Desarrollo territorial

31 mediados de los 80 y principios de los 90 con la liberación económica; en consecuencia, hoy en día, la territorialidad del Estado avanza hacia la privatización aunque paralelamente muchos espacios rurales se encuentran en vías de reterritorialización, pero esta vez desde abajo, y para ello los actores deberán sumar esfuerzos y recursos mediante la articulación y cooperación local.

Esa es la apuesta del desarrollo territorial que se abordará a continuación.

32 Gráfica I. Tipología de territorios rurales

de acuerdo con Schejtman y Berdegué (2004, p. 35).

El territorio tipo I ha avanzado en su transformación productiva y logrado un desarrollo institucional mediante concertación e inclusión social; en el tipo II, existe fragmentación institucional pero hay vínculos con el mercado; el tipo III se caracteriza por una institucionalidad e identidad cultural robustas pero carece de opciones económicas para superar de manera sostenida la pobreza rural; y por último, el tipo IV está en pleno proceso de desestructuración social y económica (Schejtman y Berdegué, 2004, p. 35,36). Evidentemente, el tipo I es el ideal de desarrollo territorial pues la concertación, inclusión social y vínculos dinámicos con el mercado dan cuenta de una transformación productiva e institucional.

El enfoque de DTR apoya la necesidad de trascender la visión agropecuaria del medio rural mexicano hacia una diversificada como siempre lo han llevado a cabo en la práctica sus habitantes e incluso, con la entrada y salida de actores, este enfoque permite pasar de una caracterización que vaya del espacio rural al rururbano pues conecta las actividades económicas locales con nichos de mercado regionales y fortalece la participación ciudadana³¹.

31 Un ejemplo del modelo DTR es el programa LEADER de la Comisión Europea con un enfoque territorial integral, multisectorial y promotor de innovaciones en donde las decisiones se toman desde la base y cuenta con grupos de acción local (GAL) que coadyuvan a la descentralización al asumir funciones que tradicionalmente corresponden a la administración pública en los programas de desarrollo: gestión de fondos, concesión y pago a los beneficiarios, ejecución y control. En la dimensión económica integra diferentes actividades como eslabones para un objetivo común y puede incidir en el surgimiento de milieux o atmósferas, en donde relaciones

33 Para concretar las transformaciones económica e institucional es determinante la proximidad de los actores que facilita la valoración y desarrollo del espacio geosocial mediante acciones colectivas y cooperativas tales como intercambio de experiencias y redes de colaboración que densifican las relaciones sociales y en consecuencia favorecen el surgimiento de innovaciones. Aun cuando las ventajas competitivas del espacio son importantes, el DTR enfatiza la cultura y normas locales compartidas en espacios contiguos y las valora como una forma de capital social propia de cada territorio particular (Schejtman y Berdegué, 2004, p. 25; Schneider y Peyré, 2005, p. 2,25), de ahí que no hay dos territorios iguales pues cada uno está estructurado sobre particularidades biofísicas, socioeconómicas, culturales y político-institucionales en un contexto histórico y actual.

Un punto clave en la discusión sobre el territorio es el papel de los actores en un espacio geosocial; cómo lo viven y lo valoran, qué esperan de él y cómo pueden transformarlo de acuerdo con sus propósitos. Ahora bien, su capacidad para lograrlo depende de los límites de acción permitidos por la estructura institucional formal, es decir, por el Estado y sus normas expresadas en la política pública federal, estatal y municipal; esta última en especial impacta y se refleja sobre un territorio material concreto y sus habitantes. Por otro lado, un actor no podrá alcanzar tantos objetivos como organizado en un colectivo, es decir, su capacidad se potencializa en las coaliciones sociales que unen diferentes actores en un proyecto común; para tal fin, los participantes necesitan normas locales o informales para regular sus acciones al interior de la organización y que pueden institucionalizarse de acuerdo con su eficacia.

como reciprocidad, cooperación, concurrencia y disputa territorializan no sólo las dimensiones económica y material, también la cultural y cognitiva al permear el conocimiento e innovación. De igual manera, mediante el DTR pueden conformarse clusters, espacios que aglomeran diferentes actores dedicados a una actividad en común y cuya máxima virtud es concentrar la cadena de valor en un territorio; un tipo de cluster en América Latina es el de sobrevivencia, formado por micro y pequeñas empresas, que producen bienes de consumo para mercados locales (Schejtman y Berdegué, 2004, p. 16, 20, 22, 23). De lo anterior se concluye que, tanto el cluster como el milieu son contextos que dan cuenta de las transformaciones económica e institucional características del DTR.

34 Vistas como activos institucionales, a las normas se añaden los hábitos, prácticas, rutinas y costumbres, todos ellos elementos culturales y de identidad territorial. Al respecto, Christopher Ray (1998) introduce la economía cultural (culture economy) como un enfoque de desarrollo rural basado en la (re)valorización del espacio a partir de la identidad cultural. Se habla de una (re)valorización porque los precursores de dicha identidad pueden o no existir, es decir, ser rastreados, recuperados o construidos, y una vez consolidada, la identidad cultural es un dispositivo potencial para transitar del territorio inmaterial al material, y posteriormente avanzar hacia la territorialidad.

En ese sentido, los activos institucionales locales son un capital social para los actores al interior de la estructura formal del Estado; por ejemplo, un proyecto de desarrollo territorial diseñado desde el gobierno estatal o municipal puede derivar en la materialización de un territorio independientemente de la participación civil pero la población puede valerse de esta política pública como un impulso exógeno que coadyuve a construir o fortalecer su identidad territorial así como estrategias colectivas en pro de su condición material, social y política; estas estrategias difícilmente se concretarían con la política pública por sí misma, pues implica una tarea compleja y conflictiva que necesita de las relaciones locales para desarrollar resiliencia. Un último aspecto que considerar sobre las relaciones sociales es que mediante estas se construyen los territorios, de modo que cuando cesan, también terminan los proyectos de desarrollo territorial; de ahí que el DTR puede valerse de la (re) valorización del espacio mediante la participación social.

Para Sergio Schneider (2005, p. 18, 21), la propuesta de Schejtman y Berdegué sobre DTR es satisfactoria y coherente con un enfoque instrumental del territorio que busca analizar las acciones locales, las políticas públicas y las instituciones;

sin embargo, identifica una limitante: carece de una distinción clara entre espacio y territorio, y así, deja a un lado las relaciones de poder, lo cual es cierto; no obstante, en su mismo trabajo Schneider presenta una metodología para superarla. Partiendo de un enfoque desde el actor, en este caso el agricultor, su

35 familia, su actividad productiva y las redes sociales e institucionales en las que participa, propone recolectar datos cualitativos para identificar la percepción que los actores tienen de su forma de vida y reproducción social; de ahí, se puede reconocer si existe un sentimiento de pertenencia sobre el cual fundan su identidad. Los pasos anteriores darán cuenta de las relaciones económicas y sociales con las cuales se podrá mapear la forma y funciones del territorio.

Posteriormente, se busca el grado de autonomía que los agricultores tienen respecto a su condición económica, social y política, lo cual permitirá indagar en las relaciones de poder y la presencia de redes e instituciones locales como estrategias de contrapeso, y así, identificar si son territorios apropiados o dominados, es decir, quién mantiene la territorialidad.

La metodología propuesta por Schneider tiene un alcance todavía mayor porque además de caracterizar el plano abstracto del territorio campesino, permite identificar si se ha trasladado hacia el conductual de manera intencional para finalmente, territorializar las actividades económicas y políticas. Un caso exitoso representaría un proyecto de contienda territorial en donde los grupos locales estarían ejerciendo su capacidad de agencia dentro de las relaciones de poder que mantienen con el Estado; un ejemplo contrario sería cuando la autoridad formal clasifica territorios y usos de suelo como “sacrificables” por ser

“improductivos” o “vacíos”, y transmite esto por medio de discursos productivistas y excluyentes, los cuales generan en la población involucrada nuevos lenguajes de valoración que re significan el espacio y crean relaciones sociales (Svampa, 2008, p. 9,10), mantenedoras de nuevos territorios inmateriales y materiales; en esa dinámica, aun cuando el uso de suelo sea agrícola, los poseedores de tierras muchas veces venden porque ya no quieren o pueden trabajarla, porque hay una labor de convencimiento que les lleva a tomar decisiones sin previa reflexión e incluso simplemente por la carencia de estrategias de contrapeso como la organización empresarial social y comunal autónoma (Sobrado y Rojas, 2006, p.

37), que de contar con ellas, podrían utilizar para confrontar el proyecto de política pública.

36 Es importante señalar que esta discusión teórica no intenta proponer el modelo utópico en donde los actores y sus territorialidades se reconcilien en el consenso perfecto que pretende el discurso formal de política pública, el cual sugiere que las contradicciones pueden resolverse en una esfera de mediación y de entendimientos recíprocos diluyendo el hecho de que los antagonismos pueden llegar a ser irreconciliables, que éstos están insertos en relaciones de poder asimétricas y que enfrentan –o pueden enfrentar- proyectos de sociedad diferentes (Svampa, 2008, p. 20).

Lejos de una reconciliación, esta discusión busca identificar la posibilidad de encontrar en las restricciones y antagonismos un espacio de acción sin obviar las relaciones de poder y el conflicto, pero buscando recursos propios de los actores, en este caso, un capital social para actuar dentro de la territorialidad que se impone y así hacerle frente no solamente adaptándose y resignándose a ella sino mirándola como una situación que puede ser transformada por medio de relaciones sociales y sus recursos, entre ellos, el capital social del cual se hablará a continuación.