INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS COLOMBIA
2001
Departamento de Estado de los Estados Unidos 4 de marzo de 2002
Resumen ejecutivo
Colombia es una democracia constitucional, multipartidista en la cual la política ha sido dominada por mucho tiempo por los partidos Liberal y Conservador. En 1998 los ciudadanos eligieron al Presidente Andrés Pastrana del partido Conservador y una legislatura controlada por el Partido Liberal en elecciones en general libres, justas, y transparentes, a pesar de que hubo intentos de intimidación y fraude por parte de los grupos paramilitares, guerrillas, y narcotraficantes. El Gobierno continuó enfrentando serios desafíos a su control sobre el territorio nacional, mientras que persiste un conflicto armado y una violencia duraderos y desenfrenados, tanto desde el punto de vista político como del criminal. Los principales participantes en el conflicto fueron las fuerzas de seguridad estatales, los grupos paramilitares, la guerrilla, y los narcotraficantes. El conflicto interno del país causó la muerte de entre 3.000 y 3.500 civiles durante el año, incluyendo bajas en combate, asesinatos políticos, y desapariciones forzosas. La justicia ordinaria es en gran parte independiente de la influencia gubernamental; sin embargo, es común el soborno y la intimidación de jueces, testigos y fiscales.
El Ministerio de Defensa, liderado por un civil, es responsable de la seguridad interna y supervisa tanto a las fuerzas armadas (incluyendo al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Infantería de Marina, y el Guardacostas) como a la Policía Nacional. En el pasado, el manejo civil de las fuerzas armadas ha sido limitado; sin embargo, en los últimos años, ha mejorado el profesionalismo de las fuerzas armadas, y ha aumentado el respeto por la autoridad civil por parte de los militares. Adicionalmente a las fuerzas armadas y a la Policía Nacional, las fuerzas públicas de seguridad incluyen autoridades policivas y de investigación armadas, incluyendo al Departamento Administrativo de Seguridad(DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigadores de la Fiscalía General(CTI). El DAS, el cual tiene una amplia autoridad en la recopilación de inteligencia, en orden público e investigaciones, le reporta directamente al Presidente pero lo dirige un profesional del orden público. La Policía tiene a su cargo formalmente mantener el orden y la seguridad interna pero en la práctica comparte a menudo responsabilidades de orden público con el Ejército tanto en áreas rurales como urbanas. Hay aproximadamente 192 municipios en los cuales hace falta la presencia de la seguridad del estado. Muchos observadores mantienen que la acción del Gobierno para combatir el paramilitarismo ha sido inadecuada y en el pasado las fuerzas de seguridad no confrontaron a los grupos paramilitares. Sin embargo, las fuerzas de seguridad confrontaron y detuvieron significativamente a más miembros de los grupos paramilitares durante el año si se compara con el año anterior. No obstante, los miembros de las fuerzas de seguridad a veces colaboraron ilegalmente con los paramilitares. Los miembros de las fuerzas armadas y la Policía cometieron violaciones serias de derechos humanos.
La población del país se estima en 41'713.000. A pesar de años de violencia relacionada con los narcóticos y la política, la economía es diversa y relativamente avanzada. Las principales exportaciones legales son petróleo, carbón, café, y flores. En 1999 el país sufrió su primera recesión en más de 60 años, con una disminución del producto interno bruto(PIB) del 4,3% y un desempleo record de más del 18%. La economía creció aproximadamente un 2% durante el año, y el desempleo quedó en 16,8% a final del año. La tasa inflacionaria al final del año fue del 7,65%. Desde 1999 el Gobierno ha adoptado presupuestos fiscalmente austeros y ha puesto el peso a flotar frente al dólar. Los altos niveles de
violencia inhiben enormemente la confianza comercial. Los narcotraficantes continuaron su control sobre grandes extensiones de tierra y otros activos y ejercieron influencia a través de toda la sociedad, la economía y la vida política. Es tremenda la desigualdad en la distribución de los ingresos; mucha de la población vive en condiciones de pobreza. El PIB per capita fue de aproximadamente US$2.087.
La situación de los derechos humanos del Gobierno siguió siendo deficiente; hubo esfuerzos continuos por mejorar el marco legal y los mecanismos institucionales, pero se retardó la implementación, y en muchas áreas siguen habiendo serios problemas. Un porcentaje pequeño del total reportado de abusos de derechos humanos es atribuido a la seguridad del estado; sin embargo, las fuerzas de seguridad estatales continuaron cometiendo serios abusos, incluyendo muertes extrajudiciales. La impunidad siguió siendo un problema. A pesar de algunos enjuiciamientos y condenas, las autoridades pocas veces entregaron a la justicia a oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad y de la Policía acusados por violación de derechos humanos. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron con los grupos paramilitares los cuales cometieron abusos, en algunos casos permitiéndoles imponer retenes, compartir información, o proporcionándoles provisiones o municiones. A pesar del aumento en los esfuerzos del Gobierno por combatir y capturar a los miembros de los grupos paramilitares, las fuerzas de seguridad también dejaron de actuar para evitar los ataques paramilitares. Los paramilitares encuentran aún apoyo entre los militares y la Policía, así como entre las poblaciones civiles locales en muchas áreas.
El Código Penal Militar revisado, el cual entró en vigencia en agosto de 2000, establece un cuerpo judicial militar independiente para proteger jurídicamente a las tropas si se rehusan a llevar a cabo órdenes ilegales de cometer abusos en derechos humanos; el Código Penal Militar también impide que los comandantes de la unidad juzguen a sus subordinados. Una serie de decretos de reforma militares, firmados por el Presidente en septiembre de 2000, otorgó una mayor facilidad para que los militares destituyan a los abusadores de derechos humanos o a quienes colaboran con los paramilitares, y le dio mayor profesionalización a las fuerzas públicas de seguridad. La justicia militar continuó demostrando un aumento en la buena voluntad de entregar a la justicia ordinaria los casos que involucraban a oficiales de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones serias de derechos humanos, tal como lo requiere el fallo de la Corte Constitucional en 1997, el nuevo Código Penal Militar, y por un mandato presidencial de agosto de 2000.
La Policía, los guardias de las cárceles, y las fuerzas militares torturaron y maltrataron a los detenidos. Las condiciones en las hacinadas y mal financiadas cárceles son duras; sin embargo, algunos reclusos utilizan el soborno y la intimidación para obtener un tratamiento más favorable. Los arrestos arbitrarios y la detención prolongada antes del juicio, son problemas fundamentales. La justicia ordinaria es ineficaz, y está severamente sobrecargada por una gran acumulación de casos, y debilitada por la intimidación y el clima de impunidad prevalecientes. Esta situación es el meollo de los problemas de derechos humanos del país. A finales del año, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) informó que el sistema judicial estaba extremadamente sobrecargado; recibió un total de 8,6 millones de casos de 1994 a 2000, de los cuales 226.783 fueron casos penales cuyas demandas se iniciaron durante 2000.
Las autoridades a veces infringieron el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Muchos periodistas fueron asesinados, pero los periodistas continuaron trabajando bajo un ambiente de amenazas e intimidación, en algunos casos por parte de funcionarios locales, pero principalmente de los grupos paramilitares y de la guerrilla. Los periodistas practican la autocensura para evitar represalias. Los paramilitares y la guerrilla tuvo como objetivo a los líderes religiosos. Hubo algunas restricciones sobre la libertad de movimiento, generalmente por preocupaciones de seguridad. La violencia e inestabilidad en las áreas rurales desplazaron entre 275.000 y 347.000 civiles de sus hogares durante el año. Casi una cuarta parte de estos fueron desplazamientos masivos. La cifra exacta de desplazados es difícil de obtener puesto que algunas personas han sido desplazadas más de una vez, y muchas de los desplazados no se registran ante el gobierno u otras entidades. Sin embargo, puesto que no existe un consenso con relación
al número exacto de desplazados, los observadores acordaron que ha habido un aumento significativo en los desplazamientos en los últimos tres años. El número total de ciudadanos desplazados durante los últimos seis años puede exceder un millón. Hubo informes de que los miembros de las fuerzas de seguridad, los paramilitares, y la guerrilla mataron, amenazaron y acosaron a miembros de los grupos de derechos humanos. La violencia y la extensa discriminación de la sociedad contra la mujer, el abuso de menores, y la prostitución infantil son problemas serios. Continuó la extensa discriminación de la sociedad contra los indígenas y las minorías. Los líderes sindicales y los activistas continuaron siendo blanco de altos niveles de violencia. El trabajo infantil es un problema generalizado. El tráfico de mujeres y niñas con el propósito de explotación sexual es un problema. La limpieza social, los asesinatos de niños de la calle, prostitutas, homosexuales y otros considerados indeseables socialmente por los grupos paramilitares, la guerrilla, y los ciudadanos armados continuaron siendo problemas serios.
Las ONG le atribuyeron una gran mayoría de los asesinatos políticos, los asesinatos de limpieza social, y las desapariciones forzosas a los paramilitares. Según los cálculos de los militares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) organización coordinadora paramilitar tiene entre 8.000 y 11.000 combatientes. La influencia de las AUC aumentó durante el año y lucharon para extender su presencia a través de la violencia e intimidación en áreas previamente bajo control de la guerrilla mientras que llevaban a cabo asesinatos selectivos de civiles que supuestamente colaboraban con la guerrilla. En todo el país, los paramilitares mataron, torturaron, y amenazaron a civiles sospechosos de simpatizar con la guerrilla en una campaña orquestada para aterrorizarlos para que abandonaran sus hogares, y privar a la guerrilla del apoyo civil, y permitiéndole a los paramilitares retar a las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de los cultivos ilícitos y los territorios estratégicamente importantes. Igualmente lucharon contra la guerrilla por el control de algunas regiones lucrativas de cultivo de coca y participaron directamente en la producción y tráfico de narcóticos. Las AUC intentaron mostrarse cada vez más como una organización autónoma con una agenda política, aunque en la práctica permanecieron como una fuerza mercenaria, financiada por las actividades criminales y sectores de la sociedad que son blanco de la guerrilla. Aunque algunos grupos paramilitares reflejan el deseo de los residentes rurales de organizarse solamente por autodefensa, la mayoría son organizaciones de ciudadanos armados, y otros todavía son realmente los Ejércitos privados pagados por los narcotraficantes y grandes terratenientes. Creció el apoyo de estas organizaciones a medida que aumentó la violencia de la guerrilla frente a un proceso de paz de lenta evolución.
El Gobierno continuó insistiendo en que los paramilitares, igual que la guerrilla, eran fuerzas ilegales y aumentó significativamente los esfuerzos por detener a miembros de los paramilitares. Las fuerzas de seguridad del estado capturaron tres veces el número de paramilitares durante el año que durante el mismo período en 2000; sin embargo, el comportamiento de la fuerza pública de seguridad en el trato con los grupos paramilitares fue mixto, y en algunos sitios elementos de las fuerzas de seguridad estatales toleraron o aún colaboraron con grupos paramilitares.
En abril la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, presentó un informe en el cual criticaba fuertemente el número elevado de masacres y desapariciones, y el crecimiento de las fuerzas paramilitares en el país. En su informe anual a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson criticó al Gobierno por no luchar contra los paramilitares. Adicionalmente, ella expresó alarma frente al enlace aparente entre los grupos paramilitares y los miembros de las fuerzas armadas.
Las FARC y el ELN atacaron regularmente a la población civil, cometieron masacres y ejecuciones, y mataron personal médico y religioso. Las FARC continuaron con su práctica de utilizar tanques de gas como morteros para destruir pequeños pueblos, hiriendo indiscriminadamente a funcionarios gubernamentales y a civiles en el proceso. La guerrilla fue responsable de la mayoría de los casos de reclutamiento forzado de indígenas y de cientos de menores. La guerrilla también fue responsable de la
mayoría de los secuestros. Fue también responsable de la desaparición forzada de soldados y policías y continuó con una política de matar, atacar, y amenazar a policías y personal militar fuera de servicio, a sus parientes, y a ciudadanos que cooperaban con ellos. En muchos lugares, la guerrilla recolectaba "impuestos de guerra", forzaba a miembros de la ciudadanía a entrar a sus filas, forzaba a pequeños campesinos a cultivar productos ilegales, y reglamentaba los viajes, el comercio, y otras actividades. Dueños de negocios han sido secuestrados o amenazados por rehusar cumplir con la "Ley 002" de las FARC, anunciada en marzo de 2000, la cual exigía que cualquier persona con activos de más de US$1 millón pagara impuestos a las FARC o se arriesgara a un secuestro. Las FARC habitualmente cometieron abusos contra ciudadanos que residían en la zona de despeje, la cual consistía de cinco municipios del sur, con una población total de aproximadamente 120.000 personas. Numerosas fuentes creíbles informaron sobre casos de asesinato, violación, secuestro, extorsión, robo, amenazas, detención, y reclutamiento forzado de adultos y menores, así como de impedimentos a la libertad de expresión y a un juicio imparcial, e interferencia con las prácticas religiosas.
RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1. - Respeto por la integridad de la persona, incluyendo la libertad de no ser víctima de: a. La privación de la vida con arbitrariedad e ilegitimidad
Los asesinatos políticos y extrajudiciales continuaron siendo un problema serio. Durante el año, las organizaciones no gubernamentales (ONG) estimaron que más de 3.700 ciudadanos murieron en tales actos, cometidos principalmente por agentes que no eran del estado. Miembros de las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo asesinatos extrajudiciales. Un análisis de los datos del Centro de Investigaciones Populares (CINEP), publicado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una ONG, dice que desde junio de 2000 a junio de 2001, las fuerzas estatales cometieron 100 asesinatos extrajudiciales reportados, incluyendo muertes que resultaron de abuso de autoridad por parte de la Policía. El CINEP informó que desde enero hasta septiembre, miembros de las fuerzas de seguridad estatal cometieron 92 "homicidios intencionales de personas protegidas," y causaron la muerte de 25 civiles durante combates. El CINEP informó que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 119 homicidios intencionales de personas protegidas durante el mismo período en el año 2000. La mayoría de los incidentes citados por la CCJ y el CINEP estaban bajo investigación por parte de autoridades militares y civiles al final del año. La justicia ordinaria vio un aumento de personal militar acusado de violaciones de derechos humanos (ver la Sección 1.e.). Los miembros de las fuerzas de seguridad a veces colaboraban ilegalmente con las fuerzas paramilitares, y las autoridades continuaban investigando casos anteriores de colaboración con o de no evitar masacres causadas por los paramilitares. Hubo algunos informes de que la Policía y ex miembros de las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos de limpieza social. Las investigaciones de asesinatos y masacres del pasado procedieron lentamente.
El 31 de diciembre de 2000, un soldado lanzó una granada a un grupo de civiles, matando a tres e hiriendo a tres más. El 29 de enero las autoridades lo destituyeron del Ejército, y luego él alegó ser culpable de homicidio agravado y posesión ilegal de armas.
Las autoridades continúan investigando el asesinato el 4 de abril del policía Carlos Ceballos Gómez, quien testificó en la investigación de interceptación ilegal de líneas telefónicas por la fuerza antisecuestros GAULA de Medellín (ver la Sección 1.f.).
Continuó habiendo informes de que un número indeterminado de policías fuera de servicio cometieron asesinatos de limpieza social, o de que la Policía deliberadamente no evitaba tales asesinatos.
La CCJ informó de 161 masacres (definidas como el asesinato simultáneo o casi simultáneo de cuatro o más personas fuera de combate en un solo sitio o en varios sitios cercanos), en las cuales murieron 1.021 víctimas, de enero a septiembre, y estimaron que el número total de masacres durante el año excedió 200. La CCJ atribuye cuatro masacres a actos de negligencia u omisión deliberada por parte de las fuerzas de seguridad estatales. Según el Ministerio de Defensa, durante el año, 493 personas fueron asesinadas en masacres (definidas como cuatro personas asesinadas en un incidente.) La cifra del Ministerio de Defensa no incluye personas asesinadas durante disturbios en las cárceles; las ONG incluyen tales incidentes en sus estadísticas. La CCJ analizó los datos del CINEP desde junio de 2000 hasta junio de 2001 y atribuyó el 3% de las víctimas civiles y personas asesinadas por fuera de combate a las fuerzas de seguridad estatales.
Un fallo de una corte de primera instancia exoneró a los soldados involucrados en la matanza de agosto de 2000 de seis menores por parte de una unidad del Ejército; sin embargo, el Tribunal Militar Superior devolvió el caso para reconsideración (ver la Sección 1.g.).
La Procuraduría General, que lleva a cabo investigaciones disciplinarias de todos los empleados del sector público, recibió 228 reclamos contra miembros de las fuerzas de seguridad estatales durante el año, comparados con 201 durante 2000. La oficina del Procurador General investigó a 183 miembros de las fuerzas de seguridad estatales por cargos disciplinarios relacionados con masacres y desapariciones forzadas. De esta cifra, el Procurador General sancionó a 20 miembros del Ejército, 14 miembros de la Policía, y un infante de Marina. La oficina exoneró a 20 personas acusadas. Como en el año anterior, la oficina continuó refiriendo todos los casos que involucraban violaciones de derechos humanos a la Fiscalía General para investigación penal. Cinco generales permanecieron bajo investigación por la Procuraduría General durante el año por no evitar las masacres paramilitares en 1998 y 1999; uno fue condenado.
En diciembre la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General informó que tenía aproximadamente 788 investigaciones abiertas por violaciones de derechos humanos por parte de 1.342 individuos, incluyendo 234 miembros de las fuerzas militares y la Policía, 770 supuestos miembros de los grupos paramilitares, 240 supuestos guerrilleros, y otros 98 civiles. Desde diciembre la unidad había arrestado a 1.293 personas, y quedaban pendientes otras 891 órdenes de captura, de las cuales 39 son para miembros de las fuerzas militares, la Policía, y el DAS. La Fiscalía arrestó a 132 miembros del Ejército, 97 policías, nueve miembros del DAS, y siete miembros del CTI durante el año.
El Instituto de Medicina Legal informó de 25.351 homicidios en el año, 792 casos menos que en 2000. La Policía y la Fiscalía General no tienen suficientes recursos para investigar adecuadamente la mayoría de los asesinatos. El Consejo Superior de la Judicatura estimó, con base en una encuesta de 1997, que no se reportan un 63% de los delitos, y que no se castigan un 40% de todos los delitos reportados.
Según un informe de marzo de 2000 del Ministerio de Defensa, durante la primera mitad de 1999, el año más reciente con información disponible, la justicia militar condenó y sentenció a 206 miembros de la Policía Nacional, el Ejército, y la Armada por serias ofensas que el Ministerio identificó como violaciones de derechos humanos: homicidio, lesiones corporales, violación, intento de asesinato, detención ilegal, y abuso de autoridad. Del número total de condenas, 66 fueron por homicidio y 113 fueron por lesiones corporales. La condena promedio emitida en 1998 fue de 58 meses por homicidio y 15 meses por lesiones corporales, aunque las sentencias iban desde dos años hasta 64 años por homicidio, y de dos meses hasta dos años por lesiones corporales. El Código de Procedimiento Penal civil autoriza la restricción a una base militar como un sustituto aceptable de arresto correccional cuando no hay disponibles cárceles o prisiones militares.
En 1997 la Corte Constitucional definió más precisamente la disposición constitucional de que los delitos realizados por agentes estatales no relacionados con actos del servicio deben ser juzgados por la justicia ordinaria (ver la Sección 1.e.). Ya en noviembre, la justicia militar había entregado 1.373 casos, de los cuales aproximadamente el 41% eran posibles violaciones de derechos humanos, a la justicia ordinaria para investigación y posible enjuiciamiento, incluyendo los casos que involucraban a oficiales de alto rango. El nuevo Código Penal Militar reitera que los delitos de genocidio, desaparición forzada, y tortura deben ser juzgados por la justicia ordinaria. En agosto de 2000, el Presidente reafirmó estas nuevas normas legales a través de una directriz enviada al alto mando militar y al comandante de la Policía Nacional (ver la Sección 1.e.).
Durante el año, la justicia militar le entregó 66 casos a la justicia ordinaria, comparado con 496 casos durante 2000. La disminución no refleja una reducción en la buena voluntad de trasferir tales casos; se trasfirió una acumulación grande de casos de años anteriores durante 2000. El Consejo Superior de la Judicatura falló en 31 conflictos de jurisdicción sobre casos que involucraban a los militares durante el año. De estos, 11 casos fueron asignados a la justicia militar y 20 fueron asignados a la justicia ordinaria. La CCJ en su análisis de datos del CINEP y otras fuentes atribuyeron cuatro masacres durante el año a las fuerzas estatales de seguridad. En ninguno de estos casos se le atribuyeron directamente los asesinatos a los miembros de los servicios de seguridad estatales; la CCJ y el CINEP atribuyeron tres de estas masacres a negligencia de parte del estado, mientras que el cuarto se le atribuyó a un fracaso deliberado para evitar la violencia paramilitar. De estos cuatro incidentes, tres involucraron motines carcelarios, en los cuales los reclusos de la guerrilla y los paramilitares se mataron entre sí (ver la Sección 1.c.). La CCJ y el CINEP concluyeron que los guardias de las cárceles eran culpables por no haber evitado estas muertes.
El cuarto incidente fue una masacre paramilitar el 17 de marzo en San Carlos, Antioquia, que tuvo como resultado en la muerte de 13 personas. La CCJ y el CINEP acusaron a las tropas del Ejército y la Policía de retirarse deliberadamente del área de ataque tres días antes de la masacre. Al final del año, la Procuraduría General estaba llevando a cabo una investigación disciplinaria contra 10 miembros de las fuerzas militares y la Policía, en relación con los alegatos de que habían permitido que un camión que llevaba 15 rehenes retenidos por los paramilitares pasara inadvertido. Al final del año también se estaba llevando a cabo una investigación separada por parte de la Fiscalía General.
En mayo las autoridades detuvieron a dos cabos de la IV Brigada del Ejército bajo sospecha de haber participado en el asesinato de enero de 2000 de Uberney Giraldo y José Evelio Gallo, ambos guerrilleros desmovilizados tiempo atrás de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y a otros dos, luego de raptarlos del pueblo de San Antonio, departamento de Antioquia. Aunque otros dos oficiales del Ejército y cuatro soldados no fueron detenidos, sí permanecieron bajo investigación. La Procuraduría General y la Fiscalía General continuaron investigando el caso al finalizar el año.
En junio un tribunal de Rionegro, departamento de Antioquia, condenó en ausencia al mayor del Ejército David Hernández Rojas y al capitán del Ejército Diego Fino Rodríguez por homicidio agravado en el asesinato en 1999 del Comisionado de Paz de Antioquia (y ex Viceministro de la Juventud) Alex Lopera y de otras dos personas, y los sentenció a 50 años de prisión. Un ex miembro de la IV Brigada del Ejército, Raúl Gallego, fue absuelto. Otros dos soldados fueron condenados por cometer los asesinatos y estaban cumpliendo sentencias en prisión al finalizar el año. El capitán Fino y el mayor Hernández se encontraban huyendo a finales del año después de haberse fugado de su detención militar en marzo de 2000 y junio de 1999 respectivamente. Fueron condenados y sentenciados otro soldado y un civil en ausencia por obstrucción de justicia y por ayudar en la fuga de Fino.
En noviembre el teniente coronel (r) del Ejército Jorge Plazas Acevedo, ex jefe de inteligencia de la XIII Brigada del Ejército, fue juzgado por el secuestro en 1998 y asesinato en 1999 del líder comercial Judío Benjamín Khoudari. Al final del año, el tribunal aún no había dictado un fallo final. Los juicios del civil Jhon Alexis Olarte Briceño y del sargento del Ejército Guillermo Lozano Guerrero también continuaban a finales del año. Otros dos sospechosos apelaban sus condenas por secuestro y homicidio agravado ante el Tribunal Supremo de Bogotá.
La Fiscalía continuaron la investigación de la masacre de Barrancabermeja en mayo de 1998, así como el asesinato de Elizabeth Cañas Cano en julio de 2000, una testigo ocular. La Procuraduría General también llevaba a cabo una investigación acerca de la muerte de Cañas. En agosto de 2000, el Procurador General había sancionado a ocho miembros de las fuerzas armadas en relación con la masacre, incluyendo a miembros del Ejército, la Policía, y el DAS, en la cual fueron dados de baja tres: el Capitán del Ejército Oswaldo Prada Escobar, el teniente Enrique Daza y el Subteniente Héctor Guzmán Santos. Fueron desvinculados del servicio un teniente coronel, un capitán, y un teniente de la Policía, así como dos agentes del DAS.
A finales del año, continuó el juicio civil del coronel (r) Bernardo Ruiz Silva, ex comandante de la ahora disuelta XX Brigada (de inteligencia militar) por supuestamente organizar el asesinato en Bogotá en 1995 del líder del Partido Conservador de oposición Alvaro Gómez Hurtado. En marzo la juez informó de una amenaza de muerte contra ella (ver la Sección 1.e.). El juicio continuó a finales del año. También continúan los juicios de los agentes de inteligencia del Ejército Henry Berrío Loaiza y Carlos Gaona Ovalle, y los oficiales técnicos (r) Omar Berrío Loaiza y Franklin Gaona Ovalle, y los acusados asesinos civiles Héctor Paul Flórez Martínez, Manuel Mariano Montero Pérez, Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo, y Hermes Ortiz Durán.
Al finalizar el año, al coronel de la Infantería de Marina José Ancízar Molano Padilla (el entonces comandante del II Batallón de Infantería de Marina) y a los cabos de Infantería de Marina Javier Fernando Guerrero, Eduardo Aristides Álvarez, y José Milton Caicedo, los juzgaba la justicia ordinaria en Pasto por los asesinatos de limpieza social en 1995 de los supuestos ladrones Sifredy y Fredy Arboleda. Las autoridades continuaron empeñadas en la captura del sargento de Infantería de Marina Francisco Duarte Zúñiga. Al finalizar el año continuaba una investigación disciplinaria por parte del Procurador General.
Se espera que falle la Corte Suprema sobre la apelación de cinco oficiales del Ejército y cuatro paramilitares de sus condenas de 1998 en el caso de la masacre paramilitar de 1988 en Nuevo Segovia, en la cual 43 personas fueron heridas y asesinadas, y su sentencia fue de 18 a 30 años de cárcel por terrorismo.
La Fiscalía continuó investigando el secuestro, tortura, y muerte en 1987 de Nydia Erika Bautista de Arellano, miembro del grupo guerrillero M-19. El caso fue trasferido a la justicia ordinaria en julio de 2000. En 1994 el Procurador General dio la orden de desvincular al brigadier general Alvaro Velandia Hurtado de las fuerzas armadas y sancionó a un sargento en el caso. El Gobierno cumplió en 1996 con una orden judicial de pagar una compensación a la familia Bautista por la participación de funcionarios del Ministerio de Defensa.
Continuaron los alegatos creíbles de la cooperación con los grupos paramilitares, incluyendo las instancias de apoyo pasivo y de colaboración directa por miembros de las fuerzas públicas de seguridad, en particular el Ejército. La evidencia sugiere que hubo arreglos tácitos entre los comandantes militares locales y los grupos paramilitares en algunas regiones, y las fuerzas paramilitares operaron libremente en algunas áreas a pesar de una presencia militar significativa. Los miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron activamente con miembros de los grupos paramilitares los pasaron por retenes, compartieron
inteligencia con ellos, les proporcionaron municiones, y supuestamente se unieron a sus filas mientras estaban fuera de servicio.
El alto mando militar, bajo el liderazgo del Ministro de Defensa Gustavo Bell y del general Fernando Tapias, afirmó repetidamente que no toleraría colaboración entre el personal militar y los grupos paramilitares, y que el Ejército combatiría a los grupos paramilitares. Aunque las fuerzas de seguridad estatales duplicaron las operaciones contra los paramilitares durante el año y triplicaron el número de paramilitares capturados desde 2000 (ver la Sección 1.g.), las acciones de las fuerzas de seguridad en el campo no siempre fueron consistentes con las posiciones de liderazgo, y los miembros de las fuerzas de seguridad a veces colaboraron ilegalmente con los paramilitares. Persistieron los informes creíbles sobre instalaciones y retenes cerca de las bases militares; de contactos entre los paramilitares y los militares; de retenes paramilitares no cuestionados por las fuerzas militares; y del fracaso militar al responder a las advertencias para impedir las masacres paramilitares o de asesinatos selectivos. Las entidades militares frecuentemente citaron falta de información, efectivos militares, y movilidad para explicar esta situación. La impunidad para el personal militar que colaboró con miembros de los grupos paramilitares siguió siendo algo común.
En octubre <SPAN=LANG"EN"Human Rights Watch emitió La Sexta División, un informe que planteaba que el Ejército mantenía una estrecha relación con los grupos paramilitares. El informe destacó reportes de 1999 a 2001, de colaboración con los paramilitares o actos de omisión en la prevención de delitos paramilitares por oficiales de las Brigadas III, V y XXIV del Ejército. <SPAN=LANG"EN"Human Rights Watch criticó fuertemente al Gobierno por no enfrentar efectivamente el problema de la continuada cooperación militar-paramilitar y la impunidad en general de los violadores de derechos humanos y acusó también al Gobierno de exagerar la efectividad de sus acciones contra el paramilitarismo con "una campaña sofisticada de relaciones públicas". El Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos Reinaldo Botero negó vigorosamente que su oficina publicara información distorsionada y criticó el "tono inmoderado" del informe. Sin embargo, Botero acogió con beneplácito la declaración de las ONG de que funcionarios de alto nivel del Gobierno afirmaron clara y públicamente su política de combatir el paramilitarismo. El brigadier general Martín Orlando Carreño, comandante de la V Brigada, dijo que los alegatos de <SPAN=LANG"EN"Human Rights Watch se basaban en información errónea y anotó que la V Brigada había capturado a 147 miembros de los grupos paramilitares y matado a otros 18 en combate durante el año. En septiembre de 2000 el Presidente firmó decretos militares que permiten el despido de miembros de las fuerzas públicas de seguridad que tuvieron complicidad en actividades paramilitares u otras actividades ilegales; agencias gubernamentales investigaron activamente los alegatos de colaboración o complicidad con los grupos paramilitares por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. Desde octubre de 2000 hasta finales de 2001, los militares despidieron aproximadamente a 600 miembros; sin embargo, no se supo cuantos despidos fueron por colaborar con grupos paramilitares (ver la Sección 1.e.).
El 17 de enero aproximadamente 80 paramilitares mataron a 27 civiles en Chengue, departamento de Sucre. Al principio de la investigación, se capturó al paramilitar Elkin Antonio Valdiris Tirado y confesó haber jugado un papel en la masacre. Valdiris también implicó a dos sargentos de la Infantería de Marina en servicio activo; uno fue acusado y estaba esperando que lo llevaran a juicio a finales del año, mientras que a otro lo detuvieron y estaba pendiente de cargos formales. Un civil sospechoso igualmente esperaba juicio al finalizar el año. El 29 de agosto en Sincelejo, departamento de Sucre, supuestos paramilitares mataron a Yolanda Paternina, una fiscal que trabajaba en el caso. Dos investigadores del CTI en el caso desaparecieron a mediados de abril cerca de Berrugas, departamento de Sucre, y se cree que están muertos. La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria del entonces comandante de la I Brigada de Infantería de Marina Rodrigo Quiñones, otros cinco oficiales de la Infantería de Marina, los sargentos de la Infantería de Marina, y un oficial de la Policía por posibles actos de omisión al fracasar en su intento de evitar una masacre.
El Gobierno está investigando una incursión paramilitar el 5 de marzo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la región de Urabá, departamento de Antioquia, en la cual los residentes y observadores internacionales fueron amenazados, y se quemaron gran cantidad de edificios. Los miembros comunitarios supusieron que miembros de la XVII Brigada del Ejército estaban involucrados en la incursión. El 30 de julio 15 paramilitares armados mataron a un hombre y desplazaron a 64 familias de la comunidad de paz de La Unión, región de Urabá, y anunciaron una toma paramilitar de la comunidad, aunque no mantuvieron el control. Tanto las FARC como los paramilitares están presentes en las montañas cerca de esta comunidad. A solicitud de la comunidad de paz, no entraron a San José. Testigos afirmaron que los paramilitares que entraron a San José en julio de 2001 se identificaron como las mismas personas que cometieron la masacre de julio de 2000 en la misma comunidad. El asesinato está bajo investigación. Las autoridades también están investigando el asesinato de 15 de diciembre de un residente de San José de Apartadó por tres hombres armados vestidos de civil; la víctima no era miembro de la comunidad de paz. Una ONG atribuyó la matanza a los paramilitares; sin embargo, no está claro quién es el responsable.
Los fiscales continúan igualmente investigando dos masacres paramilitares de febrero de 2000 en San José de Apartadó y en julio de 2000 en La Unión, en la cual murieron 11 personas. Los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, así como las ONG, acusaron a la XVII Brigada de complicidad en los ataques. El 19 de febrero de 2000 supuestos paramilitares de la ACCU no identificados, mataron a cinco personas en San José de Apartadó, e hirieron a otros tres; hubo informes de que los hombres utilizaron la insignia de la XVII Brigada en sus uniformes. El 8 de julio de 2000, aproximadamente 20 asaltantes paramilitares asesinaron a seis campesinos en La Unión, parte de San José de Apartadó. Los atacantes supuestamente le dieron a los ciudadanos 20 días para abandonar el pueblo. Las ONG sostenían que la XVII Brigada fue cómplice en ambos ataques, que miembros del Ejército estaban cerca de La Unión antes del ataque del 8 de julio, y que un helicóptero militar rondaba sobre La Unión durante la masacre. Investigadores del Gobierno continuaron investigando las quejas de confabulación militar-paramilitar en estas masacres al finalizar el año.
El 19 y 20 de febrero de 2000, un grupo grande de atacantes de las AUC asesinaron a 42 personas, a quienes acusaban de ser guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla en El Salado, departamento de Bolívar. Una investigación militar no encontró ninguna justificación para las quejas de que los militares no evitaron el ataque adrede, o que la Armada bloqueó la entrada a grupos de socorro. La Fiscalía General continuó una investigación, y para finales del año, detuvieron a paramilitares sospechosos que están bajo juicio. (Una orden de captura fue expedida contra el líder de las AUC Carlos Castaño.) La Procuraduría General continuó con una investigación disciplinaria del Contralmirante de la Armada Humberto Cubos Padilla y el Contralmirante de la Armada Rodrigo Quiñones, otros cinco oficiales de la Armada, y dos oficiales de la Policía, pero al finalizar el año, aún no habían acusado a ningún miembro de las fuerzas armadas en el caso.
En marzo de 2000 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General ordenó la detención del capitán del Ejército Luis Fernando Campusano Vásquez y buscó a otros 15 civiles con órdenes de captura, incluyendo a Carlos Castaño, quien permanece en libertad. Se sospecha que están afiliados con unidades del área que colaboraron con un grupo paramilitar de 300 personas con base en Vetas, departamento de Norte de Santander, el cual cometió 15 masacres en y alrededor de los pueblos de La Gabarra y Tibú entre mayo y septiembre de 1999. Más de 145 personas fueron asesinadas por la guerrilla o gente que brindaba apoyo a la misma. No intervinieron elementos del XLVI Batallón Contraguerrilla del Ejército (Tibú) y Quinto Grupo Mecanizado (Cúcuta), ni tampoco de la Policía. En diciembre las autoridades arrestaron al coronel del Ejército Víctor Matamoros y el capitán Juan Carlos Fernández, ex comandante y ex director de inteligencia del Quinto Grupo Mecanizado, respectivamente. Los dos fueron acusados de colaborar con y de la creación de grupos paramilitares ilegales entre 1997 y 1999.
La Fiscalía ha acusado a un capitán del Ejército y a dos civiles por no evitar una masacre paramilitar de 22 personas en agosto de 1999 en La Gabarra, departamento de Norte de Santander. Sin embargo, no presentó cargos contra el brigadier general (r) del Ejército Alberto Bravo Silva, ni contra el coronel Roque Sánchez, ni otros dos oficiales del Ejército. (Bravo se retiró en 1999 bajo órdenes del Presidente.) La Fiscalía está juzgando en ausencia al líder de las AUC Carlos Castaño y a otros 14 paramilitares por homicidio y subversión relacionados con esta masacre.
La masacre paramilitar del 29 de mayo de 1999, en la cual seis personas fueron asesinadas en Los Cuervos (cerca de La Gabarra) también permanece bajo investigación; dos ex miembros de las fuerzas militares, dos guardias de prisión, y cinco civiles están bajo arresto. La Procuraduría General continuó su investigación de (pero aún no los acusa) Bravo, Roque, el coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, el mayor del Ejército Mauricio Llorente Chávez, y el teniente del Ejército Luis Fernando Campuzano. En marzo el Fiscal General acusó al ex comandante de la base militar de Tibú Mauricio Llorente Chávez, al ex comandante de la Policía de Tibú el mayor Harbey Fernando Ortega Ruales, y a 13 agentes de la Policía por homicidios y complicidad en la masacre paramilitar del 17 de julio de 1999 en Tibú. Los sospechosos permanecían bajo arresto al finalizar el año.
En abril la Fiscalía ordenó la detención del coronel Rafael Alfonso Hani Jimeno, quien fue arrestado luego y acusado de confabulación con los paramilitares. Hani era el comandante del Batallón Palacé de Buga del Ejército, localizado en Tuluá, departamento de Valle del Cauca, durante el período en 1999 cuando los paramilitares llevaron a cabo una serie de matanzas y desplazaron a cientos de campesinos. Supuestamente él también permitió a un conocido paramilitar (a quien Hani acusó de ser informante) vivir en el cuartel general del Batallón por varios meses. A finales del año, los cargos contra Hani fueron retirados bajo apelación, pero Hani permaneció bajo investigación. Hubo informes de amenazas contra los investigadores y testigos en este caso. En febrero la Procuraduría General le abrió otra investigación disciplinaria a Hani.
El 27 de julio de 2000, la Procuraduría General acusó formalmente a cinco oficiales del Ejército, incluyendo a cuatro generales, por no evitar la masacre de 19 personas en mayo de 1998 en Puerto Alvira, departamento de Meta. Los cinco acusados son ex comandantes de la IV División del Ejército, mayor general (r) Agustín Ardila Uribe y el general Jaime Humberto Cortés Parada (Inspector General del Ejército); ex comandante de la VII Brigada, brigadier general (r) Jaime Humberto Uscátegui; comandante de la II Brigada, general Fredy Padilla de León (también ex comandante de la VII Brigada); y el comandante del Batallón Joaquín Paris, coronel Gustavo Sánchez Gutiérrez. Los involucrados negaron los cargos. La investigación del Inspector General seguía al finalizar el año. En marzo el Tribunal Superior Militar confirmó el fallo de primera instancia del tribunal militar en junio de 2000 para cerrar el caso. A finales del año, la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General tenía bajo arresto a un paramilitar, había soltado a otro sospechoso por falta de pruebas, y tenía órdenes de captura pendientes para el líder de las AUC Carlos Castaño y otros siete.
En diciembre de 2000, la Procuraduría General acusó a 17 policías y a nueve oficiales del Ejército por confabulación con grupos paramilitares en aproximadamente 160 asesinatos de limpieza social por miembros de los grupos paramilitares en el noreste de Antioquia (incluyendo las comunidades de La Ceja, Guarne, y El Peñón) entre 1995 y 1998. El Procurador General también acusó a dos funcionarios municipales por omisión. La Fiscalía también acusó a 21 de los 26 oficiales que enfrentaban cargos disciplinarios, y a un paramilitar sospechoso. Todos los individuos acusados o estaban en proceso de enjuiciamiento o esperando fechas de los tribunales a finales del año.
En abril un tribunal militar condenó al brigadier general Jaime Uscátegui y lo sentenció a 40 meses de cárcel por no evitar la masacre paramilitar de las AUC en julio de 1997, de docenas de personas en Mapiripán, departamento de Meta. El tribunal también acusó al teniente coronel Hernán Orozco (un testigo principal contra Uscátegui) y lo sentenció a 38 meses en prisión. Orozco fue liberado en septiembre, después de haber servido el total de su condena. La sentencia de Uscátegui luego fue reducida por tiempo cumplido y trabajo desempeñado, y fue soltado en julio. Desde el punto de vista de muchos grupos de derechos humanos, el término de la sentencia de Uscátegui y su temprana liberación, aunque legal, socavó severamente el mensaje enviado por su condena. Adicionalmente, las organizaciones de derechos humanos criticaron la sentencia dada al coronel Orozco como castigo por presentar los hechos y la participación del General en la masacre. Un juez civil que procesaba el caso contra otros acusados militares y civiles fue amenazado durante el año (ver la Sección 1.e.). En noviembre la Corte Constitucional anunció que fallaría a favor de que la jurisdicción del caso de Uscátegui se trasladara a la justicia ordinaria. Al finalizar el año la corte aún no había emitido ni ejecutado el fallo. Se espera que el fallo anule la condena del tribunal militar. El fallo es igualmente una exoneración implícita de Orozco porque la Fiscalía había decidido en marzo de 1999 no acusar a Orozco.
En 1999 el CSJ había enviado los casos de todos los otros acusados en el caso de Mapiripán a la justicia ordinaria para que tomara acción, incluyendo los cargos contra el teniente coronel Lino Hernando Sánchez Prada por facilitar la masacre, la cual no se determinó como una acción del servicio. Al finalizar el año, el teniente coronel Sánchez y otros cinco acusados (dos suboficiales y tres pilotos comerciales) permanecían en juicio ante la justicia ordinaria. Otros dos acusados paramilitares civiles encausados en diciembre de 2000 permanecían en juicio y detención al finalizar el año. En noviembre de 2000, el Fiscal General acusó en un proceso separado al teniente coronel Sánchez, dos sargentos del Ejército, y ocho miembros de los grupos paramilitares (incluyendo a dos pilotos civiles).
La justicia militar no anunció ningún nuevo desarrollo durante el año en su continua investigación contra el brigadier general Retirado Fernando Millán Pérez con relación a los alegatos de que él armó y equipó a un grupo paramilitar en Lebrija, departamento de Santander en 1997, los cuales se pensó que eran responsables de por lo menos 11 matanzas. En octubre de 1998, el Consejo Superior de la Judicatura había determinado que las supuestas acciones de Millán constituían un acto de servicio y le entregó el caso a la justicia militar para su proceso. En julio la Procuraduría General acusó al general del Ejército Fernando Millán Pérez, al coronel del Ejército Hernando Sánchez Salamanca, y al teniente del Ejército Oscar Esteban Hernández Barragán.
En julio, el CTI detuvo al general Rito Alejo del Río, ex comandante de la XVII Brigada, por sospecha de colaboración ilegal con paramilitares en Urabá entre 1995 y 1997. El recién nombrado Fiscal General Luis Camilo Osorio criticó públicamente la decisión de arrestar a del Río y se quejó de que no le habían consultado. El coordinador de la Unidad de derechos Humanos Pedro Díaz insistió en que el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos en el caso tenía la autoridad legal para emitir la orden. A principios de agosto, un juez de Bogotá liberó a del Río bajo un habeas corpus fallando irregularidades reclamadas en el proceso de la orden de arresto. El juez también dictaminó (bajo una interpretación altamente polémica del Artículo 235 de la Constitución) que la jurisdicción para el caso yacía exclusivamente en Osorio, no en el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos. Tanto Díaz como el Asistente del Fiscal General Pablo Elías González renunciaron enseguida. El general del Río permanecía libre; sin embargo, en noviembre la Fiscalía General citó al general del Río a indagatoria. La investigación todavía se encontraba en progreso al final del año. La Procuraduría General continuó con una investigación disciplinaria separada a del Río. Un tribunal de apelaciones confirmó los cargos de confabulación con paramilitares en los asesinatos de limpieza social de 1996 y 1997 en La Ceja, departamento de Antioquia, contra el teniente coronel del Ejército Jesús María Clavijo Clavijo, el soldado Carlos Mario Escudero, el agente de la Policía William Mora; los tres esperaban ser juzgados por la justicia ordinaria al finalizar del año. Clavijo permaneció
detenido en el cuartel general de la V Brigada. En dos casos separados relacionados con la misma serie de delitos en Antioquia, los fiscales acusaron también a los agentes de la policía Luis Alfredo Castillo Suárez, Juan Carlos Valencia Arbeláez, Carlos María Tejada, y Olimpo Rivera; y a los soldados Javier Antonio Gómez Herrán, y Osvaldo León Beltrán, todos los cuales aguardaban juicio a final del año. Los fiscales arrestaron también al mayor del Ejército Alvaro Cortés Murillo y al teniente coronel del Ejército Alfonso Zapata Gaviria. El paramilitar Ricardo López Lora fue sentenciado a 16 años por los asesinatos de La Ceja, a otro paramilitar se le juzga en ausencia, y un tercero fue absuelto.
El caso del coronel (r) del Ejército José Ancízar Hincapié Betancurt por la colaboración entre 1993 y 1994 con un grupo paramilitar que mató a 11 personas, permaneció pendiente ante la justicia ordinaria a finales del año.
Los grupos paramilitares cometieron una cantidad de asesinatos extrajudiciales, principalmente en las áreas donde competían por el control con la guerrilla, y frecuentemente en la ausencia de una presencia fuerte de las fuerzas de seguridad estatal. Varias campañas paramilitares importantes durante al año incluyeron las masacres en los departamentos de Sucre, Norte de Santander, Magdalena, y Valle del Cauca. El defensor de la oficina de Derechos Humanos recibió quejas relacionadas con 125 masacres durante el año. El Ministerio de Defensa informó que los paramilitares fueron responsables de las muertes de 1.015 civiles de enero a noviembre. Según el Ministerio de Defensa, durante el año, los paramilitares mataron a 281 personas durante las masacres. La CCJ informó de 161 masacres de enero a septiembre, de las cuales 102 (con 671 víctimas) se le atribuyen a los paramilitares. La CCJ le atribuye un total de 1.929 de asesinatos políticos y 319 asesinatos de limpieza social a los grupos paramilitares entre junio de 2000 y junio de 2001. Las actividades paramilitares incluyen también secuestros, intimidación, y desplazamiento forzoso de personas no involucradas directamente en hostilidades (ver las Secciones 1.b., 1.c., 1.g. y 2.d.). Los grupos paramilitares tuvieron como objetivo a periodistas y profesores (ver la Sección 2.a.), los activistas de derechos humanos (ver la Sección 4.), los líderes laborales (ver la Sección 6.a.), los activistas comunitarios, políticos nacionales y locales (incluyendo al Presidente), campesinos, y otras personas a quienes acusaron de apoyar o no enfrentar a la guerrilla. Los paramilitares mataron indígenas (ver la Sección 5.).
Se sospechó de las AUC en cientos de matanzas selectivas a través del país, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, y Sucre. Las FARC y el ELN, o ambas tenían una presencia fuerte en estas áreas así como los paramilitares, los cuales competían con ellos por el control del territorio o los recursos, incluyendo el cultivo de la coca. Los grupos paramilitares continuaron matando a líderes políticos y activistas de paz, incluyendo a Ismael Valencia, ex alcalde de Calima Darién, departamento de Valle del Cauca; y la monja y activista de derechos humanos Yolanda Cerón en Tumaco, departamento de Nariño. Seis miembros del CTI fueron asesinados durante el año en diferentes partes del país; se sospechaba responsabilidad por parte de los paramilitares en dos de estos asesinatos; a finales del año no se había identificado el grupo responsable de los otros.
Las masacres e incursiones paramilitares continuaron en los departamentos de Antioquia, Sucre, y Bolívar como parte de un esfuerzo continuo paramilitar de arrebatarle el control territorial a la guerrilla. Una lucha feroz similar por el control continuó en los departamentos del Norte de Santander, Cauca, y Valle del Cauca.
El 5 de enero presuntos paramilitares asesinaron a 14 personas en los pueblos de Chiquinquirá y Mesetas, la municipalidad del Peñol, departamento de Antioquia.
El 13 de febrero pistoleros le dispararon y mataron a Iván Villamizar, un ex defensor del pueblo regional, en Cúcuta, departamento de Norte de Santander. Un presunto paramilitar fue capturado y acusado del asesinato.
El 21 de marzo un sospechoso pistolero paramilitar le disparó y mató a un comerciante y agricultor Gonzalo Rodríguez, hermano del líder del ELN Nicolás Rodríguez, en Socorro. La víctima, según se informa, no tuvo participación con la guerrilla.
El 24 de marzo los paramilitares, según se informa, secuestraron entre 24 y 30 personas en La Llorente, departamento de Nariño. Tres personas, que no estaban entre los reportados como secuestrados, fueron asesinados en incidentes separados y confirmados muertos después de esta incursión. Nunca se ha confirmado la identidad y la suerte de las otras personas que, según se informa, fueron secuestradas. Desde enero hasta abril, las AUC montaron una ofensiva exitosa para desplazar al ELN de los barrios nororientales de Barrancabermeja, departamento de Santander. Hasta abril, más de 180 civiles habían sido asesinados y otros 4.000 desplazados. La ONG de derechos humanos CREDHOS informó a finales del año que 360 personas fueron asesinadas por violencia política de enero a noviembre en Barrancabermeja y áreas circundantes. La Fiscalía General y la Procuraduría General están investigando numerosas quejas de confabulación militar y de la Policía con paramilitares en Barrancabermeja.
El 14 de abril en la región del Alto Naya (en la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca), los paramilitares asesinaron a 20 personas con machetes y pistolas (según se informa, violando primero a por lo menos una víctima), y desplazaron a cientos más. Al responder a la masacre, el Ejército y la Armada capturaron a 70 paramilitares, incluyendo al comandante del bloque paramilitar, en una operación conjunta. Todos los sospechosos estaban bajo arresto y esperando juicio a finales del año. La Fiscalía General y la Procuraduría General también están investigando alegatos de que tropas del Ejército pueden ser culpables de no evitar la masacre. No se ha presentado ningún cargo contra ningún miembro de las fuerzas armadas.
El 4 de julio un grupo grande de paramilitares de las AUC secuestró a 43 hombres jóvenes en Peque, departamento de Antioquia y los forzó a cuidar ganado robado. A siete de los jóvenes se les encontró más tarde muertos y severamente mutilados. Como a algunas de las víctimas las llevaron dentro de un área donde había un combate entre las AUC y las FARC, no es claro si los paramilitares o las FARC los mataron. Las tropas de las FARC llegaron a Peque luego del incidente y le ofrecieron seguridad a sus residentes. La guerrilla salió el 11 de julio, y después llegaron el Ejército y la Policía. El Vicepresidente y Ministro de Defensa Bell visitó también a Peque el 12 de julio. La mayoría de las 3.500 personas desplazadas por este incidente retornaron a finales de julio. El Ejército informó que la limitación en efectivos militares y movilidad, así como otras exigencias sobre los recursos del Ejército en ese momento, evitaron una reacción rápida a la crisis en Peque. El Procurador General investigaba las quejas de omisión militar o de confabulación, pero no han identificado a sospechosos individuales en el caso.
El 5 de septiembre presuntos pistoleros de los paramilitares (AUC) mataron al Congresista y Presidente (e) del Comité de Paz de la Cámara de Representantes Jairo Hernando Rojas. La Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General investigaba el caso.
El 15 de septiembre aproximadamente unos 20 paramilitares de las AUC mataron a nueve personas en Frías, departamento de Magdalena, acusándolas de ser informantes de la guerrilla. Contrario a lo que alegaban algunos informes de prensa sobre una lenta reacción militar, las organizaciones internacionales verificaron que el Ejército arribó prontamente a la escena. No había habido amenazas previas o advertencias informadas sobre ese sitio.
En octubre presuntos paramilitares secuestraron a 13 pescadores en Ciénaga de Santa Marta, departamento de Magdalena; se encontraron los cuerpos de seis de ellos (ver la Sección 1.b.). El 10 de octubre paramilitares (AUC) le dispararon y mataron a 24 personas en los corregimientos de La Habana y
Alaska, cerca de la ciudad de Buga en el departamento de Valle del Cauca. El Defensor del Pueblo Eduardo Cifuentes acusó públicamente al Batallón Palacé del Ejército en Buga, de omisión al no llegar al área hasta la mañana siguiente. Según el Ejército, a esta área, en disputa entre las FARC y los paramilitares, era difícil llegar rápidamente en condiciones de combate. A finales de octubre, las tropas del Ejército capturaron a 10 sospechosos paramilitares civiles, y el caso seguía bajo investigación de la Procuraduría General a finales del año.
El 1º de diciembre los paramilitares (AUC) les dispararon y mataron a 15 personas en un camino rural remoto en el departamento de Boyacá. Según los informes de prensa, los funcionarios locales dijeron que la masacre indica un posible avance de las AUC hacia esta región rica en minerales, la cual ha sido un bastión de la guerrilla.
La Fiscalía General continúa investigando una serie de ataques en noviembre de 2000, cuando los paramilitares mataron a 15 pescadores en Nueva Venecia (La Ciénaga de Santa Marta), departamento de Magdalena, y secuestraron a otras 22 personas, cuyos cuerpos fueron descubiertos después.
Los fiscales continuaron la investigación de una masacre en abril de 2000 de 21 hombres por aproximadamente 50 paramilitares en Tibú, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Los fiscales continuaron investigando las masacres de febrero de 2000 por parte de las ACCU en cinco vecindarios de Ovejas, departamento de Sucre.
En mayo de 2000, un grupo paramilitar que se identificó como el Frente Calima se adjudicó responsabilidad por las masacres de 12 civiles en el pueblo de Sabaletas, departamento de Valle del Cauca. El grupo se adjudicó también haber matado a 14 otras personas que sospechaba eran guerrilleros en la misma área. Según Human Rights Watch, la III Brigada del Ejército creó y apoya el Frente Calima, el cual Human Rights Watch cree que fue responsable de por lo menos 200 matanzas entre julio de 1999 y julio de 2000, así como el desplazamiento de más de 10.000 personas. La Fiscalía General y la Procuraduría General continuaron investigando las reclamaciones de continuas confabulaciones militares con el Frente Calima.
Al finalizar el año, los paramilitares y el pandillero de "La Terraza" Juan Pablo Ortiz Agudelo (alias Bochas), ya condenado y encarcelado por otro asesinato, estaban apelando los cargos presentados contra él por el asesinato en 1999 en Bogotá del periodista, comediante, y activista de derechos humanos Jaime Garzón Forero. Según la ley, un acusado tiene el derecho de apelar los cargos; si se confirman los cargos, el caso procede a juicio. El líder de las AUC Carlos Castaño ha sido acusado de ordenar el asesinato, pero permanece en libertad.
El líder paramilitar Mario James Mejía (alias El Panadero) fue condenado por ocho asesinatos y sentenciado a 40 años de prisión por la masacre de febrero de 1999 ("Barrancabermeja II"), la cual dejó nueve muertos. Pedro Mateo Hurtado Moreno y otros tres paramilitares sospechosos en la masacre permanecían libres a finales del año.
En julio un juez de Bogotá, citando falta de evidencia, absolvió a cinco sospechosos en la matanza de 1998 de Eduardo Umaña Mendoza, quizás el abogado de derechos humanos más conocido y más controvertido del país. A los cinco los liberaron, luego de tres años de detención.
En marzo un tribunal de Medellín sentenció a dos paramilitares a 35 años de prisión por el asesinato en 1998 del activista de derechos humanos Jesús María Valle, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia. Otros siete sospechosos fueron exonerados, y el líder de
las AUC Carlos Castaño fue condenado en ausencia por la creación de grupos paramilitares pero absuelto del asesinato.
El paramilitar acusado Iván Urdinola Grajales permaneció detenido en relación con las masacres de 1989 y 1990 ("Trujillo I") en el departamento de Valle del Cauca, y está implicado también en la masacre ("Trujillo II") de 1994. Los fiscales tienen una orden pendiente también por la detención de otro miembro paramilitar en el caso "Trujillo I". En mayo de 2000, un tribunal sostuvo cargos contra el paramilitar Norberto Morales Ledesma por participación en la masacre "Trujillo II". Otros dos miembros de grupos paramilitares implicados tanto en "Trujillo I" como en "Trujillo II" permanecen libertad.
Carlos Castaño admitió en sus memorias publicadas en noviembre que él fue responsable del asesinato en 1990 del candidato presidencial Carlos Pizarro, entre otros delitos.
Aunque las autoridades han capturado a varios comandantes regionales, los altos líderes paramilitares en su mayoría permanecieron fuera del alcance de la ley. Las cifras del Ministerio de Defensa publicadas en julio indican que 954 paramilitares fueron capturados entre enero y noviembre (una aumento de tres veces sobre el mismo período en 2000) y murieron 109. El Ministerio de Defensa informó también a mediados de octubre que 24 soldados fueron asesinados y 31 heridos en choques con las AUC.
En enero la Policía en Barrancabermeja arrestó a Franklin Eugenio Aguilar Rengifo en relación con un secuestro. El 12 de enero la Policía capturó a Danilo Córdoba Moya, presunto comandante regional de las AUC para la parte norte del país, en Zambrano, departamento de Bolívar. El 28 de enero la Policía Nacional arrestó al líder paramilitar Gustavo Adolfo Soto García en San Carlos de Guaroa, departamento de Meta. El 22 de marzo Roberto Carlos Delgado, líder del bloque Libertadores del Sur de las AUC, fue capturado con otros cinco incluyendo al coronel (r) del Ejército Jesús Urueña Paz. En mayo la Policía capturó a Dumar de Jesús Guerrero, comandante de las fuerzas de las AUC en la región central del país. El 19 de mayo las unidades militares capturaron a Francisco Javier Correa González, líder de las AUC en los barrios nororientales de Barrancabermeja.
Guerrilleros de las FARC, el ELN, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) continuaron cometiendo asesinatos en forma similar a los paramilitares; a menudo el blanco fue la población civil. El Ministerio de Defensa atribuyó un total de 1.075 muertes de civiles a la guerrilla entre enero y noviembre. Según el Ministerio de Defensa, durante el año, la guerrilla asesinó a 158 personas durante las masacres. La CCJ informó que la guerrilla fue responsable de 458 asesinatos políticos en el período desde junio de 2000 hasta junio de 2001, el período más reciente del cual se tienen cifras disponibles, comparado con 236 asesinatos políticos en el período de octubre de 1999 a marzo de 2000. El Ministerio de Defensa atribuyó a la guerrilla 880 muertes de civiles en masacres durante 2000. El Defensor del Pueblo atribuyó 22 masacres a las FARC durante los primeros seis meses de 2000 y nueve masacres al ELN. El Defensor también atribuyó 89 asesinatos a las FARC y 31 asesinatos al ELN durante los primeros seis meses de 2000.
Los objetivos comunes de la guerrilla incluyeron a funcionarios y candidatos elegidos localmente para puestos públicos, docentes (ver la Sección 2.a.), líderes cívicos, propietarios de negocios, y campesinos opuestos a las actividades políticas o militantes de la guerrilla. Los grupos guerrilleros asesinaron también a líderes religiosos (ver la Sección 2.c.), a miembros de grupos indígenas (ver la Sección 5.), y a líderes laborales (ver la Sección 6.a.). Algunas de las comunidades controladas por la guerrilla experimentaron también asesinatos de limpieza social, de elementos criminales u otros considerados socialmente indeseables. La CCJ informó sobre 10 de tales asesinatos durante el período de junio de 2000 a junio de 2001. Las campañas guerrilleras alrededor de la zona de despeje, en Norte de Santander, en Antioquia, y en los departamentos del sur, frecuentemente involucraban bajas civiles significativas e impulsaban desplazamientos significativos (ver las Secciones 1.g. y 2.d.).
El 18 de enero los guerrilleros del Frente 57 de las FARC le dispararon y mataron Henry Perea Torres, alcalde de Juradó departamento de Chocó. Perea, quien había asumido sus funciones el 1º de enero, representaba la Alianza Social Indígena y había criticado el asesinato varios días antes del compañero líder indígena Armando Achita.
El 6 de febrero presuntos guerrilleros del ELN mataron a nueve campesinos que se oponían activamente a la creación de una zona de encuentro para el ELN, en la comunidad de La Cristalina cerca de Puerto Wilches, departamento de Santander.
El 13 de febrero las FARC asesinaron a nueve excursionistas jóvenes en el Parque Nacional Puracé en el departamento de Huila. Las FARC declararon que habían confundido a los excursionistas con paramilitares y le prometieron a los parientes de las víctimas que los culpables iban a ser enjuiciados por la revolución. Los asesinos permanecían en libertad al finalizar el año.
Del 22 al 29 de mayo las FARC secuestraron y asesinaron a aproximadamente 23 campesinos en el Alto Sinú, departamento de Córdoba. Aproximadamente 110 familias fueron desplazadas después de los ataques. Los ataques aparentemente eran parte de una lucha entre las AUC y las FARC para controlar territorio y el cultivo de la coca, y de atemorizar a la población local.
En agosto presuntos guerrilleros del ELN provocaron una serie de ataques con bombas en Medellín, Marinilla, y San Francisco, departamento de Antioquia. Dos personas fueron asesinadas y aproximadamente 81 personas heridas.
El 6 y 7 de septiembre las FARC mataron a 10 recolectores de coca. Otras 40 personas fueron reportadas como muertas, pero las FARC impidieron que las autoridades gubernamentales y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recuperara los cuerpos. Los ataques aparentemente eran un esfuerzo por parte de las FARC de retomar el área alrededor de La Gabarra, el cual había sido tomado por los paramilitares en una serie de ataques en 1999, los cuales incluyeron tres grandes masacres. Esta área permanece disputada arduamente entre grupos ilegales armados, tanto para el cultivo de coca como por el acceso a la frontera con Venezuela.
En septiembre 24, las FARC secuestraron y luego asesinaron a Consuelo Araujo, la ex Ministra de Cultura y esposa del Procurador General (ver la Sección 1.b.). A otras víctimas del secuestro las liberaron. En octubre los guerrilleros del ELN destruyeron un edificio en El Peñol, departamento de Antioquia, matando a un policía, a su esposa e hijo, y a dos otros civiles.
El 16 de noviembre unidades de las FARC en un retén ilegal en Santuario, departamento de Putumayo ejecutaron a un soldado desarmado de la XII Brigada y a un taxista.
Las autoridades culparon a las FARC de la masacre de 15 agricultores en diciembre en Samaná, departamento de Caldas. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía continúa investigando las muertes, desapariciones, y secuestros de personal del Ejército y de la Policía Nacional cuando no se encontraban de servicio (ver la Sección 1.b.). Por ejemplo, a finales de julio, las autoridades descubrieron los cuerpos del sargento del Ejército Eliud Sarmiento Ruiz y los soldados Eduardo Barreto, Moisés Murcia Robayo, y Carlos Coronado López en una tumba común en el departamento de Cundinamarca. A los cuatro hombres, cuyas manos fueron atadas y cuyos cuerpos mostraban señales de tortura, los habían secuestrado las FARC el 1º de julio mientras que estaban fuera de servicio, sin uniforme, y desarmados. Continuaron las investigaciones de los supuestos asesinatos por miembros de las FARC dentro y en la periferia de la zona de despeje. Continuó la investigación del asesinato en diciembre del presidente de la Comisión de Paz del Congreso Diego Turbay Cote, su madre la concejal Inés Cote, y otras cinco personas
en el departamento de Caquetá (cerca de la zona de despeje). En noviembre a los tres sospechosos de los asesinatos de los Turbay los liberaron por falta de pruebas.
A principios de octubre de 2000, las FARC atacaron la aldea remota de Ortega y mataron a ocho personas, incluyendo a dos mujeres y dos menores. Los guerrilleros quemaron también 20 hogares, una escuela y una iglesia. En junio de 2000, las FARC masacraron a por lo menos 11 civiles en Nutibara, departamento de Antioquia, e hirieron a otras 15 personas.
Se sospecha que el ELN participó en la masacre del 6 de febrero de nueve agricultores en la comunidad de La Cristalina, en el departamento de Santander (región del Magdalena Medio). Algunas de las víctimas eran miembros de una organización civil opuesta a la zona de encuentro propuesta por el ELN en el sur de los departamentos de Bolívar y Antioquia. Una de las víctimas fue una joven mujer embarazada.
Las autoridades acusaron en ausencia a Fernando Zapata Hinestroza, miembro del Frente 34 de las FARC, por el asesinato de 21 oficiales de la Policía y ocho civiles, incluyendo a dos menores, durante el ataque de marzo de 2000 sobre los pueblos gemelos de Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia, y Bellavista, departamento de Chocó. Las autoridades tienen órdenes de captura par los otros tres miembros de las FARC por este caso. A siete oficiales de la Policía, capturados en el asalto, los liberaron individualmente durante el año.
Los guerrilleros mataron a ciudadanos utilizando bombas, artillería y minas antipersonales, y continuaron su práctica de utilizar tanques de gas para atacar pequeñas poblaciones, matando civiles indiscriminadamente (ver la Sección 1.g.). Las autoridades aún no capturan al comandante del bloque oriental de las FARC Germán Briceño Suárez (alias Grannobles) y al miembro de la tribu U'wa Gustavo Bocota, quienes fueron acusados de participar en las matanzas de marzo de 1999 de los secuestrados activistas extranjeros por los derechos indigenistas Terence Freitas, Lahe'ena'e Gay, e Ingrid Washinawatok cerca de Saravena, departamento de Arauca. La investigación del caso continuaba a finales del año.
Al finalizar el año, las autoridades no habían capturado aún a Arley Leal y Milton de Jesús Tonal Redondo (alias Joaquín Gómez o "Usurriaga") del Frente 32 de las FARC, en relación con el asesinato en 1998 del Padre Alcides Jiménez en Putumayo. La Procuraduría General continuó investigando la posible negligencia gubernamental al no evitar la matanza.
En julio el Ministerio de Defensa informó que, de enero a noviembre, las fuerzas de seguridad mataron a 979 y capturaron a 1.623 guerrilleros. La Fiscalía informó que desde diciembre tenía 98 investigaciones abiertas contra 240 guerrilleros, tenía a 227 guerrilleros detenidos, y tenía 262 órdenes pendientes de captura contra guerrilleros.
Aproximadamente 80 casos relacionados con el país estaban ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIADH) a finales del año. La gran mayoría involucraba violaciones del derecho a la vida. Al finalizar el año, se esperaba que la CIADH tomará una decisión sobre si transferir al Tribunal Inter?Americano de Derechos Humanos un caso que involucraba a paramilitares y a militares en la matanza de 1996 de 19 comerciantes.
En respuesta a las matanzas de miles de miembros de la Unión Patriótica (UP), coalición izquierdista,(ver la Sección 1.g.), una ley de mayo de 2000 tipificó como delito el "genocidio político"; sin embargo, estableció que el genocidio político sólo se podía cometer contra los miembros de grupos legalmente constituidos (ej., no guerrilleros).
La CIADH continuó el proceso de intentar alcanzar un arreglo amigable por la queja de la UP en 1996 acusando al Gobierno de "acción u omisión" en lo que llamó la UP "genocidio político" de la UP y el Partido Comunista. Como parte del proceso, desde junio de 2000, el Gobierno ha proporcionado protección a través del Ministerio del Interior a miembros sobrevivientes de la UP y del Partido Comunista. A pesar de estos esfuerzos, las ONG le informaron a la CIADH que por lo menos 20 personas asociadas con la UP fueron asesinadas durante el año.
Continuaron los incidentes de limpieza social (incluyendo ataques y matanzas) dirigidos contra individuos considerados socialmente indeseables, tales como drogadictos, prostitutas, travestis, homosexuales, pordioseros y gamines. La CCJ atribuyó una matanza de limpieza social a las fuerzas de seguridad estatales durante el período de junio de 2000 a junio de 2001; le atribuyó 319 matanzas a los grupos paramilitares, y 10 a la guerrilla. Se informó de matanzas de limpieza social por las AUC, de homosexuales, prostitutas, drogadictos, y enfermos mentales en Barrancabermeja, Cúcuta, y numerosos otros municipios. Los residentes de Barrancabermeja han informado también sobre intentos por parte de las AUC de imponer "controles sociales" (tales como hora de llegada o códigos de vestuario) y de administrar justicia por sus propias manos (ver la Sección 1.e.).
b. La desaparición
La Constitución de 1991 y el Código Penal explícitamente prohíben la desaparición forzada; sin embargo, ésta continuó siendo un problema. En mayo de 2000, el Congreso aprobó una ley penalizando la desaparición forzada, el genocidio, la tortura, y el desplazamiento forzado, al colocarlos dentro del Código Penal. La ley entró en efecto en julio de 2000, lo cual permite que estos delitos sean juzgados en los tribunales. Los activistas de derechos humanos anotaron que la ley anterior no requería que los militares acusados fueran juzgados por la justicia ordinaria, en vez de la justicia militar; sin embargo, el nuevo Código Penal Militar, que entró en efecto en agosto de 2000, no incluía tal requisito (ver la Sección 1.e.). Más de 3.700 casos de desaparición forzada han sido reportados formalmente a las autoridades desde entonces. Muy pocos han sido resueltos. Muchas de las víctimas desaparecieron en el curso de las confrontaciones entre los grupos armados ilegales y el Estado, o entre los paramilitares y la guerrilla. A la gran mayoría de las víctimas de desaparición forzada no se les ha vuelto a ver ni se ha sabido nada de ellas. CREDHOS, una ONG de derechos humanos, informó a finales del año que 71 personas desaparecieron entre enero y noviembre en Barrancabermeja y el área circundante.
La CCJ atribuyó cinco desapariciones forzadas a las fuerzas de seguridad estatales en el período de junio de 2000 a junio de 2001. El Procurador General investigó a 183 miembros de las fuerzas de seguridad estatales por cargos disciplinarios relacionados con masacres y desaparición forzada (ver la Sección 1.a.). La CCJ atribuyó 296 desapariciones forzadas a paramilitares en el período de junio de 2000 a junio de 2001. En muchos casos las personas secuestradas fueron asesinadas por los paramilitares (ver la Sección 1.a.).
A mediados de abril desaparecieron dos investigadores de la masacre de enero en Chengue, departamento de Sucre. (ver la Sección 1.a.).
La ley prohíbe el secuestro; sin embargo, este siguió siendo un problema serio. Según la Fundación País Libre, 3.041 personas, o sea, ocho personas al día, fueron secuestradas durante el año, comparado con 3.706 en 2000. Los grupos paramilitares secuestraron al 9% de estas personas. Los grupos guerrilleros fueron responsables del 63% de los secuestros. Los criminales comunes secuestraron al 10%. Aproximadamente 205 menores se encontraban secuestrados en octubre. Los miembros de grupos élite antisecuestro del Gobierno conocidos como el GAULA (una unidad combinada de la Policía y los militares) y otras unidades de las fuerzas de seguridad liberaron a 697 personas durante el año. La
