En términos del total, el contraste entre México y las naciones industrializadas, particularmente los Estados Unidos, es aún más drástico. En 1800 México producía más de la mitad de los bienes y servicios de los Estados Unidos. En 1877 México producía apenas 2 % de la producción que salía de las fábricas y d propiedades rurales del coloso del norte, y sólo 5% de la producción británica total. El crecimiento poblacional explica una parte de la diferencia entre México y las dos economías industriales. En 1800 la población de México, seis millones, era mayor que la de los Estados Unidos (5.2 millones) y superior a la mitad de la británica (10.7 millones, excluyendo a Irlanda). En 1910 la población mexicana era de 15.2 millones, la británica de 45 millones, la de los Estados Unidos de 92 millones. Aun el Brasil, cuya población era de apenas 3.2 millones de habitantes, superó a México durante el siglo XIX y alcanzó más de 22 millones hacia 1910.
Los datos mexicanos revelan tendencias previsibles. El ingreso per capita y el ingreso total cayeron en alguna época posterior a 1860. Una recuperación empezó durante la República Restaurada (1867-1876), pero México no superó los niveles coloniales de ingreso sino hasta avanzado el Porfiriato.
Entre 1877 y 1910 el ingreso nacional per capital creció a una tasa media anual de 2.3%. Según patrones mundiales de entonces se trataba de un crecimiento extremadamente rápido, tan rápido que de hecho el ingreso per capita más que se duplicó en 33 años.
¿Por qué al empezar el siglo XIX la economía de México producía menos de la mitad que la de los Estados Unidos? Antes de sugerir dos hipótesis me gustaría rechazar otras tres que he sacado de ciertas obras sobre el periodo colonial y el siglo XIX. Las hipótesis que quisiera rechazar responsabilizan el temprano atraso de México a: i) el colonialismo español;
ii) el sistema de haciendas o latifundios, y iii) el papel económico de la Iglesia católica.
Examinemos, en primer lugar, el colonialismo español. Dado que España administró, bien o mal, sus colonias del Nuevo mundo durante tres siglos completos, no puede negarse su
responsabilidad por lo que aquellos lograron o dejaron de lograr. Puesto en frases elegantes y con notas al pie de página, este argumento inútil ha sido repetido sin cesar desde la visita de Humboldt. Definiré como el costo del colonialismo español aquellas trabas económicas que la Independencia eliminó.
Solamente dos limitaciones significativas aparecen en este caso: i) las restricciones mercantilistas al comercio con otros países, y ii) las exportaciones no compensadas de oro y plata extraídas de las colonias como ingresos fiscales netos. Esta definición deja fuera del análisis todos los efectos del colonialismo español que sobrevivieron a la Independencia.
Más tarde volveré a los más importantes de ellos. Con la definición que elegí es posible plantear dos preguntas para las cuales es necesario buscar respuestas precisas. En primer lugar, ¿cuánto hubiera ganado la economía mexicana si la independencia de España hubiera sido lograda a fines del siglo XVIII? Y en segundo lugar, ¿qué proporción de la brecha entre la productividad de las economías mexicana y norteamericana habría sido eliminada por tales ganancias?
El cuadro 2 presenta estimaciones de las respuestas: compárale costo del colonialismo español para la Nueva España en 1800 con el costo del colonialismo británico para las trece colonias norteamericanas en 1775. Como muestra dicho cuadro, el costo total del
colonialismo español llegaba aproximadamente a 17.3 millones de pesos.
En contraste, el costo de la soberanía británica para las trece colonias estadounidenses era apenas de medio millón de pesos. La carga española era 35 veces mayor que la británica.
El cuadro 2 muestra también, sin embargo, que la carga española significaba menos de tres pesos per capita en 1800. Se puede argumentar, naturalmente, que el espíritu de la ciudadanía española quizá no valiera tanto.
En términos económicos se perdía en su totalidad el 7.2% del ingreso colonial, cantidad nada despreciable. Pero aun en el caso de que este cálculo fuera cinco o diez veces más bajo, la Independencia no habría eliminado la distancia entre la productividad de la economía mexicana y la de la norteamericana en 1800. Agregándose tres pesos al ingreso per capita de México, éste seguiría siendo menor que la mitad del de los Estados Unidos.
La segunda hipótesis que me gustaría rechazar es que la organización de la producción agrícola en grandes unidades llamadas haciendas o latifundios haya retrasado el crecimiento económico mexicano.
Es imposible emprender un análisis profundo de esta hipótesis en un espacio tan reducido, así que me apoyaré en múltiples referencias de estudios de haciendas, muchos de ellos muy recientes, que en su conjunto demuestran la eficiencia y productividad de la agricultura organizada en grandes unidades, superior a las de todas las formas competitivas de organización de las unidades de producción, particularmente para el cultivo de granos y de plantas de uso industrial, y
para la ganadería. Datos adicionales, y creo que decisivos en este punto, resultan de la comparación entre la agricultura de México y la de los Estados Unidos.
En 1800, por ejemplo, entre 70 y 80% de la fuerza de trabajo mexicana trabajaba en el sector agrícola para producir aproximadamente 40% del producto bruto de la colonia. Los mejores cálculos para los Estados Unidos en el mismo año son idénticos: 80.6% de la fuerza de trabajo estaba en el sector agrícola para producir aproximadamente 40% del ingreso nacional.
La distancia entre la productividad de la agricultura en ambas regiones era exactamente igual a la distancia en productividad entre los sectores no agrícolas de ambas economías. México era apenas la mitad de productivo que los Estados Unidos tanto en el sector agrícola como en el no agrícola.
La productividad agrícola quedó rezagada ligeramente respecto a los sectores no agrícolas durante el medio siglo que transcurrió entre la Independencia y el Porfiriato, precisamente cuando el sector de la economía agraria organizado en grandes propiedades sufría una contracción. La productividad tuvo una recuperación evidente durante el último cuarto del siglo XIX, no obstante, cuando las haciendas se
expandieron y de nuevo la tierra volvió a concentrarse. No conozco datos que permitan sostener la hipótesis de que el sector de grandes propiedades de la economía de México despilfarraba recursos que habrían podido ser utilizados más productivamente en condiciones diferentes de tenencia de la tierra.
Los datos existentes sugieren lo contrario.
La tercera hipótesis que quiero rechazar es que las actividades de la Iglesia católica retrasaron el crecimiento económico de México durante el periodo colonial o en la etapa inmediatamente posterior a la Independencia. Las actividades económicas de la Iglesia pueden ser clasificadas en tres categorías: i) el diezmo; ii) préstamos; iii) propiedades de tipo productivo. El diezmo era una tasa de 10% sobre la producción bruta, impuesta principalmente a la producción agrícola y ganadera de las propiedades rurales privadas. Esta tasa reducía la rentabilidad de las propiedades de la misma manera que cualquier impuesto directo hoy día. La cuestión sería saber en cuánto reducía dicha tasa el producto nacional bruto de México.
Con frecuencia se ha considerado implícito que la producción agrícola –y de esta manera el producto nacional bruto- quedaba reducida en el monto de la tasa, o sea en 10%, como si los cobradores del diezmo se quedaran con una décima parte de cada cosecha para quemarla como sacrificio. Aun si adoptamos esta manera enteramente no apropiada de medir el efecto negativo del diezmo tendría un monto de menos de 4% del ingreso nacional en 1800.
La manera apropiada de medir el efecto de esa tasa debe tomar en consideración dos factores. En primer lugar el diezmo tenía el efecto de reducir la rentabilidad de las empresas agrícolas. En segundo lugar empujaba por tal razón a factores de producción a otras actividades menos productivas. El efecto negativo sobre el producto nacional bruto es entonces la diferencia entre lo que era de hecho producido por el trabajo y el capital dirigidos hacia actividades menos productivas, y lo que habría producido si hubieran permanecido en la agricultura. El monto de esta diferencia era aproximadamente cero, aun cuando las cobranzas del diezmo alcanzaron un punto máximo a fines del siglo XVIII.
El papel de la Iglesia en inversiones de tipo bancario ha sido también mal comprendido. La Iglesia obtenía un ingreso neto del diezmo, de donaciones privadas y de sus propiedades.
Además, actuaba como agente fiduciario en relación con fondos que le eran confiados. Una amplia porción del ingreso neto de la Iglesia y la totalidad de los capitales a ella confiados eran invertidos en préstamos usualmente a 6% de interés sobre la garantía de bienes inmuebles. Debido a su tasa de interés baja y no determinada por el mercado la Iglesia dominaba el mercado de préstamos hipotecarios. ¿Qué efecto tuvo esto sobre la actividad económica? La respuesta es:
prácticamente ninguno. El efecto principal era de tipo distributivo. La Iglesia perdía dinero cuando prestaba fondos por debajo de la tasa de interés del mercado, mientras que los inversionistas privados ganaban. La Iglesia actuaba de manera muy similar a los modernos bancos de desarrollo, que fuerzan a los que pagan impuestos a subsidiar la formación de capital privado. Además la Iglesia no imponía obstáculos legales o prácticos que impidieran a los que recibían préstamos eclesiásticos invertirlos en manufacturas de preferencia o haciendas o al consumo de lujo. Si no se construían fábricas era por otras razones.
Finalmente la Iglesia era propietaria. Los estudios de las propiedades rurales de la Iglesia sugieren que eran por lo menos tan bien administradas como las propiedades privadas. Las más grandes gozaban de ventajas considerables. La propiedad jesuita de Santa Lucía, por ejemplo, se beneficiaba de un sistema de comunicaciones que le permitía planear tanto las ventas como las compras en el sentido de sacar un máximo de ventajas de las condiciones prevalecientes en el mercado.
Muchas propiedades rurales de la Iglesia estaban alquiladas a particulares, sobre todo después de la Independencia, de tal modo que la eficiencia de dichas propiedades no era un asunto de la Iglesia, más allá del ingreso fijo proveniente de alquileres que percibía.
La mayor diferencia entre la Iglesia y el sector privado consistía en que estaba exenta de la mayoría de los impuestos cobrados a la empresa privada por el gobierno colonial y posteriormente por el nacional. No hay datos, sin embargo, que sugieran que la autoridad
pública habría utilizado mejor los ingresos obtenidos imponiendo impuestos a la Iglesia;
hay muchos que sugieren lo contrario.
Después de la expropiación gran número de actividades de caridad apoyadas por la Iglesia desaparecieron, así que, a corto plazo, el efecto de trasladar las propiedades de la Iglesia al sector privado que pagaba impuestos parece haber sido una disminución del bienestar de los pobres.
Me gustaría ahora sugerir que, según creo, había dos principales obstáculos del crecimiento económico en el México colonial que explican la diferencia entre la productividad de la economía mexicana y de la norteamericana en 1800. Estos obstáculos eran la geografía y el feudalismo.
La población y la actividad económica de México estuvieron siempre concentradas en valles y altiplanos, lejos del mar. No existían vías acuáticas de comunicación en el interior, ni podían ser construidas. Toda la economía dependía de costosos transportes terrestres para el acarreo de mercaderías y personas.
Bastará un ejemplo para mostrar cómo la geografía afectaba lo costos de transporte así como el desarrollo de los mercados y el crecimiento de la productividad. A fines del siglo XVIII la Diputación Minera de Guanajuato calculó que esta ciudad recibía su abastecimiento de maíz de propiedades rurales ubicadas en el interior de un radio de diez leguas (55 kms.). Con las tarifas vigentes en la región los productores tenían que pagar aproximadamente de un real a un real y un tercio (0.125 a 0.166 pesos9 por tonelada y por kilómetro para expedición comercial de mercaderías. El precio del maíz fluctuaba ampliamente, pero para finalidades de ilustración podemos considerar que era de 30 pesos por tonelada. Haciendas ubicadas cerca del límite del radio de 55 kms. Deberían pagar más de ocho pesos (40% del precio de venta del maíz) sólo para transportarlo a Guanajuato. Si los productores de maíz hubieran podido enviarlo por vía acuática a Guanajuato, a las mismas tarifas pagadas para transportes por canoa en los lagos que cercaban a la ciudad de México, el radio de abastecimiento de la ciudad habría aumentado de 55 a entre 485 y 725 kms. Los efectos del transporte barato sobre la economía global apenas pueden ser imaginados: crecimiento de la especialización regional y de la división
del trabajo, mayor posibilidad de confiar en mercados más eficientes para intercambiar los productos, desarrollo de nuevos centros de producción antes no desarrollados debido a la distancia de centros de población y actividad, mayor movilidad del trabajo y del capital. Los Estados Unidos, naturalmente, poseían todas estas ventajas. Si México las hubiera compartido, la distancia entre la productividad de la economía mexicana y de la norteamericana, quedando igual todo lo demás, se habría reducido por lo menos en un tercio.
Esta conclusión está basada en lo que de hecho ocurrió cuando se construyeron los ferrocarriles durante el Porfiriato. Los costos del transporte de carga cayeron a menos de un décimo de los niveles previos al ferrocarril.
Los ahorros sociales en 1900 llegaban a por lo menos 10.8% del producto nacional bruto, equivalente a un tercio de los aumentos en productividad de la economía mexicana entre 1895 y 1910. El ingreso per capita se duplicó en esos años, cumpliéndose entonces lo que hubiera sido necesario para que México alcanzara a los Estados Unidos en 1800. Si México hubiera sido favorecido con transporte barato en aquellos tempranos años, la mayor parte de la ventaja de los Estados Unidos habría sido eliminada.
Pero, naturalmente, los demás elementos no eran iguales. El gobierno virreinal podría haber decidido muy bien aumentar las alcabalas en la misma proporción que las reducciones en los costos del transporte. O Madrid podría haber ordenado al gobierno colonial que negara licencias a los empresarios ávidos de sacar ventajas de los costos rebajados de los fletes. O la Corona podría haber decidido transformar el transporte en un estanco o monopolio real., O el Consejo de Indias podría haber solicitado al rey que protegiera a la población indígena prohibiendo su empleo en la producción de bienes vendidos en lugares lejanos. O, para proteger los derechos de los arrieros, carreteros y hoteleros a lo largo de los caminos reales, la Audiencia podría haber ordenado que todos los bancos, balsas y canoas en la colonia fueran poseídos exclusivamente por arrieros, carreteros y hoteleros que se registraran con las autoridades y estuvieran de acuerdo en prestarle al rey diez mil pesos.
Esto me conduce al segundo de los dos obstáculos para el crecimiento económico mexicano que he mencionado, el feudalismo.
A diferencia de los señores feudales de la Europa medieval, los grandes terratenientes de México perdieron, poco después de la conquista, todos los derechos legales o consuetudinarios al producto excedente o al trabajo de la población dominada. Esto se debió en parte a la política de la Corona española, que buscaba evitar pretensiones de soberanía sobre la población del Nuevo Mundo que pudieran competir con la prerrogativa real. En parte se debió también a la resistencia tenaz de los aldeanos indígenas frente a las presiones sobre sus tierras y personas. El peonaje por deudas, en los raros casos en que parece haber sido efectivo (principalmente en los dos extremos geográficos del país, nunca estuvo cerca de igualar la servidumbre legal que el campesinado europeo sufrió durante cientos de años. Pese a la existencia de instrumentos de coacción informales (y con frecuencia ilegales), los obstáculos a una organización eficiente de la producción agrícola eran mucho más débiles en México que en gran parte de la Europa precapitalista. Al contrario, como observó Enrique Semo, “El feudalismo en México era fuerte sobre todo al nivel de la superestructura”.
El obstáculo principal al crecimiento económico mexicano en el periodo colonial, y durante medio siglo después de la Independencia, era la organización económica ineficaz. Esto no significa que las unidades de producción del tipo de las haciendas derrochaban recursos dado el contexto que enfrentaban. Significa más bien que la economía como un todo sufría debido a un conjunto de políticas, leyes e instituciones que ampliaban en vez de reducir el abismo entre las ganancias privadas y sociales de la actividad económica. Actividades que habrían contribuido al crecimiento económico nunca eran llevadas a cabo porque eran consideradas no rentables. Los frenos legales a la movilidad del capital y del trabajo dificultaban el desarrollo de los mercados respectivos. Reglamentos públicos minuciosos de la actividad económica para finalidades fiscales y otras, inhibían el espíritu empresarial. El sistema judicial aumentaba los riesgos de la actividad empresarial al no
garantizar un conjunto bien definido de derechos de propiedad. La política fiscal hacía más costosas las transacciones, inhibía el uso de los mercados como medios para intercambio de los productos y contribuía al aislamiento geográfico de aquellos mercados regionales y locales que se desarrollaron. Los monopolios reales en la producción y distribución de diversas mercaderías distorsionaban los precios y reducían la productividad. La inversión hecha por la autoridad pública o por agentes voluntarios en la infraestructura o en capital humano era despreciable. No existía una legislación general para promover la realización de economías de escala por medio de compañías o corporaciones. La innovación era inhibida por un sistema de privilegios que no garantizaba una ganancia a los inventores o a los que invirtieran en la aplicación de nuevos procedimientos. En un contexto como ese sólo los empresarios, cuyos intereses coincidieran con los de la Corona y que recibieran exenciones especiales de tipo corporativo de al menos una parte de los riesgos y limitaciones impuestos a todas las demás actividades, eran capaces de prosperar. Pero la Corona no recompensaba la actividad empresarial lo suficiente como para hacer más productiva a la economía, sino que distribuía privilegios según el mérito en el servicio del rey.
Desgraciadamente este enfoque en términos de costo-ganancia sugiere apenas la dirección, pero no la magnitud de las limitaciones que las superestructuras feudales de México plantearon al crecimiento económico. Algún avance puede lograrse mediante la agregación de estudios de casos individuales en el nivel de la empresa, pero ello no ayudaría mucho a calcular la pérdida resultante de que ciertas actividades económicas ni siquiera se empezaron. No es satisfactorio tratar el efecto de la organización económica como algo residual, en especial cuando la dimensión de dicho factor es sugerida por una comparación internacional más que mediante un cálculo del mismo potencial mexicano para el crecimiento. De todos modos, ofrezco como punto de partida para trabajos futuros la hipótesis de que más de la mitad de la distancia entre la economía mexicana y la de los Estados Unidos en 1800 se debía a diferencias en la organización económica.
Los dos obstáculos principales al crecimiento económico en el México colonial –transporte inadecuado y superestructura feudal- podrían haberse resuelto pronto en el siglo XIX. La independencia liberó al país de la fuente de las políticas, leyes e instituciones que inhibían la actividad empresarial. La tecnología ferrocarrilera se desarrolló en la década de 1830 y podría fácilmente haber sido importada en la siguiente década. Pero al contrario de esto, México penetró en medio siglo de luchas políticas, sociales e internacionales. El colapso del gobierno estable anuló los efectos potencialmente positivos de los pocos cambios que acompañaron a la Independencia, y privó tanto al nuevo gobierno como el sector privado de los recursos necesarios para mejorar los transportes.
La complejidad del conflicto político en el México independiente desafía una descripción fácil. Divisiones regionales y sectoriales, el problema ideológico que presentaron las relaciones entre Iglesia y Estado, más otras divisiones económicas y sociales, cortaron de diversas maneras los patrones de cohesión, lo que provocó que las acciones políticas se transformaran con cada nueva dirección de los acontecimientos. Una clara división clasista entre una burguesía ascendente y una reacción feudal era algo difícil de esperar en un país donde tanto los grandes terratenientes como los sectores medios formaban grupos sociales débiles y fragmentarios en un entorno hostil de léperos e indígenas. Los conflictos se prolongaron porque ninguno de los que luchaban por la hegemonía sobre el aparato gubernamental fue bastante fuerte para imponer un régimen estable.
El principal obstáculo al advenimiento de la hegemonía burguesa sobre el aparato del gobierno nacional era la resistencia tenaz de la única institución económica y social privilegiada del país, la Iglesia. Todo esfuerzo por liquidar la herencia de instituciones feudales que pesaban sobre la empresa y retardaban la modernización se enfrentaba a la oposición de la Iglesia y sus aliados. La Iglesia disponía de poderosos recursos que la declinación económica posterior a 1810 debilitó poco. Era la única institución del México independiente que funcionaba a escala nacional. Su capacidad de movilizar el apoyo
de la población indígena nunca fue igualada, después de la derrota de Hidalgo, por ningún movimiento político. Su status privilegiado garantizaba la legitimidad del fuero militar y ligaba la causa de la Iglesia a la del aparato militar profesional.
Por una multitud de razones que no es el caso tratar aquí, el anticlericalismo salió triunfante de la agitación del país. La última esperanza de restauración del patrón colonial de gobierno terminó cuando el breve régimen del emperador Maximiliano adoptó el anticlericalismo liberal y actuó rápidamente en el sentido de liquidar exactamente los mismos obstáculos al desarrollo capitalista a los que se oponían los políticos liberales. No sólo Maximiliano promulgó el primer Código Comercial moderno de la nación en sustitución de las Ordenanzas de Bilbao, sino que su gobierno usó la ayuda francesa para impulsar la construcción del primer ferrocarril nacional, con mayor decisión que cualquier gobierno anterior. Sólo cuando el régimen porfiriano adoptó la estrategia de desarrollo de Maximiliano, diez años después de la caída del segundo Imperio, la transición de México al capitalismo quedó asegurada.
Cuando el aparato del gobierno nacional cayó en manos del régimen de Juárez en 1867, el primero y más importante paso en la transformación de los derechos de propiedad proclamada por la Constitución de 1857 era ya un hecho consumado. La mayor parte de la riqueza de la Iglesia estaba ahora en manos privadas. Poca más se llevó a cabo al respecto en la década de la República Restaurada. Los liberales consiguieron producir un nuevo código civil (1870) que reconocía el nuevo estado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El código Comercial del segundo Imperio fue revocado, sin embargo nada se hizo para sustituirlo. La reforma tarifaría que afectaba a la fuente principal de los ingresos del gobierno federal fue adoptada por el congreso en 1872, pero la modernización del sistema tarifario y la reforma del anticuado e ineficaz ministerio de hacienda fueron propuestas. El poder judiciario fue reorganizado y expurgado, pero el principal requisito para el nombramiento era la lealtad al nuevo régimen, y el sistema judicial permaneció tan caótico como siempre. Los regímenes de Juárez y de Lerdo no