Tabla 36. Previsto el aumento de plazas en los centros de acogimiento residencial (responsables).
Recuento % válido
No 4 40.0%
Sí 6 60.0%
Total 10 100.0%
Tabla 37. Previsto el incremento del acogimiento familiar (responsables).
Recuento % válido
No 0 .0%
Sí 9 100.0%
Total 9 100.0%
Para estimar el esfuerzo presupuestario que debe dedicarse a cada uno de los grandes capítulos u objetivos mencionados anteriormente, se solicitó a los responsables que distribu- yeran el gasto entre los distintos capítulos, de manera que un 10 reflejara el máximo esfuerzo presupuestario y un 1 el mínimo esfuerzo. En la formulación de la pregunta se hizo hincapié en que caso de asignarse el mismo valor a varios capítulos el esfuerzo se distribui- ría proporcionalmente entre las elecciones con el mismo valor. Como el formato de respues- ta permitía asignar el mismo esfuerzo presupuestario a dos o más capítulos distintos, los valores asignados por los responsables se han reescalado para tener en cuenta los empates (mediante la asignación de rangos) y estableciendo una métrica 1–10 para las valoraciones.
La siguiente tabla recoge el valor promedio del esfuerzo presupuestario que los respon- sables han asignado a cada uno de los capítulos propuestos. Los capítulos a los que mayor presupuesto se desea asignar son los referentes a las competencias de los servicios socia- les. En concreto a la reinserción social de los menores infractores (8,5), la intervención en situaciones de riesgo (8,4) y la atención a grupos de riesgo (7,4). En un segundo nivel se encuentran la prevención de los riesgos sociales (5,7) y la implantación de los derechos de la infancia (5,6). Siguen en orden de importancia presupuestaria la formación de los profesionales (5,5) y la detección de situaciones de riesgo (5,2). La difusión de los derechos de la infancia queda en octavo lugar (4,7). En las últimas posiciones se encuentran la evaluación de las actuaciones y servicios hacia la infancia (4,3), la investigación en proble- mas de la infancia y la planificación, gestión y coordinación (3,6).
Tabla 38. Importancia en la asignación presupuestaria (responsables).
Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Reinserción social de menores infractores 5.5 10.0 8.46 1.88
Intervención en situaciones de riesgo 6.9 10.0 8.42 1.15
Atención a grupos de riesgo 2.8 10.0 7.37 2.21
Prevención de riesgos sociales 2.8 10.0 5.68 2.41
Implantación de los derechos de la infancia 1.6 10.0 5.64 3.67
Formación de los profesionales 2.8 9.1 5.53 2.32
Detección de situaciones de riesgo 1.5 10.0 5.24 2.97
Difusión de los derechos de la infancia 1.6 10.0 4.69 2.90
Un inconveniente de la metodología utilizada aquí es que la designación de los capítulos utilizados en la encuesta es demasiado amplia como para permitir un seguimiento de su cumplimiento en el futuro. De hecho, la formulación de los capítulos es tan general que puede no existir una interpretación única. Esto puede haber influido en las respuestas de los encuestados. Además, somos conscientes de que no se cubren todas las líneas estratégicas propuestas en la presente recopilación, como por ejemplo, el fomento de la participación.
Esto es debido a que los capítulos presupuestarios u objetivos fueron elaborados e incluidos en la encuesta con anterioridad a la recopilación de la información que, a la postre, ha permitido la determinación de las líneas estratégicas.
Sin embargo, pensamos que sí se puede obtener una idea general de los recursos que se desea asignar y cómo se desea distribuir los mismos. Asumiendo de forma simplista, por lo anteriormente expuesto, que el listado de capítulos presupuestarios u objetivos que se presentó a los responsables cubre las áreas fundamentales de actividad del sistema de atención a la infancia, es posible expresar el esfuerzo presupuestario de una manera más interpretable.
Recordemos que se solicitó a los respondientes que asignaran el presupuesto de manera totalizada, tendiendo en cuenta la competición de los capítulos entre sí. De hecho, no era posible sólo ordenar los capítulos presupuestarios, dado que hay 11 capítulos y se debían asignar puntuaciones de 1 a 10. Por ello, podemos expresar el esfuerzo presupuestario como partes de un presupuesto global, transformando la puntuación promedio de importan- cia presupuestaria en un porcentaje relativo respecto a la suma total de las medias obteni- das. De esta forma, se obtienen los porcentajes mostrados en la siguiente tabla.
Tabla 39. Importancia en la asignación presupuestaria (responsables).
Media Porcentaje
Reinserción social de menores infractores 8,46 13,49 Intervención en situaciones de riesgo 8,42 13,42
Atención a grupos de riesgo 7,37 11,75
Prevención de riesgos sociales 5,68 9,06
Implantación de los derechos de la infancia 5,64 8,99
Formación de los profesionales 5,53 8,82
Detección de situaciones de riesgo 5,24 8,35
Difusión de los derechos de la infancia 4,69 7,48 Evaluación de las actuaciones y servicios hacia la infancia 4,32 6,89 Investigación en problemas de la infancia 3,75 5,98 Planificación, gestión y coordinación 3,62 5,77 Nota: 10 = máximo presupuesto, 1= mínimo presupuesto.
Según esta estimación, el 13,5% del presupuesto asignado a la atención de la infancia se debería dedicar al capítulo de la reinserción de los menores infractores, lo que posiblemente debería incluir la atención a los menores con medidas judiciales. El 13,4% del presupuesto debería dedicarse a la intervención [dirigida a individuos] en situaciones de riesgo ya detec- tadas (lo que posiblemente englobaría las situaciones de maltrato) y el 11,8% a la atención de los grupos de riesgo. La prevención debería recibir un 9% de la inversión, junto con la implantación de los derechos de la infancia (también 9%). El capítulo de formación [y sensibilización] de profesionales debería recibir el 8,8% de la asignación presupuestaria y la detección de situaciones de riesgo [y elaboración de protocolos de detección] el 8,4%. La difusión de los derechos [y la sensibilización social] debería recibir el 7,5% de la asignación, la evaluación de las actuaciones y servicios dirigidos a la infancia el 6.9%, la investigación sobre los problemas de la infancia el 6% y la planificación, gestión y coordinación el 5,8%.
Posiblemente, esta estimación esté sobreestimando el esfuerzo dirigido a los capítulos de menor importancia presupuestaria dado que no se mencionó la posibilidad de asignar el valor 0 a los capítulos evaluados.
Por último se consultó a los expertos sobre la opinión que tenían respecto a la existencia de los recursos disponibles a nivel nacional para el cumplimento de un listado de acciones y problemas. Las valoraciones reflejan los capítulos con un menor número de recursos y no por ello los capítulos que requieren una mayor aportación presupuestaria, caso de que el objetivo se considere poco importante o por que se trate de un problema emergente para el que todavía no se ha dotado de recursos.
Tabla 40. Existen medidas suficientes para reducir cada uno de los siguientes problemas (expertos).
No Sí En
proceso
Descentralización de las acciones 54.3% 42.9% 2.9%
Determinar las competencias y funciones de los servicios sociales 60.0% 40.0% .0%
Promover y mejorar el sistema de adopción 58.3% 38.9% 2.8%
Informar sobre medidas contraceptivas 62.5% 35.0% 2.5%
Mejorar la capacitación y cualificación de los profesionales 68.3% 31.7% .0%
Disponer de un procedimiento común de intervención ante situaciones
de desprotección infantil 66.7% 31.0% 2.4%
Fomentar la educación para la salud 69.2% 30.8% .0%
Mejorar la calidad de vida en los centros de acogida 69.2% 28.2% 2.6%
Detección del maltrato infantil 70.5% 27.3% 2.3%
Reducir la desinstitucionalización de menores en situación de
desamparo 71.8% 25.6% 2.6%
Promover la educación y reinserción social de los menores internados 73.2% 24.4% 2.4%
Coordinación entre Comunidades Autónomas 77.3% 22.7% .0%
Promover la integración de los recursos de salud 78.4% 21.6% .0%
Instaurar un sistema centralizado y compartido de información 79.1% 20.9% .0%
Desarrollar una red de equipos técnicos de intervención y apoyo a la
familia 83.7% 16.3% .0%
Favorecer la integración de los inmigrantes 85.0% 15.0% .0%
Promover la integración de los recursos de educación y formación para
el empleo 83.8% 13.5% 2.7%
Promover la participación social en el diseño de las actuaciones 87.2% 12.8% .0%
Promover la participación de los menores en el diseño de las
actuaciones 90.0% 10.0% .0%
Promover la participación de los menores en la detección de
necesidades de la infancia 90.0% 10.0% .0%
Disponer de un sistema de vigilancia para la aparición de nuevos
problemas 90.2% 9.8% .0%
Promover la participación y el ejercicio de responsabilidad de los
menores 90.2% 9.8% .0%
Prevenir la violencia entre iguales 90.5% 9.5% .0%
Prevenir la violencia familiar 88.1% 9.5% 2.4%
Restricción de la información disponible en Internet para menores 92.7% 7.3% .0%
A la vista de los resultados obtenidos, el primer comentario que puede hacerse es que ninguno de los objetivos o actuaciones ha sido valorado por más del 50% de los expertos
Las actividades u objetivos que los expertos juzgan que cuentan con más medios son la descentralización de las acciones (43%) y la determinación de las competencias y funciones de los servicios sociales (40%).
El 39% de los expertos consultados piensa que existen medidas suficientes para promover y mejorar el sistema de adopción, el 31% piensa que existen recursos suficientes para disponer de un procedimiento común de intervención ante situaciones de desprotección infantil y el 28% que existen medidas para la mejora de la calidad de vida en los centros de acogida.
El 35% de los expertos opina que existen medidas suficientes para informar sobre medidas contraceptivas, el 31% piensa que existen medidas para fomentar la educación para la salud y el 22% piensa que existen medidas para promover la integración de los recursos de salud.
El 32% opina que existen medidas suficientes para mejorar la capacitación y cualificación de los profesionales, valor que, aunque es bajo, se encuentra el 5 según el orden de mayor número de recursos.
El 27% opina que existen medios suficientes para la detección de los casos de maltrato infantil, el 26% que existen medidas suficientes para la desinstitucionalización de los menores en situación de desamparo y el 24% que existen medidas suficientes para promover la educación y la reinserción social de los menores internados.
La coordinación entre Comunidades Autónomas (23%), la promoción de la integración de los recursos en salud (22%) y la instauración de un sistema centralizado y compartido de información (21%) son objetivos para los que se percibe que existen pocos recursos (más de las tres cuartas partes de los expertos consideran que no existen medidas suficientes).
Por debajo del umbral de un 20% de los expertos se encuentran el desarrollo una red de equipos técnicos de intervención y apoyo a la familia (16%), favorecer la integración de los inmigrantes (15%) y la integración de los recursos de educación y formación para el empleo.
Todas las actuaciones de participación se consideran poco cubiertas en medios, sea a nivel de participación social en el diseño de actuaciones (13%), de participación de los menores en el diseño de las actuaciones (10%), de participación de los menores en la detección de necesidades de la infancia (10%) o en la promoción de la participación y el ejercicio de responsabilidad de los menores (10%).
Más del 90% de los encuestados considera que no existen medios suficientes para disponer de un sistema de vigilancia para la aparición de nuevos problemas (9.8%).
Los capítulos de prevención de la violencia sea entre iguales (9,5%) o en la familia (9,5%) son los que parece que disponen de menor número de recursos.
Por último, el objetivo que se ha valorado dispone de menor número de medidas para su cumplimiento son la restricción de la información disponible en Internet para menores (7%).