UIERDA ISSN MARZO DE 2017 BOGOTÁ, COLOMBIA

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Implementación de acuerdos Implementación desde los territorios

· Jurisdicción Especial para La Paz: Algunas aclaraciones sobre el debate · La salud pública en el plan de guerra contrainsurgente en la Macarena – Colombia Subversiones intelectuales Más sobre la caldera del diablo: El neoextractivismo Capitalismo, geopolítica y orden mundial Hegemonía, imperialismo y violencia en el sistema mundial · Trump y los medios de comunicación hegemónicos Nuestra América De la dictadura genocida a la concentración y

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ISSN 2215-8332

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Director Jairo Estrada Álvarez Jefe de redacción Jesús Gualdrón Sandoval Consejo editorial Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo asesor internacional Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Diseño y diagramación Rebis Estudio | rebisestudio.com

ESPACIO CRÍTICO EDICIONES Publicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudios

www.espaciocritico.com ISSN-2215-8332

MARZO DE 2017

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BOGOTÁ, COLOMBIA

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CONTENIDO

IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS

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Implementación desde los territorios Sergio de Zubiría Samper

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Jurisdicción Especial para La Paz: Algunas aclaraciones sobre el debate

Ana María Vásquez Duplat

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La salud pública en el plan de guerra contrainsurgente en la Macarena – Colombia Julián Orjuela Benavides

SUBVERSIONES INTELECTUALES

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Más sobre la caldera del diablo: El neoextractivismo Ricardo Sánchez Ángel

CAPITALISMO, GEOPOLÍTICA Y ORDEN MUNDIAL

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Hegemonía, imperialismo y violencia en el sistema mundial José Honorio Martínez

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Trump y los medios de comunicación hegemónicos Carlos Jiménez

NUESTRA AMÉRICA

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De la dictadura genocida a la concentración y miserabilización actual

Julio C. Gambina LIBROS

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El misterio del posneoliberalismo. La estrategia para América Latina Beatriz Stolowicz

CRÍTICA CULTURAL

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“Te canto esta canción, pero nunca cantaré lo suficiente...”

Un homenaje a Bob Dylan Andrés Gualdrón R.

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IMPLEMENTACIÓN

DE ACUERDOS

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SERGIO DE ZUBIRÍA SAMPER

PROFESOR ASOCIADO DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Implementación desde los territorios

A

medida que se desata el proceso de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto son más notorias sus dificultades teóricas, prácticas y me- todológicas. Colombia no es la excepción de aquellos tropiezos inerradicables que enfren- ta todo proceso de cierre de un largo conflicto armado interno. La experiencia internacional ha mostrado la complejidad, incertidumbre y desazón del proceso de implementación y verificación de lo acordado en los procesos planetarios.

Estos escollos están contenidos ya en la propia definición del término. Cuando el Dic- cionario de la Real Academia de la Lengua define “implementar” como “poner en funcio- namiento o aplicar métodos, medidas, proce- dimientos, etc., para llevar algo a cabo algo”

(RAE), el etcétera evoca las innumerables e indeterminadas acciones, detalles y previsio- nes que contiene siempre un proceso de im- plementación.

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IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS

Anticipando estas previsibles dificultades el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, ha construido el capítulo VI sobre Implementación, Verificación y Refren- dación. Este acápite especial contiene unos

“principios orientadores” (11) y tres partes substantivas. Se destacan principios como respeto a la igualdad y no discriminación, enfoque de género, integración territorial e inclusión social, profundización de la democracia y construir sobre lo construido, prio- rización, trasparencia, control social y lucha contra la corrupción, principios democráticos.

Sus partes atienden ámbitos centrales y niveles territoriales y culturales del proceso.

En primer lugar, la implementación y verifi- cación nacional y territorial (6.1); en segundo lugar, el reconocimiento de los pueblos étni- cos de Colombia (6.2) y, en tercero, el componente internacional de la verificación (6.3).

Se han divulgado, sin embargo, con mayor acento los mecanismos nacionales e internacionales, siendo aún escasa la apropiación social de lo territorial y lo étnico. Existe una relativa información sobre los mecanismos nacionales de verificación e implementación:

Comisión de Seguimiento Impulso y Verifica- ción a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos, documento CONPES sobre el Plan Marco y Planes Plurianuales de In- versiones. También existe cierto conocimien- to sobre los componentes internacionales de la verificación: dos notables de gran repre- sentatividad internacional nombrados por el Gobierno Nacional (1) y las FARC-EP (1); la Misión política de verificación de Naciones Unidas, y un conjunto de instituciones internacionales que realizarán el acompañamien- to de cada uno de los puntos del acuerdo final (entre ellas Unión Europea, Suiza, Suecia, EE.UU., FAO, Vía Campesina, PNUD, Una- sur, Centro Carter, OCLAE, FDIM, ACNUR, UNODC, CICR, etc.).

Estamos convencidos de que la paz solo podrá emerger desde los territorios; por tanto, tenemos que hacer mayores esfuerzos por pensar a fondo y realizar políticas que aclimaten la implementación en el mundo regional y local. Esta es la única forma concreta de tomar distancia del centralismo patógeno que ha acompañado nuestra historia republicana; una manera sincera de mitigar la violencia del centro hacia el país regional y étnico.

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Bogotá, Colombia ^Contenido

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Dificultades territoriales

Estamos convencidos de que la paz solo podrá emerger desde los territorios; por tanto, tenemos que hacer mayores esfuerzos por pensar a fondo y realizar políticas que aclimaten la implementación en el mundo regional y local. Esta es la única forma concreta de tomar distancia del centralismo patógeno que ha acompañado nuestra historia republicana;

una manera sincera de mitigar la violencia del centro hacia el país regional y étnico.

Además de los obstáculos compartidos con todos los niveles de implementación en Co- lombia, tales como la escasa apropiación social de los acuerdos, la peculiaridad de una implementación con renegociación por la derrota del plebiscito del 2 de octubre, las dificultades sobrevinientes del proceso legis- lativo especial, el boicot al proceso por parte de la derecha y el peso excesivo de las decisiones parlamentarias, entre muchas otras, la implementación del acuerdo final desde los territorios contiene otros inconvenientes adicionales.

La primera dificultad es el imaginario dominante de “paz territorial”, como si aquella fuese una especie de preparación pasiva de las regiones para que “llegue el Estado con sus instituciones fuertes”. Ante lo que se ha denominado en las aproximaciones al conflic- to interno el “abandono estatal”, se trataría ahora de acondicionar los territorios para un desarrollo capitalista “normal”. Los núcleos fuertes de este enfoque ideológico dominante de “paz territorial” serían un enfoque de “paz limitado a derechos”, la necesidad de instituciones estatales fuertes y el aclimatamiento territorial para proyectos capitalistas. Por tanto, la función de la denominada “paz territorial”, partiendo de esta mirada, sería la de reforzar las normas convencionales existentes, ampliar los derechos de los “ciudadanos”

que viven en la territorialidad y mejorar la economía capitalista.

El segundo inconveniente es la tensión irre- suelta entre los desarrollos normativos por la vía del fast track, que convierten en protago- nista principal al parlamento, y la soberanía popular territorial que termina convertida en espectador pasivo de esos desarrollos. Los aportes, la participación, las consultas, las veedurías, las consultas previas, las agendas territoriales, etc., de las comunidades que viven en los territorios son nulos o limitados en la vigilancia de los desarrollos legales. Po- dríamos afirmar que se está experimentando una forma velada o directa de fetichismo le- gal centralista.

El tercer obstáculo es la verdadera o aparen- te implementación del actual acuerdo final desde, en y con los territorios. Aunque decla- rativamente el enfoque territorial es un componente transversal de lo acordado, siempre permanece un interrogante inquietante: ¿es lo mismo que los tecnócratas y expertos cos- mopolitas hablen “de los territorios” que ha- blar “desde los territorios por y con las comunidades populares y poblaciones afectadas”?

Sabemos que lo declarativo no es garantía plena para que las voces de las gentes del común y de abajo construyan la paz desde los territorios. Se necesita una interacción obligatoria y permanente con las agendas territoriales construidas con anterioridad al acuerdo y con aquellas reconfiguradas en el contexto del posacuerdo.

Implementación y subjetividades políticas

Existen otras perspectivas de la paz desde los territorios que se oponen a la visión simplemente capitalista de la paz territorial. En una investigación reciente de Planeta Paz con 181 organizaciones populares de 20 departamentos del país se vislumbran otros horizontes políticos. Las gentes del común que experi- mentan los procesos de territorialización la conciben a partir otros ejes interpretativos.

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Ante el interrogante por la existencia de un concepto de paz en los territorios, las organizaciones sociales y populares subrayan en el ejercicio de Planeta Paz otras claves políticas y culturales. En primer lugar, se trata del despertar de los territorios para el tratamiento y manejo de su propia conflicti- vidad, para que “en diálogos imperfetos sin violencia y con un papel distinto del Estado”

se tramiten las demandas y las tensiones en una atmosfera verdaderamente democrática y creativa. En un segundo nivel, el territorio es concebido como un “sistema vivo” en el cual los acuerdos y desacuerdos deberán principalmente impulsar planes y agendas colectivas para la protección de la vida y la construcción de paz. Existe un rechazo a la visión extractivista, productivista y expolia- dora de la naturaleza y el territorio. En tercer lugar, el territorio es comprendido como un ser aprendiente y, por ello, una tarea funda- mental de la paz desde los territorios tiene que ver con transformaciones estructurales en los campos de la educación y la cultura.

Su potencia plebeya devela que sin una pro- funda revolución educativa y cultural no será posible una paz estable y duradera. En cuarto lugar, se requieren dinámicas populares en cuyo marco las bases sociales de las organizaciones impulsen la creatividad y el espíritu autogestionario como núcleos de la paz desde los territorios. Existe un nítido clamor por la autonomía, la autogestión y la recuperación de la creatividad humana.

El acuerdo final en su capítulo VI introduce medidas concretas que contribuyen a la im- plementación a nivel regional y territorial.

Una lectura atenta de los puntos 6.1.2 hasta el 6.1.5. nos lleva a la conclusión que existe de un conjunto importante de preceptos en esta vía territorial, reconociendo que algunos son explícitos y otros latentes. No pretende- mos hacer una enumeración exhaustiva sino subrayar algunos elementos que considera- mos importantes.

Sabemos que lo declarativo no es garantía plena para que las voces de las gentes del común y de abajo construyan la paz desde los territorios. Se necesita una interacción obligatoria y permanente con las agendas territoriales construidas con anterioridad al acuerdo y con aquellas reconfiguradas en el contexto del posacuerdo.

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http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-convoca-reunion-asesinatos-de-defensores-de-dere-articulo-666540

En primera instancia, se tramitarán las reformas normativas con el fin de que todos los planes de desarrollo departamentales y municipales incorporen las medidas para garantizar la implementación, incluyendo los planes de acción en los territorios priorizados para trasformar estos en planes de desarrollo con enfoque territorial. Es urgente resolver dos interrogantes: ¿cuáles son esas “reformas normativas urgentes” que lograrán garantizar de manera efectiva la implementación del acuerdo en los planes departamentales y municipales? y ¿cuáles son esos “planes de acción” que garantizarán el enfoque territorial en las zonas priorizadas?

En segunda instancia, se promoverán mecanismos y medidas “para que con los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos”.

Hay que configurar, partiendo de la sabidu- ría territorial, esos mecanismos y medidas para que con base ‒o modificando‒ estos dos

sistemas de financiación se pueda apoyar y desplegar la implementación de los acuerdos.

En tercer lugar, los planes de desarrollo departamentales y municipales serán insumos para la formulación de los planes cuatriena- les y planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de Implementación. Se trata de una concepción de la planeación participati- va “desde abajo”, desde la sabiduría plebeya territorial, que controle el centralismo y la tecnocracia, respetando las agendas territoriales históricas. El Plan Marco debe nutrir sus contenidos de ese material vivo que re- posa en los planes departamentales y municipales. En muchos casos aún son promesas incumplidas y esperanzas frustradas de las comunidades territoriales.

El cuarto aspecto, partiendo de las capaci- dades diferenciadas de las regiones y con el objeto de “promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación”, el Gobierno nacional pondrá en marcha las reformas que

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posibiliten la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias. La legislación existente en Colombia impone demasiadas trabas a la contratación por parte de las organizaciones populares; por tanto, es urgente promover su participación en los procesos de ejecución y contratación de proyectos para la implementación, removiendo aquellos obstáculos legales existentes. Además se hace necesario reconocer el fracaso en con- tratación y transparencia que han tenido las denominadas alianzas público-privadas, que impuso el neoliberalismo. La paz desde los territorios debe conllevar un nuevo sentido de lo común, lo colectivo y lo público en los procesos de contratación y ejecución de las políticas públicas.

Como quinto punto, se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de trasparencia, en especial en las zonas donde se implementen los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Estos planes de apoyo son una con- tribución decisiva a la apropiación social de los acuerdos y a la creación de otras formas de la gramática de la política. Las subjetividades políticas territoriales, las universidades, otras formas de institucionalidad estatal y el acompañamiento internacional serán determinantes en la creación de estas veedu- rías y observatorios de transparencia territorial. Con creatividad y sentido del contexto territorial diferenciado tenemos que generar estas veedurías y observatorios, reconociendo que no existen recetas o modelos homo- géneos. Deben convertirse en componentes substanciales de las agendas territoriales en la época del posacuerdo. Sin este control polí- tico y de fiscalización por parte de los observatorios no existirán plenas garantías para la implementación adecuada y ética de los acuerdos.

El capítulo étnico (6.2) puede aportar ideas y componentes centrales al enriquecimiento de estos preceptos de la paz desde los territorios contenidos en el Acuerdo Final. Además de la incorporación de importantes declaracio-

Ha llegado la hora de comprender el carácter insustituible de la construcción de la paz desde los territorios. Su relevancia es mayor si reconocemos que allí anida al mismo tiempo la máxima esperanza y también el más grande peligro. Empecemos ya, las comunidades territoriales nos lo están exigiendo. Es nuestro deber intelectual, moral y educativo.

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nes universales que protegen las tierras y los territorios (CEDAW, CERD, Durban, OIT), el carácter principal de la consulta y el derecho a la objeción cultural, el aporte de los pueblos étnicos a cada una de los preceptos anterio- res será determinante.

Ha llegado la hora de comprender el carác- ter insustituible de la construcción de la paz desde los territorios. Su relevancia es mayor si reconocemos que allí anida al mismo tiempo la máxima esperanza y también el más grande peligro. Empecemos ya, las comunidades territoriales nos lo están exigiendo. Es nuestro deber intelectual, moral y educativo.

Referencias

1. Fals Borda, O. Acción y espacio: autonomías en la nueva república. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 2000.

2. Foucault, M. Seguridad, Territorio y Población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004.

3. Restrepo, Darío. Dimensiones territoriales del desarrollo, la democracia y el bienestar. Bogotá: OXFAM, 2016.

4. Planeta Paz. Perspectivas populares sobre la construcción de la paz en los territorios.

Bogotá: Planeta Paz 2015.

5. FARC-EP. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá, 2016.

https://www.flickr.com/photos/62376953@N05/albums

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ANA MARÍA VÁSQUEZ DUPLAT

POLITÓLOGA, MA DERECHOS HUMANOS COLECTIVO POR LA IGUALDAD (ARGENTINA)*

Jurisdicción Especial para La Paz: Algunas aclaraciones sobre

el debate

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l pasado 27 de febrero se publicó en el portal Razón Pública una nota ti- tulada Amnistías y tratamientos pe- nales especiales diferenciados: ¿un acierto en la construcción de la paz?, escrita por Todd Howland, representante de Naciones Unidas para los Derechos Huma- nos en Colombia. La nota se concentra en los tratamientos especiales que se dará a los miembros de la Fuerza Pública en relación con los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. Allí detectamos varias im- precisiones que deben alertarnos respecto de la ligereza con las que se producen opiniones y análisis sobre el proceso de paz.

* El Colectivo por la Igualdad es una organización política y social que desarrolla su trabajo militante en la Ciu- dad de Buenos Aires, abordando problemáticas vin- culadas a las áreas de vivienda, ambiente, derechos humanos, civiles, cultura y transporte, entre otras.

Entre sus principios fundantes se encuentran la hori- zontalidad para el debate y la toma de decisiones, y el autofinanciamiento económico.

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Extraña y preocupa que aquellos especialmente llamados a clarificar el escenario para favorecer el camino del Acuerdo entre el Go- bierno colombiano y las FARC-EP, emitan este tipo de declaraciones, las cuales, respaldadas por la imprecisión, promueven visiones parciales, descontentos y, posiblemente, crean climas de oposición entre la opinión pública ciudadana en relación con el actual proceso de paz.

Es una obligación enfrentar la lectura de cualquier posicionamiento a través del pen- samiento crítico, aun cuando las palabras provengan de expertos temáticos. Defender la paz es un ejercicio constructivo que mere- ce la mayor responsabilidad de parte de toda la sociedad, pero en particular de aquellos cuya voz es considerada como autoridad.

Una relectura cuidadosa de las normativas citadas por el autor contribuye a evitar fracturas en la sociedad que no fortalecen el proceso sino que, al contrario, desalientan el apoyo de los colombianos frente al Acuerdo de Paz.

Quisiéramos, entonces, a continuación detenernos y responder a algunos de los puntos que lista el autor como síntesis respecto de la temática.

Lo primero que se debe mencionar es que Howland toma como base de análisis nor- mativo la Ley 1820 de 2016 por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales y Otras Disposiciones, y el Decreto 277 de 2017 por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016. Este último se de- dica exclusivamente a reglamentar la figura de amnistía de iure cuyos beneficios no son concebibles a agentes del Estado, con lo cual quedaría absolutamente fuera del análisis sobre los tratamientos especiales para los miembros de la Fuerza Pública.

Es cierto que la Ley 1820 introduce la figura de la renuncia a la persecución penal como tratamiento especial y diferenciado para agentes del Estado pero, tal como lo expone

Extraña y preocupa que aquellos especialmente llamados a clarificar el escenario para favorecer el camino del Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, emitan declaraciones, que, respaldadas por la imprecisión, promueven visiones parciales, descontentos y, posiblemente, crean climas de oposición entre la opinión pública ciudadana en relación con el actual proceso de paz.

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Emilsen Manyoma, asesinada en Buenaventura el 17 de enero de 2017.

Líder de la defensa de los derechos humanos en el Bajo Calima. Pertenecía a la Red Conpaz https://www.publimetro.co/co/colombia/2017/01/26/lideres-sociales-asesinados-posconflicto.html

la propia ley, en un camino de reconciliación entre fuerzas armadas estos proce- dimientos son necesarios, no para la consagración de la impunidad sino “para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera”. El conjunto de la sociedad debe emprender un camino de comprensión sobre las complejidades de un proceso hacia la paz y la importancia de realizar concesiones en pro de ella, sin que ello necesariamente signifique la consagración de un escenario de impunidad. Termi- nar con más de medio siglo de guerra requiere bajar las expectativas respecto de lo punitivo en relacióna todos los bandos en conflicto.

Así mismo y tal como lo describe Todd Howland, la aplicación de la renuncia a la persecución penal tiene como efecto adicional extinguir todo tipo de responsabilidad o sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal, así como se exime de la acción de repetición. Lo anterior no invalida, y está expre- so en la Ley, el deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la repa- ración integral; así como no exime de la obligación del beneficiado de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.

Inclusive, la ley determina que quienes se rehúsen a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y No repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de

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Personas Dadas por Desaparecidas, perderán el derecho a que se les apliquen los beneficios previstos.

Ahora bien, quisiéramos detenernos con especial atención en la afirmación de Howland que citamos a continuación textualmente:

A aquellos que estén privados de la li- bertad se les concederá el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Este beneficio les permitirá obtener la libertad a aquellas personas que estén procesadas o hayan sido con- denadas por delitos relacionados con el conflicto. Incluso les permitirá a los mi- litares condenados por crímenes inter- nacionales, como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales (falsos posi- tivos) o violencia sexual, recuperar su libertad si han cumplido más de cinco (5) años de pena.

Lo afirmado por el autor, según lo establecido en la Ley 1820, falta a la verdad. Y para demostrar lo que planteamos, recurrimos expresamente al articulado de la norma.

1. Dice Howland: “A aquellos que estén privados de la libertad se les concede- rá el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Este beneficio les permitirá obtener la libertad a aquellas personas que estén procesadas o hayan sido condenadas por delitos relacionados con el conflicto”.

Parcialmente Falso. La ley dispone que el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada solo sea un beneficio que no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, que a todos los agentes del Estado que, al momen- to de entrar en vigencia la Ley 1820, estén detenidos o condenados y que manifiesten o acepten su sometimien-

El llamado a los intelectuales, los medios de comunicación, los referentes políticos y sociales, y a la sociedad en su conjunto, es que nos demos la tarea de tomar la paz como un proceso complejo y arduo que requiere el compromiso, la prudencia y el análisis continuo y crítico de todos desde cada uno de los lugares que ocupamos.

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to a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, se les concederá la libertad pro- visional, pero será competencia de la Ju- risdicción Especial para la Paz definir la situación judicial de dichos agentes. En caso de resultar condenados o sanciona- dos retornarán a su condición de priva- ción de la libertad y, de ser así, en ningún caso serán reintegrados al servicio activo.

2. Y continúa: “Incluso les permitirá a los militares condenados por crímenes internacionales, como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales (falsos po- sitivos) o violencia sexual, recuperar su libertad si han cumplido más de cinco (5) años de pena”

Falso. El artículo 52 de la Ley estipula expresamente: “Se entenderán sujetos beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada aquellos agentes del Estado que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que estén condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

2. Que no se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra pri- vación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desapa- rición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamien- to forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficia- rio haya estado privado de la libertad un tiempo igualo superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sancio- nes alternativas en la Jurisdicción Espe- cial para la Paz.

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3. Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.

4. Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Inte- gral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como a atender los requerimientos de los órganos del sistema”.

En este sentido, la posibilidad de que estas herramientas contribu- yan al alcance de la paz y no a procesos sistemáticos de impunidad depende exclusivamente del apoyo que como sociedad demos para la concreción pronta y efectiva de una Jurisdicción Especial para la Paz conformada por miembros con alta capacidad y responsabilidad ética y jurídica, que lleven adelante un proceso serio, justo y que involucre a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos de víc- timas, a los organismos de derechos humanos y a las universidades como actores fundamentales para el control del proceso.

No nos permitamos ser presa de un terrorismo mediático que nos en- frente a la posibilidad del proceso de paz. Ello no implica, sin embargo, ser ingenuos respecto de la capacidad que posee el poder político y económico para apropiarse del proceso y convertir la paz en un medio para seguir alimentando sus intereses. El llamado a los intelectuales, los medios de comunicación, los referentes políticos y sociales, y a la sociedad en su conjunto, es que nos demos la tarea de tomar la paz como un proceso complejo y arduo que requiere el compromiso, la prudencia y el análisis continuo y crítico de todos desde cada uno de los lugares que ocupamos. Un país en guerra hace más de medio siglo necesita una sociedad dispuesta a sanar heridas y a superar divisiones y parcializaciones que no contribuyen a la reconciliación que como pueblo colombiano anhelamos; pero también de una sociedad capaz de entender las causas estructurales de la guerra, para subsanarlas;

reconocer el andamiaje institucional y para-institucional que sostie- ne la violencia, para desmontarlo; entender a profundidad el modelo de desarrollo que nutre el conflicto, para subvertirlo, y desnudar las redes y relaciones de poder que se han beneficiado históricamente de la guerra en Colombia, para derrotarlas.

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http://www.telesurtv.net/multimedia/Vigilia-en-honor-a-los-lideres-sociales-asesinados-en-Colombia-20161121-0034.html

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JULIÁN ORJUELA BENAVIDES

ODONTÓLOGO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CANDIDATO A MAGÍSTER PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA INVESTIGACIÓN EN SALUD - ABRAN LA PUERTA

La salud pública en el plan de guerra

contrainsurgente en la Macarena – Colombia

Introducción

E

ste texto tiene como propósito contribuir en la comprensión de las racionalidades y prácticas de acciones en salud pública en el desarrollo de los planes de guerra contrainsur- gentes. Para lograrlo se ubican tres momen- tos a desarrollar: el primero hace referencia al desarrollo del conflicto en la región de la Macarena; el segundo hace un recuento de los planes de guerra de las FF.MM. y sus aprendizajes hasta el Plan de Consolidación y, por último se describen las acciones cívi- co-militares en torno a la salud pública y la necesidad de ampliar procesos investigativos a dichos campos no explorados.

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Historia del desarrollo del conflicto en la Región de la Macarena

Colombia ha vivido una larga guerra entre 1920 y 2016 que ha durado 96 años (Molano, 2015). En el marco de esta guerra la salud pú- blica ha sido objeto de uso de las estrategias militares y de las acciones cívico militares de forma aún no suficientemente estudiada (Jonnalagadda & Rubenstein, 2012) (Rubens- tein, 2011). Esta guerra ha tenido desarrollo especialmente en territorios rurales (Alape, 2004) (Molano, 1989). La región de la Maca- rena, integrada por seis municipios, ha sido uno de los territorios que más ha estado in- volucrado en las acciones de guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom- bia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la Fuer- za pública del Estado representada en las FF.MM. y la Policía Nacional.

En los años 1950 y 1951 se inicia un proceso de colonización y asentamiento: a la Macare- na llegan desplazados de Brasilia y Pato por la violencia del partido conservador. Hacía 1953, con los refugios planteados por Rojas, llegan más colonos desterrados de San Vi- cente con el propósito de trabajar y salva- guardar la vida. La iniciativa de la organiza- ción de autodefensa, núcleo del naciente grupo guerrillero, fue seguida por campesinos independientes, que por aquella época (1955- 1959) llegaban al Llano desde el interior del país (Molano, 1989), iniciando un período de confrontación con las FF.MM. e intentos de diálogos de paz que, al menos con las FARC- EP, han culminado con el Acuerdo de paz de la Habana.

El conflicto colombiano ha atravesado distintas fases de la guerra que se experimenta.

Estas son:

Una de las regiones que mejor representa las distintas fases de la guerra e intentos de diálogo es la de la Macarena. Primero, por la colonización adelantada a raíz de la violencia y la conformación de autodefensas campesinas en los años cincuenta. Segundo, por el proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur, del cual fue partícipe el municipio de la Uribe, donde se realizaron conversaciones entre emisarios del Gobierno y las FARC-EP. Más recientemente, entre los años 1998 y 2002, el municipio de la Macarena hizo parte de la zona de distensión para los diálogos de paz.

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1. Cierre del universo político, límites del reformismo y violencia estatal (1929/1930-1957/1958). Este periodo se caracteriza por la llegada, en 1930, del partido liberal al poder, la muerte de Gaitán, la dictadura de Rojas Pinilla y el cierre con la instauración del Frente Nacional y un fuerte periodo de violencia estatal que lleva a un grupo de campesinos a colonizar tierras como la Macarena.

2. Estado particularista, modernización contra modernidad y protesta social (1958/62-1987/91), periodo representa- do por el ascenso de las luchas sociales e instauración del frente nacional.

3. Desestructuración estatal, neoliberalismo y paz intermitente (1992- 2012/14). Este periodo se caracteriza por el copamiento paramilitar de algunas zonas de nuestra geografía y la consolidación del terrorismo de Es- tado, el escalamiento y expansión del conflicto insurgente y el ascenso de la economía transnacional de las drogas ilícitas. (De Zubiria, 2015).

Una de las regiones que mejor representa las distintas fases de la guerra e intentos de diá- logo es la de la Macarena. Primero, por la co- lonización adelantada a raíz de la violencia y la conformación de autodefensas campesinas en los años cincuenta. Segundo, por el proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), del cual fue partícipe el municipio de la Uribe, donde se realizaron conversaciones entre emisarios del Gobier- no y las FARC-EP; luego, el 9 de noviembre de 1990, fue lanzado el ataque contra Casa Verde por parte del FF.MM., dando con ello ruptura a ese escenario de diálogo. Más recientemente, entre los años 1998 y 2002, el municipio de la Macarena hizo parte de la zona de distensión para los diálogos de paz.

http://www.telesurtv.net/multimedia/Vigilia-en-honor-a-los- lideres-sociales-asesinados-en-Colombia-20161121-0034.html

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Planes de guerra: Plan Colombia, Plan Patriota y Plan de Consolidación

En el año 2000, en medio de los diálogos del Cagúan, se comienza a implementar el Plan Colombia. Este Plan consistía en una ayuda estratégica y económica de los Esta- dos Unidos para la erradicación de cultivos ilícitos de drogas por dos vías, la voluntaria y la forzosa, particularmente en las zonas de presencia insurgente. Luego de la ruptura del proceso de paz en 2002, Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente de la República con la propuesta de la Seguridad Democrá- tica. Esta tenía como fin recuperar militar- mente las zonas de presencia insurgente.

En el año 2004 emerge el Plan Patriota, que impulsó una ofensiva militar para tomar control de los municipios donde hacía presencia la insurgencia. Pero el Estado seguía estando ausente.

El Plan de Consolidación es resultado de los aprendizajes del Plan Colombia pactado y construido en 1999 entre el gobierno de An- drés Pastrana y los Estados Unidos, y puesto en práctica a partir del año 2000 con el objetivo de erradicar los cultivos ilícitos, aunque según algunos autores incluía también la lucha contrainsurgente (Jonnalagadda &

Rubenstein, 2012), para lo cual era necesario financiar y rearmar a las FF.AA., tanto así que mientras transcurrían los diálogos del Caguán, Estados Unidos financiaba y reorganizaba las tropas del ejército colombiano (Vega R. , 2012). El Plan también reco- ge el legado del Plan Patriota (2004-2006), impulsado por el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el apoyo de los Estados Uni- dos (Isacson, 2012), el cual buscaba expul- sar a las guerrillas de sus territorios pero sin prevenir su retorno a los mismos una vez finalizadas las acciones militares.

El Plan Integral de Consolidación emerge con el objetivo de integrar los esfuerzos civiles y militares para evitar el regreso de las fuerzas insurgentes a los territorios de donde apa-

rentemente habían sido expulsadas. Su im- plementación se diseñó en tres fases, saber:

La primera, es la de recuperación mediante el control militar; la segunda, es la de tran- sición, en la que se inician los programas de erradicación y desarrollos alternativos para ofrecerle a las familias campesinas activida- des legales de sustento, y la última consiste en la provisión de justicia, educación y de servicios básicos sanitarios y de salud, aspecto en el cual se pretende indagar.

Debido a esta circunstancia, el Comando Sur de EE.UU. establece un diálogo con el gobierno entre 2004 y 2006 para crear el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI); en el año 2007 se lanza el proyecto piloto Plan Integral de Consolidación de la Macarena (PICM) construido con base en los principios del CCAI; en 2009, el CCAI es movido para la dependencia de Acción So- cial de la Presidencia. Luego, en el año 2011, es elegido Juan Manuel Santos como presidente. Bajo su mandato se crea la Unidad de Manejo Especial para La Consolidación Territorial dentro del Departamento de la Prosperidad Social para Todos de la Presi- dencia de la República (Isacson, 2012).

En 2015, mediante el decreto 2559 de la Presidencia de la República, se fusiona la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Ad- ministrativa Especial para la Consolidación Territorial - UACT, en el Departamento Ad- ministrativo para la Prosperidad Social y se modifica su estructura.

La atención en salud como parte de acciones cívico-militares

La estrategia política y militar por parte del Estado colombiano para consolidar los territorios en los que anteriormente tenían presencia las FARC-EP, contiene un componente de acciones de salud pública, que ha venido creciendo mediante brigadas de salud, cons- trucción de centros de salud y donación de medicamentos y alimentos (Isacson & Poe,

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http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/investigaciones-por-asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia-65736

2009) (Mindefensa, Plan Integral de Consoli- dación de la Macarena PCIM Concepto y avan- ces, 2009) (Isacson, 2012). Poco se conoce el contenido y sentido del discurso oficial sobre este tema y el modo como este se materializa en la práctica. Para el período comprendido entre 2007 y 2015 tampoco tenemos informa- ción suficiente sobre este discurso y práctica por parte de la insurgencia en la perspectiva de comprender los desafíos del tránsito del uso de la salud pública en la confrontación con las fuerzas militares estatales hacia un posible escenario de paz. Es necesario estudiar las racionalidades y prácticas en que esta ha sido utilizada en los planes estraté- gicos de guerra en el municipio de la Maca- rena, durante los períodos del Plan Colombia y el Plan Patriota; cómo esas racionalidades y prácticas se han transformado durante el PICM y cómo estas, a su vez, podrían trans- formarse en un eventual escenario de paz con base en los acuerdos que sobre este tema han emergido en el Acuerdo de Paz de la

Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (Delegación FARC-EP y Gobierno Nacional, 2014).

Un aspecto a mencionar es la importancia de las acciones integrales realizadas por las FF.MM. como parte de la estrategia militar en búsqueda de legitimidad del Ejército entre la población. Como lo expresa el Brigadier General Sepúlveda, Jefe de Acción Integral del Ejército, La victoria militar no es atribuible exclusivamente al Ejército que haga el mejor empleo de su poder bélico y logre capturar el mayor territorio del enemigo, sino aquel que, después de ocupar y asegurar el territorio, consolide la victoria mediante el respaldo y reconocimiento de la población (Sepúlveda, 2015, p. 6). Bajo esta premisa se inscriben las acciones en los distintos ámbitos del orden social en los que interviene las FF.MM. Las acciones en salud están dentro de las cuatro operaciones psicológicas que viene desarro- llando el Grupo de Seguimiento y Evaluación de la Campaña “Espada de honor”, que las

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menciona como apoyo y ejecución de jorna- das humanitarias (Comando General de las Fuerzas Militares, 2012).

Llama la atención la importancia dada por la fuerza pública del Estado a las acciones de salud en sus planes de consolidación militar.

En cuanto a acciones en salud efectuadas por el Ejército como parte del plan integral de consolidación, se han prestado 7503 servicios de salud a la comunidad como jorna- das interinstitucionales, según el balance presentado en 2009 (Mindefensa, 2009), y se ha registrado un aumento en el presupuesto en salud: en los municipios del Plan de Con- solidación Integral de la Macarena (PCIM) se presentó principalmente en los componentes de inversión en vías, salud y justicia, con au- mentos del 532, 40 y 462 por ciento, respecti- vamente. En contraste con este crecimiento, el componente de inversión al sector agrario se redujo en aproximadamente 8 por ciento para estos mismos años” (Espinosa, 2007, p. 24).

Infortunadamente no tenemos información del modo como la contraparte en la guerra ha venido realizando acciones de salud entre las poblaciones bajo su influencia, si bien se tiene una idea de que lo ha venido hacien- do en otras áreas, por ejemplo, en materia de justicia.

Otro elemento a mencionar es que los que- brantos de salud de los guerrilleros eran aprovechados por las Fuerzas Militares para atacar a los insurgentes, como lo relata un comandante guerrillero: la inteligencia em- pezó a intervenir nuestras redes de apoyo.

Infiltraron gente en hospitales y esos médicos aprovechaban estas situaciones para poner microchips en sus cuerpos cuando los opera- ban. Nos dimos cuenta de que cuando regre- saban a los campamentos eran localizados y bombardeados. En los cuerpos de quienes ha- bían salido a tratamiento encontramos los apa- ratos (Molano, 2016). También he sido testigo de relatos informales de excombatientes en las cárceles, a quienes se les realizaban pro- cedimientos tales como amputación de extre- midades en vez de retirar esquirlas, proba-

La estrategia política y militar por parte del Estado colombiano para consolidar los territorios en los que anteriormente tenían presencia las FARC-EP, contiene un componente de acciones de salud pública, que ha venido creciendo mediante brigadas de salud, construcción de centros de salud y donación de medicamentos y alimentos.

Poco se conoce el contenido y sentido del discurso oficial sobre este tema y el modo como este se materializa en la práctica.

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blemente para que estos no regresaran a las filas de la insurgencia.

Es pertinente señalar que existe producción académica frente a la importancia de los sistemas de salud en la construcción de legitimidad por parte de los estados débiles y con conflictos armados (Jonnalagadda & Rubens- tein, 2012). En este sentido también viene creciendo el interés y la producción académi- ca en el sector de la salud en relación con temas como posacuerdo y salud, salud mental y posconflicto, sistema de salud y posacuerdo, salud y paz, entre otros (Buitrago, 2015) (Franco, 2015) (Urrego & Escobar, 2015); sin embargo, sigue siendo escasa en la compren- sión de las racionalidades y prácticas de la salud pública en el conflicto que se comienza a cerrar a partir de la firma del acuerdo con las FARC-EP y en la misma vía de la imple- mentación de los acuerdos, proceso en el que se vienen expresando cambios en el accio- nar de las fuerzas militares (González, 2016) (Martínez, 2016).

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23. Urrego, Z., & Escobar, F. (2015). “Investigación en salud para la paz de Colombia: ¿estudiar la no violencia o la violencia?”

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24. Vega, R. (2012). “Colombia y geopolitica hoy”.

Revista el Agora USB, 367-4002.

http://cartelurbano.com/historias/el-entierro-multitudinario-del-cuarto-lider-social-asesinado-en-una-semana

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SUBVERSIONES

INTELECTUALES

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RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL

DOCTOR EN HISTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Más sobre la caldera del diablo: El

neoextractivismo

L

as autoridades ambientales nacionales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y el Instituto Amazónico de Investigaciones Cien- tíficas SINCHI, señalan a Caquetá, Putuma- yo, Meta y Guaviare como epicentros de la deforestación y departamentos donde, desde 2012, se expandió el extractivismo agropecuario a razón de 1200 km por año. Deberían señalar, además, la destrucción de ecosistemas fluviales, como los del río grande de la Magdalena y del río Cauca, en franco proceso de desecación, y la alarmante destrucción del riquísimo ecosistema de selva húmeda del Chocó y del resto del Pacífico, única en su di- versidad. Los ecosistemas de las bahías, otro- ra espléndidas, de Santa Marta y Cartagena, están asimismo heridos por el extractivismo.

¡Y no termina ahí el censo de desastres!

Las Naciones Unidas han planteado alternativas reformistas para revertir el proceso destructivo. Tal fue el propósito de la confe-

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SUBVERSIONES INTELECTUALES

rencia de la ONU sobre medio ambiente humano en 1972.

Y de la primera Conferencia Mundial sobre el Clima en 1979, con un total de 36 comisiones, sin resultados para destacar. También están pendientes los resultados del Protocolo de Montreal de 1987 para el control de la capa de ozono, el cual restringió el uso de los HFC (hidroflu- rocarbonos) y prohibió el de los hidrocloroflurocarbonos.

Lo mismo puede afirmarse de la Convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, adoptada en Nueva York en 1992, así como de la Cumbre de Rio de Ja- neiro del mismo año, en la que se oficializó la propuesta de la Comisión Brundlant para el desarrollo sostenible.

En un claro contexto neoliberal, el lema ha tenido gran éxito, a pesar de que el desarrollo se presenta como sus- tantivo y lo sostenible es adjetivo.

En 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo era lograr una política reduccionista de la contaminación pla- netaria con base en el control de las emisiones, la cual fracasó estruendosamente de la mano de las grandes po- tencias, encabezadas por Estados Unidos y seguido por Canadá, Rusia y Japón.

Y recientemente, el 12 de diciembre de 2015, finalizó la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP 21), en la que 195 Estados firmaron un acuerdo que reem- plazará a partir del 2020 lo pactado en Kioto y promete superar el desastre de la Conferencia de Copenhague en 2009 (COP 15). Así, se aceptó plenamente que el cambio climático es un problema para toda la humanidad, y por tanto se concertó el objetivo de:

[...] mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los ni- veles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático¹.

Un anuncio importante, al que se le suma la creación de un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2015 para financiar el tránsito de los países “atrasados”

1 Convención marco sobre el cambio climático. Conferencia de París. Dis- ponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf, p.

24. Visitada el 16/01/2016. Asimismo, ver de Daniel Tanuro. COP 21 EN París. Más allá del espectáculo, la botella está vacía al 80%. Disponible en: http://vientosur.info/spip.php?article10777. Visitada el 31/01/2016.

Todo el modelo, estilo, forma de producción y articulación de lo doméstico y lo internacional es lo que debe ser replanteado.

Colombia debe retornar a la tierra, con sus bosques, ríos y ecosistemas. Con un manejo telúrico, agropecuario e hidráulico, en un complejo de planificación de abajo hacia arriba y desde las regiones a todo el país. Desmontar la vigente propuesta de economía multinacional y financiera con el dogma del mercado, y plantearse el reto del viraje hacia una civilización que tenga como centro la vida del planeta y de los humanos.

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de las tecnologías operadas con combustibles fósiles hacia el uso de tecnologías limpias². No se explicita la crítica a los combustibles fósiles y queda en el aire la falta de compromisos vinculantes en cada Estado, especialmente por parte de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, y sus grandes multinacionales, además de las llamadas economías emergen- tes, China e India. Faltan la cláusula de obli- gatoriedad, los mecanismos operativos y la decisión definitiva: del dicho al hecho. Los grandes poderes del capitalismo global que- daron por fuera de los compromisos y conti- núan ejerciendo sus biopoderes, lo cual obli- ga a desplegar la crítica de las tecnologías y de su biopolítica, y demandar programas de transición hacia el uso de tecnologías limpias, con nuevos tejidos socioculturales.

2 Ver: Convención marco sobre el cambio climático.

Conferencia de París. Op. Cit.

Es conveniente señalar que antes de la cumbre, fue publicada por el Papa Francisco la encíclica Laudato si³, firmada el 24 de mayo de 2015, en la que avanza en una crítica de responsabilidades al sistema capitalista transnacional vigente. La encíclica ha tenido una importante audiencia, pero no tuvo eco significativo en las decisiones de la cumbre de París.

Todo el modelo, estilo, forma de producción y articulación de lo doméstico y lo internacional es lo que debe ser replanteado. Colombia debe retornar a la tierra, con sus bosques, ríos y ecosistemas. Con un manejo telúrico, agropecuario e hidráulico, en un complejo de planificación de abajo hacia arriba y desde las regiones a todo el país. Desmontar la vigente propuesta de economía multinacional y

3 Disponible en: https://www.aciprensa.com/noticias/

texto-completo-la-enciclica-laudato-si-del-papa- francisco-en-pdf-y-version-web-64718/. Visitada el 16/01/2016.

https://twitter.com/thfomo/status/827115965846523905/photo/1

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financiera con el dogma del mercado, y plantearse el reto del viraje hacia una civilización que tenga como centro la vida del planeta y de los humanos.

El proceso de urbanización se aceleró y des- bordó todas las expectativas al compás de la mercantilización de los megaproyectos que transformaron radicalmente la espacialidad de lo urbano y destruyeron los logros comunes de las ciudades al apropiarse de los espa- cios naturales. En este contexto, hay que de- tener la anunciada intervención urbanística de la reserva natural Van der Hammen por la administración de Enrique Peñalosa en Bo- gotá⁴. La reserva tiene un patrimonio natural estimado en 1.395 hectáreas, para reconectar los cerros orientales con el río Bogotá. Allí se encuentra un santuario distrital de flora y fauna, al igual que humedales, el parque ecológico de La Conejera y el bosque de Las Mercedes. Se suma a ello que el ecosistema académico del campus de la Universidad Na- cional está amenazado por el proyecto urba- nístico de renovación urbana del CAN en una parte sustancial. Son bienes comunes, de inmenso valor de vida y de comunidad, que hay que proteger a como dé lugar. Si Bogotá pierde estos patrimonios, está condenada a continuar por los senderos de la destrucción.

Hay un concierto de voces hipócritas sobre la cuestión ambiental. Todas a una señalan, documentan y alertan sobre la destrucción ambiental. Con esta pose se lavan las manos y hacen pactos diabólicos con sus conciencias, que incluye la política del Fondo Monetario Internacional de pagar por lo que se destruya, lo cual es una invitación a mantener el carrusel del desarrollo. Después de todo, vendrá a ser un costo más, como el de pagar sobornos y comisiones que aceitan esa poderosa podredumbre que es la corrupción. Es lo

4 Ver, Julio Carrizosa Umaña. “Ecología integral y simplificaciones urbanísticas”. Disponible en:

http://www.elespectador.com/opinion/ecologia-in- tegral-y-simplificaciones-urbanisticas. Visitada el 23/01/2016.

Hay un concierto de voces hipócritas sobre la cuestión ambiental. Todas a una señalan, documentan y alertan sobre la destrucción ambiental.

Con esta pose se lavan las manos y hacen pactos diabólicos con sus conciencias, que incluye la política del Fondo Monetario Internacional de pagar por lo que se destruya, lo cual es una invitación a mantener el carrusel del desarrollo. Después de todo, vendrá a ser un costo más, como el de pagar sobornos y comisiones que aceitan esa poderosa podredumbre que es la corrupción.

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http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/23/asesinato-de-lideres-sociales-pone-en-riesgo-construccion-de-la-paz-en-colombia/

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que va de la economía política a las políticas públicas, y desde allí a la acción comunicati- va colectiva.

Los conflictos de las guerras, el sexismo, el racismo, la exclusión social, cultural y polí- tica, al igual que la expoliación de la naturaleza, están interrelacionados cada vez en forma más convergente. Son tiempos dra- máticos en los que requerimos de la ecosofía para leer sabiamente el movimiento real de la naturaleza y de la sociedad, profundamente interrelacionados y en antagonismo.

Los movimientos pacifistas, ecologistas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, urbanos, de trabajadores y anticorrupción en las democracias liberales tienen el desafío de construir sus programas articulando y com- binando esas luchas, formulando propuestas de planeación por un mundo mejor y distinto.

Su política debe descansar en la potencia del principio de esperanza, que reviva el deseo por la vida en todas sus manifestaciones. Sí es posible vivir, y no simplemente sobrevivir.

En la bibliografía existente, quiero destacar el libro Extractivismos y posconflicto en Co- lombia: retos para la paz territorial editado por Astrid Ulloa y Sergio Coronado (Bogotá:

Universidad Nacional de Colombia/CINEP, 2016), el cual reúne un conjunto de artícu- los sobre el grande y grave problema del extractivismo. Son doce los trabajos y un texto introductorio que relacionan los contextos locales, regionales y nacionales. Y desde ahí, su inmersión en la economía global del capitalismo. Esta investigación constituye un colectivo de reflexión, un intelectual orgáni- co que la Universidad Nacional de Colombia y el CINEP publican para el debate crítico.

Los autores son, además de Astrid y Sergio:

Víctor Barrera, Patricia Sánchez, Emerson A.

Buitrago, Ingrid Díaz, Catalina Serrano, Ca- talina Quiroga, Jhonnatan López Vega, Cesar A. Cardona, Marcela Pinilla, Aida Gálvez, Mauricio Pardo, Angélica Rocío López, Julia- na Duarte, Estefanía Ciro, Julián Barbosa y Alejandra Ciro.

Son síntesis de investigaciones que han de- sarrollado las y los autores, sumadas a una reflexión en torno a una amplia bibliografía temática. Es así como logran moverse con pericia en diferentes planos del análisis y las realidades: de la economía política del extractivismo a su ecología política, sociología, derecho, geografía y antropología, con linea- mientos históricos y de actualidad.

Las y los autores muestran variopintos estudios de caso, como el de recursos naturales, páramos, bosques, cultivos de palma, hi- droeléctricas, minería de oro y otros metales.

Son artículos documentados, de análisis crí- tico y de búsqueda de soluciones. Por ello es también un acervo propositivo, invocando la acción de las comunidades y de la sociedad, al igual que se interpela al Estado y sus go- biernos.

La proyección de los análisis se focaliza en el proceso de paz que se desarrolló en La Haba- na y en Colombia por parte de las FARC y del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, partiendo de los acuerdos de diálogo, lo que

http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/

asesinato-de-lideres-sociales-pondria-en-riesgo- implementacion-de-acuerdos-mininterior.html

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significa que el modelo extractivo está, con mayor o menor énfasis, en el centro del debate y, en todo caso, debe ser nacional, social y universitario.

La perspectiva de lo común y la comunidad es una fortaleza de estos estudios. Hay que resaltar el de las movilizaciones de las y los afrocolombianos, campesinos, pescadores y artesanos, pueblos de trabajadores que resis- ten en una tradición de rebeldías invisibiliza- das y olvidadas. El artículo de Sergio Coro- nado y Víctor Barrera señala la importancia de estas luchas al recuperar la movilización de las mujeres afrodescendientes de los Con- sejos Comunitarios del norte del Cauca por el cuidado de la vida y los territorios ances- trales a finales de 2014. Marcharon desde Suárez (Cauca) hasta Bogotá para denunciar las titulaciones a favor de empresas particu- lares, algunas de la ilegalidad, reclamando soluciones.

La comunidad es una relación social entre sus miembros y los dominadores. Viene a ser una construcción histórico-cultural, cuya clave, me parece, es la de la resistencia, como reali- dad y categoría heurística. No basta resistir y luchar, hay que procurar alternativas⁵. No obstante, Astrid Ulloa ha llamado la atención, con razón, sobre este tema clave en la discusión actual:

Los ideales implícitos que pesan sobre los indígenas (imágenes esencializadas de ellos, articulaciones armónicas entre identidad, territorio y naturaleza, mun- dos autocontenidos, y ausencia de con- flictos, entre otros) y las consecuencias que tienen para ellos dichas críticas al desarrollo, ponen en sus manos la solu- ción de un paradigma moderno. Por lo tanto, cuestiono estos acercamientos y considero que para repensar el desarro- llo y el extractivismo hay que partir del análisis de las situaciones concretas de 5 Ver, Daniel Bensaid. Resistencias. Ensayo de topología

general. España: El Viejo Topo, 2006.

los pueblos indígenas, de las desigual- dades, los desconocimientos y la frag- mentación territorial que sus lógicas han generado⁶.

El Estado colombiano, signatario de la Con- vención marco sobre el cambio climático, con- tinúa por el sendero de los modelos neoex- tractivistas. Incluso dinamizándolos. Tal cual es el estado del arte, que requiere no solo denunciarse, sino organización y movili- zación con alternativas de indignación moral, políticas públicas y planeación desde abajo.

Otrosí

Hay que celebrar el triunfo contundente por la vida, el agua y el medio ambiente en Ca- jamarca (Tolima). Es un ejemplo a seguir en todo el país. El triunfo en la consulta es el resultado de una larga y paciente moviliza- ción de las gentes, no solo en Cajamarca, sino en Ibagué y otros municipios del Tolima, en la que se destaca la realización de la marcha carnaval durante 7 años consecutivos. Ahora hay que defender la legitimidad de la consulta contra las maniobras de la multinacional y del Gobierno, cada vez más desprestigiado, de Juan Manuel Santos.

6 Astrid Ulloa. “Geopolíticas del desarrollo y la con- frontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina”.

En: Gobel, Barbara y Ulloa, Astrid (eds.). Extractivis- mo minero en Colombia y América Latina. Bogotá: Uni- versidad Nacional de Colombia/Berlín: Ibero-Ame- rikanisches Institut, 2014. p. 453.

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