Participación Ciudadana

El actual contexto mundial para la participación ciudadana está en constante desarrollo, esto debido al fácil acceso a la información por parte de los ciudadanos y a las demandas de estos por participar en la implantación de las políticas públicas y en la fiscalización

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del uso de los recursos públicos ya que impacta cotidianamente en su modo de vida. Esto se refleja en las protestas masivas a lo largo del mundo que son un síntoma de que los ciudadanos no se sienten conectados a sus gobiernos y buscan ser atendidos, lo que obliga a los gobiernos a tender puentes haciendo uso de formas no tradicionales como consultas públicas, priorizar temas no atendidos en la agenda del gobierno, consultas regulatorias y una serie de nuevas maneras de participación ciudadana (OCDE, 2021).

La participación ciudadana y de la sociedad civil constituyen la esencia del gobierno abierto, ya que es un valor primordial de sociedades modernas y en democracia. La participación ciudadana no sustituye las normas ni fundamentos de la democracia representativa, como la elección libre para elegir autoridades, poder ejecutivo consecuente, un aparato estatal neutral y derechos humanos garantizados (OCDE, 2021).

De acuerdo von Lucke & Gollasch (2022) la participación ciudadana es una forma de colaboración de individuos o conjunto de personas en el proceso de tomar decisiones en materia de políticas públicas y en los procedimientos realizados por las administraciones gubernamentales, supone una participación activa por parte de los ciudadanos ya que sus opiniones pueden llegar a formar parte de una agenda futura.

Asimismo se puede identificar formas variadas de participación ciudadana en el ámbito político, las más habituales son las de participación democrática, en procesos de electorales las cuales cuentan con un marco legal suficiente que garantiza su realización, igualmente se puede identificar otras formas de participación menos convencionales como las peticiones ciudadanas, iniciativas ciudadanas, huelgas y manifestaciones entre otras, también existen formas de participación ciudadana formal o legal como la participación en la planificación participativa en gobiernos locales, la participación en consejos de los municipios o los referéndums, los formas de participación ciudadana voluntaria son aquellas en donde el ciudadano estable contacto con las autoridades en actividades al aire libre, en las oficinas de atención al ciudadano, diálogos y paneles de debate entre otros (von Lucke & Gollasch, 2022).

2.2.5.1 Marco legal de la participación ciudadana

La Ley N ° 26300 Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano es el dispositivo legal más importante en lo que se refiere a la participación ciudadana, se

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destaca entre otros el Artículo 3 que establece en los derechos de control de los ciudadanos la Demanda de Rendición de Cuentas que indica que el ciudadano tiene el derecho de «interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso recursos propios» (Ley 26300, 2014).

Por su parte la Ley 27658 (2002) Ley marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al estado en proceso de modernización constante a fin de obtener mayores niveles de eficiencia en el sector público, y de esta manera lograr una mejor atención al ciudadano optimizando el uso de los recursos públicos, tiene entre sus principales objetivos lograr un Estado al servicio del ciudadano, la creación de canales de participación ciudadana, lograr una gestión transparente en todos sus estamentos. Se resalta el capítulo 3 sobre las relaciones del estado con el ciudadano que entre otros establece que el Estado tiene el deber de promover y crear los mecanismos directos e indirectos a fin de lograr una adecuada democracia participativa, y que en el Articulo N° 09 de título: Control Ciudadano; establece textualmente que «el ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, mediante los mecanismos que la normatividad establezca».

En esa línea la Ley 27783 (2008), Ley de Bases de la Descentralización establece que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, discusión y coordinación de los planes y presupuestos de desarrollo, y en la gestión pública. Para ello deben garantizar el acceso a la información pública a todos los ciudadanos, con las excepciones previstas por la ley, y el establecimiento y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, coordinación, control, evaluación y rendición de cuentas.

Asimismo a nivel regional la Ley 27867 (2003) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales tiene entre sus principales principios la Participación y la Transparencia. que nos dice que la gestión regional establecerá estrategias de participación ciudadana en todas las fases de la gestión de gobierno y en la ejecución de los planes regionales, presupuestos asignados y los proyectos a desarrollar en la región, los mismos que serán difundidos a todos los ciudadanos de la región, asimismo establece que la implementación de portales web y otros medios de acceso a la información pública se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806.

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Por su parte nivel de gobiernos locales la Ley 27972 (2003), Ley Orgánica de Municipalidades se rige, entre otros, por los principios de transparencia, y participación ciudadana, se resalta el Artículo 148. sobre Transparencia fiscal y portales electrónicos entre otros establece que los gobiernos locales están sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal en el manejo de los recursos públicos ya que son fundamentales para generar confianza en los ciudadanos y para lograr un manejo eficiente de los recursos públicos, establece también la generación de mecanismos para rendir cuentas mediante portales de transparencia en la web y de no ser posible por motivos técnicos o presupuestales la información será publicada periódicamente mediante otros medios de comunicación.

Por otra parte, de la Ley 27444 (2019), Ley del Procedimiento Administrativo General de esta norma se resalta el principio de participación que establece que «toda autoridad pública debe brindar las condiciones necesarias a todos los ciudadanos para acceder a la información que gestiona» así como la obligación de que las entidades públicas colaboren entre ellas en materias como el acceso a la información.

La Ley 28056 (2002), Ley Marco del Presupuesto Participativo permite a las autoridades regionales y locales permitir que los ciudadanos decidan conjuntamente cómo se gastan los recursos financieros en relación con su respectivo Plan de Desarrollo Concertado.

2.2.6 Herramientas de análisis y visualización de datos basadas en Business