El catastrófico ejemplo de Río 2016: ¿Un punto de inflexión para los

Mientras tanto, los costes comenzaban a dispararse. Si bien el presupuesto inicial se estimó en 14.400 millones de dólares, en julio de 2015 la cuenta ya ascendía a 20.000 millones de dólares, con un año de sobrecostes por delante. A pesar de la falta de transparencia en torno a los costes finales del evento, un estudio de la Universidad de Oxford estimó el sobrecoste de los Juegos de Río en un 51% en términos reales. Este resultado haría aumentar el coste total hasta los 21.800 millones de dólares, aunque, según datos recientes, esta estimación parece incluso demasiado conservadora debido a la omisión de ciertas partidas relacionadas con los Juegos que siguen generando costes para la ciudad. De hecho, algunas instalaciones como el Centro de Prensa Internacional llegaron a registrar un sobrecoste del 2000% (Flyvbjerg, Stewart y Budzier, 2016).

A pesar de que los costes operativos suelen cubrirse con los ingresos generados por la venta de entradas, derechos televisivos y patrocinios locales e internacionales, en el caso de Río tanto el Comité organizador como el gobierno estatal no contaban con el capital suficiente para afrontar el pago. Por este motivo, fue necesaria una transferencia de casi mil millones de dólares del gobierno federal (para cubrir la seguridad y terminar una línea de metro) y otra del gobierno de la ciudad de 61 millones de dólares (Butler, 2016). No obstante, debido a la falta de información y las subvenciones ocultas, es complicado medir la contribución neta del sector privado a la carga financiera global de la organización de los Juegos. Un estudio de la Autoridad Pública Olímpica (APO) de Río 2016 concluye que la contribución del sector privado a la construcción de las instalaciones olímpicas fue de apenas el 9,2% del coste total (APO, 2016).

TABLA 4 – Ingresos de los Juegos de Río 2016

Derechos televisivos $758 millones

Patrocinios Internacionales $361 millones

Patrocinios locales $1.210 millones

Venta de entradas $484 millones

Licencias y otros $209 millones

INGRESOS TOTALES $3.020 millones Fuente: Zimbalist, 2015.

En cuanto a los beneficios inmediatos que obtuvo Río gracias a los Juegos, incluimos unos ingresos del orden de 3.000 millones de dólares. En cuanto al impacto en el turismo, los datos no sugieren un crecimiento significativo, ya que las llegadas al aeropuerto internacional de Río no experimentaron ningún cambio con respecto al año anterior a los

Juegos. Por lo tanto, los Juegos crearon un balance financiero negativo a corto plazo de al menos 15.000 millones de dólares, de manera que la justificación económica de los Juegos debía responder al potencial legado forjado.

6.1.1. El legado de los Juegos de Río

Río de Janeiro es conocida mundialmente por su extraordinaria belleza y su ambiente festivo y vivaz. Sin embargo, los megaeventos de 2014 y 2016 dieron a conocer al mundo un Río diferente: una ciudad asolada por la violencia, la desigualdad, la enfermedad y la contaminación, la amplia corrupción, la inestabilidad política, la recesión y la ineficiencia (Cohen y Watt, 2017). Los Juegos de Río reúnen todos los aspectos negativos que hemos estudiado a lo largo del trabajo, lo que pone en evidencia la lacra del modelo actual de los Juegos.

En primer lugar, los déficits presupuestarios eran tan acusados que fueron necesarios importantes recortes en salarios, pensiones y empleos públicos. Ello originó un crispado ambiente en Río que dio lugar a múltiples protestas. Además, la violencia aumentó considerablemente, ya que la tasa de homicidios entre enero y octubre de 2016 subió un 18% respecto a 2015 y la tasa de robos aumentó un 48% (Carless, 2016). Estas condiciones no son propicias para promover el turismo, el comercio o la inversión.

En cuanto a las enaltecidas infraestructuras y renovaciones que traerían los Juegos a la ciudad, podemos concluir que el proyecto ha resultado desastroso para la ciudad. La principal razón se encuentra en que, en ningún momento, este gasto estuvo alineado con las necesidades de desarrollo de la ciudad (Zimbalist, 2016). Así, la renovada infraestructura de transporte únicamente estaba al servicio del proyecto olímpico, conectando los cuatro núcleos de la ciudad, y no respondía a los graves problemas de transporte a los que se enfrenta la población local. Por ejemplo, la inversión en una línea de metro que conectaba la zona de Copacabana e Ipanema con uno de los barrios más privilegiados de la ciudad da muestra del sinsentido de prioridades establecidas por el Comité organizador.

Por otro lado, las rutas de autobús no solo alteraron definitivamente el tráfico normal de la ciudad, sino que fueron diseñadas a través de zonas residenciales desfavorecidas, lo que obligó a desalojar a miles de familias y eliminar favelas, como las de Recreio II y Camorim. En total, más de 77.000 favelados fueron desalojados de sus hogares entre 2009 y 2015 (Barbara, 2016), lo que dio lugar a que muchas familias se vieran despojadas de

su trabajo y escuela. Para una ciudad necesitada de recursos, estas inversiones supusieron un gravísimo derroche de fondos públicos.

Además, Río invirtió en exceso en alojamiento para dar cabida al aumento previsto del turismo. El resultado ha sido la reducción de las tasas de ocupación hotelera, la caída de los precios de las habitaciones y la quiebra de hoteles. Durante la celebración de los Juegos Paralímpicos, en septiembre de 2016, la tasa de ocupación en Río se situaba en el 49%, frente al 65% de años anteriores (Belen, 2016).

En cuanto al legado de las instalaciones deportivas, Río se enfrenta a las consecuencias de otra catastrófica planificación. Así, tenemos el ejemplo del emblemático estadio de Maracanã, renovado con un coste de 600 millones de dólares, el cual se encuentra en estado de abandono (Waldron, 2017). El teleférico de 65 millones de dólares para favorecer la zona humilde del norte de la ciudad fue cerrado indefinidamente dos meses después de los Juegos. El futuro del centro de transmisión internacional, con un coste cercano a los 500 millones de dólares, continúa aún en el aire, así como el de muchas otras instalaciones que esperan ser renovadas (Trendafilova et al., 2017). De hecho, la mayoría de instalaciones del Parque Olímpico se encuentran en pésimo estado, invadidas de residuos e infestadas de insectos y roedores. Los casi cuatro mil apartamentos que componían la Villa Olímpica debían convertirse en viviendas para los ciudadanos, pero permanecen sin uso.

En este desalentador contexto, la gestión de la totalidad del Parque Olímpico, incluidas sus nueve sedes, fue sometida a concurso privado con el objetivo de evitar sus costes de mantenimiento anuales que ascienden a 14 millones de dólares. A principios de 2017 el gobierno brasileño se vio obligado a asumir su gestión por la falta de candidatos y a cerrar indefinidamente el segundo parque olímpico de Deodoro.

La organización de los Juegos Olímpicos supuso una desmedida carga para las capacidades administrativas de la ciudad y el estado de Río, lo que condenó al sistema a unos mayores niveles de corrupción y descontrol (Boykoff y Mascarenhas, 2016). Los escasos recursos públicos se dilapidaron en construcciones y operaciones olímpicas, así como en sobornos y comisiones a políticos brasileños. De hecho, las empresas de construcción llevaron a cabo prácticas colusorias a fin de evitar la competencia entre ellas, cobrar precios más altos y beneficiarse de subvenciones de tierras, importantes exenciones fiscales y préstamos a bajo interés, lo que agravó la fatídica situación fiscal de Río.

De esta manera, el legado más preocupante que dejaron los Juegos en Río es el terrible estado de la economía, pues tras el evento la ciudad registró una deuda de 30.000 millones de dólares con el gobierno federal (Drehs y Lajolo, 2017). Si bien la recesión brasileña de 2014 a 2017 no tiene su origen en los Juegos, las pésimas condiciones financieras y laborales en Río fueron ciertamente exacerbadas por el evento.

No obstante, este catastrófico legado no es sino la confirmación y magnificación del daño que puede ocasionar el modelo actual de los Juegos a una ciudad (De Oliveira Sanchez, 2016). No se trata de una experiencia puntual, sino que muchas otras ciudades anfitrionas siguen pagando la mala gestión y los excesos de los Juegos. En este sentido, podemos identificar una clara tendencia donde los Juegos han originado un agujero económico para la ciudad anfitriona del que siguen sufriendo sus efectos. Así, los funestos resultados de las últimas ediciones amenazan la supervivencia de los Juegos como evento, ya que ninguna ciudad parece dispuesta a asumir los riesgos que implica el modelo actual de los Juegos.