¿Por qué la restricción contenida en el artículo 441 del Código Civil de Guanajuato viola derechos humanos? HORTA GARCÍA José Luis Introducción: El Código Civil para el Estado de Guanajuato, es un cuerpo de leyes un tanto añejo, en el que encontramos serias contradicciones e incongruencias en algunos puntos tendientes a una supuesta moral basada en principios post revolucionarios, que invitan a la discriminación de género y postulaciones jurídicas obsoletas; situaciones que dejan en estado de indefensión a los gobernados, en especial al menor, además de violentar las garantías de igualdad y derecho a la no discriminación, derivando en una violación al derecho de defensa, ignorando por ende la seguridad jurídica; problemática base de la presente opinión que se plantea de manera escueta a continuación:
El artículo 441 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su parte correspondiente al Título Séptimos versa sobre la paternidad y filiación, en su Capítulo IV trata sobre el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio y que consideramos inconstitucional, establece lo siguiente:
“ARTICULO 441. ESTA PERMITIDO AL HIJO NACIDO FUERA DE MATRIMONIO Y A SUS DESCENDIENTES INVESTIGAR LA MATERNIDAD, LA CUAL PUEDE PROBARSE POR
PERMITIDA CUANDO TENGA POR OBJETO ATRIBUIR EL HIJO A UNA MUJER CASADA AL TIEMPO DE NACER AQUEL.”
Desarrollo:
Para el efecto de justificar los motivos por los que considero inconstitucional el artículo en comento, lo formulo a través de los siguientes puntos: 1.‐ El artículo 1º primero de la Constitución Federal, previene el goce de las garantías individuales para todo individuo que se encuentra dentro del territorio nacional, mismas que solo se podrán suspender y restringir cuando ella misma lo establezca, lo que se concluye que ninguna ley secundaria podrá limitar la garantía, a menos que de ésta se desprenda su regulación necesaria, situación que en el caso que nos ocupa no acontece.
2.‐ De la lectura literal del artículo 441 del Código en cita, se desprende que el legislador reglamentó que está permitido al hijo nacido fuera del matrimonio y a sus descendientes investigar la maternidad, pero dicha investigación si esta se pretende atribuir a una mujer que estuviera casada al momento de nacer el supuesto hijo fuera del matrimonio. Situación que se estima Inconstitucional y violatoria de los artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto por lo siguiente:
El artículo estimado de inconstitucional, es discriminatorio y deriva de una política de moralidad mal sana alejada de los principios constitucionales y de los derechos protegidos en normas internacionales; lo anterior toda vez que a diferencia de la maternidad, en la investigación de la paternidad si es permisible
conocerla e indagarla aún en el supuesto de que al nacimiento del hijo que se estima acontecimiento; situación anterior que en la especie no sucede, puesto que si lo que se trata es de investigar la maternidad en la misma situación, tal investigación será prohibida, lo que indudablemente es una discriminación de género e indudablemente traerá el menoscabo del interés superior del menor, por lo que dicho precepto no salvaguarda por principio dos prerrogativas, el Derecho a la Igualdad y no Discriminación, así como el Derecho del Menor a conocer su vínculo familiar y establecer su Estado Civil en relación a la filiación.
La violación anterior se actualiza al hacer una distinción entre la maternidad y la paternidad, o para ser precisos, la ley contempla la investigación efectiva hacia el padre y no así a la madre, por una cuestión que solo se vislumbra en la obsoleta y discriminatoria intención del legislador de proteger la fama o la buena imagen de una mujer casad, violando de este modo garantías superiores, en principio el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procura el respeto fundamental del Derecho a la Igualdad y previene la no discriminación en cualquier ámbito incluyendo el “estado civil” tal y como en la parte que importa se trascribe a continuación:
ARTÍCULO 1°.‐
“…QUEDA PROHIBIDA TODA DISCRIMINACION MOTIVADA POR ORIGEN ETNICO O NACIONAL, EL GENERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICION SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGION, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS.”
Asimismo, a efecto de precisar en que consiste el Derecho Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que se plasma a continuación:
IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
La igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. Por ello, siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados (origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el
Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad.1
Además de la violación ya establecida al artículo 1° de nuestro máximo ordenamiento, el legislador del Estado de Guanajuato, al plasmar el artículo 441 del Código Civil para el Estado en la forma en que lo hace, no vislumbra la posible violación al Interés Superior del Menor, toda vez que de seguirse el ordenamiento en la forma establecida, un menor podría quedar en estado de indefensión y desconocimiento de su origen, ya que se vería directamente perjudicado en su desarrollo integral, toda vez que de no conocer su vinculo filial, en consecuencia no podría tener acceso a los alimentos, familia y demás prerrogativas que tanto la Carta Magna como la Legislación Extranjera le confieren; por lo que indiscutiblemente se viola en su perjuicio el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo sustancial establece:
ARTÍCULO 4°.‐
“…EL VARON Y LA MUJER SON IGUALES ANTE LA LEY. ESTA PROTEGERA LA ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DE LA FAMILIA.
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIENEN DERECHO A LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES DE ALIMENTACION, SALUD, EDUCACION Y SANO ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL.
LOS ASCENDIENTES, TUTORES Y CUSTODIOS TIENEN EL DEBER DE PRESERVAR ESTOS DERECHOS. EL ESTADO PROVEERA LO NECESARIO PARA PROPICIAR EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA NIÑEZ Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS…”
1 Novena Época Registro: 169877 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta Tomo : XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 37/2008 Página: 175.
Así también, con la actitud del legislador en el artículo que se estima de inconstitucional, se traspasan leyes superiores al Código Civil del Estado de Guanajuato, violentando como ya he referido, el acceso del menor a conocer su identidad y con ello su origen, derechos que se deben preservar a toda costa y que con la siguiente tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece lo siguiente:
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO.
El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral.2 Propuesta: 2 Novena Época Registro: 172050 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo : XXVI, Julio de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 1a. CXLII/2007 Página: 260.
Es por lo anterior, que si me asistiera la razón, la recomendación que hace el suscrito, sería la de modificar a través de la correspondiente reforma legislativa, dicho numeral invocado de Inconstitucional, puesto que violenta las garantías contenidas en los artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos de orden público a favor de los gobernados, que pueden ser oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos (incluyendo los actos legislativos), para que estos no caigan en la indefensión o la incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. Son estos, la igualdad, la no discriminación, el derecho a una personalidad jurídica, el conocimiento de un origen y estado civil, las prerrogativas que considero se violan por el artículo 441 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su parte correspondiente al Título Séptimos que habla de la paternidad y filiación, en su Capítulo IV que habla sobre el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. En tal virtud, la modificación que se propone al artículo aludido, sería para quedar de la siguiente forma:
ARTICULO 441. ESTA PERMITIDO AL HIJO NACIDO FUERA DE MATRIMONIO Y A SUS DESCENDIENTES INVESTIGAR LA MATERNIDAD EN LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD, LA CUAL PUEDE PROBARSE POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS ORDINARIOS.
