Señoras y señores, buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Cámara de Comptos de Navarra la invitación a participar en este Curso de Ve- rano con motivo del vigésimo aniversario de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Agradecimiento que dirijo a la institución or- ganizadora y, especialmente, a sus consejeros D. Rafael María Co- rona y D. Javier Medina.
La Cámara de Comptos, una institución creada en 1365 por el rey navarro Carlos II, también ha cumplido veinte años de funcio- namiento real desde su restablecimiento, aunque su normativa le- gal data de 1980. Con motivo de los veinte años de la Norma de Restablecimiento también nosotros quisimos hacer un alto en el ca- mino, reflexionar sobre la labor realizada y, sobre todo, mirar ha- cia delante con el firme objetivo de servir a la sociedad navarra de la manera más eficaz posible.
Dice la canción que veinte años no son nada. En nuestro caso –me refiero a las instituciones de control del Estado–, veinte años significa la puesta en marcha y asentamiento de un Tribunal de Cuentas y nueve instituciones autonómicas que configuran el siste- ma de control externo de nuestro sector público.
Curiosamente también se cumplen veinte años desde la aproba- ción del Amejoramiento del Fuero de Navarra, el equivalente a
en la Mesa Redonda sobre:
«El Tribunal de Cuentas
y los Órganos de Control Externo»
Luis Muñoz Garde
Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra
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nuestro Estatuto de Autonomía. El proceso se retrasó más de lo previsto porque las negociaciones entre el Estado y Navarra no cul- minaban en un tema: el control de los fondos públicos.
Los representantes navarros tenían muy claro que la Cámara de Comptos debía ser el único órgano fiscalizador de nuestra Comuni- dad, puesto que la autonomía financiera y el control de la actividad económica eran derechos históricos que no se perdieron con la des- aparición del Reino. Como ustedes comprenderán, no era fácil- mente aceptable que una ley llamada «de amejoramiento» hiciera perder una competencia exclusiva. Los representantes del Estado, por su parte, apelaban al tantas veces citado «carácter supremo» del Tribunal de Cuentas para evitar dejar constancia legal de dicha ex- clusividad.
Al final, tras muchas discusiones y aplazamientos, se llegó a una fórmula de compromiso plasmada en el artículo 18 de la Ley de Amejoramiento. Según dicha fórmula, la Cámara de Comptos re- mite sus actuaciones al Tribunal de Cuentas, que, a su vez, podría emitir un dictamen al respecto para el Parlamento de Navarra, sal- vaguardando así su carácter supremo. Hay que aclarar que el Tri- bunal de Cuentas nunca ha emitido dictamen alguno sobre ningún informe de la Cámara de Comptos.
En definitiva, a través de esa fórmula de compromiso se salvó un importante escollo, creo que de manera satisfactoria para am- bas partes.
Como saben, la Cámara de Comptos fue la primera institución autonómica de control. Posteriormente se han creado otras ocho y es probable que en los próximos meses asistamos a la puesta en marcha de alguna otra.
Estamos hablando de un grupo de instituciones heterogéneo, tanto en su organización unipersonal o colegiada como en sus com- petencias. Pero contra lo que pudiera parecer, esa heterogeneidad no ha impedido establecer cauces de cooperación en el ámbito de la formación, intercambio de información y publicaciones.
En cuanto a las relaciones entre los órganos autonómicos de control externo y el Tribunal de Cuentas, creo que no han sido ni mucho menos óptimas. Todos sabemos que la Constitución habla del Tribunal de Cuentas como «supremo órgano fiscalizador» y que la Ley de Funcionamiento también pone el acento en esa supre- macía al señalar que «los Órganos de Control Externo de las Comunida- des Autónomas coordinarán su actividad con la del Tribunal de Cuentas».
Dice Luis Ordoki en su libro La Cámara de Comptos, la institución fiscalizadora de los fondos públicos de Navarra que ese carácter supre- mo no significa que el Tribunal de Cuentas pueda imponer sus cri- terios o directrices de fiscalización a los Órganos de Control Exter- no. En primer lugar, porque cada institución autonómica de control depende únicamente de su Parlamento, que es soberano. Esto está refrendado en los textos legales de los órganos de control, que no establecen dependencia respecto al Tribunal de Cuentas. Y, como señala el secretario general de la Cámara de Comptos en la obra an- tes citada, en materia de planes y programas de fiscalización los Órganos de Control Externo tienen reconocida por ley una inde- pendencia que no se puede menoscabar.
¿Esto quiere decir que no es posible la cooperación entre el Tri- bunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo autonómicos?
En absoluto, ésa es una exigencia incuestionable para evitar dupli- cidades y desarrollar nuestra labor con eficacia. A propósito podría- mos recordar las sentencias del Tribunal Constitucional de 1988 y 1991 e incluso el artículo 31.2 de la Constitución.
Es cierto que nuestra Carta Magna no contempló la existencia de órganos autonómicos de control externo, aunque a nadie debería ha- ber extrañado que aquellas «regiones y nacionalidades» que la Cons- titución menciona acabaran creando instituciones propias de control.
En los últimos años estamos escuchando opiniones respecto a la necesidad de coordinar el control interno y externo para aprove- char así las sinergias y evitar duplicidades. Incluso hay quien de- fiende una mayor flexibilización de las fronteras entre ambos, pues lo importante es un sistema unitario y sólido de control, tanto in- terno como externo, garante de una buena utilización de los recur- sos públicos. Si estos juicios responden a dos conceptos de control tradicionalmente separados, la conclusión es clara: las instituciones de los diferentes ámbitos del control externo están obligadas a co- operar, a trabajar coordinadas con el común objetivo de una gestión pública cada día más transparente y eficaz.
Pues bien, en mi opinión, la relación entre las instituciones de control de los diferentes ámbitos tiene una exigencia previa: la confianza, el respeto mutuo y la voluntad de llegar a acuerdos des- de un plano de igualdad. De otra forma, se podrán elaborar cuan- tos documentos se quiera, aunque no contribuirán a mejorar una situación que eufemísticamente podríamos denominar «no ideal».
Mi experiencia profesional en el sector privado, y la vivida en los últimos años como Presidente de la Cámara de Comptos de Na-
varra, me demuestran que no hay cooperación posible sin confianza total hacia los demás; sin voluntad de ponerse en el lugar del otro, de entender su labor, aceptarla e intentar aprovechar las sinergias en beneficio del ciudadano, que es, no lo olvidemos, quien ha deposita- do en nosotros su confianza a través de sus representantes políticos.
La confianza y la voluntad de diálogo sin imposiciones son, por lo tanto, condiciones inherentes a la cooperación, sin cuya presencia dicho objetivo es imposible. A partir de esa actitud, los Órganos de Control Externo podrán explorar un amplio campo que actualmen- te –hay que reconocerlo– se nos presenta casi virgen. Y tratándose de una labor técnica como la nuestra, una de las claves más impor- tantes de ese futuro de cooperación será la autoridad derivada de la mayor o menor capacitación del personal al servicio de estas institu- ciones.
En este sentido, creo que la mejor preparación técnica y la ilu- sión por avanzar hacia una fiscalización más útil para la sociedad serán los factores determinantes que convertirán a una institución –del ámbito que sea– en referencia para el resto. Al hablar de co- operación entre Órganos de Control Externo no debiéramos, pues, olvidar la vertiente técnica porque es fundamental.
Vivimos una época de grandes cambios a un ritmo desconocido hasta el momento. Eso exige, a mi entender, tanto en el ámbito pri- vado como público, sacar el máximo partido a la cooperación en- tre todos, actuar de manera flexible para que la labor de cada cual sea lo más fructífera posible.
A nadie se le escapa que las tradicionalmente adormecidas Ad- ministraciones, tan remisas a afrontar cambios acordes con los tiempos, tienen que pisar el acelerador de la modernización con la vista puesta en la máxima eficacia. Este proceso puede tener en los Órganos de Control Externo su punta de lanza si somos capaces de convertir nuestros informes en útiles herramientas de mejora en la gestión. Ampliar nuestros ámbitos tradicionales de fiscalización, profundizar en la auditoría operativa, realizar trabajos más claros y útiles, ser más ágiles en cuanto a plazos y acercar nuestro trabajo a los ciudadanos a través de una comunicación más eficaz son sólo algunos de nuestros retos. Y es evidente que enfrentarnos a ellos desde la cooperación y el entendimiento nos coloca en una posi- ción de salida mucho más optimista que hacerlo desde la reticen- cia y la desconfianza.
Las instituciones de control –de ámbito europeo, estatal y re- gional– tenemos ante nosotros el importante reto de garantizar
que nuestro trabajo va a servir para que la gestión de los fondos públicos sea cada día más transparente y eficaz. El futuro pasa, a mi entender, porque el Tribunal de Cuentas Europeo fiscalice las cuentas de ese ámbito; el Tribunal de Cuentas haga lo propio con la Administración del Estado, y nosotros, los órganos autonómicos de control, mantengamos en exclusiva la competencia de fiscalizar la gestión de las administraciones de nuestra comunidad o región, incluyendo también en ese ámbito el sector local. Y, por supuesto, dejando en manos del Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable.
Como saben ustedes, en la actualidad existen Órganos de Con- trol Externo que, de hecho, fiscalizan con carácter exclusivo las cuentas de su Comunidad, incluyendo a los ayuntamientos y otros que tienen restringidas sus competencias a la cuenta general auto- nómica o las subvenciones.
Decía al comienzo de mi intervención que los aniversarios de las instituciones pueden servir para hacer un alto en el camino, anali- zar la labor realizada y hacer un balance crítico, porque es la críti- ca la que nos permitirá avanzar. En este sentido, el vigésimo ani- versario del Tribunal de Cuentas, que coincide con los veinte años de la primera institución autonómica de control, puede ser una buena excusa para que entre todos valoremos este período y, sobre todo, nos planteemos cómo mejorar.
Se ha creado un sistema de control del que son responsables el Tribunal de Cuentas y los nueve órganos autonómicos de control externo. Y tampoco podemos olvidar al Tribunal de Cuentas Eu- ropeo, encargado de controlar la gestión de quienes manejan fon- dos procedentes de la Unión Europea.
Asentadas las bases de este sistema de control, creo que ha lle- gado el momento de plantearnos nuevos retos, algunos de los cua- les quiero apuntar antes de finalizar mi intervención:
– Intensificar nuestra labor de fiscalización en dos direcciones:
por un lado, las áreas de gestión que acaparan la mayor parte del gasto o en las que el riesgo de irregularidades es mayor. Y, por otra parte, no debemos vivir de espaldas a la sociedad, ignorando los te- mas que preocupan a la gente, sino que habría que esforzarse en conectar con las preocupaciones de los ciudadanos. En ese sentido, los temas relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, ten- drían que estar entre nuestros objetivos. Lógicamente esto nos obligará a un esfuerzo suplementario, porque toda adaptación lo exige, pero creo que lo contrario –es decir, funcionar como autó-
matas sin variar nuestra dirección– nos alejaría progresivamente de la sociedad.
– Veinte años es un plazo considerable para consolidar unas instituciones. Sin embargo, creo que el eco de la labor de control no ha llegado nítido a la sociedad. La mayoría de estas institucio- nes siguen siendo unas grandes desconocidas. Yo no digo que nuestro trabajo tenga que estar todos los días en los periódicos o en las tertulias de las emisoras de radio y televisión. Éstas no deben ser instituciones «estrella» en los medios de comunicación. Pero tampoco me parece buena la situación actual, que es justamente la contraria: prácticamente no existen. Creo que, en general, la co- municación es una de nuestras asignaturas pendientes. Y aprobar esa asignatura creo que –al margen de que beneficiaría a todas las instituciones– es una exigencia desde el momento en que los ciu- dadanos tienen derecho a saber cómo se gestionan los fondos pú- blicos.
– Por último, creo que el futuro pasa por la cooperación. Por eso, me parece fundamental que, veinte años después de poner los cimientos de nuestro sistema de control, creemos el clima propicio para conseguir una cooperación eficaz. Estoy convencido de que tenemos mucho que aprender los unos de los otros, se pueden aprovechar experiencias ajenas, intercambiar información e inclu- so realizar trabajos conjuntos. Partiendo de una base de respeto y confianza mutuas, la cooperación es un campo abierto, un hori- zonte sin límites, lo mismo que el beneficio que reportará a estas instituciones y, sobre todo, a la sociedad en la medida en que ga- rantizará un control de los fondos públicos más eficaz.
Muchas gracias.
