PROGRAMA DE REPARACIONES EDUCATIVAS
EN AYACUCHO
Gumercinda Reynaga Farfán
RESUMEN
“Avances y dificultades en la implementación del Programa de Reparaciones Educativas en Ayacucho” es un esfuerzo inicial de investigación exploratoria que pretende evaluar y describir los avances y dificultades en la implementación del Programa de Reparaciones Educativas (PRED) en la región y determinar los diferentes factores que están limitando su adecuada implementación. Este programa forma parte del Plan Integral de Reparaciones (PIR) recomendada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2003, al concluir susfunciones. Se utilizó la metodología cualitativa, descriptiva y las técnicas de entrevista semiestructurada que se aplicó a los beneficiarios del programa, representantes de las organizaciones de afectados y funcionarios de las instituciones afines al programa.
A diez años de presentación del Informe Final, estas recomendaciones se han venido implementando muy lentamente y con muchas dificultadesdebido a la falta de voluntad política y compromiso de dos gobiernos de turno (tres hasta la fecha), la debilidad de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y las marchas y contramarchas en su adscripción a una dependencia ministerial, así como la demora en la reglamentación definitiva de la Ley. Las autoridades regionales por su parte, han mostrado desinterés con respecto a la implementación de las reparaciones en general, y en particular de las reparaciones educativas; sin embargo, las diferentes organizaciones de afectados, y particularmente de jóvenes, desarrollaron gestiones y movilizaciones ante las autoridades, primero para la implementación del PRED, luego ante la CMAN, para que la Beca Repared en proceso de implementación se flexibilice tomando en cuenta la realidad y las necesidades de los afectados por violencia.
Se concluye que en Ayacucho, los pocos avances en la implementación de las reparaciones educativas, en forma organizada y sistemática, están enmarcados en las acciones desarrolladas por la UNSCH a través de cupos de ingreso por modalidad de exonerados en Exámenes de Admisión para afectados por violencia, en el marco de las Leyes 27277 y 28592.
Palabbras Claves: Violencia, Reparaciones, Reparación Educativa
ABSTRACT
“Progress and challenges in implementing the Program for Educational Repairs in Ayacucho” is an initial effort and an exploratory research which aims to assess and describe the progress and difficulties in implementing the Programme for Educational Repairs (PRED) in the region, also it aims to identify the factors which becomes a limitation for their proper implementation. This program is part of recommendations for Integral repairment plan (PIR) issued by the Commission for Truth and Reconciliation Commission (CVR) in 2003, as part as its functions. The methodology used for this research is the qualitative research, descriptive interview techniques applied to program beneficiaries, representatives of victims' organizations and officials of the institutions related to the program.
recomendation and particularly for the educational repairs; however, the various organizations involved, and particularly young people organizations, developed its efforts with the authorities to implement the first PRED to the CMAN in order the REPARED grant which was under implementation, to be more flexible taking into account the reality and needs of those affected by violence.
We conclude that in Ayacucho, the limited progress in the implementation of educational repairs in an organized and systematic way, are framed in the actions taken by the UNSCH through the quotas for the exonerated entrance examination, for those affected by violence, under the Laws 27277 and 28592.
Keywords: Violence, Repair, Educational Repair
INTRODUCCIÓN
“Avances y dificultades en la implementación del programa de reparaciones educativas en Ayacucho” es un esfuerzo inicial de investigación exploratoria que pretende evaluar los avances del Programa de Reparaciones Educativas – PRED en la región, a diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.El PRED es uno de los seis programas que conforman el Plan Integral de Reparaciones (PIR) que a su vez es una de las recomendaciones más importantes del informe final de la CVR, que se concreta en la Ley N° 28592.
Motiva el desarrollo de esta investigación, la preocupación como ex miembro de la CVRpor el poco avance en la implementación del PRED en una de las regiones más golpeadas por la violencia, y el deseo de explorar los factores que limitan este proceso, a fin de coadyuvar en acciones de incidencia hacia las autoridades de la
región y de las instancias comprometidas, para generar un compromiso que posibilite incluir, en los planes regionales, acciones tendentes a viabilizar las reparaciones a la población afectada.
La metodología utilizada en esta investigación es la cualitativa y por consiguiente la técnica de la entrevista profundidad y semiestructurada,que se aplicó a las autoridades relacionadas con las reparaciones educativas, a miembros de las organizaciones de afectados, a beneficiarios de las m e d i d a s r e p a r a t i v a s d e l a U N S C H , y complementariamente se usó la revisión documental.
El artículo sintetiza la investigación en aspectos referidos a consideraciones generales sobre el conflicto armado interno y sus efectos, el PIR como respuesta reparativa a las víctimas de la violencia, elproceso de implementación del Programa de Reparaciones Educativas en la región y el rol de las autoridades regionales y organizaciones sociales en relación al PRED.
AVANCES Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE REPARACIONES EDUCATIVAS EN AYACUCHO
El Perú, a pesar del proceso de la independencia, no resolvió los problemas de desigualdad, su característica de país diverso social, cultural, étnica y geográficamente, no fue aprovechado como un recurso importante para el desarrollo, sino más bienpara la discriminación y exclusión de grandes sectores sociales; situación que con la
petróleo, entre otros. De esa manera se dejó en el olvido y abandono a otras regiones con mayor presencia de población indígena como la región conocida como la mancha india, donde se ubica Ayacucho.
La desigualdad del país guarda relación estrecha con la configuración socioeconómica básica, con l o s m o d o s d e o rg a n i z a c i ó n s o c i a l , y principalmente con la estructura de poder vigente (Vilas: 2007); y se expresa en el centralismo, atención prioritaria de principales ciudades y el abandono de otras regiones por parte del Estado. Esta situaciónllevó al olvido, marginación y mayor pobreza a algunas regiones como Ayacucho, condiciones que fueron aprovechadas por el grupo político “Sedero Luminoso” para iniciar con la lucha armada en esta región,un 18 de mayo de 1980 con la quema de ánforas en el distrito de Chuschi, con el objetivo de tomar el poder e instaurar un nuevo tipo de Estado en un contexto electoral para el cambio de un régimen militar hacia un sistema democrático. Luego,la violencia se extiende rápidamente a las regiones vecinas de Apurímac, Huancavelica y más tarde a todo el país, prolongándose por casi veinte años y, como señala la CVR(2003), constituyéndose en uno de los hechos más crueles y dolorosos que ocasionó los costos humanos y económicos más altos de la historia republicana del país.
Sendero Luminoso utilizó el discurso de luchar por los más pobres del país para comprometer a los campesinosy sectores urbanos más pobres, con lo que logró cierto apoyo de la población en un primer momento, pero todo quedó solo en una promesa, ya que en la práctica los campesinos resultaron siendo los más afectados debido a que se vieron en un callejón sin saliday atrapados entre dos fuegos con la respuesta antisubversiva de las fuerzas de orden. El propio Sendero desatóel terror y acciones de venganza ante la indiferencia o la negativa de participar en las acciones armadas, por no permitir enrolar a sus hijos en el ejército senderista o simplemente por la presencia de los
militares en sus comunidades, acusándolos de traidores o soplones.
En un contexto de relativa pasificación, gracias a la captura de los principales líderes de SL e intensificación de las acciones antisubversivas, con fuerte participación de la población organizada de en Comités de Autodefensa (CADS),se logró reducir la violencia; entonces, luego de la caída de la dictadura de Fujimori, las organizaciones sociales de afectados clamaron con mayor fuerza por verdad y justicia frente a los graves efectos y secuelas de la violencia no atendidas por el Estado.
Gracias a esta presión de las organizaciones de afectados, Valentín Paniagua, presidente del Gobierno de Transición, crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para investigar los hechos de violenciaen cuanto a sus características, factores condicionantes y secuelas. En el proceso de investigación se recogió 17,000 testimonios que representa solo a una parte de los afectados, ya que muchos no lograron rendirlos, tanto por temor como por desconfianza, influencia, en muchos casos,de grupos comprometidos con las fuerzas en conflicto que se levantaron en contra del trabajo de la CVR.
Sobre los principales patrones de violación de los derechos humanos, la CVR identificó ejecuciones arbitrarias, asesinatos y masacres a pueblos enteros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violación del debido proceso, violencia sexual contra las mujeres, secuestros y tomas de rehenes, violencia contra niños y niñas, violación de los derechos colectivos, así como torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En cuanto a los efectos del conflicto armado interno que el país y la región vivió, la CVR concluye que este proceso dejó secuelas muy graves y profundas en distintos aspectos de la vida del país y la población, desde aspectos económicos, sociales, políticos, culturales hasta aspectos emocionales, provocando la agudización de viejos problemas estructurales como la pobreza y la exclusión social de grandes sectores.
La CVR reconoce secuelas en tres aspectos básicos:secuelas económicas, con efectos en el capital humano,el trastrocamiento del sistema familiar y sobre las tierras y bienes familiares, que llevó a un mayor empobrecimiento de las áreas rurales; las secuelas sociopolíticas con efectos perjudiciales sobre la organización social y política de las comunidades, dispersión de la población debido al desplazamiento forzado, el quiebre del sistema de representación social y la crisis institucional; y las secuelas psicosociales, con efectos perniciosos en las relaciones de convivencia, daños a la identidad personal y la reproducción de nuevas formas de violencia en los espacios sociales hasta los familiares.
En el aspecto educativo, las secuelas de la violencia se manifiestan en la destrucción de locales escolares y abandono de las escuelas por parte de los docentes debido a la inseguridad y el peligro permanente contra sus vidas, que sumado a otros problemas antes señalados han posibilitado el abandono de estudios de niños y jóvenes en edad escolar, quedando sin educación o con niveles incluso mucho menores que los padres, reflejando
un retroceso significativo en el aspecto educativo.La violencia afectó también en la disminución de las capacidades intelectuales y de aprendizaje de los jóvenes, adolescentes y niños, expresado en la falta de concentración, dificultades de captación de conocimientos, y olvidos frecuentes como efectode las experiencias traumáticas vividas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, como producto de las investigaciones realizadas y las conclusiones a las que arribó; ha dejado un conjunto de recomendaciones que buscan cambios tendentes a la reconciliación nacional, tratando de cerrar las grandes brechas de orden económico, social, cultural, racial y de género entre otros, que expresan un pasado vergonzante que nos alejó de la justicia y solidaridad;así como evitar la repetición de hechos tan dolorosos. Estasrecomendaciones son:reformas institucionales necesarias para garantizar el estado de derecho y prevenir la violencia; reparaciones integrales a las víctimas; plan nacional de sitios de entierro; y mecanismos de seguimiento de las recomendaciones.
Las recomendaciones en el aspecto educativo, están referidas a la elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos como el respeto de los derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración al pluralismo y la diversidad cultural; y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales. La CVR también señaló algunos principios para g a r a n t i z a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s recomendaciones señaladas, como:
Poner énfasis en las políticas educativas destinadas a la transformación de la escuela como el lugar de respeto a la condición humana del alumnado.
integral y alejar de la proclividad a la violencia.
Promoción de la educación en el respeto a las diferencias geográficas, étnicas, culturales y lingüísticas; es decir, promover la educación intercultural.
Reforzar instancias de participación y democratización de la escuela, orientadas a la promoción de la calidad educativa y la seguridad del alumnado.
La disciplina y gestión democrática, que permita la autonomía y crecimiento personal del ser humano.
Atención urgente a la población más vulnerable, empezando por los más pequeños en las zonas más necesitadas.
Impulsar un plan de alfabetización con prioridad para la mujer adolescente y adulta de las zonas rurales.
Redefinir la educación en cuanto a contenidos, metodología y cobertura, en función de capacidades de acceso al mercado laboral, poniendo énfasis en la población rural.
Devolver la dignidad y dar calidad a la escuela rural, a través del mejoramiento de la infraestructura y un sistema de incentivos a los profesores de zonas rurales.
derechos humanos, sefundamenta en un principio general del derecho, que el responsable de un daño debe repararlo o compensarlo.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008), el derecho a la reparación tiene una doble dimensión, una sustantiva que consiste en la reparación del daño sufrido a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; y otra dimensión procesal como medio que posibilita la reparación. Esta última, forma parte de la obligación general de proporcionar recursos internos efectivos.
La reparación como deber moral es proporcionar a las víctimas y a sus deudos pruebas tangibles de soporte y ayuda, que junto con la aplicación de la justicia, les devuelva la confianza perdida y los lleve a un mejor entendimiento y nuevas formas de relación entre el Estado y los grupos más vulnerables (APRODEH: 2003).
El Plan Integral de Reparaciones es la segunda recomendación fundamental de la CVR que complementa las conclusiones del informe final,el mismo que fue presentado al Estado el 28 de agosto de 2003 y un día después a la sociedad ayacuchana. El PIR tiene como objetivo general “Reparar y compensar la violación de los derechos humanos, así como las pérdidas y daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado de del conflicto armado interno” (CVR: 2003). A través de este objetivo, el PIR sería un instrumento efectivo de reparación y también de justicia y reconciliación; mas no de política social para resolver problemas de pobreza, desigualdad y exclusión social, que tiene carácter estructural y responde más a un funcionamiento global del sistema.
La reparación integral, como señaló la CVR, está vinculada a otras dimensiones de desarrollo como la familia, el trabajo, la identidad, la cultura, la participación social y comunitaria y el ejercicio irrestricto de los derechos ciudadanos. Por estas Las reparaciones buscan el restablecimiento de las
razones, el PIR debe ser implementado a partir de cinco aproximaciones transversales que toman en cuenta las siguientes dimensiones o enfoques: el enfoque psicosocial, el enfoque participativo, el intercultural, el enfoque de la equidad de género y el enfoque simbólico.
Los beneficiarios pueden ser víctimas directas o indirectas de la violencia; en el primer caso se trata de las personas que han sufrido directamente las violaciones a sus derechos humanos, y en el segundo caso se considera a los familiares, cónyuges, convivientes, hijos, hijas y padres de los muertos y desaparecidos.
El Plan Integral de Reparaciones está compuesto de seis programas complementarios y no excluyentes, estos son:
Programa de Reparaciones Simbólicas, son actos de reconocimiento público con el objetivo de restaurar los lazos rotos entre el Estado y las personas, para favorecer la reconciliación nacional, contribuir a restaurar el lazo social quebrado por la violencia entre el Estado y las personas y grupos sociales o entre las mismas p e r s o n a s ( A P R O D E H : 2 0 0 3 ) . D e n t r o delasreparaciones simbólicas se ha considerado los siguientes componentes: gestos públicos, actos públicos desde el Estado que respalden las recomendaciones de la CVR, recordatorio a lugares de la memoria y actos que conduzcan a la reconciliación.
Programa de Reparaciones en Salud, con el objetivo de brindar tratamiento adecuado para que las personas y pueblos afectados recuperen la salud física y mental,que se reconstituyan las redes de soporte social y se fortalezcan las capacidades para el desarrollo personal y social que ayuden a las víctimas a desarrollar la autonomía necesaria para la reconstrucción de sus proyectos de vida individual o colectiva que se hayan truncado por la violencia.Sus componentes son las capacitaciones, recuperación de la salud desde la intervención comunitaria o intervención clínica y desarrollo de
programas de prevención.
Programa de restitución de derechos ciudadanos, que busca resolver problemas legales y administrativos que impiden a algunas víctimas a ejercer plenamente sus derechos c i u d a d a n o s , c o m o e s e l c a s o d e l o s indocumentados o requisitoriados. Su objetivo es restablecer el ejercicio pleno y efectivo de los derechos ciudadanos, civiles y políticos a la población afectada por la violencia, sea por acción u omisión del Estado; y buscar su rehabilitación jurídica. Tiene seis componentes: la regularización de la situación jurídica de los desaparecidos, regularización de la situación jurídica de los requisitoriados, anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales, regularización de la situación de los indocumentados,asesoramiento jurídico legal y exoneración de pagos para el conjunto de medidas planteadas en este programa.
Programa de Reparaciones Económicas, cuyo objetivo es compensar económicamente los daños morales y materiales ocasionados a las víctimas y familiares por la violencia, a fin de contribuir a que tengan una proyección de vida hacia adelante y un futuro en condiciones de dignidad y bienestar. El programa tiene dos componentes: en forma de pensiones y/o indemnizaciones y en forma de servicios.
generación de ingresos.
El Programa de Reparaciones en Educación (PRED), motivo de esta investigación, que busca brindar facilidades de formación educativa a las personas que perdieron la posibilidad de recibir una educación adecuada o concluirla como consecuencia de la violencia, en reconocimiento de que la violencia también significó la pérdida de oportunidades educativas de niños y jóvenes de zonas de violencia, sea porque se vieron obligados a abandonar sus estudios ante la muerte o desaparición de los padres, porque tuvieron que desplazarse y trabajar para sobrevivir, porque tuvieron que asumir roles de manutención de la familia o la defensa de sus comunidades, porque la infraestructura educativa fue destruida; o por el retiro de los maestros ante el peligro de su integridad.
El objetivo del PRED es brindar facilidades y nuevas o mejores oportunidades de acceso a las víctimas y sus familiares que, como producto del proceso de violencia, perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios primarios, secundarios, superior técnico y/o universitario. El PRED tiene tres componentes:
Exoneración de pagos, referido a la exoneración de pagos de matrícula y pensiones, incluyendo los exámenes de admisión en las escuelas primarias y secundarias, universidades, institutos superiores, los centros educativos ocupacionales (CEOs), programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEIs), y otras instituciones educativas del Estado.Incluye los derechos correspondientes a la obtención de certificados de estudios, constancias de egresados, grados académicos y títulos profesionales.
Programa becas integrales, relacionado a la i m p l e m e n t a c i ó n d e b e c a s i n t e g r a l e s , concursables,descentralizadas (con cuotas por r e g i o n e s y p o r c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s seleccionadas) para estudios superiores, tanto
técnicos como universitarios, en centros de educación ubicados fuera de la región del postulante. Este beneficio incluye tanto becas nacionales como internacionales.Para el caso de beneficiarios sin niveles adecuados de preparación para competir con otros postulantes, se prevé el acceso gratuito a centros de preparación preuniversitaria con experienciay cursos especiales de nivelación. Dentro del programa de becas se tiene las Becas Repared y el Programa de Educación continua.
Educación para adultos, son programas de educación de adultos desarrollados en coordinación con instituciones educativas locales con experiencia, a fin de desarrollar metodologías y contenidos específicos para este sector de población afectada, tomando en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas de cada región, así como los diagnósticos de salud mental. Dentro de este componente se tiene el Plan de Actualización Laboral para todas las personas que ya no se pueden beneficiar con las becas de estudio, por razones de ser ya mayores, o tener familia y que necesitan capacitación para acceder a un trabajo.
También fue necesario implementar programas especiales no escolarizados para facilitar la culminación de los estudios primarios y secundarios de las personas que por motivos de la violencia interrumpieron sus estudios, a través de programas a distancia o nivelaciones con adecuación de horarios a fin de no interferir con sus actividades económicas de sustento. Deben desarrollarse con un enfoque de educación bilingüe e intercultural.
¿Cuáles son los avances del Programa de Reparaciones en Educación, PRED?
normativo referido a reparaciones. Cómo se puede ver, la promulgación de esta Ley se da recién después de casi dos años de la presentación del Informa final de la CVR y a poco tiempo de concluir el gobierno de Alejandro Toledo, quien mostró poca voluntad política y compromiso con la población afectada.
A partir de la Ley Nº 28592 (Ley PIR) y su reglamento, se ordena el marco normativo referido a reparaciones,se crea una estructura orgánica, y se establece funciones y responsabilidades a determinadas entidades responsables de las políticas de reparaciones. Estas son:la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz,la reparación colectiva y la reconciliación, como ente rector del sistema; el Consejo de Reparaciones (CR), encargado de elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV) y de la acreditación, identificación e individualización de las víctimas; y los gobiernos regionales, locales y Ministerios como órganos ejecutores de los distintos programas de reparación.
En el marco de la ley y reglamentación señalada, la CMAN como ente coordinador debía asegurar la implementación de actividades reparativas de acuerdo a los planteamientos del PIR, pero fue difícil cumplir con dicha función debido a la debilidad de la CMAN que sufrió hasta cuatro cambios en su adscripción en el aparato del Estado. Entre 2004 y octubre de 2005 estuvo adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego en noviembre de 2005 y setiembre de 2006 paso a depender del Ministerio de Justicia, en octubre de ese año retorno a la PCM hasta Diciembre de 2011, donde el Reglamento del PIR fue modificado con D.S. N° 0478-2011-PCM; y recién desde enero de 2012 se ha adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esta situación de marchas y contramarchas de la CMAN como ente rector, lejos defortalecerla
i n s t i t u c i o n a l m e n t e , h a s i g n i f i c a d o s u debilitamiento, generando desconfianza y frustración en las víctimas y sus familiares al no poderse implementar las reparaciones. Por otro lado, el PIR también carecía de indicadores cualitativos, metas, cronogramas y mecanismos de evaluación y monitoreo, por lo que el Estado suministróuna atención distinta a cada uno de los programas de reparaciones, destinando presupuesto solo para algunos de ellos y sin una adecuada planificación, siendo por ello muy débil lo relativo a educación. Otra dificultad fue la identificación de víctimas y beneficiarios del PIR a través del Registro Único de Víctimas y la coordinación de los distintos programas de reparaciones, debido a que cada acción fue encargada a una entidad distinta, el primero al Consejo de Reparaciones, y el segundo a la CMAN, quienes no lograron complementarse.
Alan García tampoco le dio mayor importancia a las reparaciones y recién a finales de su mandato emitió el DS 051-2011-PCM que cierra el Registro Único de Víctimas y dispone el inicio de las reparaciones económicas individuales a mayores de 80 años y viudas mayores de 65 años. Se esperaba que el actual presidente Ollanta Humala atienda mejor la demanda de los afectados por violencia, pero aun el programa va a paso lento.
En la Gestión de Ollanta Humala (febrero 2012) se desarrollaron nuevas acciones,se coordinó con el Ministerio de Educación para constituir nuevas modalidades reparativas, así como un documento normativo que guie dichos lineamientos y ayude en su implementación. En base a ello, el Ministerio de Educación diseñó los siguientes planes de educación reparativa: Educación Básica Alternativa para personas iletradas, Educación Técnico Productiva para personas que necesitan capacitación a mediano plazo para insertarse al mercado laboral, Educación Técnica y Educación pedagógica.
de reparación en educación, entonces el Ministerio de Educación elabora el Plan Multianual de Reparaciones en Educación 2014 -2020. Este plan comprende: alfabetización o educación alternativa de adultos, educación técnico productiva, educación técnico superior y educación superior universitaria través de las becas REPARED descentralizadas.
En octubre de 2012 se inicia con las convocatorias para implementar las becas REPARED,en el año 2013 a nivel de las universidades públicas e institutos superiores tecnológicos, beneficiando a un total de 227 becarios, también en el 2013 se inició con el Programa Piloto de Alfabetizaciones a 2277 beneficiarios (Exp. Responsable Nacional de Reparaciones Educativas, 30-11-2013).
¿Qué paso antes de la Beca REPARED?
Antes de estas medidas las reparaciones educativas se venían dando de manera poco sistemática; como antecedente se tiene la implementación de la Ley N° 27277, promulgada en junio de 2000, que establece vacantes de ingreso a las universidades para víctimas de la violencia, que tiene a su vez como antecedente el D.S. N°055-88-PCM, dado durante la primera gestión de Alan García. Esto posibilita la reserva de vacantesen las universidades públicas, en número adecuadopara los procesos de admisión y especialización técnica para hijos de funcionarios y servidores públicos. Este decretoseñala que los funcionarios y servidores del sector público que sean víctimas por actos del terrorismoo del narcotráfico, tendrán derecho a indemnizaciones excepcionalesy en caso de fallecimiento la indemnización sería para los deudos.
Por su parte, el Programa de Reparaciones en Educación PRED, se crea como parte del PIR en el año 2005, pero su implementación tuvo muchas demoras y contratiempos a pesar de la presión de las organizaciones de afectados, y recién a inicios
del año 2013 se aprobó los lineamientos necesarios (Defensoría del Pueblo: 2013). Antes de la fecha, solo se tiene referencia de experiencias aisladas de algunas universidades públicas como la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”; La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a nivel de la capital; la UNSCH; y de algunos centros o InstitutosSuperiores públicos, que en virtud de normas específicas, y más por presión de organizaciones de afectados, empezaron a otorgar algunos beneficios educativos a las víctimas y familiares
Según la defensoría del Pueblo (2013) los factores que han limitado el avance de este programa seríanlas limitaciones normativas para el acceso al PRED, que en un inicio consideraba como titulares del programa de reparaciones tanto a las víctimas como a sus hijos/as, peroque en el año 2011modifica el reglamento del PIR sin justificación técnica ni legal, y excluye como beneficiarios a los hijos/as de algunas víctimas directas, manteniendo sólo este derecho para los hijos/as de fallecidos, desaparecidos y quienes sufrieron violación sexual. Así, la normadejó sin cobertura de reparaciones en educación a un importante número de beneficiarios.
Otro factor limitante, es la falta de iniciativa de los gobiernos regionales para implementar el PRED, con muy pocas excepciones aisladas.Recién en octubre de 2012 el Ministerio de Educación envía al CMAN una propuesta de lineamientos del PRED para su evaluación y aprobación; así, la versión final se aprueba en enero de 2013, y recién posibilita el diseño y posterior desarrollo de planes de trabajo en cuanto a reparaciones en Educación.
sin diferencia de las dos Leyes. En este grupo no aparece la UNSCH, estando ubicada en una de las regiones más afectadas, con mayor número de víctimas y teniendo programas de apoyo con cupos de ingreso para afectados por la violencia con las dos Leyes. Otras modalidades son las exoneraciones de pago por derecho de examen de admisión, de matrícula, pensiones y certificado de estudios, pero que en la práctica se han cumplido en muy pocos casos.
En cuanto a las reparaciones educativas en la región de Ayacucho, la UNSCH es una de las instituciones más importantes que viene implementando acciones reparativas de manera sistemática, tanto para losafectados comprendidos en la Ley 27277 desde los años 90 y de la Ley 28592, desde los exámenes de admisión 2006 a través de dos cupos de ingreso en cada uno de los exámenes de admisión anual y para cada una de las 26 escuelas de Formación Profesional de ese año y 28 actualmente. En este último caso, los cupos también se hicieron extensivos para jóvenes procedentes de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo(OIT), de acuerdo a la Resolución de C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o N ° 1 5 4 2 0 0 6 -UNSCH.2006.
El problema con la implementación de los cupos en el marco de la Ley 28592, fue que en los primeros años los postulantes fueron muy pocos debido al desconocimiento de dicho beneficio, por a la poca de difusión de la medida aprobada; mientras que lospostulantes por la Ley 27277 fueron disminuyendo, situación que generó que algunas escuelas redujeran los cupos.A partirdel año 2008 se fueron incrementado postulantes por la Ley 28592 y por pueblos indígenas; sin embargo, dada las condiciones difíciles en que las víctimas de violencia desarrollaron sus estudios preuniversitarios en colegios nocturnos o combinando estudio con trabajo, sumada a la baja calidad de la educación rural; no pudieron alcanzar los puntajes exigidos para lograr el ingreso a la
universidad, a pesar de rendir un examen menos exigente que el examen de admisiónregular, quedando muchasvacantes no cubiertas en algunas especialidades.Por ejemplo, en el Examen de Admisión 2012- II de la UNSCH, para un total de 47 vacantes establecidas para beneficiarios de la Ley 28592, postularon 46 y solo ingresaron 15, quedando 32 cupos de vacantes no cubiertas (Boletín Estadístico UNSCH: 2012).
Por otro lado, estos beneficiarios tenían exoneración en algunos servicios educativos como matrículas, certificados de estudios, derecho de obtención de grados y títulos; pero debido a los trámites burocráticos y desconocimiento de los decanos de facultad, muy pocos han logrado este beneficio.De igual manera algunos han logrado un apoyo en los servicios de comedor o residencia universitaria, pero muchos jóvenes, debido a su bajo rendimiento o índice académico, han tenido dificultades para acceder a estos servicios.
Entre otras instituciones de la región que brindan este servicio de manera más continua,está el Instituto Tecnológico Hierro Pozo, y de manera puntual y casi esporádicael Instituto Superior Pedagógico Nuestra Sra. de Lourdes, el Instituto Víctor Alvares Huapaya, en Huamanga; y los Institutos Tecnológico y Pedagógico en Huanta.
Esta beca tiene como finalidad la atención exclusiva a los beneficiarios del PRED inscritos en el Registro Único de Víctimas, para subvencionar estudios de pregrado de nivel superior técnico y/o universitario, en instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio académico, cubriendo los costos de pensión educativa, alojamiento, alimentación, compra de libros, pasajes, seguro médico, tutoría, nivelación académica, estudio de idiomas, entre otros; desde el inicio de la carrera hasta la culminación de la misma, comprendiendo graduación y titulación.
Para acceder a esta beca se deben cumplir con los siguientes requisitos: tener nacionalidad peruana; tener como máximo 29 años; haber estudiado la educación básica regular o Ceba, en una institución pública y/o privada; tener alto rendimiento, un promedio mínimo de 14 de los cinco años de estudio secundario para la universidad y 13 para institutos superiores; tener bajos recursos económicos; estar inscrito en el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones; y finalmente, haber ingresado durante el año 2012 a alguna de lasinstituciones de Educación Superior consignadas en resolución mencionada.
Uno de los problemas que los beneficiarios cuestionan es el limité de edad de 29 años para acceder a estas becas, que impediría el mayor acceso de víctimas a este beneficio, ya que muchos beneficiarios ya sobrepasaron esta edad y habría la necesidad de ampliarla. Igualmente cuestionan la exigencia del alto rendimiento, porque los afectados por violencia especialmente los de origen rural han estudiado en condiciones difíciles y por tanto es difícil cumplir con esa exigencia.
Según la Dra. Marlene Cahuana, Responsable Nacional de las Reparaciones Educativas (Ayacucho: 30-11-13), durante el año 2013 se habría beneficiado a un total de 227 beneficiarios víctimas de violencia, que han logrado el ingreso a
institutos superiores o universitarios. De este grupo, 61 beneficiarios corresponden a Ayacucho, quienes estudian tanto en Lima como en la propia región.
Si bien en la convocatoria inicial de otorgamiento de becas se benefició a 227 beneficiarios, esta es una cifra aún pequeña para la cantidad de jóvenes víctimas o hijos de víctimas inscritas en el RUV. Por otro lado, esta primera experiencia ha posibilitado recoger opiniones de las instituciones afines como la Defensoría del Pueblo, pero fundamentalmente de los beneficiarios que exigieron modificaciones para la siguiente convocatoria. De esta manera, para la convocatoria del 2013 con proyección al año 2014, se amplío el número de becas, tanto a nivel nacional como para Ayacucho yse eliminó el requisito de edad y la evaluación del SISFOH.
Otro aspecto que reclaman los beneficiarios, es que las becas REPARED no cubren a todas las carreras profesionales, queademás de trabajar con universidades elegibles, también lo hacen con carreras elegibles. De esta manera, apoya mayormente a las carreras técnicas, y en las universitarias a las diversas ingenierías, carreras relativas al medio ambiente, turismo y carreras referidas a la salud física y mental en algunos casos, tomando en cuenta las demandas laborales de mercado. Manifiestan los potenciales beneficiarios que en muchos casos los jóvenes quisieran estudiar carretas de ciencias sociales y humanidades, peroque estas no están consideradas para la beca.
Entre las Universidades seleccionas están las públicas y privadas más importantes de la capital y de las regiones que cumplen con los requisitos establecidos por el PRED, y entre los Institutos Superiores están principalmente SENCICO y SENATI, que tienen sedes en las diferentes regiones, entre otras.
implementación,además del Ministerio de Educación y la CMAN, a los Gobiernos regionales a través de las autoridades y funcionarios vinculados al sector; sin embargo, desde la presentación del Informe Final de la CVR se ha notado el desinterés de las autoridades regionales para comprometerse con las recomendaciones y particularmente las reparaciones, siendo Ayacucho una de las regiones más afectadas y con mayor número de víctimas. A s í , l a s p o c a s a c c i o n e s r e p a r a t i v a s implementadas en algunas instituciones educativas de la región, responden más a la presión de las organizaciones de afectados.
Las organizaciones de afectados de la región han perdido confianza en sus autoridades porqueno toman interés para apoyar a canalizar las demandas que plantean frente a la justicia, la reparación, la paz y el desarrollo;por el contario señalan quedanla espalda a las necesidades de la población que ha sufrido la violencia. Admiran las iniciativas de los gobiernos regionales vecinos de Apurímac y Huancavelicapor haber incorporado las reparaciones a través de ordenanzas regionales en los planes regionales o institucionales.
Una de las primeras organizaciones de afectados constituidas en la región, es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos en Zonas de E m e r g e n c i a d e l P e r ú ( A N F A S E P ) , posteriormentese formaron, la Juventud ANFASEP, el Consejo Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP), la Asociación de Desplazados Internos Afectados por la Violencia de Ayacucho (ADIAVA), la Asociación de Jóvenes Víctimas de Violencia Socio Política (AJOPVISOP), y la Asociación de Familias desplazadas e insertadas en la Provincia de Huanta (AFADIPH),
Estas organizacionesjuegan un rol importante para que se haga efectiva la implementación del PIR en la región, porque vienen luchando desde distintos
espacios por los mismos objetivos, alcanzar la justicia, reparación, paz y desarrollo. Desde antes han venido luchando por la verdad y justicia por sus muertos y desaparecidos,y gracias a esos esfuerzos ylas demandas formuladas por estas organizaciones, se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua, apoyando activamente en el trabajo de la CVR.
Actualmente, las luchas de estas organizaciones están orientadas a alcanzar la justicia y la i m p l e m e n t a c i ó n d e l P l a n I n t e g r a l d e R e p a r a c i o n e s , f u n d a m e n t a l m e n t e a l a s reparaciones económicas, reparaciones colectivas, las reparaciones educativas, reparaciones en salud, reparaciones simbólicas y la restitución de derechos. Las organizaciones de Jóvenes afectados por la Violencia, como la Juventud ANFASEP o AJOVISOP, son quienes han puesto mayor esfuerzo en sus luchas por la reparación educativa.
C o m o r e s u l t a d o d e e s t a i n v e s t i g a c i ó n preliminarsellega a las siguientes conclusiones:
El conflicto armado interno que vivió el país y la región, como señalan la CVR, fue el episodio más doloroso que dejó secuelas muy graves en la vida de las personas afectadas y particularmente en los más pobres. En este sentido, la implementación del Programa Integral de Reparaciones en la región, en cualquiera de sus modalidades, se constituye en acciones necesarias y de prioridad, tanto como un derecho de los afectados y como mecanismo para resarcir en alguna medida los daños morales, materiales y sociales ocasionados a las víctimas; así como un deber ético y una obligación del Estado para dignificar a las víctimas, restablecer la ciudadanía gravemente conculcada y contribuir la reconstrucción de los lazos rotos en el país.
un componente fundamental delel Plan Integral de Reparaciones, que complementa a los otros cinco programas, porquela Educación como fundamento del desarrollo humano, posibilitará oportunidades para culminar estudios o recibir una educación pertinente para el desarrollo integral de las personas que se vieron limitadas a estudiar oque truncaron sus estudios por la violencia.
El Programa de Reparaciones en Educación, al igual que los otros programas del PIR, tiene muchas limitaciones y demoras en su implementación,debido a la falta de voluntad política y compromiso de los gobernantes de turno, traducido en el lento desarrollo de la reglamentación correspondiente, la debilidad de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de la implementación de dichos programas, las demoras en el Registro Único de Víctimas que identifique y califique a las víctimas beneficiarias de las reparaciones, y la p o c a a s i g n a c i ó n p r e s u p u e s t a l p a r a reparaciones.
Las autoridades de la región de Ayacucho han jugado un papel pasivo e indiferente en la implementación del Plan Integral de Reparaciones en la región, y particularmente de las Reparaciones en Educación. Las pocas iniciativas que se vienen implementando son los cupos de ingreso establecidos por la UNSCH, relativos a las víctimas, comprendidas en las Leyes 27277 y 28592,y responden más a la presión de las organizaciones de afectados, canalizadas por las instancias comprometidas como la Defensoría del Pueblo y el Consejo Regional de Reparaciones. Existen iniciativas interesantes replicables, emprendidas por las autoridades de las regiones vecinas de Apurímac y Huancavelica.
En Ayacucho se han constituido muchas organizaciones sociales de afectados como ANFASEP, CORAVIP, AFADIPH, Juventud
ANFASEP, AJOVISOP, entre otras,que juegan un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de la verdad, justicia, reparaciones, paz y desarrollo, a través de gestiones permanentes a las instancias pertinentes y muchas veces con movilizaciones para la alcanzar sus objetivos. Es el caso de ANFASEP, que en sus 30 años de existencia no han dejado de luchar por los derechos humanos, la justicia y reparación de sus miembros y todos los afectados
Se hace necesaria la coordinación y canalización de los esfuerzos conjuntos de las o r g a n i z a c i o n e s d e a f e c t a d o s y e l establecimiento de alianzas con organizaciones e institucionescomprometidas con las recomendaciones de la CVR, para el diseño e implementación de políticas regionales y acciones de reparación a las víctimas.
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DIARIO 16 Beca 18 cumple con reparaciones en educación a víctimas de la violencia política.
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PORTAL NOTICIAS Víctimas de la violencia no han recibido una atención adecuada e integral por parte del Estado. Lima 25-09-13
