BALANCE DE LA REFORMA ENERGÉTICA

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IMEDIA opera La Oficina de Javier García Breva www.tendenciasenenergia.es

2 BALANCE DE LA REFORMA ENERGÉTICA 2012-2014

1- La reforma energética pendiente

2- La credibilidad de la reforma energética

3- Un primer balance de la reforma energética

4- Una política energética anticíclica

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3 RESUMEN EJECUTIVO

En todo el mundo se está perfilando un cambio en los mercados y modelos de negocio hacia

un incremento de la inversión renovable a través de la generación descentralizada y

autosuficiente. Los propios documentos de la Unión Europea reflejan cómo la producción

renovable reduce los precios de la energía en los mercados mayoristas y cómo el liderazgo

europeo va a depender de la innovación en las tecnologías de micro-generación y

almacenamiento. Por este motivo, su desarrollo será fundamental para la economía y el

empleo.

La reforma energética ha frenado estos cambios trascendentales y el balance desde 2012 se

resume en que no ha mejorado la sostenibilidad económica ni ambiental del sistema,

aumentando la incertidumbre sobre el modelo energético para el futuro. Falta una estrategia

energética a largo plazo vinculada a la recuperación económica que afronte como principales

prioridades la reducción de la dependencia energética, la eficiencia energética y la eliminación

de las emisiones de CO2.

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Reindustrializar España es un mensaje repetido por el Ministerio de Industria para mejorar la competitividad de las empresas españolas. En materia de energía, el plan de Industria pretende reducir los costes energéticos a través de medidas concretas como mejorar las interconexiones de gas y electricidad, completar la reforma eléctrica aumentando la transparencia de los mercados, la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el apoyo a la exploración y explotación de gas no convencional, tarifas eléctricas basadas en el precio horario del mercado y la generación distribuida. Esta pretensión no se corresponde en nada con la reforma energética que no va a contribuir al objetivo de reindustrializar España sino a encarecer aún más la energía:

Las interconexiones dependen de la voluntad de Europa y el acuerdo del Consejo Europeo de 2002 de alcanzar el 10% de capacidad de interconexión lleva doce años incumplido y ni siquiera se ha alcanzado el 50% del objetivo.

El propio Ministro de Industria ha renunciado a la reforma de la conformación de precios del mercado mayorista en esta legislatura, con lo que se mantendrá la falta de transparencia de los mercados, reconocida por la CNMC al admitir numerosos indicios de anomalías y manipulación.

El Fondo Nacional de Eficiencia Energética se ha creado en el RDL 8/2014, pero queda pendiente para futuras órdenes ministeriales la asignación de los recursos que deberán aportar las empresas que venden energía -eléctricas, gasistas y petroleras- con el ahorro cada año del 1,5% de la facturación a los clientes finales, como obliga la Directiva de eficiencia energética.

Las exploraciones de gas esquisto se están autorizando en contra de las autoridades y poblaciones locales, sin análisis de riesgos ni de costes ni de ordenación del territorio, sin responsabilidades ambientales y sin ninguna certeza sobre las reservas, sus precios y plazos.

La nueva factura eléctrica por horas deja al consumidor indefenso ante la volatilidad del mercado mayorista y traslada automáticamente al recibo de la luz todos los déficits del sistema, tal y como establece la Ley 24/2013 y el borrador de decreto que va a cargar el déficit tarifario de 2013 a los consumidores.

La generación distribuida carece de regulación y obstaculiza al consumidor final la reducción de sus costes energéticos a través del peaje de respaldo al autoconsumo y de la subida del término fijo de potencia en el recibo de la luz.

Estas medidas únicamente pretenden dejar las cosas tal y como están, garantizando la socialización de pérdidas de un sistema eléctrico ajeno a un uso racional de la energía, que es lo único que puede asegurar la competitividad de las empresas. Solo basta compararlas con otras propuestas muy distintas que definen la base de una reindustrialización muy diferente:

El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar un informe en el que reclama a los países una nueva fiscalidad de la energía que haga de la tributación una señal para orientar las inversiones hacia las tecnologías limpias y eficientes y penalizar el uso de los combustibles fósiles. Según Bloomberg, la producción de energía con petróleo, carbón y gas se reducirá del 67% en 2012 al 45% en 2030 por la rebaja de precios de la energía solar y eólica.

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El Gobierno de Francia ha aprobado su proyecto de Ley de Transición Energética en el que propone reducir el consumo de combustibles fósiles un 30% en 15 años, triplicar el consumo de renovables promoviendo la generación descentralizada, un 30% de ventajas fiscales a la eficiencia energética de edificios y un objetivo del 50% de ahorro de energía final en 2050.

La última Comunicación sobre eficiencia energética de Bruselas considera el ahorro de energía una innovación tecnológica que favorece la recuperación económica, el empleo y la seguridad de suministro estableciendo un objetivo del 30% de ahorro energético para 2030. Por cada 1% adicional de ahorro de energía se reducirá un 2,6% las importaciones de gas.

Estas medidas confían la competitividad del sector industrial en la eficiencia energética y en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Por el contrario, la paradoja energética de España es que descendiendo el consumo de energía crece la dependencia, las emisiones de CO2 y la factura de las importaciones energéticas. Ante el hecho objetivo de que una mayor participación de las renovables rebaja los precios de la energía, la única medida efectiva de la reforma reside en frenar la producción y la inversión renovable.

Reducir la dependencia de los combustibles fósiles debería ser el primer objetivo de la política energética, por eso sorprende que en la última década esa propuesta haya sido ignorada por los sucesivos gobiernos. Cuando ahora, sin planificación y sin análisis de riesgos, se autorizan a la industria extractiva exploraciones de hidrocarburos convencionales y no convencionales, se oculta que el verdadero problema de fondo es la urgencia de reducir el consumo de gas y petróleo y que el futuro solo será posible con un modelo energético sin CO2.

La base de la reindustrialización no radica en consumir más hidrocarburos sino en asociarla a la innovación energética y las nuevas especializaciones productivas que representan la generación descentralizada y renovable, el autoconsumo y la eficiencia energética. Son la competitividad del futuro al ser las únicas fuentes disponibles y rentables para reducir la dependencia energética. El crecimiento sostenido de la economía y los nuevos modelos de negocio de futuro van vinculados necesariamente a la autosuficiencia energética. Es la reforma pendiente.

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Desde el inicio de la reforma energética, en enero de 2012, las opiniones del Ministerio de Industria sobre el déficit de la tarifa eléctrica han sido contradictorias, como se puede comprobar en las hemerotecas. El único objetivo era acabar con el desequilibrio entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico de manera definitiva, como anunció la Vicepresidenta del Gobierno. La realidad es que en 2014, el déficit tarifario ya va por 3.332 M€, con un crecimiento mensual del 24% y superior al de 2013. El Ministro de Industria ha dicho que a final de año ese déficit desaparecerá. Lo mismo dijo en 2013 y terminó el año con un déficit de 3.600 M€.

Después de responsabilizar a las renovables de todos los males del sistema, en diciembre de 2013, la subasta (Cesur) que fijaba el precio de la electricidad aclaró la verdadera razón de las subidas de la luz y el propio Ministro de Industria no dudó en lanzar la sospecha de una manipulación de los precios que encarecían la electricidad. En julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reconocido las numerosas anomalías de la subasta que hubieran supuesto mayores ingresos a las eléctricas por 400 M€, y así ha justificado su anulación. Pero no menciona las anteriores subastas que desde 2009 han permitido unos ingresos extra de 1.400 M€ cobrados a los consumidores y que nadie les va a devolver. La misma CNMC, al archivar en julio el expediente abierto a las eléctricas por las anomalías en los precios de 2011 y 2012 mediante la desconexión de centrales térmicas, concluye de forma inquietante que “pese a la existencia de indicios de que existió una manipulación fraudulenta del mercado, no resulta demostrada con claridad la intención de manipular el precio”.

Todas las previsiones han adelantado subidas de la luz, incluso desde el sector eléctrico se ha declarado que no deberían repetirse las bajadas del primer trimestre, mientras el Ministro de Industria ha insistido en que la luz bajará en 2014 y que gracias a la reforma los consumidores se han ahorrado 15.000 M€. Lo que no aclara es a dónde ha ido tanto dinero si, como dice la CNMC, el déficit en 2014 sigue creciendo. La realidad es que el precio de la luz en el mercado mayorista ha subido en el tercer trimestre y que el Ministro ha renunciado a reformar el mercado mayorista. La solución que se ha adoptado para eliminar el déficit de tarifa en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, en el RDL 8/2014, que incluye la reforma gasista, y el RD 413/2014 de renovables, consiste en cargar al consumidor los desequilibrios que se produzcan con subidas automáticas de los peajes, frenar la producción renovable, recortar su retribución retroactivamente e impedir el acceso de los consumidores a la reducción de sus costes energéticos a través de los peajes y la subida del término de potencia en el recibo de la luz. Con menos renovables y sin eficiencia energética, la tendencia de los precios en el mercado mayorista será al alza y el déficit desaparece porque se traslada a la factura del cliente.

Garantizar los ingresos del sistema cargando los desequilibrios al consumidor final es el resultado práctico de unas medidas recaudatorias que no reforman el sistema eléctrico sino que lo sumen en el riesgo regulatorio. El déficit sigue creciendo y España se ha convertido en líder mundial en litigios en los tribunales de arbitraje.

Solo este verano, y sin transparencia alguna, se han tomado decisiones que cargan al consumidor más de 6.000 M€: déficit acumulado hasta 2014 de 800 M€ de la tarifa del gas y déficits futuros como el de Castor de 1.400 M€, recargo de 164 M€ para pagar el Laudo arbitral por subidas del precio del gas argelino, déficit de 3.600 M€ de la tarifa eléctrica de 2013 y la no modificación del mercado mayorista que augura futuras subidas de la luz.

La sostenibilidad económica del sistema seguirá siendo un problema, como la falta de credibilidad de la reforma energética.

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7 3. UN PRIMER BALANCE DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Los tres años de reforma energética ininterrumpida bien merecen un análisis en relación a los objetivos que proponía alcanzar. El Informe 2013 del Observatorio de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad

de la Universidad Pontificia de Comillas es un texto de lectura recomendable para una primera

aproximación.

Los indicadores del informe sobre datos de 2012 señalan que con una caída del consumo final de un 5,4% se produjo un aumento de la intensidad energética primaria por un aumento del petróleo y el carbón en el sistema. La consecuencia es un crecimiento del 6,6% de las emisiones de CO2 y de la dependencia energética hasta el 86%, incrementando la factura de las importaciones energéticas y nuestra distancia sobre Europa en estos indicadores. Los datos confirman la estabilidad de las renovables, sobre 2011, que han supuesto el 10% de la energía primaria y un 31% de la generación eléctrica. Esta estabilidad se ha transformado en estancamiento en los años posteriores al haberse reducido un 96% la inversión renovable.

Los precios finales de la energía se incrementaron un 10% para los hogares y un 7% para la industria y los precios de la electricidad continúan superando la media europea. Los precios del gas también subieron por encima de la media europea para los hogares.

La norma central de la reforma ha sido la Ley 24/2013 del sector eléctrico con el único objetivo de eliminar el déficit de tarifa. Sin embargo, “la Ley no establece el mecanismo fundamental e imprescindible

para terminar con el déficit de la tarifa eléctrica: que la tarifa se calcule transparentemente a partir de todos los costes y precios previstos del sistema y que no se fije por el Gobierno. Así, al no garantizar la eliminación del déficit, no es de extrañar que de nuevo 2013 haya terminado con un déficit superior al previsto”. Posteriormente, en julio de 2014, se ha aprobado el RDL 8/2014 que incluye la primera parte

de la reforma gasista que establece el mismo criterio de cargar automáticamente a los peajes los desequilibrios del sistema gasista.

El RD 413/2014 de renovables “reduce la retribución garantizada por anteriores normativas a las

instalaciones existentes y desincentiva claramente la nueva inversión”. Las nuevas órdenes de tarifas

hacen que la mayor parte de los costes que pagan los consumidores sea a través de la potencia contratada, lo que no favorece la gestión de la demanda, el autoconsumo o la generación renovable con fotovoltaica en los edificios. Según otro estudio del Observatorio de Energía de la Fundación Repsol, se confirma que las mejoras en eficiencia energética se vinculan a la recesión económica y a la mayor generación renovable, pero aun así España se encuentra nueve puntos por debajo de la media europea en eficiencia energética.

La conclusión es que la reforma ha supuesto un retroceso en la sostenibilidad del modelo energético español y que la verdadera reforma que permita precios competitivos y respeto por el medio ambiente sigue pendiente. Como afirma el Observatorio de Energía y Sostenibilidad de la cátedra BP, “la reforma

pone de manifiesto la falta de dirección en un proceso de transición energética, no disipando las dudas sobre el modelo energético de futuro, pues la reforma no menciona el tema, que sigue permanentemente ignorado por los sucesivosgobiernos”.

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El informe de la Cátedra BP de la Universidad Pontifica de Comillas confirma que la reforma energética consagra la inseguridad jurídica, la falta de transparencia y la improvisación de las políticas energéticas, reclamando la necesidad de “un compromiso en materia de energía, basado en la credibilidad

regulatoria y en una visión de futuro compartida y sostenible del modelo energético español”. El cambio

de modelo solo será posible con “masivas inversiones de capital privado en tecnologías limpias, que

solamente tendrán lugar si los inversores perciben unas señales económicas fuertes con perspectiva de estabilidad, compromiso político y una tradición de respeto al estado de derecho”.

Los datos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aportado sobre 2014 confirman estas tendencias: el déficit tarifario continúa creciendo en 2014 a mayor ritmo que en 2013 y tanto la demanda como los ingresos por peajes siguen reduciéndose por debajo de las previsiones. La volatilidad del mercado mayorista ha hecho que los precios de la electricidad hayan crecido un 64% del primer al tercer trimestre; solo en julio la subida ha sido del 17,8% y las declaraciones del Ministro de Industria en las que aplaza la reforma del mercado mayorista deja a los consumidores indefensos ante futuras variaciones del pool.

La conclusión es que la reforma no ha mejorado en nada las condiciones de sostenibilidad económica y ambiental del sistema eléctrico. Los males se agravan: más déficit tarifario en el gas y la luz, más dependencia energética, más intensidad energética, más emisiones de CO2, más riesgo regulatorio, más incertidumbre, más volatilidad de los precios con una persistente caída de la demanda y colapso de las renovables, a pesar de que en 2013 y 2014 han rebajado el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La metodología de las tarifas de la luz y el gas las convierte en un sistema de socialización de pérdidas, como se acaba de ver en el RDL 13/2014 sobre la indemnización por el almacenamiento gasista de Castor.

La reforma mantiene el mecanismo iniciado en 2002 del déficit de tarifa y el método de conformación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas para un mix sin renovables y solo ha pretendido asegurar la recaudación de los ingresos del sistema a través de los peajes que pagan los consumidores y los recortes retroactivos a las renovables. El inmovilismo eléctrico deja todo pendiente para un futuro incierto y desconocido.

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Si fuera cierto que los consumidores se han ahorrado 15.000 M€ gracias a la reforma energética y que el año 2014 terminará sin déficit de tarifa, como ha declarado el Ministro de Industria, cabría pensar dos cosas, o que el sistema eléctrico habría generado multimillonarios beneficios en los años anteriores o que está al borde de la ruina por tan notable descenso de ingresos. En el primer caso sería urgente exigir una investigación y en el segundo, poner bajo sospecha las afirmaciones oficiales en un escenario en el que los precios de la energía contribuyen a la pérdida de renta de los hogares.

Si nos atenemos a la Ley 24/2013 del sector eléctrico, el mecanismo que se ha establecido para la eliminación del déficit de la tarifa eléctrica consiste en trasladar a los peajes de forma automática cualquier desviación entre costes e ingresos y si ello no fuera suficiente, a los presupuestos del Estado. Para garantizar que los ingresos por peajes financian el sistema, se ha elevado el término de potencia en el recibo de la luz y levantado barreras económicas y regulatorias al autoconsumo fotovoltaico y al ahorro energético. Posteriormente, el RDL 8/2014 ha establecido los primeros pasos para atajar el déficit acumulado de 800 M€ en la tarifa del gas y los déficits a partir de 2015 con el mismo criterio de subidas automáticas de peajes y se va a aprobar un nuevo decreto para cargar a los consumidores el déficit de la tarifa eléctrica de 2013.

El supuesto éxito de la reforma eléctrica es en realidad un método de socialización de pérdidas del sistema eléctrico y gasista que se trasladan automáticamente al consumidor y al contribuyente. Los ahorros son puro espejismo desde el momento que se deja al consumidor sin ninguna protección ante la volatilidad de los precios en el mercado mayorista, justo el que el Ministro de Industria ha declarado que no va a reformar en esta legislatura.

Los malos ratios del actual modelo energético persisten: más dependencia energética de los combustibles fósiles, más emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica, más intensidad energética comparada con Europa, más déficit en las tarifas de la luz y el gas y más pérdida de soberanía en las decisiones corporativas como se ha comprobado en el desmantelamiento de Endesa por Enel. La reforma energética es una reforma pro-cíclica que no se ha planteado para asentar un cambio en la base tecnológica e industrial de la economía sobre la que impulsar el crecimiento, con fuentes más baratas y autóctonas, sino para garantizar únicamente los ingresos de un sistema energético tradicional, sostenido en una permanente pérdida de renta nacional, por el mayor coste de las importaciones de hidrocarburos, y de renta disponible por los precios de la energía.

La política energética poco ha contribuido a superar la crisis económica y mucho a mantener las barreras que impiden la transformación del modelo energético como instrumento de innovación y reactivación económica. La falta de transparencia del mercado mayorista, el freno impuesto a la energía solar, a la eólica y al autoconsumo, la falta de una auditoría de costes del sistema energético y los escasos avances en la desagregación vertical de las empresas han sido factores que han elevado los costes energéticos a numerosos sectores de la economía. El único diagnóstico, repetido hasta la saciedad, de que las renovables eran las culpables de todo se ha demostrado falso; por el contrario, después de cinco años de recortes y freno a la inversión renovable, la incertidumbre y la inseguridad no han desaparecido del escenario energético.

El tiempo no se ha detenido y frente al inmovilismo de una regulación energética diseñada hace décadas para un mix basado en los combustibles fósiles y la energía nuclear, en el mundo se va perfilando un cambio en la orientación de los mercados y de los modelos de negocio hacia un incremento sostenido de la inversión renovable y de una cuota creciente en la innovación que supone la generación descentralizada y autosuficiente. Un modelo energético descentralizado con renovables es más rentable y eficiente que el mix convencional basado en los elevados costes de los hidrocarburos y de la seguridad nuclear.

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El incremento de la generación renovable está produciendo efectos demoledores en el sector convencional- antes llamado régimen ordinario- por su impacto en la reducción de precios en el mercado mayorista. Las cuentas del gas ya no salen, como las del carbón o la nuclear con los nuevos estándares de seguridad post-Fukushima. La mejora de la competitividad de las tecnologías solar y eólica avanza en paralelo con la pérdida de rentabilidad de las fuentes convencionales. Una auténtica transición energética global está en marcha a través de la innovación en las tecnologías de generación, microgeneración y almacenamiento. ¿Por qué la reforma energética se ha posicionado en contra de esta transformación energética y ha decidido frenarla en España?

Es preciso rectificar y convertir la política energética en un instrumento de reactivación económica a través de la autosuficiencia energética vinculada al desarrollo de la industria y la reducción de los costes energéticos a empresas y hogares. La energía ha de convertirse en el instrumento de política económica anticíclica más importante. El escenario descrito por Bloomberg para 2030 es que el 70% de las nuevas instalaciones de generación serán renovables, la fotovoltaica reducirá sus costes más de un 50% y la inversión renovable crecerá un 230% hasta los 428.000 M€, mientras descenderá la generación con gas, carbón y petróleo al 45%. PW&C prevé para 2030 que el 20% de la generación mundial sea de origen descentralizado por la mejora de la competitividad fotovoltaica.

Permanecer ajenos a esta revolución de la innovación energética es el preludio de una futura crisis energética que se está gestando en la actual crisis económica. La recuperación de la economía y del empleo requiere que se avance en la transición de un modelo energético centralizado y vertical a otro descentralizado y distribuido, orientado a la demanda. Se necesita contar con una estrategia energética a largo plazo con tres prioridades: reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles, mejorar la intensidad energética para la producción de nuestros bienes y servicios y eliminar las emisiones de CO2.

Hay dos razones para impulsar este cambio: la rentabilidad de la transición energética por lo que representan sus externalidades positivas para la economía y los ciudadanos sobre el modelo convencional y la aparición de un nuevo perfil de consumidor, a la vez generador y parte activa de la gestión de la demanda. Olvidar estas dos razones es la mayor debilidad de la reforma energética.

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La Oficina de Javier García Breva, operada por imedia press & market IPM,

nace para impulsar el uso racional de la energía y la eficiencia energética como claves para mejorar competitividad de la economía española. Entre sus actividades destacan los Executive Briefings, puntos de encuentro del sector energético donde se debaten los temas de mayor actualidad e interés vinculados a un cambio de modelo energético más sostenible y eficiente. Javier García Breva es Presidente de la Coalición Empresarial N2E y experto en políticas energéticas. En la actualidad, desarrolla su actividad profesional desde La Oficina de JGB asesorando en los campos de energía en edificación, seguridad jurídica en renovables y proyectos integrales de eficiencia energética. Se puede seguir la extensa actividad de Javier García Breva en: www.tendenciasenenergia.es

IPM es una iniciativa de IMEDIA, consultora de comunicación especializada en Tecnología y Energía: www.imediapr.es