Las pensiones alimenticias y su desigualdad en el pago del décimo cuarto sueldo

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Texto completo

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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”

PORTADA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

TEMA: "LAS PENSIONES ALIMENTICIAS Y SU DESIGUALDAD EN EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO”

AUTORA: BARROS RUILOVA LIBIA GERMANIA

TUTOR: MANTILLA MUÑOZ FRANCISCO ALEJANDRO, MSc.

PUYO–ECUADOR

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APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE:

El presente Trabajo de Titulación realizado por la señora BARROS RUILOVA LIBIA GERMANIA, estudiante de la Carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, con el tema " LAS PENSIONES ALIMENTICIAS Y SU DESIGUALDAD EN EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO”, ha sido prolijamente revisado, y

cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, por lo que apruebe su presentación.

Puyo, Abril 2018

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APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

El tribunal de Grado, aprueba el proyecto de titulación, sobre el tema: “LAS PENSIONES ALIMENTICIAS Y SU DESIGUALDAD EN EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO”, elaborado por la Srta. Libia Germania Barros Ruilova, por modalidad de Proyecto de Investigación estructurado de manera independiente, y la defensa de grado guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias de la Universidad Autónoma de los Andes UNIANDES, Facultad de Jurisprudencia.

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DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, BARROS RUILOVA LIBIA GERMANIA, estudiante de la Carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del título de ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, son absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.

Declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: la propiedad intelectual sobre las Investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultorías que se realicen en la Universidad o por cuenta de ella.

Puyo, abril 2018

Srta. BARROS RUILOVA LIBIA GERMANIA

CI. 0105603450

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DEDICATORIA

Dios, por darme la oportunidad de vivir con salud y por su amor, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte.

A mi madre Bertha y mi padre Manuel, Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, por su amor.

A mis hermanos Walter, Lourdes, Irma Mesías, Claudio, Javier. Por haberme apoyado en los momentos difíciles, por el amor y amistad que me han dado cada uno de ustedes, por haberme inspirado a ser mejor, y sobre todo a no perder nuestra esencia que nos caracteriza.

A mi sobrina y ahijada Thais, por ser mi motivación, por el amor, ternura y alegría. A mis sobrinos Anthony, Ián, Jennifer, Valeria y demás; para que vean en mí un ejemplo a seguir.

A mi mejor amiga Juliana, Por haber compartido esta etapa universitaria, por ser mi apoyo incondicional, por la lealtad, confianza, y amor.

A mis amigos que en el momento indicado me apoyaron.

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AGRADECIEMIENTO

En primer lugar, quiero dar las gracias a Dios quien con su magnificencia me ha brindado la vida y la sabiduría para poder llevar a cabo a este trabajo.

A la universidad UNIANDES quien me acogió por todo este tiempo académico brindándome la oportunidad de superarme y romper las barreras de edad y de esta forma seguir siendo un ente productivo a la sociedad.

A mis estimados docentes quienes me brindaron todo el conocimiento que se necesita para poder culminar mi carrera.

A mis compañeras y compañeros con quienes en el aula hemos compartido la fortuna de aprender, superarnos y crear estrechos lazos de amistad y así cada día ser personas de bien para la sociedad y para el bienestar de nuestros hogares.

Y un agradecimiento especial, a mi Madre quien ha estado junto a mí en todos los momentos desde que me dio la vida

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RESUMEN

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los progenitores, representa un derecho intrínseco de los niños y adolescentes. Se ha detectado la desigualdad en el pago del décimo cuarto sueldo, siendo la causa el vacío legal en la norma. Por esta razón, el presente trabajo investigativo pretendió solucionar la problemática existente a través de un proyecto de ley reformatorio al Código de la Niñez y Adolescencia sobre el pago adicional al décimo cuarto sueldo en demandas de alimentos que garanticen los derechos del alimentante.

Para el desarrollo de la presente propuesta se investigó los derechos, principios y garantías consagrados en la constitución de la Republica de Ecuador, los Tratados Internacionales del alimentado y alimentante. El artículo 16 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que el pago por cada decimo corresponde a otro monto igual al de la pensión establecida, y el art.113 del Código del Trabajo tipifica que el trabajador recibe el décimo cuarto sueldo que consiste en un salario básico unificado del trabajador; la norma no es igual, porque el alimentante no tendría la cantidad de dinero que le correspondería pagar y el alimentado lo que le correspondería recibir de acuerdo a la ley.

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ABSTRACT

Providing food is parents’ obligation, it represents an inherent children and adolescents’ right. Inequality has been detected in the payment of14th salary, being the principal cause of the legal lack in the standard. For this reason, research work intended to solve the existing problem through a reformatory project to Childhood and Adolescence Code on additional payment to the fourteenth salary in trials for food that it guarantees obligors’ rights.

For developing of proposal was investigated to the rights, principles and guarantees enshrined in the Constitution of Ecuador Republic, international Treaties of fed and obligor. Article 16 of Childhood and Adolescence Code establishes that payment for each tenth salary corresponds to the amount of pension that it is established, and article 113 of Labor Code defines that worker receives 14th salary that consists of an unified basic of worker; the norm is not same, because obligor does not have the amount of money that it would be paid and the fed what would receive according to the law.

Finally, present reformatory law to Children and Adolescents ‘Code was conducted according to obligors’ reality to ensure the rights, principles and constitutional guarantees.

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ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO

Pág.

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA

APROBACIÓN DL TRIBUNAL

APROBACIÓN DL TRIBUNAL

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN 1

Actualidad e importancia 1

CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 16

1.1. Antecedentes de la investigación. 16

1.2. Actualidad del objeto de estudio 16

1.3. Principales conceptos 17

1.3.1 Nociones elementales sobre el derecho 17

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1.3.2.1 Naturaleza jurídica 20

1.3.3. El derecho de alimentos 20

1.3.4 Pensión alimenticia 23

1.3.5 Alimentos judiciales 24

1.3.6. La protección integral 25

1.3.7 El interés superior del niño 27

1.3.8 Medidas cautelares que aseguran el cumplimiento de las pensiones alimenticias

29

1.3.9 Principio Constitucional de igualdad 30

1.3.10 El principio de supervivencia, desarrollo y moralidad 31

1.3.11 Titulares del Derecho de alimentos 32

1..3.12 Décimo Cuarto Sueldo en el Ecuador 32

1.4 Actualidad de la temática en el contexto nacional 34

1.5 Realidad ecuatoriana del sector donde se desarrollará el proyecto 36

CAPITULO II. DISEÑO METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO 47

2.1 Paradigma y tipo de investigación 47

2.1.1 Paradigma 47

2.1.2 Modalidad y tipo de investigación, según la finalidad y el objetivo

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2.2. Procedimiento para la búsqueda y procesamiento de datos 49

2.2.1. Población 49

2.2.2. Muestra 49

2.2.3 Plan de recolección de la información 50

2.2.3.1. Tipo de investigación 52

2.2.3.2. Métodos 52

2.2.3.3. Técnicas 53

2.2.3.4. Instrumentos 53

2.2.3.5. Procedimientos 54

2.3. Resultados del diagnóstico de la situación actual 54

2.3.1. Análisis e interpretación de resultados 56

CAPITULO III. DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 67

3.1. Nombre de la propuesta 67

3.2. Objetivos 67

3.3. Explicación de cómo la propuesta contribuye a solucionar las insuficiencias identificadas en el diagnóstico

67

3.4. Aplicación práctica parcial o total de la propuesta 68

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ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1 Árbol de problema 13

Figura 2 Conocimiento sobre alimentos 57

Figura 3 Principio de igualdad de alimentos 58

Figura 4 Conocimiento del principio de equidad 59

Figura 5 Cumplimiento de igualdad 60

Figura 6 Afectación al alimentante 61

Figura 7 Cumplimiento de la Constitución 62

Figura 8 Fijación de pensiones 63

Figura 9 Parámetros para fijación de pensiones 64

Figura 10 Igualdad de derechos 65

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INDICE DE CUADROS

Pág.

Tabla 1 Base de datos normativa 44

Tabla 2 Tabulación del resultado de las encuestas 56

Tabla 3 Conocimiento sobre alimentos 57

Tabla 4 Principio de igualdad de alimentos 58

Tabla 5 Conocimiento del principio de equidad 59

Tabla 6 Cumplimiento de igualdad 60

Tabla 7 Afectación al alimentante 61

Tabla 8 Cumplimiento de la Constitución 62

Tabla 9 Fijación de pensiones 63

Tabla 10 Parámetros para fijación de pensiones 64

Tabla 11 Igualdad de derechos 65

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INTRODUCCIÓN

Actualidad e importancia

El derecho de alimentación es considerado un derecho humano de vital importancia, garantizando de esta forma al ser humano un nivel de vida digna y adecuada. El derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes es un derecho de importancia indiscutible, no solo a nivel local, sino también, y con mayor énfasis inclusive, en la legislación y la jurisprudencia internacional.

Albán Escobar (2006) sobre el tema expuso:

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños/as y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que, además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción.

En Ecuador se ha profundizado y fortalecido a nivel jurisprudencial, el principio del interés superior del niño, de ahí que en la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449, del 20 de octubre de 2008, dispone expresamente el atender el principio del interés superior del niño, en su artículo 44, inciso primero, es decir, que los niños, niñas y adolescentes poseen una protección especial y reforzada.

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial #737 del 03 de enero del 2003, con última modificación de 22 de mayo del 2016, ha establecido los mecanismos jurídicos procesales para la satisfacción de aquel derecho del alimentado y el cumplimiento por parte del alimentante.

Actualidad e importancia

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Los ciudadanos gozamos de los derechos establecidos en la Constitución, y en relación con el tema debemos analizar lo que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia para garantizar los derechos tanto del alimentante como para el alimentado.

Buscando igualdad se estaría respetando los derechos de ambas partes, ya que debemos analizar la realidad económica que tenga el demandado, por este tema no queremos deslindar las obligaciones que tienen los padres con sus hijos, sino todo lo contrario es seguir manteniendo el lazo afectivo que debe existir padre e hijo, que por temas económicos se están dañando.

El Estado reconoce y protege a la familia ya que es la célula fundamental de la sociedad, y enfocando nuestro análisis en el tema del pago adicional en la pensión alimenticia es con el fin de generar cambios que ayuden al desarrollo fundamental del procedimiento jurídico ya que se mantendrá protegidos los derechos de ambas partes sin dejar de indicar que el privilegio para el estado es por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es primordial analizar y consecuentemente entender la emanación de normas que regulan lo referente al derecho de alimentos y a la fijación de pensiones al amparo del principio de “Interés Superior del Niño” que presupone que bajo este principio los derechos que conlleva y no solo el derecho de alimentos, tienen supremacía sobre el resto de derechos de las demás personas e inclusive de los demás derecho habientes que pertenecen a un mismo grupo vulnerable y de atención prioritaria.

Así como para coadyuvar en el estudio y entendimiento de la normativa interna de nuestro país. Es de suma importancia el estudio de cómo se lo entiende, reconoce y garantiza al derecho de alimentos, su distribución y beneficios en lo referente a lo económico que presentan otras legislaciones, el aseguramiento del cumplimiento de la obligación, sin olvidarnos del tratamiento que tiene este Derecho en los Tratados e Instrumentos Internacionales, los efectos que tienen en nuestro sistema jurídico y principalmente la afectación que tiene en derechos constitucionales ante la aplicación de normas que generan vacíos legales.

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distribución del ingreso del alimentante para la fijación de pensiones alimenticias sea equitativo, con lo cual se beneficiará a un alto índice de la población del país.

Descripción de la evolución internacional de los derechos de la infancia

Los niños fueron considerados a través de la historia como una propiedad de sus padres, por lo que no tenían reconocidos ningún tipo de derechos ni libertades con estatuto legal propio. Esta falta de identidad social y legal del niño llegó hasta los primeros años del siglo XX en el que tanto los tratadistas como las sociedades de las naciones más punteras empezaron a señalar la necesidad de que existiesen unos códigos de derechos específicos para el niño, y que les contemplasen una protección especial.

Los inicios de la idea de crear una carta de derechos de la infancia que propiciase una conciencia colectiva en las sociedades de los diferentes Estados del mundo y que provocase la transformación de sus costumbres y leyes tuvieron lugar en el año 1913. Esta propuesta trató de materializarse a través de una asociación internacional que debería difundirlos y defenderlos, pero el estallido de la 1ª Guerra Mundial hizo que no llegase a germinar ninguna entidad de esta naturaleza. Al acabar la guerra, las circunstancias dramáticas en las que ya vivía la infancia anteriormente se vieron aún más agravadas. Con la Declaración de los Derechos del Niño, los hombres y mujeres de todos los países reconocen que la Humanidad debe dar al niño lo mejor que tiene; afirmando sus deberes al margen de toda consideración de raza, nacionalidad y creencia:

I. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse de un modo normal, material y espiritualmente.

II. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser asistido; el retrasado debe ser estimulado; el desviado debe ser conducido; el huérfano y abandonado deben ser recogidos y socorridos.

III. EL niño debe ser el primero en recibir socorros en épocas de calamidad. IV. EL niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y ser protegido

contra cualquier explotación.

V. El niño debe ser educado en el sentimiento de que sus mejores cualidades deberán ponerlas al servicio de sus hermanos.

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noviembre al nacimiento de la organización que se ocuparía de aproximar las relaciones solidarias entre los pueblos del mundo a través de la ciencia, la educación y la cultura, y que recibió el nombre de UNESCO, y promovió la creación el 11 de diciembre de una sección dedicada expresamente a la atención de la infancia: la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

La Declaración Universal de Derechos del Niño comprende diez principios de carácter no vinculante para los Estados firmantes. No obstante, algunos países la ratificarían desde sus parlamentos nacionales, reconociéndola como ley de obligado cumplimiento dentro de su territorio, como fue el caso, por ejemplo, de Guatemala o Bolivia.

Sin embargo, hay que reconocerle como uno de sus méritos más importantes el de convertirse para todos los países en una referencia doctrinal internacional común sobre la que poder elaborar su propia legislación nacional en referencia a los niños. Un breve resumen de los principios de la Declaración podría ser el siguiente:

 Principio 1: Derecho a la igualdad.

 Principio 2: Derecho a una protección especial para su desarrollo integral en condiciones de libertad y dignidad, y de que, al promulgar leyes, estas atenderán a su superior interés.

 Principio 3: Derecho a un nombre y a una nacionalidad.

 Principio 4: Derecho a la alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos.  Principio 5: Derecho a la educación y cuidados especiales de los niños con

dificultades físicas o psíquicas.

 Principio 6: Derecho a crecer al amparo de su familia, en un clima de afecto y seguridad moral y material. Las autoridades opinarán de los niños sin familias.  Principio 7: Derecho a la educación y al juego.

 Principio 8: Derecho a ser el primero en recibir auxilio.  Principio 9: Derecho a no ser maltratado ni explotado.

 Principio 10: Derecho a no ser discriminado, vivir en paz, tolerancia y comprensión.

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Este compromiso de legalizar el interés del niño es un hito importante dentro de la consideración de la infancia, ya que se pone en evidencia que el niño puede ser sujeto de derechos particulares que le afectan y a los que debe dárseles prioridad sobre los derechos, también legítimos y concurrentes, de los adultos.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 y vigente desde 1990, proclama en su Preámbulo que la infancia tiene derecho a cuidados especiales, y reconoce que los niños y las niñas deben crecer en un ámbito de felicidad, amor y comprensión. Los alumnos conocerán en esta secuencia, cuáles son los derechos que tienen en tanto niños (la Convención considera que las personas son “niños” hasta los 18 años).

El camino hacia la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido largo y lento. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas estableció las bases de la Convención al exhortar a todos los países a promover y alentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales "para todos". La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada tres años después, y en ella se hizo un mayor hincapié en que "la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales " y se definió a la familia como "el elemento natural y fundamental de la sociedad”. Durante el siglo XX se aprobaron varias Declaraciones de los Derechos del Niño, la última de ellas en 1959, donde se reconocía que "la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle".

Las declaraciones son manifiestos con intención moral y ética, pero no son instrumentos jurídicamente vinculantes. El marco internacional de derechos humanos se fortaleció por tanto para que contara con pactos (o Convenciones) que tuvieran todo el peso de la ley internacional. En 1986, los primeros dos pactos —el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales— se convirtieron en instrumentos vinculantes para los Estados parte. Estos dos Pactos se basaron en los derechos y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y como tales supusieron una obligación jurídica y moral para que los países respetaran los derechos humanos de todos los individuos.

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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un grupo de trabajo de las Naciones Unidas revisó el borrador, y llegó finalmente a un acuerdo sobre lo que se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La aprobación final de los Estados miembros de las Naciones Unidas se produjo después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara unánimemente el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. La Convención se transformó en un documento jurídicamente vinculante en septiembre de 1990, después de su ratificación por 20 Estados. Muchos países ratificaron la Convención poco después de su aprobación y otros la han ratificado o se han adherido a ella posteriormente, hasta convertirla en el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. Casi todos los Estados forman parte del tratado ahora. Los Estados Unidos y Somalia todavía no han ratificado la Convención, pero la han firmado, una medida que denota su apoyo.

La Convención de los Derechos del Niño (1989) se ha convertido en el instrumento internacional de mayor aceptación en el mundo, siendo ratificado hasta la actualidad por 192 países excluyéndose solamente Estados Unidos y Somalia. Nuestro país fue el tercero a nivel mundial y primero a nivel de Latinoamérica en reconocerlo, ratificándolo en septiembre de 1990.

En su Art. 1 define como niño/a a “todo ser humano menor de 18 años de edad, a menos que en virtud de la ley que le sea aplicable, alcance la mayoría de edad”, delimitando de esta forma un umbral para diferenciar la niñez de la adultez.

Esta Convención está marcada por dos ideas fundamentales:

a) La consideración de los niños/ niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, merecedores de respeto, dignidad y libertad, abandonando la concepción de niño como objeto pasivo de la intervención del Estado, la familia y la sociedad; y

b) El reconocimiento de los niños como personas que necesitan de cuidados especiales en atención a su condición de desarrollo, en consecuencia además de poseer todos los derechos que disfrutan los adultos, les son atribuidos otros propios de su edad.

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1. No discriminación; mediante el cual todos los niños sin distinción deben tener la misma oportunidad de disfrutar de los derechos estipulados en este documento. 2. Interés superior del niño; en el cual se destaca la consideración especial que se

debe dar a los intereses de los menores por parte de toda entidad pública o privada, tribunales, autoridades competentes, entre otros órganos y personas que deban tomar decisiones que les conciernan.

3. La supervivencia y el desarrollo; en el Art. 6 de la Convención se reconoce el derecho de los niños a la vida, la supervivencia y el desarrollo, imponiendo la adopción de medidas que los garanticen, así como aquellas tendientes a evitar toda acción latente contra la vida humana.

En este marco cobra importancia el derecho a la educación como medio para asegurar el desarrollo pleno y armónico de los mismos, el cual está asociado a los modelos de desarrollo de las naciones por lo que el combate a la pobreza se ha convertido en una de las metas del milenio de las Naciones Unidas.

1. La participación; el Art.12 de la Convención reconoce el derecho del niño/a y adolescente a expresar sus opiniones y puntos de vista en los asuntos que les afecten directamente de acuerdo a su desarrollo y madurez. Esto supone el derecho a formarse un juicio propio, a ser escuchados en todo procedimiento administrativo y/o judicial al que estén sometidos entre otros.

Estos principios orientan el ejercicio de los derechos de la niñez entre los que destaca el derecho a preservar su identidad, a una nacionalidad, a no ser trasladados ni mantenidos ilícitamente en el extranjero, a recibir protección en situaciones de maltrato (punto relevante dentro del abordaje del presente tema); de igual forma se reconocen y protegen los derechos de los niños refugiados.

El Art. 19 establece un compromiso de los estados partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los infantes contra toda forma de maltrato, abuso físico y/o psicológico, descuido o trato negligente, explotación, abuso sexual, mientras se encuentra bajo la custodia de sus padres, representante legal o cualquier persona que tenga a su cargo su cuidado.

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trabajos peligrosos, del trato cruel y degradante; y a impedir cualquier actividad de incitación para que se dediquen a la explotación sexual y a su utilización en la prostitución y pornografía infantiles. A su vez, esta Convención compromete a los Estados a aportar medidas para promover la recuperación física y mental de los menores, víctimas de estos criminales delitos.

Cabe mencionar que en la Convención subyace un principio que trata de equilibrar los derechos y libertades de los menores y la responsabilidad de los padres, tutores y sociedad en general de protegerlos y garantizar su crianza, desarrollo e integridad, por ello en cualquier medida que les concierna se tendrá en cuenta el interés superior del niño como señala el Artículo 3.1 de la misma.

La Convención sobre los Derechos del Niño se basa en la protección integral se relaciona con la necesidad de abarcar todos los ámbitos de vida y desarrollo de los niños, mientras que el interés superior se refiere a que toda intervención que se realice en la vida de los niños tendrá en cuenta prioritariamente el interés de estos chicos, favoreciendo el cumplimiento integral de sus derechos.

La creciente preocupación mundial para generar sociedades más democráticas, equitativas y respetuosas con sus niños/as y adolescentes se ha plasmado en una serie de tratados y convenios para asegurar sus derechos. Ecuador ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo de Palermo (o Reglas de Beijín) y promulgado el Código de la Niñez y Adolescencia; también se creó el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y se formuló el Plan Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.

Problema de investigación

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Los trabajadores en general en el país reciben dos prestaciones adicionales en el año, tal como lo indica la norma de la materia, los mismos que según las reglas del Código de Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de diciembre del 2005, cuya última modificación data del 26 de septiembre del 2012, corresponden al Décimo Tercer Sueldo que es equivalente a un sueldo más del que recibe el trabajador; y, el Décimo Cuarto Sueldo que consiste en un salario básico unificado que para el año 2018, se estableció en la cantidad de USD$ 386,00.

Al analizar la norma indicada en el párrafo precedente, se tiene en cuenta que esta no guarda una igualdad con lo que señala el artículo Innumerado 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se establecen los Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, y que servirán para fijar la prestación de alimentos definitiva en un proceso judicial, en especial en su literal

b), que señala: "Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos".

El décimo cuarto sueldo, de acuerdo al artículo 113 del Código de Trabajo fija como tal el valor correspondiente a un salario mínimo unificado es decir la cantidad 386 dólares para el año 2018: el artículo 16 numeral 2 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia estipula que: “Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagaran en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para el régimen Costa y Galápagos”

La normativa ha regulado fijando unos beneficios adicionales a favor del alimentado, el mismo que exige sus derechos por la vía judicial, la aplicación del numeral dos del articulo innumerado 16 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual ha generado un vacío legal y que genera varios escenarios que no son muy favorables para el alimentante.

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superior a la remuneración básica unificada no debería ser el valor recibido del sueldo que se recibe en el décimo cuarto.

Al analizar la norma por ningún lado es equitativa, lo cual significa que no se está interpretando la ley donde debe ser justa y acorde a la realidad de cada alimentante, más bien es atentatoria de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, Tratados e Instrumentos Internacionales. Es decir, el pago de los décimos tercer sueldo y cuarto sueldo también se deben reflejar en el pago de las pensiones alimenticias.

El Estado quien ha tratado de dar soluciones en beneficio de los menores, ha generado conflictos entre los derechos de igual jerarquía reconocidos en la Constitución, de ahí la importancia de la investigación jurídica, doctrinal y jurisprudencial de la normativa que regula el establecimiento de pensiones alimenticias y beneficios de dos pensiones adicionales, si estas son acorde a la consecución de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

El problema surge cuando la pensión alimenticia sobrepasa el monto fijado como décimo cuarto sueldo a la cantidad que se recibe de acuerdo a la ley; al igual tenor no se toma en cuenta que el alimentante puede tener otros hijos que se quedarían sin este apoyo ya que él o la alimentante no tendrían de donde cubrir la cantidad que, de acuerdo a la ley, les correspondería.

Este escenario conlleva a que se configure ilegal en la aplicación de la normativa de la materia, en virtud de que aquello configura una trasgresión al principio de igualdad, el cual se ha configurado en el derecho ecuatoriano expresamente como un principio de interpretación constitucional, de conformidad a lo señalado en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En ese estado de cosas, surge entonces la necesidad de remediar dicho escenario, y para ese propósito corresponde el análisis de cuáles son las vías o los mecanismos constitucionales de remediación o reparación de la inconstitucionalidad que se ha identificado.

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Al respecto, el CNA tipifica ": Art. 16.- Subsidios y otros beneficios legales. - (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643- S,28- VII- 2009). Además de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su padre y/o madre, los siguientes beneficios adicionales:

1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el demandado;

2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo de la Sierra y en los en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se realizará, aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia; y, 3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de alimentos

por cargas familiares, que deberá prorratearse entre todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga derecho a dichas utilidades.

Los trabajadores en general en el país reciben dos prestaciones adicionales en el año, tal como lo indica la norma de la materia, los mismos que según las reglas del Código de Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de diciembre del 2005, cuya última modificación data del 26 de septiembre del 2012, corresponden al Décimo Tercer Sueldo que es equivalente a un sueldo más del que recibe el trabajador; y, el Décimo Cuarto Sueldo que consiste en un salario básico unificado que para el año 2018, se estableció en la cantidad de USD$ 386,00; al analizar la norma indicada en el párrafo precedente, se tiene en cuenta que esta no guarda igualdad con lo que señala el artículo Innumerado 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se establecen los Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, y que servirán para fijar la prestación de alimentos definitiva en un proceso judicial, en especial en su literal b), que señala: "Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos".

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fundamentales y en esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos.

En consecuencia el principio de igualdad se encuentra afectado al designar un valor al alimentado que ha solicitado su derecho por la vía legal, siendo vulnerada la prueba de igualdad para valorar la constitucionalidad de una medida restrictiva de derechos, con fundamentación en una relación medio- fin, que deberá ser apta, legítima, fidedigna, útil y práctica para obtener los objetivos de beneficios mutuos sin perjuicio a otros involucrados, es decir hijos fuera de esta pareja, si los hubiera. Así mismo afectando al alimentante cuando se designa un valor mayor al percibido.

A partir del año 2008, con la vigencia de la nueva Constitución, el Control Concentrado de Constitucionalidad fue asumido por la Corte Constitucional, refiriéndose a lo indicado en el Art. 428 de la Constitución ecuatoriana, vigente, que señala:

Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. Formulación del problema

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Árbol de problemas.

Figura 1 Árbol de problemas Fuente: Elaboración propia

Lo tipificado en el artículo 16 del CNA, y la contraposición al artículo 11 de la C.R.E. Afectación a hijos fuera

del litigio legal

Incumplimiento en pago

de pensión Conflictos familiares

No hay igualdad Sobre protección No se prevee garantías

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Objetivos de Investigación Objetivo general

Proponer un proyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia sobre el pago adicional (décimo cuarto) en demandas de alimentos que garanticen los derechos del alimentante.

Objetivos específicos

Fundamentar científica y legalmente el presente proyecto de investigación

Conocer el criterio que tienen los Profesionales del Derecho sobre el problema, materia de la investigación.

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Objeto de investigación.

Código de la Niñez y Adolescencia. Campo de Acción

La desigualdad en el pago adicional de las pensiones alimenticias referente al décimo cuarto sueldo.

Identificación de la línea de investigación.

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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 1.1. Antecedentes de la investigación.

La Constitución de la República del Ecuador establece que el País es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos de atención prioritaria donde se ha preocupado en el cumplimiento integral de estos derechos.

El tema del pago adicional en la pensión alimenticia a favor de los menores no es una problemática nueva, se trata de un concepto que viene tolerando los demandados y en este tema buscamos que exista igualdad de derechos actualmente las demandas de alimentos se vienen incrementando cada año.

El Estado reconoce y protege a la familia ya que es la célula fundamental de la sociedad y enfocando muestro análisis en el tema del pago adicional en la pensión alimenticia es con el fin de generar cambios que ayuden al desarrollo fundamental del procedimiento jurídico ya que se mantendrá protegidos los derechos de ambas partes sin dejar de indicar que el privilegio para el estado es por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el año 2008 se aprueba la nueva Constitución de la República del Ecuador, donde se ha pretendido llevar una transformación del aparataje estatal en la que se incluye la Administración de Justicia; en el año 2009 se expide reformar al Código de la Niñez y Adolescencia, llevando a importantes modificaciones en el procedimiento para exigir el pago de las pensiones alimenticias a favor del niño, niña y adolescente, teniendo como principio dentro de los procesos la sencillez, rapidez y eficacia

1.2. Actualidad del objeto de estudio

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En el año 2008 se aprueba la nueva Constitución de la República del Ecuador, donde se ha pretendido llevar una transformación del aparataje estatal en la que se incluye la Administración de Justicia; en el año 2009 se expide reformar al Código de la Niñez y Adolescencia, llevando a importantes modificaciones en el procedimiento para exigir el pago de las pensiones alimenticias a favor del niño, niña y adolescente, teniendo como principio dentro de los procesos la sencillez, rapidez y eficacia.

El Estado quien ha tratado de dar soluciones en beneficio de los menores, ha generado conflictos entre los derechos de igual jerarquía reconocidos en la Constitución, de ahí la importancia de la investigación jurídica, doctrinal y jurisprudencial de la normativa que regula el establecimiento de pensiones alimenticias y beneficios de dos pensiones adicionales, si estas son acorde a la consecución de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Con relación al problema la hipótesis planteada es; que con la correspondiente reforma a la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia que regula lo referido a las pensiones alimenticias adicionales, cesaría la vulneración de los derechos constitucionales de los alimentantes.

En este trabajo de investigación se han planteado dos preguntas básicas: ¿Por qué los beneficios adicionales son desiguales para el alimentante? ¿Si el alimentante recibe en el décimo cuarto la remuneración básica unificada porque debe pagar al menor una pensión más grande de lo que recibe el en su trabajo?

1.3. Principales conceptos

1.3.1. Nociones elementales sobre el Derecho

Así como la naturaleza, para su correcto funcionamiento está imbuida de leyes y reglas que deben cumplirse "sine qua non," so pena de sucumbir sus integrantes por la inobservancia de las mismas; bajo esta misma premisa, dentro de la naturaleza humana, surge el Derecho.

El Derecho es un mundo maravilloso, pero misterioso y complejo a la vez, concepción que difiere de acuerdo a la perspectiva o posición que pueda adoptar el hombre. Desde esta esfera es importante conocer brevemente cómo nace y para qué existe esta noble disciplina.

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solucionarlos; por lo cual, dichas sociedades humanas requirieron de él, para establecer un mejor desenvolvimiento en sus relaciones hasta consolidar modelos de Estado, inclusive.

Al respecto el desaparecido maestro Bossano G. (1985) desde un enfoque sociológico nos enseña, que el hombre es un ser eminentemente sociable (zóon politikon) como tal, es un sujeto de necesidades y que sólo puede satisfacerlas en sociedad.

Continúa el maestro:

Más dentro de la vida y en el afán de satisfacer sus necesidades, el hombre puede invadir esferas ajenas a él y propias de los demás hombres, que también deben perseguir iguales propósitos. Aquello produciría el desequilibrio social y el rompimiento de la estabilidad y convivencia que tienen que prevalecer en las colectividades. Por lo mismo, surge como un imperativo categórico la presencia de una especie de agente que limite la libertad del hombre en el campo de satisfacción de sus apremios, y que por otro lado respalde el ejercicio de sus fines y medios para alcanzar aquéllos. Este elemento sustancial de la vida social no es otro que el DERECHO, que es por un lado, garantía, protección, amparo; y, por otro, freno, límite, valla. La tesis, por consiguiente, tendría que ser lo primero; la antítesis, lo segundo y la síntesis: el derecho convertido en principio motor de la convivencia social.

En el convivir diario de la sociedad, se cruzan y entrelazan diversas posiciones contradictorias e individuales, donde de modo espontáneo surge esta fuerza suprema–el Derecho- necesaria para equilibrar, ponderar dichas posiciones que tiene cada individuo; es decir, existe el Derecho con la exclusiva función de proteger a uno y limitar la aspiración desmedida del otro.

De allí florece, además, la subjetividad del enunciado “lo que para uno es justo y equitativo para el otro no lo es, postulado que nace precisamente de la aplicación del Derecho.

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La Filosofía del Derecho aspira, a partir del desdoblamiento esencial, llegar a entender, en un mayor alcance, su particular significado y valor. Así, se ha sugerido la existencia de un Derecho Objetivo y un Derecho Subjetivo.

El primero está representado como la norma obligatoria de conducta que el hombre practica para el bien de la sociedad. Como ejemplos: no matar, no robar, no calumniar. El segundo, en cambio, se traduce por la facultad de que está asistido el hombre para obrar de acuerdo con dicha norma, para exigir lo que le corresponde como miembro de esa comunidad. En este enfoque, si impera la norma“no matar”,todos estamos obligados a respetar la vida ajena; por tanto, cada individuo tiene la facultad de exigir que se respete la suya.

La Constitución (CRE) al instaurar al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia…, determina una serie de derechos. Interesa sobre manera el segundo título que trata del establecimiento y reconocimiento de los derechos de las personas por parte del Estado. Comprende desde el artículo 10 hasta el artículo 83, van tratando, uno por uno, los diferentes derechos, como por ejemplo: del buen vivir, de libre comunicación y libre información, de vivienda, salud, trabajo; además establece grupos de atención prioritaria, y el derecho a las diferentes nacionalidades y pueblos que coexisten en el Ecuador. También se identifican los derechos de la naturaleza, de la protección y, por último, las responsabilidades que los ciudadanos deban tener al hacer uso de sus derechos.

1.3.2. Los Alimentos

La palabra alimento proviene del latín alimentum, que se asocia a la figura de comida, sustento, dícese también de la asistencia que se da para el sustento. La Real Academia de la Lengua Española (2001) define a los alimentos como: “conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir” y “prestación debida entre parientes próximos cuando quien los recibe no tiene la posibilidad de subvenira sus necesidades” (p.111).

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Por su parte, Pérez Duarte (2007) a su vez refiere que: “constituyen un elemento de tipo económico que permite al ser humano obtener su sustento en los aspectos físico, psíquico” y que “son el elemento que permite la subsistencia y el desarrollo de una persona” (p.163). De igual manera, De Pina Rafael (2008) define los alimentos como “asistencias debidas y que deben prestarse para el sustento adecuado de una persona en virtud de disposición legal, siendo recíproca la obligación correspondiente” (p.76).

Los alimentos en materia de niñez son las prestaciones de carácter económico que se les impone al alimentante, que no tiene el cuidado de su hijo, conforme su capacidad económica y necesidades básicas del niño. Antiguamente era el Código Civil el que normaba el Derecho de Alimentos, más sin embargo, con la expedición del Código de Menores en el año 1938, se comienza a normar este derecho, y en adelante lo encasilla en otra acción; así tenemos los alimentos estipulados en el Art. 349 del Código Civil, denominados alimentos congruos, que nacen de relaciones familiares o maritales; y, el derecho de alimentos para niños, niñas y adolescentes, tratados de manera especial en el Código de la Niñez y Adolescencia, que nacen de la obligación connatural parento-filial, entre padres e hijos.

1.3.2.1 Naturaleza Jurídica

El Art. Innumerado 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, indica que el derecho a los alimentos, nace de manera connatural por la relación parento-filial; y, no sólo está relacionado con el proveer alimentación, sino también en proporcionar lo necesario para satisfacer las necesidades básicas del sujeto protegido, como: alimentación, salud, educación, cuidado, vestimenta, vivienda, entre otras.

1.3.3. El Derecho de Alimentos

De entre los derechos que nacen de las relaciones de familia, están los derechos personales y como parte de éstos consta el Derecho de Alimentos.

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El derecho de alimentos, el cual emerge del derecho de familia -que a su vez es parte del derecho social- es un derecho que cobija a instituciones como: medidas cautelares (apremios) Tabla de pensiones alimenticias mínimas, indexación automática anual; derechos como: a alimentos de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos (as) subsidios, compensaciones y otros beneficios de ley. Además de procedimientos y otras obligaciones inherentes al tema en mención.

Este derecho nace a propósito de la instauración en el país del reformado Código de Menores de 1992, como consecuencia de la Convención de los Derechos del Niño de 1990, en búsqueda del afianzamiento de la doctrina de la protección integral del niño así como de su interés superior; dichas intenciones se deben cristalizar a través de la institución ecuatoriana denominada: sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de alimentos.”

Entonces el derecho de alimentos constituye un beneficio y una garantía en favor de las NNA, quienes los ejercen contra una persona que está obligada legalmente a prestarlos, sobre todo desde la óptica moral a fin de satisfacer sus necesidades más básicas.

El art. innumerado 2 de Ley Reformatoria al CNA, también nos acerca a un concepto de derecho de alimentos:

El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios que incluye:

1.- Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;

2.- Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3.- Educación;

4.- Cuidado;

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6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7.- Transporte;

8.- Cultura, recreación y deportes; y

9.- Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.

La Corte Constitucional mediante Sentencia 048-13-SCN-CC, publicada en el Registro Oficial No.004 del 23 de septiembre del 2013, señaló:

…la pensión debe ser fijada en cantidad suficiente para que el titular del derecho de alimentos vea satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, cuidado, vestuario, vivienda, transporte, cultura, recreación, deporte, rehabilitación y ayudas técnicas, hasta el mismo punto en que ellas deberían ser atendidas en condiciones de igualdad respecto de otros titulares cuyos padres tengan posibilidades económicas equivalentes, y en las mismas condiciones en que serían satisfechas de no haberse producido las causas para demandarla… (p.31).

Así mismo, en la misma sentencia la Corte Constitucional, expresó:

…a modo de conclusión, y en aplicación del principio de interpretación conforme, propio del control de constitucionalidad, esta Corte ha determinado que las normas contenidas en los cuatro primeros incisos del artículo innumerado 15 de la Ley Reformatoria, así como en las Resoluciones No. 01-CNNA-2012 y No. 01CNNA- 2013, que contienen la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas buscan un fin constitucionalmente válido, son idóneas y necesarias para conseguir dicho fin, y no limitan desproporcionadamente otros principios constitucionales…(p.33).

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claro que los dos adicionales deben ser cancelados aun cuando el demandado no tenga trabajo.

La norma establece que el derecho a alimentos es propio y unívoco del vínculo: padre-hijo, a partir del cual surgen todos estos derechos que amparan a los NNA y que son considerados como medios de subsistencia para alcanzar su buen desarrollo. Sin embargo desde el punto de vista de la praxis jurídica algunos de ellos no se aplican a entera satisfacción, pues su aplicabilidad está sujeta a las condiciones socio económicas que presentan las familias ecuatorianas, así como a factores exógenos y que tienen que ver mucho con las políticas estatales, como la seguridad, alimentación nutritiva, servicios básicos, prevención.

1.3.4. Pensión alimenticia

De manera general se puede decir, que: pensión es una cierta cantidad de dinero que unas personas reciben de otras por algún concepto.

No hay que confundir el derecho de alimentos con lo que es la pensión alimenticia, pues ésta no es sino el resultado del ejercicio de aquél derecho.

Se transcriben algunas acepciones sobre lo que significa pensión:

“Canon o renta, perpetua o temporal, la que se establece sobre una finca. / Suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y subsistencia. (V. pensión alimenticia) / Cantidad periódica, mensual o anual, que el Estado concede a determinadas personas por méritos o servicios propios o de alguna persona de su familia. (V. pensión graciable.).(…).” Cabanellas 2006.

Ahora un concepto de alimentos desde el punto de vista jurídico:

“Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad. (…)”(Cabanellas, 2006: 28).

Claro Solar, indica:

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En sentido legal, los alimentos constituyen aquellos suministros más elementales, fundamentales que necesita una persona para subsistir o vivir, educarse y desarrollarse como persona.

Ensayando una definición propia, me atrevería a decir que la pensión alimenticia, es aquella prestación económica mensual ordenada por autoridad judicial contra el obligado/a a fin de dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo. Innum. 2 de la ley reformada en el 2009.

El Código de la Niñez y Adolescencia, así como su ley reformatoria no contemplan una definición sobre la pensión alimenticia. Doctrinariamente a continuación se cita una acepción referente a obligación alimenticia:

El tratadista francés (Planiol, "s.f.": 21) esboza:

“Laobligación impuesta a una persona de suministrar a otra, los socorros necesarios para la vida. La obligación alimenticia supone que el que recibe esos socorros los necesita y el que los suministra se halla en la obligación de efectuarlo.”

1.3.5. Los alimentos judiciales

Estos tienen su origen en la decisión o resolución del juez/a competente. Pueden ser: a) La Pensión Provisional.- Es aquella fijada por el juez/a en la calificación de la demanda, misma que el alimentante deberá cubrir hasta que el juez/a emita una resolución en mérito de las pruebas presentadas en juicio y a los ingresos económicos del demandado, entre otros factores.

Así lo determina el CNA en la siguiente norma:

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La Pensión

Definitiva.-Se denomina así a aquella pensión alimenticia fijada por el juez/a en la Audiencia Única, la misma que no podrá ser inferior a la pensión mínima constante en la Tabla de Pensiones Alimenticias establecida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia -CNNA-. Así lo determina el artículo innumerado 39 de la ley reformatoria al CNA del 2009: “En la audiencia única el Juez/a dictará el auto resolutorio que fija la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios del abogado/a y todos los gastos en los que el actor o actora incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del demandado (…)”.

Esta pensión se dictará en merito a lo presentado en la etapa probatoria donde se consideran los ingresos y egresos del demandado, incluido deudas, entre otros aspectos. Sin embargo de lo señalado por esta norma, es discutible el alcance que tiene la semántica de los términos pensión definitiva, ya que si bien las resoluciones o auto resolutorio tienen fuerza de sentencia, no causan ejecutoria, -son resoluciones transitorias- esto es, que las mismas pueden ser revisadas y modificadas en cualquier momento (Art. 278 CNA) cuando cambien las circunstancias que motivaron al juez/a fijar el monto de esa pensión alimenticia “definitiva”, dicho de otra manera, si encuentra fundamento razonable puede suspender, rebajar o aumentar la pensión alimenticia, incidentes de los cuales hablaremos más adelante.

Así lo establece art. innumerado 17 de la ley reformatoria del 2009 y art. 730 del CPC, respectivamente.

“Del efecto de cosa juzgada.- La providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla, no tiene el efecto de cosa juzgada.”

1.3.6. La Protección Integral

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La Convención sobre los Derechos del Niño, es un instrumento internacional, adoptado y abierto a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989; pero que entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 del mismo cuerpo jurídico. Nuestro país firmó el indicado instrumento el 26 de enero de 1990 y fue ratificado el 23 de marzo del mismo año. Dado que el Código de Menores, del 2 de junio de 1976, mantuvo una estructura y visión incompatibles con los principios universales (dignidad, libertad, equidad, justicia social) que trajo la Convención sobre los Derechos del Niño, nació el Código de Menores adoptado por Ecuador el 7 de septiembre 1992.

Constitucionalmente este concepto de Protección Integral está vigente recién desde la carta fundamental de 1998 (art. 47 y ss.) el cual se instituye en un capítulo especial: De los grupos vulnerables. En la CRE del 2008 en el art. 44 amplía el contexto de la protección integral:

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales.

Pero, ¿qué significa la doctrina de la Protección Integral? Veamos lo que dice Simón F. al respecto:

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Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.

Continúa el autor:

“Algunos de los elementos que caracterizan a una legislación basada en la doctrina de protección integral son: la consideración jurídica de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, por tanto se busca garantizar el pleno desarrollo de todos los niños y adolescentes, enfatizando su condición de ser humano en pleno desarrollo, sin dirigirse exclusivamente a aquellos niños y adolescentes que tienen carencias o cuyos derechos han sido violados. Por esto la Ley no se organiza en función de situaciones de violación a derechos, sino a raíz del reconocimiento de los derechos del conjunto de la niñez-adolescencia.

La excepción a esto es el tratamiento diferenciado del trabajo infantil; y, del maltrato, explotación sexual, abuso, tráfico y pérdida de niños.

Desde el contexto de la igualdad, la esencia de lo integral significa básicamente que los NNA adquieren un nuevo status jurídico: son sujetos de derechos y se reconocen normativamente todos los derechos internacionales que ampara la Convención; y, por tanto, gozan de los mismos derechos que todos los ecuatorianos/ as; además de los específicos de su edad, desde su concepción hasta su mayoría de edad.

La vigencia de esta doctrina implica una superación -al menos en la norma- de las prácticas que negaban la individualidad respecto de las estructuras familiares y garantizaban un amplio espectro de discrecionalidad, no regulado por el Derecho. Por otro lado, ha representado un cambio en el paradigma que representa el reconocimiento de los derechos y garantías del menor.

1.3.7. El interés superior del niño.

Este principio rector-guía es el principio jurídico garantista más completo e importante que tiene como finalidad resolver aquellos conflictos en donde los niños se ven relacionados.

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conjunto de sus derechos, de manera que la medida a tomarse sea la que más garantice su protección.

El interés superior del niño implica, por ende, un estándar objetivo de cumplimiento de derechos que no puede estar supeditado a la subjetividad personal. El interés superior del niño noes lo que “yo creo” que es mejor, ni siquiera lo que el niño crea que es mejor, si no aquello que objetiva e integralmente sirva para su desarrollo. También determina la necesidad de mantener un justo equilibrio entre derechos y deberes, en la forma en que más convenga a su bienestar y desarrollo.

El estado constitucionalmente delimita la forma en que deben ser protegidos los NNA quienes constituyen ya sujetos de derecho.

Así, la CRE destaca en su art. 44:

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. (...).

El art. 11 del CNA nos enseña en líneas generales qué se entiende por este principio y que viene a ser el principal.

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

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Este principio que no es otra cosa que la atención preferente e integral que el estado, la sociedad y la familia deben brindar a todos los aspectos que garanticen el desarrollo íntegro y el disfrute pleno de derechos de los NNA dentro de un marco de libertad, dignidad y equidad. Todo lo actuado en el campo jurídico resulta enteramente positivo, porque inserta al Ecuador dentro de la lista de países que luchan contra la discriminación en materia de derechos de menores. Resulta indispensable un cambio radical de mentalidad en la forma y manera de educar y tratar a nuestros niños.

Sin embargo, éste como los otros principios, peca de parcializado, no se lo puede llevar a una práctica objetiva y perenne, veamos lo que manifiesta Ojeda, (2004) al respecto: “El Art. 11 se refiere al interés superior, principio que dice ser orientado a satisfacer el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de todas las autoridades administrativas y judiciales, y las instituciones públicas y privadas; pero a nadie le interesa ejecutar acciones y decisiones para su fiel cumplimiento.”(p. 4).

1.3.8. Medidas cautelares que aseguran el cumplimiento de las pensiones alimenticias.

Semánticamente, la palabra cautelar, en la acepción que nos interesa, significa: precaución prevención, términos traducidos en aquellas medidas tendientes a evitar un riesgo o el cometimiento de una falta.

En atención a la finalidad socio-fundamental que persigue el derecho de alimentos, se entiende como tales, a aquellas medidas que el legislador ha introducido con el objeto de que el beneficiario –NNA- no quede burlado en su derecho, medidas, que por su naturaleza, son disuasivas y van en contra de la voluntad del alimentante.

En los juicios de alimentos estos instrumentos precautorios se aplican para asegurar el cumplimiento de la obligación, pero, cuando ha sucedido la morosidad en la cancelación de dos o más cánones alimenticios (anomalía que incluso sobrepasa del año) se desvirtúa el espíritu de la concepción de la medida cautelar, que es evitar que suceda, en este caso, el incumplimiento del pago. Entonces lo correcto sería dictarlas antes de que el incumplimiento se dé y no después de que ya se ha dado, provocando desde esta óptica, subjetividad en la aplicación del apremio personal.

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Sin embargo, es preciso advertir que la imprudente aplicación de estas medidas, sin observar si las mismas son realmente necesarias, en especial del apremio personal, ocasiona serios perjuicios para ambas partes. Además, se estaría vulnerando constitucionalmente el honor, buen nombre e imagen de la persona (art. 66-18) entre otros derechos y garantías que tiene el alimentante, bajo la mala interpretación del “interés superior del niño”, derechos que por ende, también están respaldados por instrumentos internacionales.

1.3.9. Principio Constitucional de Igualdad.

Principio de igualdad en el Derecho se ha desarrollado en las distintas etapas de la sociedad. Fue asociado inicialmente de manera inseparable al concepto justicia y ha ido tomando su independencia y desarrollo doctrinario de manera transversal e interrelacionado a todos los otros derechos fundamentales, dependiendo de las diversas posturas, filosofías y visiones jurídicas.

El principio de igualdad como derecho fundamental, humano y constitucional también se ha desarrollado transversalmente en todas las áreas del derecho y aplicado a cada uno de los otros derechos fundamentales. Cada área y en especial aquellas de mayor trascendencia para la sociedad (como los otros derechos humanos o fundamentales o constitucionales) lo han desplegado en formas prácticas, con la intención de materializar la igualdad de los sujetos en lo que se refiere en el “acceso a” servicios u otros derechos; por ejemplo en referente a educación, salud, buen vivir, vivienda, trabajo, dignidad, justicia, participación social-política. La igualdad también ha reconocido diferencias de trato a personas que, reconocidas como desiguales a la generalidad, el Derecho intenta equiparar, proteger o priorizar.

El principio de igualdad ha sido desarrollado siguiendo las tendencias filosóficas del autor Miguel Carbonell que para la explicación de la igualdad cita a varios autores como por ejemplo a John Rawls (“Teoría de la Justicia”) para explicar que para la edificación de una sociedad justa debe seguirse dos principios:

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Segundo Principio: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que:

a) Se espere razonablemente que sean ventajosas para todos,

b) Se vinculen con empleos y cargos asequibles para todos.”27 Podríamos explicar que su primer principio, sigue la postura de Aristóteles, esto es existe identidad en justicia e igualdad, para el desarrollo de los derechos fundamentales.

Sin embargo en el segundo principio, si bien reconoce la regla general de la igualdad, también reconoce la desigualdad que tiene que ser admitida sobre la base de dos consideraciones: i) la protección del más débil, y ii) la igualdad de oportunidades. Otro tratadista, citado por el mismo autor para explicar la igualdad, es Paolo Comanducci, quien indica que aquella puede ser estudiada desde perspectivas:

i) desde un punto de vista de sentido lógico–lingüístico, por la cual la norma en su sentido obvio del concepto, que debe definirse lingüísticamente, se tratará a todos por igual porque la situación de los sujetos es idéntica;

ii) desde una perspectiva filosófico–política, donde tendrá que atenderse distintos tipos de igualad como lo son: a) la económica (definida por los recursos con los que cuentan las personas) b) la del bienestar de las personas (definida por la cantidad de recursos que dispone el individuo para sus fines) en cuanto a la igualdad política (como capacidad que todas las personas de la sociedad participen en la creación de normas que la rijan, así como su capacidad por igual para acceder a cargos de sufragio, con similitud de sufragio.

1.3.10. El Principio de supervivencia, desarrollo y moralidad.

“El crecimiento y desarrollo de los adolescentes bajo régimen de privación de la libertad debe exhortar el crecimiento y desarrollo de los mismos, lo cual implica procesos complejos. Este principio consagra con claridad el fin educativo del sistema. La justicia juvenil debe tener instrumentos adecuados y suficientes para procurar el desarrollo pleno de los adolescentes.

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El principio requiere igualdad de oportunidades de los niños y adolescentes para beneficiarse de todos los servicios sociales, atención prioritaria a los grupos excluidos y un compromiso de inversión, nacional e internacional, en servicios de calidad.

Este principio es fundamental de otras normas como la que hace la privación a la libertad un último recurso, ya que la misma obstaculiza e incluso, en ocasiones, imposibilita, este fin de garantizar un futuro para los adolescentes, es por esto que la rehabilitación para el adolescente debe tener sus beneficios y objetivos claros, en los cuales los adolescentes puedan desenvolverse mejor en la sociedad para no volver a cometer los mismos actos denominados delitos.

1.3.11. Titulares del Derecho de Alimentos.

En el Ecuador, los titulares del derecho de alimentos están señalados taxativamente en el Art. Innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual señala:

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma;

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; y,

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.

1.3.12. Décimo Cuarto Sueldo en el Ecuador.

El Décimo cuarto sueldo, es considerado como un bono escolar, se creó con la finalidad de que sea un beneficio a favor de todos los trabajadores, sean éstos públicos o privados. El Art.113 del Código del Trabajo ecuatoriano, publicado en el Registro Oficial Suplemento 167, de fecha 16 de diciembre del 2005 cuya última Reforma fue de fecha 26 de septiembre del 2012, respecto de la décima cuarta remuneración, señala:

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anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional.

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decimocuarta remuneración al momento del retiro o separación.

Para el año 2018, el salario básico unificado (SBU) se estableció en trescientos ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD$386,00).

La Legislación Ecuatoriana obliga al demandado, dentro de un juicio de alimentos, a cancelar mensualmente la pensión fijada por el Juez, la misma que ha sido establecida en virtud de su capacidad económica, y además dos pensiones adicionales, correspondientes a los beneficios de ley percibidos por éste, por concepto del décimo tercero y décimo cuarto sueldo, siendo en total 14 pensiones que el alimentante debe de sufragar.

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