El régimen no contributivo de prestaciones de la seguridad social de largo plazo en el Estado Plurinacional de Bolivia ha tenido varias etapas desde el primer beneficio que se comenzó a pagar en 1997, hasta llegar a consolidarse en una prestación universal y sostenible.
a) Reforma al sistema de pensiones de 1996:
la experiencia del Bonosol
En forma paralela a la reforma al sistema de pensiones de 1996, se creó el Bono Solidario (Bonosol), beneficio que reconocía, por medio de un pago anual, los dividendos generados por las empresas estratégicas nacionales capitalizadas, cuyas acciones se transfirieron a propiedad de los bolivianos.
Las empresas nacionales de importantes sectores económicos (transporte aéreo y ferroviario, producción de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones) fueron capitalizadas por medio de una ley de la República. El paquete accionario de cada una de estas empresas fue transferido en un 50% a inversionistas extranjeros del sector por medio de una licitación internacional; en alrededor de un 48%, a título gratuito, a los bolivianos que fueran mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995, quienes eran los beneficiarios del Bonosol, y el resto a accionistas minoritarios, en la mayoría de los casos trabajadores de las empresas capitalizadas.
El paquete accionario del 48% de las empresas capitalizadas que pasó a propiedad de los bolivianos que fueran mayores de edad en 1995, constituyó el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y su administración fue encargada mediante un proceso de licitación internacional a dos administradoras de fondos de pensiones, que tenían el rol de representar esta proporción de las acciones en la junta de accionistas y sus directorios2. De acuerdo con el diseño de este beneficio, los dividendos que anualmente generarían las empresas capitalizadas ingresarían al FCC y se destinarían a pagar el Bonosol; el monto del beneficio se podría modificar después de una evaluación económica financiera.
El financiamiento del Bonosol estuvo supeditado a las políticas de dividendos que se adoptaran en las juntas de accionistas de las empresas capitalizadas, de tal modo que podían producirse dos situaciones extremas: i) por una parte, una reinversión de las utilidades en las empresas capitalizadas de sectores estratégicos significaba que no se pagarían dividendos y, por tanto, no ingresarían recursos para financiar el Bonosol, y ii) una decisión de garantizar el pago del Bonosol conducía a disminuir la capacidad de reinversión o expansión de estas industrias. Las decisiones asumidas debieron entonces responder a la necesidad de hacer posible el desarrollo de sectores estratégicos y al mismo tiempo garantizar el beneficio para los adultos mayores del país.
En 1997 se realizó el primer pago anual del Bonosol, en un monto de 242 dólares, a todos los bolivianos mayores de 65 años. Puesto que el grupo de beneficiarios de la capitalización fue un grupo cerrado de bolivianos (los mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995), el beneficio del Bonosol se extinguiría en cuanto el último de ellos falleciese, sin que el beneficio pudiera denominarse de carácter universal.
b) Beneficios intermedios
Entre 1998 y 2007, el Bonosol fue objeto de algunas modificaciones en cuanto al diseño de su financiamiento, los montos de pago y los beneficiarios. Entre 1998 y 2001, se sustituyó el beneficio por el denominado Bolivida, que consideraba un grupo de beneficiarios reducido únicamente a los bolivianos mayores de 50 años a 1995 y establecía también un menor monto anual del beneficio, que en esos años se situó entre 56 dólares y 60 dólares.
2 Las administradoras de fondos de pensiones que fueron contratadas para la administración del sistema de capitalización individual tras la reforma al sistema de pensiones de 1996, fueron las mismas encargadas de la representación de las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas.
Si bien la fuente del financiamiento seguían siendo los dividendos que generaban las empresas capitalizadas, se agregaron algunos beneficios en materia de crédito popular, que no llegaron a tener mayor impacto.
En 2002 se suspendió el pago de este beneficio no contributivo, que fue repuesto en 2003 nuevamente con el nombre de Bonosol y con las características de su diseño inicial: i) los beneficiarios serían los bolivianos mayores de 21 años a diciembre de 1995; ii) el financiamiento provendría de los dividendos de las empresas capitalizadas, y iii) el pago anual sería de 257 dólares y el monto se revisaría cada cinco años.
En aspectos logísticos, se lograron los primeros avances importantes:
se concluyó la base de datos de beneficiarios de la capitalización a partir del padrón electoral y se implementó el pago en línea por medio del sistema financiero, aunque con un reducido número de puntos de pago.
c) Renta Dignidad: universalización del régimen no contributivo
Consolidando el derecho constitucional de gozar de una vejez digna, en 2008 se inició el pago de la Renta Dignidad, beneficio que por primera vez en la historia del país garantiza un ingreso mensual y vitalicio a todos los bolivianos y bolivianas residentes en el territorio mayores de 60 años, aplicando políticas de redistribución de ingresos y de reducción de pobreza.
La cuantía anual de este beneficio, que es parte del régimen no contributivo de la seguridad social de largo plazo, es de 2.400 bolivianos (340 dólares) para aquellas personas que no reciben una pensión o renta de vejez del sistema de pensiones y de 1.800 bolivianos (255 dólares) para aquellas personas que sí la reciben. El fundamento de esta diferencia en el monto de la prestación entre rentistas y no rentistas es priorizar, con un monto mayor de pago, al segmento que no recibe una prestación vitalicia en su vejez, sin descuidar el derecho universal del grupo de rentistas. De los 780.000 beneficiarios del régimen no contributivo, 130.000 (17%) son rentistas.
En cuanto a la logística en el pago del beneficio, es importante destacar la innovación operativa de recurrir a las Fuerzas Armadas para realizar el pago de la Renta Dignidad en recintos militares, por medio de unidades móviles militares de pago, y así lograr mayor alcance geográfico en las áreas urbanas y rurales. A la fecha, se cuenta con 239 puntos de pago a cargo de las Fuerzas Armadas, que sumados a los 897 puntos de pago de entidades financieras, hacen un total de 1.136 puntos a nivel nacional, con un sistema de pago y actualización de registros en línea.
A diferencia de los beneficios anteriores, la Renta Dignidad cumple con el principio de universalidad de la seguridad social de largo plazo,
por cuanto el derecho al beneficio corresponde a todos los bolivianos y bolivianas residentes en el país que cumplan 60 años.
Por su parte, el financiamiento de la Renta Dignidad tiene como principal componente el impuesto directo a los hidrocarburos, que a su vez deriva de la producción y explotación de este recurso del país. Además se han mantenido como fuente de ingresos para el beneficio, los dividendos de las empresas capitalizadas, que en su mayoría son ahora empresas representadas por el gobierno nacional.