De lo anterior se destaca como aspecto relevante que el proceso de implementación de la facturación electrónica en Chile y México ha sido progresivo, gracias al calendario de masificación decretado por las administradoras tributarias de cada país, permitiendo involucrar a las grandes, medianas y pequeñas empresas. Esto también aplica para el caso ecuatoriano que, si bien en la actualidad tiene un calendario de adopción en curso, cuenta con gran volumen de contribuyentes acogidos al modelo de facturación electrónica. De otro lado, y como se evidencia en la figura 15, se encontraron obstáculos comunes como los altos costos de adquisición en tecnologías de información y capacitación de personal, la desinformación y falta de pedagogía por parte de las administradoras tributarias, y la resistencia de la cultura empresarial en rediseñar procesos organizacionales.
También se encontró la dificultad de incorporación de herramientas tecnológicas en las MiPymes y baja predisposición en adoptar cambios tecnológicos. De otro lado, en el caso de Chile y México la nueva forma de fiscalización causó preocupación en los contribuyentes por percibir una mayor vigilancia y control de las actividades económicas, mientras que en Ecuador las pequeñas y medianas empresas presentaron dificultades tecnológicas al no contar con una cuenta de correo electrónico, lo que implicó tener que ajustar los procesos tradicionales. Además, enfrentaron barreras respecto a las demoras y caídas de las plataformas y la ausencia de soporte técnico para ayudar agilizar el proceso de emisión de los documentos.
caso colombiano. En las fuentes consultadas se identificó como aprendizaje la gradualidad en el calendario de masificación de la FE que utilizó Chile para los contribuyentes, iniciando la obligatoriedad en el año 2014, hasta finalizar con éxito en el 2018. El cronograma de implementación consistió en la incorporación escalonada por tipo de empresa y ubicación, de acuerdo con el siguiente orden: grandes empresas, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, microempresas urbanas y rurales.
Otra lección aprendida es la pertinencia de la creación de estrategias tecnológicas para la formación de los usuarios, como ocurrió con el portal Mipyme creado por la administración tributaria chilena como herramienta gratuita de rápido acceso y fácil de utilizar. Esta herramienta tuvo como finalidad generar competitividad y progreso en materia de formación empresarial para las mediadas, pequeñas y microempresas. Debido a lo anterior, este sistema de facturación gratuito creado por el SII tiene gran acogida por parte de las empresas, a punto tal que el 92% de contribuyentes habilitados para emitir documentos electrónicos utilizan este sistema de facturación (Servicio de Impuestos Interno, 2020).
En lo concerniente a México, uno de los aprendizajes de la implementación de la FE fue la creación en 2004 del Comprobante Fiscal Digital (CFD) establecido por el SAT como el primer modelo de facturación electrónica en el país, que en el 2010 cambió a Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), catalogado como un nuevo y único esquema de facturación. El CFDI tuvo buena aceptación y respuesta por parte de los contribuyentes, en tanto permitió registrar las transacciones económicas a nivel nacional. El Comprobante Fiscal Digital por Internet se caracteriza por ser un documento estándar y flexible, al estar en constantes actualizaciones para mejorar la calidad en la información fiscal, que para el año 2018 evolucionó a la versión 3.3;
logrando homogenizar la información contenida en el documento. Además, posibilita detallar con mayor claridad los conceptos tributarios que utiliza el SAT como instrumento en los procesos fiscales.
La firma electrónica es otra ventaja del proceso de FE mexicano que es emitida por el Certificado de Sello Digital otorgada por el SAT, buscando autenticidad y legalidad en los documentos electrónicos. Por su parte, la implantación del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) ha sido de gran aporte a la generación de los documentos electrónicos, a causa de la tercerización del proceso de validación previa fiscal del CFDI, al facultar la comprobación a este tercero autorizado y alcanzar la rapidez en el proceso.
Para el caso de Ecuador, un aprendizaje en el proceso de implementación de la facturación electrónica fue considerar un cronograma escalonado que inició con la obligatoriedad en el año 2014 y terminará en el 2024. El proceso de adopción fue establecido en fechas específicas teniendo en cuenta la calidad fiscal, tipo de empresa e ingresos anuales del contribuyente que indica la fecha en la que debe empezar a emitir documentos electrónicos. El cronograma establecido por el SRI permitió una masificación paulatina, positiva y segura con el objetivo de que todas las actividades económicas del país sean procesadas mediante este modelo tecnológico. Adicionalmente, el SRI adoptó los siguientes documentos en el proceso de implementación de la FE: facturas, notas crédito, notas débito, liquidaciones de compra, guías de remisión y Comprobante de Retenciones Electrónico que engloban la gran mayoría de soportes de contabilidad haciendo los procesos administrativos de las empresas muchos más eficientes.
De acuerdo con el proceso de implementación de FE en Chile, Ecuador y México se considera que algunos aprendizajes para Colombia es que se pudo establecer un calendario de masificación gradual apoyándose en el proceso de Chile y Ecuador, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas (sobre todo de las MiPymes), que a corto plazo no contaban con recursos tecnológicos y económicos adecuados, ni con la tendencia a absorber los cambios exigidos por gobierno.
Otro aprendizaje lo ofrece Chile con la creación de un portal gratuito accesible que soporte las transacciones de las pequeñas, medianas y microempresas, con el fin de facilitar y adaptar los procesos de facturación en este tipo de negocios. En esta misma ruta de contar con apoyo de herramientas tecnológicas, es significativo el logro de México al adoptar el CFDI como un documento completo y progresivo. Se considera que este tipo de estrategias hubieran sido de utilidad para el proceso colombiano para mejorar los documentos electrónicos que utilizan la tecnología XML. De igual manera, Colombia pudo utilizar un esquema parecido al mexicano donde los proveedores electrónicos sean también validadores fiscales de los documentos electrónicos, como la función que cumple los PAC; aumentado la cobertura de los servicios y facilitando el proceso de la información. Por último, la firma digital podría ser proporcionada por la DIAN para generar confianza y reducir los procedimientos en la implementación de la FE con otras entidades diferentes a la administración tributaria.
Pese a lo anterior, se considera que desde el caso colombiano se han venido generando aprendizajes significativos como la aceleración de la masificación de la FE entre mediados del
2019 y finalizando el año 2020, debido a la presión social por parte de la DIAN y el cumplimiento del calendario establecido de los diferentes sectores económicos del país, logrando llegar a 360.000 habilitados para facturar electrónicamente en catorce meses. También es importante mencionar la apuesta de la DIAN en la inversión de 350 millones de dólares para la renovación y ampliación de un nuevo sistema integral de administración fiscal y aduanero (La República, 2020). De igual forma, otra oportunidad que ofrece el modelo de facturación electrónica en Colombia es el uso de la herramienta del factoring electrónico, como estrategia para el año 2021 con el fin de generar liquidez financiera a las medianas y pequeñas empresas del país.
7 Conclusiones
Del presente trabajo de investigación se puede concluir que Chile, Ecuador, México y Colombia comparten similares obstáculos en la implementación de la facturación electrónica, debido a que tienen el mismo esquema de micro, pequeñas y medianas empresas que aportan una gran parte al PIB de la región. Este tipo de empresas se caracterizan por su brecha tecnológica y en innovación y desarrollo, sumado a la escasez de financiación desde políticas estatales y a la cantidad de tributos que deben aportar. Además, una de las problemáticas de Latinoamérica es la desigualdad social y económica que también se evidencia en la nula o baja conectividad de comunidades lejanas en zonas rurales, así como en las barreras que enfrentan para el acceso gratuito al conocimiento y al uso de herramientas digitales. De allí la importancia de fortalecer desde los diversos gobiernos el desarrollo de iniciativas que impulsen la conectividad y la promoción de servicios de telecomunicaciones como el internet y telefonía móvil.
Otro aspecto que es importante tener presente respecto a la pertinencia de la implementación de la facturación electrónica en América Latina, es el alto nivel de evasión tributaria en comparación a los países desarrollados que se caracterizan por tener mayor efectividad en el recaudo fiscal y solidez en la regulación, obteniendo mínimos alcances en evasión fiscal. De lo que se desprende la importancia del proceso de facturación electrónica en Colombia dado sus impactos positivos en lo tributario, al contribuir en la disminución de la evasión y mejorar la gestión fiscal. Esto también evita el desvío de los recursos públicos que deben destinarse para el desarrollo del país y el bienestar de la población. También permite a las administradoras tributarias iniciar un modelo de digitalización en los procesos de presentación y pago de los tributos a nivel nacional.
Para el sector empresarial, la facturación electrónica es un beneficio al disminuir los costos en transporte y almacenamiento en relación al modelo de facturación anterior, como también agilidad de respuesta y seguridad en el pago de sus impuestos. Y si bien es cierto que este proceso ha jalonado cambios en la mentalidad empresarial en la relación comercial entre comprador y vendedor y en cuanto al acceso a la información, es importante destacar el impacto negativo generado por el Estado colombiano durante las últimas tres décadas debido a las catorce reformas tributarias que han causado el fraccionamiento de la norma y las vigencias transitorias de las mismas. Sumado a la aplicación de un recaudo fiscal a corto plazo sin políticas económicas estructurales, que ha terminado perjudicando principalmente a las MiPymes. A lo anterior se le
agrega la percepción de desigualdad e inequidad en la normatividad tributaria que sienten los contribuyentes, lo que fortalece las prácticas de evasión y elusión fiscal. Percepción que se ve agudizada por la precariedad de los servicios básicos que debe garantizar el Estado y la corrupción de los funcionarios públicos como garantes de vigilar y controlar los recursos públicos, de modo que sean destinados para satisfacer el interés colectivo. Todos estos aspectos evidencian una estrecha conexión entre competitividad económica y el fortalecimiento del control fiscal.
Sobre el proceso de masificación de la facturación electrónica en Colombia puede concluirse que su lentitud, en comparación con los otros países estudiados, se debe a obstáculo relacionados con la inversión que debían realizar los contribuyentes en recursos tecnológicos en tanto no todas disponían de la suficiente liquidez para cubrir este modelo de facturación. Sumado a las dificultades que han enfrentado para asumir la capacitación del personal y la adaptación de los procesos. También se evidenció la necesidad de fortalecer desde el Estado estrategias para fomentar la receptividad y aprendizaje en las MiPymes de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), como herramienta de operabilidad y conectividad. Por consiguiente, se considera necesario fortalecer en el empresariado una cultura tecnológica que redireccione los procesos organizacionales, de modo que perciban las ventajas de la adopción de la facturación electrónica como una herramienta que facilita las declaraciones tributarias, reduce los costos, mejora la eficiencia operativa de la empresa y contribuye con su adaptación a los retos digitales que se desprenden de la cuarta revolución tecnológica.
Finalmente, cabe resaltar que durante la emergencia sanitaria producida por la pandemia COVID-19 las medianas y pequeñas empresas se han visto fuertemente afectadas. Esta situación unida a la recepción económica decretada en el país al momento de la finalización de este trabajo de grado, agudiza la situación en la que se encuentran este tipo de empresas, muchas de las cuales continuarán en un proceso de liquidación de sus negocios; estimulando el aumento de la informalidad, afectándose el recaudo efectivo de los tributos por falta de legalidad.
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