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Expolio de bienes naturales y desigualdad: El
desenmascaramiento de la anticooperación
Plundering of natural goods and inequality: The unmasking of anticooperación
Recibido: 1 de setiembre 2014 Aceptado: 6 de octubre 2014
Tirsa Ventura Campusano*
Mónica Brenes Montoya**
Resumen
Este artículo esboza los principales componentes de la investigación, en curso, sobre el expolio de los bienes naturales en Costa Rica, así como plantea un panorama general sobre la situación ambiental en el país, explorando dos sectores centrales para la economía: el agroexportador y el turístico. En el texto se analiza críticamente las relaciones económicas, políticas y sociales que tienen como foco el lucro y la ampliación de beneficios particulares en detrimento del interés común. En especial, se procura posicionar el tema de las relaciones desiguales que surgen entre el Norte y el Sur, caracterizadas por la extracción de los componentes naturales para la exportación, con el consecuente enriquecimiento de grupos particulares nacionales e internacionales.
Palabras clave
EXPOLIO. BIENES NATURALES. ANTICOOPERACIÓN. DESIGUALDAD. AGROINDUSTRIA. TURISMO.
Abstract
This article outlines the main components of the research, in progress, on the plundering of natural goods in Costa Rica, and raises an overview of the environmental situation in the country, exploring two core sectors of the economy: the agricultural export and tourist. The text critically examines the economic, political and social relationships, which focus on profit and expanding individual benefits at the expense of common interest. In particular, it attempts to place the issue of unequal relations that arise between the North and the South, characterized by the extraction of natural components for export, with the consequent enrichment of national and international private groups.
* Doctora en Ciencias de la Religión por la Universidad Metodista de São Paulo. Docente e investigadora de la Universidad De La Salle, Costa Rica. Correo electrónico: [email protected].
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Key Words
PLUNDERING. NATURAL RESOURCES. ANTICOOPERACION. INEQUALITY. AGRO-INDUSTRY
Introducción
Este artículo se basa en el primer informe del proyecto de investigación titulado “Índice de anticooperación. Expolio de los bienes naturales y de materias primas y el acaparamiento de tierras”, realizado por el Departamento de Investigaciones de la Universidad De La Salle. Se trata de una investigación interinstitucional que involucra a diferentes universidades latinoamericanas y organizaciones no gubernamentales de España1. El objetivo general de la
investigación es construir indicadores que permitan evaluar el nivel de anticooperación de los países donantes del Norte con respecto a los países del Sur. Cada equipo latinoamericano trabaja un área específica vinculada con la cooperación internacional y/o la Inversión Extranjera Directa (IED), sobre todo proveniente de los países anglosajones.
Particularmente, la investigación en Costa Rica se interesa por la expoliación de los bienes naturales, incluyendo la tierra. Se entiende por expolio el hurto generalizado de los bienes naturales del Sur por parte de los países del Norte con el objetivo de satisfacer las demandas en los países industrializados (alimentarias, energéticas, tecnológicas, lucrativas, etc.). Esto hace que aunque los continentes de América y África cuenten con los mayores recursos y mayor diversidad natural del mundo, estas riquezas sean expoliadas de la mano de grandes empresas transnacionales; dando lugar a un empobrecimiento de la población local, ya que los beneficios no repercuten en una mejora de calidad de vida para ella. Se trata de una re-colonización de la mano de los intereses del capital privado y respaldada por los Estados y gobiernos.
La estrategia metodológica que guía la investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, que está interesada en el significado de los hallazgos y la relación que provocan entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza; asimismo, tiene como pilares la participación, el trabajo colaborativo y la construcción conjunta de conocimiento con los diferentes actores involucrados. Partiendo de estos pilares, se pretende visibilizar no sólo la explotación de los bienes naturales en el país y sus implicaciones, sino también vincular los hallazgos de investigación con algunos procesos orientados a la transformación social para el bien común.
Se combina la emergencia de información por medio de documentación (noticias, informes de organizaciones y entidades del Estado, legislación) con el trabajo de campo con comunidades, agrupaciones civiles y ONG´s vinculadas con la temática, representantes del
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Estado y de empresas, entre otros, utilizando las técnicas de entrevista, conversación informal, observación, reuniones grupales, etc.
La información construida será sistematizada y analizada de forma crítica por el equipo de investigación. La investigación tendrá tres fases, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Resumen de las fases de investigación.
I Fase II Fase III Fase
Establecimiento de alianzas con otras instancias a nivel interno y a nivel externo (otras universidad nacionales, ONG´s, entre otras).
Aproximación y revisión a la documentación sobre explotación de bienes en los sectores elegidos.
Identificación de las empresas trasnacionales y de los principales conflictos
socioambientales.
Selección de los bienes naturales (expoliados o en riesgo de expoliación), tendientes a delimitar los casos más relevantes.
Establecimiento de contactos con algunas de las comunidades y organizaciones implicadas en estos conflictos.
Identificación de algunas fuentes que permitan realizar una estimación de los costes-beneficios
generados por la
explotación de los bienes naturales seleccionados.
Diseño de algunos procedimientos para profundizar sobre los
conflictos y sus
implicaciones sociales, ambientales y políticas con los diferentes actores implicados.
Recolección y
sistematización de la información de los costos-beneficios generados por la explotación de los
bienes naturales
seleccionados.
Realización de actividades
que permitan la
generación de
información sobre los
conflictos y sus
implicaciones (entrevistas, reuniones, talleres, conversaciones
informales, entre otros).
Sistematización de toda la información generada en las dos primeras fases.
Formulación de
indicadores que permitan evaluar el nivel de anticooperación de los países donantes del Norte en relación a la expoliación de los bienes naturales de los países del Sur.
Validación de indicadores y devolución de los hallazgos con algunos de los grupos implicados en el proceso.
Presentación de los resultados del Proyecto de Anticooperación.
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Principios epistemológicos de la investigación
El término anticooperación es uno de los conceptos centrales en este proyecto de investigación. Plantea una crítica al sistema-mundo (Wallerstein, 2006) que crea un imaginario de cooperación solapado con una lógica no sólo expansionista, sino también explotadora y destructiva de todo lo que se entiende como naturaleza o, más específicamente, como bienes naturales, incluyendo al propio ser humano. Este término provoca y convoca a la reflexión sobre los significados en torno a las prácticas relacionadas con los bienes naturales y con los seres vivos. Siempre con el interés de promover una sociedad basada en relaciones justas.
A partir de este término se propone reflexionar sobre la lógica cultural occidental que piensa que los bienes conforman la naturaleza de forma fragmentada; que los piensa como recursos inagotables desde la perspectiva del mercado neoliberal. Como lo señala Ávila-Fuenmayor (2005, p.90) “el ethos legitimador del neoliberalismo sirve de soporte a la razón económica, capitalista, como una razón depredadora de la vida, del orden biológico y natural de la existencia”. Entre las consecuencias, las anti-relaciones que también se generan entre las personas afectadas, que si por un lado, muchos reconocen los grados de destrucción causados por los expolios de las empresas transnacionales, también algunos grupos reivindican la generación de empleos, en sociedades en las que las políticas de empleos para la mayoría de la población son restrictas.
Al prestar atención al término expolio, nos damos cuenta que tiene que ver también con estafa, trampa, chantaje. Por esto, generalmente, andan de la mano anticooperación – expolio. En este sentido, no nos referimos a anticooperación sólo desde el punto de vista económico, sino también desde un horizonte ético. Vista así, la anticooperación no sólo es una estafa, un engaño; sino que impide la relación constructiva y sorora con los seres humanos y la naturaleza. Esta investigación configura un fuerte componente ético desde donde se plantea una crítica a una lógica que genera prácticas destructivas de la relación ser humano-naturaleza y que, más bien, está centrado en la utilidad, es decir, en el interés propio. O mejor dicho, el interés de las empresas transnacionales. Se trata de una investigación que pretende posicionarse como ente movilizador que impide que aparezca como inerte una cooperación que no lo es.
Afirmamos, entonces, que indagar desde la anticooperación nos permitirá evidenciar la crítica al sistema -mundo2 basado en la lógica de la explotación que postula a los seres
humanos como recursos, y a los materiales que conforman la naturaleza como medio de enriquecimiento y, además, infinitos. Más todavía, estos bienes son considerados desde una lógica fragmentada, que impide que se acepte el expolio en su dimensión integral. La preocupación en esta investigación pasa también por generar una reflexión que sirva para resaltar y apoyar una práctica potenciadora de la reconexión con la naturaleza, pero también de desvelamiento de la utilidad capitalista.
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Es de suma importancia en este trabajo indagar sobre lo que están haciendo las empresas en su relación con los bienes naturales (sean estos agrícolas, minerales, acuíferos…) y también con los seres humanos. Dicho de otra manera, es de especial interés conocer por dentro cómo se da ese expolio sobre el cual estamos indagando. En qué consiste realmente; cuáles son las trampas que conllevan tanto las prácticas como los discursos en torno a temas como Responsabilidad Social Empresarial, Inversión Extranjera para el Desarrollo (IED), aumento de empleos, exportación e importación, entre otros.
El trato explotador y de expolio con las fuentes naturales y los seres humanos, está basado en la injusticia y la inequidad que son resultado, entre otras cosas, de la monocultura de la eficiencia capitalista, desde cuya lógica el crecimiento económico se da sin cuestionar el libre mercado (Santos de Sousa, 2010, p.22). Este planteamiento nos permite señalar que desde un pensamiento complejo, el saber que genera toda la propuesta de anticooperación evidencia que nada existe sin estar en conexión con algo. El hecho que exista una anticooperación camuflada de cooperación es generadora de expolio.
El discurso en torno a los supuestos beneficios de la Inversión Extranjera para el Desarrollo y de la instalación de las transnacionales, que genera el aumento de la producción de monocultivos, amenaza a los seres vivos y fuentes naturales. Es así, que nos parece de suma importancia destacar que se hace necesario la emergencia de una epistemología otra, capaz de problematizar o, mejor dicho, que permita medir no sólo en forma cuantitativa, sino también en términos de significados para repensar el concepto de cooperación a partir de las experiencias que ampliamente se mantienen en la relación Norte-Sur.
Costa Rica dentro dela perspectiva global
Indagar sobre Costa Rica en relación al mercado global, permite conocer cómo se da respuesta a los efectos cotidianos de la propia acción de quienes establecen las coordenadas del cambio de un paradigma centrado en la tierra, a otro centrado en el mercado. En éste último, la acción humana no necesariamente es para el bien común, sino que está regida por el cálculo de utilidad (interés propio) y la maximización de las ganancias. Es así, que Mario González Arencibia (2014) advierte sobre la tendencia a representar la globalización como si sólo consistiera en un entrecruzamiento de flujos relativamente autónomos, pasando por alto que estos flujos son generados por diversos actores económicos y sociales específicos, como las empresas transnacionales y gobiernos. Es dentro de este panorama que hemos visto la importancia de averiguar sobre las exportaciones, importaciones e inversión extranjera en el país. Pues, se sabe que lo global marca también la síntesis de múltiples determinaciones, que en definitiva tienen influencia en la realidad social y política costarricense.
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2012, en contraste con 63,7% en 1980 (CEPAL, 2012ª citado en Programa Estado de la Nación, 2013). Ese mismo informe señala que si bien Costa Rica exporta bienes primarios, en sus operaciones de comercio exterior, ha tenido un mayor peso la importación que hace de éstos, en particular los combustibles. Entre 2000 y 2012, el índice (año base 2005) pasó de 109,4 a 96,8. Este deterioro es un factor central para explicar el creciente déficit de la balanza comercial de bienes. Entre 2000 y 2011, la factura petrolera se multiplicó por 4, al pasar de 472 millones a 2.227 millones de dólares.
Por sector, en el periodo 2000-2012, el 39,8% de los flujos de IED que recibió Costa Rica se destinó a la industria manufacturera y 14,8% a servicios. Como se mencionó, en años recientes ha cobrado especial relevancia la inversión en servicios, por lo que en 2011-2012 la IED dirigida a este sector promedió 34,5% de la IED total. Por país de origen, el 56,4% de los flujos provinieron de Estados Unidos entre 2000-2012, país que, como se verá más adelante, también tiene una participación mayoritaria en los flujos de comercio costarricenses. En segundo y tercer lugar, se ubicaron España (5,7%) y México (5,5%), respectivamente. De esta manera, el informe destaca que el crecimiento de las exportaciones ha ido de la mano de la llegada de IED, que encuentra en Costa Rica una plataforma para enviar sus productos a terceros mercados. Entre 2000 y 2012, se recibieron un total de 16.430 millones de dólares de IED, el 32% dirigida a actividades de zonas francas. Esta cifra correspondiente a la inversión extranjera representa un 20% del total invertido en Centroamérica.
De acuerdo a los investigadores Jorge Mario Martínez y René Antonio Hernández (2012), la inversión extranjera es un elemento fundamental para medir el desarrollo, principalmente, en aquellos países que han adoptado modelos de comercio internacional. Se trata de un modelo que, claramente, beneficia a empresas y sectores laborales que están en condiciones de competir en mercados globales (p.10). Estos mismos autores reconocen que las consecuencias de esa Inversión Extranjera Directa, ha surtido efecto en el desarrollo, “fortaleciendo la débil formación bruta de capital y el empleo” (p.7). Sin embargo, esas inversiones no llegan a lugares de menor desarrollo, por causa de la insuficiencia en los incentivos fiscales (p.32).
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Esa situación nos permite reconocer que el mercado neoliberal en los procesos económicos, principalmente, de los países llamados en “vía de desarrollo”, se afirman como razón técnica, económica e instrumental, para conseguir el “mercado de intercambios”. Sin embargo, en la práctica cotidiana este mercado atenta contra la vida de las personas. Y más todavía, la justicia social no es auspiciada ni necesaria para la ética neoliberal (Hinkelammert, 2001). Una muestra de esto, es como la IED trae un récord en bienes raíces, pues este sector recibió el 43% del total de flujos de inversión extranjera directa que llegaron al país. Mientras que la inversión en sectores como el agrícola y agroindustrial es muy débil. Por ejemplo, en el 2010, en agricultura la inversión fue de -9,1 en comparación con el sector inmobiliario que fue no sólo positiva, sino de 147 dólares.
Según datos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), las regiones con mayor rezago en el país son la Huétar Atlántica y la Brunca, las cuales poseen los porcentajes más bajos del Índice de Desarrollo Social (MIDEPLAN, 2008b, citado en Programa Estado de la Nación, 2013). Esto está en estrecha relación con el flujo de IED. Sólo para poner un ejemplo, que nos parece significativo: en el 2010 en la provincia de Limón esta inversión fue de 0,4%, mientras que en Heredia fue de 37,1%.
Lo anterior se puede apreciar, concretamente, en las condiciones sociales que hay en algunas regiones, condiciones que no sólo tienen que ver con niveles de educación o presencia de universidades públicas, sino con la atención en inversión de otros niveles sociales en esa y otras regiones con indicadores de desarrollo humano similares. Es importante prestar atención a detalles como éstos, pues nos permiten hacer preguntas sobre a quién o a quiénes beneficia el mercado global y su consecuente inversión, ya sea ésta nacional o extranjera. Pues lo que parece es que cada día la vida de millones de personas se pone a la orden del mercado basado en una acción medio-fin.
Es desde esa lógica, que se puede entender por qué Infinito Gold (transnacional minera de origen canadiense), demanda al Estado costarricense por US$94 millones, perdidos por supuestas violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá3 (Central America Data, 2014). Y, desde un contexto más amplio, la Unión Europea
reclama a América Latina un acuerdo más ambicioso de protección a las inversiones en ella (Central America Data, 2013), en un contexto donde cada vez más se reconoce el daño a los ecosistemas causados por las empresas extractivas.
Otro ejemplo es el de la expansión piñera en el país y las acciones desarrolladas por las comunidades para mitigar los efectos de ésta. Por ejemplo, las municipalidades de los cantones caribeños de Pococí y Guácimo acordaron afianzar moratorias al cultivo de piña, al aducir vulnerabilidad de las tierras utilizadas y problemas de control ambiental. De nuevo, esta información nos remite a la pregunta de ¿quién o quiénes están por detrás tanto de la producción como de la exportación? La pregunta anterior, se hace más urgente cuando se sabe que el Concejo de Pococí acordó no autorizar licencias municipales, remociones de tierra, ni otorgar licencias constructivas para actividades relacionadas con siembra y
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expansión, industrialización, exportación, distribución y comercialización de piña. Las razones principales de esta restricción tienen su base en la necesidad de mejorar desempeño ambiental y social de la producción y el comercio responsable.
No obstante, mediante el Voto 2572-13 de la Sala Constitucional, se anula el acuerdo del Concejo Municipal de Pococí, y declara como improcedente la moratoria de la Municipalidad al cultivo de piña (Cabrera, 2012). Además en el voto, se prohíbe al gobierno local tomar medidas similares a futuro (Álvarez, 2012). En este sentido, es necesario preguntarse de qué sirven los mecanismos legales si las instancias gubernamentales revierten las medidas tomadas de forma autónoma por las comunidades en favor de su propio bienestar.
Panorama de los bienes naturales en Costa Rica
Como se ha señalado, el expolio de los bienes naturales guarda una relación con los procesos económicos y políticos, nacionales y mundiales. Los efectos para el ambiente y las poblaciones han sido registrados a lo largo del tiempo, y en ocasiones han sido invisibilizados y/o negados por el Estado.
Aunque las consecuencias del expolio de los recursos se pueden contabilizar desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la década de 1970 y 1980 el proceso de deterioro se intensifica. Según el Estado de la Nación (2013), en la última década aumentó la deuda ecológica del país, pasando de un 3% en 2002 a un 11% en 2012. Durante el 2012, cada habitante, en promedio, consumió un 11% más de la biocapacidad4 del territorio del
país (Programa Estado de la Nación, 2013).
Los efectos del sistema neoliberal, sobre todo lo concerniente al fuerte impulso de la IED, se reflejan en algunos datos del Informe Estado de la Nación (2013). Por ejemplo, se menciona que en el periodo comprendido entre 2008-2011, un 41,7% del atún obtenido en Costa Rica fue desembarcado en puertos de otros países. Asimismo, más del 20% de la zona marítimo- terrestre en Guanacaste y Puntarenas corresponde a propietarios privados. Estos datos son ejemplos de la aceleración y la intensificación de la privatización y expoliación de los bienes naturales por parte de grupos económicos, principalmente de capital transnacional.
No obstante, también se señala un mayor involucramiento y participación de la sociedad civil, como fiscalizadora y denunciante de las prácticas abusivas a nivel socioambiental. Las acciones colectivas de la organización civil en diferentes niveles se han intensificado en los últimos años; se reportan 20 acciones en 2007, 21 en 2008, 11 en 2009, 34 en 2010, 54 en 2011 y 48 en 2012 (Programa Estado de la Nación, 2013). El incremento de la participación de las personas en la tutela de los derechos ambientales y en la denuncia de conflictos socioambientales, también se refleja en el número de casos abiertos por denuncia o de oficio ante el Tribunal Ambiental (469 en 2011 y 439 en 2012), donde destacan asuntos como:
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afectaciones en las zonas de protección del recurso hídrico (31.67 %); tala de árboles (25.97%); afectación del recurso hídrico (5.92%), entre otros (Cabrera, 2012).
Según Mariana Solano (2012, p. 10), el incremento de las acciones colectivas en materia ambiental:
[…] se debe al inminente interés del Estado por asumir el control del territorio y direccionar –no siempre a favor del ambiente– la política de conservación nacional, muchas veces ajena a la realidad comunitaria y más en consecuencia con las exigencias de los organismos internacionales que proveen los recursos.
Sector agrícola
Como ha sido señalado previamente, el sector agrícola constituye el pilar de la economía costarricense. Según el Estado de la Nación (2013), el área sembrada con productos agrícolas en el país corresponde a 485.432 hectáreas (ha) en 2010, 500.927 ha en 2011 y 492.932 ha en 2012, es decir, casi un 10% del territorio nacional (de un total de 51.100 km2). A pesar de que
en los últimos años se produjo una disminución de las hectáreas cultivadas, el crecimiento del 12,5% entre el 2008 y 2011, evidencia el proceso de agotamiento de la frontera agrícola en el país (Bach, 2013).
Los cultivos de café (93.774 ha), arroz (77.240 ha), caña de azúcar (64.000 ha), palma aceitera (63.500 ha), piña (42,000 ha) y banano (41,655 ha) son los predominantes en el paisaje nacional (SEPSA citado en Bach, 2013). Dentro de éstos, los productos de exportación agrícolas más importantes son la piña, banano y café oro, generando un ingreso total de US$ 1.937, 2 millones (MAG 2013a citado en Bach, 2013).
Según las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior (2013, 2014), el banano continúa siendo el producto agrícola que genera mayores divisas en el país. Para el año 2012, produjo ingresos por un total de US$ 808.287.763 y US$828.103.173 en el 2013. Mientras la piña se posiciona como segundo lugar, ya que para el año 2012, registró una ganancia de US$792.416.269; y para el 2013, se obtuvieron US$818.779.436 (Ministerio de Comercio Exterior, 2013, 2014). Los ingresos por exportaciones de estos productos agrícolas, únicamente fueron rebasados por el rubro de procesadores de computadoras, que obtuvo un total de US$ 2.234.164.991 en 2012, y US$ 2.375.688.362 en 2013.
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Un ejemplo que facilita dimensionar el uso intensivo se da en la producción de banano. Bach (2007) plantea que según los datos oficiales más recientes, esta producción consume en promedio anual 49.29 kg de ingrediente activo por hectárea; datos extraoficiales indican que el promedio es de 69 kg de ingrediente activo por hectárea anualmente (Corporación Bananera Nacional, 2011). Sólo para controlar la Sigatoka negra, enfermedad que ataca gravemente al banano, es necesario aplicar entre 45 y 52 ciclos de fungicidas al año; para el control de los nematodos, se realizan de 3 a 4 aplicaciones al año y para la mala hierba se requieren de 6 a 8 aplicaciones por año (Corporación Bananera Nacional, 2011).
Los efectos del uso intensivo de agroquímicos en la producción agrícola se evidencian, entre otros ejemplos, en las personas intoxicadas (7.352) de forma aguda por plaguicidas en el periodo de 1992 a 2002, vinculado con accidentes laborales, suicidios y por otros motivos que no se especifican (OPS, 2003).
El caso más relevante sobre afectaciones por agroquímicos se relaciona con el uso de los plaguicidas nemagón y fumazone en las zonas bananeras costarricenses – y en el resto de Centroamérica-, a pesar de su prohibición de venta en países como Canadá y Estados Unidos. El efecto en la salud de las personas trabajadoras y/o quienes residían cerca de los cultivos fueron múltiples, destacando afectaciones como la esterilidad en hombres y mujeres. A pesar que algunas personas emprendieron procesos judiciales contra las compañías bananeras y las productoras de las sustancias, el avance en éstos ha sido lento y poco satisfactorio para los y las trabajadoras (Radulovich, 1988; Quesada, 2008; Mora, 2013).
En el año 2006, Bach señalaba el significativo impacto del uso de agroquímicos, citando tres casos: la aparición de residuos de estos productos en el suelo y el aire de los Parques Nacionales Braulio Carrillo y Poás; la afectación de monos congo a causa del uso de insecticidas en las fincas bananeras en la Región Atlántica; y el aumento de concentración de nitratos en los acuíferos del Valle Central Oeste, debido a las prácticas de fertilización en cafetales y los procesos acelerados de urbanización (Bach, 2013). El uso intensivo de plaguicidas se asocia con “[…] la reducción de la biodiversidad, erosión y pérdida de permeabilidad de los suelos, el aumento de la vulnerabilidad a las plagas y enfermedades y… el desequilibrio y agotamiento de los agrosistemas” (OPS, 2003, p. 21).
Un estudio reciente realizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), indica que la provincia de Guanacaste posee la tasa de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) más alta del país. En Guanacaste, la IRC afecta a 113 personas por cada 100 mil habitantes, casi triplicando a la población afectada en Cartago, que ocupa el segundo lugar con 43,8 personas afectadas por cada 100 mil habitantes. Asimismo, el estudio indicó que la tasa de mortalidad, asociada a esta enfermedad, es la más elevada del país. La alta incidencia de IRC se ha asociado con el uso del herbicida glifosato, utilizado en la zona guanacasteca para el cultivo, principalmente, de caña de azúcar (Pomareda, 2014), pero también utilizado en la producción de piña (Álvarez, s.f.).
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laborales en la producción agrícola son deficientes, y temen ser sancionadas o despedidas por sus empleadores. Otras razones se vinculan con el desconocimiento de su derecho de hacerlo, así como de los mecanismos institucionales para efectuar el proceso. Con respecto a los casos en los cuales se hacen efectivas las denuncias, muchas personas indican que los procedimientos institucionales para dar seguimiento a las mismas son poco ágiles y efectivos.
Es importante señalar que el uso de agroquímicos no sólo afecta a las personas trabajadoras de los monocultivos como el banano, el café, la piña, los cítricos, entre otros, sino también a las poblaciones cercanas de los cultivos. Acciones como la fumigación área; la contaminación de las aguas superficiales y mantos acuíferos, provocados por la erosión del suelo y el arrastre de los agroquímicos; y la contaminación de los suelos, provocan afectaciones importantes en las poblaciones, quienes ven afectados la posibilidad de consumir agua potable y respirar aire libre de estos productos (Foro Emaús, 1998; Álvarez, 2012; Madeley, 2003).
Un tema central vinculado con el uso de agroquímicos para la agricultura se refiere a las empresas fabricantes, importadoras y comercializadoras de los productos, las cuales generalmente corresponden a grandes empresas transnacionales con capital europeo y estadounidense5. Éstas generalmente evaden las responsabilidades de los efectos de la
utilización de sus productos en la siembra, alegando el respaldo de estudios “científicos” que ignoran las consecuencias negativas de su aplicación. Estos estudios son avalados por instancias internacionales, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), entre otras. Un ejemplo específico sobre esta situación se encuentra en la información correspondiente al paraquat, insecticida utilizado para eliminar maleza en los cultivos de café y banano, importado en Costa Rica por Sygenta
Crop Protection6, la cual señala que:
Syngenta fabrica el paraquat de acuerdo con las directrices de la FAO que especifican la pureza y la exactitud de las concentraciones del producto. Syngenta ha incorporado varias propiedades de seguridad. Un tinte da a los productos de paraquat de Syngenta un color distintivo; un agente aromático le da un desagradable olor de alerta y un eficaz efecto emético induce el vómito. Estas precauciones son aspectos complementarios de la gestión de Syngenta para minimizar el riesgo de ingestión accidental. Hay otros fabricantes que no necesariamente emplean estas medidas de fabricación y seguridad (Centro de Información, 2014).
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El uso de este producto se ha asociado con quemaduras en la piel o dermatitis, lesiones en los ojos, envenenamiento sistémico, hemorragia nasal y daño en las uñas. Algunos estudios han identificado una relación entre el uso del paraquat y la incidencia de cáncer en la piel y otros tipos de esta enfermedad (Madeley, 2003).
Es necesario preguntarse por los mecanismos de control y regulación de las sustancias que se utilizan para el cultivo, sobre todo el papel de las instancias internacionales que tienen como misión principal velar por el bienestar de las personas y el ambiente con respecto a la utilización de agroquímicos. Cabe preguntarse, ¿cómo se legitima el trabajo de estas instancias en relación con su labor reguladora?; ¿cómo se caracterizan las relaciones entre las empresas, en su mayoría transnacionales, y las instituciones internacionales especialistas en materia ambiental y de seguridad humana?; y ¿cuál es el papel y las acciones del Estado en la regulación de la comercialización y el uso de estos productos en el país?
A pesar de que se evidencia una baja en la importación de agroquímicos, la cifra de 12.377 toneladas de plaguicidas importadas para el año 2012, no es tranquilizadora (Bach, 2013). Se puede señalar que el Estado ha tenido una relación ambigua con respecto al uso de químicos en el sector agropecuario: “Por un lado, se han implementado programas considerables de extensión y asistencia técnica para los productores agropecuarios por parte de varias instituciones estatales. Por otro lado, no está cumpliendo con su papel de controlar el uso de agroquímicos” (Bach, 2006, p.4).
Una de las dificultades que agrava la situación de permisos y control de agroquímicos en Costa Rica, consiste en la entrada en vigencia en 2007 de un nuevo reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado. Este reglamento restringe los permisos para nuevos ingredientes activos. Más que tener un efecto positivo, éste ha obstaculizado el ingreso de productos más recientes, cuyos efectos son menos perjudiciales que aquellos causados por los productos viejos. Para el año 2012, estaban pendientes 150 solicitudes de registro de agroquímicos, provocando conflictos entre la instancia gubernamental y las empresas del sector (Barquero, 2012b citado en Bach, 2013). En el año 2009 se publicó la ley 8.702 que avaló la inscripción de 420 productos (Bach, 2013). Frente a esta situación, insistimos en preguntar, ¿quién o quiénes se benefician con el ingreso masivo de agroquímicos en el país?; ¿por qué las regulaciones implementadas no producen efectos en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente?
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obstante, los grandes ingenios azucareros postergan la implementación de estos planes por la alta inversión económica que implican (Salazar & Cantón, 2012 citado en Bach, 2013).
Para el caso del banano, se puede mencionar que para el año 2007, se estimó un total de 3.6 millones de toneladas anuales de basura; pues por ejemplo, para el corte de la fruta se produce un total de 3.560.000 toneladas de vástago, hoja, flor y corona por año; mientras que en el proceso de desmane se genera alrededor de 111 millones de pinzotes por año. De esa totalidad, únicamente un pequeño porcentaje se trata o recicla. En el caso de los pinzotes, únicamente un 15 por ciento es tratado en plantas de compostaje en las fincas y otro 15 por ciento es utilizado como materia prima para papel, accesorios de oficina y otros (Programa Competitividad y Medio Ambiente-CYMA-, 2007).
Con respecto a los desechos sólidos no orgánicos producidos por la explotación banano, específicamente plástico, se estiman unas 10.700 toneladas anuales (CYMA, 2007). Estas bolsas son sumamente contaminantes, pues al ser utilizadas como protectoras de la fruta, están en contacto directo con los agroquímicos (CYMA, 2007). A este tipo de desechos es necesario sumar los envases de pesticidas, los hilos plásticos utilizados para fijar las plantas y las cajas de cartón utilizadas para el transporte de la fruta (Foro Emaús, 1998).
Aunado a los efectos ambientales, antes señalados, se debe mencionar la afectación causada por la expansión del terreno cultivado y la concentración de la tierra en pocas empresas. El crecimiento del terreno dedicado al monocultivo se ha sostenido en el tiempo; sin embargo, el deterioro de los suelos, a causa de las prácticas insostenibles de producción, y la necesidad de mantener un alto ritmo de productividad por hectárea, ha provocado la redefinición de la frontera agrícola en detrimento de los bosques primarios y secundarios. Por ejemplo, la expansión de la zona cultivada en Limón, que tuvo lugar a inicios de la década de 1990, implicó la tala de 4.677 hectáreas de bosques (Foro Emaús, 1998).
Sector turístico
En Costa Rica, el turismo representa uno de los rubros que genera más divisas y es una de las mayores fuentes de empleo. Según Cordero (2011), el turismo aún sigue siendo una actividad económica en expansión. Para el 2006, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), señaló la llegada de 1.7 millones de turistas, generando un ingreso por divisas de, aproximadamente, US $1.629 millones (ICT, 2007 citado en Cordero, 2011). Para 2010, se reportó un total de ingresos por US $1.977 millones (Navarro, 2013).
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[…] en el proceso de globalización neoliberal se fomenta una competencia interestatal entre los países periféricos por atraer el capital internacional del primer mundo, ofreciéndoles escenarios menos exigentes para su instalación, entre ellos la posibilidad de apropiarse y explotar entornos ambientales, tierras, agua, transporte, infraestructura, población subcontratable, desregulación laboral, estatalización de los gastos en infraestructuras, exenciones fiscales, además de la corrupción política y empresarial de las clases dominantes locales e internacionales (Navarro, 2013, pp. 265-266).
En el país, este proceso se ha dado de forma paulatina. Antes de la década de 1980, el turismo era básicamente nacional, orientado a la costa del Pacífico Central, principalmente en Puntarenas, y Atlántico, Limón, ya que estas zonas eran de acceso rápido, en buena parte por la conexión vía ferrocarril; la duración de las visitas era muy corta, por lo que la demanda de hospedaje era limitada. Dentro del contexto de implementación de las políticas neoliberales, se dio un cambio en la actividad turística: por una parte, se desplazaron las zonas turísticas y cambiaron las condiciones de la actividad; y por otra parte, el perfil del turista se diversificó al aumentar el flujo de personas provenientes de otras latitudes y de nacionales de clase media, ambos con mayores posibilidades de inversión en actividades de placer (Cordero, 2011).
A partir de la década del 2000, se produce un auge en la construcción inmobiliaria del país, principalmente a partir de capital extranjero y transnacional en las zonas costeras del Pacífico. Según el Programa Estado de la Nación (2013), para el 2008, el área en permisos otorgados para la construcción en cantones costeros era de 807.680 m2, mientras que para
los cantones en el resto del país era de 818.884 m2. Este es un dato importante si se toma en
cuenta que la población costarricense se concentra en el Gran Área Metropolitana, zona lejana a las costas. Para el 2012, el total de metros cuadrados con permisos para la construcción en cantones costeros era de 311.528 m2.
Como lo señala Solano (2012, p. 7), la marca de país “verde” que Costa Rica forjó imaginariamente durante décadas es insostenible en la actualidad, ya que: “el boom inmobiliario, el creciente número de inversionistas y la aún mayor presión turística sobre nuestro país, han provocado que la situación se salga de control”. Este boom inmobiliario vinculado con el turismo se relaciona con el interés de las grandes hoteleras y operadores de viajes internacionales que encontraron en Centroamérica un lucrativo nicho de expansión (Cañada, 2010 citado en van Noorloos, 2013).
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171 % en la construcción de condominios y residencias turísticas (Salas, 2008 citado en Cordero, 2011).
Estas edificaciones no sólo han modificado el panorama de las zonas costeras, sino principalmente las dinámicas sociales, económicas y ambientales (Navarro, 2013). Este tipo de turismo, denominado por Cordero (2011, p. 37) como “turismo de enclave” implica “…el control del territorio local por parte de empresas extranjeras… a partir de una economía controlada especialmente por el capital foráneo”. Así, la expansión turística internacional, en sus dos principales modalidades (turismo a corto plazo y turismo residencial) coexisten con las formas tradicionales de producción y economía local generando conflictos por el uso y tenencia de la tierra y por el acceso a servicios básicos como el agua (Cordero, 2011; Navarro, 2013).
Tanto el turismo temporal como el residencial han generado “… importantes transferencias de tierra, culminándose en una ‘extranjerización’ de tierras: en Guanacaste, la tierra se ha convertido en el principal objeto de inversión para muchos actores externos. La mayoría de la inversión se da en tierras de propiedad privada y de forma legal” (van Noorloos, 2013, p. 7). Lo anterior, ha generado un encarecimiento de la tierra, que desprovee a las personas residentes permanentes de ellas y produce muchos beneficios para las personas intermediarias, que generalmente son extranjeras, así como para las empresas hoteleras y constructoras que suelen construir más terreno del aprobado legalmente, sin pagar el monto por impuestos de forma adecuada (Salas, 2008 citado en Cordero, 2011). En ocasiones, se construyen hoteles en el litoral sin la adecuada protección, aunado a la evasión del pago por parte de los concesionarios al Estado por el derecho de ocupación de la franja costera (Quesada, 2008, p. 122).
El interés del Estado costarricense por “desarrollar” las zonas costeras, e impulsar a la industria de la construcción y el turismo, se evidencia en el nivel de involucramiento económico y la elaboración de directrices que beneficien directamente a las empresas transnacionales y nacionales vinculadas a estos sectores. Por ejemplo, se han creado incentivos fiscales para el sector turístico y de infraestructura; entre ellos, se puede mencionar la remodelación del aeropuerto internacional Daniel Oduber, ubicado en la provincia de Guanacaste, por medio de desarrollos facilitados por la colaboración público-privada entre el gobierno y los inversionistas turísticos e inmobiliarios (van Noorloos, 2013, pp.11-12).
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las poblaciones locales al agua, quienes no reciben el servicio, aun cuando hay agua para cumplir con las demandas de los grandes hoteles y residencias vacacionales.
La aplicación de la legislación y normativa ambiental que regula la construcción y el uso de la tierra en las zonas costeras, se ha caracterizado por ser deficiente, y en ocasiones, negligente por parte del Estado. Por ejemplo, la gestión de la zona marítimo-terrestre debe ser regulada mediante el resguardo de los primeros 50 metros como propiedad pública inalienable, y de los siguientes 150 metros, que conforman una zona restrictiva de la cual el Estado tiene potestad para conceder su uso a individuos y/o empresas particulares mediantes condiciones estrictas. No obstante, en la práctica se evidencia que las instituciones estatales no exigen a las empresas los planes reguladores; lo anterior ha generado el incumplimiento sistemático de las directrices básicas del uso del suelo en la costa. Se han documentado casos en que las empresas hoteleras han “privatizado” la zona pública; en otros casos se han otorgado concesiones a empresas que no cumplen con las condiciones necesarias; y usualmente, se brindan varias concesiones a la misma persona física o jurídica (van Noorloos, 2013).
Asimismo, se presentan problemas con las evaluaciones de impacto ambiental que se solicitan como parte de los requisitos para emprender proyectos turísticos- inmobiliarios, temporales y de residencia. El principal obstáculo es la deficiencia del control del cumplimiento de reglas en el periodo posterior a la aprobación del proyecto, por parte de las municipalidades correspondientes y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); es decir, los mecanismos de inspección por parte de las entidades estatales son ineficientes (van Noorloos, 2013; Navarro, 2013).
La indagación que haremos en las comunidades y, de manera particular, en las municipalidades permitirá ver de manera más concreta el impacto ambiental provocado por la expoliación de las fuentes o bienes naturales en Costa Rica.
Consideraciones finales
Algunos de los avances del proceso indagatorio pueden ser resumidos de la siguiente manera:
Los conflictos socioambientales más significativos tienden a concentrarse geográficamente. La zona del Atlántico, el Pacífico, norte, central y sur, son espacios abatidos por los efectos de actividades económicas que ahogan a las personas vecinas, al suelo, al agua y al resto del ambiente. La producción simultánea de productos agrícolas de monocultivo, así como el desarrollo turístico provocan estragos en las dinámicas sociales, políticas, ambientales y culturales. Paradójicamente, estas regiones productivas son las que enfrentan condiciones más difíciles en términos de inversión pública, acceso a servicios básicos, empleo, educación, entre otras.
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así como la actividad turística, aunque con características distintas a las presentadas en Guanacaste y Puntarenas. La riqueza de las empresas transnacionales y de los grupos empresariales costarricenses se nutre de las condiciones laborales precarias, así como de la explotación de los bienes y del daño ambiental sistemático y a gran escala.
La transformación, expolio y explotación no ha ocurrido de forma tranquila; la lucha de las comunidades y organizaciones han generado numerosos conflictos socioambientales, los cuales evidencian la resistencia y las posibilidades de encontrar otras formas de relacionarse con la naturaleza. Frente a este panorama es claro que se generan retos en términos de propuestas políticas, orientadas al bienestar común.
El estudio en la primera fase nos permite sensibilizarnos y comprender que la tierra es redonda, y lo que ocurre en un lado afecta todo lo demás. Pensar en Costa Rica dentro del marco global debe llamarnos a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos no sólo por la tierra, sino también por el mercado. La canalización de la acción humana centrada en el interés propio y la maximización de las ganancias en los mercados quedan cuestionadas. Este cuestionamiento sirve de insumo para articular el trabajo de la segunda fase, en relación a los conflictos y sus implicaciones sociales.
Referencias bibliográficas
Álvarez, M. (2012). Expansión de la actividad piñera. Kioscos Ambientales. Universidad de Costa
Rica. Recuperado de
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=sectio n&layout=blog&id=8&Itemid=58
Ávila-Fuenmayor, F. (2005). Neoliberalismo y globalización: de la racionalidad técnica a la relación sujeto-sujeto. Revista de Artes y Humanidades UNICA, pp.89-100.
Bach, O. (2006). Informe Final Agricultura e implicaciones ambientales con énfasis en algunas cuencas hidrográficas principales. Decimotercer Informe Estado de la Nación en
Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica.
Bach, O. (2013). Informe Final. Agricultura. Rumbo Hacia La Sostenibilidad. Decimonoveno
Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica.
Cabrera, J. (2012). Informe Final. Marco Legal Ambiental, Capacidades Regulatorias y Conflictos Ambientales Relevantes. Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo
Humano Sostenible. San José, Costa Rica.
Central America Data (2013, abril). Unión Europea pide más seguridad para sus inversiones.
Recuperado de
18
Central America Data (2014, febrero). Litigio internacional por mina en Costa Rica.
Recuperado en en
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Litigio_internacional_por_ mina_en_Costa_Rica. Consulta el 23 de julio de 2014.
Centro de Información (2014). Paraquat. Recuperado en
http://paraquat.com/spanish/banco-de-conocimientos/ficha-t%C3%A9cnica-del-paraquat
Cordero, A. (2011). Los Viejos y Olvidados Centros Históricos del Turismo: Algunas Evidencias para el Caso Costarricense. En: Cordero, Allen y Budson, Peter (eds.),
¿Es posible otro turismo? San José: FLACSO.
González Arencibia, M. (2014). Globalización como lo concreto: aspectos críticos. Recuperado de http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1362/aspectos-globalizacion.html. Consulta el 30 de mayo 2014.
Green Facts (2014). Glosario. Recuperado de
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/biocapacidad.htm. Consulta el 27 de junio 2014.
Hinkelammert, F. (2001). La globalidad de la tierra y la estrategia de la globalización. La
teoría marxista hoy, pp.365-378. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/marxis/P3C3Hinkelammert.pdf. Consultado el 27 de mayo, 2014.
Martínez, J. M. y Hernández, R. A. (2012). La inversión extranjera directa en Costa Rica: Factores determinantes y efectos en el desarrollo nacional y regional. Serie Aportes para el Análisis del Desarrollo Humano Sostenible, 11. San José: El Programa.
Madeley, J. (2003). Paraquat. El controvertido herbicida de Syngenta. Costa Rica: Foro Emaús. Recuperado de http://www.rapaluruguay.org/paraquat/syngenta.pdf
Ministerio de Comercio Exterior (2013). Estadísticas de exportaciones por producto 2012. Recuperado de http://www.comex.go.cr/estadisticas/exportaciones.aspx
Ministerio de Comercio Exterior (2014). Estadísticas de exportaciones por producto 2013. Recuperado de http://www.comex.go.cr/estadisticas/exportaciones.aspx
Navarro, S. (2013). Turismo e Inmigración en Playa Matapalo, Sardinal, Costa Rica. Resistencias Comunitarias y Laborales. Anuario de Estudios Centroamericanos, 39, pp. 263-287.
19
Organización Panamericana de la Salud (2003). Efectos de los plaguicidas en la salud y el ambiente
en Costa Rica. Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud. San José,
Costa Rica.
Programa Competitividad y Medio Ambiente-CYMA- (2007). Plan de Residuos Sólidos.
Diagnóstico y áreas prioritarias. Recuperado de
http://www.digeca.go.cr/documentos/residuos%20solidos/1-PRESOL-diagnostico.pdf
Programa Estado de la Nación (2012). Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.
Programa Estado de la Nación (2013). Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.
Quesada, A. (2008). Garantías Ambientales: un nuevo modelo ecológico-político para Costa Rica y el mundo. Revista Biocenosis, 21, 1-2, pp. 119-124.
Santos de Sousa, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Uruguay: Trilce.
Solano, M. (2012). Imaginarios nacionales medioambientales en la espacialización comunitaria. Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 15. CLACSO. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/posgrados/20121227034502/OPMaria naSolanoUmanzor15.pdf
Sygenta (2014). About Sygenta. Recuperado en
http://www.syngenta.com/global/corporate/en/about-syngenta/aspx.
Van Noorloos, F. (2013). ¿Un lugar en el sol para quién? El turismo residencial y sus consecuencias para el desarrollo equitativo y sostenible en Guanacaste, Costa Rica.
Alba Sud. Investigación y comunicación para el desarrollo, 15, pp.2-49. Recuperado de
http://www.albasud.org/publ/docs/58.pdf
