La gestión ambiental

A partir de este hecho, continuaron una serie de conferencias mundiales como la de Estocolmo en 1972, con la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; la creación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1984 y el subsecuente reporte a dicha comisión en 1987, conocido como Informe Brundtland: Our common future.

En dicho informe se acuña el concepto de Desarrollo Sustentable el cual establece que “el Desarrollo Sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades” (UN, 1987), concepto que ha sido adoptado por los gobiernos como objetivo estratégico de desarrollo.

En 1992, como resultado de la cumbre de Río, se creó el Programa 21, mejor conocido como Agenda 21, un programa de acción a nivel global para “hacer frente a los problemas ambientales y para lograr el desarrollo sustentable”. La agenda 21 se establece entonces como el programa de las Naciones Unidas para que los gobiernos locales puedan definir los objetivos, las actividades y los medios de acción con el fin de implementar las medidas determinadas en éste programa.

Dado lo anterior, la gestión ambiental se gesta como un paradigma dentro de la administración pública debido a la responsabilidad de los gobiernos de buscar el desarrollo de sus naciones pero también de mantener condiciones de bienestar social como un ambiente sano y protección de la salud de la población.

Sin embargo, estas acciones globales como las conferencias, informes y agendas para el desarrollo sustentable, aunque repercutían en el actuar de los gobiernos nacionales, a nivel local no se lograba fundamentar un modelo de gestión ambiental efectivo que promoviera el desarrollo sustentable, dado el incipiente desarrollo institucional en el que se han encontrado los gobiernos locales y también debido a que éstos han tenido otras prioridades de política local donde no es relevante una agenda ambiental (Ramos, 2011).

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La gestión ambiental en México se establece como un conjunto de respuestas institucionales ante la evidencia del deterioro ambiental y sus efectos nocivos sobre la salud, la economía y la calidad de vida (Semarnat, 2006) y ha sido objeto de cambios de enfoques, desde un enfoque sanitario en una primera etapa, pasando a una segunda etapa con un enfoque integral para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, hasta una tercera etapa con un enfoque de desarrollo sustentable (Pérez, 2010). Semarnat (2006) considera una cuarta etapa con un enfoque de integralidad de la gestión y una quinta con un enfoque de transversalidad.

En este sentido, se establece el principio de integralidad de la gestión ambiental con un enfoque en el manejo de los recursos naturales y la incorporación de las cuestiones ambientales en los otros sectores económicos y sociales, con el cual se puede impulsar una integración de políticas por cuatro vías: a) “incorporación de la dimensión ambiental en el conjunto de las políticas sectoriales que, directa o indirectamente inciden en el manejo de los sistemas naturales”, b) “desarrollo progresivo de las capacidades de gestión ambiental local y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno”, c) “participación en la gestión ambiental por parte de todas aquellas instancias de la sociedad legítimamente interesadas en la promoción del desarrollo sustentable”, y d) “educación y capacitación ambiental de la sociedad” (Ibídem:64).

Al considerar al aire ambiente como un recurso común, una de las ramas de la gestión ambiental relacionada con este recurso es la gestión de la calidad del aire, la cual es definida como las actividades que lleva a cabo el Estado para mitigar, regular y controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, perjudiciales para la salud de la población y los ecosistemas (Semarnat, 2006). Dentro de esta gestión, se cuenta con distintos instrumentos tanto de regulación como de obtención de información y monitoreo, en donde para algunos se requiere de la participación y colaboración del sector privado, académico y de la sociedad civil.

Los principales aspectos de la gestión de calidad del aire son (Semarnat, 2006; EPA, 2011;

CAI-Asia, 2004):

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1. Marco jurídico; mediante el cual se establecen las normas de emisiones y de calidad del aire, así como las competencias de los distintos niveles de gobierno para su aplicación y cumplimiento;

2. Inventario de emisiones a la atmósfera por las distintas fuentes;

3. Monitoreo de la calidad del aire;

4. Modelación de emisiones y de calidad del aire;

5. Estudios científicos de causa y efecto de los contaminantes y de impactos en la salud y el ambiente;

6. Políticas y programas locales de gestión de la calidad del aire.

Con estas herramientas, las instituciones pueden llevar a cabo el proceso de política pública de la gestión de la calidad del aire; sin embargo, cabe resaltar que la aplicación aislada de estas herramientas sin los elementos de una gestión estratégica, en la que se consideren todos los factores y actores, así como sus recursos, acciones y reacciones, no garantiza su efectividad en la reducción o prevención de la contaminación del aire.

Por lo tanto, dada la necesidad de involucrar a distintos actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, más que un esquema de gobierno jerárquico se requiere un modelo de gobernanza para que las actividades del gobierno sean de un modo cooperativo, asociativo o en redes (Nava, 2001) con el fin de lograr la implementación de dichos instrumentos. Es por esto que se propone complementar el paradigma de la gestión ambiental con los de la nueva gestión pública y gobernanza, para establecer un marco de análisis para la gestión de la calidad del aire.