Del déficit garantista de la Ley 1333 de 2009 y el decreto 2041 de 2014, frente a la nueva modalidad de explotación de hidrocarburos denominada “Fracking”

10 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

FACULTAD DERECHO PROGRAMA DE PREGRADO

BOGOTÁ D.C.

LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución no comercial”. AÑO DE ELABORACIÓN: 2015

TÍTULO: DEL DÉFICIT GARANTISTA DE LA LEY 1333 DE 2009 Y EL DECRETO 2041 DE 2014, FRENTE A LA NUEVA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADA “FRACKING”

AUTOR (ES): Medina Ramírez, Blanca Paola

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):

Cubides Jaime, Ariza Ricardo

MODALIDAD:

Trabajo de investigación

PÁGINAS: 34 TABLAS: 0 CUADROS: 1 FIGURAS: 0 ANEXOS: 0

CONTENIDO:

Introducción. I. DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EXPLOTACIÓN PETROLERA: EL FRACKING Y EL MEDIO AMBIENTE. II. CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA DE COLOMBIA III. RÉGIMEN DE GARANTÍAS Y DERECHOS AMBIENTALES.

(2)

PALABRAS CLAVES: Constitución Ecológica, Derecho Colectivo al medio ambiente sano, Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales, Fracking, Licencia Ambiental.

DESCRIPCIÓN: La investigación aborda el debate actual que se presenta en el país por la pretensión de las empresas petroleras de adelantar actividades de explotación denominada fracking. Para esto se siguió un método cualitativo con un enfoque analítico que se expone en tres ejes temáticos. En primer lugar se pretende reseñar en qué consiste la actividad de explotación denominada “fracking” o fracturación hidráulica, cuál es su funcionamiento, cuáles han sido los principales problemas de fracturación hidráulica y la experiencia de otros países con el uso de fracking. El segundo eje temático se estudiara el concepto de Constitución Ecológica y sus principios ambientales, resaltando la importancia del mismo en el marco de la extracción no convencional. El tercer eje temático se presenta un breve estudio de las principales normas que regulan el tema ambiental, como son el Decreto 2041 de 2014 y la Ley 1333 de 2009 y que permitirían garantizar el derecho a tener un medio ambiente sano. En último lugar, se ofrecen unas conclusiones sobre si el marco normativo Colombiano garantiza la protección de los recursos naturales en el marco del “Fracking”.

METODOLOGÍA: La metodologia que se desarrollo fue: libros, artículos y jurisprudencia constitucional, en lo que se refiere a la importancia, protección y defensa del medio ambiente.

CONCLUSIONES: Una de las principales incongnitas sobre la llegada del fracking a Colombia, es cómo se prepararán las instituciones ambientales, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y nuestra legislación

(3)

Colombiana, para supervisar la referida actividad y evitar que esta genere un daño ambiental. Como ya se ha evidenciado en otros países, existe una alerta para nuestro país, respecto a la amenaza que representa la implementación de la nueva modalidad de explotación de hidrocarburos denominada “Fracking” toda vez que dicha actividad conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos la contaminación de las aguas subtarraneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, metano, terremotos, sismicidad inducida, contaminación acústica e impactos paisajisticos. Es por esto que se debe evaluar estrictamente la entrada de dicha practica y establecer fuertes estandares ambientales y de ordenamiento territorial, que permitan proteger y preservar los recursos naturales.

Nuestra Constitución Ecologica, elevó a norma constitucional la protección, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante la promulgación de la Carta Política de 1991. Es así que la Constitución impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un ambiente sano y promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes, acciones públicas y un cierto número de garantías individuales.

La Corte Constitucional reitera su jurisprudencia constitucional en orden señalar que: Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al

(4)

hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales. (Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 2002. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería).

El gobierno nacional, reglamento el referido derecho a través de la Ley 1333 del 2009, norma que por primera vez en el ordenamiento jurídico ambiental Colombiano se adopta en una disposición legal, única, exclusiva e independiente al procedimiento sancionatorio para investigar e imponer las medidas preventivas en lo que concierne al medio ambiente (Amaya Navas & García Pachón, 2010). No obstante, la norma no permite garantizar la efectividad de sus medidas preventivas o de reparación frente a la protección de los recursos naturales que se puedan ver afectados por actividades industriales, como el fracking (Amaya Navas & García Pachón, 2010, González Villa, 2010) y (Alvarez, G. L. 2014).

Actualmente el instrumento de control ambiental que regula y permite la implementanción de la actividad de francking es la licencia ambiental, que viene controlando todas las actividades de desarrollo que se adelantan en el país desde

(5)

hace varios años (La licencia ambiental se establece a partir de la Promulgación de la Ley 99 de 1993), como una herramienta de planificación ambiental que el Estado Colombiano adopto con el fin de alcanzar y cumplir con el postulado de desarrollo sostenible, tal y como lo resalta la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Sin embargo, dicho proceso carece de el rigor cientifico suficiente y necesario para que se logre una efectiva garantía del derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano, frente a los impactos que se generarian con el fracking. Es así y como soporte de lo expresado en líneas precedentes, se ha expresado que:

Las licencias ambientales, en muchos casos, no reconocen la magnitud del impacto que ocasionan los proyectos mineros, especialmente de carbón y metálicos, en los que resulta enorme la remoción de minerales, y consecuentemente la generación de residuos, el uso, desaparición y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la contaminación del aire, la pérdida del suelo, la disminución y pérdida de la biodiversidad. En otros casos, a través de la licencia ambiental se autorizan actividades deteriorantes sin colocar un límite claro entre el impacto ambiental directo, propio de cada proyecto, y el daño general acumulado que el mismo ocasiona, sin que se dispongan medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los daños, produciéndose de tal manera una destrucción del entorno natural que no es factible remediar debidamente, con el correspondiente detrimento de los recursos naturales que son patrimonio de la Nación (Negrete Montes, 2013, p. 36)

Es claro que el derecho ambiental se debe enmarcar en escenarios de prevención y no de reparación, pues es contundente que muchas veces el grado de deterioro de los recursos naturales no permite su renovación o recuperación, es por esta razón que los mecanismos de regulación que están en cabeza del Estado deben

(6)

ser preventivos, que permitan cumplir a cabalidad su función y no llegar a escenarios (como los judiciales) cuando ya no se pueda prevenir el daño ambiental y lo más preocupante aún es que no se pueda recuperar el recurso natural afectado. Para esta finalidad el Estado no debe olvidar la importancia que nuestra Constitución le da al derecho a gozar de un medio ambiente sano, y que ha sido ratificado por la jurisprudencia constitucional.

REFERENCIAS:

Artículos y libros

Amaya Navas, O. D. (2007). Aspectos Básicos para la implantación de las evaluaciones ambientales estrategicas en Colombia. Hacia la Construcción de un modelo propio de Desarrollo Sostenible. In U. E. Colombia, Avances y Perspectivas de la Aplicación de las Evaluaciones Ambientales Estrategicas en Colombia (pp. 123-156). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Amaya Navas, O. D. (2010). La Constitución Ecologica de Colombia. Bogotá:

Universidad Externado de Colombia.

Amaya Navas, O. D., & García Pachón, M. d. (2010). Nuevo Regímen Sancionatorio Ambiental. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Amaya Navas, O. D. (2014). El Desarrollo Sostenible y los Principios Generales

del Derecho. In U. E. Colombia, Derecho Procesal Ambiental (pp. 145-176). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Alvarez, G. L. (2014). Los vacios de la Ley 1333 de 2009 que regulan el regímen sancionatorio ambiental y la forma adecuada de llenarlos. In U. E. Colombia, Derecho Procesal Ambiental (pp. 327-400). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

(7)

Boudet, H. e. (2013). Fracking controversy and communication: using national survey data to understand public perceptions of hydraulic fracturing. Obtenido de Yale University: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.017i Briseño Chavez, A. M. (2012). Apuntes acerca del Desarrollo Sostenible desde de

la Pespectiva del Derecho Ambiental. In U. E. Colombia, Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente (pp. 205-238). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Cafferatta, N. A. (2004). Introducción al Derecho Ambiental. México: Instituto Nacional de Ecología.

Contraloría General de la República. (2012). Control de Advertencia por posibles riesgos ambientales relaciondos con la exploración y explotación de Yacimientos de hidrocarburos no convencionales-YHC.

Gonzalez Villa, J. E. (2006). Derecho Ambiental Colombiano - Parte General. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

González Villa, J. E. (2010). Los tipos de sanciones en la Ley 1333 de 2009. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Hurtado Mora, J. I. (2014). Relflexiones Procesales acerca de los sistemas de control y de los procesos participativos ambientales. In U. E. Colombia, Derecho Procesal Ambiental (pp. 207-232). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

ISTAS. (Enero de 2012). Impacto ambiental del Sistema de Fracturación Hidraulica. Recuperado el 11 de 09 de 2015, de ISTAS: http://www.istas.ccoo.es/descargas/Informe%20Fracking.pdf

LEFF, E. (2005). Ecología y Capital: racionalidad ambiental, democracia participattiva y desarrollo sustentable. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.

(8)

López, P., & Ferro Negrete, A. (2006). CIDH. Recuperado el 17 de 09 de 2015, de Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/tablas/29157.pdf

Maes F. Biblioteca Jurídica Digital. Retrieved 2011 йил 12-abril from "Los principios de derecho ambiental, su naturaleza y sus relaciones con el derecho internacional marítimo HYPERLINK "http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/7/art/art5.pdf"

http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/7/art/art5.pdf

Martín Mateo, R. (1998). El Monopolio Público de la Tutela Ambiental. Revista de Derecho Universidad Austral de Chile , 9 a 14.

Mesa Cuadrados, G. (2007). Derechos Ambientales en Perspectiva de Integralidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Negrete Montes, R. E. (2013). Derechos, Minería y conflictos. Aspectos normativos. En Contraloría General de la Republica. Bogotá.

Noticias Univision. (10 de 06 de 2015). Univision. Obtenido de Univision:

http://noticias.univision.com/article/2364434/2015-06- 10/planeta/nuestroplaneta/por-que-aumentan-terremotos-centro-estados-unidos

Osorio Sierra, A. (2013). El Estado Social y la Protección del Medio Ambiente: los limites del bienestar, la justicia ambiental y el principio de precaución. In U. E. Colombia, Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente (pp. 169-209). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Restrepo, M. T. (2005). El Control y la Vigilancia, una función olvidada en el ejercicio de la autoridad ambiental. In U. E. Colombia, El ejercicio de las competencias administrativas en materia ambiental (pp. 395-318). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

(9)

Rojas Mejá, V. (2012). Esquema de Licenciamiento Ambiental en Colombia. In U. E. Colombia, Evaluación del Impacto Ambiental (pp. 133-154). Bogotá: Univesidad Externado de Colombia.

Rojas Rueda, D. (Julio de 2013). Impactos en salud pública del fracking (extracción de gas por medio de la fractura hidráulica) en España. Recuperado el 17 de 09 de 2015, de Scielo:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112013000400022

Sánchez, L. F. (2012). El derecho al ambiente sano. Esquemas de reconocimiento constitucional y mecanismos judiciales de protección del derecho comparado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

SIPSE. (02 de 09 de 2014). SIPSE.Com. Recuperado el 08 de 05 de 2015, de http://sipse.com/mundo/colombia-extraccion-petroleo-fracking-fractura-hidraulica-110239.html

Valdez, C. L. (s.f.). mufm. Recuperado el 12 de 06 de 2015, de mufm:

http://www.mufm.fr/sites/mufm.univ-toulouse.fr/files/claudia_lucia_valdes_aguirre.pdf

Zapata Perez, D. M. (2005). Competencias del Ministerio de Ambiente en la expedición de Licencias y permisos ambientales. In U. E. Colombia, El Ejercicio de las Competencias Administrativas en Materia Ambiental (pp. 401-416). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Sentencias

Sentencia Corte Constitucional, C-126 de 1998. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(10)

Sentencia Corte Constitucional, T-411 de 1992. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Sentencia Corte Constitucional, C-423 de 1994. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia Corte Constitucional, C-058 de 1994 Dr. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia Corte Constitucional, C-519 de 1994. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia Corte Constitucional, T-574 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia Corte Constitucional, C-495 de 1996. M.P. Fabio Moron Díaz.

Sentencia Corte constitucional, C-671 de 2001. M.P. Dr. Jaime Araujo Renteria. Sentencia Corte Constitucional, C-339 de 2002. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería. Sentencia Corte Constitucional, T-282 de 2012. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas

Silva.

Sentencia Corte Constitucional, C-595 de 2010. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

Sentencia Corte Constitucional, C-126 de 1998. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Sentencia Corte Constitucional, T-197 de 2014. M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia Corte Constitucional, T-608 de 2011 M.P. Dr. Juan Carlos Henao

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :