PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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Parlamento Europeo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras una declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno

sobre los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional de Venezuela (2021/2508(RSP))

Manu Pineda

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B9-0060/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional de Venezuela

(2021/2508(RSP)) El Parlamento Europeo,

– Vista la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

– Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas, – Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y

Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP), en nombre de la Unión Europea, de 6 de enero de 2021, sobre Venezuela,

– Visto el informe presentado por la comisión de observadores internacionales el 7 de diciembre de 2020,

– Vistos los informes finales sobre las elecciones parlamentarias de la ONG Sures para el estudio y la defensa de los derechos humanos en Venezuela y del Consejo Mundial de Paz,

– Visto el estudio del Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), de abril de 2019, titulado «Economic Sanctions as Collective

Punishment: The Case of Venezuela» (Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela),

– Vistas las declaraciones de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, relativas a las consecuencias de dichas medidas en Venezuela, – Vista la investigación en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos

crímenes contra la humanidad perpetrados por los Estados Unidos a través de su política de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela,

– Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el 6 de diciembre de 2020 se celebraron elecciones parlamentarias en Venezuela; que en el proceso electoral participaron 107 organizaciones políticas

diferentes, entre ellas 30 partidos políticos nacionales y 53 regionales, así como 6 organizaciones indígenas nacionales y 16 regionales;

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partidos de la oposición, como Acción Democrática, Esperanza por el Cambio y Copei, participaron en estas elecciones y obtuvieron representación; que se celebraron

negociaciones entre el Gobierno y la oposición antes de las elecciones para garantizar su participación, lo que condujo a la liberación de más de 110 presos;

C. Considerando que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela certificó los resultados de las elecciones el 7 de diciembre de 2020; que las dos coaliciones con mayor número de votos fueron el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, con 4 321 975 votos (69,3 %), y la Alianza Democrática, con 1 169 872 votos (18,8 %); que las coaliciones Alianza Venezuela Unida y Alternativa Popular Revolucionaria también obtuvieron

representación;

D. Considerando que el 5 de enero de 2021 la Asamblea Nacional celebró su sesión constitutiva para el período 2021-2026; que Jorge Rodríguez fue elegido presidente de la Asamblea Nacional; Iris Varela, primera vicepresidenta; Didalco Bolívar, segundo vicepresidente; Rosalba Gil Pacheco, secretaria, e Inti Inojosa, subsecretaria;

E. Considerando que la situación económica y social interna de Venezuela se ha

deteriorado gravemente como consecuencia del aumento de las sanciones económicas y financieras de los Estados Unidos y de la Unión, que han dado lugar a hiperinflación, escasez de suministros, aumento de la pobreza y carestía de medicamentos y de material médico;

F. Considerando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha seguido amenazando a Venezuela con nuevas sanciones que tendrían repercusiones adicionales sobre la situación de la población venezolana;

G. Considerando que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al Derecho internacional vigente; que las Naciones Unidas y, en particular, su relatora especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, lo han subrayado en repetidas ocasiones; que las sanciones pueden provocar perturbaciones en cualquier Estado y, cuando perjudican a la economía, pueden tener un impacto demoledor en los ciudadanos de los países en desarrollo; H. Considerando que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos ha declarado que las sanciones impuestas a Venezuela suponen la denegación de los derechos humanos fundamentales de la población, incluidos sus derechos

económicos y su derecho a la alimentación y la salud, y ha pedido un diálogo político orientado a superar los actuales desafíos de Venezuela;

1. Toma nota de los resultados de las elecciones parlamentarias venezolanas y de la recién constituida Asamblea Nacional;

2. Acoge con satisfacción el llamamiento al diálogo entre los partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición, hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la sesión constitutiva; celebra la creación de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación en el seno de la Asamblea Nacional para promover dicho diálogo;

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los de la oposición sobre el reparto de las funciones institucionales en la recién elegida Asamblea Nacional; toma nota de la elección del líder de la oposición Timoteo

Zambrano como presidente de la Comisión de Política Exterior;

4. Recuerda que solo es posible resolver los problemas políticos de Venezuela a través de un diálogo integrador entre las fuerzas políticas venezolanas que están dentro del marco constitucional del país; pide al AR/VP que mantenga e intensifique el diálogo con las autoridades y los agentes políticos venezolanos a fin de contribuir a dicho diálogo; 5. Apoya los esfuerzos de las fuerzas democráticas, del Gobierno venezolano, de la

oposición democrática y del pueblo venezolano por encontrar respuestas a sus desafíos políticos y económicos por ellos mismos y promover el refuerzo del diálogo nacional en Venezuela;

6. Acoge con satisfacción las medidas positivas adoptadas por el AR/VP, Josep Borrell, dirigidas al reconocimiento de la realidad institucional de la República Bolivariana de Venezuela; pide el pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional y de las demás instituciones de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de restablecer unas relaciones normalizadas y mutuamente beneficiosas entre la Unión Europea y

Venezuela;

7. Recuerda que los desafíos comunes, como la lucha contra la pandemia de COVID-19 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo pueden afrontarse mediante la cooperación mutua y con el reconocimiento institucional;

8. Condena la imposición de sanciones y pide urgentemente que se levanten; señala que se estima que más de 40 000 personas han muerto desde 2017 como consecuencia directa de las sanciones impuestas, que han limitado el acceso de Venezuela a los mercados internacionales de alimentos y medicamentos; condena que estas sanciones no se hayan levantado durante la pandemia de COVID-19, pues afectan directamente al derecho del pueblo venezolano a recibir una atención sanitaria adecuada;

9. Subraya que las sanciones impuestas a Venezuela siguen perjudicando gravemente la vida humana; opina que estas sanciones se ajustan a la definición de castigo colectivo de la población civil recogida en los convenios internacionales de Ginebra y La Haya, lo que las hace ilegales en virtud del Derecho y los tratados internacionales;

10. Expresa preocupación por los presuntos casos de corrupción que afectan a Juan Guaidó, acusado de haber tomado personalmente el control de activos venezolanos en el

extranjero por valor de más de 40 000 millones de dólares; recuerda que esto fue posible porque varios Gobiernos le concedieron acceso a activos y fondos pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela; pide a los Estados miembros de la Unión que desbloqueen todos los fondos venezolanos retenidos en sus bancos y que permitan su transferencia a la República Bolivariana de Venezuela; acoge con satisfacción, en este sentido, la transferencia de fondos venezolanos anteriormente bloqueados en el Banco de España a la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a las

consecuencias de la pandemia de COVID-19 en coordinación con el Gobierno venezolano;

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al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Venezuela y a la Asamblea Parlamentaria