el presupuesto para la salud mental de la mayoría de los países es inferior al 1% del gasto total en salud. Como es evidente, la relación entre carga de morbilidad y gasto en salud es claramente desproporcionada.
En España se han realizado, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, dos estudios para conocer el número y el tipo de personas con patologías siquiátricas que se encuentran en prisión. El primero de estos estudios se hizo en el año 2006 a partir de mil historias clínicas de internos elegidas de forma alea-toria en las prisiones españolas, y el segundo en 2009 sobre una muestra de 707 internos utilizando entrevistadores específicamente entrenados y la misma metodología empleada por los estudios más prestigiosos sobre patología mental en la población general. Los resultados de ambos estudios han sido muy similares. En el momento de la entrevista, un 42,2% de los internos presentó algún tipo de trastorno mental. Las patologías más frecuentes entre los internos que están en los centros penitenciarios son los trastornos de ansiedad, un 23,3%; abuso de drogas, un 17,5% y depresiones reactivas, un 14,9%. Los trastornos mentales graves aparecen en un 4,2% de los internos.
Evidentemente, señorías, son datos que definen la dimensión del problema y acentúan la obligación de actuar en nuestro medio, el medio penitenciario, puesto que las personas sometidas a penas de prisión o a medidas alternativas hoy dependen de nuestra institución también en el aspecto sanitario.
La escasez de recursos en la comunidad para la detección de las patologías psiquiátricas, para el seguimiento de las personas que las padecen y para su internamiento en instituciones especializadas que les procuren el tratamiento requerido cuando estas patologías sean graves y no puedan ser tratadas en el ámbito familiar, deriva muchas veces en la comisión de delitos y en el internamiento de estas personas en centros penitenciarios, que en ocasiones se convierten en un recurso asistencial, cuando no están ni pen-sados ni preparados para ello, lo que, en consecuencia, se traduce en un creciente y preocupante aumento de este tipo de trastornos entre las personas que ingresan en prisión.
Como he señalado reiteradamente en diversos foros, la reforma psiquiátrica de los años ochenta —una reforma bienintencionada y basada en la desinstitucionalización del enfermo mental y su trata-miento en comunidad— no se vio acompañada de medios y compromisos para que alcanzase su objetivo. Los efectos de estas carencias en las políticas públicas de salud, junto a la ausencia de psiquiátricos civi-les, han derivado a los sistemas penitenciarios de todos nuestros países a miles de personas que debe-rían ser tratadas en instituciones especializadas. Los penitenciarios llevamos tiempo denunciando esta realidad; creo que es hora de que nos planteemos cómo hacerle frente adecuadamente.
La primera consecuencia de este fenómeno es la obligación de la Administración penitenciaria de aten-der un volumen creciente de estos enfermos en una institución que no solo no tiene los recursos adecuados para hacerlo, sino que por su concepción no es seguramente la más idónea para desarrollar estos tratamien-tos; a veces la propia reclusión en una institución tan normativizada como la nuestra agrava las patologías de estos internos. La propia Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Unión Europea y también el Minis-terio de Sanidad en nuestro país han editado recomendaciones generales para impulsar, coordinar y orientar los esfuerzos de las instituciones sanitarias públicas de manera que se garanticen en prisión las mismas oportunidades de tratamiento que tienen los enfermos mentales fuera de los centros penitenciarios.
Pero es que además de constituir una obligación por nuestra parte, por los poderes públicos, somos conscientes de que el éxito en la rehabilitación de estos internos garantizará la reducción del riesgo de reincidencia de comportamientos antisociales cuando vuelvan a la situación de libertad, sobre todo en aquellos casos —muchos casos— en los que esos comportamientos hubieran tenido relación con un trastorno mental. El adecuado tratamiento de su trastorno evitará en gran medida las conductas inapro-piadas que este produce.
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Como ustedes saben, en España, a pesar de que desde el año 2003 la Ley de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud estableció que los equipos de asistencia sanitaria que trabajan en el interior de las prisiones deberían ser transferidos a las instituciones sanitarias de las comunidades autónomas, siguen a día de hoy dependiendo del Ministerio del Interior, con las disfunciones de coordinación e inefi-ciencias que esta situación genera a la hora de mantener una continuidad asistencial con las estructuras hospitalarias y de asistencia especializada de la comunidad.
Aunque estamos a punto de formalizar el primer traspaso de competencias a una comunidad autó-noma, he de decir que no hemos encontrado una gran receptividad en la mayoría de ellas, como ya he tenido la oportunidad de referirles en otras ocasiones. Sin embargo, para garantizar un trato equitativo real de los enfermos es imprescindible que sea la misma institución que presta la asistencia a las personas cuando están en libertad la que la preste cuando están en prisión y la que continúe este tratamiento cuando salgan.
A pesar de las dificultades de toda índole que el tratamiento de los enfermos mentales en prisión plan-tea, hemos asumido el reto de abordarlo más adecuadamente. Nos lo hemos propuesto no solo como una obligación legal, sino sobre todo como una obligación moral. Hemos reorganizado todos los recursos asistenciales disponibles en prisión para tratar de asegurar el derecho a la salud de estos enfermos en el marco de la privación de libertad. Abordaré a continuación, señorías, cuáles son las estrategias que desa-rrollamos en este campo.
La institución penitenciaria ha sido siempre sensible a los problemas de salud mental en el medio penitenciario. Si bien es cierto que, por ejemplo, desde hace tiempo se ha venido trabajando en el trata-miento de los internos drogodependientes en igualdad de condiciones con el exterior, no lo es menos que no se había definido una estrategia global de actuación en salud mental. No voy a extenderme en el aspecto concreto de las drogodependencias por haber sido objeto de una comparecencia específica en octubre del pasado año en la comisión mixta en el Congreso, pero si sus señorías lo desean estoy dis-puesta a proporcionarles los datos sobre las actuaciones y programas que al respecto estamos llevando a cabo.
Desde el año 2006 venimos colaborando estrechamente con el Ministerio de Sanidad en la elabora-ción de la Estrategia de la Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, participando desde la unidad de coordinación de sanidad en su comisión de seguimiento por lo que respecta a la salud mental en el medio penitenciario.
En el año 2007, como culminación de los trabajos desarrollados en los dos años precedentes, forma-lizamos el Plan de Salud Mental de Instituciones Penitenciarias, en el que se establecieron las líneas generales que están hoy vigentes, y que son: establecer mecanismos para la detección temprana de internos en prisión con enfermedad mental, el diagnóstico y tratamiento de sus patologías, la rehabilita-ción de las discapacidades y minusvalías que presentan y la reinserrehabilita-ción socioasistencial, optimizando su reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso sociosanitario comunitario. Aunque no pode-mos convertirnos en un recurso sanitario especializado —quiero insistir en esto—, creepode-mos que debepode-mos ejercer con responsabilidad la tarea que nos corresponde: la de la detección temprana de estos casos, procurar —como he dicho— la mejor rehabilitación posible y conseguir una correcta derivación a los recur-sos asistenciales especializados de la comunidad cuando corresponda, tanto durante el tiempo de su estancia en prisión como al llegar el momento de la libertad.
De acuerdo con estas estrategias estamos desarrollando actuaciones que siguen los siguientes ejes. Por un lado, modernización de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios existentes, que como sus señorías saben están ubicados uno en Sevilla y otro en Alicante, reforzando su componente médico-asistencial.
Desde hace dos años viene actuando un grupo específico de trabajo formado por los equipos directivos de ambos psiquiátricos dependientes del sistema penitenciario y técnicos de la secretaría general, con el objetivo de potenciar al máximo el componente asistencial de estos dispositivos. Concretamente, en este momento estamos trabajando en la mejora de la estructura organizativa directiva. El análisis de la realidad del grupo de trabajo indica que la estructura directiva actual se debe acercar a la de cualquier otra institución hospitalaria, con las peculiaridades propias de un centro psiquiátrico para internados judiciales, por lo que estamos trabajando en la modificación de la estructura de la relación de puestos de trabajo de los puestos directivos de ambos hospitales psiquiátricos.
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Por otro lado, garantizar el número adecuado de personal asistencial auxiliar, para lo que hemos ini-ciado el proceso administrativo para incrementar los recursos en algunas categorías profesionales de este tipo de terapeutas y para crear otras nuevas.
También, mejoras sobre el personal especializado. Hemos enviado instrucciones para contratar en ambos hospitales penitenciarios a los especialistas que los directores consideren necesarios, obviamente en la medida de nuestras posibilidades y disponibilidades presupuestarias, para cubrir adecuadamente la asistencia.
Y, sobre todo, nos hemos propuesto evitar la sobreocupación. Sin duda, señorías, este es el principal problema. En España la proporción de camas psiquiátricas en dispositivos dependientes del sistema peni-tenciario, que está situada en nueve camas por cada mil personas recluidas, es ligeramente superior a la de los países de nuestro entorno. ¿Por qué tenemos, pues, sobreocupación de los hospitales psiquiátricos penitenciarios? Una explicación es que hay un alto número de estos enfermos que son ingresados, enten-demos que de manera inadecuada, en los centros psiquiátricos dependientes del sistema penitenciario porque la derivación a recursos asistenciales ordinarios encuentra mucha resistencia de las comunidades autónomas responsables de estos servicios.
Señorías, nos encontramos aquí con la paradoja de que una persona que es declarada inimputable y a la que se le impone una medida de seguridad de un año con internamiento en un hospital psiquiátrico penitenciario, ingresa en él a cumplir esa condena, que puede ser también de tres o de seis meses. Sin embargo, esta misma persona, si no hubiese sido declarada no responsable seguramente no habría ingresado en prisión con una condena tan baja, pero el juez consideró que no estaba en condiciones de ir a su casa y no tenía un recurso civil público al que enviarle.
En relación con esto, para tratar de adecuar los recursos a la demanda y clarificar las competencias respectivas, desde la institución penitenciaria se han creado en algunas comunidades autónomas unas comisiones de carácter oficioso con representantes de cada una de las administraciones involucradas en la asistencia de estos enfermos, la judicial, la sanitaria, la social y la penitenciaria, junto con una represen-tación de la Federación de Familiares de Enfermos Mentales de España. El objeto de estas comisiones es estudiar los casos de enfermos mentales incluidos en el sistema penitenciario que afectan a cada comu-nidad autónoma donde se ha constituido la comisión y de lo que hablaremos posteriormente.
También nos hemos propuesto la mejora de las instalaciones de los psiquiátricos. Con objeto de ade-cuar los espacios a las funciones asistenciales se ha diseñado una lista priorizada de obras que se consi-dera necesario acometer en los hospitales penitenciarios. Igualmente abordamos la mejora de criterios de calidad asistencial consensuados y de indicadores de medida de esos criterios. En enero del 2009 se comenzó un programa de formación en metodología de calidad asistencial y elaboración de criterios e indicadores de calidad para los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, que se mantendrá para conse-guir los objetivos de excelencia sobre la base de sistemas de monitorización que recogen y analizan de forma continuada una serie de indicadores de las principales áreas de actividad del hospital. Esto por lo que se refiere a los hospitales psiquiátricos.
En cuanto al conjunto de los centros penitenciarios y para atender al resto de la población reclusa aquejada de patologías psiquiátricas, se ha elaborado e implantado un programa marco de atención inte-gral a enfermos mentales en centros penitenciarios, que creo hemos distribuido entre todos ustedes, sobre la base de unos objetivos preventivos, terapéuticos y de reinserción. En los centros penitenciarios dependientes de esta secretaría general se ha puesto en marcha un programa de actuación específica al que llamamos PAIEM. Este programa marco reúne todas las directrices necesarias sobre las que los expertos están de acuerdo a la hora de abordar la existencia de los problemas de salud mental en prisión. Se trata de una visión multidisciplinaria que abre la participación a todos los profesionales de la prisión que están interesados en los enfermos y que tienen trato directo con ellos, así como una búsqueda de la equi-dad haciendo de enlace con los servicios especializados de psiquiatría de la comuniequi-dad para que puedan actuar dentro de la prisión desde el primer momento. De igual modo, las ONG o instituciones del tercer sector, que tienen un papel de mediación insustituible en la labor de reinserción social, encuentran en el PAIEM el soporte necesario para su trabajo en los centros.
El PAIEM es un protocolo del programa de atención integral del enfermo mental en prisión, una nueva metodología de actuación que facilita la realización de los cuidados de los internos con enfermedad men-tal en el conjunto de los centros penitenciarios, teniendo en cuenta su diversidad y la necesidad de dar respuesta a un problema de magnitud creciente. El objetivo general del PAIEM es la intervención con enfermos mentales graves o crónicos y se fundamenta en las necesidades detectadas en la población
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penitenciaria actual. Es un programa de atención integral que desarrolla unos objetivos terapéuticos y reinsertadores que se concretan en lo siguiente: en primer lugar, detectar, diagnosticar y tratar a todos los internos que sufran algún tipo de trastorno mental; en segundo lugar, mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales aumentando su autonomía personal y la adaptación al entorno; en tercer lugar, opti-mizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso sociosanitario comunitario.
Las líneas maestras que siguen los cuidados prestados a través del PAIEM se corresponden, como he dicho, con las recomendaciones de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, es decir, persiguen el mantenimiento de la autonomía del paciente a través de la continuidad de cuidados, facilitando su accesibilidad cuándo y dónde se necesite de una manera multidisciplinar que atienda a todas las complejas necesidades que este tipo de pacientes presenta, haciéndolo de forma equitativa, sin discriminación alguna respecto a los cuidados que se ofrecen fuera de prisión. El PAIEM pone a disposi-ción de los enfermos todos los espacios terapéuticos del centro: talleres, módulos de respeto, grupos de atención a drogodependientes, programa de discapacitados, deportes, terapeutas específicos, habilida-des sociales, etcétera, y lo hace sobre la base de la construcción de un programa individualizado de tra-tamiento y rehabilitación. El programa permite un seguimiento tutelado del proceso rehabilitador de cada interno y responsabiliza de su funcionamiento a las máximas autoridades gestoras de los centros, desde el equipo directivo hasta los responsables de sanidad y tratamiento de las prisiones. El PAIEM prevé la creación de tipos multidisciplinares en los centros impulsados por el director y los subdirectores de trata-miento y de sanidad, pero compuestos por todos aquellos profesionales que pueden intervenir en las actividades asistenciales con estos enfermos en su vida diaria en prisión: personal sanitario, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, profesionales de asociaciones, las ONG, juristas, maestros, monitores deportivos u ocupacionales y funcionarios de vigilancia. Los valores defendidos por la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud busca la recuperación personal, tanto clínica como social del enfermo, en un clima de corresponsabilización de las instituciones implicadas en un tratamiento de cali-dad. La intervención sobre el enfermo con un trastorno mental grave que, insisto, es el objetivo prioritario del PAIEM, implica tres procesos complementarios que requieren ser promovidos de forma específica. El primero, en el que se ha hecho un mayor énfasis hasta ahora, tiene que ver con los aspectos clínicos del trastorno, la recuperación de la salud en sentido estricto. En esta fase, son los profesionales de corte sanitario los que mayor implicación van a tener dentro del equipo: psiquiatra en su caso, médico, enfer-mero, psicólogo. El segundo es un proceso de cambio y de rehabilitación orientado a superar los efectos negativos que en muchos casos tienen los trastornos mentales sobre la persona. En él intervendrán miembros del equipo multidisciplinar de perfil resocializador: educador, maestro, terapeuta ocupacional y también los funcionarios de vigilancia. El tercero es la continuidad del tratamiento, cuidados y apoyo una vez que el interno con enfermedad mental abandona el centro penitenciario. En la preparación de esta fase intervienen profesionales que tienen conexiones con los recursos externos: psiquiatra, mediador de las ONG y trabajadores sociales.
Una figura importante en la rehabilitación de los internos con enfermedad mental es la que denomina-mos interno de apoyo. Hedenomina-mos creado una red de colaboradores del programa entre los propios internos cualificándoles para desarrollar una tarea de apoyo a la realización de este programa. Estos internos reci-ben una formación específica por medio de un curso de trescientas horas de duración organizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y obtienen así la titulación de auxiliar de enfermería en salud mental y toxicomanías. Entre las funciones de los internos de apoyo se encuentran las de integra-ción, soporte y supervisión de la evolución del interno. Hasta el momento han recibido esta formación 225 internos. En la actualidad se está desarrollando la cuarta edición del curso formativo en los centros de Córdoba, León, Madrid VI y Valencia, asistiendo un total de 80 internos de diferentes centros y estando prevista su finalización en julio o agosto del 2011. En este momento el organismo autónomo Trabajo Peni-tenciario tiene contratados a 72 internos para desarrollar esta función, quienes perciben un salario de algo más de 300 euros mensuales y están de alta en la Seguridad Social.
Actualmente, el PAIEM se desarrolla en el 89,5% de los centros penitenciarios, sesenta centros sin contar los psiquiátricos, los centros de inserción y las secciones abiertas, establecimientos estos en los que no se desarrolla este programa, en algunos casos por razones obvias.
En total, aproximadamente 1453 internos están incluidos en actividades de rehabilitación y reinser-ción, lo que se corresponde con el 2,8% de la población penitenciaria de estos centros, la población de régimen cerrado y ordinario.
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En algunas ocasiones he señalado que una parte importante de los incidentes que se producen en las prisiones tienen como protagonistas a personas con patologías psiquiátricas.
En la medida en que el programa de atención se extiende y se consolida, señorías, también mejora-mos la convivencia en el interior de los centros. La evaluación cualitativa del programa a través de entre-vistas con diferentes responsables del mismo nos revela que las impresiones de los equipos directivos recogidas en los centros son positivas. Los informes señalan que los incidentes de seguridad protagoni-zados por internos con trastornos mentales han descendido. Los funcionarios están más motivados y asumen con naturalidad la relación con determinados enfermos, contribuyendo a crear espacios terapéu-ticos en los centros. Los profesionales con labores asistenciales se encuentran más apoyados y compren-didos por el resto de profesionales. Su impresión es que los enfermos están más integrados, más estabi-lizados y controlados dentro del PAIEM; tienen mayores oportunidades para la derivación especializada y la reinserción socioasistencial una vez que alcanzan la libertad.
Nada más lejos de mi intención, señorías, que transmitir una imagen demasiado optimista de los resul-tados que vamos obteniendo. Sabemos que nos enfrentamos a un problema complejo en el que confluyen muchos elementos que nos trascienden y, ante todo, nos preocupa el número de personas con estas patologías, sobre todo en el caso de las patologías más graves que ingresan en prisión. Obviamente un número muy importante de estas personas dificulta la atención personalizada.
Otra de las tareas que hemos acometido ha sido la creación de comisiones mixtas entre la Adminis-tración penitenciaria, la sanidad autonómica, el poder judicial y las asociaciones de familiares de enfermos mentales con el fin de realizar un estudio y valorar la situación de las personas sometidas a medidas de seguridad ingresadas en los psiquiátricos penitenciarios a fin de propiciar su integración a medio plazo en los dispositivos asistenciales comunitarios. Como les dije antes, hemos detectado que hay un exceso de ingresos en psiquiátricos penitenciarios que quizá podrían evitarse si hubiese otros dispositivos prepara-dos para acoger a estas personas.
Las primeras comisiones han sido ya creadas en las comunidades de Madrid, País Vasco, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares a iniciativa de Instituciones Penitenciarias. Estos equipos han mantenido reuniones periódicas sobre la situación de este tipo de enfermos, enfermos que, siendo de esas comunidades, se encuentran ingresados en algunos de nuestros dos hospitales psiquiátricos peni-tenciarios. Se trata de unos grupos de trabajo, que se ha acordado denominar comisiones de análisis de casos, en los que se repite una misma composición: un representante de la Administración de justicia, otro de la Administración sanitaria, otro de la social, de la penitenciaria y, finalmente, otro de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental.
Algunas de las conclusiones más importantes de estos trabajos hasta el momento son las siguientes: los hospitales psiquiátricos dependientes del sistema penitenciario se encuentran sobreocupados porque soportan una excesiva derivación de enfermos que han entrado en el sistema judicial pero que no encajan en el perfil clínico de un enfermo mental que precisa asistencia hospitalaria. Las causas de esta derivación inadecuada son múltiples: descoordinación entre la Administración judicial, penal y socioasistencial; estig-matización de estos enfermos que causan rechazo en los recursos comunitarios de los que podrían bene-ficiarse; presión social ante la enfermedad mental, como también dije antes, pues prima la seguridad frente a la rehabilitación; ausencia de políticas de prevención y control de la enfermedad mental en pacien-tes crónicos con una red de apoyo social deficitaria, lo que provoca que estos enfermos acaben empeo-rando y teniendo comportamientos antisociales, en ocasiones reiterados y, finalmente, graves.
Se ha realizado una base de datos que recoge variables sociales, clínicas y judiciales entre los enfer-mos sometidos a medidas de seguridad de cada una de las comunidades autónomas participantes en los grupos de trabajo y que ingresaron en los dos psiquiátricos penitenciarios con el fin de conocer las cir-cunstancias que han afectado a su ingreso en el sistema. Se han recopilado una serie de reflexiones consensuadas entre los miembros de las comisiones de análisis de casos respecto a la asistencia de los enfermos sometidos a medidas de seguridad. Estas reflexiones, entre otras, son las siguientes: no se han aportado datos que demuestren un aumento del riesgo para la seguridad en comunidad, al actuar pri-mando la derivación del enfermo mental sometido a medidas de seguridad hacia recursos más asistencia-les frente a otros de mayor control. Una adecuada derivación reduce la reincidencia, ahorra costes socia-les y económicos, y para ello se precisa la creación de mecanismos estabsocia-les de coordinación entre administraciones. Como les digo, esta es una experiencia que viene funcionando desde algunos meses en algunas comunidades autónomas en las que estamos iniciando un camino que creo que va a ser muy provechoso para todos.
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Otro aspecto al que prestamos atención es el de la formación continuada tanto de los funcionarios de vigilancia como de los profesionales dedicados a la intervención terapéutica en las prisiones en el área de salud mental. Toda la Estrategia de Salud Mental de la secretaría general no podría desarrollarse sin potenciar la formación continuada de aquellos profesionales que desarrollan una labor más asistencial con estos enfermos. Para estos profesionales, médicos, enfermeros y psicólogos, se convoca un curso de sesenta horas cada seis meses desde hace cuatro años. Un total de 246 profesionales han pasado por esta actividad formativa hasta la fecha. El programa del curso y los docentes son específicos del medio penitenciario. La evaluación de la formación hasta el momento ha sido excelente y actualmente estamos remodelando la metodología del curso para combinar sesiones presenciales con sesiones telemáticas y poder así ampliar la duración de la actividad a cuatro semanas. Todos los cursos que se imparten en la institución a cualquier colectivo, ya sea personal de nuevo ingreso como de actualización, incluyen un módulo de salud mental adaptado a las características de los profesionales. Desde este año hay también convocatorias de formación telemática sobre el funcionamiento y objetivos del PAIEM para todos los fun-cionarios que se integran en los equipos multidisciplinares en los centros. Se han realizado hasta este momento cuatro cursos, con un total de doscientos profesionales formados en esta modalidad telemática, y está previsto continuar con esta actividad para capacitar a cien personas por año.
Para concluir esta primera intervención de mi comparecencia, les diré que esta Administración peni-tenciaria se está esforzando en seguir las estrategias aceptadas mayoritariamente por todos los expertos a la hora de abordar los problemas de salud mental entre los reclusos, si bien lo hace afrontando graves problemas estructurales. No hay que olvidar que no hablamos de una institución sanitaria y que, por tanto, dependemos de la colaboración del resto de la sanidad pública para alcanzar los objetivos en esta mate-ria. Este esfuerzo servirá de poco si no encuentra una colaboración de la Administración encargada de la asistencia especializada y dependiente de cada comunidad autónoma, aunque tengo que decir que esta-mos mejorando día a día en este aspecto. La coordinación debe extenderse también a la Administración judicial, otra de las instituciones que mantiene la corresponsabilidad del manejo de este tipo de enfermos ingresados en prisión, y también hay en marcha diversas iniciativas; próximamente en el encuentro que hacen todos los años los jueces y fiscales de vigilancia se va a tratar esta cuestión de forma específica.
La evaluación de estas políticas, que hasta el momento, como les he dicho, es prometedora, debe ser un objetivo permanente para asegurar una mejora continua, aportando las soluciones más adecuadas a un problema que en la actualidad sigue siendo nuestra preocupación principal.
Hemos avanzado notablemente gracias al esfuerzo de cientos de profesionales de la institución. Como les dije antes, no solo los sanitarios, también los trabajadores sociales, los psicólogos, los educadores y los funcionarios de vigilancia están participando de manera activa en el PAIEM. Como he dicho muchas veces, en la institución penitenciaria no solo hay un alto nivel de profesionalidad sino una enorme huma-nidad que se pone de manifiesto a la hora de abordar tareas como esta.
Pero, señorías, solo hemos empezado. Queda muchísimo por hacer y, sobre todo, quedan muchas concien-cias que remover para que todos seamos conscientes de la necesidad de disponer de las adecuadas políticas públicas y de los imprescindibles recursos sociales para prevenir que la enfermedad mental devenga en delito, para tratar de que los enfermos recobren su salud y para ayudar a muchas familias que se enfrentan a este pro-blema, desde luego en lo que a mí me toca, cuando ya se ha producido un daño a veces irreparable.
Como siempre, señoras y señores senadores, quedo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran plantearme sobre esta materia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Granado Paniagua): Muchas gracias, señora Gallizo, por su información. Pasamos al turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios.
En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, solicitante de la com-parecencia, señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Gallizo, como siempre, por su comparecencia y por el nivel de detalle que ha expuesto sobre una cuestión de mucho interés para los miembros de esta comisión.
Comprendo que el día no es el más adecuado, por eso no está muy concurrida la comisión, pero estaba programada desde hace mucho tiempo y hemos tenido problemas de calendario. Por tanto, le pido disculpas en nombre de mis compañeros de otros grupos, incluso del mío, el Grupo Parlamentario Socia-lista.
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Usted y yo llevamos ya tiempo hablando de la institución penitenciaria, y muchas veces hemos dicho que la sociedad no quiere ver lo que ocurre dentro de las prisiones, y yo diría que ahora estamos ante lo que menos quiere ver sobre lo que sucede en el interior de las instituciones penitenciarias. Si los proble-mas sanitarios dentro de las prisiones españolas son gravísimos, como todo el mundo sabe, los de salud mental son quizá el lado más oscuro, más duro y difícil de tratar dentro de la atención penitenciaria.
Quiero felicitarla a usted y que haga extensiva la felicitación al conjunto de los profesionales que inter-vienen en una realidad que es durísima, pues lo hacen sin que sea su competencia, quiero dejarlo claro. Es verdad que cuando se abren las puertas, y sobre todo cuando se cierran, una vez que un juez ha decretado el ingreso en prisión de una persona que ha cometido un delito, no pueden hacer más que atenderla con los medios que tienen e intentar hacerlo de la manera más adecuada. Pero esto no quiere decir que nos tengamos que olvidar de que ustedes no son los competentes para ello; lo lógico —se lo llevo oyendo hace muchos años, además es así— es que las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en materia sanitaria, atiendan esta realidad, y lo cierto es que por unas u otras razones, que seguramente todos entenderemos, dependiendo del lado en que nos situemos, eso no está ocurriendo; por tanto, repito, como no puede hacer otra cosa, la institución penitenciaria, una vez que tiene al enfermo mental, al toxicómano o al que padece una hepatitis, etcétera, no tiene más reme-dio que atenderlo.
Este es un problema grave que necesitaba ser abordado de forma integral, que es lo que han hecho ustedes con este protocolo, y que había que hacerlo con criterios de profesionalización, de voluntad y casi de humanidad, como ha dicho usted en algún momento de su intervención. Por eso considero importantí-simo que hayan puesto en marcha este protocolo para formar al personal de modo que pueda atender a las personas que padecen trastornos psiquiátricos dentro de las prisiones y, desde luego, a mí me deja muy tranquila que se haga con ese rigor y con esa profesionalización.
De todas formas, no deja de poner los pelos de punta el hecho de que, como ustedes dicen, el 42% de los internos padecen patologías psiquiátricas, aunque no sean graves, y que un 4,2% de personas recluidas sufre trastornos mentales graves, lo que implica la doble tarea de la seguridad y de la atención a esas personas que, independientemente de que hayan o no cometido un delito, son enfermos.
He prestado muchísima atención a su exposición y quisiera hacerle algunas preguntas, sobre todo dos cuestiones que me interesan mucho. Por un lado, ha dicho usted que hay alguna comunidad que está a punto de asumir estas competencias y me gustaría que nos dijera cuál es. Y, por otro, hay una cuestión, que yo conozco, y es que en algunos hospitales de la sanidad pública, al menos en mi provincia, hay uni-dades psiquiátricas de atención a los enfermos mentales, y me gustaría que nos informara al respecto, más que nada por quedarnos tranquilos, porque usted ha dicho que están los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, el de Alicante y el de Sevilla, pero el sistema sanitario tiene también otras vías para atender a estos enfermos. Y, si no recuerdo mal, también ha dicho que el 85% del sistema penitenciario está aco-gido al protocolo del que nos ha hablado hoy, al PAIEM; por tanto, quisiera saber si esas unidades de los hospitales generales también lo están.
Quiero agradecerle de corazón el esfuerzo que ustedes realizan y hacer un llamamiento —como usted hace casi siempre— para que entre todos asumamos la responsabilidad social que tiene la sociedad res-pecto de estas personas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Buenas tardes, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Naharro. La señora NAHARRO DE MORA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora secretaria general, y gracias por comparecer en esta comisión, por la aporta-ción de toda la documentaaporta-ción y por los datos que nos ha dado.
Desde luego es una situación preocupante y una cuestión que nos interesa a todos, y resulta muy evidente que este país necesita una importante reforma del sistema penitenciario y del sistema penal que garantice de manera incuestionable una atención especializada para los enfermos mentales que se encuentran en prisión. Además, es fundamental dotar a nuestras prisiones de los recursos terapéuticos esenciales que garanticen a este tipo de enfermos un tratamiento que haga posible el fin último de Insti-tuciones Penitenciarias, que no es otro que el de la reinserción de los penados.
Si leemos en un informe los datos sobre la Asociación Española de Psiquiatría Legal, comprobamos que la situación española es una de las peores de Europa, con diferencia. Esta asociación aporta datos
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como los siguientes: somos el país de Europa con mayor número de presos respecto a la población, pues tenemos 155 por cada 100 000 habitantes. En nuestras prisiones hay cuatro veces más enfermos menta-les graves que en el conjunto del territorio nacional. El Defensor del Pueblo afirma en su informe que las condiciones de vida de los enfermos mentales internos en las prisiones son las mismas que hace veinte años. Hay una actuación tardía por parte de los responsables de Instituciones Penitenciarias y, como usted ha dicho, mucha falta de coordinación y un absoluto fracaso, a mi entender —y creo que al suyo también—, de esa reforma de los años ochenta de la sanidad psiquiátrica que no ha sido nada exitosa —creo que en esto estaremos de acuerdo—, y hay problemas de interlocución con las comunidades autó-nomas que tienen competencia sobre la sanidad psiquiátrica.
España solo cuenta con dos instituciones penitenciarias psiquiátricas, la de Alicante y la de Sevilla, que desde hace muchísimo tiempo han rebasado su capacidad, y que, además, siguen con el mismo modelo de hace cincuenta años, que impide un buen tratamiento médico y penitenciario. Parece que ya hay un estudio por donde empezar, pero opino que es bastante tarde.
Las prisiones acusan una importante carencia de personal sanitario y asistencial especializado en salud mental. Me gustaría también—si tiene los datos aquí— que me dijese cuántos psiquiatras trabajan en instituciones penitenciarias, así como qué personal sanitario y asistencial especializado hay en este tipo de enfermedades mentales.
Por otro lado, las enfermerías de los centros penitenciarios se encuentran saturadas de esta clase de enfermos con patologías mentales y, además, hay unos 20 000 reclusos en prisión con patologías graves, según cifras de Pro Derechos Humanos —el 90% de ellos son esquizofrénicos paranoicos—, y uno de cada cuatro presos sufre un trastorno mental —eso también lo ha dicho usted—. Así pues, si las reformas necesarias no se han hecho en estos últimos años en los que teníamos mayores medios, sospecho que ahora nos va a resultar muy difícil disponer de más medios para solucionar estos problemas.
Entiendo que igual que hizo con el programa de prevención de suicidios, esta política de su secretaría general reside en muchísimas ocasiones en descargar las responsabilidades en voluntarios, en organiza-ciones sociales y en internos de la prisión. En este caso, las responsabilidades también recaen en el Ministerio de Sanidad, en los jueces que quizá no deberían mandar a ciertos enfermos a prisión, según la he entendido. Eso lo podemos ver en numerosos casos.
Me parece fenomenal que las ONG colaboren, pero en la preparación de esta comparecencia he encontrado que la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, que colabora con ustedes y que firmó un convenio en el año 2008, se queja de que en ese con-venio tenía asumida la colaboración y el apoyo a la Estrategia Global de Actuación en Salud Mental, diseñada por su institución, dependiente del Ministerio del Interior. En principio, lo que ellos se comprome-tieron a hacer tendría un coste de 460 000 euros y, sin embargo, el ministerio decidió mantener la misma subvención que había antes que, según una nota de prensa que emitió FEAFES a finales del año pasado, era de 10 000 euros, y se quejan de que Instituciones Penitenciarias no ha cumplido, porque no tiene suficientes medios para llevar a cabo ese convenio con el que ellos se comprometieron.
Se me plantean muchísimas preguntas después de escuchar su intervención. En primer lugar, desde luego los internos que ingresan en una institución penitenciaria no lo hacen porque sean enfermos psi-quiátricos, sino porque han cometido un delito, y además en muchas ocasiones uno de cada cuatro, como hemos dicho antes, tiene una enfermedad psiquiátrica.
Sobre la modernización de los dos hospitales psiquiátricos, a la que usted se ha referido, me gustaría que nos comentase algo más: cómo va esa modernización, qué se ha hecho hasta ahora y qué tienen previsto hacer.
Respecto al número de comunidades, aunque ya las ha citado, me gustaría saber, como a mi compa-ñera del Grupo Socialista, qué comunidades están en negociación para asumir las competencias en sani-dad penitenciaria.
También me gustaría saber cuántos internos ocupan cada uno de los hospitales psiquiátricos. Me imagino que estarán llenos.
Tengo que felicitarla por esas comisiones de análisis de casos. Me parece que está muy bien, que es una buena idea, pero creo que habría que hacerlo de manera oficial y que se responsabilice la Adminis-tración sanitaria, el Sistema Nacional de Salud o aquel a quien le correspondan esas competencias.
Por mi parte en esta primera intervención, nada más. Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para dar respuesta a sus intervenciones, tiene la palabra la Secretaria General de Instituciones Peni-tenciarias.
La SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Muchísimas gracias, señorías, por sus intervenciones y por su petición de aclaraciones.
Creo que la señora Escudero tiene mucha razón cuando dice que a veces hay cosas que la sociedad prefiere no ver. Es una reacción que forma parte de la lógica: no queremos enfrentarnos a aquellas cosas que nos desagradan o que nos parecen más duras; pero quienes somos responsables de administrar la comunidad, las cosas de todos, sí que tenemos que verlas; tenemos que ver lo que hay detrás de cada uno de los problemas con los que nos encontramos.
Es verdad, como decía la señora Naharro, que la persona que está en prisión no lo está porque sea un enfermo, sino porque ha cometido un delito; es obvio. Ha cometido un delito y el juez ha decidido enviarle a prisión, y lo que sucede es que cuando esa persona entra en prisión es un ser humano que arrastra muchos problemas, y a veces uno de los problemas que lleva consigo es una patología que quizá padecía desde hace tiempo pero que no fue diagnosticada. Tenemos numerosos casos de personas a las que hemos diagnosticado una enfermedad, incluso grave en el momento de entrar en prisión, y ningún sistema sanitario había detectado esa patología. El día a día te enseña muchas de estas cosas.
Hace poco tuve la oportunidad de participar en una jornada en la que tratamos el tema de los disca-pacitados intelectuales en prisión, que me parece un problema extraordinario y durísimo por lo que repre-senta que una persona con una discapacidad intelectual tenga que vivir en un medio que ni está prepa-rado para acogerle ni en muchas ocasiones es un espacio en el que pueda desenvolverse con una cierta naturalidad. Todo esto son problemas que están ahí y lo que nosotros tenemos que hacer es tener los ojos abiertos y, sobre todo, saber que por difíciles que sean las cosas, siempre hay algo que podemos hacer y que podemos mejorar. Es un camino que tenemos que iniciar, porque hay cosas que son responsabilidad nuestra, otras no lo son, pero eso nunca debe ser un argumento o una excusa para no acometer nuestras obligaciones.
Agradezco mucho a la señora Escudero su felicitación que, por supuesto, transmitiré a los profesiona-les de la Casa que intervienen en esta materia, que son muchos y sin los cuaprofesiona-les, además, sería imposible que llevásemos nada adelante. Es verdad que actualmente tenemos unas limitaciones presupuestarias muy serias, pero aun en momentos en los que no las hemos tenido hay unas limitaciones obvias. Un sis-tema como el penitenciario no puede convertirse en un sissis-tema especializado en todas y cada una de las materias en las que existen problemas dentro de las prisiones; no puede ser autosuficiente en todas estas cuestiones. A veces la colaboración con otros funciona.
El papel del voluntariado, por el que también me preguntó, es de extraordinaria importancia. En cualquier caso, la labor de nuestros funcionarios es fundamental. Nuestros funcionarios saben que su trabajo tiene una componente transversal que ha de atender a diversas materias porque eso ayuda no solo al proceso de rehabilitación de estas personas, sino a la propia seguridad del centro. Una manera de cuidar la seguridad es evitar que haya problemas y procurar que las personas estén bien tratadas. Yo lo digo siempre, y aprove-cho para repetirlo, porque es además una singularidad del sistema penitenciario español respecto del sis-tema de otros países: el papel del voluntariado es de extraordinaria importancia no solo humana —que ya sería suficientemente valiosa— sino también como soporte de actuaciones de carácter profesional. Es ver-dad que una parte del voluntariado tiende a profesionalizarse cada vez más, lo cual no es malo porque es una garantía de que el trabajo se hace en mejores condiciones, pero eso lleva aparejado que tenga que depender de las subvenciones públicas, y en un momento en el que no estamos en la mejor disposición para incrementar las subvenciones, eso se ve condicionado. Pero yo quiero insistir en que la parte fundamental del trabajo de las ONG está estructurada sobre participación altruista y el trabajo gratuito de personas que, de una forma solidaria, deciden colaborar ocupándose de las personas que tienen más problemas y dificul-tades en la sociedad. A veces contamos con profesionales extraordinarios y de gran renombre que son voluntarios y acuden a los centros de forma sistemática a atender, por ejemplo, a personas con enfermeda-des mentales, sin que eso suponga un gasto. Pero es verdad, y las ONG tienen razón, que no estamos en el mejor momento para subvencionar algunas de las actuaciones que se llevan a cabo.
Se han barajado porcentajes, y yo he dado los que nosotros tenemos acreditados de personas con una u otra patología. Sí me gustaría dejar claro que el porcentaje que di antes, que es el objeto principal de atención del PAIEM y que se refiere a las personas con enfermedades graves, es un 4,2%. La señora
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Naharro citaba alguna fuente que hablaba de 20 000 personas con patologías graves. Si eso fuese una realidad, estaríamos en una situación catastrófica. Claro, depende de quién lo dice y con qué rigor cientí-fico utiliza el término grave. Cualquier patología puede ser considerada así, pero, en fin, tal y como se entiende en psiquiatría, afortunadamente estamos en esas cifras.
La señora Escudero así como la señora Naharro me preguntaban por la negociación con las comuni-dades autónomas. Ya he dicho que estamos a punto de concluir un acuerdo con la Comunidad Autónoma del País Vasco que, afortunadamente, no ha tenido elecciones, porque con lo que cuesta llegar a avances en esta materia, si hubiésemos tenido un cambio en esta comunidad que está a punto de recibir una trans-ferencia y se decidiera replantear el acuerdo, habríamos tenido un problema importante. Hemos tenido esta suerte y espero que en los próximos meses se pueda materializar ese traspaso. También espero que este acuerdo sirva de puerta de entrada al resto de las comunidades autónomas y que se pierda un poco el miedo que puede haber en algún momento a los traspasos en esta materia. Cuando se hizo el traspaso de los maestros, que aunque se hizo hace tiempo se ha culminado no hace mucho, también hubo ese tipo de resistencias y luego en la práctica no ha habido ningún problema. Pero alguien tiene que empezar y espero que podamos hacerlo.
Por otro lado, me preguntaba la señora Escudero por las unidades psiquiátricas de atención en los hospitales públicos. Yo creo que la mayoría de los hospitales públicos importantes tienen estas unidades psiquiátricas de atención. Nosotros no tenemos ningún problema, ante una situación de urgencia, en deri-var pacientes para que sean atendidos en los hospitales públicos. El problema no es el de la asistencia en un momento de crisis o en una urgencia; el problema se da cuando la persona requiere un tratamiento de media o larga estancia. Desafortunadamente tenemos escasísimos centros de este tipo de carácter público. Esta es una reflexión que he hecho muchas veces, no sé si en este foro, pero si en otros muchos, sobre la consecuencia del cierre de los hospitales psiquiátricos y su no sustitución por hospitales civiles que tengan también medidas de seguridad y ofrezcan este tratamiento especializado, que nunca podrá ofrecer una alternativa penitenciaria.
Me preguntaba por las plazas que tenemos en estos momentos en nuestros dos hospitales. Como les dije, no tenemos una carencia de plazas respecto de lo que se considera idóneo en el sistema penitencia-rio, entendiendo que hay otras plazas civiles, por así decirlo, donde podemos derivar a algunas de estas personas. En este momento en el hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla tenemos 180 internos y en el hospital psiquiátrico de Alicante 370. Tenemos, desde luego, unas plantillas más amplias que en cual-quier otro centro penitenciario. En algún caso, como en el de Sevilla, son más los trabajadores que los internos; los superan en número, cosa que es lógica. Y en cuanto a los psiquiatras hay algunos de planti-lla, pero básicamente prestan atención de manera permanente los psiquiatras de las comunidades autó-nomas. Creo, si no me equivoco, que tenemos 26 psiquiatras en plantilla, más 16 de las comunidades autónomas que prestarían una asistencia de forma estable y regular. Además de ellos, como les dije, algunas organizaciones no gubernamentales también aportan profesionales que hacen un trabajo siste-mático en algunos centros, que no son solo en este caso los psiquiátricos penitenciarios, sino algunos centros donde tenemos algún módulo especializado de tratamiento.
La señora Naharro decía que este país necesita una reforma del sistema penitenciario y penal. Yo no creo que sea cuestión de reformar nuestro sistema penitenciario, al menos en sus grandes líneas. Desde luego nuestro marco normativo debería ser actualizado, porque ya tiene bastantes años y han cambiado muchas cosas en el mundo en los últimos 29 o 30 años que son los que tiene ya la Ley General Peniten-ciaria, pero, sinceramente, creo que en este caso no es un problema del marco normativo, sino de volun-tad de trabajar de una forma coordinada, de disponer de recursos asistenciales y de derivar esos recursos asistenciales a una parte de los enfermos.
Por otro lado, es verdad que los informes del Defensor del Pueblo siempre son particularmente sensi-bles y llaman la atención sobre la situación de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, lo cual le honra porque creo que es la parte más delicada y a la que tenemos que prestar más atención de nuestro sis-tema. Y no solo el Defensor del Pueblo, también el Defensor del Pueblo andaluz en el año 1998 hizo un informe extraordinario, que yo tuve la oportunidad de leer, y que ponía el dedo en la llaga acerca de muchí-simos de los problemas que ya en aquel momento se detectaban. Y lo cierto es que pasó bastante tiempo hasta que se inició un trabajo serio en esta materia.
Le diré que yo también he sido muy resistente a que pusiésemos a disposición del sistema más camas hospitalarias abriendo un nuevo hospital psiquiátrico penitenciario —aunque ahora ya estoy más conven-cida de que habrá que hacerlo—, porque siempre he pensado que en la medida en que tengamos un
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nuevo hospital, seguirá habiendo derivaciones o se incrementará el número de derivaciones inadecuadas hacia el sistema penitenciario que deberían ser derivadas hacia otro sistema. Pero la verdad es que en la medida en que no tengo mucho éxito en aquello que defiendo, creo que, finalmente, habrá que plantearse hacer quizás una instalación nueva que no solo amplíe el número de camas, sino, sobre todo, que mejore las condiciones de nuestros hospitales psiquiátricos, pues aunque hemos hecho un número importante de reformas que, sinceramente, creo que han cambiado no solo de cara, sino también de contenido en cuanto a la asistencia que se presta y en cuanto a las condiciones que tienen, son instalaciones que no fueron concebidas con los criterios que al menos yo tengo sobre cómo tiene que ser un hospital psiquiá-trico en el siglo xxi. Por mucha reforma que se haga en un edificio, en una instalación, que ya tiene una
determinada orientación, nunca acaba de acercarse a lo que debería ser. Aún así, me resisto a pensar que no seamos capaces de crear otro tipo de instalaciones donde personas que tienen que estar atendidas de forma permanente no puedan estar en el ámbito de la comunidad.
Yo creo que básicamente he contestado a casi todas las cuestiones que me preguntaban. El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria general.
Pasamos a una segunda intervención. ¿Grupo Socialista? (Denegación.)
El Grupo Socialista no interviene.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Naharro. La señora NAHARRO DE MORA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Me preocupa cuando habla de derivaciones inadecuadas hacia los hospitales psi-quiátricos penitenciarios. Es algo preocupante escuchar esto, pero lo dejaremos ahí.
He dejado para esta intervención un tema sobre el que se pregunta mucha gente. En los casos de trastornos de conducta, si se trata de psicópatas cuyo tratamiento tiene muy pocas posibilidades de éxito, ¿qué pasa en Instituciones Penitenciarias? ¿Qué tiempo están estos internos en el hospital psiquiátrico? ¿Cómo lo solucionan? ¿Qué se hace desde Instituciones Penitenciarias?
Otro tema que me preocupa —porque conozco algún caso en mi comunidad de Castilla-La Mancha— es si hay algún tratamiento específico en Instituciones Penitenciarias para pirómanos, para internos que precisamente están ahí por haber cometido delitos de este tipo.
Termino dándole de nuevo las gracias, pero no me resisto a decirle que en estas cosas es en lo que debe invertir la sociedad y esto es lo que nos debe preocupar. Hace muy poco tiempo leí una noticia sobre una presa etarra, y yo prefiero que se invierta ese dinero —insisto, no me resisto a decírselo— en estas personas, en estos internos que tienen problemas de enfermedad mental y no en trasladar a una presa etarra para someterse a una fecundación in vitro, a una inseminación artificial o a un tratamiento de ferti-lidad. Se lo tenía que decir, porque mi conciencia así me lo pide y quiero que conste en acta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para responder a su intervención, tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Gracias. Yo quiero tranquilizarla, señoría. Cuando hablo de derivaciones inadecuadas —creí que había quedado claro en mi intervención—, me estoy refiriendo a personas que son derivadas a un recurso —no es duro el término que quiero emplear, pero sí contundente— como un hospital psiquiátrico penitenciario, a veces con medidas de seguridad de tres o seis meses. Es decir, que estas personas no están derivadas ahí porque la pena que se les haya impuesto sea altísima porque han cometido un delito gravísimo, sino porque tienen una patología y el juez piensa que tienen que estar tratada en algún sitio durante tres meses. Un interna-miento de tres meses, obviamente, sí podría tener una alternativa. No estoy hablando de personas con un nivel de riesgo altísimo a las que se les haya condenado a una medida de seguridad o a una pena de veinte o treinta años. Precisamente esto es lo que colapsa el sistema, personas a veces condenadas por delitos relacionados con la violencia de género, que no son de mucha entidad, porque la pena impuesta es pequeña, pero el juez ha determinado que es inimputable porque tiene una patología, ha dictado una medida de segu-ridad de tres meses, ocupa una plaza en un hospital psiquiátrico, y seguramente es una derivación inade-cuada. Si creía usted que estaba yo pensando en otras cosas de más calado, puede estar tranquila, porque, desde luego, mi orientación no va por ahí. Yo estoy muy preocupada por el tratamiento de las personas con
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patologías psiquiátricas y por que ese tratamiento se haga en las mejores condiciones, pues creo que repre-sentan un riesgo evidente para sí mismos, para sus familias, en primer lugar, y para el conjunto de la socie-dad. Por lo tanto, somos muy cuidadosos. Y, por lo que respecta a nosotros, también somos muy cuidadosos a la hora de lograr que estas personas obtengan beneficios penitenciarios, que también tenemos que vincu-larlo a la seguridad del buen uso que van a hacer de ellos.
Esto hay que verlo también con sus matices, porque no podemos discriminar negativamente a un enfermo por el hecho de estar enfermo. Si esta persona no tuviese ningún problema, cuando cumpliera la mitad de la condena podría salir de permiso, pero como tiene una patología que no acaba de superar, no le podemos dar ningún permiso y va a tener que estar ahí, cuando seguramente necesita más permisos que otros.
En muchos casos, la ayuda familiar es la que hace de colchón en este ámbito, porque a veces nos encontramos con la paradoja de que la familia de algunas de estas personas que han cometido el delito en el ámbito familiar y han causado un enorme daño a su familia no solo no les abandona y no tiene ese sentimiento de odio hacia ellos, sino que está dispuesta también a tutelarlos en las salidas programadas y en los permisos, porque entienden que es un enfermo y que hay que ayudarle. El tiempo que están en el hospital psiquiátrico penitenciario es el tiempo que determina la medida de seguridad y obviamente lo establece el juez, y en algunos casos tiene que ver con la superación de su enfermedad, con su estabili-zación y con su curación. Como usted sabe, nosotros, en todo caso, estamos sometidos a la tutela judicial desde el primer momento y, por lo tanto, en el caso de una persona cuya actividad delictiva se debe a una enfermedad, la curación es un elemento muy importante, como en el caso de la persona cuya actividad delictiva está condicionada al consumo de drogas, que siga un programa de deshabituación con éxito también cambia su situación.
Me preguntaba usted por los pirómanos. Yo en este momento no le sé contestar. Creo que no tenemos un programa. Yo he estado muy interesada en esta materia, sobre todo en la época en la que teníamos una problemática más extendida en este ámbito. Por alguna razón no se ha llevado a cabo un programa de este tipo, quizás porque no había un número suficiente de personas condenadas o porque la duración de las condenas no era tan alta como para continuar; los programas de tratamiento y de intervención tie-nen que tener una duración media-larga para que tengan éxito y ha habido alguna dificultad de este tipo. De todos modos, si usted tiene interés puedo recabar los datos, pues yo planteé que seguramente sería necesario, y recuerdo que en alguna de las prisiones de Galicia pensamos en su momento hacer un pro-grama de intervención y se desechó la idea por alguna razón. Me pasan una nota referida a que en el Programa de Segovia —centro en el que tenemos un módulo que trabaja básicamente con discapacitados intelectuales con ayuda de varias ONG de una manera muy especial— hay algunas personas que están condenados por estos delitos.
En cuanto a las prestaciones a las que tienen derecho las personas que están ingresadas en prisión, esto no es algo opinable por parte de nadie. Las personas cuando están en prisión están privadas de libertad, pero no del resto de sus derechos, y si tienen derecho a alguna prestación sanitaria, sea de las que están en nuestra cartera de prestaciones asistenciales o en la cartera de las comunidades autóno-mas, y la demandan, obviamente no es fácil no atender la demanda de una persona que quiere una pres-tación a la que tiene derecho. De cualquier modo, es un asunto de tratamiento especializado que no me compete, pues ya tenemos bastantes cosas que hacer y terrenos de los que preocuparnos, y si tuviéra-mos que prestar nosotros la asistencia especializada, sería prácticamente imposible.
Les doy las gracias a ambas portavoces por sus preguntas y por su sensibilidad a la hora de enfocar esta materia, que requiere, como otras muchas cosas, de la colaboración de todos, de todas las adminis-traciones y de todos los grupos, ya que nos enfrentamos a una tarea difícil pero muy necesaria para poder tener un sistema no solo más humano y más justo sino también que trabaje más eficazmente por la segu-ridad de todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Agradecemos a doña Mercedes Gallizo su comparecencia en esta Comisión de Interior para abordar las estrategias de atención a los problemas de salud mental en el medio penitenciario. Asimismo, agra-dezco también a sus señorías su asistencia y participación.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y veinticinco minutos.
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