Conflictos territoriales: Estado, transnacionales y comunidades negras en Dibulla (Guajira)
Presentado por:
Cristian Ternera Lobato Luis Martínez González
Proyecto de trabajo de grado para optar por el título de Magister en Estudios Afrocolombianos
Trabajo de Grado I
Profesor:
Eduardo Restrepo
Maestría en Estudios Afrocolombianos Pontificia Universidad Javeriana
Cartagena 2019
ÍNDICE
Págs.
1. Introducción… ………...3
2. Planteamiento del problema………....5
3. Justificación……….. ………10
4. Antecedentes………..12
5. Marco teórico……….21
6. Metodología………...28
7. Cronograma………....33
8. Referencias citadas………..34
1- Introducción
El municipio de Dibulla-La Guajira se encuentra ubicado en la carretera Troncal del Caribe entre Santa Marta y Riohacha. Este municipio cuenta con “una población de 34.188 habitantes de los cuales 28.611 viven en zona rural y 5.577 en zona urbana. En cuanto a lo político-administrativo el municipio de Dibulla está dividido en seis corregimientos y treinta veredas” (Plan de desarrollo de Dibulla, 2017-2019:36). Los centros de servicios y comercio son los corregimientos de Mingueo, Palomino y Dibulla. Al interior de este ente territorial, tienen asentamiento las poblaciones indígenas Kogi, Wiwa, Wayúu y Arhuaco, quienes conforman una población de aproximadamente 5.278 habitantes y constituyéndose aproximadamente en el 15.4%
del total de la población que habita este territorio guajiro (Plan de desarrollo de Dibulla, 2017-2019). Siguiendo con la población de carácter étnico que habita Dibulla, encontramos a 3.136 personas auto-reconocidas como afrodescendientes, quienes aportan un 9.2% al total del conjunto poblacional del municipio (Plan de desarrollo de Dibulla, 2017-2019).
Para finales de la primera década del presente siglo, y posterior a la desmovilización paramilitar, los dibulleros empiezan a observar como su municipio de corte amplio y profundamente rural, inicia un proceso de modernización a partir de la inversión de grandes capitales, que bajo la venia del Estado, observan a Dibulla como un escenario próspero y lleno de posibilidades para el crecimiento y consolidación de sus intereses económicos. De este modo, y casi que de la noche a la mañana, el territorio dibullero pasa de ser una geografía radicada en el olvido estatal y se consolida en un vital epicentro para desarrollo local, regional y nacional. Este paso hacia el desarrollo y la modernidad, viene acompañado de variadas industrias, las cuales operan principalmente en el campo agroindustrial, turístico y transnacional dedicado principalmente a la exportación de carbón entre otros materiales. En contraste frente a este desarrollo industrial, algunas poblaciones negras (campesinos y pescadores principalmente) empiezan a organizarse en consejos comunitarios, con la intención de exigirles a los entes estatales el reconocimiento étnico y político de “comunidades negras” y poder acceder así a los derechos que por su ascendencia esclava les merecen:
“Los consejos comunitarios se dan por iniciativa propia debido a que muchos jóvenes se graduaban del bachillerato y no tenían oportunidades de ingresar a la universidad o al Sena. Muchos de los jóvenes terminaban enrolados en los grupos armados y en la prostitución, lo otro es que acá están llegando las multinacionales y nadie está haciendo nada por los derechos de nosotros.”1
La conformación de consejos comunitarios ha permitido que la gente negra Dibullera, ahora autoreconocida como “comunidades negras”, luche por reivindicaciones territoriales, exigiendo titulaciones colectivas y la salvaguarda de su “territorio” como lo predica la ley. Esto ha generado conflictos con las instituciones locales, puesto que estas han venido otorgando permisos para la realización de proyectos turísticos, industriales y agroindustriales, los cuales a afectan de una u otra forma a las variopintas poblaciones asentadas en la zona. Estas tensiones territoriales se han se han exacerbado 1 Conversación con Miguel Ramírez, presidente del concejo de comunitario El Negro de Mingueo, 6 de junio de 2019.
aún más, con la llegada de las transnacionales y la puesta en marcha de megaproyectos como Termo Guajira y Puerto Brisas, los cuales se convierten en el estandarte del desarrollo industrial y nacional en la zona. Ahora, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este proyecto de investigación tiene por objetivo principal el:
analizar y describir los conflictos territoriales y las tensiones derivadas del discurso y las prácticas del Estado y los intereses de las empresas multinacionales frente de los derechos territoriales de las comunidades negras en el municipio de Dibulla.
En lo que corresponde a la delimitación espacial y de las problemáticas a analizar y describir durante el trabajo de campo, se ha tomado la decisión te abordar como sujetos y escenarios de estudio a los corregimientos de Las Flores, Mingueo, la vereda del Río Cañas y los consejos comunitarios de Mingueo, Las Flores, la vereda del Río Cañas y los consejos comunitarios de El Negro de Mingueo (Mingueo), Axe Para Los Negros (Las Flores) y la Asociación De Pescadores Negros de la Boca del Rio Cañas (vereda Rio Cañas), quienes vienen exhibiendo los diferentes conflictos en la poblaciones que han generado, las practicas gubernamentales del Estado y los intereses económicos de los poderosos sectores privados. Con el fin de garantizar la viabilidad de analizar y describir los conflictos territoriales, las tensiones derivadas del discurso y las prácticas del Estado y los intereses de las empresas multinacionales frente a los derechos territoriales de las poblaciones negras en el municipio de Dibulla, se elabora el siguiente encuadre metodológico, que consta de tres momentos de desarrollo campo, distribuidos en siete meses de la siguiente manera: (i) revisión documental (un mes), (ii) acercamiento al campo de investigación y etnografía (cuatro meses) y (iii) redacción del documento final de esta tesis de grado (dos mes). De esta manera, la primera etapa se desarrollará durante el mes de enero del 2020, la segunda etapa se extenderá entre febrero y mayo, mientras que la etapa final comprenderá los meses intermedios de junio y julio.
La importancia de esta futura investigación etnográfica radica en que permitirá exponer cómo los habitantes de Dibulla -“comunidades afrodescendientes”, pueblos indígenas, gentes negras, campesinas, pescadoras, obreras, jornaleras, “mestizas”, rurales y urbanas- experimentan, asimilan, se resisten o se benefician de escenarios
“desarrollistas” producidos a partir de las diferentes políticas del Estado y los intereses económicos de los capitales privados. Paralelamente, esta investigación también espera contribuir a ampliar y diversificar el campo de estos estudios, aportando otras alternativas que permitan visibilizar las diversas problemáticas a las que se enfrentan aquellas poblaciones negras y afrocolombianas en el Caribe colombiano, las cuales se han encontrado mayoritariamente alejadas de los reflectores académicos y políticos encargados de la visualización y legitimación del concepto étnico de “comunidades negras” en el país.
2- Planteamiento del problema
Para el año 2014 en el municipio de Barrancas- Guajira, se conformó el primer consejo comunitario del departamento. Con el paso del tiempo, el consejo comunitario de Barrancas comenzó a generar espacios de luchas, para que la gente negra de la Guajira pidiera reivindicaciones territoriales y autonomía antes los entes territoriales locales, regionales y nacionales. Conforme el consejo comunitario de Barracas se daba a conocer a través de su discurso étnico, se empiezan a dar los primeros asesoramientos para la consolidación de otros consejos comunitarios en el departamento de la Guajira, incluidos aquellos emergentes en Dibulla:
“Un día me aventuré a ir a Riohacha a buscar a la señora Yohaní Mejía, que era la presidente del consejo comunitario que estaba en Barrancas. La conocía de cara, pero nunca había tratado con ella y tampoco sabía dónde vivía. Un día me topé con ella en el mercado de Riohacha, ella me habló de la celebración del día de la afrocolombianidad. También me habló de los consejos comunitarios y de la ley 70, de los cuales no tenía conocimiento.
Entonces acordamos una reunión en el corregimiento de Mingueo, para que nos hablara de ese proceso. Me acuerdo que en la primera reunión asistieron treinta y dos personas, porque desconfiaban del proceso y la segunda reunión asistieron doscientas personas”2
Con estos asesoramientos, se organizaron los primeros consejos comunitarios en los corregimientos de Mingueo y Las Flores. Antes que la administración local de Dibulla y el Ministerio del Interior les dieran el reconocimiento oficial como consejos comunitarios, estas instituciones comenzaron por darle el reconocimiento a los estudiantes, para que estos últimos pudieran ingresar a la universidad y el SENA envestidos bajo una condición étnica y diferencial. La conformación de estos consejos comunitarios ha permitido que la gente negra dibullera, ahora autoreconocida como afrocolombiana, luche por reivindicaciones territoriales a las cuales jamás hubiesen podido acceder ya fuese como sujetos urbanos, campesinos o pescadores. Lo anterior ha generado conflictos con la alcaldía municipal ya que esta ha venido otorgando permisos para la realización de proyectos turísticos, industriales y agroindustriales sin la realización de las respectivas consultas previas a las poblaciones afectadas por sus políticas de desarrollo. La respuesta de la administración local de Dibulla frente al reclamo de la consulta previa por parte de las poblaciones afrodescendientes, radica en que la zona no existe presencia de gente negra y mucho menos de “comunidades negras”, razones por la cual no se puede realizar consulta previa, asesoramiento y certificación a los consejos comunitarios:
“La problemática actual de los afrodescendientes no se ha trabajado de la mejor manera, tanto así que en la alcaldía de Dibulla no se han certificado a todas las comunidades negras del municipio con el argumento de que cuando se conforman en consejos comunitarios, luego los funcionarios del ente proceden a visitarlos, los habitantes de las comunidades negras se encuentran dispersos”
(Causado, 2018: 30).
Otro punto álgido que se está dando en el territorio es la llegada de las multinacionales y las empresas agroindustriales. Con la construcción y puesta en marcha del
2 Conversación con Miguel Ramírez, presidente del consejo de comunitario El Negro de Mingueo, Santa Marta, 6 de junio de 2019.
megaproyecto Termo Guajira y Puerto Multipropósito de Brisa, se impulsó el desarrollo económico de la zona. Desde la óptica de los inversionistas del proyecto y de las instituciones tanto nacionales, departamentales y municipales, El Puerto Multipropósito de Dibulla, contribuirá enormemente al desarrollo de la región a través de la generación de empleos directos y otros tantos más de forma indirectos, los cuales contribuirán de forma significativa al sector económico de los dibulleros. A lo anterior hay que sumarle que el Puerto Multiprosito de Brisas, no solamente va a generar empleo en la zona, sino que paralelamente contribuirá enormemente al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la nación, el departamento y el municipio por conceptos de regalías, resaltado que la explotación y exportación de hidrocarburos como la de carbón, se encuentran en los dos primeros puestos como generadores de divisas para la Nación.
Este sentido el Puerto Multiprosito de Brisas, será un mega-puerto en expansión que incluirá vías ferroviarias y aeroportuarias, las cuales requerirán de vastas extensiones de la geografía para su desarrollo, generando significativas afectaciones ambientales, como sociales, culturales y políticas en las poblaciones cercanas a su campo de acción tanto directa como indirecta:
“Dentro de esta estrategia, contemplaba tres fases de actuación, en la primera de las cuales, la de corto plazo, funcionaría como puerto de segunda generación al servicio de un complejo siderúrgico que venía amarrado a la propuesta inicial del Puerto; en una segunda fase serviría como centro logístico de carga, comercialización y mercadeo; y en una tercera, se consolidaría como zona franca industrial alterna. Pero el proyecto implicaba la transformación drástica de los terrenos seleccionados, con dramáticas consecuencias medioambientales:
inicialmente 48 hectáreas para el desarrollo portuario y más de 1.200 adicionales para proyectos conexos de ampliación, grandes áreas de almacenamiento que serían complementadas con servicios viales ferroviarios y aeroportuarios” (Duque, 2009: 274).
Más allá del discurso desarrollista, sustentado en lo económico, sobre el cual suelen justificarse la mayoría de los megaproyectos industriales, también se encuentran las voces de las poblaciones directamente afectadas por el accionar industrial de estas empresas. Dichas poblaciones, pueden estar o no a favor de estos mega-proyectos, ya que la oferta laboral, además de significativos sueldos que suelen recibir los contratados de forma directa por estas empresas, se constituyen en un elemento altamente seductor para gran parte de la población, la cual volcara sus esfuerzos para lograr vincular a miembros de sus núcleos familiares a esta nueva bonanza económica, en este nuevo
“sueño americano” a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, también existen voces entre la población que denuncian las irregularidades que estas actividades industriales han cometido en contra de las personas con el fin de conseguir el aval para sus proyectos. Dentro de estas voces, tenemos la opinión de Miguel Ramírez como presidente del consejo comunitario El Negro de Mingueo, quien señala que el aval para la construcción del puerto carbonero y de Termo Guajira, no se realizó de la forma correcta puesto que a las personas que habitan los corregimientos de la zona de influencia de dichas industrias, las pusieron a firmar un acta para que dieran el aval a los proyectos, pero jamás les consultaron e informaron sobre las afectaciones que estas actividades iban a tener sobre su territorio:
“Puerto Brisa no hizo el impacto del estudio ambiental. La empresa compró tierras a las comunidades negras y destruyó el camino a las bocas de Río Cañas. Las élites del municipio están con las grandes industrias, porque en el
plan de desarrollo del municipio, el uso de la tierra ahora es para el uso de zona franca industrial. En años anteriores el uso del suelo era para las actividades agrícolas. En ese proceso de compra de tierras hubo amenazas contra los líderes de los consejos comunitarios. Las multinacionales se burlan de las comunidades. El plan de ordenamiento ha sido cambiado para favorecer a las multinacionales”3
Otras de las poblaciones que han sido afectadas con la edificación de Puerto Brisas son los pescadores negros del Río Cañas, ya que dicho puerto ha establecido restricciones en ciertos puntos del río, lo que ha excluido a muchos pescadores afros y no-afros de sus sitios tradicionales de pesca. Por su parte, el espacio marítimo se ha visto igualmente afectado para los pescadores a raíz de las actividades de cargue de carbón en los puertos, las cuales no solo los han desplazado de sus lugares de pesca, sino que paralelamente han contaminado otros lugares de pesca en apariencia distantes de su actividad industrial: “Al ANLA les pusimos las quejas pero se hicieron los oídos sordos.
En Puerto Brisa se construyó una base para la Fuerza Naval y la Dirección Marítima Colombiana. Estas dos entidades constantemente retienen a todos los pescadores que estén realizando actividades de pesca en los alrededores de Puerto Brisa”4.
El crecimiento industrial previamente anunciado, motivó a que los indígenas kogi solicitaran la reivindicación ancestral del territorio, dado que el lugar de operaciones de Puerto Brisas, es reclamado por el pueblo como un lugar de pagamento llamado Jukulwa y se encuentra ubicado dentro de los 54 puntos que componen la Línea Negra.
Sin embargo, este sitio de pagamento reclamado por lo kogi no solo es un escenario dedicado a la actividad portuaria, sino que al mismo tiempo es un territorio en el cual habitan poblaciones afrocolombianas de Dibulla. Lo anterior, no solo ha establecido un conflicto entre las etnias y los megaproyectos industriales, sino que al mismo tiempo ha pactado disputas interétnicas por el territorio:
“La decisión de ir hasta el sitio para realizar el pagamento no estuvo libre de temores. Efectivamente, y como había ocurrido antes, el insistente rumor de represalias violentas alteró la intención pacífica de cumplir con los ritos tradicionales. El día de la marcha, la población de Dibulla fue recorrida por hombres que, con megáfonos, advertían a la población mestiza de la localidad, a plena luz del día y ante los ojos de las autoridades, sobre una supuesta invasión indígena, incitando a repelarla valiéndose de cualquier medio disponible. Cerca de quinientos indígenas se dispusieron a emprender la marcha final hasta el sitio de pagamento, el cerro Jukulwa” (Duque, 2009:
281-282).
Lo anterior no es el único espacio que están reivindicando los indígenas. Estos han pedido a las instituciones del Estado que les amplíe el reguardo y realice la compra de tierras en donde se encuentran asentadas la gente negra, como es el caso de las veredas Normandía, Campana Laguna y Los Álamos. Es importante resaltar, que dichas tierras fueron adjudicadas por el INCODER a la población negra que habita estas zonas rurales en el año de 1998. Sin embargo, los kogi han comenzado la compra de predios en los alrededores de estas veredas, lo que ha intensificado los conflictos interétnicos entre indígenas y afrocolombianos:
3 Conversación con Miguel Ramírez, presidente del concejo de comunitario El Negro de Mingueo, Santa Marta, 6 de junio de 2019.
4 Conversación con Martín Sabán, presidente de la asociación de pescadores del Rio Cañas, Santa Marta, 6 de junio de 2019.
“Los campesinos violan a nuestras mujeres, talan bosques, maltratan a los indígenas y nos venden chirrinchi. Nosotros queremos que se nos priorice los predios que están en Normandía, Campana Laguna y Los Álamos, para que estos predios sean entregados a los indígenas que carecen de tierras. Lo otro es que nosotros queremos es que la agencia de tierras reubique a las familias que están en cada uno de esos predios, para que no vuelvan a invadir de nuevo esas tierras”5 .
Frente a los argumentos de los kogi, los presidentes de los consejos comunitarios sostienen que en el objetivo de los indígenas es pretender las tierras bajas, para que luego las multinacionales y las agroindustrias se vean en la obligación de realizarles la consulta previa y obtener así beneficios económicos de toda esta situación. No obstante, los indígenas han encontrado una férrea oposición por parte los funcionarios de la alcaldía, como lo señala Duque a continuación:
“Al parecer uno de los concejales, a gritos afirmó lo que constituye, en esencia, el problema: que la Línea Negra, el límite del territorio sagrado, es la carretera.
De acuerdo con esta concepción, sólo las tierras ubicadas montaña arriba eran de los indígenas, pero de ahí para abajo, incluidas las playas, las lagunas sagradas y las desembocaduras de los ríos, no. Así, sobre el Proyecto de Puerto Multipropósito de Brisas no tendrían ninguna injerencia los intereses indígenas, y por tanto, no era obligatoria la consulta de estos proyectos” (Duque, 2009:284-285).
Ahora bien, no solamente los megaproyectos y la ampliación del resguardo están afectando el territorio ocupado por la gente negra de Dibulla, también lo están afectando las agroindustrias con sus cultivos de guineo (banano) y la palma de aceite.
Las agroindustrias, al igual que en muchas partes del país, han ido cercando zonas pobladas, reduciendo los espacios tanto de cultivo como de ocio de la población, además de exponerlos de forma directa a los impactos que pueden tener contra la salud el uso de químicos utilizados en los grandes monocultivos. Sumado a los intereses de los megaproyectos, las grandes extensiones de monocultivos de guineo y de palma de aceite, además de los deseos de ampliación del resguardo kogi -malayo-arhuaco por parte de las poblaciones indígenas que habitan las partes altas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales entran en disputa territorial con los intereses de las poblaciones negras de Dibulla, hay que sumar la invisibilidad que estos últimos experimentan por parte de las instituciones locales; obliteración la cual, dificulta en demasía la defensa del “territorio” por parte de estas personas: “El presidente de la república mandó a capacitar algunos secretarios de la alcaldía de Dibulla sobre le ley 70, algunos de ellos en la reunión del taller construyendo país, que se realizó el año pasado en Riohacha, dijeron que en Dibulla no había gente ni comunidades negras”6. A los consejos comunitarios dibulleros, la administración local también les ha puesto obstáculos al momento de reconocerlos como consejo de comunidades negras. Esto con el fin de que no tengan la posesión sobre los espacios proyectados para contemplados para el desarrollo industrial del municipio:
5 Conversación con José de los Santos Sauna Limaco, cabildo gobernador del reguardo Kogi- Malayo- Arhuaco, Santa Marta, 4 de julio de 2019.
6 Conversación con Marinella Santos, presidenta del concejo comunitario Axe para los Negros, Santa Marta, 6 de junio de 2019.
“Un ejemplo concreto de lo planteado anteriormente, tiene que ver con una reunión realizada el 30 de octubre en el corregimiento de Las Flores con la comunidad negra “para los Negros”, dicha reunión se llevó a cabo con la representante legal del consejo comunitario que quieren consolidar y con la comunidad que lo conforma. El objetivo de la reunión era confirmar la existencia de la población negra y que a su vez estuvieran habitando en un asentamiento colectivo como lo dicta la norma. En el transcurso de las conversaciones realizamos un recuento histórico de la situación de los afros en el municipio de Dibulla, luego ellos manifestaron el objetivo y los orígenes de la conformación de la comunidad negra antes mencionada. En la reunión se pudo establecer que estaban viviendo en hogares independientes y no en un territorio colectivo, lo cual no va en relación con lo que dice la ley 70”
(Causado, 2018: 30).
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación sobre el cual descansara este proyecto de grado es ¿Cuáles son los conflictos territoriales y las tensiones derivadas del discurso y las prácticas del Estado y los intereses de las empresas multinacionales frente de los derechos territoriales de las comunidades negras en el municipio de Dibulla?
3- Justificación
Durante parte de los años 90 y un poco después de la primeros cinco años del siglo XXI, Dibulla y gran parte de La Guajira, además de otros departamentos vecinos, experimentaron el poder social, territorial, económico y político por parte de los grupos paramilitares que ejercían control en este municipio. Sin embargo, y luego de la
“desmovilización” y “desarme” de estos grupos armados, los dibulleros empezaron a observar como su municipio en otrora “abandonado”, empezaba a despertar el interés de diferentes capitales económicos los cuales querían invertir en el estas zonas a través de diversas industrias, como lo son el cultivo de guineo (banano), el ecoturismo (en el caso de ya famoso Palomino) y el de la mega-industria exportadora (como en el caso de Puerto Brisas), las cuales siempre estuvieron acompañadas por la presencia del Estado y sus prácticas gubernamentales. De forma semejante, y posterior a la desmovilización
“paraca”, algunos grupos poblacionales empezaron a reconocerse social y políticamente como comunidades negras y a exigirle a la nación el reconocimiento étnico y los derechos adscritos al combo de la etnicidad.
Con esto, el paisaje dibullero, inicia una “nueva” etapa post-desmovilización en donde las políticas del Estado y las industrias reconfiguran una vez más, los lugares, los espacios, las prácticas sociales, económicas y políticas dentro de este paisaje, de las
“comunidades afrodescendientes”, pueblos indígenas, gentes negras, campesinas, pescadoras, obreras, jornaleras, “mestizas”, rurales y urbanas, que se asientan e interactúan de diversas formas sobre este escenario. Así, Dibulla se configura como un lugar en el cual se presentan diversas dinámicas e intereses sobre su geografía, lo que ha hecho emerger variados conflictos económicos, sociales, ambientales y políticos en los cuales convergen, armonizan y chocan los diversos grupos poblacionales, el Estado, las empresas agrícolas, turísticas y transnacionales.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se considera que el presente proyecto de grado por medio de su problemática de investigación7, puede contribuir a los estudios de las ciencias sociales desde dos perspectivas. La primera, consiste en evidenciar como los dibulleros -“comunidades afrodescendientes”, pueblos indígenas, gentes negras (personas negras no reconocidas dentro del margen de lo étnico), campesinas, pescadoras, obreras, jornaleras, “mestizas”, rurales y urbanas- experimentan escenarios “desarrollistas” producidos a partir de las diferentes políticas del Estado y los objetivos de las diferentes industrias, los cuales ignoran u obliteran los diferentes intereses de las personas asentadas en las zonas de afectación, justificado en un despiadado discurso de crecimiento económico, el cual sigue “confundiendo” de forma perversa y descarada el aumento del Producto Interno Bruto de la Nación (PIB), con el bienestar social, económico, político y ambiental de las variopintas poblaciones asentadas en la zona de influencia de las actividades Estado-industriales. Paralelamente a lo anterior, dicha investigación también mostrará cómo estas poblaciones generan diferentes mecanismos de participación, resistencia o asimilación frente a las acciones gubernamentales y las prácticas industriales desarrolladas por estos capitales privados.
7 ¿Cuáles son los conflictos territoriales y las tensiones derivadas del discurso y las prácticas del Estado y los intereses de las empresas multinacionales frente de los derechos territoriales de las comunidades negras en el municipio de Dibulla?
El segundo aporte, se ubica más puntualmente en el campo de los estudios afrocolombianos, ya que se considera que este puede contribuir a ampliar y diversificar el campo de estos estudios, aportando otras alternativas que permitan visibilizar las diversas problemáticas a las que se enfrentan aquellas poblaciones negras y afrocolombianas en el Caribe colombiano las cuales se han estado mayoritariamente alejadas de los reflectores académicos y políticos encargados de la visualización y legitimación del concepto étnico de “comunidades negras” en el país. Lo anterior, parte de la idea de que el campo de los estudios afrocolombianos ha centrado sus investigaciones principalmente en la región del Pacífico, mientras que en el caso de la región Caribe estos han girado en torno a la poblaciones de Bolívar (especialmente en San Basilio de Palenque) y otros alrededor al pueblo raizal ubicados en San Andrés y Providencia, dejando de lado otras poblaciones negras algo alejadas de los estereotipos étnicos encumbrados por la Ley 70.
Es decir, siguiendo a Velandia y Restrepo (2017), que luego de casi 70 años de los primeros estudios sobre gente negra en este país, se puede vislumbrar una estela que va desde los estudios pioneros (años 50 y 60), su emergencia (años 60 y 80), su consolidación (años 90 y su estancamiento a raíz de la introducción de la violencia en el Pacífico) y su eclosión durante lo que va del siglo XXI. Sin embargo, al fijar la lente en aquellos trabajos sobre población negra u afro producidos en el la región Caribe por fuera del departamento de Bolívar y San Andrés y providencia, nos podemos dar cuenta que los estudios académicos realizados en otros departamentos de la “Costa” son bastante escasos, ubicando su avance y producción académica en un campo semejante al que Nina S. de Friedemann (1984) denunció como “invisibilidad” debido a la poca importancia que los estudios sobre población negra tenían en las ciencias sociales de la época. Lo anterior, no es descabellado, pues al revisar la producción de las ciencias sociales desde el campo de lo étnico en la región Caribe –a excepción de las zonas anteriormente mencionadas-, los estudios sociales, culturales e históricos, se centraran principal y mayoritariamente en las diversas poblaciones indígenas diseminadas en estos departamentos.
Sin embargo, y a partir de los primeros años de la presente década, departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar, han ido presenciando un progresivo aumento de consejos comunitarios conformados por gente negra que anteriormente eran contempladas como campesinos, pescadores y/o sujetos urbanos, los cuales hoy abrazan –tal vez de forma tardía- las políticas de la etnicidad celebradas por la Ley 70, para exigir derechos y reivindicaciones territoriales, pero esta vez dentro del concepto sociocultural y político de comunidades negras o afrodescendientes. De la mano con lo anterior, también se ha podido observar la progresiva emergencia de producciones académicas que empiezan a darle lugar a las poblaciones negras o “comunidades negras” en sus discursos académicos y a observar las diferentes problemáticas que estas personas afrontan en su diario vivir. De esta manera, se empieza a visualizar la presencia negra en otras regiones del Caribe colombiano, diferentes a Bolívar y San Andrés y Providencia, y tal vez esto –en conjunto con la Maestría en Estudios Afrocolombianos de la cual deriva el presente proyecto de investigación- contribuyan al surgimiento de más estudios sobre poblaciones negras, que aporten al enriquecimiento, diversificación, empoderamiento político y formas de entender lo que es ser negro o afro en Colombia, más allá del excluyente canon-estereotipado establecido por académicos, la Ley 70 y asociaciones afros, los cuales nublan los diferentes matices frente a lo negro en este país.
4- Antecedentes
La investigación realizada por el antropólogo Cris Shore, quien en su artículo titulado
“La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la ‘formulación’
de las políticas” (2010), establece unas pautas metodológicas y teóricas a través de las cuales se puede entender que son las políticas públicas, sus diversas formas, como operan , que relaciones de poder, manipulación y objetivación ejercen sobre los sujetos a los que van dirigidos; además, de cómo estos últimos, hacen usos de ellas e intentan resistirse a las diversos mecanismos de gubernamentalidad ejecutados por el Estado.
Bajo esta idea, el autor estable una crítica a aquella academia que continua observando a la elaboración de las políticas públicas dentro de un conjunto de teorías de “elección racional” y de patrones positivistas, en donde los analistas, poseedores del saber experto, realizan mediciones para definir las conveniencias y efectos de estas políticas, dentro de un marco cuantitativo de costos y beneficios (Shore, 2010). Estos especialistas, o académicos, se resisten a reconocer el importante papel que el lenguaje, la retórica y la persuasión juegan a la hora elaborar las políticas públicas. En concordancia con lo anterior, el autor sugiere que: “[…] la manera en que las políticas son objetivadas y utilizadas proveen una comprensión crítica de algunos principios organizativos más profundos (y menos visibles) que estructuran nuestra sociedad, particularmente los regímenes de poder y los códigos culturales que moldean la manera en que se comportan los individuos y las organizaciones” (Shore, 2010: 26).
Partiendo de lo anterior, el autor sugiere que las políticas públicas pueden ser abordadas analíticamente a partir de los efectos que producen, las relaciones que inventan y aquellos sistemas de pensamientos más amplios en los que se encuentran sumergidos. Para esto, Shore (2010), trae al texto cinco argumentos principales para el entendimiento, análisis y abordaje de las políticas públicas como fenómeno de investigación. Estos cinco elementos son: (a) las políticas públicas reflejan ciertas
“racionalidades de gobierno” o “gubernamentalidades, (b) las políticas funcionan de forma similar a un mito en sociedades no letradas, (c) las políticas son inherentemente instrumentales, (d) las políticas públicas son fenómenos políticos, pero su naturaleza política está a menudo oculta detrás del lenguaje objetivo y legal-racional con el cual son presentadas y (e) un enfoque de política pública provee un método de investigación útil8. Desde el punto de vista antropológico, Shore, resalta dos razones por las que la gubernamentalidad se ha convertido en un elemento de interés para el quehacer antropológico, indicando que:
“La primera es el rol dominante que tienen las políticas a la hora de regular y organizar las sociedades contemporáneas, a la hora de dar forma a las identidades de las personas y en cuanto a su sentido sobre sí mismas. Las políticas están profundamente implicadas en la manera como nos construimos como individuos y como sujetos. Para decirlo de otro modo, uno de los aspectos más importantes de la formulación de las políticas públicas es la forma en que las políticas construyen nuevas categorías de subjetividad y nuevos tipos de sujetos políticos, particularmente conceptos modernos del individuo. […] Las políticas no simplemente asignan identidades particulares a individuos y grupos específicos;
construyen activamente esas identidades” (Shore, 2010: 36).
8 Es importante hacer claridad en que estos cinco argumentos solo serán enunciados en este aparte del texto, dado que se desarrollaran en mayor profundidad en el marco teórico.
Ahora bien, y partiendo de la idea de que las políticas de Estado configuran nuevos sujetos para su instrumentalización dentro de sus diversas dinámicas de poder, Elizabeth Cunin en su artículo titulado “El negro, de una invisibilidad a otra: permanencia de un racismo que no quiere decir su nombre”, muestra como con la llegada del multiculturalismo, patentado para las poblaciones negras en la ley 70 de 1993, se empieza a promocionar la idea de que las poblaciones negras de Colombia, empiezan a experimentar por fin la salida de la invisibilidad, por medio de un proceso diferente, el cual esta vez sí reconoce la diferencia a través del concepto académico y político de etnia. De esta forma, Con la celebración del multiculturalismo la herencia colonial debería desaparecer al cambiar concepciones ligadas al fenotipo por nociones basadas en el territorio, la cultura y la identidad. De la mano con esto, se crean nuevas identidades individuales y colectivas, las cuales permiten que el negro se convierta en afrocolombiano, la pigmentación de la piel en cultura y la raza en etnicidad (Cunin, 2003).
Sin embargo, Cunin propone que con construcción de estas nuevas categorías sociales y políticas, no se quebrantan los antiguos métodos de designación y clasificación de la otredad, quien bajo una nueva categoría debe procurar inscribirse en un nuevo proyecto de nación manejado y establecido por las mismas “elites blancas” que estuvieron presentes durante la esclavitud en la colonia y posteriormente en el “americanismo sin negros” patentado y legitimado en la constitución de 1886 de la era republicana. Bajo esta idea, la Cunin (2003) señala que la naciente “lógica multicultural” oculta el rol de lo negro en la estructuración de la identidad nacional y procura difuminar las lógicas de discriminación conectadas a los prejuicios raciales. Es decir, que no es suficiente con rezar etnia afrocolombiana, ni hablar de multiculturalidad para desmantelar engranes cognitivos y sociales de la otredad-negra, las cuales tienen sus raíces históricas en la esclavitud.
Para Cunin, el negro jamás ha sido invisible en los proyectos de construcción de la sociedad. Todo lo contrario, se ha convertido en un referente desde el cual, o contra el cual las elites nacionales han configurado sus ideas de nación. Por ejemplo, al hablar del mestizaje en américa latina, el cual es promovido como una armonía triétnica o racial, al contemplarse como un proceso de homogenización y eliminación de las diferencias, al contemplar el proceso de blanqueamiento como meta final en el constructo de nación, se constituye en un eufemismo político y social que procura fehacientemente la eliminación del negro del paisaje nacional. Al final, el proceso de mestizaje no es más que una jerarquía social en la cual el blanco es el color ideal en la paleta de colores. De este modo, se visualiza claramente la existencia de la oscuridad, pero se quiere erradicar bañándola con claridad. Bajo esta idea de visibilidad peyorativa de lo negro en el imaginario de nación (popular, político y científico), Cunin resalta que el concepto de invisibilidad previo a la constitución del 91, oculta la existencia de lo negro como personaje inferior pero necesario para la construcción regional en su justa oposición. Es decir:
“La "invisibilidad", lejos de significar ausencia de categorizaciones raciales históricamente dadas, corresponde primero que todo al desconocimiento - popular y científico - de los criterios de definición tal como aparecen con la introducción del multiculturalismo. Así pues, la etnicidad no emerge sino hasta los años ochenta y noventa, pero la producción y la gestión de las categorías de alteridad han sido procesos estructurantes de la historia de la sociedad colombiana. De cierta forma, la "invisibilidad", corresponde, antes que nada, a la ausencia de prácticas y
discursos que respondan a los criterios etnicistas definidos por el multiculturalismo naciente” (Cunin, 2003: 82).
De esta manera, con esta “visibilidad” de lo afro obtenida a través de la ley 70, la cual oculta los intereses políticos de las elites blancas sobre los cuales se erigió, se construye de forma “natural” un concepto de etnicidad el cual fija su reflector gubernamental sobre unas poblaciones que comparten las características de “comunidades negras”
previamente establecidas, mientras que oscurece o excluye la presencia en el escenario étnico-político de aquellas poblaciones afro que no cumplen con los atributos requeridos para el casting y, por lo tanto, no pueden ser actores partícipes de la obra. De esta manera, Cunin (2003) dice que en nombre de la integración al estado pluriétnico y multicultural, el reconocimiento étnico por parte del Estado, lleva a una “doble exclusión” de la gente negra, siendo la primera vez por su exclusión histórica de la participación democrática (por ser negro en términos raciales) y la segunda vez a raíz de su exclusión por su derecho a la diferencia como sujeto étnico, al no ser lo bastante negro según lo establecido por la ley:
“Un primer límite de este proceso es que termina por crear nuevas formas de exclusión: su lógica no es la de excluir para conservar la identidad de un grupo dominante, sino la de excluir para conservar las particularidades culturales de la minoría. Los diferentes actores cuyas prácticas dependen de una concepción específica de la etnicidad, contribuyen con sus acciones y discursos a producir, difundir y normalizar tal visión, dándole así el estatuto de modelo legítimo y confiriéndole un cierto grado de realidad social”
(Cunin, 2003:85).
Mientras que Cunin resalta la doble exclusión de la población negra a través del multiculturalismo, Hoffman (2002) en su texto “Conflictos territoriales y territorialidad negra, el caso de las comunidades afrocolombianas”, resalta como el Estado colombiano al celebrar la Ley 70 o “ley de negritudes”, asume una “doble paternidad” frente al sujeto político de “comunidades negras”, puesto que por un lado debe velar por la garantía de derechos territoriales-colectivos adquiridos por la población rural, ribereña, del Pacifico (valga la pena subrayar este nivel de especificidad de la norma), también tiene que reconocer, proteger y difundir el estatus especial de estas gentes negras, fijando parámetros especiales “en los campos de la etnoeducación, la representación política, la participación en los proyectos de desarrollo regional, etc. Es decir, reconoce el carácter "étnico" de las poblaciones negras, y justifica por ello la adopción de dispositivos legales específicos, similares a los que existen para los indígenas”
(Hoffman, 2002: 353-354). La autora resalta, que al analizar la consolidación del cuerpo legislativo que compone a la ley de negritudes, se pueden observar ambigüedades y/o lagunas frente al nuevo concepto étnico de comunidades negras, subrayando que pese a que esta ley se constituyó para toda la gente negra que habita Colombia, al ser elaborada, de forma casi literal, a partir de las características puntuales de las poblaciones del Pacífico, se excluye al 70% de la gente negra del país, la cual habita en otras regiones diferentes a la anteriormente mencionada (Hoffman, 2002).
Hoffmann (2002), también señala, como con la configuración del sujeto étnico y político de “comunidades negras” y la consolidación de la propiedad espacial dentro del concepto de “territorios colectivos”, generaron en las poblaciones rivereñas del Pacifico, un “paquete de conflicto territoriales” que valen mucho la pena tener en cuenta, ya que pueden mostrar cómo estos conflictos por el territorio se pueden repetir,
adaptar o mutar en otras regiones del país en donde su gente negra adopte el concepto étnico de “comunidades negras” y configure su espacialidad como un territorio ancestral y colectivo. Dentro del primer conflicto, la autora señala el conflicto interno, es decir, los conflictos existentes dentro de las mismas comunidades, emergiendo principalmente por el reconocimiento y consecución de espacios reconocidos como territorios de propiedad colectiva, a poblaciones que anteriormente vivían dentro de la configuración socio-espacial dictada por la propiedad privada. El segundo conflicto, según Hoffman, es el que seda con los vecinos. En este caso, se resalta los casos existentes tras la presencia de comunidades indígenas y afros en un mismo territorio, a lo que la autora denomina como “conflictos interétnicos”. Según la autora, estos conflictos entre etnias afloran, cuando alguno de estos dos pueblos anhela poseer el poder y el control sobre el territorio, jugando las nociones territorio e identidad un papel importante para la exclusión o desvalorización del otro, teniendo en cuenta que cada grupo tienen sus propias formas de apropiar y hacer uso del espacio social, sin descartar la figura político administrativa de estos espacios, teniendo en cuenta que para unos su geografía se constituye en resguardos, mientras que para los otros en territorio colectivo.
El tercer conflicto señalado por la autora, va ligado al conflicto armado y a la disputa por el territorio por varios actores armados, los cuales desean hacer uso de la tierra para cultivos ilícitos y el procesamiento de narcóticos; además que el control de estos territorios le permite al grupo armando un margen de maniobrar para entablar cierto tipo de negociaciones con el gobierno. Por último, tenemos el cuarto conflicto derivado de las ambiciones de los grandes agentes económicos, dentro los que se encuentran las grandes empresas madereras, los cultivos de palma, minerías e industrias turísticas. La autora resalta, que aunque en las zonas de influencia de estas industrias hay consejos comunitarios y por ley los grandes inversionistas tienen que negociar con ellos, estos últimos han buscado las formas de evadir esa normatividad y dar continuidad a cada uno de sus proyectos. De esta forma, la autora propone que Aunque los territorios hay presencia de consejo comunitarios y por ley los grandes inversores tienen que negociar con ellos, estos han buscado la forma de evadir esa normatividad. Por lo tanto hay que entender que el término conflicto territorial no es, “[…] en sí, de gran ayuda para entender los mecanismos en juego a la hora de conflictos fuertes. Es necesario indagar y entender qué tipo de actores intervienen, con qué intereses a corto o largo plazo, siguiendo cuáles estrategias y con qué recursos (económicos, sociales o políticos)”
(Hoffman, 2002: 3161- 362).
Ahora ubicándonos más en la región Caribe, Aline Helg (2011), en su libro “Libertad e igualdad en el Caribe colombiano 1770-1835”, dedica un capítulo de su libro a abordar la “La invisibilidad de los colombianos afro-caribeños” a partir de las políticas establecidas en la ley 70, para luego sumergirse en diferentes hechos históricos los cuales incitaron a esta invisibilidad social y política de la mayoría de las gentes negras de la región Caribe. Frente a esta invisibilidad de los afro-caribeños, Helg señala que al darle el multiculturalismo un especial énfasis a la “ascendencia afrocolombiana”, su homogeneidad y singularidad cultural, así como su puntual ubicación geográfica en zonas rivereñas del pacifico, se excluyó a las poblaciones negras de otras regiones, al mismo tiempo que deja por fuera del concepto étnico “[...] a los pardos (de ascendencia africana mesclada), a los zambos (de ascendencia africana e indígena) y a los mulatos (de ascendencia africana y europea)” (Helg, 2011: 26). La autora, ve como algo interesante, el hecho que las poblaciones de “ascendencia africana parcial” de otras zonas de Colombia, no protestaran sobre el designio de comunidades negras establecido
en la “ley de negritudes”. De igual manera resalta, estas poblaciones negras no aprovecharon las oportunidades y beneficios ofrecidos por dicha ley, la cual generó pocos cambios y mercedes para la mayoría de los afrocolombianos (Helg, 2011).
En lo que respecta al Caribe colombiano, la autora señala el caso particular de San Basilio de Palenque y como esta comunidad afrocolombiana, han asegurado para ellos mismos la exclusividad de la negritud en la región, al mismo tiempo que la mayor parte de la población negra de la región caribe, queda excluida de la “negritud étnica” de los palenqueros y de los beneficios ligados a la ley 70. Frente a lo anterior, y retomando la narrativa de Helg (2011), se podría decir que el principal logro luego de la formulación de la Ley 70 en Colombia, consiste en sacar “[...] a algunos negros colombianos de la
‘invisibilidad’ (para usar una palabra de la antropóloga Nina S. de Friedemann) a la que estaban sometidos desde la independencia y, con ello, iniciar el debate nacional sobre los temas de raza y el racismo” (Helg, 2011: 27).
Como lo han mostrado las autoras anteriormente citadas, las políticas de la multiculturalidad crearon un molde, un estereotipo, un negrometro9 con unas características sociales, culturales, ambientales, económicas y políticas muy puntuales, las cuales excluyen del rol de lo étnico a otras formas de ser negro o afrocolombiano, y dificultando así, las posibilidades de acceso a los derechos que le corresponden como población negra, incluido aquel que adjudica espacio bajo la categoría de territorio colectivo. Dentro de estas formas particulares de ser negro en Colombia, tenemos aquellas descritas por Anne-Marie Losonczy en el año 2002, en su artículo titulado “De cimarrones a colonos y contrabandistas: figuras de movilidad transfronteriza en la zona dibullera del Caribe colombiano”, en el cual muestra las interesantes formas de “ser negro” en el municipio de Dibulla. Este artículo, es el resultado de un extenso trabajo de campo realizado en la zona de Dibulla departamento de La Guajira. El estudio centra su especificad en la construcción de identidad y territorialidad dibullera a partir de la memoria colectiva de los dibulleros. Losonczy destaca que la memoria colectiva de los dibulleros está en constante dispersión debido a la movilidad transfronteriza de sus habitantes y al constante vaivén de lo urbano a lo rural. A partir de estos discursos la autora destaca que los dibulleros, no tienen un eje central identitario que los ancles a un territorio.
Esto debido a la constante movilidad transfronteriza, que hace que tengan lazos con la red de contrabandistas, símbolos religiosos, matrimonios con indígenas wayuu y compadrazgo con indígenas kogi o arhuaco. De esta manera, la memoria local más amplia, se conecta a través de una red intrafamiliar que gravita entorno de un sincretismo de prácticas religiosas y las redes de contrabandistas. La autora, señala que el poblamiento de Dibulla es disperso y móvil constituido por las múltiples llegadas de cimarrones, mestizos, europeos, indígenas guajiros e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para la autora este poblamiento no está inscrito dentro de una comunidad territorial o co-residencia, pues está inscrito alrededor de una dispersión poblacional que trasciende las fronteras. Por otro lado, la autora resalta que dentro la construcción de identidad, memoria y territorialidad del dibullero no encuentra referencias o anclaje entorno ni de la esclavitud, ni del cimarronaje ni como elemento fundador y cohesionador comunitario, ni como mecanismo socialmente compartido de resistencia,
9 Haciendo uso del concepto normalmente usado por nuestro compañero de Maestría, pera referirse a las condiciones establecidas por la ley para determinar a través de un casting étnico que gentes o poblaciones llenan el requisito para hacer presencia en el escenario interpretando el rol de “comunidad negra”.
si no más exactamente como una sucesión de planes singulares de escape y oscilación (Losonczy, 2002).
Lo anterior se debe, según la autora, a que los regímenes de memoria de esta población, se fragüe alrededor de la fragmentación de actores y acontecimientos. Por último, se le atribuye a la configuración transfronteriza entre poblaciones indígenas y mestizas, las cuales no son aprendidas ni representadas como totalidades unitarias y cerradas, dentro de una suerte de osmosis sociocultural permeada y conectadas por la construcción de alianzas, sociedades comerciales y compadrazgo alrededor de relaciones horizontales entre las diversas partes. Por lo tanto, lo expuesto anteriormente, no da paso a una construcción identitaria única que pueda condesarse dentro un solo territorio. A todo lo expuesto, la autora lo denominó “configuración mestiza”.
“[...] parece apropiado para caracterizar sociabilidades que movilizan simultáneamente un referente territorial común en constante fragmentación y otro de red familiar y de afiliaciones diversas, desplegados sobre la intersección de múltiples espacios geográficos, culturales y sociales. Ni hegemónica, ni subalterna, esta sociabilidad resiste tanto a la totalización identitaria, territorial o comunitaria y a la sumisión, como a la "movilidad inmutable" del desarraigo”
(Losonczy, 2002: 243).
A partir de lo anterior, Losonczy (2002) mostrará cómo el dibullero no se inscribe dentro del discurso por los derechos territoriales e identitarios dominantes que emergieron a partir de la ley 70. En este sentido, la autora destaca la oposición que tienen los dibulleros al tema de lo étnico: “[…] el cimarronaje nunca emerge en este discurso en referencia explícita a la esclavitud como proyecto colectivo de resistencia ni elemento fundador de comunidad, sino más bien como una serie sucesiva de proyectos individuales de huida y movilidad” (Losonczy, 2002: 244). Frente a lo anterior, la autora continúa diciendo que la memoria local de los dibulleros no registra una narración mítica acerca del origen de las razas, como los tienen algunas poblaciones negras del Chocó. Por su parte, la memoria de los dibulleros reporta la conformación de nuevos núcleos poblacionales como Camarones, La Punta, Mingueo y Campana. Todo esto se establece por la constante salida de familias del casco urbano de Dibulla hacía otros puntos habitacionales. A pesar de que estas nuevas familias conformaron nuevo núcleos poblacionales, siguen perteneciendo al mundo simbólico, religioso, de compadrazgo y padrinazgo que configura a los dibulleros.
Lo anterior se puede visualizar, cuando Causado (2018), indica que en la actualidad los conflictos de la gente negra en Dibulla consisten en que el ente municipal no ha reconocido o certificado a todas las “comunidades negras” de este municipio, argumentando que luego de la organización de los consejos comunitarios, los peritos del ente municipal se aproximan al campo para realizar los procesos de certificación se hayan frente al hecho de las “comunidades” negras que solicitaron el reconocimiento institucional más allá de encontrarse cohesionas sobre el espacio como lo indica el
“manual”, estas se hayan de forma dispersa sobre el lugar. Con esto, podemos inferir, que las dinámicas sociales y territoriales de las vigentes comunidades negras en el este municipio, se hallen más cercanas a lo expuesto hace más de diecisiete años por Losonczy, que de las literales “interpretaciones de la ley” realizadas por el saber experto designado por la alcaldía para realizar la valoración étnica sobre estas poblaciones.
Semejante a lo expuesto por Causado, nos encontramos que en lo que va de la presente década de este siglo, en diferentes zonas de La Guajira se empiezan a producir textos
académicos (aún son muy pocos), que denuncian o visualizan, la existencia de
“comunidades negras” en este departamento, mostrando las diferentes problemáticas que estas afrontan e intentando legitimar su reconocimiento como sujetos étnicos, valiéndose de los discursos expuesto por la “ley de negritudes” y hablando siempre en clave de etnicidad antes que cuestionarla. A continuación, se referenciara algunos de estos textos y se mostraran las diferentes situaciones y conflictos territoriales, que afrontan las poblaciones negras de la guajira, al intentar hacerle frente a las políticas del Estado y a los intereses de un titán transoceánico como lo es la policefala empresa minera del Cerrejón.
Dentro de las investigaciones realizadas con poblaciones negras en La Guajira, tenemos el texto de Díaz Roberto, Munera Liliana, Granados Margarita, Ustate Rogelio, Arregoces Samuel, Teherán Sandra, Naranjo Julián y Rodríguez Luisa Fernanda titulado “Bárbaros hoscos: historia de la (des)territorialización de los negros de la comunidad de Roche” (2015), el cual aborda la pérdida del territorio por parte de la gente de Roche –población negra asentada en esta zona desde tiempos de la colonia-, a raíz de la explotación minera a cielo abierto y de gran escala realizada desde hace más de 30 años tanto por el Estado colombiano como por industrias transnacionales, actualmente aglutinadas dentro del título empresarial de Cerrejón. Lo anterior, podemos observarlo en las letras escritas en el prefacio de este libro, escritas por Roberto Ramírez, quien es el representante legal del consejo comunitario anteriormente referenciado, señalando que como producto de la explotación de carbón en La Guajira, poco a poco las familias han “[…] sido sacadas de nuestro territorio convirtiendo a algunas en desplazadas y a otras en reasentadas; afrontando la transformación de nuestras formas de vida rural sin contar con ningún acompañamiento institucional que garantice nuestra supervivencia tanto física como cultural” (Díaz et al. 2015: 9).
Las familias de Roche, en conjunto con otras poblaciones fueron reasentadas a raíz de del proyecto mega-industrial desarrollado por el Cerrejón, el cual pretendía desviar varios kilómetros el cauce del Río Ranchería varios kilómetros, con la intención de realizar explotación del carbón que se encontraba bajo el lecho fluvial del Ranchería.
Los habitantes de roche, ante la reubicación, la venta de tierras y la falta de acceso a estas posterior al reasentamiento poblacional, sumado al incumplimiento de las promesas realizadas por la empresa, en conocimiento reciente de la ley 70 deciden organizarse y conformar el Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, como estrategia social y política para exigir sus derechos como comunidades negras y hacer frente a las políticas del Estado en sintonía con las practicas económicas desarrolladas por la transnacional carbonífera. Es importante señalar, que si bien esta población reconoce tener conocimiento reciente de la Ley 70, sostienen que siempre se han reconocido como negros y tienen claro su herencia esclava y cimarrona fraguada durante el periodo colonial. De esta manera, el en conjunto con el concejo comunitario de Roche, a través de esta investigación buscaran contribuir al posicionamiento de este consejo comunitario:
“[…] creado como un mecanismo para defender sus derechos territoriales y culturales y para reivindicar el carácter étnico de las comunidades negras de la zona. Este estatus ha sido negado por parte de la empresa minera y la institucionalidad; en la medida en que se percibe que los grupos étnicos son un obstáculo para el desarrollo económico, el reconocimiento implica poner en riesgo la consolidación del modelo de desarrollo extractivo en la región” (Díaz et al. 2015: 14-15).
En esta misma línea encontramos los textos de Edwin Hernández titulado “Minería y desplazamiento: el caso de la multinacional Cerrejón en Hatonuevo, La Guajira, Colombia” (2000-2010), “Nuestra tierra es nuestra vida” (2018). Ambos textos hacen un recuento histórico del proceso de explotación minera en el municipio de Hatonuevo- Guajira. El texto explica, como la explotación de carbón convirtió al municipio de Hatonuevo en un polo de desarrollo, a la vez al departamento de la Guajira en receptor económico de las regalías generadas por la actividad carbonera. Todo lo anterior iba a generar una bonanza económica donde todos los sectores sociales y económicos del municipio y el departamento se iban a beneficiar. En este recuento histórico, el autor se detiene analizar como el carbón se fumó al pueblo de Tabaco, el cual era un pueblo de gente negra (no reconocida como comunidad negra), que fue desalojado y desplazado debido en que su territorio se iba a constituirse en ese momento en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Con ese claro objetivo en el gobierno nacional y los planeadores del desarrollo mineros, argumentaron que los pobladores de Tabaco se encontraban sobre tierras baldíos y que su reasentamiento contribuiría al fortalecimiento de la región como foco de desarrollo. Frente a este hecho, el autor señala que el desplazamiento de personas no es ejercido únicamente por el conflicto armado:
“Tabaco tiene una gran relevancia en relación con la coyuntura del país, pues en el eventual escenario de pos-acuerdo el desplazamiento deberá ser analizado desde otras perspectivas, como la entrada de multinacionales con actividades extractivas al país y el desplazamiento causado por los intereses económicos de un grupo en particular” (Hernández, 2018:104).
En el mismo campo de investigación, Tatiana Cuenca y Federico Giraldo en su texto titulado “Memoria y transformaciones territoriales en la comunidad de Las Casitas: un recorrido por los impactos de la minería de carbón en el sur de La Guajira” (2017), muestran la cruda realidad de las poblaciones afro-campesinas ubicadas en los límites con el complejo minero del Cerrejón. Desde un punto de vista crítico, los autores evidencian cómo la minería a gran escala se apropia de bienes ambientales y territoriales de las poblaciones ubicadas en su zona de influencia minera, elaborando diferentes mecanismos para desplazar a las poblaciones –sin que estas tengan mayor oportunidad- de las zonas de explotación, para que estas no se constituyan en un lastre frente a sus objetivos económicos:
“Los procesos de acaparamiento territorial, apropiación y deterioro de bienes naturales por parte de las empresas extractivas se dan en un marco de relaciones de poder desiguales, en donde los proyectos extractivos cuentan con el respaldo del Estado para su operación, mientras que las comunidades se ven obligadas a utilizar diferentes formas de resistencia para pervivir y mantenerse en el territorio”
(Cuenca y Giraldo, 2017: 92).
Lo anteriormente expuesto ha llevado algunas poblaciones y las empresas mineras a entrar en tensión por las diferentes formas en que unos y otros conciben el uso del espacio:“[…] la empresas mineras ven el territorio como un espacio vacío o que se puede vaciar para explotar, mientras que para las comunidades rurales el territorio comprende varias dimensiones que van más allá el espacio físico o la tierra, en él están contenidos aspectos culturales, relaciones sociales, ambientales, que definen su identidad” (Cuenca y Giraldo, 2017: 95). Para los dos autores, los afro-campesinos han logrado la reconstrucción del territorio a través de la reelaboración de la memoria colectiva, lo que ha conllevado a que se organicen colectivamente y así exigir
reivindicaciones espaciales o “territoriales” al Estado y las empresas mineras. De esta manera, Cuenca y Giraldo (2017), señalan al respecto del proceso de autoreconocimiento de las comunidades afro-campesinas que este no solo implica “[…]
una apuesta por la reconstrucción cultural y de la reivindicación del poblamiento ancestral vinculado al cimarronaje, sino que también implica una alternativa actual para la protección de sus derechos territoriales frente a un inminente proceso de reasentamiento” (Cuenca y Giraldo, 2017: 93).
Por último, tenemos el reciente trabajo realizado por Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Deivis Ojeda Iguarán, Ruby León Díaz, Doris Cabeza Escobar y Ernell Villa Amaya, titulado Afrodescendientes en La Guajira: “con mucho gusto y a mucho honor” (2019).
En este libro, los autores hacen una descripción histórica y socioeconómica de las poblaciones de ascendencia negra en La Guajira, resaltando que el objetivo de la fundación Agguanile y Asorobista con este extenso trabajo es el “[…]
autorreconocimiento y la recuperación de memoria histórica y reconocer el impacto cultural de las comunidades negras asentadas en el municipio de Riohacha” (Mosquera et al. 2019: 11). De esta manera, el objetivo de este texto es contribuir a la visualización de la población afroguajira, debido a que aún persiste la invisibilidad de estas personas por parte de los entes estatales tanto a nivel local como nacional. Por lo tanto, a través del texto se realiza un recorrido histórico “[…] para visibilizar la llegada de personas de ascendencia africana, la creación de palenques y rochelas y su relación con españoles e indígenas; además, expone cómo estas relaciones interétnicas han influenciado el autorreconocimiento de las personas negras en la península” (Mosquera et al. 2019:11).
Frente a esto, el libro realiza un mapeo de la ubicación de las personas negras en la península, dividiendo el territorio en sectores definidos como: el sector minero, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la zona de la troncal de Caribe (donde se encuentra Dibulla) y el sur del departamento. Luego de establecido el mapeo, y de designadas las zonas de diferenciación para el estudio, estas son llenadas con sus particularidades, como lo son fiestas patronales, santos, comidas típicas, medicina tradicional y resaltan la resistencia que ha tenido la población afroguajira frente a los proyectos mineros que se desarrollan en la zona (Mosquera et al. 2019).
