ÁMBITOS ESPECÍFICOS
III. LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA, SECTOR A SECTOR
Aunque se haya insistido en la jurisdicción civil, el problema de las divergencias locales puede ob- servarse más en general en toda la justicia española.
El mapa 2 refleja la distribución espacial de la con- gestión utilizando el primer componente principal de las tasas de congestión en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y civil. Para la jurisdicciones social y contencioso-administrativa se incluyó el período 1999-2014, para la jurisdicción civil se incluyó el período 2002-2014.
III. LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA
En general, las conclusiones surgen de la estima- ción de modelos de datos de panel (normalmente con datos por provincia, p, y año, t) que incluyen efectos fijos. Los modelos toman como variable de- pendiente el problema económico que se pretende estudiar y como variable independiente principal la eficiencia de la justicia.
Los efectos fijos permiten controlar por las ca- racterísticas invariables en el tiempo que pueden determinar cambios en las variables económicas:
por ejemplo, las diferencias invariables en el tiem- po de la estructura económica o demográfica de las provincias, las características de ubicación que son constantes en el tiempo o, cuando se estudian empresas, sus diferencias en las prácticas comer- ciales.
de resolver un procedimiento declarativo o cuando actúa en ejecución.
Tras mencionar algunos problemas comunes de las estimaciones (en la subsección «2»), las subsec- ciones «3», «4» y «5» dan detalles sobre los impac- tos de la justicia en los mercados inmobiliarios, en el emprendimiento y en la inversión empresarial. La subsección «6» da detalles de otros estudios.
2. Una nota metodológica: econometría y derecho procesal
Los estudios mencionados en esta sección son empíricos, sin perjuicio de que incluyan algunas re- flexiones teóricas, y comparten varios desafíos que es necesario resolver econométricamente.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE DIFERENTES ESTUDIOS SOBRE LOS IMPACTOS DE LA JUSTICIA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CUADRO N.º 1
PROBLEMA ANALIZADO DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA EFECTO ESTUDIADO PROCEDIMIENTO IMPACTO ECONÓMICO FUENTE
Proporción del mercado de alquiler en comparación con la
propiedad en España.
Reducción de 1 punto en la tasa
de congestión judicial. Ejecución Incremento de 0,15 puntos porcentuales de la tasa de alquiler (3.400 viviendas alquiladas más en Madrid, 3.100 en Barcelona y
1.400 en Valencia).
Mora-Sanguinetti (2012)
Tamaño medio de las
empresas. Convergencia del rendimiento de la justicia de las provincias españolas con la mejor práctica (provincia con
mayor rendimiento).
Declarativo Incremento del 0,6 al 2,8% García-Posada y Mora-Sanguinetti
(2015a) Crecimiento de las
empresas. Convergencia del rendimiento de la justicia de las provincias españolas con la mejor práctica (provincia con
mayor rendimiento).
Declarativo Incremento del 1,1 al 2,8% García-Posada y Mora-Sanguinetti
(2015a) Tasa de entrada de
empresas. Convergencia del rendimiento de la justicia de las provincias españolas con la mejor práctica (provincia con
mayor rendimiento).
Declarativo Incremento del 8,8 al 9,5% García-Posada y Mora-Sanguinetti
(2015a) Tasa de entrada de
emprendedores. Convergencia del rendimiento de la justicia de las provincias españolas con la mejor práctica (provincia con
mayor rendimiento).
Declarativo Incremento de la tasa entre
el 5 y el 7% García-Posada y Mora-Sanguinetti
(2015b) Disponibilidad de
crédito. Incremento de 1 punto de la tasa
de liquidación judicial. Ejecución Incremento del 0,32% de la tasa
de crédito total respecto del PIB. Mora-Sanguinetti et al. (2017) Inversión a nivel de
empresa. Reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de
congestión.
Declarativo Incremento medio de la tasa de inversión de 0,1 puntos porcentuales. Si Alicante tuviera la eficacia judicial observada en Álava, la inversión en Alicante
aumentaría en 0,8 puntos porcentuales (similar al efecto que
tiene un aumento de 10 puntos porcentuales en los flujos de efectivo [cash flows] sobre el nivel
de inversión).
Dejuán y Mora-Sanguinetti
(2021)
Fuente: Elaboración propia.
examen de las pruebas, la formulación de conclu- siones por las partes y otros informes (artículo 433 LEC). Las partes no pueden elegir el juez particular que resolverá su caso y están obligadas a pasar por todas las partes del procedimiento en el tribunal que se les asigne.
3. Justicia y mercado inmobiliario
Siguiendo la argumentación de Mora-Sangui- netti (2012), en el muy largo plazo, al menos desde la década de 1970, el mercado de alquiler ha perdi- do peso en la economía española. Según los datos censales, el mercado de propiedad era del 63,4 por 100 en 1970 y ya superaba el 80 por 100 al inicio de este siglo. Desde un punto de vista económico, un mercado de alquiler débil no es deseable por va- rios motivos: se relaciona con una menor movilidad de personas y trabajadores y eso podría incrementar la tasa de paro. Junto a ello, un mercado de alquiler desarrollado puede ser un instrumento para evitar una concentración excesiva de recursos económicos en el sector de la construcción (véanse, entre otros, Hardman y Ioannides [1999], Layard, Nickell y Jac- kman [1991] o Maclennan, Muellbauer y Stephens [1998]).
Existen múltiples factores socioeconómicos que pueden influir en la evolución en el peso del alquiler (o de la propiedad): las restricciones financieras;
el coste de uso de la vivienda, es decir, la relación entre el precio de compra y de alquiler; la renta permanente de los individuos; la fiscalidad o la de- mografía (como la proporción de personas jóvenes o de parejas casadas). Desde la perspectiva de un individuo (un potencial inquilino o comprador), esos motivos importan a la hora de decidir si com- prará una vivienda u optará por alquilarla. También importan en los ya propietarios, que podrían decidir poner su vivienda en el mercado de alquiler o no.
Según los razonamientos ya expuestos, junto a esos factores socioeconómicos, también es im- portante la seguridad jurídica y, para lograrla, se necesitaría un buen funcionamiento del sistema judicial. El alquiler de vivienda obliga a una relación mantenida en el tiempo entre propietario e inqui- lino. En presencia de un sistema judicial ineficaz y, por tanto, en virtud de acuerdos contractuales poco controlados (véase, como se introdujo, lo expuesto por Coase [1960]), algunos inquilinos podrían deci- dir incumplir sus obligaciones contractuales, como el pago de la renta o el cuidado de la propiedad.
Junto a estos efectos fijos, se tienen en cuenta también los efectos fijos de tiempo (time dum- mies) que ayudan a controlar por las condiciones macroeconómicas, el ciclo económico y, en casos específicos, también por las políticas nacionales o la incertidumbre normativa que puede afectar a la inversión empresarial.
Una estrategia para confrontar los problemas de heterocedasticidad y correlación serial es agrupar los errores estándar (clustered standard errors).
La identificación adecuada, y su coherencia con el derecho procesal español, entraña varios desa- fíos (véanse Mora-Sanguinetti, Martínez-Matute y García-Posada [2017] y Dejuán y Mora-Sanguinetti [2021], para mayor detalle). Por ejemplo, si la con- gestión judicial se mide a nivel local (agregando datos por provincias, por ejemplo), la movilidad entre provincias de los sujetos o empresas estu- diados invalidaría la identificación. Es decir, los ciudadanos o empresas resolverían sus conflictos en aquellas provincias donde el sistema judicial fun- cionara más eficientemente (una forma de forum shopping). Si bien no es esto lo que se observa en los datos, es necesario analizar el problema desde un punto de vista procesal. Una respuesta simplifi- cada es que el legislador ya previó este problema:
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) limita estos movimientos. Los artículos 50 y 51 (LEC) establecen que el órgano judicial competente para resolver un conflicto será, por defecto, el del domicilio del de- mandado, tanto en el caso de personas físicas como jurídicas. Por supuesto, existen excepciones a estas reglas (por ejemplo, lo establecido en el artículo 55 LEC) que es necesario analizar.
Más allá de la discusión jurídica, en términos económicos las provincias suelen ser una importan- te «frontera» de la actividad económica en España:
los trabajadores tienden a desplazarse solamen- te dentro de los límites de la provincia (Jimeno, Martínez-Matute y Mora-Sanguinetti, 2015). Según la Encuesta de población activa, los trabajadores que se desplazaron a una provincia distinta de su provincia de residencia ascendieron a un 4,6 por 100 en el período 2005-2013 y las empresas que cambian de provincia ascienden a solo alrededor de un 0,1 por 100 cada año.
Otros detalles del análisis que se deben tener en cuenta es que los ciudadanos y las empresas no pueden intervenir en la estructura de los pro- cedimientos. El juicio propiamente dicho incluye el
4. Justicia y emprendimiento
El emprendimiento y, más en general, la entra- da de nuevas empresas, es importante para la
«salud» de una economía. Los emprendedores sue- len ser innovadores y tienen un buen «apetito» por el riesgo (Armour y Cumming, 2008). Sus nuevas empresas normalmente traen al mercado el capital más nuevo y presionan a las compañías existentes estimulando la productividad (Brandt, 2004; López- García y Puente, 2007). En el caso concreto de Es- paña, estudiar los motivos por los que se emprende más o menos es especialmente importante pues tradicionalmente ha existido una menor entrada de empresas que en otros países y un menor creci- miento de la productividad.
El emprendimiento depende de muchos fac- tores (la fiscalidad, la educación, la disponibilidad de crédito o el diseño de la normativa concursal) pero también, de nuevo, de la eficacia del sistema judicial. Una justicia menos congestionada y más rápida, se relaciona con menores costes de fun- cionamiento para las compañías. Existe evidencia también de que una justicia de calidad ayuda a que existan mejores «redes sociales» (Ardagna y Lusardi, 2010), lo cual es importante para emprender.
A nivel econométrico, García-Posada y Mora- Sanguinetti (2015b) comprobaron si las diferencias locales en la eficacia de la justicia en la década de los 2000 se relacionaban con diferencias en el em- prendimiento. Como es natural, en el modelo se incluyeron otras características provinciales, como su desempleo, su crédito disponible o su riqueza per cápita.
La estimación dio como resultado que si la provincia española con peor eficacia judicial mejo- rara hasta alcanzar el rendimiento de la mejor, el aumento relativo de la tasa de entrada de empren- dedores oscilaría entre el 5 y el 7 por 100 (véase el cuadro n.º 1).
El análisis realizado también incluyó la entra- da de sociedades de responsabilidad limitada (de mayor tamaño), pero la ineficacia judicial solo pare- cía tener un impacto negativo relevante en los em- prendedores. Este resultado puede ser racionaliza- do en el sentido de que la ineficacia judicial puede considerarse como un coste fijo que deben pagar los agentes que litigan, por lo que se espera que sea una barrera de entrada más alta para los emprende- dores que para las grandes corporaciones.
Esos escenarios conllevarían una reducción de los beneficios de los propietarios y cabría pensar que algunos de ellos decidieran abandonar el mercado de alquiler cuando se les confronta a un entorno inseguro.
Más allá de esa reflexión, es posible analizar eco- nométricamente si la «seguridad jurídica» se refleja efectivamente en los datos del mercado de alquiler en España. Teniendo en cuenta estadísticamente el impacto del funcionamiento del sistema judicial y el de otras variables de interés que pudieran afectar al mercado de vivienda, como el mencionado coste de uso de la vivienda (que es endógeno y obliga a utilizar técnicas de variables instrumentales) o la densidad poblacional (véase la ecuación [1]), se comprueba que, efectivamente, una mayor tasa de congestión judicial disminuye el atractivo del mercado de alquiler. Más en concreto, la fase que realmente tiene efectos en el mercado sería la de ejecución.
Tasa de propiedadp,t = c + +È ctTt+b1Coste de usop,t+b2Congestión judicialp,t+
+b3Estructura del mercado de la abogacíap,t+ [1]
+b4Densidadp,t+jp+wp,t
La conclusión del análisis econométrico es que los propietarios evitan el mercado de alquiler cuando no pueden hacer cumplir sus contratos. Es decir, la tasa de propiedad aumenta si hay inefi- cacia judicial. Como se resume en el cuadro n.º 1, un aumento de un punto en la tasa de congestión judicial en las ejecuciones aumentaría la cuota de la propiedad en alrededor de 0,14-0,16 puntos porcentuales. Así, tomando el ejemplo de Madrid, hablamos de alrededor de 3.400 viviendas que se pierden en el mercado de alquiler. Barcelona perdería alrededor de 3.100 viviendas y Valencia alrededor de 1.400.
Esta argumentación proporciona un motivo para mejorar la eficacia del sistema judicial, al menos con el fin de desarrollar el mercado de alquiler. Esa con- clusión está de actualidad en tanto que, en térmi- nos generales, el advenimiento de la pandemia por la COVID-19 en 2020 probablemente incrementará el número de litigios que lleguen al sistema judicial.
A su vez, una mayor litigación es probable que au- mente la congestión del sistema judicial, reducien- do su rendimiento.
que la ineficacia judicial tiene un impacto negativo y significativo en la inversión de las empresas. Concreta- mente, una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión (en la fase declarativa) se rela- cionaría con un incremento medio de la tasa de inver- sión de 0,1 puntos porcentuales. A modo de ejemplo concreto, cabe recordar que en 2010 Alicante fue una de las provincias con mayor congestión judicial (220 casos no resueltos por cada 100), frente a Álava (140 casos no resueltos por cada 100). Si Alicante tuviera la eficacia judicial observada en Álava, la inversión en Alicante aumentaría en 0,8 puntos porcentuales, lo que es similar al efecto que tiene un aumento de 10 puntos porcentuales, en los flujos de efectivo –cash flows– sobre el nivel de inversión.
6. Otros resultados: crédito y tamaño de empresa
El buen funcionamiento del sistema judicial tam- bién se ha demostrado importante para el mercado de crédito. Un incremento de 1 punto de la tasa de liquidación judicial incrementaría en un 0,32 por 100 la tasa de crédito total respecto del PIB (Mora- Sanguinetti, Martínez-Matute y García-Posada, 2017). La medida de eficacia se construye para la fase de ejecución. Ese resultado está en línea con otros estudios para España como Fabbri (2010) o Padilla et al. (2007).
En cuanto al tamaño de las empresas, cabe re- cordar que las compañías españolas son pequeñas comparadas con las de los países de su entorno (véanse, entre otros, Mora-Sanguinetti y Fuentes, 2012, o Mora-Sanguinetti y Valls, 2020). Esta es una observación importante en tanto que el peque- ño tamaño de las empresas afecta negativamente a la PTF. El estudio de García-Posada y Mora-San- guinetti (2015a) mostró que si se lograra una con- vergencia del rendimiento del sistema judicial (en la fase declarativa) de todas las provincias españolas con el rendimiento de la provincia mejor se lograría un incremento del tamaño de las empresas españo- las de entre un 0,6 al 2,8 por 100 (véase también Mora-Sanguinetti, 2020).