Históricamente el estado de Michoacán se ha situado junto con Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango como uno de los estados de México con los mayores flujos migratorios hacia los Estados Unidos, motivado principalmente por causas laborales lo que ha convertido a esta migración en un fenómeno constante y centenario (López Castro, 2003;
Ochoa, 2001). La dispersión de los oriundos se ha dado prácticamente en todos los condados de los Estados Unidos, donde los migrantes michoacanos se han insertado en distintos mercados laborales, constituyendo uno de los cambios más significativos de la migración michoacana (López Castro, 1986; Fernández Ruíz, 2003).
La migración michoacana hacia Estados Unidos se dio a la par de que los primeros migrantes provenientes de otras regiones en México iniciaron su aventura hacia el norte estrictamente en 1848, cuando fue establecida la demarcación fronteriza que separó a México y Estados Unidos (Fernández-Ruiz, 2003:36). En estos primeros años de migración fueron dos las causas que facilitaron la importación de fuerza de trabajo al país vecino: por una lado, la expansión de la vía férrea hacia el oeste de los Estados Unidos y hacia el norte y centro occidente de México; y por el otro, los cambios en la política migratoria de Estados Unidos que permitieron la entrada de los primeros migrantes temporales (López Castro, 2003;
Fernández-Ruiz, 2003; Ochoa, 2001).
El segundo movimiento de michoacanos hacia Estados Unidos se presenta entre 1910 y 1917 con la revolución mexicana, lo que provocó un clima de intranquilidad política, económica y social en México que se combinaría con la creciente demanda de fuerza de trabajo por parte de Estados Unidos (González y González, 2001). Este país, además de ser proveedor de empleo y atractivos salarios para los migrantes michoacanos, también sirvió como un lugar de asilo para aquellos que eran perseguidos políticos (López Castro, 1986;
Fernández Ruiz, 2003). Durante esta etapa los habitantes de la zona noroeste de Michoacán emprendieron la huida al país del norte conformando un primer perfil migratorio: se trataba de migrantes exclusivamente hombres y en edades productivas que se ocuparían temporal o estacionalmente en las labores agrícolas y en el mantenimiento de las vías férreas (Fernández- Ruiz, 2003; Ochoa, 2001).
Con la implementación del Programa Bracero, de 1942 a 1964, se permitió la entrada de trabajadores michoacanos que contaban con documentos que acreditaban el ofrecimiento de
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empleo por parte de Estados Unidos, así como de aquellos que carecían de documentación, propiciando un tercer movimiento migratorio importante para Michoacán (Fernández-Ruiz, 2003; Ochoa, 2001). En este periodo se construyeron las bases para tejer las primeras redes sociales que serían necesarias para mejorar las condiciones, reducir los costos y riesgos de la trayectoria al norte, y con ello prolongar un ininterrumpido flujo de mano de obra dispuesta a trabajar en cualquier condición en los Estados Unidos (Rouse, 1989; López Castro, 2003;
Rodríguez, 2003; Ochoa, 1998).
El periodo 1964-1986 se conoce como “la norteñización de las comunidades”, por la dependencia que llegaron a tener muchos pueblos del occidente de México respecto al mercado laboral estadounidense (Alarcón, 1999; Fernández-Ruiz, 2003:50). Se caracterizó por el fuerte ingreso de remesas dolarizadas a las comunidades de tradición migratoria, no sólo como inversión privada para el mejoramiento familiar, sino también como recursos para invertirse en mejorar los servicios urbanos de las comunidades expulsoras (Fernández-Ruiz, 2003; González y González, 2001).
Una nueva época de la migración michoacana se dio en 1986 con la promulgación por decreto de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) que posibilitó la legalización de los indocumentados que ya residían allá y la contratación de trabajadores adicionales para las labores agrícolas (Fernández-Ruiz, 2003). Con esa facilidad para poder vivir en Estados Unidos, fueron aproximadamente dos millones de personas las que se beneficiaron, ya que la principal característica de esta migración fue que el traslado se hacía con la familia y no se establecía por una temporada (González y González, 2001).
Sin embargo, en el occidente de México, principalmente en estados como Michoacán, los efectos de IRCA fueron dramáticos, pues la posibilidad de legalizar la situación migratoria de familias completas terminó por despoblar pueblos enteros, y entorpecer así el viejo patrón migratorio de ida y vuelta al adoptar un esquema de inmigración-incorporación (Fernández- Ruiz, 2003).
Finalmente, hacia la segunda mitad de los años noventa, el patrón migratorio de los michoacanos no se aclaró definitivamente, ya que no fue posible “restaurar completamente la mecánica de vaivén anual de los migrantes documentados […] siendo apenas posibles los retornos ocasionales y por breve tiempo” (Fernández-Ruiz, 2003:52). En esta misma época la migración indocumentada repuntó en su flujo incluyendo migrantes urbanos no sólo rurales
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como en épocas anteriores, además de caracterizarse por la abundante participación de mujeres y familias completas provenientes de todo el territorio mexicano (González y González, 2001).
Finalmente, después del 11 de septiembre de 2001, y con el pretexto de la lucha antiterrorista, la relación México-Estados Unidos dejó de ser materia prioritaria para los vecinos del norte. A partir de esta fecha, y utilizando esta lucha como justificación, se fortaleció la frontera con el fin de frenar el flujo de indocumentados, propiciando así la muerte de migrantes en los desiertos, en los canales de desagüe y en los ríos fronterizos (González y González, 2001).
II. 1.1 El origen y destino de los migrantes michoacanos
La migración michoacana, a pesar de incluir a prácticamente todo el estado, se ha concentrado con mayor intensidad en las regiones del norte, noreste y noroeste, principalmente en municipios como Chavinda, Tlazazalca, Purépero y Tangacicuaro (Ochoa, 2003; Mendoza, 2003). Durante las primeras épocas de esta migración y con la implementación del Programa Bracero, gran parte de la población que partió a los Estados Unidos se dirigió a los campos agrícolas de California y Texas para trabajar en diversas cosechas. Los migrantes provenían en su mayoría de municipios como Morelia, Cotija, Atacheo, Ixtlán, Jacona, Pajacuarán, Uruapan, Angangueo, Zacapu y Zamora, que se caracterizaban por su cercanía con otros estados con altos índices migratorios como Jalisco y Guanajuato (Alarcón, 1999; Ochoa, 2003, Rodríguez, 2003).
Otros se dirigían a trabajar a las minas de Colorado y las fundiciones del área de Los Grandes Lagos, regiones que figuraban como los lugares de destino preferidos por los oriundos de Erongarícuaro, Zinapécuaro, Santa Ana Maya, Maravatío y Penjamillo (Ochoa, 2003:77-78; Rodríguez, 2003). Sin embargo, también se dirigían a trabajar en la reparación y mantenimiento de las vías del ferrocarril en regiones donde anteriormente ya se habían ocupado brazos mexicanos como en Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Idaho, Illinois y Washington principalmente (López Castro, 1986).
En este sentido, Michoacán nunca perdió primacía en el proceso migratorio y logró gestar el establecimiento de redes sociales fuertes que posibilitaron la migración a Estados Unidos desde finales del siglo XIX y principios del XX. Actualmente, la dispersión de la mayoría de los migrantes michoacanos se concentra principalmente en los estados de Illinois,
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Washington, Texas, California, Kansas, e incluso se han esparcido hacia Carolina del Norte, Minnesota y Dakota del Norte (Leco, 2003; Fernández-Ruiz, 2003).
En síntesis, los circuitos migratorios tejidos a lo largo del tiempo reconfiguraron las distancias geográficas y construyeron una comunidad extensa “transterritorializada”, orientada a la comunidad natal, donde los migrantes le dan sentido a su vida, producen y reproducen pautas de comportamiento, normas, valores y prácticas, lo mismo que creencias y mitos que definen su cultura y refuerzan su identidad y pertenencia (López Castro, 2003:22).